SCS 17-1105

Ponencia del Magistrado Carmen Elvigia Porras de Roa. Exp.  05-221, dec. 1616:

Promoción de pruebas en casación

Como punto previo, debe esta Sala pronunciarse acerca de la promoción de “la prueba de la grabación de la audiencia de juicio oral celebrada en primera instancia”, realizada (a decir del recurrente), de conformidad con lo establecido en el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Afirma el formalizante en su escrito, que la mencionada prueba resulta necesaria para la decisión del recurso:

(…) dado que la sentencia recurrida señala que ‘del análisis de la reproducción audiovisual y del texto escrito, se puede evidenciar que los testigos fueron contradictorios y manifestaron tener interés en las resultas del juicio’, sin que tales aseveraciones consten del acta que contiene esas actuaciones. El juez de juicio, si quería dejar clara la fuente de convicción que le llevó a esa drástica conclusión, cuanto menos debió aplicar analógicamente el artículo 485 del Código de Procedimiento Civil y 105 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que establecen la obligación de recoger en acta, en ese supuesto, la declaración de parte.

Adicionalmente, aduce que “sin la proyección del video de estas declaraciones, no podrá la demandada defenderse adecuadamente, ni los Magistrados decidir con conocimiento de causa, pues se trata de la declaración del único testigo presencial del accidente (…).”.

Observa esta Sala que el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece, que en el escrito de formalización del recurso de casación podrán promoverse pruebas “(…) únicamente cuando el recurso se funde en un defecto de procedimiento sobre la forma como se realizó algún acto, en contraposición a lo señalado en el acta del debate o en la sentencia; la promoción se hará en los escritos de interposición o de contestación del recurso, señalando de manera precisa lo que se pretende probar”. Tal como se evidencia de la norma parcialmente transcrita, la posibilidad de promover pruebas en el recurso de casación, además de constituir un supuesto excepcional, apunta hacia la efectiva tutela por parte del juez de casación, del principio de la legalidad de las formas procesales, ya que mediante las pruebas a que se refiere dicha disposición, el formalizante (o su contraparte, si fuere el caso) puede desvirtuar el contenido de las actas del debate, o de la sentencia, que no reflejen la realidad en cuanto a la forma en que se realizó algún acto procesal, siempre y cuando este último se haya producido en forma irregular. En otras palabras, el artículo 173 de la mencionada Ley, establece de manera categórica que sólo en aquellos casos excepcionales en que sea necesaria la evacuación de una prueba para demostrar las inexactitudes contenidas en las actas de debate o en la sentencia recurrida, en cuanto a la regularidad de la realización de un acto de procedimiento, éstas podrán ser promovidas en el escrito de formalización o en la contestación, según el caso.

Asimismo, se observa que el propio artículo 173 de la ley adjetiva laboral establece como un requisito formal para la promoción de las pruebas en casación, que la misma se realice “en los escritos de interposición o de contestación del recurso, señalando de manera precisa lo que se pretende probar (Subrayado añadido), y el objeto de la prueba estará circunscrito a las contradicciones entre lo expresado en las actas de debate o en la sentencia recurrida y la realidad, en cuanto a la realización irregular de algún acto procesal, y esto además, debe ser el fundamento de Derecho del recurso.

De lo anteriormente expuesto puede colegirse que el formalizante, al promover en su escrito recursivo “la prueba de la grabación de la audiencia de juicio oral celebrada en primera instancia”, no pretende demostrar las irregularidades de procedimiento cometidas en la evacuación de la prueba testimonial, ni que en las actas de debate o en la sentencia recurrida se hayan reflejado de forma inexacta las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizaron dichos actos procesales, ni es éste, el fundamento del recurso de casación interpuesto; por el contrario, el recurrente pretende que esta Sala examine las declaraciones de los testigos, señalando que el juez de la instancia para extraer de tales declaraciones, elementos de convicción “cuanto menos debió aplicar analógicamente el artículo 485 del Código de Procedimiento Civil y 105 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que establecen la obligación de recoger en acta, en ese supuesto, la declaración de parte”, lo cual, según afirma, no realizó el juez de la recurrida, obteniendo la conclusión de que “los testigos fueron contradictorios y manifestaron tener interés en las resultas del juicio”, sin realizar un acta en la cual se hiciera constar el dicho de tales testigos.

Observa esta Sala, en primer lugar, que la apreciación de la prueba testimonial, tal como está regulada en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, está inspirada por el principio de inmediación, facultando al juez de la instancia para valorar el dicho de los testigos en la misma audiencia oral y pública en la cual se evacua la prueba, sin que sea necesario reducir a la forma escrita el contenido de las preguntas formuladas, y las respuestas de los testigos, por lo que es suficiente su reproducción audiovisual, la cual, a todos los efectos del proceso, debe ser enviada conjuntamente con el expediente al Tribunal Superior del Trabajo y a esta Sala de Casación Social (ex artículo 162 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo), siendo este medio de reproducción audiovisual requisito indispensable y suficiente para la apreciación de la prueba testimonial por parte del Tribunal de Alzada y por la Sala de Casación, si fuere el caso. En consecuencia, no constituye un requisito de forma que deba llenar el juez de instancia, a los efectos de la valoración de la prueba testimonial, que las preguntas, repreguntas y declaraciones de los testigos se hagan constar en el acta de la audiencia.

En segundo lugar, se observa que la promoción de la prueba realizada por el formalizante no se ajusta a los requisitos exigidos por el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que el fundamento del recurso interpuesto no es “un defecto de procedimiento sobre la forma como se realizó algún acto, en contraposición a lo señalado en el acta del debate o en la sentencia”, y lo que se pretende probar con la promoción de dicha prueba, según se desprende del escrito de formalización, no es la existencia de inexactitudes en las actas de debate o en la sentencia recurrida, con respecto a la forma en que se realizó el acto eventualmente viciado por defectos en el procedimiento de su realización, sino que lo pretendido por el recurrente es que esta Sala de Casación Social valore la prueba testimonial evacuada en el presente juicio, para que decida el recurso “(…) con conocimiento de causa, pues se trata de la declaración del único testigo presencial del accidente, del funcionario que realizó las actuaciones de tránsito, del jefe de depósito de la empresa y del gerente de ventas (…)”, lo cual no constituye el supuesto excepcionalísimo consagrado en el citado artículo 173 de la ley adjetiva laboral, resultando inadmisible la prueba promovida, y así se decide.