TERRITORIALIDAD

SCS 19-9-01, Nº 223, exp. 01-176, ponente Omar Alfredo Mora Díaz

Robert Camerón Reagor contra Compañía Occidental de Hidrocarburos, INC. o Compañía Occidental de Hidrocarburos (OXY). Exp. Nº 01-176, sentencia Nº 223:

1. La Ley venezolana no es aplicable mas que a los servicios prestados o convenidos en Venezuela (Artículo 10 de la L.0.T.)

2. La solidaridad, como nexo entre deudores de una misma obligación, no proviene mas que de pacto expreso o de regla legal”.

    Tal y como se evidencia del criterio supra transcrito, el tratadista en cuestión, sostiene que el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, conlleva en sí mismo una doble noción de territorialidad, la cual está sometida en primer término al territorio como delimitación geográfica del Estado, en donde rige al mismo tiempo el principio de la soberanía, el cual permite la creación y cumplimiento de las leyes; y en segundo lugar, el sometimiento de dichas normas al lugar donde se suscitan las situaciones jurídicas que la misma ley regula, es decir, aquéllas surgidas con ocasión del trabajo prestado o convenido en el territorio nacional venezolano. En tal sentido, estima el referido autor, que cuando las partes contratantes celebran un contrato para que el mismo sea ejecutado en distintos países, lo hacen a sabiendas que en éstos, existen reglas de orden público propias de cada ordenamiento jurídico y, que por tales motivos las estipulaciones establecidas en el contrato celebrado, cederán ante éstas, claro está, por el tiempo en que perdure la ejecución de la actividad pactada en el territorio extranjero. Es así pues, como lo considera el Dr. Alfonzo Guzmán, “...quien pretenda reclamar las prestaciones preceptuadas por la ley de un país diferente, debe limitarse al período de tiempo servido en ese país...” para de esta forma dar fiel cumplimiento a las normas de orden público de ese lugar de ejecución. Razonamiento éste que para la Sala, se encuentra acorde con el principio básico de soberanía de los Estados y con el de aplicabilidad territorial de las leyes nacionales, que en el presente caso son las venezolanas.

SCS 26-02-08, nº 207, exp. 07-922, ponente Alfonso Valbuena Cordero

El servicio fue convenido, pero no prestado en el país

Alega el formalizante que en la sentencia recurrida se infringió el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, por errónea interpretación, por cuanto dicha norma dispone que la ley laboral venezolana rige también las relaciones de trabajo convenidas en el país y sin embargo, el juzgador superior considera que sólo se aplica la misma al trabajo efectivamente realizado en el territorio nacional. Asimismo, se denuncia la falta de aplicación del artículo 78, literal b) eiusdem, que expresa que a los contratos celebrados por trabajadores venezolanos para prestar servicios en el extranjero, se les entenderá incluida la estipulación de que se le aplicarán las disposiciones de la legislación social venezolana.

Ahora bien, el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo dispone expresamente:

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de aplicación territorial; rigen a venezolanos y extranjeros con ocasión del trabajo prestado o convenido en el país y en ningún caso serán renunciables ni relajables por convenios particulares, salvo aquellas que por su propio contexto revelen el propósito del legislador de no darles carácter imperativo. Los convenios colectivos podrán acordar reglas favorables al trabajador que modifiquen la norma general respetando su finalidad.

En cuanto a la legislación que regula la relación de trabajo que existió entre las partes litigantes, en la recurrida se estableció:

CONCLUSIONES. El contrato o relación de trabajo, se perfecciona, ciertamente como cualquier contrato consensual, con el consentimiento o, manifestación concordada, expresa o tácita de los sujetos laborales, patrono y trabajador. El consentimiento (compartir un sentimiento o un parecer sobre un negocio jurídico, libre y consciente), implica una coincidencia de voluntades sobre lo substancial del contrato, específicamente sobre las obligaciones o prestaciones de cada parte. En una oferta de trabajo pueden estipularse condiciones de trabajo secundarias que debido al principio de primacía de la realidad sobre la forma, pueden variar, manteniéndose el acuerdo básico del negocio. Luego, a nuestro entender en este caso, no se necesitaba que la aceptación de la oferta de trabajo presentada al actor por la casa matriz de este grupo empresarial (según indica el actor), llegara a Miami para perfeccionarse, por cuanto los sujetos laborales estaban de acuerdo, en forma tácita: está evidenciado, tanto en los dichos del actor en su libelo, como por el comienzo de la prestación (de) servicios del actor y los pagos realizados a éste, por la empresa filial venezolana, que se dio el acuerdo inicial básico, de que (sic) labor se realizaría en la ciudad de Miami, Estados Unidos cuando estuviera lista la documentación que le permitiera al actor, el ingreso a ese país; se había acordado la remuneración y el cargo de Director de Impuestos para la División de Latino América.

Ahora bien, perfeccionada la voluntad libre y sin error de consentimiento (no fue invocado), el asunto de la territorialidad de la ley venezolana, no tiene que ver con el momento de tal acuerdo. El principio de territorialidad de una ley no puede estar sujeto al acuerdo de los particulares. Es una cuestión de orden público vinculado al ejercicio del ius imperium de un Estado, ejercicio de su soberanía dentro de un espacio físico, dentro del cual, le interesa en cualquier caso, garantizar a los habitantes de su territorio, unas condiciones mínimas de trabajo, sean venezolanos o extranjeros. No puede expandirse a otras fronterasialidad (sic) de la ley laboral venezolana.

El contrato de trabajo o relación de trabajo se perfecciona con el acuerdo de voluntades de los contratantes o sujetos laborales, quienes dentro de un marco legal mínimo para el servicio a prestarse en Venezuela tienen libertad o autonomía en la fijación de las condiciones laborales. Es decir, la perfección del nexo laboral no puede depender ciertamente de un elemento formal como lo sería el recibo de una aceptación por escrito de una oferta. De tal manera que el principio de la unidad de los contratos internacionales (servicio convenido o prestado en varios países) deriva del respeto a la autonomía de la voluntad de contratación de los sujetos laborales. Diferimos entonces del criterio del a quo, en base al artículo 89 de la Constitución según el cual, lo relevante es, la primacía de la realidad sobre las formas aplicable también en este caso a la realidad de un trabajador, abogado, que convino con una empresa extranjera ser el Director de Impuestos, (de Oracle Corporation) independientemente de la formalidad de si llegaba en una fecha u otra su aceptación formal a los Estados Unidos. En cuanto al principio de territorialidad, inequívocamente, como cuestión de orden público, implica que la potestad del Estado Venezolano, de establecer mínimos legales en la materia laboral, no puede extenderse al servicio prestado por un venezolano en el extranjero. Por tanto, resulta procedente ordenar los pagos correspondientes al servicio prestado por el demandante con ocasión del tiempo servido para Oracle de Venezuela C.A., que a todo evento, conforma una unidad corporativa con Oracle Corporation, patrono del demandante y en razón de esa unidad de empresa mundial como lo indica el demandante en su libelo.

De lo precedentemente transcrito, se evidencia que el sentenciador de alzada consideró, en primer lugar, que la relación de trabajo se perfeccionó con el consentimiento tácito de JESÚS ÁNGEL BARRIOS, manifestado con el comienzo de la prestación de servicios por parte de éste y de los pagos efectuados por la empresa filial venezolana, no necesitándose para ello el recibo en la casa matriz de la empresa demandada de la aceptación expresa por parte de dicho ciudadano de la oferta de trabajo realizada por ésta; es decir que, concluye que la relación de trabajo se convino en Venezuela. Seguidamente, consideró que el asunto de la territorialidad de la ley venezolana no puede estar sujeto al acuerdo de los particulares, sino que se trata de una cuestión de orden público vinculado al ejercicio del ius imperium de un Estado, ejercicio de su soberanía dentro de un espacio físico, dentro del cual, le interesa garantizar a los habitantes de su territorio, unas condiciones mínimas de trabajo, sean venezolanos o extranjeros, pero no puede extenderse la legislación laboral venezolana al servicio prestado por un venezolano en el extranjero, siendo que concluyó que la voluntad de las partes fue pactar una relación de trabajo para ejecutarla fuera de Venezuela, habiéndose prestado aquí en su inicio, únicamente, como consecuencia del tiempo que tomaba la tramitación de los documentos requeridos para trabajar en los Estados Unidos de América.

A la conclusión referida llega el Juzgador de alzada como consecuencia de la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, puesto que la condición estipulada en la oferta de trabajo referida al necesario recibo de la aceptación a la misma en las oficinas de ORACLE CORPORATION, en los Estados Unidos de América, es una formalidad que se vió rebasada por la realidad, constituida por la efectiva prestación del servicio en las oficinas de ORACLE DE VENEZUELA, C.A., así como por el pago de la debida contraprestación. Por otra parte y también derivado de la aplicación del referido principio constitucional, el sentenciador concluye que no resulta aplicable la legislación venezolana al caso bajo estudio, sino durante el período laborado en el país, por cuanto, evidenció del análisis probatorio que la voluntad de las partes, contenida en la oferta de trabajo y en la aceptación a ésta, fue la celebración de un contrato de trabajo, que, por la naturaleza del cargo a desempeñar, Director de Impuestos de la Corporación a nivel de Latino América, acarreaba la prestación del servicio personal fuera de Venezuela, lo cual debió haber sido comprendido a cabalidad por el demandante, pues ejerce la profesión de abogado. Es por ello que, en virtud de la oferta de trabajo realizada, así como de las funciones que en razón del cargo debía desempeñar el actor, la prestación del servicio debía realizarse en el exterior y si bien, éste realizó labores en Venezuela, al comenzar la relación de trabajo, fue únicamente mientras se realizaban los trámites necesarios para la obtención de los documentos necesarios para trabajar en Estados Unidos de América, siendo durante este lapso, únicamente, que la Ley Orgánica del Trabajo reguló dicha relación, no pudiendo extenderse su territorialidad mas allá del mismo.

En este sentido, esta Sala en sentencia Nº 1792 de fecha 13 de diciembre del año 2005, estableció lo siguiente:

Del contenido de la norma supra parcialmente transcrita podemos determinar 1°) el carácter de orden público laboral; 2°) su aplicación territorial; 3° el hecho de que la misma rige a venezolanos y extranjeros con ocasión del trabajo prestado en el país. Tal y como allí se establece y para el caso que nos ocupa, extraeremos del artículo in comento, lo relativo a la aplicabilidad de la Ley Laboral a venezolanos y extranjeros con ocasión del trabajo prestado en el país, de lo que sólo podemos admitir una sola y única interpretación, la cual, se encuentra ceñida al contexto literal de lo allí establecido, como lo es el hecho de que la Ley Laboral Venezolana sólo será aplicable a venezolanos y extranjeros por la relación laboral efectivamente prestada dentro del territorio de la República, interpretación ésta que para la Sala resulta conforme a derecho, pues, se ajusta a la letra del artículo en estudio.(...).

(Omissis)

Ahora bien, al adminicular el análisis supra realizado al caso que nos ocupa, esta Sala de Casación Social no tiene dudas en admitir que la Ley Laboral Venezolana además de ser aplicada a venezolanos y extranjeros, dicha aplicación estará ceñida a la ocasión del trabajo prestado o convenido en el país, por lo que sólo estará sometida a la oportunidad o tiempo determinado de duración de la prestación de servicio en el Territorio Nacional, sin que pueda, por tales motivos, hacerse extensiva a la prestaciones de servicio que haya podido realizar el trabajador en el país extranjero donde contrató o en cualquier otro si fuere el caso (...)”.(Sentencia 223 de fecha 10 de septiembre de 2001, de la Sala de Casación Social).

Como consecuencia de lo expuesto, debe concluirse que acertadamente la juez superior, luego de establecer de manera soberana los hechos en el presente caso, interpretó correctamente el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que no incurrió en la infracción denunciada.

SCS 26-04-04, nº 377, exp.04047, ponente Alfonso Valbuena Cordero

Servicio contratado en el país y prestado en dos países

Delatan los formalizantes que la recurrida infringió por errónea interpretación el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto aún cuando estableció que una parte del contrato de trabajo fue ejecutado fuera del territorio venezolano, ordenó la aplicación de la legislación laboral venezolana, la cual es de aplicación territorial en virtud de lo dispuesto en la indicada norma.

En cuanto a la legislación que regula el caso, la sentencia recurrida expresó lo siguiente:

“Quiere señalar este Juzgador, que en el caso de autos se ha probado que la relación de servicios comenzó el 05/01/76 y finalizó el 27/11/97, ejecutándose en dos países distintos, esto es, desde el inicio hasta el 31/03/96 en Venezuela para la empresa General Motors Venezolana, C.A. y sin solución de continuidad desde el 01/04/96 hasta el 27/11/97 en Santa Fe de Bogotá, Colombia, para la empresa General Motors Colmotores, S.A., en el cargo de Gerente de Mercadeo, hecho que fue alegado por el actor, y probado en autos según se desprende de las testimoniales antes mencionadas y del pasaporte del ciudadano Frederick Plata, antes valorado. Por tal motivo, este Juzgador tiene como cierto la existencia de una única relación o contrato de trabajo entre las partes, ejecutada en forma sucesiva en dos países distintos. Como consecuencia de todo lo expuesto, observamos que el contrato de trabajo entre las partes, ejecutada en forma sucesiva en dos países distintos. Como consecuencia de todo lo expuesto (sic), observamos que el contrato de trabajo fue pactado en Venezuela y allí se desarrolló desde el 05/01/76 hasta el 31/03/96, y sin interrupción alguna el trabajador fue transferido por cuenta de la empresa General Motors Venezolana, C.A. a la empresa General Motors Colmotores, S.A., en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, Colombia, transferencia que fue aceptada por el trabajador en virtud de que no la objetó y continuó prestando sus servicios para esa empresa durante 1 año, 7 meses y 26 días. Lo anteriormente expuesto, significa que fue en Venezuela donde se inició el contrato de trabajo y fue también en Venezuela donde se ejecutó la mayor parte del mismo, habiendo acordado las partes continuar ejecutando ese contrato de trabajo en el exterior. Lo anteriormente expuesto, pone de relieve que las partes voluntariamente acordaron que la ejecución del contrato de trabajo se desempeñara fuera de Venezuela. Este tiempo de servicio realizado por el trabajador en un país distinto, como lo fue en Colombia, plantea al Juzgador la problemática de su regulación jurídica. De conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, las disposiciones de esta Ley son de orden público, y de aplicación territorial, rigen a los venezolanos y extranjeros con ocasión del trabajo prestado o convenido en el país. La señalada disposición delimita en consecuencia el imperio de la Ley al trabajo que se presta efectivamente en Venezuela o que se conviene en Venezuela para ser prestado por venezolanos en el extranjero (artículo 78 ejusdem). En el caso de autos, se trata de un extranjero que convino con la empresa General Motors Venezolana, C.A., en prestar sus servicios en Venezuela y, adicionalmente convinieron en continuar esa prestación de Servicios en Colombia para un empresa del mismo grupo (hecho éste que al ser negado por la accionada y no desvirtuado por los elementos del proceso, se tiene como hecho admitido).

La disposición laboral antes transcrita, en su artículo 10, establece la aplicación de dos principios jurídicos lex loci executionis y lex loci celebrationis para la regulación de las situaciones jurídicas derivadas de una relación de trabajo. La primera regulará aquellas surgidas con ocasión del trabajo prestado en Venezuela, en otras palabras, la determinación de la Ley corresponderá según el lugar donde sea ejecutado el convenio de trabajo, esto es, en el territorio nacional. El segundo principio, regula la situación jurídica del trabajo, convenido en Venezuela para ser prestado fuera del territorio nacional, siempre que se trate de un asalariado venezolano (concordancia con el artículo 78 de la Ley Orgánica del Trabajo). Sin embargo, a criterio de este Juzgador –y con fundamento en el imperio de la voluntad de los celebrantes de fijar las estipulaciones y contenido del convenio de trabajo, siempre que no se desconozca el carácter imperativo y tuitivo de la legislación laboral-, las partes bien puede convenir en Venezuela la prestación de un servicio en el extranjero, servicio que estará regulado por la Ley venezolana y tan sólo cuando la Ley extranjera resulte más favorable que lo pactado, es que aquella, la Ley laboral nacional, cedería ante la aplicación casuística de la Ley extranjera.

El criterio antes expresado, tiene su fundamento en que el contrato de trabajo celebrado en Venezuela como ley entre las partes, se regula, en primer término, por las disposiciones acordadas por las partes, y en segundo lugar, por las propias de la legislación laboral venezolana, que se consideran supletorias de lo no expresamente dispuesto por los contratantes o sustitutivas de lo estipulado, si el acuerdo viola los preceptos de orden público, y finalmente por las disposiciones establecidas en las leyes vigentes en el país extranjero donde el trabajo efectivamente se ha ejecutado, siempre que resulten más beneficiosas para el trabajador.

En el caso de autos, el contrato convenido en Venezuela, las partes después de un tiempo de servicios de 20 años, 2 meses y 26 días, convinieron en continuar su ejecución en Colombia. Ese acuerdo, fue válido en derecho y no habiéndose demostrado que las leyes colombianas tenían preferente aplicación a favor del empleado, por ser más beneficiosas, resulta forzoso para este Sentenciador concluir que hubo una sola relación de servicios y que las partes convinieron en someterse a la Ley del Trabajo venezolana, conforme al convenio entre las partes (lex loci celebrationis).

El suscrito conoce la doctrina contenida en la sentencia del 19/09/2001, así como también en decisión de fecha 13/11/2001, de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Omar Mora Díaz, relativa a la aplicación de la Ley laboral venezolana al tiempo efectivamente prestado en el país con exclusión del período de la prestación de servicios del trabajador en países distintos a Venezuela. Empero, tal doctrina a criterio de este Juzgador no es aplicable al caso de autos, por la razón de que la misma se refiere a los denominados trabajadores internacionales, esto es, asalariados extranjeros que fueron contratados en el exterior y posteriormente trasladados a Venezuela, país éste donde finalizó su relación laboral. Tal doctrina recoge el principio lex loci executionis. Por el contrario, el criterio señalado por el suscrito aplica el principio lex loci celebrationis, también consagrado en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, principio que por lo demás en nada contradice las disposiciones de la Ley de Derecho Internacional Privado, relativo a la validez de la regulación del negocio jurídico, por la ley correspondiente al lugar de la celebración del acto.”

 

De lo precedentemente transcrito se evidencia que la recurrida luego de establecer que la relación laboral comenzó en Venezuela el 05 de enero de 1976, finalizando el 27 de noviembre de 1997, ejecutándose en dos países distintos –Venezuela y Colombia-, es decir, que en el caso bajo análisis se comprobó la existencia de un único contrato de trabajo entre las partes, el cual fue ejecutado en forma sucesiva e ininterrumpida en dos países, concluye que tal relación está regulada por la legislación laboral venezolana, en virtud de que fue pactado en Venezuela y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, sus disposiciones son de orden público y aplicables a venezolanos o extranjeros con ocasión del trabajo prestado o convenido en Venezuela.

Ahora bien, el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo dispone expresamente:

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de aplicación territorial; rigen a venezolanos y extranjeros con ocasión del trabajo prestado o convenido en el país y en ningún caso serán renunciables ni relajables por convenios particulares, salvo aquellas que por su propio contexto revelen el propósito del legislador de no darles carácter imperativo. Los convenios colectivos podrán acordar reglas favorables al trabajador que modifiquen la norma general respetando su finalidad .

Tal como lo interpreta la recurrida, el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo dispone que los contratos de trabajo convenidos en Venezuela estarán regulados por sus disposiciones.

Respecto a la interpretación de esta norma, el tratadista patrio Dr. Rafael Alfonzo Guzmán, en su obra “La Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo”, al dar una lectura adicional al principio de la territorialidad de la Ley Laboral Venezolana, indica lo siguiente:

“De conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, las disposiciones de esa ley "son de orden público y de aplicación territorial; rigen a los venezolanos y extranjeros con ocasión del trabajo prestado o convenido en el país...". Es decir, que según la referida norma, una doble noción territorial delimita, ahora con claridad, la vigencia de las disposiciones de esa ley: en primer lugar, porque ella alude al territorio como limitado asiento material del Estado, en donde su soberanía se ejerce al dictar y hacer cumplir las disposiciones de la ley; y, en segundo término, porque según esa misma norma, el territorio es el lugar donde acaecen o suceden las situaciones y relaciones jurídicas que dicha ley regula; o sea, aquéllas surgidas con ocasión del trabajo prestado (lex loci execucionis), o convenido (lex loci celebrationis) en el territorio nacional venezolano.

En principio, los contratos de trabajo para organizar y dirigir la actividad de una empresa que presta servicios en diversos países, se hallan sujetos a la legislación laboral del lugar de su celebración. Dado que esos acuerdos han de ejecutarse normalmente en países diferentes del lugar donde fueron celebrados, es lógico pensar que ambos contratantes se vincularon a sabiendas de la existencia de reglas de orden público propias de los territorios donde el contrato habría de ejecutarse, reglas ante las cuales las estipulaciones del convenio de trabajo celebrado han de ceder, temporalmente, su prelación.

La aplicación casuística de la ley extranjera (sólo en cuanto resulte más favorable que lo pactado), y temporal (sólo a los hechos y situaciones que se realizan durante la permanencia del trabajador en territorio extranjero), lejos de significar la desintegración del contrato celebrado en fragmentos independientes de tiempo, modo y lugar, es expresión de la unidad inescindible del mismo y de la verdadera intención de los contratantes.”

Esta Sala considera que como lo explica el autor venezolano citado, el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo contiene dos supuestos de hecho que acarrean la aplicación de la legislación laboral venezolana, a saber, el trabajo prestado en Venezuela y el trabajo convenido en Venezuela, y siendo que el caso concreto encuadra en el segundo de los supuestos de la norma, puesto que fue pactado en Venezuela, se encuentra regulado por las leyes del país.

En este orden de ideas, la Sala considera que la interpretación dada por el juzgador de la recurrida al artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo es la adecuada y en virtud de ello declara la improcedencia de la denuncia analizada, así se resuelve.

29-04-08, nº 562, exp.071572, ponente Alfonso Valbuena Cordero

Se aplica ley venezolana al tiempo servido en el país y prescribe al terminar esa prestación

Esta Sala de Casación Social se ha pronunciado de manera pacífica, sostenida y reiterada sobre el principio de la territorialidad de la Ley laboral venezolana contenido en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, señalando que la referida Ley además de ser aplicada a venezolanos y extranjeros, dicha aplicación estará ceñida a la ocasión del trabajo prestado o convenido en el país, por lo que sólo estará sometida a la oportunidad o tiempo determinado de duración de la prestación de servicio en el Territorio Nacional, sin que pueda, por tales motivos, hacerse extensiva a las prestaciones de servicio que haya podido realizar el trabajador en el país extranjero donde contrató o en cualquier otro si fuere el caso.

La doctrina de esta Sala, como se manifestó en la audiencia oral de casación, es que las prestaciones sociales que proceden conforme al principio de la territorialidad contenido en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, es el tiempo efectivamente laborado en el país, es decir, si el trabajador proviene del extranjero, ese tiempo trabajado fuera del territorio nacional no se computa conforme a la Ley venezolana.

 Ahora bien, en el presente caso se observa que la parte actora convino su relación laboral fuera del territorio nacional. Sin embargo, prestó servicios en Venezuela durante un tiempo determinado y finalizó su relación laboral en el extranjero.

En este sentido y extendiendo el criterio sostenido por la Sala en cuanto al principio de la territorialidad, cuya aplicación está sujeta al trabajo efectivamente prestado en el país, se considera que la prescripción contenida en la Ley Orgánica del Trabajo, se aplicará igualmente, tomando en cuenta la finalización del servicio efectivamente prestado en Venezuela.

Por lo tanto, en las relaciones de trabajo convenidas conforme al principio de la territorialidad contenido en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, el lapso de prescripción anual establecido en el artículo 61 eiusdem se computa desde el momento en que culmina la relación laboral en Venezuela. En estos casos puede perfectamente el trabajador internacional demandar en el país y registrar su demanda, a los fines de preservar su acción conforme a la Ley nacional.

SCS 20-09-05, nº 1175, exp. 05406, ponente Alfonso Valbuena Cordero

La relación comenzó y finalizó en EEUU

Consecuente con lo anterior, esta Sala constata de la revisión exhaustiva de la sentencia recurrida, la infracción por parte de la recurrida del artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo por falsa aplicación. En este sentido, esta Sala de Casación Social reitera su jurisprudencia respecto al carácter territorial que tienen las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo, la cual protege y tutela el hecho social trabajo convenido en Venezuela.

Es así, que no solamente de la declaración que el ciudadano actor rindió en un tribunal de lo Estados Unidos de América, sino también de las actas que conforman el expediente, se evidencia que la relación de trabajo comenzó y finalizó en los Estados Unidos de América, que el trabajador accionante convino con su empleadora una remuneración en dólares americanos y que durante más de 10 años esta persona no fue inscrita en los registros del Seguro Social en Venezuela y por supuesto no recibió los beneficios establecidos en las normas venezolanas, lo cual es contundente para afirmar que todos los beneficios laborales a que tenía derecho el trabajador demandante fueron cancelados conforme al régimen jurídico que tutela el trabajo convenido en los Estados Unidos de América.

Por tal razón, erró la recurrida en darle la tutela establecida en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo al trabajador demandante, pues aún y cuando, aplicando el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, se concluye que la relación que unió a las hoy partes controvertidas fue de naturaleza laboral. Sin embargo la misma no se encuentra sujeta al amparo de la ley venezolana sino a la ley norteamericana, razón por la cual se anula el fallo recurrido, independientemente de los derechos que asiste al actor de reclamar por ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América lo que le pudiese corresponder como consecuencia de la relación laboral convenida y pactada en dicho país.

En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, se declara la procedencia de la presente denuncia. Así se decide.

Dada la procedencia de la delación que nos ocupa, se hace inoficioso el conocimiento por parte de esta Sala de las demás denuncias contenidas en el escrito de formalización, en razón de que tienden a impugnar la sentencia de fondo que declaró parcialmente con lugar la demanda, siendo que por el principio de la territorialidad de las normas laborales venezolanas, las mismas no eran aplicables al caso planteado. Así se resuelve.