SCS 22-2-05

Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz. Exp. Nº  04-1461, dec. Nº 18:

Ofrecimientos del patrono en el proceso no constituyen confesión

Ahora, si bien en esta fase preliminar, la Ley dispone que el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución ejercerá funciones de conciliación y mediación para incitar a las partes en conflicto a lograr una solución mediante acuerdo, no obstante de ello, hay que precisar, que estando orientada la Ley hacia el estímulo de los medios de autocomposición procesal, debe entenderse entonces que en cualquier grado y estado de la causa se pudiera dar lugar a ello.

Es decir, ya sea que la causa esté ante el Juez de Juicio, el Superior o en la Sala de Casación Social, de acuerdo con tal orientación, tales Juzgadores pueden (aunque si bien no de igual manera) propiciar un acuerdo entre los sujetos en controversia, claro está sin manifestarse sobre el fondo de la misma, toda vez que la diferencia estriba en que el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, no cumple funciones para resolver el conflicto intersubjetivo de intereses planteado, caso contrario de los otros Juzgadores, quienes si tienen tales funciones.

Siguiendo este orden de ideas, cabe señalar, que resulta lógico concluir, que en aquellos momentos en que las partes están en actividades para tratar de llegar a un acuerdo, ya sea en fase de audiencia preliminar o bien en cualquiera de los otros estados del proceso por ante algún otro Juez distinto al de Mediación, las partes, estimulados a ello, realizan consideraciones, propuestas, y hasta ofrecimientos, que en modo alguno considera la Sala, pueden servir de elementos de convicción para sacar como conclusión la responsabilidad de alguna de las partes en litigio.

Tal afirmación encuentra su fundamento, en el simple hecho que de no ser así, ello generaría una abstención en las partes para expresar de alguna manera sus posibles ofertas, por el recelo que les produciría que tales proposiciones pudieran influir sobre la decisión de fondo, lo cual restaría eficacia a la estimulación de los medios alternativos de solución de controversias, que como se señaló anteriormente, constituye uno de los pilares fundamentales de este nuevo proceso laboral.

A lo antes expuesto, hay que agregar que muchas veces, en respuesta al estímulo de negociación planteado para lograr un acuerdo, cualquiera de las partes dentro de ese proceso, a veces pueden llegar a considerar que le resulta más conveniente y hasta menos oneroso (en virtud de las posibles resultas del pleito), ofrecer unas cantidades de dinero para dilucidar alguna duda razonable.

Visto así las cosas, la errada afirmación del Superior que dictó la sentencia recurrida, quien señaló que el discutido alegato constituía “un hecho nuevo que no fue debatido en el proceso” no es suficiente para dar lugar a la nulidad de la sentencia, puesto que como se ha explicado en los párrafos anteriores, los ofrecimientos que hagan las partes en actividades de negociación como respuesta a los estímulos hechos por los jueces, para solucionar el conflicto por algún medio de autocomposición procesal, no pueden servir como elemento de conclusión de responsabilidad de alguna de ellas.

Por otra parte, la Sala cumpliendo con la labor pedagógica que la caracteriza, y con la finalidad de dilucidar cualquier duda razonable que pudiera desprenderse en virtud del error detectado, la misma considera oportuno señalar que tratándose el presente caso, de un juicio por enfermedad profesional en el cual el actor ha demandado una serie de conceptos con fundamento tanto en la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, así como también basado en el Código Civil, correspondía al demandante probar una serie de elementos.

En efecto, cabe advertir al formalizante que ha sido pacífica y reiterada la jurisprudencia de esta Sala, al considerar que en materia de enfermedades o accidentes de trabajo, nuestra ley sustantiva recoge la teoría de la responsabilidad objetiva, conforme a la cual es procedente a favor del trabajador que sufre la enfermedad o accidente, el pago de las indemnizaciones contempladas en ella con total independencia de la culpa o negligencia del empleador, pero siempre condicionado como requisito de procedencia de tales indemnizaciones, al hecho de que el accidente o enfermedad a indemnizar provenga del servicio mismo prestado o con ocasión directa de él.

También esta Sala, se ha pronunciado sobre aquellos casos como el de autos, en los cuales el trabajador ha demandado la indemnización de daños materiales por hecho ilícito del patrón causante del accidente o enfermedad profesional, así por ejemplo se cita la sentencia N” 116 de fecha 17 de mayo de 2000, ha requerido lo siguiente:

“Es decir, el trabajador que demande la indemnización de daños materiales superiores a los establecidos en las leyes especiales, deberá probar de conformidad con el artículo 1.354 del Código Civil, los extremos que conforman el hecho ilícito que le imputa al patrón, criterio éste, mantenido por la Sala de Casación Social, el cual a continuación se transcribe:

‘Es criterio de esta Sala que de acuerdo a la acción intentada por el Trabajador con base en los artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil, el Tribunal Superior ajustó su decisión a los extremos que exige el Código Civil en materia de hecho ilícito demandado conforme a esas normas, por lo que correspondía a la parte actora demostrar en la secuela del juicio si el accidente se produjo por intención, negligencia o imprudencia de la empleadora, extremos que configuran el hecho ilícito que da lugar a la acción por daños y perjuicios morales o materiales, a tenor de los citados artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil, considera esta Corte que el Juzgado Superior sí le dio correcta aplicación’. (Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 3 de junio de 1987, en el caso Isidro Arias Suárez contra Manufacturas Orgam, C.A.).”(Subrayado de la Sala).

De manera que, verificado como ha sido por la Sala, que en efecto, tal como lo estableció la Superioridad, el actor no logró demostrar que la enfermedad que padece es consecuencia del servicio que prestó en la empresa, ni menos aun logró probar algunos de los supuestos de culpabilidad de la demandada, forzoso es para la Sala, confirmar la decisión recurrida por considerar que la misma está ajustada a derecho.

Por lo que en atención a las consideraciones antes expuestas, se declara improcedente la actual denuncia y así se decide.