ACTA DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

 

               En la ciudad de Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de octubre de 2002, y a los fines de dejar constancia de los particulares que más adelante se especificarán, se ha decidido levantar la presente acta, en la cual se asientan los resultados del proceso de Mediación y Conciliación que se ha venido llevando a efecto a petición de partes y por ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. La presente Mediación y Conciliación se ha efectuado tomando en cuenta las disposiciones de los Artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los Artículos 257, 258, 261 y 262 del Código de Procedimiento Civil, y el Artículo 3, Parágrafo Único de la Ley Orgánica del Trabajo.

 

               PRIMERO:

 

               El proceso de Mediación y Conciliación que culmina mediante la presente acta, se inició a petición de ambas partes en el procedimiento que cursa por ante el Tribunal Supremo de Justicia, expediente N° 02-079 de fecha 20 de mayo de 2002 y el acuerdo de suspensión del proceso, efectuado por las partes el día 6 de junio de 2002, entre CÉSAR GIRAL y DISTRIBUIDORA POLAR, S.A. (DIPOSA), el cual se encuentra pendiente de decisión por parte del Alto Tribunal. Con posterioridad, se adhirieron a la mediación LOS DEMANDANTES y LAS DEMANDADAS, más adelante identificados, cuyos juicios pendientes de decisión cursan tanto por ante el Tribunal Supremo de Justicia, como por ante otros Tribunales Laborales de la República que posteriormente se mencionan, y la ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DE CERVEZAS, MALTAS Y AFINES DEL ESTADO ARAGUA (AVECMA), la cual es una asociación civil sin fines de lucro, constituida por documento protocolizado en la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Distrito Girardot  del Estado Aragua, el día 22 de marzo de 1994, bajo el N° 13, Tomo 9 del Protocolo Primero, la cual se encuentra representada en este acto por su apoderado, Sr. César Giral, quien es venezolano, mayor de edad, domiciliado en Maracay, Estado Aragua y titular de la Cédula de Identidad Nº 2.751.089, representación que consta de instrumento poder autenticado en la Notaría Pública Quinta de Maracay, en fecha 5 de agosto de 2002, bajo el N° 26, Tomo 201 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, el cual se acompaña a la presente acta marcado “A”. El señor         César Giral, se encuentra debidamente asistido por el abogado Iván José Medina, más adelante identificado. El objeto de la referida Asociación Civil, de acuerdo con sus Estatutos Sociales, está dirigido al estudio y defensa de los intereses de los asociados por ante las autoridades administrativas, judiciales y por ante la Empresa del ramo y particulares en general, y cuenta entre sus miembros con una parte importante de LOS DEMANDANTES que han solicitado su adhesión a la presente Mediación y Conciliación, quienes luego se enumeran. Dicho proceso de Mediación fue dirigido por el Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, en su carácter de Presidente de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con la participación del ciudadano César Giral, en su propio nombre y en representación de la Asociación de Vendedores de Cervezas, Maltas y Afines del Estado Aragua (AVECMA), debidamente asistido por el abogado en ejercicio Dr. Iván Medina, ya identificado y la representación de la Empresa Distribuidora Polar, S.A., en la persona de los Dres. Ricardo Henríquez La Roche y Luis Alfredo Araque Benzo. Las bases de dicho proceso de Mediación, acordadas por las partes fueron las siguientes:

 

1.   Respeto y consideración mutua

2.   Suspensión del proceso por 30 días continuos de común acuerdo

3.   Confidencialidad

4.   Representatividad de los demandantes

5.   Interés Institucional

6.   Transparencia

7.   Posibilidad de reuniones directas entre las partes.

 

 

               El orden cronológico de las reuniones efectuadas en la Sala, fue el siguiente:

 

               4 de Junio de 2002

               11 de Junio de 2002

               18 de Junio de 2002

               29 de Junio de 2002

               16 de Julio de 2002

               13 de Agosto de 2002

               17 de Septiembre de 2002

               1° de Octubre de 2002

               SEGUNDO:  

 

               A continuación se procederá a enumerar a LOS DEMANDANTES que solicitaron su adhesión al proceso de Mediación y Conciliación, los números de expediente y el Tribunal por ante el cual cursa su respectiva causa, y la empresa demandada por cada uno de ellos. A los efectos de la presente acta cuando se haga referencia a todos ellos en su conjunto se utilizará el término “LOS DEMANDANTES” y “LAS DEMANDADAS”, según sea el caso. Todos LOS DEMANDANTES adherentes se encuentran representados, tanto en sus respectivas causas como en el presente procedimiento de Mediación y Conciliación, por el abogado Iván José Medina, quien es venezolano, mayor de edad, domiciliado en Maracay, Estado Aragua, y titular de la cédula de identidad Nº 9.657.530, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 49.647, de conformidad con los instrumentos de poder que corren insertos a los autos en los correspondientes expedientes, así como por las autorizaciones especiales, que se consignan anexas a la presente acta de Mediación y Conciliación, marcadas con la letra y los números B-1 al B-80:

 

 

Demandante

 

C. I.

 

Empresa Demandada

 

Tribunal de la Causa

Nº Expediente

 

Alfredo Rodríguez

 

8.741.359

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.483

 

Alonso Ojeda

 

7.019.795

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

2° Laboral de Aragua

 

8.815

Andrés Guillermo Hernández

 

4.862.031

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

9.713

 

Argenis Chacón

 

7.065.508

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

9.714

 

Baudilio Mena

 

4.251.731

 

Distribuidora Polar, S.A.

 

Superior de Aragua

 

13.185

 

César Giral

 

2.751.089

 

Distribuidora Polar, S.A.

 

Supremo

 

02-079

 

César Reyes

 

3.515.343

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.480

 

Deiby Hernández

 

8.764.992

 

Distribuidora Polar Metropolitana, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.266

 

Elías Jiménez

 

358.827

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

9.162

 

Fernando Urdaneta

 

1.504.659

 

Distribuidora Polar, S.A.

 

Superior de Aragua

 

13.253

 

Francisco Cabrera

 

3.551.427

 

Distribuidora Polar del Sur, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.311

 

Francesco Caldarella

 

8.669.599

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

9.194

 

Francisco Falco

 

3.578.757

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

9.523

 

Francisco Rodríguez

 

10.753.924

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.494

 

Franklin Molina

 

7.025.167

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

9.429

 

Freddy Pimentel

 

2.124.873

 

Distribuidora Polar, S.A.

 

Superior de Aragua

 

13.252

 

Freddy Viloria

 

4.657.850

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

9.140

 

Gerardo Gallucci

 

E- 346.768

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

Primera Instancia de Guárico

 

21.409

 

Germán Lista

 

8.351.161

 

Distribuidora Polar del Sur, S.A.

 

2° Laboral de Aragua

 

10.102

 

Giovanni Di Mauro

 

5.968.268

 

Distribuidora Polar Metropolitana, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.489

 

Gonzalo Escalona

 

3.124.683

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

Supremo

 

02-364

 

Grimaldo Arteaga

 

4.265.275

 

Distribuidora Polar del Sur, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.211

 

Gustavo Machillanda

 

2.151.363

 

C.A. Promesa

 

2° Laboral de Aragua

 

10.109

 

Héctor Palomo

 

3.344.812

 

Distribuidora Polar, S.A.

 

Superior de Aragua

 

13.254

 

Jeovanni Méndez

 

4.717.424

 

Distribuidora Polar del Sur, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.481

 

Jesús Marcano

 

3.700.474

 

Distribuidora Polar del Sur, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

9.952

 

Jesús Ruiz

 

3.436.741

 

Distribuidora Polar, S.A.

 

Superior de Aragua

 

13.184

 

Jesús Salazar

 

3.134.304

 

Distribuidora Polar del Sur, C.A.

 

2° Laboral de Aragua

 

10.103

 

Jesús A. Valor

 

9.107.313

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

3° Laboral de Carabobo

 

14.065

 

Jesús Villanueva

 

2.775.626

 

Distribuidora Polar del Sur, S.A.

 

2° Laboral de Aragua

 

10.105

 

Jhonny Hernández

 

3.800.257

 

Distribuidora Polar del Sur, C.A.

 

2° Laboral de Aragua

 

10.115

 

Jhonny A. Ricapa

 

3.146.947

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

2° Laboral de Aragua

 

9.675

 

Joao Goncalves

 

4.231.946

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.495

 

Jorge Anato

 

3.171.458

 

Distribuidora Polar, S.A.

 

Superior de Aragua

 

13.217

 

José F. Coronel

 

2.840.296

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A

 

1° Laboral de Aragua

 

9.676

 

Jorge García

 

8.744.893

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

7.381

 

José León Díaz

 

3.492.990

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

9.848

José Manuel González

 

7.265.734

 

Distribuidora Polar, S.A.

 

Superior de Aragua

 

14.330

 

José Mariño

 

3.457.752

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.439

 

José M. Ramos

 

3.055.794

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

9.824

 

José Ruiz

 

15.365.366

 

Distribuidora Polar, S.A.

 

Superior de Aragua

 

13.373

 

José Tovar

 

5.580.417

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.498

 

José Luis Tato

 

6.398.748

 

Distribuidora Polar del Sur, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.173

 

José Miguel Urbina

 

4.025.422

 

Distribuidora Polar del Sur, C.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.490

 

José Verdú

 

2.719.445

 

C.A. Promesa

 

1° Laboral de Aragua

 

10.438

 

Juan Escalona

 

11.118.103

 

Pepsi Cola Venezuela, C.A.

1° Instancia de Guárico

 

21.601

 

Juan Figuera

 

11.070.424

 

Distribuidora Polar Metropolitana, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.454

 

Juan Perdomo

 

3.848.130

 

Distribuidora Polar, S.A.

 

Superior de Aragua

 

14.471

 

Juan Quijada

 

8.447.500

 

Distribuidora Polar del Sur, C.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.090

 

Julio Tirado

 

1.508.695

 

Distribuidora Polar del Sur, C.A.

 

2° Laboral de Aragua

 

10.005

Luis Araujo Sandoval

 

7.119.358

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

9.268

 

Luis F. Gónzalez

 

835.975

 

Distribuidora Efe, S.A.

 

1º Laboral de Aragua

 

9.838

Luis Miguel Granados

 

3.755.464

 

Distribuidora Polar del Sur, C.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.310

 

Luis Mago

 

3.303.298

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

9.681

 

Luis Marín

 

3.433.209

 

Distribuidora Polar, S.A.

 

Superior de Aragua

 

13.179

 

Luis Meza

 

3.162.005

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.497

 

Luis José Peinado

 

3.704.966

 

 Distribuidora Polar del Sur, C.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.390

 

Luis Villegas

 

5.441.313

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

2° Laboral de Aragua

 

8.814

 

Manuel Lara

 

3.888.116

 

Distribuidora Polar Metropolitana, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.268

 

Mario Carrión

 

4.515.332

 

Distribuidora Polar del Sur, C.A.

 

  Laboral de Aragua

 

10.208

 

Martín Nieto

 

3.997.029

 

Distribuidora Polar del Sur, C.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.312

 

Nelson Ríos

 

3.935.945

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.496

 

Omar Machado

 

2.077.912

 

Distribuidora Polar, S.A.

 

Superior de Aragua

 

13.181

 

Orlando Blanco

 

4.163.131

 

C.A. Promesa

 

1° Laboral de Aragua

 

10.501

 

Oswaldo Aguilar

 

3.958.504

 

Distribuidora Polar del Sur, C.A.

 

2° Laboral de Aragua

 

10.104

 

Oswaldo Madrigal

 

8.839.115

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

9.269

 

Oscar Pérez

 

9.464.758

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.482

 

Rafael Ríos

 

3.519.602

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.423

 

Ramón Irazábal

 

3.616.152

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

9.825

 

Ramón Navarro

 

2.103.119

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

8.903

 

Ramón Valentiner

 

3.127.042

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

2° Laboral de Aragua

 

10.106

 

Roberto Monsalve

 

7.142.337

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

9.908

 

Roger Seco

 

1.133.640

 

Distribuidora Polar, S.A.

1° Inst. La Victoria Edo. Aragua

 

17.248

 

Rubén Paredes

 

3.570.548

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

9.537

 

Rubén Piñero

 

4.369.253

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

1° Laboral de Aragua

 

10.444

 

Vicente Caldarella

 

9.539.636

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

 

2° Laboral de Aragua

 

8.818

 

Víctor Alvarez

 

1.773.112

 

C.A. Promesa

 

2° Laboral de Aragua

 

10.107

 

Wilfredo Machado

 

7.074.842

 

C.A. Promesa

 

1° Laboral de Aragua

 

10.500

 

Wilfredo Carrillo

 

3.435.188

 

Distribuidora Polar del Centro, S.A.

1° Inst. La Victoria Edo. Aragua

 

17.742

William Rodríguez Maica

 

3.203.784

 

Distribuidora Polar, S.A.

 

Superior de Aragua

 

14.181

 

               TERCERO:

 

               Por su parte, la totalidad de las personas jurídicas que se encuentran en posición de demandadas en los procesos antes aludidos, están representadas por los abogados MANUEL REYNA PARES, RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE y VICTORINO MÁRQUEZ FERRER, quienes son venezolanos, mayores de edad, domiciliados en Caracas y titulares de las cédulas de identidad números  3.753.877,  2.935.740, y 9.880.330,  respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 15.033, 5.688 y 47.660,  también respectivamente, según consta de los instrumentos de poder que corren insertos a los correspondientes expedientes, y el que se consigna en el presente acto como anexo a la presente acta, marcados con la letra “C”.

               CUARTO:

 

               La extensión de la presente Mediación y Conciliación a los adherentes, incluyendo a la Asociación Civil mencionada, se hace posible por cuanto el asunto fundamental a ser dilucidado en todas esas causas es el de resolver si las relaciones jurídicas que LOS DEMANDANTES alegan haber tenido con LAS DEMANDADAS, pueden ser calificadas de relación de trabajo, o si se trató de una relación estrictamente mercantil, donde las Sociedades Mercantiles de las cuales LOS DEMANDANTES eran accionistas o socios mayoritarios o en todo caso representantes legales, adquirían al mayor productos manufacturados por LAS DEMANDADAS, para luego revenderlos al detal, haciendo su correspondiente ganancia. Por tal virtud, no es posible alegar como impedimento para la celebración del presente acuerdo, la aplicación a priori de cualquiera de los principios rectores del Derecho del Trabajo, y en particular la irrenunciabilidad, o de cualquiera de los principios del Derecho Mercantil. Así mismo, es de destacar que se trata de un problema de hecho, cuya solución dependerá en cada caso de las características que haya tenido la correspondiente relación, en la cual cabe perfectamente la transacción y/o el desistimiento, y no afecta al orden público que las personas decidan celebrar contratos mercantiles en lugar de contratos de trabajo, máxime cuando no se alegan condiciones de servicio que habrían podido poner en peligro o afectar la vida, salud o dignidad del prestador de servicios, razón por la cual no cabe la aplicación del Artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, ni lo previsto en el Parágrafo Único del Artículo 3º de la Ley Orgánica del Trabajo.

 

               En términos generales, a continuación se expondrá un breve resumen de lo que constituye el núcleo de la posición de las partes en los procedimientos que han sido tomados en cuenta en la presente Mediación y Conciliación.

 

               QUINTO: Posición General de LOS DEMANDANTES.

 

               En los procesos antes reseñados, LOS DEMANDANTES han sostenido que prestaron servicios personales bajo dependencia a LAS DEMANDADAS y que, por tanto, deben ser considerados trabajadores a todos los efectos legales previstos en la legislación laboral. En criterio de LOS DEMANDANTES, las Sociedades Mercantiles de las que ellos son representantes legales, así como los Contratos de Concesión Mercantil celebrados entre dichas Sociedades Mercantiles y LAS DEMANDADAS encubren una relación laboral que debe ser desenmascarada por los Jueces del Trabajo. No obstante, admiten la existencia de zonas grises o supuestos de ambigüedad objetiva en los que no resulta sencillo dilucidar si una relación está situada en el campo mercantil o laboral.

 

               Sostienen por otra parte LOS DEMANDANTES, que durante años colaboraron con LAS DEMANDADAS en la distribución de sus productos, constituyendo un canal confiable de comercialización de los mismos  y contribuyendo a mantener, consolidar y, en algunos casos, hasta aumentar la clientela que luego de la terminación de la relación quedó en favor de LAS DEMANDADAS. Por tal razón, estiman que, aun si las relaciones que han sostenido con LAS DEMANDADAS no pudiesen ser calificadas de laborales, y constituyesen la consecuencia de una relación contractual mercantil, no sería justo que la terminación unilateral e injustificada de dichas relaciones no vaya acompañada de algún género de indemnización.

 

               SEXTO: Posición General de LAS DEMANDADAS

 

 

               Por su parte, LAS DEMANDADAS han sostenido que entre ellas y las Sociedades Mercantiles cuyos representantes legales son LOS DEMANDANTES, existe un auténtico Contrato de Concesión Mercantil. De las facturas comerciales que soportan la compraventa de la mercancía suministrada por LAS DEMANDADAS, no puede en ningún caso establecerse, que LOS DEMANDANTES prestaban un servicio personal para  LAS DEMANDADAS; estas facturas sólo evidencian que las Sociedades Mercantiles de las cuales LOS DEMANDANTES eran representantes, adquirían productos al mayor de LAS DEMANDADAS para ser revendidos al público consumidor en un territorio o zona determinados. De esa manera, las personas jurídicas representadas por LOS DEMANDANTES actuaban por cuenta propia, asumiendo plenamente el riesgo de reventa del producto a su clientela, por lo que, ni aun si se determinase que tales personas jurídicas no eran las verdaderas adquirientes de los productos, sino LOS DEMANDANTES, faltaría el elemento de ajeneidad, esencial a toda relación de trabajo. Por otra parte, la exclusividad que habría sido pactada entre las personas jurídicas representadas por LOS DEMANDANTES y LAS DEMANDADAS opera en interés recíproco de las partes y no denota subordinación alguna de las primeras con respecto a las segundas.

               Rechazan categóricamente, por otro lado, que la celebración de los mencionados Contratos Mercantiles haya tenido por objeto evadir la aplicación de la legislación laboral, pues, en su criterio, la relación en cuestión tiene un carácter auténticamente mercantil.

 

               Reconocen LAS DEMANDADAS, que las Sociedades Mercantiles cuyos representantes legales son LOS DEMANDANTES realizaron una inversión importante con el objeto de atender el negocio de distribución de los productos. Asimismo, reconocen que las sociedades mercantiles representadas por LOS DEMANDANTES contribuyeron al mantenimiento y la consolidación de una clientela, que a la terminación de las relaciones quedó en provecho de LAS DEMANDADAS; y que las sociedades mercantiles representadas por LOS DEMANDANTES, con ocasión de la terminación de los Contratos de Concesión Mercantil, incurrieron en costos asociados a la terminación de dichas relaciones laborales del personal que laboraba para esas Sociedades Mercantiles, todo lo cual ha podido conllevar perjuicios económicos a LOS DEMANDANTES, en su condición de accionistas, socios o representantes legales de ellas.

SÉPTIMO: Antecedentes que Fueron Tomados en Cuenta en la Mediación.

 

               A lo largo de las sesiones de mediación, los Magistrados de la Sala Social estimaron oportuno hacer algunas precisiones conceptuales en torno a la materia objeto de la mediación y, en particular, acerca del estado actual de la cuestión debatida en la jurisprudencia social venezolana, de forma tal de contribuir con una mejor percepción del problema planteado por las partes:

 

1) La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el encubrimiento como una acción que pretende ocultar o deformar la relación de trabajo, tras el ropaje de otra figura jurídica donde el trabajador tenga menor protección legal. (Documento técnico de base sobre los trabajadores en situaciones en las cuales necesitan protección, con ocasión de la reunión de expertos convocada  por el Consejo de Administración de la OIT, en Ginebra, Suiza, entre el 15 y el 19 de mayo de 2000).

    En algunos casos, los contratos mercantiles son utilizados para encubrir una relación de trabajo. En otros casos, sin embargo, los contratos mercantiles son utilizados para documentar una relación donde el sujeto que presta el servicio o realiza una actividad lo hace con sus propios elementos materiales, a su propio riesgo y en una situación de dependencia jurídica atenuada. En estas relaciones no aparecen nítidamente los elementos típicos de la relación de trabajo y por eso se habla de “zonas grises”, “situaciones de frontera” o “supuestos de ambigüedad objetiva”. 

 

De allí que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha señalado que al lado del fenómeno intencional del encubrimiento existen circunstancias objetivas en las cuales no aparecen con claridad todos los elementos que caracterizan a la relación de trabajo.

 

2) En reiterada jurisprudencia, la Sala Social ha venido asentando que no basta la existencia de un contrato mercantil entre el patrono y un tercero para desvirtuar la presunción laboral (Sentencia de fecha 16 de marzo de 2000, caso Félix Ramón Ramírez y otros contra Distribuidora Polar S.A; Sentencia de fecha 9 de agosto de 2000, caso Harold Franco Alvarado contra Aerobuses de Venezuela C.A; Sentencia de fecha 18 de diciembre de 2000, caso Nabil Saad contra Distribuidora de Productos Proderma Cosmésticos S.R.L; Sentencia de fecha 31 de mayo de 2001, caso Enrique José Rondón y Jesús Ramos contra Distribuidora Polar S.A.).

 

La Sala ha considerado que no es posible desvirtuar la presunción legal contenida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo por el sólo hecho de que medie un contrato mercantil entre la empresa demandada y la empresa propiedad del demandante, puesto que ello no es motivo suficiente para desvirtuar de manera absoluta la laboralidad del vínculo. De admitirse que la presunción de laboralidad queda desvirtuada por el sólo hecho de la existencia de unos contratos que le den a la relación una calificación jurídica mercantil o civil se estaría contrariando el principio de que el contrato de trabajo es un contrato realidad y de que la sustancia prevalece en el Derecho Laboral sobre las formas.

 

Si bien la calificación dada por las partes al contrato constituye un indicio a tomar en cuenta, no estamos en presencia de un indicio determinante que releve al Juez de todo análisis ulterior acerca de la verdadera naturaleza de la relación establecida entre las partes. De allí que la Sala Social haya proferido, en los fallos antes citados, un mandato a los Jueces de Instancia en el sentido de no detener su análisis en las formas contractuales y descender al examen del material probatorio restante para determinar si ha quedado probado algún hecho capaz de desvirtuar la presunción de laboralidad.

 

Ahora bien, dada la complejidad que reviste discernir si un contrato de distribución comercial o colaboración empresarial encubre o no una relación de trabajo, la Sala Social, en su papel de máximo orientador de la jurisprudencia social, estimó oportuno fijar algunos criterios orientadores sobre los hechos capaces de desvirtuar la presunción de laboralidad que se activa una vez probada la prestación de servicios; tarea que emprendió en su reciente decisión de fecha 13 de agosto de 2002, la cual se acompaña a la presente acta marcada con la letra “D”, y que fue dictada en el caso Mireya Orta de Silva vs FENAPRODO-CPV. (Sent. FENAPRODO).

 

El “test de laboralidad” delineado en esta última sentencia ha sido utilizado como referencia para determinar el carácter mercantil o laboral de los Contratos de Concesión Mercantil objeto de la presente Mediación y Conciliación, y las partes consideran que en adelante los criterios expresados los orientarán sobre el verdadero carácter comercial o colaboración empresarial, tales como los de Agencia, Concesión Mercantil y Franquicia, que en el futuro sean sometidos al conocimiento de los Tribunales Laborales del país. De esta forma, la Sala Social cumple con su función orientadora de la jurisprudencia y confiere mayor certeza a los actores económicos y sociales en cuanto al ámbito de aplicación de la legislación laboral.

 

               Así las cosas, la Sala Social exhortó a LOS DEMANDANTES y a LAS DEMANDADAS a explorar fórmulas de arreglo mutuamente satisfactorias.

 

               OCTAVO:

 

 

               Como consecuencia de lo expresado, las partes procedieron a analizar los criterios que la jurisprudencia en general, y en especial la sentencia FENAPRODO, han venido considerando con la finalidad de establecer la verdadera naturaleza de los reclamos y relaciones que han sido invocadas, de manera general, en las distintas causas sobre las que ha versado la presente Mediación y Conciliación. Al respecto, se estudiaron las distintas características de una relación laboral, en comparación con las realidades que sustentan las diferentes demandas en las causas objeto de esta Mediación y Conciliación, llegándose a las siguientes conclusiones:

 

A.   En todas las causas objeto de esta Mediación y Conciliación, LOS DEMANDANTES eran, respectivamente, socios y representantes legales de personas jurídicas de naturaleza mercantil, que habían suscrito con LAS DEMANDADAS correspondientes un Contrato de Concesión Mercantil, en el cual la correspondiente persona jurídica asumía ciertas obligaciones relacionadas con la comercialización al detal de los productos distribuidos por LAS DEMANDADAS, tendientes a mantener debidamente abastecida de esos productos una determinada zona. A cambio de ello, la correspondiente demandada les suministraba sus productos, en las cantidades que esas sociedades requiriesen, a unos precios acordados de venta al mayor. A tales efectos, esas Sociedades Mercantiles entregaban a LAS DEMANDADAS sus órdenes de compra, y cancelaban contra la respectiva factura el precio de compra de los productos adquiridos.

 

B.   En todas las causas objeto de esta Mediación y Conciliación, LOS DEMANDANTES han alegado que entre ellos y LAS DEMANDADAS correspondientes existió una relación de trabajo que según ellos era la verdadera realidad jurídica, y que los contratos mercantiles celebrados entre las Sociedades Mercantiles representadas por ellos y LAS DEMANDADAS, generaban para ellos personalmente obligaciones y derechos de índole laboral por realizarse esas actividades de manera subordinada.

 

C.   Las partes de esta mediación han observado que en cada una de las relaciones alegadas por LOS DEMANDANTES, se dieron las siguientes características:

1.)   Es cierto que cada demandante era representante legal de una sociedad mercantil, con capital propio y aportado por sus socios, que tenía suscrito un Contrato de Concesión Mercantil con la correspondiente demandada. También es cierto que las facturas de venta de productos emitidas por LAS DEMANDADAS, lo eran a nombre de las respectivas sociedades mercantiles, quienes también eran las que suscribían las correspondientes órdenes de compra y cancelaban las facturas. Evidentemente, en la gran mayoría de esas operaciones esas Sociedades Mercantiles eran representadas por LOS DEMANDANTES. Desde un punto de vista al menos formal LOS DEMANDANTES eran terceros en la relación contractual de Concesión Mercantil. También es cierto que durante el tiempo que estuvo vigente esa relación, ninguna de las partes consideró que se trataba de relaciones de trabajo, ni hubo reclamo alguno en tal sentido.

 

2.)   Las Sociedades Mercantiles representadas por LOS DEMANDANTES estaban debidamente constituidas y tenían personalidad jurídica propia, y podían celebrar cualquier tipo de contratos. Cada una de ellas llevaba su contabilidad propia, y distribuía beneficios a sus accionistas o socios en caso de haberlos.

 

3.)   Cada una de esas Sociedades Mercantiles era propietaria de sus propios instrumentos materiales para la realización de las labores propias de su objeto social. La actividad de compra y venta de las mercancías que eran adquiridas de LAS DEMANDADAS era realizada mediante vehículos de transporte propiedad de esas sociedades mercantiles, estando a su cargo, y en ningún caso a cargo de LAS DEMANDADAS la adquisición, mantenimiento y reposición de las unidades de transporte que requiriesen para sus actividades.

 

4.)   Cada una de las Sociedades Mercantiles ya mencionadas, estaba inscrita de manera independiente en el Registro de Información Fiscal (RIF), y cumplía anualmente con sus obligaciones tributarias. En esas declaraciones de impuestos se hacía referencia a la actividad de compra y venta de productos que hacían esas compañías. Esa actividad era la misma actividad que LOS DEMANDANTES han descrito en sus correspondientes demandas como formando parte de una relación de trabajo entre ellos y LAS DEMANDADAS.

 

5.)   Las actividades de compra y venta que realizaban esas Sociedades Mercantiles representadas por LOS DEMANDANTES requerían también de la participación de personas adicionales a éstos LOS DEMANDANTES. En efecto, la realización de esas actividades requería de personal diferente al simple conductor de un vehículo y era realizada por varios trabajadores, que eran contratados y pagados por las Sociedades Mercantiles representadas por LOS DEMANDANTES. La totalidad de las obligaciones laborales para con tales trabajadores siempre corrió a cargo de las Sociedades Mercantiles representadas por LOS DEMANDANTES. En ese sentido, ambas partes admiten que las Sociedades Mercantiles representadas por LOS DEMANDANTES realizaban diversas actividades dirigidas a la implementación del negocio de reventa al detal de mercancía, tales como transporte del producto, reventa, facturación, carga y descarga, exhibición o “merchandising”, cobro, contabilidad, crédito y manejo financiero.

 

6.)   En la realización de la actividad que LOS DEMANDANTES calificaron en sus demandas como relación de trabajo directa entre ellos y LAS DEMANDADAS, los riesgos eran asumidos totalmente por las Sociedades Mercantiles representadas por LOS DEMANDANTES. De esa manera, si la mercancía adquirida sufría deterioros, o si los vehículos en que era transportada sufrían desperfectos o accidentes, o eran objeto de asaltos, tales riesgos eran asumidos totalmente por las sociedades representadas por LOS DEMANDANTES, y en ningún caso por LAS DEMANDADAS. También reconocen las partes que si las mercancías adquiridas eran revendidas a crédito, los riesgos financieros de esas ventas eran asumidos y decididos por esas Sociedades Mercantiles representadas por LOS DEMANDANTES. Tal sistema de riesgos es también característica propia de una actividad mercantil por cuenta propia

 

7.)   De igual manera, los beneficios de la actividad de las Sociedades Mercantiles representadas por LOS DEMANDANTES, pertenecían en su totalidad a esas Sociedades Mercantiles, dependiendo de su eficiencia en la venta de mercancía que hacían, no teniendo LAS DEMANDADAS participación alguna en las actividades de esas Sociedades Mercantiles representadas por LOS DEMANDANTES; y teniendo sólo derecho a que se le pagase el precio de la mercancía vendida al mayor. Asimismo, en la contabilidad de dichas Sociedades Mercantiles se asentaban tanto las remuneraciones que éstas pagaban a LOS DEMANDANTES por concepto de sueldos y salarios, como el pago a los accionistas de los correspondientes dividendos.

 

8.)   Los beneficios obtenidos por esas Sociedades Mercantiles representadas por LOS DEMANDANTES, exceden de manera notoria las cantidades que recibe un trabajador de una empresa industrial, que tenga el cargo de conductor de un vehículo de distribución. Los ingresos monetarios efectivos que LOS DEMANDANTES recibían de sus representadas, tanto por sueldos y salarios como por dividendos, excedían de manera notoria las cantidades que recibía un trabajador de una empresa para la cual desempeñara funciones similares. Por ello, si de acuerdo con lo alegado por LOS DEMANDANTES, los beneficios de esas personas jurídicas, hubiesen sido, en realidad, la compensación laboral de LOS DEMANDANTES, éstos hubiesen recibido una remuneración considerablemente mayor que los salarios que LAS DEMANDADAS pagan a quienes realizan la distribución de sus productos como trabajadores dependientes. En realidad, los beneficios de la actividad de LOS DEMANDANTES no corresponden al salario de un conductor de camión o un vendedor, sino a los que obtienen normalmente las empresas que por su propia cuenta se dedican a la comercialización al detal de la mercancía.

 

9.)   Ambas partes reconocen que las Sociedades Mercantiles representadas por LOS DEMANDANTES, cuya actividad mercantil fue calificada como relación de trabajo personal por LOS DEMANDANTES, tenían libertad para decidir las cantidades de mercancía que adquirían de LAS DEMANDADAS el tiempo y la forma en que procederían a su reventa a terceros y las condiciones (al contado o a crédito) de esas reventas. También reconocen que la actividad de reventa de esa mercancía se llevaba a cabo fuera de las instalaciones de LAS DEMANDADAS y en vehículos propiedad o bajo control de las Sociedades Mercantiles aludidas.

 

10.)   Ambas partes reconocen que la actividad de reventa de productos que LOS DEMANDANTES calificaron como característica de una relación laboral, no se realizaba bajo la dirección, control y riesgo de LAS DEMANDADAS, pues las correspondientes decisiones eran tomadas por LOS DEMANDANTES, quienes además eran los beneficiarios de tales actividades. Por ello, ni aún en el supuesto de que las relaciones contractuales que regían tales actividades, hubiesen sido en realidad relaciones directas entre LOS DEMANDANTES y LAS DEMANDADAS, podría hablarse de ajeneidad en tales actividades, pues las mismas habrían sido realizadas por cuenta y beneficio propio por LOS DEMANDANTES. Tal característica de las actividades cuya naturaleza es discutida en las causas que son objeto de esta Mediación y Conciliación, ha llevado a las partes a la conclusión de que si se estuviese en presencia de una actividad realizada por trabajadores, LOS DEMANDANTES  no podrían nunca ser calificados de trabajadores dependientes, y sólo podrían ser considerados como trabajadores “no dependientes”, a tenor de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Trabajo. La condición de trabajador no dependiente, tal como lo expresa dicho artículo, permite la organización de sindicatos, celebración de acuerdos similares a las convenciones colectivas, y  la reincorporación a la seguridad social, y es, “...sólo en tres casos específicos puede entenderse actualmente que la legislación laboral amplió su campo de aplicación a este rubro de trabajadores ...” (Sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia del día 13-08-02). Las partes reconocen que lo anterior no se desvirtúa por el hecho de las DEMANDADAS destinasen personal propio a realizar la supervisión de las actividades de venta, y a la recaudación por este medio de información estadística y comercial del mercado.

 

11.)   Las partes reconocen que el establecimiento de zonas geográficas, exclusividades en la distribución y el uso de emblemas y marcas propiedad de LAS DEMANDADAS, son propias de los contratos de colaboración empresarial, tales como el de agencia, la concesión mercantil y la franquicia, entre otros. Tales estipulaciones han sido establecidas por las partes en beneficio de ambas.

 

 

 

               No obstante, LAS DEMANDADAS, con el acuerdo de LOS DEMANDANTES, expresan su disposición de cancelar a las Sociedades Mercantiles, representadas respectivamente por cada uno de LOS DEMANDANTES, con las cuales LAS DEMANDADAS habían celebrado respectivamente sendos Contratos de Concesión Mercantil, una indemnización dirigida a cubrir a esas Sociedades Mercantiles o a LOS DEMANDANTES cualquier daño o perjuicio que hayan podido sufrir como consecuencia de la ejecución o terminación de la relación contractual, incluyendo entre otras cosas cualquier gasto derivado de la terminación por decisión unilateral, clientela, cualquier tipo de deuda laboral, inversiones realizadas, daños derivados de la falta de aviso previo, lucro cesante, etc., y será imputable a cualquier reclamación que pudiese tener cualquier trabajador de esas Sociedades Mercantiles contra LAS DEMANDADAS. Tales cantidades serán entregadas a los apoderados o directamente a los correspondientes Demandantes, o sus apoderados, en su carácter de representantes legales de las Sociedades Mercantiles correspondientes y en su propio nombre, en el entendido que deberán ser imputadas a cualquier cantidad que cualquiera de LAS DEMANDADAS pueda adeudar a cualquiera de LOS DEMANDANTES por cualquier concepto mencionado en la presente Acta de Mediación y Conciliación, o en las correspondientes demandas, o cualquier cantidad que pueda ser adeudadas a las Sociedades Mercantiles representadas por LOS DEMANDANTES, o a dichos DEMANDANTES quienes a esos efectos actúan también en este acto en su propio nombre y representación, y otorgan el correspondiente finiquito, conjuntamente con las Sociedades Mercantiles por ellos representadas. En el cuadro Anexo “E” se hace referencia a las Sociedades Mercantiles representadas por LOS DEMANDANTES.

 

 

NOVENO: Conclusiones de la Mediación y Conciliación

 

 

               Al haber las partes realizado el análisis anterior, con base en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, han concluido que en tales circunstancias no es posible considerar a LOS DEMANDANTES como trabajadores dependientes de LAS DEMANDADAS, ni aun si las actividades invocadas no se hubiesen realizado en cumplimiento de los Contratos de Concesión Mercantil celebrados entre LAS DEMANDADAS y las Sociedades Mercantiles representadas por LOS DEMANDANTES, sino en cumplimiento de una relación directa, pero independiente entre LOS DEMANDANTES respectivos y LAS DEMANDADAS respectivas. Por ello, concluyen las partes que a LOS DEMANDANTES no les corresponde recibir ninguna de las cantidades que fueron demandadas pues de las actividades descritas no es posible deducir la existencia de una relación de trabajo bajo dependencia de LAS DEMANDADAS.

 

DÉCIMO: Mecanismo de Terminación de los Juicios Pendientes

 

 

               Como consecuencia de los resultados obtenidos en la presente Mediación y Conciliación LOS DEMANDANTES han decidido desistir del procedimiento y de las demandas y/o acciones incoadas por ante los correspondientes tribunales y por ante la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, según corresponda, al haberse determinado a satisfacción de las partes la verdadera naturaleza de las relaciones correspondientes. Tales desistimientos serán debidamente homologados por los respectivos Tribunales. Queda expresamente entendido que tales desistimientos se efectuarán como contrapartida de la entrega de las cantidades y en la forma en que hayan sido acordadas en cada caso según las circunstancias debidamente analizadas conjuntamente por las partes en el proceso de conciliación y mediación. También podrían las partes, si considerasen conveniente terminar esos juicios mediante transacción laboral debidamente homologada, en los mismos términos previstos para los desistimientos mencionados.

 

               DÉCIMO PRIMERO: Las Cantidades Acordadas

 

 

               Mediante documento separado, las partes han efectuado la determinación de las cantidades que corresponderá cancelar al momento de la homologación de los correspondientes desistimientos de las demandas, de los procedimientos y de las acciones, o de las transacciones, si fuese el caso.

 

 

El apoderado de los demandantes,

 

 

 

 

representante de la Asociación Civil AVECMA

y su Abogado Asistente,

 

 

 

 

Los Apoderados de las Demandadas,

 

 

 

 

Homologación de la Sala de Casación Social del

Tribunal Supremo de Justicia:

 

               Por cuanto los acuerdos contenidos en la anterior Acta de Mediación y Conciliación son producto de la voluntad libre, consciente y espontánea expresada por las partes; por cuanto dichos acuerdos tienden a garantizar una armoniosa resolución de las controversias a que se refieren los procesos y a reestablecer el equilibrio jurídico entre las partes; por cuanto los acuerdos alcanzados no son contrarios a derecho, y se adaptan a los criterios jurisprudenciales que han sido establecidos por la Sala, y no contienen renuncia alguna a ningún derecho irrenunciable derivado de una relación de trabajo; y, por último, tomando en cuenta que los acuerdos de las partes han sido la conclusión de un proceso de Mediación y Conciliación dirigido por la propia Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de promover la Mediación y Conciliación como mecanismo adecuado y conveniente para la resolución de disputas, esta Sala, de conformidad con lo previsto en los artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en uso de sus atribuciones legales previstas en los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 3° Parágrafo Único de la Ley Orgánica del Trabajo,  decide:

 

a.) Se imparte la homologación de los acuerdos alcanzados por las partes en el proceso de Mediación y Conciliación promovido por esta Sala y contenidos en la presente Acta.

b.) Se exhorta a las partes a cumplir de buena fe los acuerdos contenidos en la presente Acta.

c.) Se exhorta a los respectivos jueces de la jurisdicción laboral a homologar los desistimientos o transacciones que las partes efectúen en cada una de las causas que fueron objeto de la presente Mediación y Conciliación, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados en este procedimiento.

 

 

               Se hacen tres ejemplares de un mismo tenor y efecto, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de octubre de dos mil dos.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

______________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

 

El Vicepresidente,

 

 

______________________

JUAN RAFAEL PERDOMO

 

 

 

                                                                                                        Ma-

 

gistrado,

 

 

____________________________

ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

La Secretaria,

 

 

_____________________________

BIRMA I. TREJO DE ROMERO

 

 

R.C. Nº AA60-S-2002-000079