SOBRE DERECHO DEL TRABAJO Y DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Tribunal Supremo de Justicia.    Colección Estudios Jurídicos N° 23.   2009

 

 

Sobre la profunda diferencia entre el orden del proceso y la resolución de la controversia

 

Luis Aquiles Mejía Arnal

Profesor de Derecho Procesal UCV-UCAB

Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal

Abogado jubilado del Tribunal Supremo de Justicia

 

            Recientes decisiones, e incluso disposiciones legales[1] han dejado de lado la distinción entre los defectos de actividad y las infracciones de ley, tradicional en la casación, y muy desarrollada en la doctrina venezolana, con el peligro de duda y aun de confusión en la determinación de los requisitos de procedencia y de los efectos del recurso de casación.

Criterio que niega la utilidad de diferenciar entre errores in iudicando y errores in procedendo, al clasificar los motivos de casación

            La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia que ha tenido diversas repercusiones en el modo de decidir los recursos de casación en materia laboral, expresó:

"…consideramos inútil y desacertada hoy día la división de los vicios en que puede incurrir algún fallo en motivos de forma y de fondo, no obstante, seguimos compartiendo el criterio de mantener el listado de los supuestos de casación dentro de la ley, entendiéndose, que todos y cada uno de ellos parten de un único origen, como lo es, la vulneración de la norma jurídica.[2]

            La categórica determinación abandona el curso seguido por la jurisprudencia y la doctrina venezolanas, para lo cual se fundamenta en la autorizada opinión del jurista catalán Jordi Nieva Fenoll.[3] expresada en ponencia ante el III Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.

            Sostuvo Nieva en su ponencia, de acuerdo a la cita de la decisión comentada, entre otras ideas, lo siguiente:

“Pues bien, si puede concluirse, por tanto, que la división fondo-forma no tiene sentido práctico en el estudio del proceso, habrá de afirmarse también que la aplicación de esa distinción a la casación no resulta operativa, a pesar de lo mucho que la ha utilizado la doctrina, también quien estas líneas escribe. Y por ello, la distinción entre motivos in iudicando e in procedendo, tan afirmada por Calamandrei a lo largo de toda su magna obra como derivación, no tanto de las fuentes romanas como del Derecho y Doctrina medievales, no puede ser un buen método de sistematización de los motivos de casación, porque está viciado de origen incluso en el plano teórico.

Además, reconozcamos que dicho método no ha hecho más que provocar conflictos desde que Calamandrei lo utilizara en su obra, intentando menospreciar los errores in procedendo como si los mismos fueran meros vicios de actividad administrativa del juez no merecedores de auténtica casación. Ello condujo a la doctrina a afirmar erróneamente con gran reiteración –se afirma aún hoy en día recurrentemente- que la casación originaria no habría conocido de errores in procedendo, cuando resulta más que obvio de la lectura de la introducción de este trabajo que no fue así. Me pregunto, de lo contrario, que habrían de ser esas “formes de procédure prescrites sous peine de nullité” de la Ley francesa de 27 noviembre – 1° diciembre de 1790, frase que hasta fue copiada por un proyecto de ley español, como vimos. (omissis)

Pero el efecto de esa lectura sesgada de Calamandrei debo decir que ha sido, en ocasiones, devastador. Limitando la cuestión a mi país, el Tribunal Supremo mantuvo durante decenios una postura extremadamente divagante sobre si el ataque a la cosa juzgada, o la infracción de las reglas de carga de la prueba, eran cuestiones de fondo o de forma, cuestión que la jurisprudencia actual ha determinado erróneamente en el segundo sentido. Tan erróneamente como si se hubiera inclinado estrictamente por la primera opción, por el error de planteamiento -falsa distinción entre fondo y forma- de que parte cualquiera de las opciones. Y además, con las dificultades enormes que se derivan de tratar a la cosa juzgada como un simple defecto de procedimiento, cuando es obvio que el ataque a la cosa juzgada no puede ser sencillamente eso. Y que si estuviéramos forzados a distinguir falsamente entre fondo y la forma, entre el enjuiciamiento y el procedimiento, es obvio que la cosa juzgada afecta a esa categoría ideal de “enjuiciamiento” más que al mero procedimiento.”

Examen de la diferencia entre orden del proceso y resolución de la controversia –forma y fondo– en la doctrina venezolana

            Para una mejor comprensión de la cuestión, es útil una breve revisión de anteriores decisiones de la misma Sala Social al respecto, las primeras de las cuales se dictaron en recursos regulados por el Código de Procedimiento Civil.

            El Código de Procedimiento Civil, vigente desde 1989, al regular los motivos de casación en su artículo 313, establece:

Se declarará con lugar el recurso de casación:

1° Cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa; o cuando en la sentencia no se hubieren cumplido los requisitos del artículo 243, o cuando adoleciere de los vicios enumerados en el artículo 244; siempre que contra dichos quebrantamientos u omisiones se hayan agotado todos los recursos, o que la omisión o quebrantamiento lesionen el orden público.

2º Cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley, o aplicado falsamente una norma jurídica; cuando se aplique una norma que no esté vigente, o se le niegue aplicación y vigencia a una que lo esté; o cuando se haya violado una máxima de experiencia.

En los casos de este ordinal la infracción tiene que haber sido determinante de lo dispositivo en la sentencia.

            La regla legal citada contiene dos motivos genéricos de casación que la doctrina calificó de defecto de actividad e infracción de ley; e incluyó en su ordinal 1º un motivo que se acerca a lo específico: los vicios de la sentencia.

            Este método sustituyó el seguido por el Código de Procedimiento Civil de 1916, y por anteriores códigos inspirados en este aspecto en el sistema casacional español, que establecía casos específicos de recurso de fondo o forma:

            Artículo 420. El recurso de casación por infracción de ley procede:

1º Cuando de parte de los Jueces sentenciadores hubiere habido abuso de poder, por incompetencia en razón de la materia.

2º Cuando hubieren incurrido en usurpación de funciones no conferidas por la ley.

3º Cuando hubieren quebrantado la cosa juzgada, probada con otra sentencia que la produzca.

4º Cuando en la decisión hubiere habido infracción de ley expresa.

Cuando la infracción de ley hubiere ocurrido en alguna de las sentencias interlocutorias a que se refiere el último aparte del artículo 418, debe versar, para que proceda el recurso de casación, sobre algún punto que haya influido en la sentencia definitiva sin que en ésta se hubiere podido remediar el error.

Artículo 421. El recurso de casación por quebrantamiento de forma procede en los casos siguientes:

1º Cuando la sentencia contra la cual se recurre no llenare los requisitos del artículo 162, o adoleciere de los vicios allí enumerados.

2º Cuando, debiendo haberse decretado la reposición en la sentencia contra la cual se recurre, no se hizo así a pesar de la solicitud de la parte recurrente, la cual podrá alegar dicho quebrantamiento aunque no hubiere pedido la reposición, si la materia fuere de orden público, y no obstante su consentimiento.

3º Cuando el fallo atacado hubiere producido indefensión, o menoscabado el derecho de defensa de una de las partes, o concedido a la otra derechos no acordados por la ley, con perjuicio de la contraria.

            En anterior obra colectiva, realizamos algunas precisiones al respecto:

“En cuanto a la infracción de ley expresa, que constituye el verdadero motivo de casación por errores in iudicando, la ley anterior no determinaba lo que la doctrina colombiana denomina "concepto" de casación, es decir, los diversos modos como el juez puede infringir la ley.

Los motivos de casación de forma, por vicios de la sentencia, eran sustancialmente iguales a los vigentes, pero los requisitos del fallo han sido ampliados para incluir nuevas exigencias.

La diferencia se encuentra en la determinación casuística de los otros motivos de casación por error in procedendo: la falta de reposición y la indefensión por menoscabo o por exceso, hoy comprendidas dentro de la causal genérica de quebrantamiento de formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa.”

            Ante los casos específicos de recurso de forma, y en vista de que el artículo 420 contenía el motivo genérico de casación propuesto por Nieva Fenoll en la ponencia antes referida, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de esa época, consideró procedente denunciar como infracción de ley, defectos de actividad no comprendidos en la casuística legal, tal era el caso de la indebida reposición de la causa, al estado de corregir un inexistente defecto de actividad.

            A nuestro juicio, el sistema derogado que establecía casos específicos de errores de forma o fondo, y por ende el sistema español del cual procede, suscitaba y suscita más dudas y vacilaciones que el sistema venezolano vigente, que establece motivos genéricos de casación. La razón de la superioridad del sistema que establece motivos genéricos: defecto de actividad e infracción de ley (entendida como infracción de ley sustantiva o procesal cometida al resolver la controversia) reside en que reserva la calificación de un determinado error al juez, y en su caso al abogado, quienes harán el encuadramiento de acuerdo con las características del caso concreto. En ocasiones, como se verá, una misma cuestión general puede tener soluciones diversas, acordes con la cuestión concreta planteada a la casación.

            Producido el cambio en los motivos de casación, la Sala Civil luego de algunas vacilaciones producto de la influencia de criterios sistemáticos establecidos bajo la legislación anterior, sentó la doctrina sobre la profunda diferencia entre el orden del proceso y la resolución de la controversia, en decisión expresamente acogida por la Sala de Casación Social en sentencia que se cita in extenso a continuación:

"Respecto a la diferencia entre el recurso por defecto de actividad y el recurso por infracción de ley, la Sala de Casación Civil de la antigua Corte Suprema de Justicia, en reiterada jurisprudencia, entre otras en sentencia de fecha 2 de marzo de 1994, expresó:

"En relación a la distinción entre el error in procedendo y el error in iudicando, Carnelutti explica:

"Hasta ahora se pensó que la diferencia entre el error en el juicio y error en el procedimiento estaba únicamente en que el primero se refería a la causa y el segundo al efecto de la equivocación cometida por el juez: habría falsos juicios, que bastarían por sí solos para consentir la rescisión de la sentencia, independientemente de su repercusión sobre el acto que determinaron; habría, por otra parte, ciertos actos cuyo cumplimiento en forma diversa de la querida por la ley constituiría motivo de casación por sí sola, independientemente de la naturaleza del juicio que los hubiera engendrado; según esta línea divisoria, si los errores (en la solución de una cuestión) de fondo eran tratados como errores de juicio, los errores de orden podían referirse tanto al procedere como al iudicare; por ejemplo, que hubiera decidido un juez incompetente, se consideraba no tanto un error in procedendo cuanto un error in iudicando si la equivocación había ocurrido en solución de una cuestión de derecho referente a la competencia".

Este modo de plantear la distinción no apreciaba la verdadera razón de ella, que no está sino en la profunda diferencia entre el orden y el fondo, esto es, entre la conducción del proceso y la decisión de la litis o la administración del negocio, y estos dos momentos de la actividad del juez están en relación de medio a fin: para las cuestiones de orden, lo que importa a los fines de la decisión no es tanto el porqué cuanto el si se ha seguido o no el iter señalado por la ley como el más idóneo para llegar al fin; en cuanto a las cuestiones de fondo, no se puede pretender lo mismo, es decir, que sólo la obtención o la no obtención de fin sea relevante, debiéndose indagar igualmente si la decisión ha sido justa... Es exacto, por tanto distinguir los errores in iudicando como errores de juicio de los errores in procedendo, como errores de actividad, pero es hora de agregar que los segundos atañen sólo al orden y los primeros sólo al fondo..." (Instituciones del Proceso Civil, volumen II, pág. 249-250).

La opinión transcrita resulta de mayor exactitud, a juicio de la Sala, que la posición de Calamandrei, para quien se tratará de un error de actividad si se comete al aplicar las normas procesales, y de un error de juicio, si se comete al aplicar la ley sustantiva -"inejecución de un precepto procesal (error in procedendo) y el error sobre la voluntad abstracta de una ley relativa a la relación controvertida"- pues al resolver el fondo de la controversia puede infringir el juez una regla de derecho procesal, y en nuestro sistema las violaciones de reglas de procedimiento que no se traduzcan en quebrantamiento u omisión de formas procesales en infracción del derecho de defensa, o puedan ser catalogadas como omisión de los requisitos del artículo 243 o vicios de la sentencia, de los enumerados en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, pueden dar lugar al recurso por infracción de ley.

[omissis]

Un ejemplo de la diferencia entre ambos recursos, en cuanto a los efectos de la sentencia que el recurrente solicita al formalizar el recurso, lo tenemos en el supuesto de error en el cómputo de los días para la promoción de pruebas. En cualquier caso se tratará de una infracción de reglas de procedimiento, pero si quien recurre alega que no se admitieron ilegalmente sus pruebas, se tratará de un recurso por defecto de actividad, cuyo efecto, de ser procedente, consistirá en la reposición de la causa al estado de que se admitan y de ser necesario, se evacuen las pruebas; en tanto que, de ser el fundamento del recurso la apreciación de pruebas promovidas o evacuadas extemporáneamente, se tratará de un recurso por infracción de ley, y el efecto será el de reenvío, para que el Superior resuelva de nuevo el fondo de la causa, sin tomar en consideración las pruebas irregulares.

Este planteamiento es compatible con la posición de Carnelutti, pues el error en la aplicación de las normas procesales, en el segundo de los casos, fue cometido al resolver la cuestión de fondo, tomando en cuenta para su resolución pruebas irregulares.”

El Juez, al examinar los actos procesales realizados en primera instancia no está resolviendo la controversia planteada, sino examinando el orden del proceso, por lo cual de existir algún error, éste fue cometido in procedendo, dando lugar a un recurso por defecto de actividad."

Comparte esta Sala de Casación Social y hace suyo el criterio citado, el cual conduce a considerar que al examinar el Juez la interposición de la apelación no estaba resolviendo la controversia, sino ordenando el proceso y, de existir algún error, se trataría de un defecto de actividad, no de una infracción de ley, sólo que no fue cometido en primera instancia sino en la propia sentencia recurrida; por tanto, de resultar procedente el recurso, el efecto de la casación consistiría en la reposición de la causa al estado de que se dicte sentencia definitiva de mérito." [4]

            A partir de esta precisión, que se aparta de la doctrina generalmente seguida en el derecho comparado, comentada y criticada por Nieva Fenoll en la ponencia antes referida, se resolvieron muchas de las evidentes anomalías de la distinción entre recurso de forma y recurso de fondo, o mejor entre defecto de actividad e infracción de ley, con la aseveración de que este último se refiere a la infracción de ley, sustantiva o procesal, que determine la resolución de la controversia.

            Nieva Fenoll comentó los errores cometidos en la jurisprudencia española al ”tratar a la cosa juzgada como un simple defecto de procedimiento”, lo cual queda despejado en el criterio de nuestra jurisprudencia, al entender que la errónea determinación de la existencia de la cosa juzgada, constituye error in iudicando que conduce a que se declare sin lugar la demanda; por tanto, no se refiere al orden del proceso sino a la resolución de la controversia. Otros aspectos de la cuestión suscitan dudas que serán tratadas luego. El otro ejemplo utilizado por el ponente, la aplicación de las reglas de la carga de la prueba, conforma en nuestro sistema una cuestión de fondo: el establecimiento de los hechos para resolver la controversia.

            Por otra parte, el recurso tiene diferente efecto en uno u otro caso, de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil:

"Si al decidir el recurso la Corte Suprema de Justicia encontrare una infracción de las descritas en el ordinal 1° del artículo 313, se abstendrá de conocer las otras denuncias de infracción formuladas, y decretará la nulidad y reposición de la causa al estado que considere necesario para restablecer el orden jurídico infringido. Igual abstención hará cuando declare con lugar una infracción que afecte una interlocutoria que haya producido un gravamen no reparado en la definitiva.

Si no hubiere habido las infracciones aludidas en el párrafo anterior, la Corte Suprema de Justicia entrará a conocer de las denuncias formuladas conforme al ordinal 2° del artículo 313, pronunciándose sobre ellas afirmativa o negativamente mediante análisis razonado y estableciendo además, cuáles son las normas jurídicas aplicables para resolver la controversia, ya sean éstas las indicadas por las partes en los escritos de formalización o de contestación, o las que la propia Corte Suprema de Justicia considere que son las aplicables al caso." (Artículo 320)

Si el recurso fuere declarado con lugar por las infracciones descritas en el ordinal 2° del artículo 313, el Juez de reenvío se limitará a dictar nueva sentencia sometiéndose completamente a lo decidido por la Corte Suprema de Justicia. La doctrina del fallo de casación, tanto estimatoria como desestimatoria, es vinculante para el Juez de reenvío, quien dictará nueva sentencia con base en las disposiciones de la ley que la Corte Suprema de Justicia haya declarado aplicables al caso resuelto. (Artículo 322)

            El artículo 313 CPC, antes transcrito, incluyó entre los defectos de actividad los vicios de la sentencia, que lo son por mandato de esa ley, pero cuyas características no son uniformes. Tal como lo afirma Nieva, la congruencia es cuestión de fondo, y podríamos añadir que la completa determinación del objeto del juicio es cuestión de forma. En definitiva, son requisitos formales de la sentencia que resuelve la controversia y constituyen una anomalía a ser resuelta en el sistema casacional civil.

            La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que rige la casación actual, y bajo la cual se dictó la decisión comentada establece, respecto a los motivos de casación, lo siguiente:

 Artículo 168. Se declarará con lugar el recurso de casación:

1.Cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho a la defensa.

2.Cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley o aplicada falsamente una norma jurídica; cuando se aplique una norma que no esté vigente o se le niegue aplicación y vigencia a una que lo esté o cuando se haya violado una máxima de experiencia. En estos casos, la infracción tiene que haber sido determinante de lo dispositivo en la sentencia.

3.Por falta, contradicción, error, falsedad o manifiesta ilogicidad de la motivación.

            En cuanto a los efectos de la casación del fallo, determina:

Artículo 175. […]

Si al decidir el recurso, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social hubiere detectado alguna infracción a las que se refiere el ordinal primero del artículo 168 de esta Ley, se decretará la nulidad del fallo y la reposición de la causa al estado que considere necesario para restablecer el orden jurídico infringido, siempre que dicha reposición sea útil.

La sentencia de casación deberá decidir el fondo de la controversia casando o anulando el fallo, sin posibilidad de reenvío, o lo confirmará, según sea el caso.

            En primer término, la casación laboral no incluye entre los defectos de actividad los vicios de la sentencia, lo cual ha permitido a la jurisprudencia de la Sala de Casación Social ubicarlos y decidirlos como error in iudicando, infracción de la disposición legal que regula la forma de la sentencia, lo cual no aparece en contradicción con el criterio de Carnelutti adoptado por nuestra casación, pues son errores, aun formales, que se cometen al resolver la controversia, no al ordenar el proceso.

            Esta ubicación del error resulta útil para la pronta resolución del litigio, al permitir la decisión de la controversia por la Sala, sin una inútil reposición de la causa, lo cual resalta la bondad de otro aspecto de la reforma procesal laboral: la casación sin reenvío.

            En la Ley Orgánica Procesal Laboral, la casación del fallo por motivos in procedendo da lugar a que la Sala de Casación Social pronuncie la sentencia de fondo, segunda fase, o fase rescisoria, del recurso de casación.

            La normativa de la casación laboral resalta una de las diferencias fundamentales entre forma y fondo: el efecto del recurso. La ley expresamente establece este efecto, pero de no ser así, la diferencia resultaría de la índole de la declaratoria. Si se cometió un error en cuanto al orden del proceso, habrá que reponer la causa al estado de que éste se subsane, salvo que se alteren todos los trámites y se realicen de nuevo actos del proceso ante la Sala de Casación Social, lo cual resultaría, al menos, complicado. Si se cometió un error al juzgar sobre el fondo de la controversia, la causa en principio estará lista para sentencia y podrá ser decidida por la Sala.

            El juez también juzga sobre el orden del proceso, pero en tal caso el error que afecte los actos procesales sólo podrá ser corregido mediante la repetición de estos actos, efecto natural del recurso por defecto de actividad.

            Existe otra profunda diferencia entre las dos categorías de motivos de casación, referida ésta a las condiciones de procedencia del recurso en uno y otro caso: la procedencia del quebrantamiento de forma dependerá del efectivo menoscabo al derecho de defensa, en tanto que la viabilidad del recurso por infracción de ley depende de la influencia del error en el dispositivo.

            Al precisar las condiciones de procedencia del recurso por defecto de actividad, es necesario observar que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no contiene reglas específicas sobre nulidad de los actos procesales, por consiguiente "el Juez del Trabajo podrá aplicar, analógicamente, disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el carácter tutelar de derecho sustantivo y adjetivo del derecho del trabajo, cuidando que la norma aplicada por analogía no contraríe principios fundamentales establecidos en la presente Ley". La regla aplicable por analogía sería el artículo 206 in fine del Código de Procedimiento Civil: "En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado". Este principio rector determina que no obstante el quebrantamiento de la forma legalmente establecida, o en su caso, fijada por el juez para el caso concreto, no conduce a la nulidad del acto si éste ha alcanzado su finalidad; por ejemplo, los errores evidentes en la notificación para el inicio del proceso, no producirán la nulidad de las actuaciones si el emplazado acudió a la audiencia preliminar, lo cual demostraría que a pesar de las deficiencias, el acto cumplió con la finalidad de llevar a su conocimiento la interposición de la demanda. Esta precisión, perfectamente acorde con la prohibición constitucional de formalismos y reposiciones inútiles (art. 26 CRBV) se añade como requisito de procedencia de una denuncia de quebrantamiento de formas, a la necesidad de que efectivamente se haya producido una privación o menoscabo de las oportunidades de ejercer la defensa en el proceso.

            La condición de procedencia de una denuncia por infracción de ley, motivo de casación que conforme a lo desarrollado debe entenderse como "infracción de ley sustantiva o procesal cometida al resolver la controversia", consiste en que "la infracción tiene que haber sido determinante de lo dispositivo en la sentencia". Este efecto sólo podrá producirse en el supuesto ahora expresado, pues los quebrantamientos de forma serán incapaces de determinar por sí mismos el dispositivo dictado. Un menoscabo del derecho de defensa puede llevar a pensar que pudo ser posible otra solución de la controversia, pero no determinar el dispositivo.

            Así lo observa Nieva Fenoll en su ponencia sobre "La enunciación de los motivos de casación en las leyes procesales":

“Ciertamente, es muy difícil demostrar que una falta de atención de un juez durante una vista determinó que la sentencia tuviera un determinado tenor. Lo mismo ocurre por el hecho de participar un juez recusado en la redacción de una sentencia, o porque no se respetaran las normas de postulación o de publicidad en el proceso. O incluso que el hecho de no estar una sentencia suficientemente razonada, habría conllevado una falta de reflexión que habría determinado el fallo perjudicial. Sería verdaderamente diabólico exigirle al recurrente la acreditación de la relevancia de esos vicios en el fallo de la sentencia.”[5]

            Por el contrario, en el sistema venezolano que conduce a que el error en la selección, interpretación y aplicación al caso concreto de las normas sustantivas constituye siempre infracción de ley, error in iudicando, en tanto que el defecto en la utilización por el juez de las reglas procesales producirá generalmente un quebrantamiento de formas; pero de no recaer este último error en el orden del proceso, sino en la resolución de la controversia, es infracción de ley.

            Cabe advertir que nos referimos a la naturaleza de cada una de las normas, no al Código del cual forman parte. El Código Civil, o el Código de Comercio, no obstante ser códigos sustantivos, también contienen reglas procesales

            Algunas anomalías pueden resolverse observando el efecto del recurso, o las condiciones de procedencia. Si erramos al calificar una infracción procesal como infracción de ley, nos encontraremos con la imposibilidad de que la Sala pueda resolver la controversia sin reponer la causa al estado de que se realicen de nuevo en instancia actos del proceso. Por el contrario, si calificamos erróneamente una infracción procesal como defecto de actividad, al ordenar la reposición nos percataremos de su inutilidad, pues la Sala podría corregir el error dictando nueva sentencia de fondo.

            En la casación civil puede ser dudosa la calificación del error en la declaratoria anticipada de la existencia de cosa juzgada, en sentencia interlocutoria que resuelve una cuestión previa; pero el efecto de necesaria reposición, dirige la tipificación hacia el defecto de actividad, bajo la reflexión de que al impedirse la continuación del juicio, se trastornó el orden procesal en menoscabo del derecho de defensa.

            También las condiciones de procedencia pueden servir para advertirnos de un eventual error cometido al calificar la cuestión como de forma o fondo, como se aprecia de la ponencia comentada: resultará diabólico exigir la demostración de la influencia del error en el dispositivo de un quebrantamiento de formas.

            Sin embargo, subsistirán algunas anomalías en el sistema, que no serán de la distinción entre orden del proceso y resolución de la controversia —método y contenido— sino del rígido conceptualismo, hoy afortunadamente en decadencia.

            Entre los motivos de casación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se encuentra la procedencia del recurso por "Por falta, contradicción, error, falsedad o manifiesta ilogicidad de la motivación." Sin entrar a analizar los distintos conceptos contenidos en la precisión legal –tema ajeno a esta breve crítica–, cabe precisar que en general la inmotivación constituye un vicio de la sentencia, defecto en la forma de la sentencia, cometido al sustentar los diferentes aspectos de la resolución de la controversia, es decir error de forma al decidir el fondo, situación ambigua que la Sala por regla general ha resuelto como infracción de ley, la cual conduce a una nueva sentencia de fondo pronunciada por la Sala. Sin embargo, en ocasiones ante la falta de motivación de algunas decisiones, ha ordenado la reposición de la causa; por ejemplo, en materia de inmotivación en la determinación de la cuantía del daño moral objetivo, la Sala ha considerado que su determinación inicial corresponde a los jueces de instancia.[6]

            No podremos solucionar esta dificultad dentro del sistema conceptual basado en principios lógicos, entre otros la regla del tercero excluido, los defectos en la motivación son quebrantamientos de forma, y dan lugar a la reposición, o son infracción de ley, con el efecto de casación sin reenvío. No caben términos medios o soluciones casuísticas.

Sistema interno y sistema externo

            El abandono del sistema de conceptos conduciría a negar la importancia de las discusiones sobre la naturaleza o categoría jurídica a que pertenece una determinada institución o noción jurídica, no obstante su utilidad procesal para determinar, por ejemplo, cuáles reglas legales se aplican por analogía, o a cuales se le negará aplicación por interpretación a contrario.

            La labor de determinación judicial del derecho se dificultaría en demasía de no mantenerse la clasificación de los conceptos jurídicos de acuerdo a la rama del derecho al cual pertenecen, sector regido por determinados principios que regulan situaciones afines, y la elección de las reglas que resuelven la controversia resultaría un verdadero trabajo diabólico. Ello sin adentrarnos en la utilidad del sistema para la enseñanza del derecho y en definitiva para la construcción y desarrollo de la ciencia jurídica.

            Pero al situarnos en el otro punto de vista percibimos el lamento de Calamandrei en su obra, o mejor discurso, de madurez, Proceso y Democracia[7], al recordar la oportunidad en la cual la utilización de la lógica jurídica, elemento necesario del sistema de conceptos, condujo a una rígida aplicación de injustas reglas sucesorales que privaron a unos niños de la herencia de su padre.

            Se vislumbra una solución del dilema, no frecuente pero en ocasiones existente, de optar entre una interpretación y aplicación del derecho atenida a las reglas del sistema, o solucionar la controversia de manera tal que se haga justicia en el caso concreto, en las ideas narradas y luego desarrolladas por Kart Larenz en la última edición de su Metodología de la Ciencia del Derecho. [8]

            Explica Larenz que la idea de sistema, por ejemplo en Puchta, como herencia de la doctrina del Derecho natural, significa el desarrollo de una unidad en una variedad que, de este modo, es conocida como una conexión de sentido.

            El sistema conceptual según las reglas de la Lógica formal se asemeja a una pirámide. El ideal del sistema lógico se consigue plenamente cuando en la cúspide está un concepto generalísimo, bajo el cual es posible subsumir todos los demás conceptos, es decir, los de clases y subclases, al que, por tanto, se puede ascender desde cualquier punto de la base a través de una serie de escalones intermedios, eliminando cada vez lo especial.[9]

            Esta conexión lógica es, además, considerada fuente de conocimiento de normas jurídicas no conocidas antes. Posee el "conocimiento sistemático" aquel que "es capaz de seguir hacia arriba y hacia abajo la derivación de cada concepto a través de todos los escalones intermedios que han participado en su formación".[10]

"Con ello, y éste es el fallo decisivo de la Jurisprudencia formal de conceptos, las normas jurídicas particulares —por ejemplo sobre la servidumbre o cualquier otro instituto jurídico— no se enjuician según su fin especial y según su función en la conexión de sentido del instituto jurídico respectivo o según una relación más amplia, sino sólo según el escalón en que han de clasificarse en la pirámide de conceptos." [11]

            Por tanto, el efecto de la sentencia de casación en el sistema de conceptos, no se determinará según el cumplimiento de la finalidad del recurso, de efectivo y económico control judicial, sino sólo de acuerdo con su calificación como recurso de forma o de fondo.

            Este sistema conceptual que Larenz denomina "sistema externo", permite solucionar la mayoría de los casos de manera práctica, rápida, y sobre todo segura para el ciudadano que recurre y constituye, por tanto, un factor de estabilidad del derecho.

            Sin embargo, los casos dudosos, ambiguos, son de difícil solución dentro del sistema conceptual. La solución de estos casos se encontraría en lo que Larenz denomina "sistema interno", el cual es abierto y flexible, pues no se fundamenta en conceptos abstractos, sino en principios y valores.

            Los principios son pautas de regulación jurídica que, en virtud de su propia fuerza de convicción, pueden justificar resoluciones jurídicas. En cuanto "ideas jurídicas materiales" son acuñaciones especiales de la idea del Derecho, tal como ésta se presenta en su grado de evolución histórica. Algunos de ellos están declarados expresamente en la Constitución u otras leyes; otros pueden ser deducidos de la regulación legal, de su conexión de sentido, por la vía de la "analogía general" o del retorno a la ratio legis; algunos han sido "descubiertos" y declarados por primera vez por la doctrina o por la jurisprudencia de los tribunales, las más de las veces atendiendo a casos determinados, no solucionables de otro modo, y luego se han impuesto en la "conciencia jurídica general" gracias a la fuerza de convicción a ellos inherente.[12]

            Si dentro del sistema conceptual no logramos una solución racional o justa a una determinada cuestión, acudiremos a los principios que podrán dirigir la decisión hacía correcciones de la rígida aplicación de la ley, no para desvirtuarla o desobedecerla, sino para lograr su fin último.

            Por ejemplo, rige la decisión de un juez de niños, niñas y adolescentes el principio del "interés superior del niño". Si entendemos esta idea como un concepto jurídico indeterminado, que proporciona una sola decisión justa para el caso concreto, tropezaremos con enormes dificultades en su aplicación, pues no siempre la decisión justa será a favor del niño involucrado en la controversia.

            El principio coexiste con otros principios cuyo rango sólo se determina en razón de las características o rasgos del caso concreto. Por ejemplo, puede coexistir en una controversia mercantil en la cual esté involucrado un niño, con los principios propios de ese derecho, y la solución no resultará de la aplicación de la lógica, concretamente de la regla del tercero excluido: ¿están o no están involucrados los intereses del niño? Devendrá de la determinación más flexible: ¿en qué grado están involucrados los intereses del niño, y en qué grado son relevantes otros principios o valores?

Solución conforme a las características del caso concreto

            Antes se puso de relieve la necesidad de mantener el sistema conceptual, que proporciona una solución fácil, segura y uniforme en la mayoría de los casos, que es casi imprescindible para el juez en la tarea inicial de ubicar y seleccionar las reglas legales aplicables a la decisión en formación; y es necesario para la enseñanza y desarrollo del derecho.

            Ahora importa poner el énfasis en el sistema interno de principios y valores que permitirán solucionar los casos dudosos. La decisión basada en conceptos jurídicos consiste especialmente en determinar si los rasgos simplificados del hecho juzgado, son congruentes con los rasgos del concepto legal, que a su vez constituyen una abstracción formada a partir de la simplificación de los rasgos de un conjunto de casos. Así se determinará si el defecto juzgado en casación constituye un defecto de actividad o una infracción de ley, para aplicar la consecuencia de reposición o del pronunciamiento de una nueva decisión de fondo por la Sala de Casación Social.

            En la decisión tomada a partir de conceptos, se pasan por alto características específicas de los hechos juzgados, traídos al expediente a partir de la rica complejidad de la vida. Una decisión conforme a las características del caso concreto deberá tomar en cuenta el mayor número posible de rasgos de la realidad juzgada, lo cual dificultará su comparación con los conceptos jurídicos.

            Mediante la interpretación, tratará de individualizar el concepto para abarcar un mayor número de rasgos o caracteres; sin embargo, esto no es suficiente en algunos casos excepcionales que configuran anomalías del sistema.

            En este punto, se pone de relieve la función de los principios que conforman el sistema interno. Los principios no se contraponen sino que se superponen; la determinación de cuál principio debe regir la decisión, no está regida por la regla del tercero excluido, sino por la averiguación sobre los valores contenidos en esos principios a fin de determinar cuál predomina y rige las características del caso concreto.

            La Ley Orgánica Procesal del Trabajo al establecer en su artículo 175, primer aparte, si la Sala de Casación Social "hubiere detectado alguna infracción a las que se refiere el ordinal primero del artículo 168 de esta Ley, se decretará la nulidad del fallo y la reposición de la causa al estado que considere necesario para restablecer el orden jurídico infringido, siempre que dicha reposición sea útil”, desarrolla y acata el principio constitucional de protección al debido proceso legal; pero la advertencia final sobre la necesaria utilidad de la reposición nos alerta sobre la aplicación conjunta del principio de la economía procesal, contenido en la advertencia constitucional contra los formalismos y las reposiciones inútiles.

            El efecto de una casación por defecto de actividad será siempre la reposición. Si se nos hace evidente que la Sala puede entrar a decidir la controversia sin ordenar la realización de nuevos actos del proceso, o se habrá calificado mal el error y será necesario revisar este aspecto del proyecto de sentencia, o se estará declarando una nulidad carente de utilidad, basada exclusivamente en un formalismo.

            Un ejemplo de posible duda, estaría en la declaratoria por la sentencia definitiva de inadmisibilidad de una prueba documental, ya incorporada al expediente. De ser errónea la apreciación del juez, por tratarse de inadmisión de la prueba, pareciera un defecto de actividad, que deberá dar lugar a la reposición de la causa, pero no obstante esta apariencia, resultante del uso poco preciso del lenguaje, se trata del rechazo del juez a la valoración de la prueba para decidir la controversia, y por tanto de una infracción de ley que deberá ser corregida por la Sala en la sentencia de fondo.

            En todos los demás supuestos de casación, comprendidos dentro de los ordinales segundo y tercero del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, infracción de ley cometida en la resolución de la controversia, incluidos en este grupo los vicios de la sentencia, diferentes a los defectos en la motivación relacionados en el ordinal tercero, todos los cuales son errores de forma cometidos al resolver el litigio, se aplica en principio la regla del segundo aparte del artículo 175 eiusdem: “La sentencia de casación deberá decidir el fondo de la controversia casando o anulando el fallo, sin posibilidad de reenvío…"

            Sin embargo, el principio de economía procesal, estrechamente ligado a la garantía a la tutela efectiva de los derechos e intereses “y a obtener con prontitud la decisión correspondiente", obviamente no es el único principio de rango constitucional que incide en el proceso y en su decisión. Por ejemplo, la doctrina de la Sala Constitucional ha determinado la existencia de un principio general de doble grado de jurisdicción y de derecho al recurso[13], cuya aplicación puede determinar que la Sala Social considere necesario en algunos casos de inmotivación absoluta, en los cuales no se comprende de manera alguna el fundamento de lo decidido en instancia, reponga la causa al estado de que el Superior decida de nuevo la controversia, a fin de preservar el derecho del eventualmente vencido al recurso contra una decisión que al expresar sus razones, permita su revisión por otro juez. En tal supuesto, la Sala tácitamente reconocerá mayor valor, dentro de las características del caso concreto, al derecho al debido proceso legal, del cual forma parte el principio de doble grado de jurisdicción, que al principio de economía procesal, rector general de la casación sin reenvío.

            Ahora bien, la diferencia entre defecto de actividad e infracción de ley, que puede ser difícil en los casos límite, no debería conducir a que se desechen recursos con el solo fundamento de un error en la calificación de la infracción. Si los argumentos del formalizante permiten determinar la procedencia o improcedencia del recurso, la Sala debe, como frecuentemente hace, corregir el error y proceder a decidir la impugnación, en protección de los derechos de la parte inmiscuida en el conflicto, quien no debe sufrir el peso de las complicaciones jurídicas, o incluso de la deficiencia de sus representantes.

            En conclusión, para asegurar la justicia no es necesario abandonar un concepto tan básico como la diferencia entre el orden del proceso, es decir entre el modo como los ciudadanos hacen valer sus derechos, y la resolución de la controversia, dirigida a proteger los derechos sustantivos del justiciable.

            Como observación postrera, cabe precisar que si bien el juez en su decisión sobre el fondo aplica reglas sustantivas y procesales, el bien protegido por el proceso está siempre tutelado por normas sustantivas: no existe proceso por el proceso mismo.



[1] Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, artículo 489-A. Motivos. Se debe declarar con lugar el recurso de casación cuando se haya incurrido en una infracción de norma jurídica o de una máxima de experiencia. En estos casos, la infracción tiene que haber vulnerado los derechos constitucionales que rigen la actividad jurisdiccional, contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o en tratados internacionales, suscritos y ratificados por la República, o haber sido determinante de lo dispositivo en la sentencia.

[2] SCS 1-11-07. Exp. 07-592, dec. 2200

[3] Nieva 2006: Jordi Nieva Fenoll, La enunciación de los motivos de casación en las leyes procesales (Con especial atención al art. 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo). Ponencia ante el III Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Caracas, 2006.

 

[4] SCS 5-4-2000, nº 79

[5] Nieva 2006: Jordi Nieva Fenoll, La enunciación de los motivos de casación en las leyes procesales : con especial referencia al Art. 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, III Congreso Internacional de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social. Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, 2006.

[6] Ver por ejemplo SCS 29-5-2003, nº 361.

[7] Calamandrei 1960: Piero Calamandrei, Proceso y Democracia. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires, 1960.

[8] Larenz 1994: Karl Larenz, Metodología de la Ciencia del Derecho. Ariel Editores. Barcelona, 1994.

[9] Larenz 1994, págs. 39-42.

[10] Larenz 1994, pág. 41. El autor cita a Puchta, Cursus der Institutionen, I, 35, sin que la traducción al español consultada precise la referencia bibliográfica.

[11] Larenz 1994, pág. 42.

[12] Larenz 1994, pág. 465

[13] Ver Scon nº 1307 del 22-06-2005, criterio reiterado entre otras decisiones, en 9-12-2005, nº 4145.