SCS 13-7-00

Ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo. Exp. Nº  99-859, dec. Nº 265:

El análisis de la transacción debe hacerse en concordancia con el ord. 3º art. 3 LOT

Debe precisar esta Sala que la transacción en materia laboral esta prevista en el Parágrafo Único del artículo 3º de la Ley Orgánica del Trabajo, por tanto la aplicación de las normas del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil en los casos de transacción de derechos de trabajadores debe hacerse siempre en concordancia con la citada norma sustantiva laboral.

El Parágrafo Único del artículo 3º de la Ley Orgánica del Trabajo establece como requisitos esenciales de validez de la transacción laboral, que la misma sea hecha por escrito y con una relación detallada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. Establece la misma norma que para que la transacción pueda tener efectos de cosa juzgada, la misma debe ser celebrada por ante un funcionario del Trabajo.

De la transcripción parcial que se hizo del fallo recurrido, se desprende que el Juez de la Alzada consideró que no consta en autos ningún escrito que cumpla, aunque sea en parte, con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y consecuentemente no consideró que hubiera habido una transacción entre las partes, concluyendo que era pertinente ordenar cancelar a los trabajadores el sesenta por ciento (60%) restante de sus prestaciones sociales.

SCS 6-5-04

Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz. Exp. Nº  04-192, dec. Nº 394:

No es necesario dejar constancia de que el trabajador acudió libre de constreñimiento

En este orden de ideas, la Sala pasa a revisar la sentencia objeto de estudio para evidenciar lo que el sentenciador estableció sobre el particular denunciado.

“5) Que ante tales circunstancias podía ser lógico pensar que de la forma y fondo de la actuación de la Inspectora del Trabajo de Valera, NO EMANÓ LA DEMOSTRACIÓN PLENA DE QUE HUBO DEBIDA HOMOLOGACIÓN, DUDANDO ASÍ EL SUSCRITO JUZGADOR QUE HAYA SIDO DEBIDAMENTE HOMOLOGADA LA TRANSACCIÓN por no haberse cumplido, sobre todo, con el requisito de verificación de cerciorarse si RAFAEL BARRIOS ocurría ante dicha funcionaria, libre de constreñimiento, en razón de cuya duda fue forzoso concluir que por imperativo constitucional debía interpretarse que no hubo en dicha Transacción el cumplimiento de LA DEBIDA HOMOLOGACIÓN...”(resaltado de la Sala).

Ahora bien, a los fines de resolver la denuncia planteada, se hace necesario plasmar lo que la Ley Orgánica del Trabajo establece en materia de transacción.

“Artículo 3: En ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores.

PARÁGRAFO ÚNICO: La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los hechos en ella comprendidos. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada.” (resaltado de la Sala).

Se cita también lo dispuesto en el artículo 10 del reglamento de la Ley antes señalada:

“Artículo 10: La transacción celebrada por ante el Juez o Inspector del Trabajo competente, debidamente homologada, tendrá efectos de cosa juzgada.

Parágrafo Primero: Cuando la transacción fuere presentada para su homologación, el funcionario competente deberá constatar el cumplimiento de los extremos del artículo anterior y cerciorarse que el trabajador actúa libre de constreñimiento alguno.

Parágrafo Segundo: El Inspector del Trabajo procederá a homologar o rechazar la transacción que le fuere presentada, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. En el supuesto de negativa, deberá indicar los motivos de la decisión y, si fuere el caso, precisar los errores u omisiones en que hubieren incurrido los interesados, brindándosele a éstos el lapso de subsanación a que se refiere el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.”(resaltado de la Sala).

De estos citados artículos se desprende que cuando se lleva a cabo una transacción laboral que es homologada por la autoridad competente del trabajo, vale decir, Juez o Inspector del Trabajo, la misma adquiere la eficacia de cosa juzgada, porque al ser presentada ante cualquiera de las autoridades del trabajo ya indicadas, éstas verificarán si la misma cumple o no los requerimientos para que tenga validez y carácter de cosa juzgada.

Por lo que en este sentido, resulta importante señalar que si bien es cierto que en el Parágrafo Primero del Artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo se establece que al serle presentada una transacción al Inspector del Trabajo, éste debe verificar si se cumplen con los requisitos de ley y constatar que el trabajador actúa libre de constreñimiento, hay que precisar que ni dicha norma ni ninguna otra establece que, como formalidad esencial, el auto de homologación impartido a la transacción debe contener la indicación expresa de haberse cumplido tal requisito y el hecho que tal extremo no se indique expresamente en el auto de homologación no permite concluir que el funcionario del trabajo no cumplió con el mismo, menos cuando ni siquiera la parte accionante alega tal circunstancia.

Establecer que una transacción homologada por la Inspectoría del Trabajo no está investida del efecto de cosa juzgada por no haberse indicado en el auto de homologación que el trabajador actuó libre de constreñimiento, es una conclusión contraria a derecho que violenta el principio de presunción de legalidad del acto administrativo, según el cual los actos administrativos se consideran válidos y realizados conforme a la ley, en tanto no se declare lo contrario por el órgano jurisdiccional competente. Y siendo ello así, la Sala observa que hubo entonces la debida homologación a la transacción suscrita entre RAFAEL BARRIOS y la empresa mercantil PANAMCO DE VENEZUELA, S.A., y que por lo tanto la misma adquirió la eficacia de cosa juzgada.

Así pues, los argumentos antes expuestos conllevan a afirmar que efectivamente el sentenciador de la alzada incurrió en la infracción de ley por error en la interpretación denunciada por el recurrente, razón por la cual se declara con lugar la presente denuncia y así se decide.

SCS 6-3-03

Ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero. Exp. Nº  02-341, dec. Nº 126:

La transacción se combate mediante nulidad

La expresión de renuncia impide demandar esos conceptos

La recurrente en casación, alega que es ilegal la transacción celebrada entre las partes ante el respectivo funcionario de la Inspectoría del Trabajo, en virtud de la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos por el Derecho Laboral establecidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, por lo tanto, el sentenciador de alzada, debió verificar tal incumplimiento a los fines de que la referida transacción no surtiera los efectos legales de cosa juzgada.

Igualmente señala la recurrente, que los conceptos reclamados en la transacción celebrada entre las partes y los conceptos demandados en la presente causa son diferentes, en consecuencia no están presentes todos los requisitos necesarios para que opere la presunción de la cosa juzgada establecida en el artículo 1.395 del Código Civil, por lo que no debió el sentenciador de alzada aplicar la referida norma sobre un supuesto de hecho diferente al contenido en ella.

Ahora bien, con el fin de verificar lo denunciado por la formalizante, esta Sala considera pertinente transcribir parcialmente la sentencia recurrida:

“En relación al segundo punto previo opuesto por la parte demandada, relativo a la cosa juzgada, este Tribunal Superior observa: que consta de autos que entre la ciudadana AURA ESTELA VILLARREAL, parte actora y la empresa C.A. HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA (HIDROANDES), parte demandada, se celebró una transacción de conformidad con lo establecido en los artículos 1.713 al 1.723 del Código Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, y los artículos 9 y 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo transacción esta que cursa en copia certificada del folio 12 al folio 14 del expediente.

En este sentido, el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil establece: ‘La transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada.’

En doctrina se considera que la sentencia contra la cual no queda recurso alguno, bien porque no se ejercieron los recurso procesales tempestivamente o porque habiéndolos ejercido, se han agotado todas las instancias posibles, produce cosa juzgada y en consecuencia es inatacable nuevamente. El Código Civil Venezolano en el artículo 1.395 establece: ‘...La autoridad de la cosa juzgada no procede sino respecto de lo que ha sido objeto de la sentencia. Es necesario que la cosa demandada sea la misma; que la nueva demanda esté fundada sobre las (sic) misma causa; que sea entre las mismas partes, y que estas vengan al juicio con el mismo carácter que en el anterior.’.

Este Tribunal Superior considera, que si el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil establece que la transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada; que en el presente caso concurren los requisitos exigidos por el artículo 1395 del Código Civil; que en el presente caso existe en autos una transacción celebrada de conformidad con lo establecido en el parágrafo único del artículo 3° de la Ley Orgánica del Trabajo, en cuya cláusula 5° se establece: ‘ambas partes declaran que nada quedan a deberse una a la otra por la relación de trabajo que existió entre ellos, hasta el día 9 de julio de 1999, renunciando a cualquier acción laboral o civil, fuese administrativa o judicial que le correspondiese, ya la hubiese incoado o estuviese pendiente por intentarse.’, y que al no existir la prohibición prevista en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, relativa a materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones como es el caso de la materia laboral; es necesario concluir que en el caso de autos existe una transacción con carácter de cosa juzgada y que en consecuencia es necesario declarar, como en efecto se declara, Con Lugar el segundo punto previo opuesto por la parte demandada relativo a la cosa juzgada y Así se DECIDE.

En relación al alegato hecho por la parte actora de que la transacción celebrada que cursa en autos es nula e írrita, este Tribunal Superior considera que no es en esta vía, es decir, a través de una demanda de cobro de prestaciones sociales cuando deba decidirse sobre su nulidad o no, sino que la parte actora debe intentar el correspondiente juicio de nulidad en vía ordinaria o especial y Así se DECIDE.

Decididos como han quedado los puntos previos opuestos por la parte demandada, declarado Sin Lugar el relativo a la prescripción de la acción y declarado Con Lugar el relativo a la cosa juzgada, este Tribunal Superior comparte el criterio del Tribunal de la Causa, en el sentido de no pronunciarse sobre el fondo del litigio y en consecuencia considera irrelevante analizar las pruebas aportadas al proceso, pues precisamente las defensas de fondo en materia laboral se deciden como punto previo al fallo y de ser declaradas Con Lugar, el Juez no toca el fondo de litigio y en el caso de autos se declaró Con Lugar la defensa de fondo relativa a la cosa juzgada; por lo que se hace necesario declarar Sin Lugar la demanda que por Cobro de Prestaciones Sociales incoare la ciudadana AURA ESTELA VILLARREAL, en contra de la Empresa C.A. HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA (HIDROANDES) y Así se DECIDE.

 

El sentenciador de alzada basó su decisión tomando en cuenta la transacción laboral, cursante en autos, celebrada entre la ciudadana Aura Estela Villarreal y la empresa C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina (HIDROANDES), debidamente homologada por ante la Inspectoría del Trabajo respectiva, en cuya cláusula quinta se establece el acuerdo entre las partes de que nada se adeudan con respecto a la relación de trabajo que existió entre ambas hasta el día 09 de julio de 1.999, reconociendo como parte integrante de esta transacción la liquidación por concepto de prestaciones sociales y la renuncia a ejercer cualquier tipo de acción judicial o administrativa referida a la misma causa, en virtud de lo cual fue declarado con lugar el segundo punto previo opuesto por la parte demandada relativo a la cosa juzgada.

Ahora bien, los artículos 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y 1.395 del Código Civil establecen el efecto de cosa juzgada de la transacción laboral y la presunción legal, respectivamente, cuando dicen:

“Artículo 3. En ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores.

PARÁGRAFO ÚNICO.- La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidas. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada.

Artículo 1.395. Le presunción legal es la que una disposición especial de la Ley atribuye a ciertos actos o ciertos hechos. Tales son:

(omissis)

La autoridad de la cosa juzgada no procede sino respecto de lo que ha sido objeto de la sentencia. Es necesario que la cosa demandada sea la misma; que la nueva demanda esté fundada sobre la misma causa; que sea entre las mismas partes, y que éstas vengan al juicio con el mismo carácter que en el anterior.”

 

De lo antes expuesto y del análisis de la sentencia recurrida que cursa en la presente causa, se evidencia que el Juez Superior no incurrió en la falsa aplicación de los artículos 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y 1.395 del Código Civil, en vista de que los hechos establecidos por el juzgador superior encuadran en los supuestos de hecho de dichas normas, ya que fueron aplicados sobre la transacción laboral efectivamente suscrita entre las mismas partes de la presente causa, según consta en autos bajo los folios del 12 al 14, la cual versó, entre otros conceptos, sobre las prestaciones sociales aquí demandadas, de lo cual evidentemente se desprende la obligación de aplicar la consecuencia jurídica establecida en las normas in comento, que no es otra sino la de darle los efectos jurídicos de cosa juzgada, que fue lo decidido por el ad quem en el fallo recurrido.

Por las anteriores consideraciones, esta Sala declara que la recurrida no incurrió en la falsa aplicación de las normas indicadas.

Por otro lado, denuncia la formalizante la falta de aplicación de los artículos 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 9 y 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y, 12 y 14 del Código de Procedimiento Civil.

Con relación a la denuncia de normas constitucionales, ha establecido esta Sala que no le es posible revisar violaciones de normas de rango constitucional, por cuanto ello es competencia de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 266 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, estima esta Sala señalar, que sólo son objeto del recurso de casación, aquellas normas de naturaleza infraconstitucional que resulten directamente infringidas.

En consecuencia, no habrá pronunciamiento sobre la acusada infracción de normas de carácter constitucional. Así se establece.

SCS 7-11-01

Ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero. Exp. Nº  00-427, dec. Nº 281:

No hay ultrapetita al declarar la nulidad de la transacción por ser de orden públíco

En el caso de especie se plantea, que en la recurrida se incurre en el vicio de ultrapetita, porque se declara la nulidad de la transacción celebrada por las partes ante la autoridad administrativa laboral competente, sin que esté contenido en el libelo de la demanda ningún pedimento relacionado con tal declaratoria.

De la revisión de las actas del expediente evidencia la Sala que, ciertamente, en el libelo de la demanda no se peticionó la nulidad de la referida transacción, sin embargo resulta necesario transcribir lo dispuesto en la sentencia recurrida respecto a este punto:

PRUEBAS DE LA PARTE ACCIONADA:

(omissis).

3.- Copia Certificada de Acta suscrita por la demandante: PELEGRINA ROSALBA PACE ACOSTA con la empresa demandada: CANTV de fecha 29 de febrero de 1996 la cual por ser un documento privado y no ser desconocida la firma expresamente por quien se le presenta se tiene como emanado suyo, comprometiéndose las partes a presentarlo ante la Inspectoría del Trabajo para su homologación, y en el que declaran que: ‘se conviene por voluntad de las partes dar por terminada la relación laboral, ofreciéndole la hoy demandada’ en aras de evitar cualquier litigio judicial de la relación laboral que existió entre las partes’, cancelarle una Bonificación especial de Bs. 6.918.956,10, cantidad ésta que consta haber recibido la reclamante en cheque 82666036 de fecha 17-04-96, por Bs. 11.119.624,85 contentivo de la bonificación especial pactada en el acta convenio de Bs. 6.918.956,10 y el reclamante por otros conceptos laborales correspondientes a la finalización de la relación laboral, y expresados en la planilla de prestaciones sociales, que riela al folio 117, que en copia certificada se presentó por la empresa demandada y que no fue desconocida la firma por quien se presenta, adminiculados con el acta suscrita por ante la Inspectoría del Trabajo en fecha 18 de abril de 1996 y la cual homologa el funcionario del Trabajo de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y en la cual los trabajadores manifiestan recibir conformes el pago mencionado y ratifican el acuerdo suscrito con la Empresa CANTV. Documentos estos que así apreciados solo demuestran a este Tribunal que la hoy actora recibió las cantidades señaladas, por los conceptos que en tales documentos constan. Pero del análisis exhaustivo tanto del acta firmada en forma privada con la hoy demandada de fecha 29 de febrero de 1996 y de la firmada por ante la Inspectoría del Trabajo en fecha 18 de abril de 1996, no se evidencia transacción alguna sobre el derecho ‘jubilación’ reclamado en este juicio. Por consiguiente no comparte esta juzgadora el criterio del a-quo de considerar nugatorio lo reclamado por carecer de fundamento legal que lo refuerce, y considerar que la actora suscribió por ante la Inspectoría un acta según la cual conviene en dar por terminada la relación laboral, y según la a quo no consta en autos manifestación de voluntad de la trabajadora de querer acogerse al plan de jubilación. Y así se declara.-

La transacción laboral prevista en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y se entiende siguiendo la disposición del Artículo 1713 del Código Civil, ‘El contrato por el cual las partes mediante recíprocas concesiones terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual’, y en materia de derecho laboral, por el carácter de orden público y social, la ley especial exige que la misma contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y los derechos en ellas comprendidos, en este sentido, es necesario expresar pormenorizadamente los beneficios o indemnizaciones que le corresponda al trabajador, que éste conozca que le corresponde y voluntariamente renuncie a alguno de ellos. Y cumpliendo las formalidades establecidas de contener una relación circunstanciada de los hechos motivantes y de los derechos en ella comprendidos se le dará el carácter de cosa juzgada.

En el caso que nos ocupa la jubilación no fue incluida en el acta analizada y suscrita en fecha 29 de febrero de 1.996, solo la trabajadora conviene en recibir una cantidad de dinero Bs. 11.119.624,85 por concepto de los derechos derivados de la Ley Orgánica del Trabajo, y en aras de evitar cualquier litigio judicial de la relación laboral que existió entre las partes, aceptando a cambio bolívares 6.918.956,10. Consecuencialmente tal acta no cumple con las previsiones establecidas para la transacción laboral, el Funcionario del trabajo no debió homologar la exposición de las partes, pues en ella contiene derechos irrenunciables de eminente orden público y raigambre constitucional contenido el artículo 85 de la Constitución Nacional Vigente para el momento de finalización de la relación laboral que nos ocupa y artículos: 89 numeral 2, de la Constitución de la República Bolivariana vigente hoy, artículos: 3, 10, 59 y 60 de la Ley Orgánica del Trabajo, referidos a que en ningún caso eran renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores, sin que ello excluya la posibilidad de conciliación o transacción, bajo ciertos requisitos, y del análisis de la cláusula SEGUNDO del acta se evidencia que la trabajadora hoy reclamante, convino en renunciar a su derecho de accionar judicialmente los derechos laborales contenidos en la Ley Orgánica del Trabajo, a cambio de una Bonificación Especial de Bs. 6.918.956,10, renuncia inconstitucional, y contraria al artículo 6 del Código Civil, que establece la irrenunciabilidad de las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público, se declara la nulidad del acto por violación expresa (sic) disposición de orden público y constitucionales. No obstante, estas actas así analizadas no demuestran a esta juzgadora que se haya convenido en nada sobre la ‘jubilación especial’ hoy reclamada, ni sobre derechos contenidos en la Contratación Colectiva, que las partes admiten, rige las relaciones entre los trabajadores y la demandada CANTV, analizados supra. Y al no contener una relación circunstanciada de hechos motivantes y de derechos en ella comprendidos, no puede ser considerada tal acta como una transacción laboral, por no cumplir con el contenido del parágrafo único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo. Y así se declara.- En consecuencia no comparte esta Juzgadora el criterio del juez a quo al considerar tal acta como una transacción laboral.”

 

De lo precedentemente transcrito se constata que la recurrida si anuló la transacción celebrada por las partes ante la autoridad administrativa laboral competente, sin que esto hubiese sido solicitado por la parte actora, sin embargo lo declara el juzgador en virtud de que considera que la misma es violatoria de disposiciones de orden público y constitucionales, por cuanto a través de dicho acto jurídico el trabajador a cambio de una cantidad de dinero ofrecida por la empresa demandada, renuncia a su derecho de acceder a los órganos jurisdiccionales para reclamar sus derechos laborales, los cuales son irrenunciables.

Ahora bien, aun cuando no fue peticionada la nulidad declarada, el Juez tenía la facultad de pronunciarse al respecto, en virtud del principio iura novit curia, por cuanto se trata de un punto de derecho y no de hecho, el que el sentenciador verifique si una transacción atenta contra normas legales en cuyo cumplimiento está interesado el orden público o si la misma resulta violatoria de normas de rango constitucional.

En consecuencia considera esta Sala que la sentencia recurrida no incurrió en el vicio delatado y así se decide.

SCS 6-5-2004

Ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero. Exp. Nº  04-191, dec. Nº 397:

Las cantidades pagadas en transacción que no produce cosa juzgada se imputan a las prestaciones

Considera la Sala que la contradicción apuntada en la formalización no es tal, no existe, pues no es cierto que el Tribunal de alzada le negó “todo valor a la transacción realizada” ante la Inspectoría del Trabajo de Valera y que debía considerarse que la misma no se realizó, como parece haberlo entendido quien recurre. Tampoco es acertada la apreciación de la parte recurrente según la cual, si el Tribunal ordena descontar del monto total a pagar lo entregado en la oportunidad de la transacción signifique que haya una contradicción entre el dispositivo del fallo, y así como la negativa de otorgar a la transacción fuerza de cosa juzgada.

El Juez Superior del Trabajo que conoció en apelación de la presente causa estimó que en virtud de que el Inspector del Trabajo no verificó que el ciudadano Pablo Emigdio Salas actuaba libre de constreñimiento no ha debido homologar dicha transacción y que, en consecuencia, no quedaba la misma investida del carácter de cosa juzgada.

El que, a criterio del Juez de la recurrida, la transacción celebrada ante la administración del trabajo no alcanzara el efecto de cosa juzgada no significa que se determine en el fallo que tal transacción no se hubiese realizado y que la demandada no hubiese efectuado un pago imputable a las prestaciones derivadas de la relación de trabajo; lo que significa el no reconocer el efecto de cosa juzgada, es que la estimación de dicho pago por concepto de prestaciones y beneficios derivados de la relación de trabajo, puede ser revisada judicialmente, y consecuentemente, acordar el pago de la diferencia, que en definitiva fue lo que ordenó el Tribunal, de allí que se ordene descontar el monto entregado de lo que se condena a pagar.

De no haber imputado lo pagado a lo causado por prestaciones derivadas de la relación de trabajo, e independientemente de lo acertado o no del criterio sobre la validez de la homologación de la transacción, el demandante hubiera recibido el pago de lo indebido y quedaría obligado a la repetición a la demandada de lo entregado inicialmente.

La falta de mención de que el trabajador se presentó libre de coacción no anula la transacción

Ciertamente, del texto de la recurrida se aprecia que tal y como señala la parte formalizante, el tribunal de la causa consideró que la transacción suscrita por el ciudadano Pablo Emigdio Salas y la sociedad mercantil Panamco de Venezuela, S.A., no debió ser homologada puesto que al funcionario del trabajo no le constaba que el hoy demandante hubiese comparecido libre de constreñimiento, y que en consecuencia la misma no alcanzaba el efecto de cosa juzgada.

Debe señalar esta Sala, que de conformidad con lo previsto en el artículo 3°, Parágrafo Único, de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con los artículos 9º y 10 de su Reglamento, cuando se lleva a cabo una transacción laboral que es homologada por la autoridad competente del trabajo, vale decir, Juez o Inspector del Trabajo, la misma adquiere la eficacia de cosa juzgada referida en el citado Parágrafo Único del artículo 3° de la Ley Orgánica del Trabajo, porque al ser presentada ante cualquiera de las autoridades del trabajo ya indicadas, éstas verificarán si la misma cumple o no con los requerimientos para que tenga validez y carácter de cosa juzgada.

Si bien es cierto que en el Parágrafo Primero del artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo se establece que al serle presentada una transacción al Inspector del Trabajo, éste debe verificar si se cumplen con los requisitos de ley y constatar que el trabajador actúa libre de constreñimiento, hay que precisar que ni dicha norma ni ninguna otra establece como formalidad esencial, que el auto de homologación impartido a la transacción debe contener la indicación expresa de haberse cumplido tal requisito, y el hecho que tal extremo no se indique expresamente en el auto de homologación no permite concluir que el funcionario del trabajo no cumplió con el mismo, menos aún cuando ni siquiera la parte accionante alega tal circunstancia.

Establecer que una transacción homologada por la Inspectoría del Trabajo no está investida del efecto de cosa juzgada por no haberse indicado en el auto de homologación que el trabajador actuó libre de constreñimiento es una conclusión contraria a derecho, que violenta el principio de presunción de legalidad del acto administrativo, según el cual los actos administrativos se consideran válidos y realizados conforme a la ley, en tanto no se declare lo contrario por el órgano jurisdiccional competente.

En virtud del efecto de cosa juzgada de la cual está investida, conforme al artículo 3°, Parágrafo Único, de la Ley Orgánica del Trabajo, una transacción homologada por el Inspector del Trabajo constituye ley entre las partes en los límites de lo acordado y vinculante en todo proceso futuro.

Cuando, al decidir un juicio por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos derivados de la relación de trabajo, el juez encuentra que se ha alegado y probado la celebración de una transacción ante la Inspectoría del Trabajo y que la misma ha sido debidamente homologada, lo que debe hacer es determinar si todos los conceptos demandados se encuentran comprendidos en la transacción celebrada, pues sólo a estos alcanza el efecto de cosa juzgada, extremo que no cumplió el Tribunal de la causa.

Con base en los razonamientos precedentes es forzoso declarar con lugar la presente denuncia.

SCS 6-11-02

Ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero. Exp. Nº  02-390, dec. Nº 619:

No hay cosa juzgada si la transacción no cumple con los requisitos

Asimismo denuncian los formalizantes la falta de aplicación, por la recurrida, de los artículos 272 y 273 del Código de Procedimiento Civil, disposiciones legales éstas que establecen las nociones de la cosa juzgada formal y material, en virtud de que anuló la transacción homologada por auto firme de la autoridad laboral administrativa, desconociendo la autoridad de cosa juzgada que emana de dicho acto, infringiendo también con dicho pronunciamiento el ordinal 3° del artículo 1395 del Código Civil, por falta de aplicación.

En relación a este punto cabe señalar que no hay cosa juzgada, en razón de que el juzgador al efectuar el análisis del acta que se pretende atacar, anuló la misma por cuanto no cumplía con los requisitos exigidos en el artículo 3° de la Ley Orgánica del Trabajo. Siendo así, no resultan infringidos los artículos denunciados.

Denuncian la infracción por la recurrida de los artículos 1359, 1360 y 1363 del Código Civil por errónea interpretación, por cuanto se le negó valor a la transacción celebrada.

La recurrida declaró la existencia de un error en el consentimiento

En el caso bajo estudio se constata que si bien la recurrida declaró que hubo por parte de la actora un error excusable, lo hizo con base en que, por una parte, en el libelo de la demanda el accionante manifestó la existencia de vicios en el consentimiento al momento de su elección, y por la otra, al analizar el acta que suscribieron las partes. Por tal razón y además por ser coincidente dicha acta con la señalada por esta Sala de Casación Social en otros casos análogos al presente, declaró la existencia del error excusable.

De ello se constata que el sentenciador superior basa la declaratoria de existencia del error excusable en hechos específicos extraídos de pruebas cursantes en el juicio y al apreciarse en consecuencia el vicio en el consentimiento, resulta aplicable la norma contenida en el artículo 1.146 del Código Civil, razón por la que no resulta infringida.

No puede considerarse transacción laboral aquélla que no cumple con los requisitos

Ahora bien, es de señalar a los recurrentes que en los primeros casos análogos al presente, cuando se analizó el Acta que suscribieron las partes, entre otros puntos se estableció:

“De una lectura integral del Acta se observa que en el encabezado de la misma y en su Cláusula Primera, las partes manifiestan una voluntad común de dar por terminado el vínculo de trabajo que las une, lo cual es perfectamente valido, ya que tal posibilidad está prevista en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Trabajo y que ello es consecuencia de la solicitud formulada por el trabajador acerca de la terminación de la relación de trabajo. En la Cláusula Segunda la demandada se compromete en pagar al demandante una cantidad de dinero, “… en lugar de su jubilación prevista en el anexo ‘C’ del Contrato Colectivo de Trabajo …”, es decir, al trabajador le ha sido reconocido y ha ejercido el derecho establecido en la Convención Colectiva a optar por una Bonificación Especial o la Jubilación prevista en el Plan de Jubilación, más las indemnizaciones contenidas en la cláusula 71 en ambos casos, de allí que puede concluirse, que aún cuando éste no cumplía uno de los dos requisitos concurrentes para ello, cual es haber sido despedido por una causa no prevista en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo; el patrono voluntariamente le reconoció el derecho a la jubilación especial al permitirle escoger entre una de las dos opciones en que se presenta este beneficio, concretamente la opción de pago de dinero adicional. Finalmente del análisis de la Cláusula Tercera puede decirse, que al no contener una relación circunstanciada de hechos motivantes y de derechos en ella comprendidos, mal puede ser considerada tal acta como una transacción laboral, por no cumplir con el contenido del parágrafo único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que dicha acta se considera como un acto voluntario que produce efectos jurídicos que dependen de la manifestación de la voluntad, con fundamento en el artículo 1.133 del Código Civil, sometido en consecuencia a las reglas generales del derecho común en los términos establecidos especialmente en los artículos 1.140 al 1.154 y del 1.178 al 1.183, ambos inclusive y al artículo 1.184 ejusdem. Así se establece.”

En atención a lo anteriormente transcrito, se observa como en otros casos, que el juzgador de la recurrida se basó en la sentencia marco de esta Sala de Casación Social, para declarar la nulidad de la transacción celebrada entre las partes, en virtud de determinar que la misma se encontraba viciada por un error excusable por parte del demandante. Siendo así, no eran aplicables las normas delatadas.

Requisito de validez de la transacción: contener los hechos motivantes

Sobre este aspecto se observa que la apreciación y valoración otorgada en el fallo recurrido al acta contentiva de la alegada transacción laboral, se deriva de la naturaleza jurídica que en criterio del juzgado superior, así como de esta Sala, posee tal instrumento, puesto que el tribunal de alzada al analizarlo concluyó que el mismo no cumple con los requisitos exigidos para configurar una transacción laboral, en los términos de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto no contiene una relación circunstanciada de los hechos motivantes ni de los derechos en ella comprendidos y además incluye una renuncia inconstitucional e ilegal, por parte del trabajador, a su derecho a accionar judicialmente en reclamo de sus derechos consagrados en la Ley Orgánica del Trabajo.

Al respecto, la doctrina y jurisprudencia reiteradamente han señalado como requisito para la validez de la transacción, que esta sea circunstanciada, es decir, que especifique de manera inequívoca los derechos, prestaciones e indemnizaciones sobre los cuales recae. Es requisito esencial para la validez de la transacción que se expresen en el texto del documento que la contiene los derechos que corresponden al trabajador para que éste pueda apreciar las ventajas o desventajas que ésta produce y estimar si los beneficios obtenidos justifican el sacrificio de alguna de las prestaciones previstas en la legislación. Asimismo la jurisprudencia ha establecido que una vez causadas las prestaciones el trabajador puede celebrar transacción, siempre y cuando se expliquen en forma pormenorizada las razones que determinan la realización de esa transacción.

En consecuencia, considera esta Sala de Casación Social que resulta ajustado a derecho el pronunciamiento emitido por el Tribunal de alzada respecto al acta referida, por cuanto ésta no está investida de la inmutabilidad de la cosa juzgada ya que no contiene una transacción laboral, en razón a que no sólo no cumple con los requisitos que para ello dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, sino que además en los términos generales en los que se suscribió, debe entenderse, necesariamente, que versa sobre derechos irrenunciables de los trabajadores contenidos en la Ley Orgánica del Trabajo, distinto sería el caso si estuviéramos en presencia de una verdadera transacción laboral, la cual posee la fuerza de cosa juzgada.

En atención a todo lo expuesto, considera esta Sala que la recurrida fue dictada persiguiendo la protección de principios y valores estatuidos en normas de orden público, así como de derechos y garantías constitucionales y legales.

En virtud de las precedentes consideraciones, debe esta Sala precisar que al haber actuado ajustado a derecho el Tribunal de la recurrida no resulta infringida tal norma.

SCS 19-6-00

Ponencia del Magistrado Alberto Martini Urdaneta. Exp. Nº  99-560, dec. Nº 200:

CANTV: acta no cumple con los requisitos

La Sala considera que el medio probatorio fundamental, mediante el cual se evidencia como se sucedieron los hechos con ocasión de la terminación del vínculo de trabajo que unía a las partes, es la documental privada constituida por Acta de Terminación del vínculo de Trabajo, que dado el gran número de trabajadores que finalizaron sus relaciones de trabajo con la demandada en fechas mas o menos coincidentes, conllevo a que ésta última uniformara los términos de dicha Acta, de allí que la Sala se permita analizar un modelo de esta Acta en abstracto, lo cual hace de seguidas:

“ACTA

En Caracas, a los __________________________, se reunieron en las OFICINAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV), por una parte, la Lic. Marina de Ratmiroff Directora de Relaciones Industriales y el Lic. Jorge Fuenmayor, Gerente de Atención Laboral, en representación de la Empresa; y por la otra, el trabajador _____________________, quien se venía desempeñando como _______________________, adscrito a ________________ con el objeto de dejar expresa constancia en este documento de la voluntad común de dar por terminada la relación de trabajo existente entre las partes, con efectividad del __________.

A tal efecto se acuerda lo siguiente:

PRIMERO: __________________, solicitó a la CANTV la terminación de la relación de trabajo por mutuo consentimiento, y por estar la empresa de acuerdo con los solicitado, se conviene por voluntad común de las partes en terminar la relación laboral con efectividad _________.

SEGUNDO: En razón de lo antes expuesto, la COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (C.A.N.T.V), cancelará a _______________________, los conceptos que le corresponde por aplicación de la cláusula 71 de la Vigente Convención Colectiva de Trabajo y una Bonificación Especial equivalente al ______ de la indemnización de antigüedad, lo cual configura un pago ______ de la indemnización de antigüedad; en lugar de su jubilación (subrayado de la Sala) prevista en el anexo ‘C’ (Plan de Jubilaciones) del contrato Colectivo de Trabajo Vigente.

TERCERO: Las partes que suscriben, manifiestan su conformidad con los acuerdos contenidos en esta Acta, constituyendo la firma del presente documento la materialización de la voluntad común de las partes de dar por terminada la relación laboral que los vinculaba. En consecuencia, ____________________, manifiesta que no tiene nada más que reclamar a la Empresa ante algún Organismo Administrativo o Judicial del Trabajo, por lo cual declaran homologar esta Acta ante la Inspectoría del Trabajo de la Jurisdicción a los fines de que surta sus efectos legales, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo.- POR LA EMPRESA: C.A.N.T.V. DIRECCION DE RELACIONES INDUSTRIALES (fdo.) Lic. MARINA DE RATMIROFF.- DIRECTORA DE RELACIONES INDUSTRIALES.- EL TRABAJADOR (fdo.)”.

De una lectura integral del Acta se observa que en el encabezado de la misma y en su Cláusula Primera, las partes manifiestan una voluntad común de dar por terminado el vínculo de trabajo que las une, lo cual es perfectamente valido, ya que tal posibilidad está prevista en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Trabajo, y que ello es consecuencia de la solicitud formulada por el trabajador acerca de la terminación de la relación de trabajo. En la Cláusula Segunda la demandada se compromete en pagar al demandante una cantidad de dinero, “… en lugar de su jubilación prevista en el anexo ‘C’ del Contrato Colectivo de Trabajo …”, es decir, al trabajador le ha sido reconocido y ha ejercido el derecho establecido en la Convención Colectiva a optar por una Bonificación Especial o la Jubilación prevista en el Plan de Jubilación, más las indemnizaciones contenidas en la cláusula 71 en ambos casos, de allí que puede concluirse, que aún cuando éste no cumplía uno de los dos requisitos concurrentes para ello, cual es haber sido despedido por una causa no prevista en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo; el patrono voluntariamente le reconoció el derecho a la jubilación especial al permitirle escoger entre una de las dos opciones en que se presenta este beneficio, concretamente la opción de pago de dinero adicional. Finalmente del análisis de la cláusula tercera puede decirse, que al no contener una relación circunstanciada de hechos motivantes y de derechos en ella comprendidos, mal puede ser considerada tal acta como una transacción laboral, por no cumplir con el contenido del parágrafo único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que dicha acta se considera como un acto voluntario que produce efectos jurídicos que dependen de la manifestación de la voluntad, con fundamento en el artículo 1.133 del  Código Civil, sometido en consecuencia a las reglas generales del derecho común en los términos establecidos especialmente en los artículos 1.140 al 1.154 y del 1.178 al 1.183, ambos inclusive y al artículo 1.184 ejusdem. Así se establece.

SCS 1-6-00

Ponencia del Magistrado Alberto Martini Urdaneta. Exp. Nº  99-532, dec. Nº 158:

No es posible la denuncia aislada del artículo 3º LOT

En cuanto a la denuncia de infracción del artículo 85 de la Constitución de 1961, se le advierte al formalizante que no es posible para esta Sala de Casación Social revisar denuncias de violaciones de normas de rango constitucional, por cuanto ello es competencia de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 266 ordinal 1° de la Constitución publicada en 1999; y por cuanto solo son objeto del recurso de casación aquellas normas que resulten directamente infringidas, es decir, las normas de naturaleza subconstitucional, que resulten violadas de forma inmediata en el caso concreto.

Por otra parte de la transcripción precedente de las normas delatadas como infringidas, se constata que las mismas contienen principios generales del derecho del trabajo, como acertadamente lo señala el impugnante en su escrito, y por tanto no son susceptibles de ser denunciadas aisladamente, sino que debió el formalizante delatarlas como violadas en concordancia con artículos específicos reguladores de las indemnizaciones pretendidas por el trabajador.

SCS 6-5-04

Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz. Exp. Nº  04-192, dec. Nº 394:

No es necesario que deje constancia que  actuó sin coacción

De estos citados artículos se desprende que cuando se lleva a cabo una transacción laboral que es homologada por la autoridad competente del trabajo, vale decir, Juez o Inspector del Trabajo, la misma adquiere la eficacia de cosa juzgada, porque al ser presentada ante cualquiera de las autoridades del trabajo ya indicadas, éstas verificarán si la misma cumple o no los requerimientos para que tenga validez y carácter de cosa juzgada.

Por lo que en este sentido, resulta importante señalar que si bien es cierto que en el Parágrafo Primero del Artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo se establece que al serle presentada una transacción al Inspector del Trabajo, éste debe verificar si se cumplen con los requisitos de ley y constatar que el trabajador actúa libre de constreñimiento, hay que precisar que ni dicha norma ni ninguna otra establece que, como formalidad esencial, el auto de homologación impartido a la transacción debe contener la indicación expresa de haberse cumplido tal requisito y el hecho que tal extremo no se indique expresamente en el auto de homologación no permite concluir que el funcionario del trabajo no cumplió con el mismo, menos cuando ni siquiera la parte accionante alega tal circunstancia.

Establecer que una transacción homologada por la Inspectoría del Trabajo no está investida del efecto de cosa juzgada por no haberse indicado en el auto de homologación que el trabajador actuó libre de constreñimiento, es una conclusión contraria a derecho que violenta el principio de presunción de legalidad del acto administrativo, según el cual los actos administrativos se consideran válidos y realizados conforme a la ley, en tanto no se declare lo contrario por el órgano jurisdiccional competente. Y siendo ello así, la Sala observa que hubo entonces la debida homologación a la transacción suscrita entre RAFAEL BARRIOS y la empresa mercantil PANAMCO DE VENEZUELA, S.A., y que por lo tanto la misma adquirió la eficacia de cosa juzgada.

Así pues, los argumentos antes expuestos conllevan a afirmar que efectivamente el sentenciador de la alzada incurrió en la infracción de ley por error en la interpretación denunciada por el recurrente, razón por la cual se declara con lugar la presente denuncia y así se decide.

SCon 3-12-04

Ponencia del Magistrado Carmen Zuleta de Merchán. Exp. Nº  03-1310, dec. Nº 2785:

Cosa juzgada no se extiende a terceros

De otra parte, observa también la Sala que la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo no advirtió que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de Los Andes infringió el derecho a la defensa y al debido proceso de la accionante, cuando en fase de ejecución de sentencia, dictó auto que resolvió puntos esenciales no controvertidos en el juicio en su fase de conocimiento, y sin que mediara el debido contradictorio, determinó sin formula de juicio que la hoy accionante, resultaba ser la sustituta del recurrente en la relación laboral cuando consta en autos que la accionante no fue parte principal ni llamada en tercería, con lo cual no sólo violó el derecho a la defensa y al debido proceso de la empresa accionante, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que además extendió los efectos de la cosa juzgada a un tercero que nunca formó parte de la relación procesal.

[…]

Por otra parte, debe señalar esta Sala que la cosa juzgada se encuentra limitada a las partes, por mandato expreso de la ley, ella no constituye ni un efecto directo ni reflejo de la sentencia, sino sólo una cualidad de sus efectos, que la hace inmutable. Por ello, la regla de los límites subjetivos de la cosa juzgada, tiene como finalidad la de detener frente a estos, las repercusiones que de ella se derivan.

En este sentido, se pronuncia Liebman:

 “...el principio general es el de que los terceros alcanzados por la eficacia de la sentencia, pero no, sin embargo, por la autoridad de la cosa juzgada, pueden defenderse del perjuicio que la sentencia injusta les produce, cuando son titulares de interés jurídico que se halla en conflicto con el que en ella fue declarado” ( Confróntese Enrico Tullio Liebman. Eficacia y Autoridad de la Sentencia y otros Estudios sobre la Cosa Juzgada. Ediar S.A., Editores. Buenos Aires.1947 Pág. 183).