CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

SCS 15-3-00

Ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo. Exp. Nº  99-835, dec. Nº 47:

Cambio de jurisprudencia sobre el modo de contestar la demanda laboral

Con respecto al contenido del artículo 68 de la citada Ley, la casación venezolana en sentencia del 13 de junio de 1960, dejó sentado lo siguiente.

“El Art. 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo obliga al demandado a determinar con claridad, al contestar la demanda, cuáles de los hechos invocados en el libelo admite como ciertos o rechaza, con el único fin de aliviar la carga de la prueba que incumbe al actor, pues si no fuera así se vería el trabajador enfrentado, casi siempre, a poderosos intereses, en la ineludible circunstancia de soportar muchas veces innecesariamente la carga de la prueba de cada uno de los hechos alegados en el libelo.”

Posteriormente, se ha sostenido en la doctrina y jurisprudencia que el propósito de la norma legal en cuestión es que en la contestación de la demanda no se utilice pura y simplemente la frase “rechazo y contradigo la presente demanda en todas y cada una de las partes”, sino que debe el demandado rechazar punto por punto cada afirmación, sin la obligación del demandado de complementar o fundamentar el rechazo o la negativa, porque tal requisito no lo exige la ley.

En este sentido, se sostuvo que la disposición legal consagra un derecho para el demandado de alegar los fundamentos de su defensa que considere convenientes, derecho éste de ejercicio discrecional que la ley le otorga al litigante en su beneficio, y en consecuencia, privarse de él no acarrea ningún resultado irreparable para el demandado.

Ahora bien, esta Sala se aparta del criterio jurisprudencial hasta ahora seguido y retoma la antigua doctrina, por medio de la cual se obliga al demandado a “determinar con claridad, al contestar la demanda, cuáles de los hechos invocados en el libelo admite como ciertos o rechaza, con el único fin de aliviar la carga de la prueba que incumbe al actor”.

En efecto, mediante sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 27 de julio de 1994 (ANTONIO DAHDAH KHADO contra ASSAD DAHDAH KADAU), y que hoy se reitera, se estableció el siguiente criterio:

“A tenor de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, “el demandado o quien ejerza su representación, deberá al contestar la demanda, determinar con claridad cuáles de los hechos invocados en el libelo admite como ciertos y cuáles niega o rechaza. Se tendrán admitidos aquellos hechos indicados en el libelo respecto de los cuales, al contestar la demanda, no se hubiere hecho la requerida determinación, es decir, la indicación de los hechos que se admiten y los que se niegan o rechazan, ni aparecieren desvirtuados por ninguno de los elementos del proceso”.

“”Esa disposición como lo expresó este Supremo Tribunal, tiene por finalidad que los juicios de trabajo se basen en una posición honrada y justa dentro de la desigualdad inherente a la situación real de cada una de las partes; y va dirigida a lograr la lealtad procesal y a que las pruebas puedan realizarse de una manera equitativa, justa y acomodada a la realidad de este tipo de juicio, en el que al trabajador que generalmente es actor, le es muy difícil hacer la prueba que pretende de su demanda”. (Sentencias del 18-11-59, 07-10-70 y 03-04-73)”.

“Ello no entraña, sin embargo, que la contestación de la demanda en los juicios de trabajo deba hacerse en tal forma y con tales explicaciones y argumentos que hagan necesario para su examen realizar un análisis exhaustivo. De ser así, resultaría poco menos que imposible dar contestación a una demanda laboral. Lo que no quiso el legislador fue que el demandado se limitara, como en los juicios ordinarios, a decir: “contradigo la demanda en todas y cada una de sus partes, tanto en los hechos como en el derecho”, sino que le exigió algo más; concretar los hechos invocados en el libelo que admite como ciertos y los que niega o rechaza bajo pena de incurrir en confesión ficta si no lo hiciere”.

“Esta disposición tiene su origen en la reforma del artículo 82 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo de 1940. La modificación que se propuso en la Cámara de Diputados en el año de 1956, consistió en agregarle al citado artículo 68 lo siguiente: “en la contestación de la demanda el demandado indicará los hechos en que conviene, se tendrán como ciertos cada uno de los hechos expresados en el libelo que el demandado no haya rechazado en forma determinada”. En la Cámara del Senado, la antes transcrita adición se consideró que podría llegar a lesionar principios jurídicos fundamentales del proceso, por lo cual se creyó conveniente atemperar el citado texto, que fuera beneficiosa y racional a la economía del proceso, no se extralimitara en su sentido, armonizándose con la equidad como la mejor solución en los conflictos que a diario se plantean en materia laboral; por tanto se buscó una fórmula intermedia, redactándose el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo vigente, en la cual se puso énfasis a la frase de cuáles hechos de los indicados en el libelo se deben tener por admitidos cuando al contestar la demanda no se hubiere hecho la requerida determinación, ni aparecieren desvirtuados por ninguno de los elementos del proceso”.

“Los conceptos anteriores demuestran claramente que la intención del legislador fue “someter a cierta atemperación” la carga de la prueba de los juicios civiles con la finalidad de que el juicio tenga su fundamento en una posición justa en beneficio de la lealtad procesal en que las pruebas puedan realizarse de una manera equitativa y justa y adaptada a la realidad del proceso, ya que generalmente al trabajador, le es difícil hacer la prueba de su acción”.

“En consecuencia, para el patrono es indispensable que complemente su negativa en base a alguna circunstancia capaz de desvirtuar las demandas del actor, es decir, que diga que no son ciertos los hechos que se narra en la demanda, concretando los hechos que admite como ciertos y aquéllos que niega o rechaza, bajo la pena de incurrir en confesión ficta si no lo hiciere”. (Sentencia de fecha 26-7-89).

De este modo, se logra que la sustanciación del juicio laboral se realice dentro de un marco jurídico justo, equitativo y acomodado a la realidad de este tipo de juicio, en razón de la desigualdad existente en la relación laboral, no imponiéndosele al trabajador que demuestre los hechos con pruebas, que en la mayoría de los casos le es difícil, pues el patrono tiene en su poder los documentos que demuestran los detalles y las condiciones en que el trabajador prestó el servicio, (por ejemplo, las planillas de ingreso, pago de salarios, remuneración, disfrute de vacaciones, retiros, despidos, intereses sobre prestaciones sociales, entre otros), por lo que en consecuencia, se le exige al patrono que al contestar la demanda y rechazarla, alegue los hechos ciertos por los cuales la rechaza y los pruebe. Además, porque del contenido de la norma legal bajo estudio se desprende que se establece un imperativo de orden procesal, al señalar que el demandado o quien ejerza su representación en el acto de contestación; “deberá” determinar cuáles de los hechos admite y cuáles rechaza.

A tal efecto se observa, que si bien el régimen de distribución de la carga de la prueba en materia laboral, conocido en la doctrina como “el principio de la inversión de la carga de la prueba”, se distingue del principio procesal civil ordinario establecido en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, respecto del cual, corresponde al demandante alegar y probar los hechos constitutivos de su acción. Por otra parte, la forma de establecer la carga de la prueba en los juicios laborales no infringe de modo alguno el principio general, debido a que la finalidad principal es proteger al trabajador de la desigualdad económica en que se encuentra frente al patrono, pues, como se dijo, es éste quien dispone de todos los elementos fundamentales que demuestran la prestación de servicio u otros conceptos; de no ser así, se generaría en el trabajador accionante una situación de indefensión.

La mencionada disposición legal, confirma la carga procesal del demandado de “determinar con claridad cuáles de los hechos invocados en el libelo admite como ciertos y cuáles niega o rechaza”, cuyo incumplimiento, es decir, la contestación de la demanda genérica o vaga, u omisión de la misma, trae como consecuencia al patrono la confesión ficta. La finalidad de esta norma es de alguna manera simplificar el debate probatorio, dando por admitidos los hechos del demandante, que no hayan sido expresa y razonadamente contradichos por el patrono.

Queda así correctamente interpretada la norma, de manera que se da cumplimiento a los principios constitucionales de la protección al trabajo.

SCS 15-3-00

Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz. Exp. Nº  98-819, dec. Nº 41:

Cuándo se invierte la carga de la prueba: cambio de jurisprudencia (Yuruary)

Con relación a la interpretación del mencionado artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, la Sala de Casación Civil, ha establecido:

“Considera la Sala que, en virtud de que la demanda es de índole laboral, cree necesario transcribir el criterio doctrinario expuesto por la Sala, en relación con el artículo 68 del la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo. Dice así: ‘Para valorar el fundamento de la denuncia, debe analizarse el alcance que el legislador quiso darle al artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, el cual tiene su origen en la reforma que se hizo al artículo 82 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo de 1940’. La modificación propuesta en la Cámara de Diputados, en sus sesiones ordinarias de 1956, consistió en una adición al texto del artículo 82 redactada de la siguiente forma: ‘en la contestación de la demanda el demandado indicará los hechos en que conviene. Se tendrán como ciertos cada uno de los hechos expresados en el libelo que el demandado no haya rechazado en forma determinada”.

“En la Cámara del Senado, por su parte, se consideró que dicha adición podría llegar a lesionar sin mayor lógica principios jurídicos que se han tenido por fundamentales en el ordenamiento procesal. En consecuencia, creyó conveniente la comisión de someterlo a cierta atemperación que, haciendo beneficiosa y racional la economía del proceso, no se lo vaya a extralimitar en su sentido, alejándolo de los propósitos ciertamente laudables del proyectista, los que no sólo deben armonizarse con los dictados de la equidad sino que han de avenirse también con el primordial imperativo de recabar cuantas veces sea dable en el campo del derecho una diáfana justicia, como la mejor meta en la solución de los diversos conflictos que en materia del trabajo se plantean”.

“Se buscó una fórmula intermedia y se explicó así: Tampoco se trata de crear, respecto de una de ellas -sea el demandado trabajador o patrono- ningún derecho que privativamente se conceptuara necesario para favorecer al actor, puesto que a quien haya sido emplazado para contestar una demanda se le debe permitir que incluso en el caso de haber omitido concretamente a uno o más de los hechos que se le hubieren imputado en el planteamiento de aquélla, pueda subsanar en el curso del debate su virtual desventaja. En consecuencia se redactó le Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo vigente y especialmente se puso énfasis en explicar la frase de cuáles hechos de los indicados en el libelo se deben tener por admitidos, cuando al contestarse la demanda, no se hubiere hecho la requerida determinación ni aparecieren desvirtuados por ninguno de los elementos del proceso.”

“De las transcripciones que se dejan hechas, resalta claramente que fue intención del legislador modificar, sometido ‘a cierta atemperación’ el sistema de la carga de la prueba observada en los juicios civiles, ‘a fin de que la litis se base en una posición justa y honrada’ y ‘en pro de la lealtad procesal y de que las pruebas puedan realizarse de una manera equitativa, justa y acomodada a la realidad de este tipo de juicio’, y en que ‘al trabajador que generalmente es actor, le es muy difícil hacer la prueba que pretende de su demanda’”.

“La interpretación posterior no ha aceptado la tesis según la cual se ha operado la inversión de la carga de la prueba de suerte que el obrero no tiene el deber de comprobar nada. Para conseguir el propósito de la Ley -su ratio legis- es indispensable que el patrono complemente su negativa en base a alguna circunstancia capaz de desvirtuar las afirmaciones del actor, es decir, que diga por qué no son ciertos los hechos o determinados hechos que se narran en el libelo de la demanda.” (Sent. de fecha 8-8-84). (Sentencia de la Sala de Casación Civil del 10 de marzo de 1999, en el juicio de Juana Cárdenas de Bautista y otras ciudadanas contra Textiles del Centro, C.A., en el expediente 96-675, sentencia 90).

 

“Esta Sala en decisión del 03 de marzo de 1985 reiterando doctrina pacifica y constante sobre la interpretación correcta de la disposición legal que se analiza (art. 68 LOTPT), expresó:

‘Esa disposición tiene por finalidad que los juicios de trabajo se basen en una posición honrada y justa dentro de la desigualdad inherente a la situación real de cada una de las partes; y va dirigida a lograr lealtad procesal y a que las pruebas puedan realizarse de una manera equitativa, justa y acomodada a la realidad de este tipo de juicio, en el que al trabajador que generalmente es actor, le es muy difícil hacer la prueba que pretende de su demanda’. (Sentencias del 18-11-59 y 30-04-63).

‘Ello no entraña, sin embargo, que la contestación de la demanda en los juicios de trabajo deba hacerse en tal forma y con tales explicaciones y argumentos que hagan necesario para su examen realizar un análisis como el que apunta el recurrente. De ser así, resultaría poco menos que imposible dar contestación a una demanda laboral. Lo que no quiso el legislador fue que el demandado se limitara, como en los juicios ordinarios, a decir: contradigo la demanda en todas y cada una de sus partes, tanto en los hechos como en el derecho, sino que le exigió algo más: concretar los hechos invocados en el libelo que admite como ciertos y los que niega o rechaza bajo pena de incurrir en confesión ficta si no lo hiciere’.

Conforme a la doctrina transcrita, se evidencia que no es preciso que el demandado motive cada una de sus negaciones al contestar la demanda laboral, simplemente debe expresar con claridad cuáles son los hechos que admite y cuáles son los que niega, entendiéndose que admite aquéllos que no haya negado expresamente (admisión tácita)”. (Sentencia de la Sala de Casación Civil del 14 de agosto de 1996, en el juicio de Israel José González Tineo contra Khasana, C.A., en el expediente 95-243, sentencia 268).

 

Sobre este particular, nuestra doctrina patria ha señalado:

“En Venezuela, toda la doctrina laboral ha sido elaborada sobre la interpretación de los artículos 68 y 70 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo.

El artículo 68 establece: ‘el demandado o quien ejerza su representación, deberá al contestar la demanda, determinar con claridad cuáles de los hechos invocados en el libelo admite como ciertos y cuáles niega o rechaza y expresar asimismo los hechos o fundamentos de su defensa que creyere conveniente’.

(...) Esta disposición plantea, fundamentalmente, una nueva situación en la prueba venezolana: a) la requerida determinación de los hechos que se niegan o se admiten al contestar la demanda; y b) una atemperación (como consecuencia de la primera premisa) del sistema de la carga de la prueba prevista en el juicio civil. Decimos una atemperación porque en todo caso la única inversión de la carga de la prueba en los juicios del trabajo, es la que resulta de la aplicación del artículo 46 (65 LOT) de la Ley del Trabajo que presume la existencia del contrato de trabajo entre quien presta un servicio personal y quien lo recibe”. (Rodríguez Díaz, Isaías; El Nuevo Procedimiento Laboral, Editorial Jurídica Alva, S.R.L., Caracas, 1995, pp. 216 y 217).

 

Ahora bien, se desprende de todo lo antes expuesto que el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, establece la forma y el momento en que debe ser contestada la demanda en el proceso laboral, y también, cuándo se invierte la carga de la prueba y cuáles de los hechos alegados por el actor se tendrán por admitidos.

Es por lo expuesto en el párrafo anterior, que esta Sala de Casación Social debe esclarecer que la contestación de la demanda en materia laboral debe hacerse en forma clara y determinada, estableciendo cuáles de los hechos alegados por el actor se admiten y cuáles se rechazan, estando obligada la parte demandada a fundamentar el motivo del rechazo o de la admisión de los hechos.

Lo antes precisado, tiene su asidero en la circunstancia de que según como el accionado dé contestación a la demanda, se fijará la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral.

Por lo tanto, el demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor.

También debe esta Sala señalar que, habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos, en los siguientes casos:

1)     1)  Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aun cuando el accionado no la califique como relación laboral. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).

2)     2)  Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicios, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc.

También debe esta Sala señalar con relación al mencionado artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, en lo referente a cuándo se tendrán por admitidos los hechos alegados por la parte actora, que en estos casos, se deberá aplicar la llamada confesión ficta.

Es decir, se tendrán por admitidos aquellos hechos alegados por la parte accionante en su libelo, que el respectivo demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, o cuando no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar dichos alegatos del actor.

En otras palabras, la demandada tendrá la carga de desvirtuar en la fase probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la contestación el fundamentado rechazo, de lo contrario, el sentenciador deberá tenerlos como admitidos.

SCS 9-11-00

Ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo. Exp. Nº  99-469, dec. Nº 445:

Alegación de condiciones distintas o exorbitantes de las legales

A lo anterior habría que añadir que no todos los alegatos y rechazos que se expongan en la contestación, deberán recibir idéntico tratamiento, porque la adecuada o suficiente precisión en el rechazo o en la exposición de las razones y fundamentos de las defensas, en relación con la carga de la prueba o el riesgo de no aportarla, dependerá de la naturaleza y circunstancias de cada asunto y resultará del examen de las mismas que debe practicar el juzgador, tarea en la cual hará uso de las presunciones establecidas a favor del trabajador pero de la que no puede eximirse con el solo fundamento de indicar que por efecto de declararse la existencia de la relación de trabajo  alegada, se tendrán por admitidos todos los hechos y pedimentos planteados  con fundamento y por derivación de ella, aún cuando se los hubiere rechazado expresa y precisamente y se trate de rechazos o negativas que se agotan en sí mismas, como son las opuestas a condiciones distintas o exorbitantes de las legales.

Así, por ejemplo, si se ha establecido que unas relaciones de carácter laboral, con una remuneración y tiempo determinado y bajo condiciones legales, es claro que el riesgo de no quedar demostrados los pagos que derivan de esos supuestos no recae sobre el trabajador demandante, sino sobre el patrono demandado, aunque éste haya rechazado punto por punto lo reclamado. Pero no puede ser igual cuando se han alegado condiciones y acreencias distintas o en exceso de las legales, como un preaviso en monto equivalente a cuatro o seis meses de salario, o especiales, circunstancias de hecho como horas extras o días feriados trabajados, pues a la negación de su procedencia y/u ocurrencia en el mundo de lo convenido o llevado a cabo no hay, salvo algún caso especial, otra fundamentación que dar; siendo necesario analizar y exponer las demostraciones y razones de hecho y de derecho conforme a las cuales sean o no procedentes  los conceptos y montos correspondientes.

9-11-00

Casos de inversión de la Carga de la Prueba

SENTENCIA SCS 9-11-00. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR OMAR ALFREDO MORA DÍAZ.  Jesús Arcadio Gómez contra Petrolago C.A. Exp. Nº 00-239, sentencia Nº 441:

La no contestación de la demanda trae como consecuencia la llamada confesión ficta que no es más que el reconocimiento de los hechos alegados por el actor en su libelo de demanda, así pues, si no se produce contestación alguna o aún produciéndose no se rechaza en forma determinada algún pedimento, se considera que éste ha sido aceptado por la parte accionada, motivo por el cual el sentenciador sólo está obligado a revisar que los conceptos reclamados no aparezcan desvirtuados por ningún elemento del proceso y que los mismos no sean ilegales o contrarios a derecho; sin embargo, cuando se produce la contestación de la demanda y se niegan y rechazan los pedimentos del actor, el Juez no puede dar por admitidos los hechos y condenar conforme a lo solicitado en el libelo de demanda, sino que está obligado a dar contestación a cada uno de los argumentos de las partes apoyado en las pruebas contenidas en autos, debiendo entonces fijar la base de cálculo de cada uno de los conceptos reclamados, si éstos son procedentes, de conformidad con los hechos y el derecho.

En virtud de lo expuesto en el párrafo anterior, se debe reiterar la doctrina que esta Sala de Casación Social sentó en decisión de fecha 15 de marzo de 2000, en el juicio seguido por Jesús Henríquez Estrada contra la empresa Administradora Yuruary C.A., en la cual textualmente se expresó:

"Ahora bien, se desprende de todo lo antes expuesto que el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, establece la forma y el momento en que debe ser contestada la demanda en el proceso laboral, y también, cuándo se invierte la carga de la prueba y cuáles de los hechos alegados por el actor se tendrán por admitidos.

Es por lo expuesto en el párrafo anterior, que esta Sala de Casación Social debe esclarecer que la contestación de la demanda en materia laboral debe hacerse en forma clara y determinada, estableciendo cuáles de los hechos alegados por el actor se admiten y cuáles se rechazan, estando obligada la parte demandada a fundamentar el motivo del rechazo o de la admisión de los hechos.

Lo antes precisado, tiene su asidero en la circunstancia de que según como el accionado dé contestación a la demanda, se fijará la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral.

Por lo tanto, el demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor.

También debe esta Sala señalar que, habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos, en los siguientes casos:

1) Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aun cuando el accionado no la califique como relación laboral. (Presunción iuris tantum, establecida en el articulo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).

2) Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicios, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc.

También debe esta Sala señalar con relación al mencionado artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, en lo referente a cuándo se tendrán por admitidos los hechos alegados por la parte actora, que en estos casos, se deberá aplicar la llamada confesión ficta.

Es decir, se tendrán por admitidos aquellos hechos alegados por la parte accionante en su libelo, que el respectivo demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, o cuando no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar dichos alegatos del actor.

En otras palabras, la demandada tendrá la carga de desvirtuar en la fase probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la contestación el fundamentado rechazo, de lo contrario, el sentenciador deberá tenerlos como admitidos..."

Así pues, habiendo la empresa accionada, al momento de la contestación de la demanda, admitido algunos hechos y, rechazado y negado otros conceptos reclamados por el actor, básicamente en lo referente al salario devengado, días feriados, ayuda de ciudad, subsidio de transporte y las horas extras reclamadas, por haber estado supuestamente el actor a disposición de la empresa durante las veinticuatro (24) horas del día, era deber del juzgador determinar la cuantificación del salario diario y mensual devengado por el trabajador, así como la procedencia o no de los beneficios salariales reclamados, para luego proceder a establecer los montos condenados a pagar, mas aún cuando habla sido señalado por la accionada, en su escrito de informes, que la base salarial diaria estimada en la demanda era incorrecta, pues en el supuesto negado de que fuesen ciertos los alegatos del actor, al dividirse el salario que presuntamente devengaba entre los treinta (30) días del mes, el monto de dicho salario era menor al allí señalado.

Por otra parte, al reconocer la recurrida las horas extras que dice el actor le corresponde, por haber estado durante las veinticuatro (24) horas del día a disposición de la actora y su influencia en el cálculo del resto de los conceptos salariales reclamados, obvió el sentenciador la normativa especial contenida en el Título V, Capítulo VIl, Sección Segunda de la Ley Orgánica del Trabajo, referente al Trabajo en la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre, limitándose a derivar la procedencia de tales pretensiones, sólo de las declaraciones de los testigos evacuados, de igual manera no indicó el cálculo del número de horas extras que según su consideración correspondía cancelar a la empresa, transcribiendo las cantidades que fueron establecidas en el libelo.

Esto pone de manifiesto que, si bien es cierto, hubo una valoración probatoria, la misma fue incompleta pues se dieron por ciertos los cálculos efectuados por el demandante ordenándose el pago de los diferentes conceptos adeudados, aun cuando éstos habían sido correctamente negados y rechazados por la accionada al momento de la contestación de la demanda, tales omisiones por parte del sentenciador impide el control de la legalidad que corresponde realizar a esta Sala, constituyendo un vicio de actividad que obliga a la nulidad del fallo impugnado y al reenvío del expediente al Tribunal Superior, a los fines de que sea dictada una nueva decisión conforme a los criterios aquí establecidos y, así se decide. 

8-3-01

La demandada al contestar no señala el fundamento de todos sus rechazos

SENTENCIA SCS 8-3-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR OMAR ALFREDO MORA DÍAZ. ARCIDES JOSÉ GUISEPPI AZÓCAR contra CERÁMICA CARABOBO S.A.C.A.. Exp. Nº 00433, sentencia Nº 31:

(...) la accionada al momento de dar contestación a la demanda, se limitó a afirmar que "niega, rechaza y contradice los siguientes hechos invocados, alegados y expresados por el actor en su libelo...", pasando de seguidas a señalar, en veinticuatro (24) puntos, los argumentos de la pretensión del actor que niega, rechaza y contradice; observándose que solamente en los puntos números cuatro (4), siete (7), quince (15), diecisiete (17) y dieciocho (18), se esgrime un fundamento, en algunos casos vagos e imprecisos, que sustenta la negativa, rechazo y contradicción del hecho alegado por el accionante en su libelo de demanda, constatando la Sala que en los puntos restantes se dio contestación pura y simple.

 De lo anterior se desprende que el demandado no dio íntegra contestación a la demanda en la forma prevista en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo; trayendo como consecuencia que la recurrida erradamente le impusiera la carga de la prueba al trabajador accionante, a tenor de lo previsto en el artículo 1.354 del Código Civil, y 506 del Código de Procedimiento Civil, lo cual se traduce en el vicio de falsa aplicación de las mencionadas normas, por haber hecho uso de éstas en una situación de hecho que no es la contemplada en ella, así como también se observa que la recurrida incurre en el vicio de falta de aplicación del artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, por no aplicar dicha norma para la resolución del presente caso. Así se establece. 

29-8-01

Sala Constitucional: hechos no expresa y razonadamente contradichos por el patrono

SENTENCIA SCS 29-8-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR Iván Rincón. Caso ANCOR COSMETICS, C.A. Exp. Nº 01-1336, sentencia Nº 1.608:

Al respecto, es preciso señalar que la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 15 de marzo de 2000 (Ennio José Zapata contra Banco de Venezuela, S.A.C.A.), analizó el contenido del artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo y expresó:

“...mediante sentencia de la Sala de Casación Civil en fecha 27 de julio de 1994 (ANTONIO DAHDAH KHADAU CONTRA ASSAD DAHDAH KADAU), y que hoy se reitera, se estableció el siguiente criterio:

´A tenor de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, ´el demandado o quien ejerza su representación, deberá al contestar la demanda, determinar con claridad cuáles de los hechos invocados en el libelo admite como ciertos y cuáles niega o rechaza. Se tendrán admitidos aquellos hechos indicados en el libelo respecto de los cuales, al contestar la demanda, no se hubiere hecho la requerida determinación, es decir, la indicación de los hechos que se admiten y los que se niegan o rechazan, ni aparecieren desvirtuados por ninguno de los elementos del proceso.

Esa disposición como lo expresó este Supremo Tribunal, tiene por finalidad que los juicios de trabajo se basen en una posición honrada y justa dentro de la desigualdad inherente a la situación real de cada una de las partes; y va dirigida a lograr la lealtad procesal y a que las pruebas puedan realizarse de una manera equitativa, justa y acomodada a la realidad de este tipo de juicio, en el que al trabajador que generalmente es actor, le es muy difícil hacer la prueba que pretende de su demanda (...).

(...) no quiso el legislador (...) que el demandado se limitara, como en los juicios ordinarios, a decir: ´contradigo la demanda en todas y cada una de sus partes, tanto en los hechos como en el derecho´, sino que le exigió algo más; concretar los hechos invocados en el libelo que admite como ciertos y los que niega o rechaza bajo pena de incurrir en confesión ficta si no lo hiciere.’

A tal efecto se observa, que (...) el régimen de distribución de la carga de prueba en materia laboral, conocido en la doctrina como ‘el principio de la inversión de la carga de la prueba’, se distingue del principio procesal civil ordinario establecido en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, respecto del cual, corresponde al demandante alegar y probar los hechos constitutivos de su acción. Por otra parte, la forma de establecer la carga de la prueba en los juicios laborales no infringe de modo alguno el principio general, debido a que la finalidad principal es proteger al trabajador de la desigualdad económica en que se encuentra frente al patrono, (...)

(...) La finalidad de esta norma es de alguna manera simplificar el debate probatorio, dando por admitidos los hechos del demandante, que no hayan sido expresa y razonadamente contradichos por el patrono.”

Aplicando el criterio jurisprudencial expuesto, aprecia la Sala que en la sentencia accionada el juzgador actuó ajustado a derecho al no apreciar la carta de renuncia promovida por la empresa demandada durante el lapso probatorio, debido a que dicha empresa, ahora accionante, ejerció de manera insuficiente su defensa, puesto que en la contestación a la demanda se limitó a negar el comienzo de la prestación de servicios de la trabajadora el 29 de julio de 1994, el salario devengado y el despido el 15 de septiembre de 1999, pero no alegó expresamente su renuncia. Tal alegato no podía suplirse con la afirmación de que el trabajador no fue despedido en la fecha indicada.

Por otra parte, se evidencia del expediente que la accionante tuvo la oportunidad de hacer sus alegatos y promover pruebas durante el juicio y ejercer los recursos que el ordenamiento jurídico le concede para su defensa.

De esta forma, concluye la Sala que, de los hechos narrados por la accionante, no se evidencia la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso, denunciado como conculcado, ni de ningún otro derecho de rango constitucional, y lo que se plantea es la disconformidad de aquélla con el fallo accionado, razón por la cual, debe declararse improcedente in limine litis la presente acción de amparo constitucional, y así se declara.

26-7-01

La demandada fundamentó el motivo del rechazo

SENTENCIA SCS 26-7-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR ALFONSO VALBUENA CORDERO. MIGUEL ÁNGEL HERRERA contra INVERSIONES MARIHUMA S.R.L. Exp. Nº 01-181, sentencia Nº 207:

De un análisis detallado del escrito de contestación a la demanda, se evidencia que el demandado no sólo negó, rechazó y contradijo los términos en que quedó planteada la litis, sino que fundamentó el motivo del rechazo, de la forma como a continuación se transcribe:

“Niego, rechazo y contradigo el cálculo que adicionalmente a las horas extraordinarias fundamentadas en los artículos 153, 212 y 216 de la Ley Orgánica del Trabajo, pretende el trabajador reclamante, pues simplemente este cumplía su jornada de trabajo de acuerdo al horario fijado por la empresa para su personal de vigilancia y según lo establecido en el artículo 198 de la Ley Orgánica del Trabajo.

(omissis)

Niego, rechazo contradigo y desconozco el cálculo, que mi representada adeude la cantidad de Setecientos Treinta y Dos mil ciento Noventa y Cinco Bolívares (Bs. 732.195.00), por concepto de 53 domingos, ya que estos le eran cancelados al trabajador reclamante en el salario que recibía quincenalmente durante el tiempo de permanencia en la empresa en la cual siempre prestó servicio como vigilante...”

    De lo anteriormente transcrito, se desprende que en el presente caso no se ha verificado la admisión de los alegatos, en cuanto al punto aludido, por cuanto como ya se señaló, el demandado rechazó, contradijo y fundamentó los hechos alegados por el demandante en su libelo de demanda, por lo que no pueden considerarse admitidos tales hechos, razón por la cual no incurre la recurrida en la infracción de la norma contenida en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo y así se decide.

SCS 28-5-02

Cuestiones previas y contestación a la demanda

Ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo. Exp. Nº  01-777, sentencia Nº 308:

Alega el recurrente que la sentencia impugnada entendió que la contestación de la demanda, debió efectuarse el segundo día de despacho siguiente al auto de 8 de marzo de 2000, en conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, en vez de aplicar el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, según el cual la contestación de la demanda debió efectuarse dentro de los cinco días siguientes a aquel en que la parte subsanó voluntariamente los defectos u omisiones conforme al artículo 350 del mismo Código y tal error de interpretación llevó a la Alzada a la conclusión de que la parte accionada, sí contestó la demanda oportunamente y, en consecuencia, no aplicó la sanción de confesión ficta ni declaró con lugar la demanda y por tal razón solicita se declara la nulidad de la sentencia.

La Sala observa:

El artículo 358, ordinal 2º del Código de Procedimiento Civil dispone:

“Si no se hubieren alegado las cuestiones previas a que se refiere el artículo 346, procederá el demandado a la contestación de la demanda. En caso contrario, cuando habiendo sido alegadas, se las hubiere desechado, la contestación tendrá lugar:

2º En los casos de los ordinales 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del artículo 346, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que la parte subsane voluntariamente el defecto u omisión conforme al artículo 350; y en caso contrario, dentro de los cinco días siguientes a la resolución del Tribunal, salvo el caso de extinción del proceso a que se refiere el artículo 354.”

Sobre el trámite de las cuestiones previas y la oportunidad para la contestación de la demanda en el juicio laboral, la Sala Civil, en sentencia de 4 de noviembre de 1999 estableció su criterio, que esta Sala de Casación Social ha hecho suyo, en el cual estableció:

“Si las normas de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo han quedado prácticamente derogadas por los nuevos preceptos del Código de Procedimiento Civil, al quedar eliminadas en éste el régimen de las excepciones dilatorias y de inadmisibilidad al cual remitía el artículo 64 de la mencionada Ley Orgánica, no queda más que ampliar la doctrina integradora de la Sala en este campo específico, dejando establecido que a partir de la fecha de publicación del presente fallo, el procedimiento aplicable en los procesos contenciosos especiales laborales y agrarios, será el contenido en las disposiciones respectivas de las cuestiones previas consagradas en los artículos 346 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, por lo que su trámite se regulará como sigue: “... ...”

Alegadas las cuestiones previas consagradas en los ordinales 2º al 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, la parte podrá subsanar el defecto u omisión dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del lapso de emplazamiento; si no los subsana en ese plazo se entenderá abierta la articulación probatoria a que se contrae el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, y si éstas son declaradas con lugar, el proceso se suspende hasta que el demandante subsane dichos defectos u omisiones, para lo cual dispondrá de cinco días hábiles a contar del pronunciamiento del juez. Si el actor no subsana los defectos u omisiones en ese plazo el proceso se extingue, produciéndose el efecto señalado en el artículo 271 ejusdem.

La decisión del juez sobre estas cuestiones previas no tendrá apelación. En estos casos, la contestación de la demanda deberá producirse dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que la parte subsane voluntariamente el defecto u omisión; en caso contrario, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la resolución del tribunal, salvo el caso de extinción del proceso a que se refiere el artículo 354 ibídem”. (Subrayado de la Sala)

En aplicación de la doctrina antes indicada en los juicios laborales el procedimiento aplicable para las cuestiones previas y la contestación de la demanda, cuando hayan sido opuestas defensas de esta clase, es el consagrado en el Código de Procedimiento Civil.

Si se opone alguna de las cuestiones previas contenidas en el artículo 346 ordinales 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del referido Código, la parte actora tiene cinco días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de emplazamiento para subsanar voluntariamente el defecto u omisión. Si la parte demandante subsana, la contestación de la demanda se realizará dentro de los cinco días de despacho siguientes contados a partir de la subsanación, sin necesidad de decisión del Tribunal; caso contrario, si la parte actora no subsana, se sustancia y decide la incidencia.

Pero si la parte demandada se opone a la subsanación, porque es ella la que consideró defectuosa la demanda y a ella le corresponde la carga de alegar la indebida subsanación, el Tribunal decidirá dentro de los tres días de despacho siguientes sobre la suficiencia o no de la rectificación, en el primer caso la contestación de la demanda tendrá lugar dentro de los cinco días de despacho siguientes a la decisión del Tribunal y en el segundo caso, al igual que si la parte actora no subsana, se abre una articulación probatoria de ocho días de despacho y el juez decidirá el décimo día de despacho siguiente al vencimiento de la articulación.

Si el juez declara con lugar la cuestión previa, la parte demandante debe comparecer y subsanar el defecto u omisión dentro de los cinco días de despacho siguientes a la decisión y la contestación de la demanda tendrá lugar dentro de los cinco días de despacho siguientes a la subsanación; caso contrario, si la parte actora no subsana, el juicio se extingue.

Pero si la parte actora subsana y la parte demandada se opone a la subsanación, el Tribunal decidirá dentro de los tres días de despacho siguientes, si ha sido o no debidamente corregido y en el primer caso, la contestación de la demanda tendrá lugar dentro de los cinco días de despacho siguientes al fallo, pues caso contrario, se produce la extinción del proceso, todo en conformidad con lo dispuesto en los artículos 350, 352, 354 y 358 ordinal 2º del Código de Procedimiento Civil.

En conclusión, se amplía la doctrina de la Sala sobre el trámite de las cuestiones previas y la oportunidad para la contestación de la demanda en el juicio laboral, por lo que si se opone alguna de las cuestiones previas contenidas en el artículo 346 ordinales 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del referido Código, el Tribunal sólo estará obligado a decidir sobre la suficiencia o no de la subsanación, si la parte demandada se ha opuesto a la misma y la contestación de la demanda se realizará dentro de los cinco días de despacho siguientes contados a partir de la subsanación, cuando la parte subsane voluntariamente o por orden del Tribunal, todo en conformidad con lo dispuesto en los artículos 350, 352, 354 y 358 ordinal 2º del Código de Procedimiento Civil.

SCS 6-11-02

Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz. Exp. Nº  02-315, dec. Nº 605:

Los hechos no negados pueden ser desvirtuados por las actas del expediente

Obligación del Juez de analizar las pruebas

Conteste con los anteriores extractos de la sentencia recurrida, se denota, como el Juez de Alzada consideró conforme al alcance del artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, el que la parte demanda admitió lo hechos que fueran indicados en el libelo de demanda, por cuanto no realizó en su contestación, la debida determinación de aquellos que negaba o rechazaba.

Empero, pareciera obviar el Juzgador, el último aparte del citado artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, que establece:

“(...) Se tendrán por admitidos aquellos hechos indicados en el libelo respectivo de los cuales, al contestarse la demanda, no se hubiere hecho la requerida determinación ni aparecieren desvirtuadas por ninguno de los elementos del proceso (Subrayado de la Sala).

En tal sentido, el Sentenciador Superior se encontraba obligado acorde con lo arriba indicado, en verificar si más allá de la admisión de los hechos, los mismos no resultaron desvirtuados por algún elemento del proceso, a saber, cualquier material probatorio.

Así lo ha entendido esta Sala, cuando en fecha 26 de julio de 2001, sostuvo:

“Así tenemos, como la Sala en reiteradas veces, se ha pronunciado con relación a la confesión que se instituye en la citada norma de la ley adjetiva del trabajo, cuando por ejemplo, en fecha 14 de junio, señaló que:

“También debe esta Sala señalar con relación al mencionado artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, en lo referente a cuándo se tendrán por admitidos los hechos alegados por la parte actora, que en estos casos, se deberá aplicar la llamada confesión ficta.

Es decir, se tendrán por admitidos aquellos hechos alegados por la parte accionante en su libelo, que el respectivo demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, o cuando no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar dichos alegatos del actor.

En otras palabras, la demandada tendrá la carga de desvirtuar en la fase probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la contestación el fundamentado rechazo, de lo contrario, el sentenciador deberá tenerlos como admitidos”. (Subrayado de la Sala). (...)

(...) En todo caso, como quiera que el recurrente en su denuncia plantea la obligación del Sentenciador conteste con el alcance del artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, en analizar los elementos cursantes en autos a los fines de verificar si de los mismos no pudiera resultar enervada la pretensión del accionante, e independientemente de la confesión ficta que sobre él hubiere recaído; debe esta Sala destacar conforme a lo precedentemente expuesto, que tal admisión de los hechos ciertamente puede desvirtuarse por algunos de los elementos del proceso, pero con la salvedad, que tanto en los supuestos por los cuales opera la confesión ficta de acuerdo al artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, como en aquellos regulados en el artículo 68 de la ley procesal del trabajo, la oportunidad para enervar la acción del demandante conforme a dichos elementos del proceso, no es otra que en la fase probatoria, a menos, que se trate de un instrumento que tenga la fuerza de un documento público y se haya acumulado en el proceso con anterioridad.

SCS 18-10-01

Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz. Exp. Nº  01-394, dec. Nº 247:

El juez deberá sentenciar en consideración a que los hechos constitutivos de la pretensión son ciertos

Del párrafo ut supra transcrito, se evidencia que la recurrida señala que, aun y cuando se haya producido la confesión ficta, para que sea procedente una indemnización por daño moral debe el actor probar el hecho ilícito que lo produce, juicio éste que conlleva a la errónea interpretación del ya transcrito artículo 362, en razón de que, como se señaló anteriormente, al operar la confesión ficta se tendrán por admitidos los hechos que sustentan la pretensión, es decir, al quedar confeso el accionado, éste admite los elementos fácticos que sirven de base a la demanda, y por consiguiente, el Juez deberá sentenciar en consideración a que éstos hechos, constitutivos de la acción, son ciertos.

SCS 31-5-01

Ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo. Exp. Nº 01-054, dec. Nº 114:

Negación pura y simple de la prestación de servicios no invierte la carga de la prueba

En el caso de autos el Tribunal Superior declaró sin lugar la demanda, porque consideró que la parte actora tenía la carga de probar la existencia de la prestación personal del servicio y no lo hizo, pues el actor alegó haber prestado un servicio personal a la demandada y la parte demandada negó y rechazó que el actor le hubiese prestado servicios personales, por lo cual no incurrió el Tribunal de alzada en error de interpretación acerca del contenido y alcance del artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, pues en relación con la alegación fundamental del trabajador de prestación de un servicio personal, si el patrono niega y rechaza la misma, ello es suficiente para que se mantenga inalterable la carga de la prueba en relación con tal alegación, sin que sea necesario que el patrono aduzca algo más, razón por la cual, a juicio de la Sala, el Tribunal Superior interpretó correctamente la norma y por ello no puede prosperar la delación formulada.

SCS 26-7-01

Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz. Exp. Nº  01-218, dec. Nº 169:

En caso de falta de contestación se aplica art. 362 CPC

Juez no está obligado a verificar si la pretensión es o no procedente,

Efectivamente, al artículo 68 de la ley procesal laboral antes comentado, establece que “(...) Se tendrán por admitidos aquellos hechos indicados en el libelo respectivo de los cuales, al contestarse la demanda, no se hubiere hecho la requerida determinación ni aparecieren desvirtuadas por ninguno de los elementos del proceso”. (Subrayado de la Sala).

Lo antes expuesto ilustra de una manera categórica, que el citado artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo no hace referencia alguna a los supuestos en los cuales no se diere contestación a la demanda, o se realice de forma intempestiva.

Concluye esta Sala, por mandato del artículo 31 de la propia Ley Adjetiva del Trabajo, que en los asuntos de índole laboral en los cuales la parte demandada no de contestación a la demanda, bien porque no comparezca al juicio para ello, o aun compareciendo lo haga de manera extemporánea, debe aplicarse de forma supletoria el dispositivo contenido en el artículo 362 del Código del Procedimiento Civil. Así se establece.

[...]

De allí, que en los casos en los que la parte demandada no promoviera prueba alguna en la oportunidad legal para ello, o aun promoviéndola, lo hiciera de manera extemporánea, la confesión queda ordenada por la ley, ya no como una presunción, sino como una consecuencia legal, y en tal sentido, el Sentenciador no se encuentra obligado a verificar si la pretensión es o no procedente, si son veraces o falsos los hechos y la trascendencia jurídica de los mismos, pues, sólo le resta constatar que la acción no esté prohibida por la ley, es decir, que sea contraria a derecho, para luego, decidir ateniéndose a la confesión acaecida.

Para mayor abundamiento de lo concluido ut supra, resulta pertinente transcribir la siguiente jurisprudencia:

“(...) Vencido el lapso de promoción de pruebas, sin que la parte demandada promueva alguna que le favorezca, la confesión queda ordenada por la Ley, no como presunción, sino como consecuencia legal, por haberse agotado la oportunidad de probanzas, aun en contra de la confesión. Ya el Juzgador, no tiene por qué entrar a conocer si la pretensión es o no procedente, si son veraces o falsos los hechos y la trascendencia jurídica de los mismos, sino que constatado que la pretensión no está prohibida por la Ley, lo cual es un hecho negativo, debe decidir ateniéndose a la confesión del demandado. (Sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 14 de junio de 2000).

SCS 21-6-00

Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz. Exp. Nº  99-572, dec. Nº 204:

Aceptó la prestación personal de servicios, pero calificó la relación de mercantil

De la transcripción anterior, se evidencia que el sentenciador yerra en su consideración sobre la carga probatoria de la relación de trabajo, toda vez que habiendo sido aceptado por la demandada la existencia de una prestación de servicio personal entre ella y el demandante, pero calificándola de “relación mercantil”, operó la presunción del contrato de trabajo, produciéndose en consecuencia, la inversión de la carga de la prueba a favor del accionante, es decir, corresponde a la empresa probar la no existencia de los elementos del contrato.

De forma que, en el presente caso, correspondía a la demandada probar la ausencia de uno de los requisitos de la relación de trabajo, lo cual no fue analizado por el sentenciador de la recurrida, quien se limitó a señalar la no demostración del elemento de la subordinación, cuando en realidad su existencia se presume, correspondiéndole a la empresa desvirtuar tal presunción, de manera pues que, al estimar la recurrida que no había quedado demostrado dicho extremo de subordinación, efectivamente incurrió en una errónea interpretación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo y del artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo; en consecuencia, debe declararse procedente esta denuncia y, así se decide.

SCS 18-12-00

Ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo. Exp. Nº  98-593, dec. Nº 543:

Cuando se hayan alegado condiciones particulares convenidas expresa o tácitamente

En consecuencia, se considerará motivación suficiente aquella que aunque exigua constituya la expresión de una razón que permita el control de la legalidad del fallo, y en ese sentido se aceptará como tal la consistente en que establecida por el juez la relación de trabajo que ha sido rechazada por el empleador al contestar la demanda, se tienen como correctas en montos y procedencia, las prestaciones que legalmente derivan de la misma, salvo que el demandado haya demostrado haberlas pagado, de modo que no basta para su defensa el solo rechazo de los conceptos demandados, sino que corre a su cargo la demostración de la extinción de las obligaciones respectivas.

Pero en este punto es necesario distinguir entre la distribución de la carga de la prueba y los efectos de la “confesión ficta”, con su tratamiento particular en el ámbito laboral según los términos del último aparte del artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo.

Lo primero es una consecuencia lógica de la posición de las partes en la situación de facto respectiva, entendiéndose que es el patrono quien en términos generales debe tener y de hecho tiene a la mano los comprobantes correspondientes a los pagos que ha efectuado al trabajador y los recaudos que reflejan las condiciones en que se desarrolló la prestación de servicios, y sobre quien recae por tanto la carga de suministrar en el proceso los elementos que permitan al juez determinar lo conducente. Lo segundo va más allá e implica la posibilidad de que habiendo sido alegados extremos de hecho y consecuencias derivadas de la prestación de servicios superiores o distintas de las previstas legalmente, se las tenga como aceptadas y se condene por ello a pagarlas. Así, por ejemplo, una vez determinada por el juez la existencia de una relación laboral de dos años, es consecuencia directa de ella el pago de las prestaciones sociales previstas en la ley para tal supuesto, y corresponde al deudor de las mismas demostrar que fueron canceladas, sin que pueda librarse de esa carga por el solo expediente de rechazar su procedencia y monto. Pero es también posible que se hubieren alegado condiciones particulares convenidas expresa o tácitamente entre empleador y trabajador, que superen en poco o en mucho las previsiones legales como un pago de preaviso en monto equivalente a 4 o 6 meses de salario o pago de horas extras con recargo del triple de la hora normal, pues, si ello es controvertido particularmente según las prescripciones del artículo 68 citado, esto es, no existe una situación de “confesión ficta”, deben encontrarse demostrados los extremos pertinentes y es necesario que el juez al declarar su procedencia, exponga los fundamentos en que se apoya a esos efectos, sin perjuicio de remitir la precisa determinación de los montos respectivos, de ser necesario y procedente, a una experticia complementaria del fallo, porque de otra manera no podría controlarse la legalidad de lo que se declara ni tendría garantía suficiente en su defensa la parte afectada por las conclusiones del juzgador.

En consecuencia, dado que la recurrida omitió el análisis y fundamentación de la procedencia de los distintos conceptos reclamados en el sentido de determinar a quién corresponde demostrarlos según su naturaleza, entre ellos los indicados en las denuncias aquí examinadas, infringió el ordinal 4º del artículo 243 Código de Procedimiento Civil, por ausencia de los motivos de hecho y de derecho de su decisión, en concordancia con los artículos 12 y 244 eiusdem, en cuanto al deber de atenerse a lo alegado y probado en los autos y el efecto anulatorio que el último contempla. Así se declara.

SCS 5-12-02

Ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo. Exp. Nº  02-223, dec. Nº 661:

Violación del art. 68 LOTPT es infracción de ley, no defecto de actividad

El artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo establece en su último aparte que se tendrán por admitidos aquellos hechos indicados en el libelo de la demanda respecto de los cuales no se hubiere hecho la respectiva determinación al contestarse la demanda, ni fueren desvirtuados por ninguno de los elementos del proceso; por tanto, si bien se trata de una norma adjetiva, su infracción está relacionada con la decisión de la controversia, no con el orden del proceso y tal violación ha debido ser planteada, mediante la apropiada denuncia de error de juzgamiento, lo cual no es el caso, y en consecuencia, su quebrantamiento debe ser denunciado como una infracción de ley y fundamentarse en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

SCS 17-5-01

Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz. Exp. Nº  00-469, dec. Nº 86:

Pretensión desvirtuada por el Contrato Colectivo

En el presente caso, el Juez debió aplicar en virtud de su especialidad en materia laboral, el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, el cual según la doctrina de la Sala antes expuesta, “establece la forma y el momento en que debe ser contestada la demanda en el proceso laboral, y también, cuándo se invierte la carga de la prueba y cuáles de los hechos alegados por el actor se tendrán por admitidos”.

Ahora bien, de autos se desprende que la parte demandada dio contestación a la demanda y se excepcionó negando y rechazando entre otros puntos: la interpretación dada por la actora en relación al pago legal y contractual en la que considera son excluyentes el uno del otro y por ello se debían calcular por un lado los beneficios contractuales y por otro, los legales, fundamentándose la querellada sobre este punto en que los pagos por la terminación de la relación laboral establecidos en la Ley y en el Contrato Colectivo, participan de la misma naturaleza indemnizatoria y por ende, al sumar las indemnizaciones contractuales con las legales, se estaría realizando un pago repetido por la misma causa.

A los fines probatorios presentaron copia del Contrato Colectivo suscrito en el año 1992 entre Lagoven, Filial de Petróleos de Venezuela, la Federación de Trabajadores Petroleros, Químicos y sus similares de Venezuela (FEDEPETROL) y la Federación de Trabajadores de la Industria de Hidrocarburos y sus Derivados de Venezuela (FEDEHIDROCARBUROS), que a su vez resultaba idóneo para desvirtuar, fundamentalmente, la pretensión de la actora en cuanto al pago de prestaciones sociales con base a la aplicación de la norma contenida en la cláusula 22-23-24 del referido Contrato, de la cual alegó, que con base a la misma el pago por antigüedad debía hacerse en forma legal y contractual, es decir, que de conformidad con lo allí establecido se le debían cancelar la indemnización en ella prevista y adicionalmente la indemnización legal.

De manera que, el sentenciador en aplicación del mencionado artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, no debió tener por admitidos los hechos alegados por la parte actora, por cuanto según la doctrina antes señalada, esta sanción sólo procede cuando no se hubiere dado contestación fundamentada a la demanda y aunado a ello, no se hubiese aportado a los autos ningún elemento probatorio capaz de desvirtuar los hechos alegados por la parte demandante.

De lo anteriormente expuesto se colige que, si el sentenciador de la última instancia hubiese aplicado el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, no hubiese condenado al demandado a cancelar por concepto de prestaciones sociales, seis (6) meses de salario por concepto de antigüedad, correspondientes a la indemnización doble de: La suma de lo estipulado en el Contrato Colectivo más la indemnización legal prevista en la Ley Orgánica del Trabajo; dado que, de la interpretación de la Cláusula 22-23-24 del Contrato Colectivo se aprecia, que ésta otorga a aquellos trabajadores que renuncien a su puesto y que tengan tres (3) o más años de servicio, una indemnización por antigüedad legal equivalente a quince (15) días, por antigüedad adicional quince (15) días y de igual forma por antigüedad contractual una suma equivalente a quince (15) días. Todo lo cual, permite establecer el hecho de que en la Cláusula Contractual se encuentra preceptuada la indemnización legal establecida en la Ley Orgánica del Trabajo; por lo tanto, la dispositiva del fallo ordenó un pago repetido y además doble.

SCS 2-8-01

Ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo. Exp. Nº  01-138, dec. Nº 214:

Negada la prestación personal de servicios, el trabajador la demostró

En el caso de autos el Tribunal Superior declaró con lugar la demanda, porque consideró que la parte actora tenía la carga de probar la existencia de la prestación personal del servicio, pues el actor alegó haber prestado un servicio personal a la demandada y la parte demandada negó y rechazó que el actor le hubiese prestado servicios personales, y durante el período probatorio el demandante demostró plenamente la prestación personal del servicio. Sobre la base de ello el Tribunal Superior aplicó la presunción legal contenida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo y declaró demostrada la existencia de la relación de trabajo, al tiempo que consideró admitidos por la demandada los demás hechos alegados por el actor, que fueron negados en forma pura y simple en la contestación, en aplicación del artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo y de la jurisprudencia de la Sala, por lo cual no incurrió el Tribunal de alzada en error de interpretación acerca del contenido y alcance del artículo 68 de la referida Ley, pues en relación con las alegaciones del trabajador relativas a: preaviso, antigüedad, compensación por transferencia, indemnización por despido, vacaciones, utilidades, intereses sobre prestaciones sociales, entre otras, si el patrono niega y rechaza las mismas en forma pura y simple, no demuestra nada que le favorezca y la petición del trabajador no es contraria a derecho, se debe considerar que ha incurrido en confesión ficta sobre estos particulares, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 eiusdem, en concordancia con el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

SCS 13-2-02

Ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo. Exp. Nº  01-659, dec. Nº 174:

El juez declaró parcialmente con lugar la demanda fundado en razones de derecho

En el caso examinado se denuncia falta de aplicación del artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo. Consagra el prenombrado artículo la norma jurídica que regula la forma y el tiempo procesales en los cuales el demandado debe dar contestación a la demanda incoada en su contra, que de acuerdo con la doctrina de la Sala supone que el demandado debe determinar con claridad cuáles de los hechos invocados en el libelo admite como ciertos y cuáles niega o rechaza. Sólo la extemporaneidad de la contestación, o la contestación de la demanda genérica o vaga, o la omisión de la misma, trae como consecuencia la confesión ficta del patrono, pues la finalidad es dar por admitidos los hechos del demandante que no hayan sido expresa y razonadamente contradichos por el patrono.

En el caso de autos el Tribunal Superior declaró parcialmente con lugar la demanda, porque consideró procedentes sólo algunos de los conceptos laborales reclamados o en cantidad inferior a la aspirada, sobre la base de que el tiempo de prestación del servicio y el salario para prestaciones eran menores que los pretendidos, no por haber alterado la carga de la prueba al dejar de aplicar el artículo denunciado, sino fundado en razones de derecho, tales como: que la duración del procedimiento de estabilidad laboral no se computa y que el demandado aceptó el salario alegado por el actor al momento de persistir en el despido, para dar por terminado el procedimiento de estabilidad laboral, por lo cual no incurrió el Tribunal de alzada en falta de aplicación del artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo.

SCS 29-11-01

Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz. Exp. Nº  01-368, dec. Nº 321:

Aplicación del art. 38 LOTPT a la materia agraria

Tal y como se desprende del contenido de la denuncia que antecede, el recurrente delata la falta de aplicación del artículo 17 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, lo cual conllevó a la falta de aplicación del artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, y que por vía de consecuencia al no haber él contestado la demanda, conforme a lo pautado en el referido artículo, éste admitió que el demandante es el propietario del inmueble que se reivindica; que el demandado ocupa un sector de ese inmueble; que éste negó entregárselo, pese a los requerimientos realizados por el demandante; que el inmueble a reivindicar es el mismo que el demandado posee y que el referido inmueble se encuentra dentro de los linderos siguientes: Norte: terrenos propiedad del demandante; Sur: Morichal Agua Negra; Este: Terrenos Propiedad de Andrés Ballie; y Oeste: Terrenos propiedad del demandante. Motivos por los cuales se relevó al demandante de probar lo referente a la comprobación de la identidad de la cosa a reivindicar.

Ahora bien, el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo establece:

“...el demandado o quien ejerza su representación, deberá, al contestar la demanda, determinar con claridad cuáles de los hechos invocados en el libelo admite como ciertos y cuáles niega o rechaza y expresar asimismo los hechos o fundamentos de su defensa que creyere conveniente alegar.

...omissis...

Se tendrán por admitidos aquellos hechos indicados en el libelo respectivo de los cuales, al contestarse la demanda, no se hubiere hecho la requerida determinación ni desvirtuadas aparecieren por ninguno de los elementos del proceso.”

Del referido artículo se desprende la consecuencia jurídica que deviene al no contestarse la demanda en forma pormenorizada, es decir, que al producirse esa actuación tal y como lo preceptúa la norma, siempre y cuando los hechos allí alegados no aparecieren desvirtuados por los elementos de autos, se tendrán por admitidos.

Tal criterio ha sido admitido y ratificado por esta Sala de Casación Social, pues en distintas sentencias así lo ha indicado.

Ahora bien, del estudio exhaustivo del escrito de contestación a la demanda, del mismo se desprende que el querellado si bien no determinó los hechos que deseaba negar de manera pormenorizada, éste adujo una defensa que para el entender de la Sala, en su contexto ataca la substancia o médula espinal de los juicios de reivindicación, como lo es el desconocimiento del título de propiedad del bien que se pretende reivindicar y, al desconocer tal titularidad, no podría entenderse otro hecho como es el de desconocer la acción reivindicatoria en su totalidad. Motivos por los cuales estima la Sala, el Juez de la recurrida no infringió por falta de aplicación el artículo 17 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos Agrarios, así como tampoco se infringió el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo.