SCS 1-11-07

Ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero. Exp.  07-592, dec. 2200:

No existe diferencia entre forma y fondo

Al respecto, considera oportuno esta Sala de Casación Social, con fines pedagógicos, realizar algunos señalamientos con relación al vicio de indeterminación objetiva en los siguientes términos:

El Código de Procedimiento Civil consagra en su artículo 243 lo que debe contener una sentencia. Entre ellos, el ordinal 6° hace referencia a la determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión. La doctrina y jurisprudencia reiterada de este alto Tribunal ha considerado que el incumplimiento de alguno de los ordinales del artículo en referencia, constituyen vicios de forma de la sentencia llamados también errores in procedendo, como así lo viene sosteniendo hasta el momento la Sala de Casación Civil.

Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual no hace distinción entre los vicios de forma o de fondo que puede adolecer la sentencia que se impugna, esta Sala de Casación Social, así lo ha manifestado implícitamente en sus fallos cuando no hace tal distinción de los vicios que se delatan. Así, el artículo 168 eiusdem, consagra en tres ordinales tres vicios distintos sin diferenciación alguna que pueden dar lugar a la procedencia del recurso de casación cuando se incurra en su infracción, estos son: cuando se quebranten formas sustanciales del proceso que menoscaben el derecho a la defensa, cuando se incurra en error de interpretación, falsa aplicación o falta de aplicación de alguna norma jurídica o cuando se haya violado una máxima de experiencia y cuando se incurra en el vicio de inmotivación en sus diferentes modalidades ya explicado con anterioridad por esta Sala. Adicional a estos vicios, los artículos 159 y 160 ibidem, mencionan de igual forma otros que pueden dar lugar a la nulidad de la sentencia como son que el fallo sea redactado en términos claros, debe contener la identificación de las partes y sus apoderados, los motivos de hecho y de derecho, la determinación de la cosa u objeto sobre la cual recaiga la decisión, por haber absuelto de la instancia, por resultar contradictoria que no pueda ejecutarse y cuando sea condicional o contenga ultrapetita, todos estos sin especificar ni hacer diferenciación alguna si se tratan de vicios de forma o fondo. Por lo tanto, consideramos inútil y desacertada hoy día hacer la división -como lo solicitó el recurrente en la audiencia oral de casación- de los vicios que pueden dar lugar a la nulidad de fallo recurrido en motivos in iudicando e in procedendo. A propósito de ello, especial atención merece el estudio que al respecto ha realizado el profesor Jordi Nieva Fenoll, el cual consideramos necesario transcribir en los siguientes términos:

La división dogmática entre el fondo y la forma en el proceso constituye una de las categorizaciones dogmáticas que más absurdos problemas jurisprudenciales y doctrinales le han traído al Derecho Procesal.

Dicha división se hizo patente en los primeros procesalistas científicos de finales del XIX y principios del XX, en su afán por sistematizar, por dotar de conceptos a un Derecho, el procesal, que se hallaba aún falto de ellos, así como por trazar las fronteras de lo que había de ser objeto de estudio “exclusivo” de esa rama del Derecho. Desde luego, las fuentes del derecho medieval habían distinguido entre la “absolutio ad instantia”, la que acaecía prematuramente por motivos supuestamente procesales de la “absolutio ab actione”, derivada de motivos de fondo. Aunque debe decirse a renglón seguido que la razón de dicha división fue, fundamentalmente, la creación de esa absolutio ab instancia. Dicha absolutio pretendía el descubrimiento de pretextos que permitieran inadmitir una demanda en la fase más temprana posible del proceso, con la finalidad de siempre: descargar de asuntos al órgano jurisdiccional.

Sin embargo, descubierto ese innoble origen que priorizaba la comodidad de los tribunales a la tutela judicial efectiva del ciudadano, y que además acabó siendo contraproducente, estimo que quizás no hubiera debido incidirse más en una distinción demasiado problemática a efectos prácticos.

Pero no fue así, Savigny revitalizó inconscientemente ese estudio cuando en su análisis sobre el concepto de “acción” distingue dos sentidos de esa expresión: el material, de contenido civilista, y el formal, de contenido procesalista, equiparando la “acción” en este segundo sentido a la noción de “demanda” o “libelo”. Ese fue uno de los primeros embriones, muy poco destacado, del nacimiento científico del ProzeBrecht o Derecho Procesal. Pero al margen de esa utilidad, aunque parezca increíble también surgió de ahí posteriormente, en el fondo, la inútil distinción entre la teoría material y la teoría procesal de la cosa juzgada, o su exacerbado dogmatismo en los conceptos de “cosa juzgada formal” y “cosa juzgada material”. También se ha utilizado la distinción para discernir entre pretensión material y procesal (conceptos de finales del XIX), o entre excepciones procesales y excepciones materiales, o entre legitimación ad processum y ad causam, entre otros puntos.

Pero, como decía, la doctrina cada vez fue separando más los conceptos de fondo y forma, aunque curiosamente sin estudiar monográficamente el problema. Se trata de una distinción que se da sistemáticamente por supuesta en los manuales al uso, y son excepcionales las declaraciones de autores que se arriesgan a proclamar esa distinción de manera estricta. Bien al contrario, la mayoría de la doctrina que se ha ocupado del tema ha acabado sosteniendo que se trata de una división engañosa y artificial del ordenamiento jurídico. Incluso un autor clásico como Prieto-castro Ferrándiz, tras un detallado elenco de ejemplos en que la distinción fondo-forma carece de sentido, afirmó que “el derecho procesal, es sencillamente, “derecho procesal”, y en su cualidad no admite, como término absoluto de antagonismo conceptual, una separación y menos oposición a “derecho material”.

Pues bien, si puede concluirse, por tanto, que la división fondo-forma no tiene sentido práctico en el estudio del proceso, habrá de afirmarse también que la aplicación de esa distinción a la casación no resulta operativa, a pesar de lo mucho que la ha utilizado la doctrina, también quien estas líneas escribe. Y por ello, la distinción entre motivos in iudicando e in procedendo, tan afirmada por Calamandrei a lo largo de toda su magna obra como derivación, no tanto de las fuentes romanas como del Derecho y Doctrina medievales, no puede ser un buen método de sistematización de los motivos de casación, porque está viciado de origen incluso en el plano teórico.

Además, reconozcamos que dicho método no ha hecho más que provocar conflictos desde que Calamandrei lo utilizara en su obra, intentando menospreciar los errores in procedendo como si los mismos fueran meros vicios de actividad administrativa del juez no merecedores de auténtica casación. Ello condujo a la doctrina a afirmar erróneamente con gran reiteración –se afirma aún hoy en día recurrentemente- que la casación originaria no habría conocido de errores in procedendo, cuando resulta más que obvio de la lectura de la introducción de este trabajo que no fue así. Me pregunto, de lo contrario, que habrían de ser esas “formes de procédure prescrites sous peine de nullité” de la Ley francesa de 27 noviembre – 1° diciembre de 1790, frase que hasta fue copiada por un proyecto de ley español, como vimos. Y no sólo eso fue copiado, como ya se indico…

Pero el efecto de esa lectura sesgada de Calamandrei debo decir que ha sido, en ocasiones, devastador. Limitando la cuestión a mi país, el Tribunal Supremo mantuvo durante decenios una postura extremadamente divagante sobre si el ataque a la cosa juzgada, o la infracción de las reglas de carga de la prueba, eran cuestiones de fondo o de forma, cuestión que la jurisprudencia actual ha determinado erróneamente en el segundo sentido. Tan erróneamente como si se hubiera inclinado estrictamente por la primera opción, por el error de planteamiento -falsa distinción entre fondo y forma- de que parte cualquiera de las opciones. Y además, con las dificultades enormes que se derivan de tratar a la cosa juzgada como un simple defecto de procedimiento, cuando es obvio que el ataque a la cosa juzgada no puede ser sencillamente eso. Y que si estuviéramos forzados a distinguir falsamente entre fondo y la forma, entre el enjuiciamiento y el procedimiento, es obvio que la cosa juzgada afecta a esa categoría ideal de “enjuiciamiento” más que al mero procedimiento. No hablemos ya de las normas de carga de la prueba, que es obvio que no sirven sino para asistir al juez en ese enjuiciamiento, en caso de duda sobre el resultado de una actividad que menos procedimental no puede ser: la valoración de la prueba.

Y eso por la parte del Tribunal Supremo español. En el terreno legislativo, el mantenimiento a ultranza de la distinción fondo-forma determinó que en la reciente Ley 1/2000 de Enjuiciamiento civil, de 7 de enero del 2000, se dividiera el recurso de casación en dos recursos, uno llamado ampulosamente “recurso extraordinario por infracción procesal”, y otro denominado “recurso de casación”, centrando sus objetos en la forma y en el fondo respectivamente, y pretendiendo incluso que fueran excluyentes, obligando a que el Letrado que interpusiera uno no pudiera interponer el otro, cuando cualquier abogado con una mínima experiencia sabe que prácticamente siempre se recurren las sentencias por defectos de uno y otro tipo. Por fortuna, toda la doctrina -salvo el sector que había influido en la elaboración de la ley- criticó unánimemente el desacierto legislativo, que confío en que sea corregido en una próxima reforma que ya se halla en curso.

Llegados a este punto, me pregunto qué sentido tiene, aparte del originario de inadmitir demandas, distinguir entre fondo y forma, entre procedimiento y enjuiciamiento, como si sobre el procedimiento no se enjuiciara también, y con frecuencia. Llevadas las cosas al extremo, podríamos hasta llegar a discutir sobre si la incongruencia de las resoluciones judiciales, pacíficamente tratada como una cuestión de forma, no sería también una cuestión de fondo al afectar, sin duda, el denominado enjuiciamiento, especialmente cuando se trata
-siguiendo la terminología de la jurisprudencia española- de la incongruencia por los casos o por los modos, es decir, cuando el juez modifica el objeto del juicio que le ha sido sometido por las partes. Pero no creo que tenga sentido alguno discurrir por ese camino, puesto que aplicando la problemática distinción a la casación, dividiendo entre motivos in iudicando e in procedendo, no obtenemos más que problemas de ubicación de los diferentes vicios. (III Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, 2006. La enunciación de los motivos de Casación en las leyes procesales con especial atención al artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo).

Consecuente con lo anterior y como ya se dijo precedentemente, consideramos inútil y desacertada hoy día la división de los vicios en que puede incurrir algún fallo en motivos de forma y de fondo, no obstante, seguimos compartiendo el criterio de mantener el listado de los supuestos de casación dentro de la ley, entendiéndose, que todos y cada uno de ellos parten de un único origen, como lo es, la vulneración de la norma jurídica.

            Establecido lo anterior, en el caso que nos ocupa, se puede apreciar que ciertamente como lo señala el recurrente la sentencia recurrida no indica en su parte motiva ni en la dispositiva el objeto sobre el cual recae la condena cuando declaró parcialmente con lugar la demanda, limitándose a señalar lo siguiente:

Terminado el examen conjunto de todo el material probatorio que fue aportado a los autos y en aplicación del principio de unidad de la prueba y más aun la confesión de la parte demandada por la incomparecencia a la audiencia de juicio y de lo alegado por la parte actora en la audiencia de apelación, este sentenciador es del criterio que todos los conceptos reclamados por el actor apelante son procedente en derecho, hecha la excepción relativa al preaviso omitido, pues conforme a los (sic) establecido en el Artículo 104 de la Ley orgánica del Trabajo, el mismo no es procedente, por cuanto en esta causa se alegado que el actor fue despedido injustificadamente, planteada así las cosas, lo que resultan procedentes son las indemnizaciones contempladas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, y que ya han sido solicitadas y acordadas por el sentenciador de la causa.

Ahora bien, planteadas así las cosas y conforme a lo expresado por el propio recurrente, de que la demandada ante el tribunal había sostenido “que no otorgó vivienda al trabajador actor” es decir que siendo así, esta declaración realizada por la empresa resulta una confesión sobre hechos, no de opiniones y el demandado al confesar de no haberle otorgado vivienda en la zona de Gurí al ciudadano PEDRO JOSÉ GUTIÉRREZ, sin lugar a dudas que admitió el hecho y consecuencialmente debió valorarse esta confesión voluntaria sin pregunta alguna, sin apremio y sin juramento. Consecuencialmente, de lo antes expuesto es criterio de este Superior Despacho, que los conceptos reclamados por el actor recurrente son procedentes salvo el preaviso omitido el cual no resulta procedente y así expresamente se declara.

Siendo así y en virtud de la aplicación del principio de la unidad del fallo que impera en nuestro derecho procesal que postula que la parte narrativa junto con la motiva y la dispositiva de una sentencia, forman un todo indivisible vinculadas por un enlace necesario de lógica y por cuanto la sentencia recurrida no indica los conceptos o el monto objeto de la condena, pues sólo se limita a señalar que “todos los conceptos reclamados por el actor apelante son procedentes en derecho, hecha la excepción relativa al preaviso omitido”, es obvio entonces concluir que la sentencia impugnada incurrió en el vicio de indeterminación objetiva.

Es importante resaltar que la determinación del objeto debe aparecer directamente en el fallo y no por referencia a otro documento como pretendió hacer el juez de la recurrida, pues como antes se indicó, la sentencia debe bastarse a sí misma y contener todos los requisitos que la Ley exige sin acudir a otros elementos que la complementen.