SCS 17-5-00

Ponencia del Magistrado Alberto Martini Urdaneta. Exp. Nº 99-188 dec. Nº 72

Aplicación del criterio vigente

No obstante lo anteriormente expuesto y a mayor abundamiento este Máximo Tribunal señala al ahora solicitante que el criterio de la Sala de Casación Civil, que fue acogido por esta Sala de Casación Social en el fallo cuya ampliación se pretende, con relación a  la doctrina que se ha de aplicar al caso bajo estudio, es la que estaba vigente para la fecha en que fueron practicadas las actuaciones, sin que ello implique como lo expresó el solicitante que dicha doctrina se hubiese aplicado como una Ley Procesal con efecto retroactivo. Así, en fallo de fecha 28 de mayo de 1997 la referida Sala, en un caso similar al de autos, expresó lo siguiente:

“Para la fecha en que se realizaron las actuaciones para practicar la notificación de la parte demandada, la doctrina de la Sala había puntualizado sobre la materia, que cuando la sentencia se dictara fuera del lapso, se debía aplicar lo dispuesto en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, es decir, el juez debía conceder por lo menos diez (10) días para que la parte se diera por notificada, advirtiendo que si no comparecía dentro del lapso señalado, el tribunal lo consideraría notificado y entonces comenzaría a correr el lapso para ejercer los recursos. También la doctrina de la Sala decía que si la parte se daba por notificada dentro de dicho lapso, se debía dejar transcurrir íntegramente el término de los 10 días para que se iniciara la oportunidad de ejercer los recursos pertinentes.

En efecto, en sentencia de 4 de octubre de 1989, bajo la ponencia del Magistrado Dr. Carlos Trejo Padilla, se reiteró, en caso similar al de estudio, lo siguiente: (omissis).

Asimismo, en fecha 18 de diciembre de 1990 con ponencia del Magistrado Dr. Adán Febres Cordero, la Sala penetrada de serias dudas respecto a la interpretación de los artículos 251, 233 y 14 del Código de Procedimiento Civil que venían realizando los tribunales de instancia puntualizó la doctrina así:...

Es oportuno aclarar, que la anterior doctrina es la aplicable al caso de estudio, en razón de ser la que estaba vigente para la fecha en que se practicaron las actuaciones para la notificación, y abandonada por sentencia publicada en fecha 27 de junio de 1996, bajo la ponencia del Magistrado Dr. César Bustamante Pulido, en la cual si bien se ratifica que el término señalado en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, que debe fijar el juez para la reanudación de la causa paralizada, a los efectos de la notificación de las partes o sus apoderados debe dejarse transcurrir, para que comience a correr el lapso de ejercer los recursos pertinentes, la sentencia citada modifica, lo referente a la constancia del Secretario en el expediente sobre actuaciones practicadas por el Alguacil para la notificación de las partes”.

SCS 26-7-01

Ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero. Exp. Nº 01-181, dec. Nº 207

Se denuncia la aplicación retroactiva de un criterio y la sala no le responde.

Dice el formalizante:

“De otra manera y he aquí la incongruencia de la recurrida, la fallos (sic) mencionados, son posteriores a la fecha del fallo apelado, que es de fecha 31 de Mayo del año 1.999, por tanto si se estableciere alguna Doctrina que cambiara el ámbito de aplicación del artículo 68, no podría invocarse a situaciones anteriores a ellas, no se le pueden atribuir efectos retroactivos, en nuestro caso se aplicaron con efectos retroactivos, sucumbiendo de esta suerte la violación al derecho de la defensa, contemplado en los artículos 26, 49 y 257 de la Carta Magna, porque mi Representado no fue oído, por desestimar las defensas opuestas, violando la normativa que denunciamos como infringidas. Agregamos, además, que, las tantas veces aludida confesión, complace las exigencias de los fallos que sirvieron de asiento a la recurrida en lo atinenete (sic) a la aplicación e interpretación del artículo 68 de la Ley Procesal Labora (sic), así como también de los fallos de este Tribunal que han analizado dicha norma, es decir que es; que los supuestos de hecho y de derecho se extreman en el caso que nos ocupa.”

La Sala:

La Sala para decidir observa.

En primer lugar es de señalarle al formalizante que no encuadra su delación en alguno de los dos numerales establecidos en el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, para señalar si se trata de una denuncia por defecto de actividad (numeral 1º) o por infracción de ley (numeral 2º), aun cuando lo delata bajo el título de “Recurso de Fondo”, sin embargo, en virtud de lo establecido en el artículo 257 de la Constitución de la República, que ordena no sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales, pasa la Sala a conocer la misma en los términos planteados:

Delata el formalizante la infracción de los numerales 4º y 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, artículo que constata la Sala de la fundamentación de la presente denuncia es el delatado, pues en su encabezado denuncia el artículo 241 ejusdem.  No obstante, esta Sala debe señalarle al recurrente que tales preceptos normativos deben ser denunciados de conformidad con el numeral 1º del artículo 313 ejusdem, bajo un recurso por defecto de actividad, razón por la cual se desecha tal planteamiento por falta de técnica y así se decide.

En segundo lugar, aduce el formalizante la violación por parte de la recurrida del artículo 1397 del Código Civil por falta de aplicación, pero de la trascripción del contenido de la denuncia no se evidencia en que consistió la infracción delatada, razón por la cual la Sala no puede entrar a su análisis, por lo que forzosamente se desecha tal alegato de infracción y así se declara.

Por otra parte, denuncia el formalizante la infracción por la recurrida del artículo 321 del Código de Procedimiento Civil sin indicar, en cual de los tres supuestos de infracción incurrió el sentenciador superior, es decir, falsa, falta o errónea interpretación, en tal virtud, de igual forma esta Sala la desecha. Así se resuelve.

En cuarto lugar alega el formalizante, la infracción del artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo, por cuanto, a su decir, el demandado quedó confeso al no haber negado que el actor trabajó los sábados y domingos, lo cual dejó a la parte actora en estado de indefensión, violando los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República, lo cual no fue considerado por el juzgador de la recurrida, quien por el contrario estableció:

“Como puede observarse y siguiendo la doctrina antes transcrita y en virtud de que se demanda es diferencia de prestaciones sociales, por el aumento en los montos en el salario integral, la carga de la prueba le corresponde al actor.

La parte actora presentó las siguientes pruebas:

El mérito favorable que se desprende de autos, el cual no es apreciado ya que no se específica sobre que hechos o actos se quiera hacer valer.

Distintos recibos de pago, los cuales deben ser apreciados por no haber sido impugnados, los cuales rielan a los folios 5 al 20 del presente expediente, y de los que se desprende que el ciudadano Miguel Ángel Herrera, titular de la cédula de identidad . 2.753.191, desempeñaba el cargo de vigilante nocturno con una fecha de ingreso 12-01-97, devengando las cantidades que en cada una de ellas se exponen.

Reproduce el mérito favorable de las circunstancias de modo lugar y tiempo narradas en el escrito libelar tales como: Inicio y fin de la relación contractual, el salario único devengado, el horario de la prestación de servicio, que incluye horas extraordinarias diurnas y nocturnas, el haber trabajado los días sábados y domingos, circunstancias que quedaron firmes en virtud de la confesión aludida en el artículo 68 de Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo, lo cual será analizado con los (sic) demás pruebas aportadas al presente procedimiento.

Pruebas de la parte demandada:

El mérito favorable a los autos, el cual no es apreciado en virtud de que no se específica sobre que hechos o actos seguirá hacer valer.

Acta suscrita por ante la Inspectoría del Trabajo en el Municipio Vargas, la cual no fue impugnada, por lo que debe dársele valor probatorio y de las que se desprende que en fecha 30-06-98, se presentó el representante legal de la empresa demandada a dicha Inspectoría para dar contestación a la reclamación formulada por la parte actora en este procedimiento quien reclama prestaciones sociales, dejando constancia que el trabajador no hizo acto de presencia.

Declaración rendida por el Ciudadano Jesús Ramón González, de la cual se desprende que conoce de vista, trato y comunicación al ciudadano Miguel Ángel Herrera, que éste se desempeñaba en el estacionamiento como vigilante, que éste no desempeñaba funciones diferentes a las de vigilante, que el horario que prestan los vigilantes en el estacionamiento es de siete a siete, doce horas, que no hay remuneración diferente a la establecida por la empresa para los vigilantes nocturnos, que el señor Miguel Ángel Herrera, trabajaba el horario de vigilante nocturno y que llegaba a las siete y el estaba allí, que desde que llegó a la empresa siempre le han pagado igual que eran compañeros de trabajo. Al ser repreguntado manifestó que los sábados y domingos en el día estaba en su casa.

Deposiciones rendidas por el ciudadano Agustín Ramón Duben, de los que se desprenden que conoce el ciudadano Miguel Ángel Herrera, solamente en el tiempo que estuvo trabajando allí, que éste se desempeñaba como vigilante nocturno en el estacionamiento, que el mismo prestaba servicio en el horario de 7:00 pm a 7: am, que no prestaba alguna función en la empresa diferente a la de vigilante nocturno, que no tiene conocimiento que el señor Miguel Ángel Herrera trabajaba en horario de vigilante nocturno, permanentemente o trabajaba horas extras, que éste sólo trabajaba de vigilante nocturno, porque trabajaba y cobraba como vigilante nocturno que el estacionamiento tiene establecido un horario para los vigilantes nocturnos de 7 a 7  con 2 horas de descanso.

En cuanto a la declaración efectuada por el ciudadano Víctor Manuel López, se observa que conoce de vista, trato y comunicación al señor Miguel Ángel Herrera, el tiempo que estuvo trabajando allí, que cumplía las funciones que cumplen todos los vigilantes, que cumplía las horas que legalmente cumplen todos los vigilantes de siete a doce, con dos horas de reposo, que creé que no cumplía otra función en la empresa, que presta un horario (sic) los vigilantes de 7 a 7 de la mañana, con las dos horas de reposo, que tiene conocimiento por que estuvo trabajando con ellos en la empresa.

Asimismo se observa que el ciudadano Miguel Ángel Herrera, se desempeñaba como vigilante nocturno por lo que le es aplicable el contenido del artículo 198 de la Ley Orgánica del Trabajo, ya que no está sometido a la limitante del horario de trabajo normal, establecido en el artículo 195 ejusdem, por lo que al solicitarse el pago de horas extras, por dicha jornada, la misma es improcedente. Igualmente el actor no demostró que prestara servicio los días sábados y domingos, por lo que la presente acción no puede prosperar en derecho. Y ASÍ SE DECIDE.”   

Ahora bien, observa la Sala que aún cuando el formalizante no indicó en cual de los tres supuestos de infracción incurrió el sentenciador, esta Sala entiende que fue por errónea interpretación y así pasa a conocerla.

De un análisis detallado del escrito de contestación a la demanda, se evidencia que el demandado no sólo negó, rechazó y contradijo los términos en que quedó planteada la litis, sino que fundamentó el motivo del rechazo, de la forma como a continuación se transcribe:

“Niego, rechazo y contradigo el cálculo que adicionalmente a las horas extraordinarias fundamentadas en los artículos 153, 212 y 216 de la Ley Orgánica del Trabajo, pretende el trabajador reclamante, pues simplemente este cumplía su jornada de trabajo de acuerdo al horario fijado por la empresa para su personal de vigilancia y según lo establecido en el artículo 198 de la Ley Orgánica del Trabajo.

(omissis)

Niego, rechazo contradigo y desconozco el cálculo, que mi representada adeude la cantidad de Setecientos Treinta y Dos mil ciento Noventa y Cinco Bolívares (Bs. 732.195.00), por concepto de 53 domingos, ya que estos le eran cancelados al trabajador reclamante en el salario que recibía quincenalmente durante el tiempo de permanencia en la empresa en la cual siempre prestó servicio como vigilante...”

De lo anteriormente transcrito, se desprende que en el presente caso no se ha verificado la admisión de los alegatos, en cuanto al punto aludido, por cuanto como ya se señaló, el demandado rechazó, contradijo y fundamentó los hechos alegados por el demandante en su libelo de demanda, por lo que no pueden considerarse admitidos tales hechos, razón por la cual no incurre la recurrida en la  infracción de la norma contenida en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo y así se decide.

Finalmente, denuncia el formalizante la infracción por parte de la recurrida del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, por mala interpretación y mala aplicación, por cuanto “le dio valor a las testificales promovidas por la querellada”, que a su entender no aportan nada al proceso, y puesto que las deposiciones no son claras, son dubitativas e imprecisas.

Con relación a la anterior denuncia, es de señalarle al formalizante que mediante jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de este Supremo Tribunal, de fecha 13 de diciembre de 1995, la cual acoge esta Sala, se estableció la técnica para denunciar el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 ejusdem, que para mayor ilustración se permite esta Sala transcribir:

“En consecuencia, de lo precedentemente establecido, la denuncia del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, deberá encuadrarse con fundamento en el artículo 313 Ordinal 2°, en concordancia con el 320 eiusdem, determinando claramente, en cuál de los tres supuestos del mencionado artículo 320, encuadra su denuncia. Asimismo, debe especificar la influencia en el dispositivo del fallo, como consecuencia de una suposición falsa del Juez, lo que permitirá a la Sala descender a examinar las actas y censurar la apreciación y valoración  que de la prueba de testigos realice el Juez.”

En atención al criterio antes expuesto y examinada la fundamentación de la denuncia antes señalada, considera la Sala que no puede conocer la misma y por lo tanto no puede entrar al análisis y apreciación de la prueba de testigos, por cuanto no fundamentó el recurrente la denuncia con apoyo en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, ni especificó en que caso de suposición falsa encuadró la delación, razón por la cual se desecha y así se resuelve.

En consecuencia de todo lo antes expuesto, esta Sala de Casación Social declara la improcedencia de la presente denuncia.

DECISIÓN

En mérito de las anteriores consideraciones este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado por la representación judicial del ciudadano MIGUEL ÁNGEL HERRERA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial  del Estado Vargas, en fecha 09 de enero del año 2001.

De conformidad con el artículo 274 en concordancia con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas al recurrente.

Publíquese y regístrese.  Remítase el expediente al Tribunal de la causa, es decir, al Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, participándole dicha remisión al Juzgado Superior antes mencionado, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada,  firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a  los veintiséis (26)  días  del  mes  de julio del año dos mil uno. Años: 191° de la Independencia y 142° de la Federación.