SCS 29-3-07

Ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero. Exp.  06-1453, dec. 667:

Daño moral pagado a los herederos

El artículo 1.185 del Código Civil establece que:

El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo....

El artículo 1.196 eiusdem prevé lo siguiente:

La obligación de reparación se extiende a todo daño material causado por el acto ilícito.

El Juez puede, especialmente, acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación o a los de su familia, a su libertad personal, como también en caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada. El Juez puede igualmente conceder una indemnización a los parientes afines o cónyuge, como reparación del dolor sufrido, en caso de muerte de la víctima.

Probado el hecho ilícito surge para la víctima el derecho a la reparación por el daño material o moral que se le ha causado y ello constituye una certeza en cuanto al derecho y una expectativa respecto al monto, que deberá ser establecido judicialmente, o por convenio entre las partes. El monto fijado entra a formar parte del patrimonio de la víctima no obstante que dicho monto haya sido fijado judicialmente con posterioridad a su muerte. En esta hipótesis, el Tribunal de alzada al declarar la existencia del daño y la reparación correspondiente, decide sobre una situación preexistente a la muerte de la víctima del daño, y el monto de esa reparación pasa a integrar el acervo hereditario, bien se trate de reparación por daño material o inmaterial. La ley no establece diferencia al respecto.

La naturaleza de derecho personalísimo a la reclamación del daño moral determina quien tiene cualidad para ejercer la acción reparatoria, pero ejercida ésta y una vez admitida la demanda por el tribunal, corresponde a este en primer lugar determinar si efectivamente se produjo el daño y, en caso afirmativo, establecer las consecuencias del mismo. Entre estas consecuencias se destacan las reparaciones por daño material y moral. Si la persona afectada muere antes de que sean fijados los montos de las reparaciones, cualesquiera que sean estas, las cantidades fijadas pasarán a sus causahabientes, no como reparación, sino como derecho hereditario. (Vid. punto resolutivo 2do. de la sentencia de fecha 26 de mayo de 2001, caso Villagrán Morales y otros, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual se decidió que las reparaciones por daño moral sufrido por los niños muertos por agentes policiales de Guatemala, fueran pagadas a sus causahabientes).

Por tales motivos la Sala considera que la demanda por daños sufridos por el ciudadano Manuel Herrera fue ejercida con cualidad para hacerlo, en virtud del carácter personalísimo de la pretensión. El pronunciamiento judicial pretendido era la declaración de la existencia del daño, el derecho a la reparación y la fijación del monto de la reparación, lo cual fue realizado por los Tribunales de Instancia. No puede de ninguna manera interpretarse que el derecho a la reparación se constituye a partir de la sentencia que lo reconoce, sino que el mismo deriva del hecho generador del daño, declarado judicialmente.

Por las razones anteriormente expuestas, el Tribunal ad quem no infringió, por falsa aplicación, la disposición legal denunciada y en consecuencia, se declara improcedente la presente denuncia y así se resuelve.

SCS 18-9-03

Ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo. Exp.  02-589, dec. 536:

Casos mencionados se reparan como daño moral

El artículo 1.196 del Código Civil establece: “la obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el hecho ilícito. El Juez puede, especialmente, acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación, o a los de su familia, a su libertad personal, como también en el caso de violación de su domicilio o de su secreto concerniente a la parte lesionada. El Juez puede igualmente conceder una indemnización a los parientes, afines, o cónyuge, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima”.

El artículo trascrito dispone que en caso de hecho ilícito la reparación del daño causado podrá abarcar el daño material y el daño moral. Adicionalmente faculta al Juez para acordar la indemnización por daño moral en los casos mencionados de forma enunciativa, pudiendo ser extensible a los parientes, en caso de muerte de la víctima.

Respecto a la reparación de los daños ocasionados por accidente o enfermedad profesional, la Sala en sentencia de fecha 17 de mayo de 2000, señaló: “el trabajador que sufra un accidente o enfermedad profesional, deberá demandar las indemnizaciones que le correspondan por ante los Tribunales del Trabajo, ya sea tanto por la responsabilidad objetiva prevista en la Ley Orgánica del Trabajo, por daños materiales tarifados y daño moral, como por la indemnización establecida en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, así como también, si logra probar los extremos que conforman el hecho ilícito, la indemnización material que supera las indemnizaciones antes mencionadas”.

De probar el trabajador la existencia del hecho ilícito, se puede acordar la indemnización del daño material producido, por la diferencia entre la indemnización por leyes especiales y lo demandado por daño emergente y lucro cesante, así como la indemnización del daño moral ocasionado, analizando los aspectos relevantes para la estimación de éste, cuidando los extremos de no exceder el monto solicitado por el actor por este concepto, de conformidad con el artículo 1.196 anteriormente trascrito.

El error en la interpretación de la ley, supone que el Juez ha seleccionado apropiadamente la norma jurídica y yerra en la determinación del verdadero sentido de la misma.

En el caso concreto, la recurrida explicó que no resolvería la procedencia de la indemnización por daño moral puesto que ésta no fue acordada por el a quo, conformándose el actor al no haber apelado de ella, y que en atención al principio de prohibición de reformatio in peius sólo se pronunciaría sobre la indemnización por enfermedad laboral establecida en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo y sobre el daño material.

La indemnización por daño material, a diferencia del daño moral, consiste en la reparación del perjuicio patrimonial sufrido, en este caso, causado por hecho ilícito.

En el caso de autos el Tribunal Superior tomando en consideración la norma denunciada, rechazó el concepto de daños materiales alegando que si bien el trabajador demostró los elementos que dan existencia al hecho ilícito, no señaló el monto correspondiente al daño ocasionado a su patrimonio que pretende sea reparado, por lo cual no puede el Tribunal ordenar su reparación, razón por la cual, a juicio de la Sala, el Tribunal Superior interpretó correctamente la norma y por ello no puede prosperar la delación formulada.

SCS 1-8-02

Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz. Exp.  02-180, dec. 457:

En caso de confesión ficta el Juez no está obligado a condenar a la totalidad de la suma pedida por daño moral

El artículo precedentemente reseñado, determina: 1) la obligación de reparación por daño moral o material que sea producto de un acto ilícito; 2) la posibilidad, entiéndase bien, posibilidad, de que el Juez acuerde una indemnización a la víctima en ciertos casos y 3) la posibilidad de que el Juez acuerde también, una indemnización a los parientes de la víctima en caso de muerte de ésta. Entonces, se debe señalar que el Juez tiene la potestad, la discrecionalidad de conceder una indemnización por daño moral o material, pero quedando sujeto a la prudencia de éste.

En el caso bajo estudio, el formalizante considera que el sentenciador de la Recurrida no aplica el artículo 1.196 a los efectos de condenar el daño moral, empero olvida que en la presente causa operó la figura de la confesión ficta, por lo tanto, se dan por demostrados los hechos que supuestamente generaron el daño demandado y en consecuencia, el Juez de Alzada acuerda el pago de una cantidad por ello, sin necesidad de la aplicación expresa de una norma que ordene tal cuestión, aun y cuando conceda lo que dicho precepto normativo establece.

Lo que no debe pretender el recurrente, bajo ningún concepto, es que el sentenciador de la Recurrida, en base a la confesión ficta, deba acordar la cantidad total que se demanda por el daño moral, puesto que en el ordenamiento jurídico venezolano no existe norma alguna que sujete al sentenciador a tal obligación, es decir, a los efectos de condenar cierta cantidad por daño moral, el Juez no está obligado a conceder la totalidad del monto pedido, puesto que ello queda a discreción del sentenciador.

En armonía a lo señalado en las líneas que preceden, esta Sala en fallo de fecha 17 de mayo de 2000 señaló:

“(...) el daño moral, por cuanto no puede ser cuantificable, ni mucho menos tarifado por la Ley, queda a la libre estimación del Juez sentenciador.”

Por lo tanto, y en base a lo expresado ut supra, se declara que la presente denuncia es improcedente. Así se decide.

SCS 26-7-01

Ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo. Exp. 01-188, dec. 190:

Art. 1.196 como fundamento de que el daño moral no está sujeto a prueba

Por otra parte, el Juez condenó al pago del daño moral, el cual no está sujeto a prueba, pues de acuerdo con el artículo 1.196 del Código Civil: “El Juez puede, especialmente, acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación, o a los de su familia, a su libertad personal, como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada.”

Por otra parte, de existir hechos que necesiten prueba, quedaron presuntamente establecidos con la confesión ficta, y sólo cabría alegar en contra que quedaron desvirtuados por las pruebas.

SCS 13-7-00

Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz. Exp.  00-150, dec. 259:

Art. 1.196 CC preceptúa el carácter discrecional de la condena al daño moral

Asimismo, preceptúa el artículo 1.196 del Código Civil Venezolano, en su segundo párrafo que:

“El Juez puede, especialmente acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación, o a los de su familia (omissis)”.

En razón de la jurisprudencia parcialmente transcrita ut supra, y a la luz de lo dispuesto en el artículo 1.196 del Código Civil Venezolano, se evidencia que es discrecional del sentenciador determinar la cantidad a indemnizar por concepto de daño moral, es decir, se deja al arbitrio del juzgador la decisión sobre lo que se debe pagar cuando se configure el daño moral; cuestión que se constató anteriormente de la transcripción parcial de la recurrida.

SCC 14-10-04

Ponencia del Magistrado Tulio Álvarez Ledo. Exp. 04-114, dec. 1213:

Referencia de parte al daño biológico y consideración de la SCC como daño moral

En cuanto a la falta de aplicación del artículo 1.196 del Código Civil, en su primer aparte, argumenta que la indemnización reclamada a raíz de las heridas sufridas por accidente de tránsito, no constituyen un daño moral como lo observó la alzada, sino un daño material, lo cual afirma con el siguiente fundamento:

“...Esto es, se mantiene la distinción entre el daño biológico como un daño material a la salud y el daño moral, reservado exclusivamente “al dolor sufrido” (Sent. 14-02-1979 as Medero c/ Pereira y Nuevo Mundo Seguros Generales) o bien “los que afectan los valores espirituales del sujeto (Sent. N°311. 1988), bien que, invariablemente la digna Sala viene sosteniendo “que la lesión corporal a que alude el artículo 1.196 C.C. es la simple lesión física; no el daño moral” (SCCMT de 25-04-1979 asunto GAREFFA c/ C.A. SEGUROS VENEZUELA) o que “la herida sufrida es daño material (SCCMT de 10-10-1973 TRUJILLO c/ SEGUROS AVILA) (Ratificada en años recientes Sent. N° 89 de 05-04-2000)...”

En consecuencia, considera el recurrente que la juez debió aplicar lo establecido en el primer aparte del artículo 1.196 del Código Civil.

Respecto a la falta de aplicación del artículo 54 de la Ley de Tránsito Terrestre en su encabezamiento el formalizante expresa:

“...Así pues, negó la aplicación del artículo 54, encabezamiento, de la Ley de Tránsito Terrestre de 09-08-1996, y por supuesto, repito, violó el artículo 1996 (sic) del Código Civil, en su encabezamiento, dado que no cabe para resolver la controversia porque sin remedio la Jueza se confundió y pensó de ahí su error, que mis representados reclamaron un daño moral por el sufrimiento síquico (turbatio animi) y el dolor sufrido a causa de las heridas, cuando, según los justos términos expuestos y relatados por la recurrida, se nota que esto no fue lo pedido...”.

En referencia a la falsa aplicación de los artículos 54 de la Ley de Tránsito Terrestre en su tercer inciso, y 1.192, 1.193, 1.194 y el encabezamiento del 1.196 del Código Civil, el formalizante aduce lo siguiente:

“...Claro que violó por falsa aplicación el artículo 1.196, en su encabezamiento, visto que consideró erradamente que, mis representados accionaron un daño moral, por lo que siendo éstos provocados por un accidente de tráfico, debieron entonces mis representados reclamarlos sobre la base de los artículos 1.191, 1.192, 1.193 y 1.194 del Código Civil, bien que de ningún modo tenían que acomodar una pretensión de este tipo como quiera que, el artículo 54 de la Ley de Tránsito vigente para el momento del accidente, faculta al actor reclamar el daño material tanto al conductor como al propietario, que fue lo que hicieron porque el artículo 54 ídem se los permite...” (Subrayado del formalizante).

Para decidir, esta Sala observa:

Respecto a lo planteado por el formalizante, la sentencia recurrida señaló lo siguiente:

“...La Ley de Tránsito Terrestre en materia de daño moral señala en su artículo 54, que para apreciar la extensión y reparación del daño moral, el Juez se regirá por las disposiciones del Derecho Común, en este sentido, el artículo 1.196 del Código Civil, establece que la obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito, y el juez puede, especialmente, acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, cabe destacar que el daño moral está conformado por el sufrimiento de un individuo en la esfera íntima de su personalidad, que determina su degradación de valor como persona humana, respecto de otros en la sociedad en que se desenvuelve o frente a sí mismo, causado injustamente por un tercero. Dicho sufrimiento puede igualmente consistir en lesiones corporales...”

Más adelante, la alzada manifestó:

“...En el caso de autos, la actora demanda al propietario del vehículo y su garante por concepto de daño moral, ahora bien, en esta materia tal como se sentó precedentemente, éstos debieron alegar y demostrar los supuestos de responsabilidad por hecho ajeno previstos en el artículo 1.191 del Código Civil, o por guarda de cosas, prevista en los artículos 1.192, 1.193 y 1.194 del Código Civil, sin embargo, en el caso de autos los demandantes se limitaron a demandar la cantidad de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (sic) (Bs.10.000.000,00) y DOCE MILLONES DE BOLIVARES (sic) (Bs.12.000.000,00) con fundamento en la siguiente argumentación: “como indemnización especial por las graves lesiones sufridas por dicho mandante ARÍSTIDES CASTRO con ocasión a este accidente de tránsito...lesiones que aun en la actualidad padece, tal como lo dispone el artículo 1.196 del Código Civil, y en relación a la ciudadana ANA TERESA BERMAN DE CASTRO: “como indemnización especial dadas las graves y múltiples lesiones sufridas por dicha mandante con ocasión a este accidente de tránsito, lesiones que padece en la actualidad tal como lo dispone el artículo 1.196 del Código Civil”, sin alegar bajo qué supuestos el propietario del vehículo, quien no lo conducía al momento del accidente de tránsito de autos, era responsable civilmente de los daños morales demandados ...”

La recurrida estableció que la actora demandó por concepto de daño moral y no alegó la responsabilidad del propietario por hecho ajeno o por guarda de cosas; sin embargo, el formalizante aduce que la mencionada indemnización especial constituye la petición de pago de un daño material.

El artículo 1.196 del Código Civil establece:

“La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito.

El Juez puede, especialmente, acordar una indemnización a las víctimas en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación o a los de su familia, a su libertad personal, como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada.

El Juez puede igualmente conceder una indemnización a los parientes, afines o cónyuge, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima”.

Por su parte, el artículo 54 de la Ley de Tránsito Terrestre vigente para el momento de la ocurrencia del accidente establece que “...El conductor, el propietario del vehículo y su empresa aseguradora están solidariamente obligados a reparar todo daño material que se cause con motivo de la circulación del vehículo...”    

Sobre esta materia, el tratadista venezolano José Mélich-Orsini, en su obra “La responsabilidad civil por hechos ilícitos” (Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas, Caracas/2001, pag.33), dice lo siguiente:

“Al respecto, en la doctrina a la que supone afiliado nuestro Código Civil se suelen clasificar los daños morales en daños morales que afectan la parte social del patrimonio moral de la persona (los que algunos llaman “daños a la vida relación”: atentados al honor o a la reputación, daño estético, etc.) y daños morales que afectan exclusivamente la parte afectiva del patrimonio moral, caracterizándose estos últimos por consistir únicamente en un estado de ánimo (aflicción, resentimiento, ansiedad, preocupación) o en dolores físicos (sufrimientos).” (Negritas de la Sala).

En referencia a este tema, esta Sala en sentencia de fecha 5 de abril de 2000, en el juicio de José Antonio Rujano Farías c/ Línea La Popular S.R.L., estableció lo siguiente:

“Las lesiones personales ocurridas en el accidente de tránsito que han sido demandadas en el caso de autos denominándolas “daño físico”, si bien constituyen un daño material orgánico cuya reparación implica tratamiento médico, medicamentos y lucro cesante, participan primordialmente de una característica de dolor físico y sufrimiento moral, diferenciándose sustancialmente de los daños sufridos por los vehículos en colisión que son el verdadero daño material. Tal caso de daño físico o lesión personal lo estima el Legislador semejante al atentado al honor, reputación, o a los de la familia a la libertad personal, por lo que es evidente que tales daños corporales o lesiones físicas las conceptúa como daño moral y no material, razón por la cual facultó especialmente al juez, para que en tales casos pueda acordar una indemnización a la víctima, en el primer aparte del artículo 1.196 del Código Civil; e igualmente en el IN FINE de dicha norma, para conceder tal “...indemnización a los parientes, afines, o cónyuges, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima”. En ambos casos, se trata pues de una indemnización del daño moral, casos en los que el Juez está especialmente facultado por dicha disposición legal para acordar la indemnización correspondiente para cuya fijación prudencial deberá sopesar equitativa y racionalmente todas las circunstancias del caso.”

En este mismo sentido, esta Sala en decisión de fecha 15 de julio de 2004, en el juicio de Winston Antonio Cabrera Velásquez c/ Sucesión Onofrio Di Nino Di Bacco estableció:

“...Ahora bien, la Sala observa que para que el ad quem condenara al propietario del camión al pago de la indemnización por daño moral, era necesario que la víctima –en este caso, la demandante- por aplicación del artículo 1.193 del Código Civil, alegara y demostrara en autos no sólo el hecho de que la sucesión Di Nino Di Bacco es la propietaria del vehículo, sino que al mismo tiempo no hubo el traslado de la guarda al conductor, es decir, que no le transfirió el control y dirección del camión. Todo ello era necesario para determinar si era atribuible la culpa al propietario en el cuido o mantenimiento del vehículo, constituyéndose como hecho generador del daño derivado del accidente de tránsito, o en su defecto, demostrar que eran beneficiarios directos de la actividad desarrollada por el conductor...”.

En aplicación de la doctrina transcrita, esta Sala estima que en el caso de estudio la jueza de alzada no infringió por falta de aplicación el artículo 1.196 del Código Civil, al establecer que la indemnización por lesiones que fue demandada por la actora es una reparación que se deriva de un daño moral y no material como alega el recurrente, por lo que la actora debió alegar y probar la responsabilidad del propietario del vehículo por hecho ajeno o guarda de cosas, como requisito para la procedencia de la condena por daño moral.

El artículo 54 de la Ley de Tránsito Terrestre vigente para la fecha de ocurrencia del accidente establece que el conductor, el propietario del vehículo y su empresa aseguradora están solidariamente obligados a reparar todo daño material que se cause con motivo de la circulación del vehículo. En el caso del daño moral, no existe en principio esa solidaridad, por lo cual, para que el propietario del vehículo sea condenado por daño moral, debe ser alegado y probado en autos las causas por las cuales se considera su responsabilidad.

Al respecto, en sentencia de fecha 17 de marzo de 1993, en el juicio de María G. Ramírez Barrios y otros c/ Aerobuses de Venezuela C.A.y otro esta Sala dispuso:

“...Como consecuencia de ese reexamen de la situación la Sala en su citada sentencia, estableció el siguiente resumen: por los daños materiales, ocasionados con motivo del tránsito terrestre regulados por la ley de la materia, responden solidariamente (cuando son distintas personas) conductor y propietario, pero por los daños morales, responden (sin solidaridad entre sí) el conductor o el propietario que hubiere causado el daño, todo de conformidad y en las condiciones establecidas por la Ley...”

Ahora bien, como quedó establecido anteriormente la petición hecha por la parte actora respecto de las lesiones corporales sufridas no reviste el carácter de indemnización por daño material, como ha sido plasmado por la doctrina de este Tribunal antes transcrita; por tanto, la jueza de alzada no podía aplicar la norma prevista en el encabezamiento del artículo 54 de la Ley de Tránsito Terrestre referida, la cual se refiere al daño material, sino, como acertadamente hizo, regirse por las disposiciones del derecho común conforme a lo pautado en el tercer inciso del mencionado artículo. En consecuencia, se desecha la denuncia de falsa aplicación del artículo 54 de la Ley de Tránsito Terrestre.

            Respecto al alegato de falsa aplicación del artículo 1.196 del Código Civil en su encabezamiento, esta Sala observa que la mencionada norma establece que “...La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito...” y siendo que el formalizante alega que en el presente caso hubo un daño material y la recurrida considera que se trató de un daño moral conforme a los hechos previamente establecidos, es evidente que la mencionada norma es aplicable a ambas clases de daños y en consecuencia en el caso de estudio no es susceptible de ser falsamente aplicada, por lo cual se desestima la presente denuncia.

            En cuanto a la denuncia de falsa aplicación de los artículos 1.191, 1.192, 1.193, 1.194 del Código Civil, la recurrida expresó que “...En el caso de autos, la actora demanda al propietario del vehículo y su garante por concepto de daño moral, ahora bien, en esta materia tal como se sentó precedentemente, éstos debieron alegar y demostrar los supuestos de responsabilidad por hecho ajeno previstos en el artículo 1.191 del Código Civil, o por guarda de cosas, prevista en los artículos 1.192, 1.193 y 1.194 del Código Civil...”.

            Por tanto, es evidente que la recurrida no aplicó los mencionados artículos sino que los mencionó a título ilustrativo, razón por la cual no es procedente el planteamiento del formalizante.