PROYECTO DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL


 

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO I

DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES

Capítulo I

Del Juez y la Jueza

Capítulo II

Del Secretario o Secretaria y del o la Alguacil

Capítulo III

Del Expediente

Capítulo IV

De la Organización y Funcionamiento de los Tribunales Civiles

TÍTULO II

AUXILIARES DE JUSTICIA, DEFENSA PÚBLICA Y MINISTERIO PÚBLICO

Capítulo I

De los Auxiliares de Justicia

Capítulo II

Del Servicio Autónomo de la Defensa Pública

Capítulo III

Del Ministerio Público

TÍTULO III

DE LAS PARTES Y DE LOS APODERADOS O APODERADAS

Capítulo I

De las Partes

Capítulo II

De los Apoderados y Apoderadas

Capítulo III

De los Deberes de las Partes y de sus Apoderados o Apoderadas

Capítulo IV

De la Exoneración de Gastos en el Proceso

TÍTULO IV

DE LOS ACTOS PROCESALES

Capítulo I

De la Forma de los Actos

Capítulo II

Del Lugar y Tiempo de los Actos Procesales

Capítulo III

De la Nulidad de los Actos Procesales

Capítulo IV

De las Citaciones y Notificaciones

Capítulo V

De la Comisión

TÍTULO V

DE LA TERMINACIÓN DEL PROCESO

Capítulo I

De la Sentencia

Capítulo II

De la Transacción y de la Conciliación

Capítulo III

Del Desistimiento y del Convenimiento

Capítulo IV

De la Perención de la Instancia

Capítulo V

De los Efectos del Proceso

TÍTULO VI

DE LOS RECURSOS

Capítulo I

De la Revocatoria

Capítulo II

De la Apelación

Capítulo III

De la Adhesión a la Apelación

Capítulo IV

Del Trámite de la Apelación

Capítulo V

Del Recurso de Casación

Capítulo VI

Del Juicio de Invalidación

LIBRO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

TÍTULO I

DE LA INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA

Capítulo I

De la Demanda

Capítulo II

Del Emplazamiento

Capítulo III

De la Contestación de la Demanda y Reconvención

Capítulo IV

De la Intervención de Terceros, Voluntaria y Forzosa

Capítulo V

De las Audiencias

TÍTULO II

DE LA INSTRUCCIÓN DE LA CAUSA

Capítulo I

De los Medios de Prueba, su Promoción, Evacuación y Carga

Capítulo II

De la Confesión

Capítulo III

De la Prueba por Escrito

Capítulo IV

De la Experticia

Capítulo V

De la Inspección Judicial

Capítulo VI

De la Prueba de Testigos

Capítulo VII

De las Reproducciones, Copias y Experimentos

Capítulo VIII

De los Indicios y Presunciones

Capítulo IX

De la Anticipación de Pruebas

TÍTULO III

DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

Capítulo I

Disposiciones Generales

Capítulo II

De las Excepciones a la Continuidad de la Ejecución

Capítulo III

Del Embargo de Bienes

Capítulo IV

Del Depósito Judicial de los Bienes Embargados

Capítulo V

De la Oposición, Suspensión y Efectos del Embargo

Capítulo VI

De la Publicidad del Remate

Capítulo VII

Del Justiprecio

Capítulo VIII

De la Subasta y Venta de los Bienes

Capítulo IX

De la Cancelación del Precio del Remate

LIBRO TERCERO

DEL PROCEDIMIENTO CAUTELAR Y DE LAS CUESTIONES INCIDENTALES

TÍTULO I

DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Capítulo I

Disposiciones Generales

Capítulo II

Del Embargo

Capítulo III

Del Secuestro

Capítulo IV

De la Prohibición de Enajenar y Gravar

Capítulo V

Del Procedimiento de las Medidas Preventivas

LIBRO CUARTO

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

TITULO I

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTENCIOSOS Y LAS  REGLAS APLICABLES A DETERMINADAS CONTROVERSIAS

Capítulo I

Del Procedimiento Breve

Capítulo II

Del Procedimiento Ejecutivo

Capítulo III

Del Concurso de Acreedores

Capítulo IV

De las Controversias sobre Rendición de Cuentas

Capítulo V

De las Controversias sobre la propiedad

Capítulo VI

De las Controversias sobre la Posesión

Capítulo VII

De las Controversias sobre la Obligación Alimentaria

Capítulo VIII

De las controversias relacionadas con el matrimonio

y su disolución por divorcio

Capítulo IX

De las Controversias sobre la Partición de Comunidad

Capítulo X

De la Responsabilidad Civil de los Jueces y Juezas

Capítulo XI

De la Eficacia de los Actos y Sentencias  de Autoridades Extranjeras

TÍTULO II

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES NO CONTENCIOSOS

O DE  JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Capítulo  I

Disposiciones Generales

Capítulo II

De la Interdicción e Inhabilitación

Capítulo III

Del Consejo de Tutela y Protutor

Capítulo IV

Del Nombramiento, Oposición o Remoción de Tutor, Protutor, Curador y Miembros del Consejo de Tutela

Capítulo V

Del Divorcio por Mutuo Acuerdo

Capítulo VII

De la Rectificación y Nuevos Actos del Estado Civil

Capítulo VIII

Del Deslinde de Propiedades Contiguas

Capítulo IX

De los Procedimientos Relativos a las Sucesiones Hereditarias

Capítulo X

De la Oferta y del Depósito

Capítulo XI

De la Entrega de Bienes Vendidos, de las Notificaciones y de las Justificaciones para Perpetua Memoria


 

 


PROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL CIVIL

 

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

 

Objeto

Artículo 1. El presente Código Procesal Civil tiene por objeto la necesaria transformación del sistema judicial, para garantizar la igualdad de condiciones y oportunidades a toda la población en el acceso a la jurisdicción civil, combatir el retraso procesal, los formalismos o exigencias alejadas de la realidad social, generar una cultura de corresponsabilidad que conlleve a la práctica de la justicia social, la equidad, la solidaridad y la ética socialista  en las relaciones de los ciudadanos, las ciudadanas y las  instituciones de la República, a fin de lograr la consolidación del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Constitucionalidad del proceso

Artículo 2. El proceso es un instrumento para la realización de la justicia. En consecuencia, los jueces y juezas son garantes del cumplimiento  de los valores, fines y principios constitucionales de una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, mediante un proceso breve, oral y público, sin dilaciones indebidas ni formalismos o reposiciones inútiles.

 

Potestad de administrar justicia

Artículo 3. Con fundamento en el principio constitucional que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y a ella están sujetos los órganos del Estado, la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas, y la ejercen e imparten los jueces y juezas en nombre de la República y por autoridad de la ley para el logro de una justicia liberadora que garantice la inclusión y armonía social.

 

La jurisdicción civil, de conformidad con las disposiciones de este Código y salvo disposiciones especiales de la ley, corresponde a los jueces y juezas ordinarios,  quienes tienen la obligación de administrar justicia a los venezolanos y venezolanas, y a los extranjeros y extranjeras en la medida en que las leyes determinen su competencia para conocer del respectivo asunto.

 

Interpretación y aplicación

de normas procesales

Artículo 4. En la interpretación y aplicación de las normas procesales el juez o jueza debe tener en cuenta la realización de los valores, fines y principios constitucionales como  referencia indispensable para  garantizar que el proceso cumpla la finalidad de justicia al cual está destinado y el proyecto político de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

 

Vigencia de la ley procesal

Artículo 5. La ley procesal se aplica a partir del momento de su entrada en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero los actos y hechos ya cumplidos y sus efectos procesales no verificados para ese momento, se regularán por la ley anterior, salvo disposición en contrario.

 

Principios del proceso

Artículo 6. El proceso civil debe atender, entre otros, a los siguientes principios:

 

1.     Celeridad procesal. La justicia se administrará lo más brevemente posible y el Estado así debe garantizarlo. Todos los integrantes del sistema de justicia de acuerdo al principio de corresponsabilidad están obligados a evitar la ocurrencia de incidencias con fines dilatorios.

 

2.     Concentración. En el juicio civil la audiencia debe iniciar y concluir el mismo día. Si ello no fuere posible, continuará en el día posterior más próximo posible.

 

3.     Oralidad.  El juicio se formará en audiencia oral y solo se admitirán las formas escritas previstas en este Código. El órgano de profesionalización del Poder Judicial implementará los programas necesarios para garantizar que los profesionales del derecho con discapacidad auditiva participen en el proceso en condiciones de igualdad.

 

4.     Publicidad. Los actos orales del proceso se celebrarán en forma pública. Se reservarán aquellos actos o actuaciones procesales cuando este Código u otras leyes así lo disponga, o el tribunal motivadamente así lo decida, por razones de seguridad, moralidad o protección al honor, a la reputación o a la intimidad de alguna de las partes, en estos casos, no le es dado a las partes, a los terceros, a los auxiliares de justicia o a los funcionarios o funcionarias judiciales hacer del conocimiento público los actos o datos que hayan sido declarados como reservados. Todos los actos y autos  deben constar en el expediente correspondiente.

 

5.     Inmediación. El juez o jueza que ha de pronunciar la sentencia debe presenciar el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtiene su convencimiento, salvo los casos en que la ley permita la comisión judicial para la evacuación de algún medio probatorio necesario a los fines de la demostración de los hechos controvertidos.

 

6.     Contradicción. Las partes y los terceros intervinientes tendrán garantizadas las oportunidades de alegación, de prueba y de impugnación de los actos procesales.

 

7.     Simplificación. Los actos procesales serán breves y sencillos, sin ritualismos, formalismos o requisitos innecesarios.

 

8.     Derecho de acceso a la jurisdicción. Toda persona goza del derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales, a los fines de obtener mediante un proceso simple y expedito, la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses.

 

9.     Ética.  Toda actuación en el proceso civil debe estar orientada por los valores de la solidaridad, realización colectiva de la individualidad, corresponsabilidad en la gestión pública, justicia social y equidad en la interpretación y aplicación del derecho, vocación de servicio, entre otros valores que refundan la Nación venezolana.

 

10. Medios alternativos de resolución de conflictos. Salvo en las materias cuya naturaleza no lo permita o se encuentre expresamente prohibido por la ley, el juez o jueza promoverá la utilización de medios alternativos de resolución de conflictos,  como la conciliación, la mediación y el arbitraje,  establecidos en la Constitución y en la normativa sobre justicia de paz comunal.

 

11. Cooperación jurídica internacional. Con el objeto de garantizar un efectivo acceso a la justicia en el contexto internacional y resguardar en general los derechos humanos, la jurisdicción civil acoge el principio de cooperación jurídica internacional, de conformidad con la Constitución, los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República y la legislación venezolana, preservando  siempre la soberanía nacional.

 

Participación  protagónica popular

Artículo 7. Los ciudadanos y ciudadanas  tienen derecho a participar, individualmente o de forma organizada, en el control de la gestión rápida, oportuna, eficaz y eficiente de los tribunales de la jurisdicción civil en todos sus niveles e instancias, a través de las organizaciones del Poder Popular, incluyendo las que corresponden a los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico y en ejercicio del principio de corresponsabilidad en la gestión pública.

 

Para ello, los jueces y juezas civiles generarán las condiciones más favorables que garanticen el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la participación protagónica popular, teniendo a disposición de las organizaciones del Poder Popular para su análisis, estudio y consideración el informe anual de su rendimiento que se emite conforme a las normativas correspondientes.

 

Las organizaciones del Poder Popular tienen el derecho y el deber de denunciar ante las autoridades disciplinarias del Poder Judicial los comportamientos, actitudes, omisiones y acciones contrarias al interés social y a la ética que observen de los jueces y las juezas en el desempeño de sus funciones, estando dichas autoridades obligadas a verificar las denuncias, dar respuesta oportuna sobre las mismas a quienes las formulen y, si el caso lo amerita, corregir o sancionar las desviaciones que se presenten o se hayan presentado en el desempeño de la función pública.

 

Principio dispositivo

Artículo 8. En materia civil el juez o jueza no puede iniciar el proceso sino previa demanda de parte, pero puede proceder de oficio cuando la ley lo autorice, o cuando para el resguardo del orden público o de las buenas costumbres sea necesario dictar alguna providencia legal.

 

En todo asunto contencioso o no contencioso, en el cual se pida alguna resolución, los jueces y juezas obrarán con conocimiento de causa, y al efecto, podrán exigir que se amplíe la prueba sobre los puntos en que la encontraren deficiente, y aun requerir otras pruebas que juzgaren indispensables; todo sin necesidad de las formalidades del juicio.

 

En los asuntos no contenciosos, la resolución se mantendrá en vigencia mientras no cambien las circunstancias que la originaron y no sea solicitada su modificación o revocatoria por el interesado o interesada, caso en el cual, el juez o jueza obrará también con conocimiento de causa; y en la decisión que al efecto dicte, dejará siempre a salvo los derechos de terceros.

 

Perpetuidad de la jurisdicción

y la competencia

Artículo 9. La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga lo contrario.

 

Deberes del juez y jueza

en el proceso

Artículo 10. El juez o jueza es la expresión humana del quehacer de la justicia liberadora e incluyente que facilita el buen vivir, en virtud de lo cual debe actuar conforme a los valores éticos que dan sustento a la refundación de la Patria y su actuar en el proceso debe ser referente de la cultura de responsabilidad en la administración de justicia; actuará conforme a la verdad y la justicia que procurará conocer y materializar en los límites de su oficio.

 

En sus decisiones debe atenerse a las normas del derecho a menos que la ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad; resolverá conforme a lo alegado y probado en autos, sin extraer elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. Puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia.

 

En la interpretación de contratos o actos el juez o jueza se sujetará al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, de acuerdo con las exigencias de la ley, la verdad y la buena fe.

 

Jurisdicción de equidad

Artículo 11. Cuando las partes de común acuerdo así lo soliciten y la controversia se refiera a derechos disponibles, el juez o jueza decidirá el fondo de la causa con arreglo a la equidad, para lo cual tomará como base la proporcionalidad y la condición real de cada una de las partes, con el fin de decidir de manera justa, constructiva y pertinente el asunto concreto sometido a su arbitrio, orientándose para ello en el principio constitucional de justicia social, las disposiciones  sobre justicia de paz comunal y las leyes relacionadas con la materia.

 

Dirección del proceso

Artículo 12. El juez o jueza ejerce la dirección del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo legal. Cuando esté suspendida, el tribunal debe fijar un término para su reanudación que no podrá ser mayor de cinco días, después de notificadas las partes o sus apoderados.

 

Derecho de defensa y principio

de igualdad procesal

Artículo 13. Los jueces y juezas garantizarán el derecho de defensa y mantendrán a las partes en el marco de los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades; y en los derechos y facultades que correspondan de manera privativa a cada una, se mantendrán y ejercerán según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que ello permita ni puedan permitirse extralimitaciones de ningún género.

 

Interés procesal

Artículo 14. Para proponer la demanda el accionante debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la ley, el interés puede estar limitado a la declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica.

 

Lealtad y probidad

Artículo 15. El juez o jueza deberá tomar de oficio, o a petición de parte, todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o a sancionar las faltas a la lealtad y probidad en el proceso, a la ética profesional, la colusión y el fraude procesal, o cualquier acto contrario a la justicia y al respeto que se deben los litigantes.

 

Responsabilidad

Artículo 16. Los jueces, juezas, funcionarios, funcionarias judiciales y auxiliares de justicia son personalmente responsables por error, retardo u omisiones injustificadas, por la inobservancia sustancial de las normas procesales, denegación de justicia, parcialidad y por los delitos de cohecho y prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones.

 

Denegación de justicia

Artículo 17. El  juez o jueza que se abstuviera de decidir en su debida oportunidad, bajo el pretexto de silencio, contradicción, deficiencia de la ley, de oscuridad o ambigüedad en sus términos, será sancionado como culpable de denegación de justicia.

 

 

Control difuso

Artículo 18. Cuando el juez o jueza considere que hay contradicción entre la Constitución y una ley u otra norma jurídica aplicará las disposiciones constitucionales, y decidirá lo conducente de oficio o a petición de parte.

 

La sentencia  en la que se haya aplicado el control difuso de la constitucionalidad, una vez que adquiera carácter definitivamente firme será remitida a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a los efectos de su revisión, conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley.

 

Obligatoriedad de las decisiones

Artículo 19. Los jueces y juezas cumplirán y harán cumplir las sentencias, autos y decretos dictados en ejercicio de sus atribuciones legales, haciendo uso de la fuerza pública, si fuere necesario. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, las demás autoridades de la República prestarán a los jueces y juezas toda la colaboración que estos requieran.

 

En caso de desacato, el juez o la jueza tomará las medidas y acciones que considere necesarias, conforme a la ley, para hacer cumplir sus decisiones garantizando el debido proceso.

 

Aplicación supletoria

Artículo 20. Las disposiciones de este Código serán aplicables supletoriamente en lo no previsto en los procedimientos establecidos en otras leyes.

 

Prudente arbitrio

Artículo 21. Cuando en la ley se establece: "El juez o la jueza puede”, “el juez o la jueza podrá”, “el tribunal puede” o “el tribunal podrá”, se ha de entender que el juez o la jueza está autorizado o autorizada para obrar según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo o racional para materializar  la justicia  y garantizar la imparcialidad.

 

Forma oral y escrita del proceso

Artículo 22. Los actos del tribunal y de las partes que conforme a este Código no se realicen en audiencia, se realizarán en forma escrita. Las actuaciones del tribunal y de las partes en audiencia se realizarán en forma oral, salvo que la ley o el tribunal por razones justificadas dispongan otra cosa.

 

De todo asunto se formará expediente separado con un número de orden, la fecha de su iniciación, el nombre de las partes y su objeto. Las actuaciones deben observar el orden cronológico, según la fecha de su realización y la foliatura del expediente se llevará al día, con letras y números, pudiéndose formar piezas distintas para el más fácil manejo, cuando sea necesario.

 

Principio de que las partes están a derecho

Artículo 23. Verificada la citación para la contestación de la demanda las partes quedan a derecho, y no habrá necesidad de nueva citación para ningún otro acto del juicio, a menos que alguna disposición de ley así lo exija.

 

Sanciones disciplinarias a

funcionarios y funcionarias

Artículo 24.  Sin perjuicio de las nulidades a que haya lugar, el Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales impondrán de oficio, como penas disciplinarias, y por lo que resulte demostrado en el proceso, apercibimiento y  multas  de diez a veinte unidades tributarias (10 a 20 U.T) a los funcionarios o funcionarias que hayan intervenido en aquel, por las faltas materiales que aparezcan. Podrán también, por lo que resulte del proceso, pero solo a solicitud de la parte perjudicada, imponer a dichos funcionarios o funcionarias multas disciplinarias de igual monto por aquellas faltas que hayan tenido como consecuencia aumentar los gastos a la parte o causar demoras en el asunto.

 

En cualquier otro caso de falta que acarree responsabilidad civil, queda a salvo la acción de los interesados o interesadas.

 

Lo dispuesto en este artículo no impide que el juez o jueza que sustancia la causa, haga subsanar las faltas materiales que notare y que use de la facultad legal de apremiar con multas a los funcionarios o funcionarias judiciales.

 

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

 

TÍTULO I

DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES

 

Capítulo I

Del Juez y la Jueza

 

Autonomía e independencia

Artículo 25. Los jueces y juezas en su condición de garantes del desarrollo de  la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cumpliendo y haciendo cumplir sus disposiciones, así como las de los tratados sobre derechos humanos y otros tratados internacionales suscritos y ratificados por la República y demás normas del ordenamiento jurídico venezolano, son  autónomos e independientes en el ejercicio de sus funciones de los otros órganos de los Poderes Públicos de la República y de cualquier sector u organismo nacional o internacional.

 

Jueces y juezas en el proceso

Artículo 26. En el proceso civil actuarán en primera instancia el juez o jueza de mediación, sustanciación y ejecución, y el juez o jueza de juicio. El juez o jueza superior conocerá en apelación de los asuntos como tribunal de segunda instancia en el proceso civil.

 

 

Sección primera: de la cooperación judicial internacional

 

Remisión a las fuentes

Artículo 27. En todos aquellos aspectos de derecho procesal civil internacional que no estén específicamente regulados en este Código, tales como la determinación de la jurisdicción venezolana y su posible derogatoria, la litispendencia y conexidad internacional, los requisitos de eficacia de las sentencias extranjeras y su reconocimiento parcial y el tratamiento procesal del derecho extranjero, se aplicarán las normas contenidas en la Ley de Derecho Internacional Privado y en las demás normas especiales que regulen la materia, sin perjuicio de lo dispuesto en las fuentes internacionales aplicables.

 

Autoridad central

Artículo 28. El ministerio del Poder Popular en materia de relaciones exteriores es la autoridad central para agilizar y acelerar los trámites de recepción y transmisión de exhortos, cartas rogatorias y cualquier otra solicitud de cooperación jurídica internacional en el ámbito civil y comercial,  con la cual los tribunales de la República y las autoridades centrales de otros Estados podrán comunicarse y ventilar sus actuaciones directamente, sin perjuicio de las otras vías y mecanismos de cooperación internacional. Las competencias de la autoridad central son las siguientes:

 

1.   Velar por la correcta y efectiva tramitación de las solicitudes de cooperación jurídica Internacional.

2.   Promover el uso de las redes internas e internacionales de cooperación disponibles, y procurar la participación de las autoridades venezolanas en las mismas.

3.   Proporcionar información sobre el derecho venezolano cuando proceda

4.   Solventar en lo posible las dificultades que puedan suscitarse en el cumplimiento de las solicitudes de cooperación jurídica internacional.

5.   Colaborar con las autoridades centrales de otros Estados así como con otras autoridades venezolanas y extranjeras en la tramitación de los actos de cooperación jurídica internacional.

6.        Otras afines con sus funciones.

 

La autoridad central no sustituye a los tribunales competentes en todo lo atinente a la adopción de decisiones sobre el proceso respectivo. 

 

 

Solicitud de cooperación

jurídica internacional

Artículo 29. En cualquier estado y grado del proceso podrán los tribunales venezolanos solicitar la realización de actos procesales que fueren necesarios para el buen desarrollo y fines del mismo, ante las autoridades extranjeras correspondientes mediante exhortos o cartas rogatorias, y cualquier otro mecanismo que fuere admitido por el Estado requerido y  sea compatible con las normas procesales venezolanas.

 

Tramitación diplomática, consular

y autoridad central

Artículo  30. La realización de los actos procesales expresados en el artículo anterior podrá tramitarse vía diplomática o consular.

 

Asimismo, podrán tramitarse a través de las respectivas autoridades centrales cuando en el Estado requerido se disponga de esta figura, bien sea por aplicación de algún tratado internacional o por su legislación interna.

 

En los casos establecidos en este artículo no será necesaria la legalización.

 

Tramitación por parte interesada

y vía judicial

Artículo 31. Los exhortos y cartas rogatorias podrán igualmente ser tramitados por las propias partes interesadas o por vía judicial directa, siempre que esto no ponga en riesgo el equilibrio procesal de las partes.

 

Solicitudes de cooperación de

tribunales extranjeros

Artículo 32. Las solicitudes de cooperación provenientes de autoridades jurisdiccionales extranjeras concernientes a actos que fueren necesarios para el buen desarrollo y fines del proceso, que hayan de practicarse en la República, serán atendidas de manera breve y eficiente conforme al principio de cooperación jurídica internacional, y se ejecutarán con el simple decreto del juez o jueza competente, siempre que dichas solicitudes se ajusten a los principios internacionalmente aceptados en la materia y  no sea contraria a los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los de este Código.

 

Cuando la solicitud provenga  de una vía distinta a la diplomática, consular o de la autoridad central, se exigirá la legalización o apostilla del acto procesal como requisito para su tramitación. Constituye excepción a esta exigencia la cooperación requerida entre tribunales fronterizos, de acuerdo a lo dispuesto en los tratados internacionales vigentes en la República.

 

Leyes procesales

Artículo 33. Los exhortos, cartas rogatorias o cualquier otra forma válida de requerimiento de cooperación jurídica internacional para la realización de actos procesales en el territorio de la República, deberán tramitarse de conformidad con las leyes procesales venezolanas.

 

No obstante lo anterior, el tribunal venezolano podrá, a solicitud del órgano jurisdiccional del Estado requirente, aceptar la observancia de formalidades o de procedimientos especiales adicionales en la práctica de la diligencia solicitada, a menos que sean incompatibles con las disposiciones de la Constitución de la República y la legislación procesal venezolana.

 

Traducción al idioma nacional

Artículo 34. Tanto las solicitudes de cooperación jurídica internacional dirigidas a las autoridades venezolanas como la documentación fundamental que las acompañen deberán estar debidamente traducidas al castellano, de ser necesario.

 

Efectos del acto de cooperación

Artículo 35. El cumplimiento de exhortos, cartas rogatorias o cualquier otra solicitud de cooperación jurídica internacional no implicará el reconocimiento de la competencia del órgano jurisdiccional requirente ni el compromiso de reconocer la validez de la sentencia que dictare o de proceder a su ejecución.

 

Jurisdicción y competencia

Artículo 36. Los tribunales venezolanos tienen jurisdicción para ejecutar las actuaciones de cooperación jurídica internacional requeridas por autoridades extranjeras, siempre que se encuentren dentro de su alcance territorial. Asimismo, podrán conocer y resolver  las cuestiones que se susciten con motivo de dicho cumplimiento.

 

El tribunal competente para conocer la cooperación es el de primera instancia del lugar donde haya de verificarse el acto.

 

Costas

Artículo 37. En el trámite y cumplimiento de exhortos o cartas rogatorias las costas y demás gastos correrán por cuenta de los interesados o interesadas.

 

No obstante, se procurará siempre garantizar el acceso a la justicia y reconocer los beneficios de exoneración conferidos a la parte en el Estado requirente, en consideración de su falta de recursos económicos.

 

Recepción y solicitud por

mensaje de datos

Artículo 38. Los tribunales venezolanos, siempre y cuando la legislación del Estado con el cual interactúen lo permita, podrán solicitar cooperación a las autoridades extranjeras competentes y recibir las resultas de tales solicitudes, mediante mensajes de datos, cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley que regula la materia.

 

Adicionalmente, los tribunales estarán facultados para el establecimiento de comunicaciones judiciales directas, en coordinación con autoridades judiciales extranjeras, a través de cualquier mecanismo que le brinde suficiente certeza y seguridad para la práctica de las actuaciones procesales. A tales efectos podrán valerse de las tecnologías comunicacionales a su disposición, tales como las llamadas telefónicas, videoconferencias y cualquier otro medio disponible, sin comprometer el debido proceso y el derecho a la defensa.

 

 

Sección segunda: de la competencia

 

Reglas atributivas

Artículo 39. La competencia se distribuye por la materia y el territorio, y por la cuantía en aquellos casos que la ley lo exija.

 

Inderogabilidad convencional

de la competencia

Artículo 40. La competencia por la materia y la cuantía no pueden derogarse por convenio de las partes, por ser de orden público.

 

Las partes afirmarán o impugnarán la competencia del tribunal en la demanda o en la contestación.

 

Incidencias

Artículo 41. El tribunal que tenga competencia para conocer de un asunto, la tendrá para conocer de sus incidencias, salvo disposición legal en contrario.

 

Determinación de la competencia

por la materia

Artículo 42. La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan.

 

Competencia por la cuantía

Artículo 43. La competencia por razón de la cuantía se determina de acuerdo al valor económico de la pretensión y se rige por las disposiciones de este Código y demás normativas que regulen la materia.

 

Determinación del valor económico

Artículo 44. El valor económico de la pretensión se determina con base en la demanda, según las reglas siguientes:

 

1.   Para determinar el valor económico de la demanda se sumarán al capital los intereses vencidos, los gastos hechos en la cobranza, y la estimación de los daños y perjuicios anteriores a la presentación de la demanda, si los hubiere.

2.   Si se demandare una cantidad que fuere parte, pero no saldo de una obligación más cuantiosa, el valor económico de la demanda lo determinará el valor económico de dicha obligación.

3.   Cuando una demanda contenga varios puntos, se sumará el valor económico de todos ellos para determinar el de la causa, si dependen del mismo título.

4.   Cuando varias personas demanden de una o más en un mismo juicio, el pago de la parte que las demandantes tengan en un mismo crédito, el valor económico de la causa se determinará por la suma total de las partes reclamadas.

5.   Si se demandan prestaciones alimentarías periódicas, el valor económico  se determinará por el monto de las prestaciones reclamadas; pero si la obligación estuviere discutida, su determinación se hará por la suma de dos anualidades.

6.   Cuando se demande el pago de una renta de cualquier denominación que sea, el valor se determinará acumulando las mensualidades reclamadas, pero si el título estuviere discutido, el valor económico se determinará acumulando diez anualidades. Esta regla se aplica también para determinar el valor de las causas relativas a prestaciones enfitéuticas.

7.   En las demandas sobre arrendamiento, el valor económico se determinará acumulando las pensiones o cánones de arrendamiento sobre los cuales se litigue y sus accesorios. Si se trata del cumplimiento o incumplimiento de cualquier otra obligación contractual, el valor económico se determinará, acumulando las pensiones o cánones de arrendamiento de un año y los accesorios contemplados en el contrato.

 

En los supuestos contenidos en los numerales 5 al 7 de este artículo, si la prestación debe hacerse en especie, su valor económico se estimará por los precios corrientes en el mercado.

 

Estimación de la demanda

Artículo 45. Cuando el valor de la cosa demandada no conste, pero sea apreciable en dinero, la parte demandante la estimará en bolívares e indicará su equivalente en unidades tributarias (U.T.) al momento de su interposición. En caso de demandas de obligaciones contraídas en moneda extranjera, la demandante deberá estimar su demanda en moneda de curso legal al tipo de cambio corriente al momento de la introducción de la misma.

 

Si la demandante no estima la demanda, aún cuando sea apreciable en dinero, el tribunal ordenará su corrección mediante el despacho saneador.

 

La parte  demandada podrá rechazar dicha estimación cuando la considere insuficiente o exagerada, formulando al efecto su contradicción al contestar la demanda, con presentación de la prueba respectiva, lo que será resuelto en la sentencia que se dictará en la audiencia de juicio.

 

Si la parte demandada  rechaza, o contradice pura y simplemente la estimación sin precisar y probar sus alegatos, se tendrá como no impugnada y quedará firme la realizada por la parte demandante.

 

Demandas apreciables en dinero

Artículo 46. A los efectos del artículo anterior, se consideran apreciables en dinero todas las demandas, salvo las que tengan por objeto el estado y la capacidad de las personas.

 

Demandas relativas a derechos personales

y reales sobre bienes muebles

Artículo 47.  Las demandas relativas a derechos personales y las relativas a derechos reales sobre bienes muebles se propondrán ante la autoridad judicial del lugar donde la parte demandada tenga su domicilio o, en defecto de este, su residencia. Si la parte demandada no tuviere domicilio ni residencia conocidos, la demanda se propondrá en el lugar donde aparezca registrado, según los datos que suministren las autoridades competentes o, en su defecto, en cualquier lugar donde aquella se encuentre.

 

Las demandas a que se refiere este artículo se pueden proponer también ante la autoridad judicial del lugar donde se haya contraído o deba ejecutarse la obligación, o donde se encuentre la cosa mueble objeto de la demanda, con tal de que en el primero y en el último caso, la parte demandada se encuentre en el mismo lugar.

 

Siendo dos o más los demandados, es competente el tribunal del lugar del domicilio, residencia o habitación de cualquiera de ellos.

 

Los criterios de competencia a que se refiere este artículo, son concurrentes a elección de la parte demandante.

 

Demandas relativas a derechos reales

sobre bienes inmuebles

Artículo 48. Las demandas relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles se propondrán ante la autoridad judicial del lugar donde esté situado el inmueble, la del domicilio de la parte demandada, o la del lugar donde se haya celebrado el contrato, caso de hallarse allí el demandado o demandada, todo a elección de la parte demandante. Si la demanda versa sobre un inmueble situado en distintas circunscripciones territoriales, será competente el de cualquiera de estas, a elección de la parte demandante.

 

Procesos de sucesión

Artículo 49. Son competentes los tribunales del lugar de la apertura de la sucesión para conocer:

 

1.   De las demandas sobre partición y división de la herencia y de cualesquiera otras entre coherederos, hasta la división.

2.   De las demandas sobre rescisión de la partición ya hecha, y sobre saneamiento de las cuotas asignadas, con tal de que se propongan dentro de un bienio, a contar de la partición.

3.   De las demandas contra los albaceas, con tal de que se intenten antes de la división; y si esta no es necesaria, dentro de un bienio, a contar de la apertura de la sucesión.

4.   De las demandas de los legatarios y los acreedores de la herencia, si se proponen en los términos indicados en los números precedentes.

5.   Cuando la sucesión se haya abierto fuera de la República, todas estas demandas podrán proponerse en el lugar donde se encuentre la mayor parte de los bienes existentes dentro del territorio nacional, salvo disposiciones especiales.

 

La competencia que establece este artículo no excluye la del domicilio, pero siendo más de uno los demandados deberán todos tener un mismo domicilio para que pueda proponerse la demanda ante el tribunal a que ese domicilio corresponda.

 

Demandas entre socios

Artículo 50. La demanda entre socios se propondrá ante la autoridad judicial del lugar donde se halle el domicilio de la sociedad. Se propondrán ante la misma autoridad judicial las demandas entre socios, aun después de disuelta y liquidada la sociedad, por la división y por las obligaciones que se deriven de esta, con tal de que se propongan dentro de un bienio, a partir de la división. Esto sin perjuicio de que pueda intentarse la demanda ante el tribunal del domicilio de cualquiera de los socios.

 

Demanda de rendición de cuenta

Artículo 51. La demanda de rendición de cuentas de una tutela o de una administración se propondrá ante la autoridad judicial del lugar donde se hayan conferido o ejercido la tutela o la administración o ante el tribunal del domicilio, a elección de la parte demandante. Esto sin perjuicio de que pueda intentarse la demanda ante el tribunal del domicilio de cualquiera de los demandados.

 

Carácter dispositivo de las normas

sobre competencia territorial

Artículo 52. Las reglas legales atributivas de la competencia territorial solo se aplicarán en defecto de sumisión expresa o tácita de las partes a los tribunales de una determinada circunscripción. La derogación no podrá efectuarse cuando se trate de causas en las que debe intervenir el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o en cualquier otro caso que la ley expresamente determine.

 

La sumisión expresa o tácita de las partes solo será válida y eficaz cuando se haga a tribunales con competencia objetiva para conocer del asunto de que se trate.

 

Sumisión expresa

Artículo 53. Se entenderá por sumisión expresa la pactada por los interesados con designación precisa de la circunscripción a cuyos tribunales se someterán.

 

Sumisión tácita

Artículo 54. La parte  demandada se entenderá sometida tácitamente por el hecho de realizar en el juicio personalmente o por medio de apoderado o apoderada, cualquier acto que no sea la de oponer la incompetencia del tribunal por el territorio, en la oportunidad de contestar la demanda u oponerse a cualquier medida cautelar.

 

Competencia en justicia de

paz comunal

Artículo 55. Las demandas de naturaleza patrimonial cuya cuantía corresponda al ámbito de la ley que regula la jurisdicción especial de justicia de paz comunal se tramitarán ante el tribunal ordinario civil con arreglo a lo dispuesto en la referida ley, solo cuando en la comunidad del domicilio de las partes no esté en funcionamiento el juez o jueza de paz comunal para el momento de presentación de la demanda. 

 

Sección tercera: de la jurisdicción

 

Determinación de la jurisdicción

Artículo 56. En los casos que se requiera determinar la jurisdicción de los tribunales venezolanos se procederá de la siguiente manera:

 

1.     Respecto a la Administración Pública o cualquier otro órgano del Poder Público, se hará a instancia de parte o de oficio en cualquier estado y grado del proceso.

2.     Respecto al tribunal extranjero o al arbitral, se hará  a instancia de parte o de oficio, hasta la audiencia preliminar o la audiencia única, según sea el caso.

 

Si el tribunal declara la falta de jurisdicción, el proceso quedará suspendido y la decisión se consultará ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa.

 

Si el tribunal afirma su jurisdicción, la decisión no tendrá consulta, pero podrá ser impugnada mediante la solicitud de regulación de jurisdicción, dentro de los cinco días de despacho siguientes a la decisión. La solicitud de regulación no suspenderá el proceso, pero no podrá decidirse el fondo de la causa mientras no consten en el expediente las resultas de dicha solicitud.

 

Si la falta de jurisdicción está fundada en un acuerdo de arbitraje no procederá la referida consulta. La decisión que niegue o afirme la jurisdicción en materia de arbitraje únicamente podrá ser impugnada mediante la solicitud de regulación de la jurisdicción, en este caso el proceso civil quedará en suspenso.

 

 

Remisión del expediente en consulta

Artículo 57. A los fines de la consulta ordenada en el artículo anterior, el tribunal remitirá inmediatamente los autos al Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa. Luego de recibidas las actuaciones, la referida Sala procederá a decidir la cuestión sin previa citación ni alegatos de parte, dentro de los cinco días de despacho siguientes, con preferencia a cualquier otro asunto. La decisión se comunicará de oficio al tribunal donde cursa la causa.

 

Remisión de copias certificadas

en la regulación

Artículo 58. En el caso de la regulación de la jurisdicción, el tribunal remitirá inmediatamente al Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa, copia certificada de las actuaciones que considere y de las que puedan señalar las partes. La Sala procederá a decidir la cuestión de la forma indicada en el artículo anterior.

 

Facultad de la Administración Pública

Artículo 59. La Administración Pública o cualquier otro órgano del Poder Público que no sean partes en la causa, pueden solicitar ante el tribunal que conoce de ella, mientras la jurisdicción no haya sido afirmada mediante sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, que sea declarada la falta de jurisdicción del tribunal, fundándose en las atribuciones que les confiere la ley.

 

Sanciones

Artículo 60. El juez o jueza que deje de remitir oportunamente al tribunal que deba decidir las actuaciones pertinentes, será sancionado con multa de diez a  veinte unidades tributarias (10 a 20 U.T.),  sin perjuicio de poder ser apremiado a cumplir tal deber por el tribunal llamado a regular la jurisdicción, dejando a salvo  otras acciones civiles, penales y administrativas que ello pueda causar.

 

De la coordinación entre la jurisdicción

especial indígena y la ordinaria

Artículo 61. A los fines de desarrollar la coordinación y colaboración entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria, prevista en la ley que rige la materia, los pueblos y comunidades indígenas pueden interponer ante sus autoridades legítimas solicitudes sobre asuntos y negocios celebrados entre sus integrantes, dentro de su territorio, hábitat y tierras, siempre que no sean contrarios al orden público. Los acuerdos resultantes de estos procedimientos tienen carácter de cosa juzgada, cuando hayan sido previamente homologados por el juez de primera instancia en lo civil de mediación, sustanciación y ejecución de la localidad más cercana al pueblo o comunidad indígena donde se haya celebrado.

 

Sección cuarta: de la incompetencia

 

Incompetencia

Artículo 62. La incompetencia por la materia, cuantía y territorio debe ser alegada en la contestación y será decidida por el tribunal en la audiencia preliminar o en cualquier otra oportunidad que establezca este Código o las leyes.

 

 

Decisión

Artículo 63. De ser afirmada la competencia, la decisión solo tendrá apelación diferida con la sentencia definitiva, e incluso recurso de casación. De ser declinada la competencia, el expediente se remitirá de inmediato al tribunal considerado competente. Si este acepta la declinatoria, la decisión tendrá apelación diferida con la definitiva; y si por el contrario, el tribunal declinado se considera a su vez incompetente deberá plantear de oficio el conflicto de competencia. En este supuesto no se suspenderá el curso de la causa y el tribunal podrá ordenar la realización de cualquier acto de sustanciación, pero se abstendrá de celebrar la audiencia de juicio y de decidir el fondo de la causa mientras no se dicte la sentencia que regule la competencia.

 

La copia certificada de todo el expediente se remitirá inmediatamente al tribunal superior común a ambos tribunales en la circunscripción, y en su defecto, a la Sala del Tribunal Supremo de Justicia afín con la materia de los tribunales involucrados en el conflicto, en todo caso la decisión se dictará dentro de los cinco días de despacho siguientes al auto de recepción de las copias certificadas del expediente. En caso de verificarse conflicto de competencia entre dos tribunales que por la materia pueda ser objeto de conocimiento de más de una Sala del Tribunal Supremo de Justicia, corresponderá a la Sala Plena de dicho tribunal dilucidar el conflicto presentado, de conformidad con la ley que rige sus funciones.

 

La decisión se comunicará mediante oficio al tribunal donde se haya suscitado el conflicto de la competencia. Si la decisión declarase la incompetencia del tribunal que venía conociendo, este remitirá el mismo día o al día siguiente los autos al tribunal declarado competente, en el cual se continuará el curso del juicio al tercer día siguiente al recibo del expediente.

 

Sección quinta: de los elementos de modificación de la competencia

 

Por accesoriedad

Artículo 64. En materia de fiadores o garantía y en cualquier demanda accesoria, conocerá el tribunal donde esté pendiente la causa principal.

 

Por conexión

Artículo 65. La demanda contra varias personas, a quienes por su domicilio o residencia debería presentarse ante distintas autoridades judiciales, podrá proponerse ante la del domicilio o residencia de cualquiera de ellas, si hubiere conexión por el objeto de la demanda o por el título o hecho de que dependa, salvo disposiciones especiales.

 

Por conexión y continencia

Artículo 66. Cuando una controversia tenga conexión con una causa ya pendiente ante otra autoridad judicial, la decisión competerá al tribunal que haya prevenido. La citación determinará la prevención. En el caso de continencia de causas, conocerá de ambas controversias el tribunal ante el cual estuviere pendiente la causa continente, a la cual se acumulará la causa contenida.

 

Acumulación de causas por conexión

Artículo 67. Se entenderá también que existe conexión entre varias causas, a los efectos de la acumulación prevista en este Código:

 

1.     Cuando haya identidad de personas y objeto, aunque el título sea diferente;

2.     Cuando haya identidad de personas y título, aunque el objeto sea distinto;

3.     Cuando haya identidad de título y de objeto, aunque las personas sean diferentes;

4.     Cuando las demandas provengan del mismo título, aunque sean diferentes las personas y el objeto.

 

Litispendencia

Artículo 68. Cuando una misma causa se haya promovido ante dos autoridades judiciales igualmente competentes, el tribunal que haya citado posteriormente, a solicitud de parte y aun de oficio, en cualquier estado y grado de la causa, declarará la litispendencia y ordenará el archivo del expediente, quedando extinguida la causa.

 

Si las causas idénticas han sido promovidas ante el mismo tribunal, la declaratoria de litispendencia pronunciada por este, producirá la extinción de la causa en la cual no se haya citado al demandado o demandada o haya sido citado con posterioridad.

 

La decisión que declare la litispendencia tendrán apelación en ambos efectos, que podrá ser ejercida dentro de los cinco días de despacho siguientes; y la que sea declarada sin lugar, podrá apelarse de forma diferida con la sentencia definitiva.

 

Legitimación para solicitar

 la acumulación

Artículo 69. La acumulación de causas distintas pendientes ante un mismo tribunal o ante tribunales diversos podrá ser solicitada por las partes en cualquiera de los procesos o podrá acordarla de oficio el tribunal que conoce de ambos, salvo que la ley disponga otra cosa.

 

Solicitud de acumulación

Artículo 70. La solicitud de acumulación debe ser presentada con las pruebas respectivas, si las hubiere. Será alegada en la contestación para ser resuelta en la audiencia preliminar, y de surgir en forma sobrevenida, será tramitada mediante el trámite de cuestiones incidentales previsto en este Código.

 

Suspensión de procesos

Artículo 71. En caso de comprobada urgencia, la solicitud de acumulación suspenderá el curso de las actuaciones en los procesos en los que se pretenda hasta que la misma sea resuelta. Una vez decidida, continuarán su curso conjuntamente o por separado, según lo disponga la sentencia.

 

Efecto de la acumulación

Artículo 72. En los casos de las demandas accesorias, litispendencia, conexión y continencia, las causas se acumularán y se seguirán en un solo proceso ante el tribunal declarado competente, suspendiéndose el curso de la causa que estuviere más adelantada hasta que la otra se encuentre en el mismo estado, para terminarlas en una misma y única sentencia.

 

Acumulación de causas que cursan

ante un tribunal

Artículo 73. Si un mismo tribunal conoce de ambas causas, la acumulación podrá acordarse a solicitud de parte o de oficio, con examen de ambos autos.

 

De acordarse la acumulación de procesos y estos no se hallaren en la misma fase del juicio en primera instancia, se suspenderá el que estuviere más adelantado a la espera de que el otro se halle en el mismo estado. Una vez llegados al mismo momento, se sustanciarán conjuntamente decidiéndose en una misma sentencia.

 

Improcedencia de la acumulación

Artículo 74. No procede la acumulación de causas:

 

1.      Cuando no estuvieren en una misma instancia.

2.      Cuando se trate de causas que cursen en tribunales civiles o mercantiles ordinarios a otras causas que cursen en tribunales especiales.

3.      Cuando se trate de asuntos que tengan procedimientos incompatibles.

 

Recursos

Artículo 75. No habrá recurso contra la decisión que declare sin lugar la acumulación; y cuando sea declarada con lugar tendrá apelación diferida con la sentencia definitiva.

 

Sección sexta: de la acumulación de pretensiones

 

Acumulación

Artículo 76. La acumulación tendrá por objeto evitar sentencias contradictorias, así como el resguardo de los principios de celeridad y economía procesal.

 

 

Acumulación objetiva de pretensiones

Artículo 77. La parte demandante podrá acumular en el libelo cuantas pretensiones le competan contra el demandado o demandada, aunque deriven de diferentes títulos.

 

Acumulación subjetiva de pretensiones

Artículo 78. Podrán acumularse en una demanda pretensiones de un demandante contra varios demandados o de varios demandantes contra un demandado, siempre que entre ellas exista conexión en razón del título o causa a pedir.

 

Sin embargo, podrán acumularse en un mismo escrito de demanda dos o más pretensiones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de otra, siempre que sus respectivos procedimientos no sean incompatibles entre sí.

 

Inepta acumulación

Artículo 79. No podrán acumularse en el mismo escrito que contiene la demanda pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo tribunal; ni aquellas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí.

 

Subsanación de la

inepta acumulación

Artículo 80. Si llegaren a acumularse pretensiones en contravención con lo dispuesto en el artículo anterior, el tribunal deberá advertirlo al demandante para que este subsane el defecto acusado. De no subsanarse la inepta acumulación de pretensiones o si no fuere posible la acumulación pretendida por la parte demandante en su escrito de demanda, se declarará inadmisible la demanda.

 

Sección séptima: de la inhibición o recusación

 

Causales

Artículo 81. Son causales de inhibición o recusación toda circunstancia comprobable que pueda afectar la imparcialidad de los funcionarios judiciales, sean éstos ordinarios, accidentales o especiales y de los auxiliares de justicia, incluso en los casos de jurisdicción voluntaria, según los siguientes supuestos:

 

1.      Por parentesco de consanguinidad con alguna de las partes, apoderado o apoderada, representante o asistente, en cualquier grado en la línea recta, y en la colateral hasta el cuarto grado; o de afinidad hasta el segundo. Procederá igualmente la inhibición o recusación por ser cónyuge o la pareja estable de hecho del inhibido o recusado, del apoderado o apoderada, representante o del asistente de una de las partes. La causal subsistirá aún cuando el vínculo haya cesado.

2.      Por parentesco de afinidad del cónyuge o la pareja estable de hecho del inhibido o recusado con cualquiera de las partes, dentro del segundo grado, si vive el cónyuge o la  pareja estable de hecho y no está divorciado o separado de cuerpos, o si, habiendo muerto o declarándose el divorcio o la separación de cuerpos, existen hijos de él con el inhibido o recusado. La causal subsistirá aún cuando el vínculo haya cesado.

3.      Por parentesco de afinidad del inhibido o recusado con el cónyuge o la pareja estable de hecho de cualquiera de las partes, hasta el segundo grado inclusive, en caso de vivir el cónyuge o la  pareja estable de hecho que cause la afinidad, sin estar divorciado o separado de cuerpos, o en caso de haber hijos o hijas del mismo con la parte aunque el cónyuge o la pareja estable de hecho haya muerto o se haya divorciado o separado de cuerpos.

4.      Por tener el inhibido o recusado, su cónyuge o su pareja estable de hecho alguno de sus consanguíneos o afines, dentro de los grados indicados, interés directo en las resultas del proceso.

5.      Por existir una cuestión idéntica que deba decidirse en otro proceso en el cual tengan interés las mismas personas indicadas en el numeral anterior.

6.      Si el inhibido o recusado o su cónyuge o su  pareja estable de hecho fueren deudores de plazo vencido de alguno de los litigantes o de su cónyuge o su  pareja estable de hecho.

7.      Si el inhibido o recusado, su cónyuge o su pareja estable de hecho  o sus hijos o hijas tuvieren pleito pendiente ante el tribunal en el cual el litigante sea el juez o jueza.

8.      Si se ha seguido juicio penal entre una de las mismas personas del numeral anterior y uno de los litigantes, su cónyuge, su  pareja estable de hecho o hijos.

9.      Por haber dado el inhibido o recusado recomendación, o prestado su patrocinio en favor de alguno de los litigantes, sobre el pleito en que se le recusa.

10. Por existir pleito civil entre el inhibido o recusado o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, y el inhibido o recusante; si se ha iniciado antes de la instancia en que ocurre la inhibición o recusación; y si no han transcurrido doce meses a partir del término del pleito entre los mismos.

11. Por ser el inhibido o recusado dependiente, comensal, tutor o curador, heredero presunto o donatario, de alguno de los litigantes.

12. Por tener el inhibido o recusado sociedad de intereses, o amistad manifiesta, con alguno de los litigantes.

13. Por haber recibido el inhibido o recusado, de alguna de las partes, apoderado o apoderada, representante o asistente, servicio de importancia que empeñen su gratitud.

14. Por haber sido el inhibido o recusado administrador de cualquier establecimiento público o particular relacionado directamente con el proceso.

15. Por haber el inhibido o recusado emitido su opinión sobre lo principal del proceso o sobre la incidencia pendiente, antes de la sentencia correspondiente, siempre que el inhibido o recusado sea el juez o jueza de la causa.

16. Por haber intervenido el inhibido o recusado como fiscal, defensor, experto, intérprete, testigo o auxiliar de justicia, siempre que en cualquiera de estos casos, el inhibido o recusado se encuentre desempeñando el cargo de juez o jueza.

17. Por haber intentado contra el juez o jueza queja que se haya admitido, aunque se le haya absuelto, siempre que no hayan transcurrido doce meses de dictada la determinación final.

18. Por enemistad entre el inhibido o recusado y cualquiera de los Iitigantes, demostrada por hechos que, sanamente apreciados, hagan sospechable la imparcialidad del inhibido o recusado.

19. Por agresión, amenazas u otras vías de hecho entre el inhibido o recusado y alguno de los litigantes, ocurridas dentro de los doce meses precedentes al proceso.

20. Por agresión, amenazas u otras vías de hecho realizadas por el inhibido o recusado o alguno de los litigantes, aún después de iniciado el proceso.

21. Por haber el inhibido o recusado recibido dádiva de alguno de los Iitigantes, después de iniciado el juicio.

22. Por haber fallado la causa un ascendiente, descendiente o hermano del inhibido o recusado.

23. Por haber mantenido directa e indirectamente, sin la presencia de todas las partes, alguna clase de comunicación con cualquiera de ellas o de sus abogados sobre el asunto sometido a su conocimiento.

24. Cualquier otra causa distinta a las previstas en este artículo, fundadas en motivos graves que afecten su imparcialidad.

 

Improcedencia de la recusación

Artículo 82. No hay lugar a inhibición o recusación porque exista una de las causas expresadas, entre el funcionario o funcionaria judicial por una parte, y por la otra el tutor, curador, apoderado o apoderada o asistente de alguno de los litigantes, o los miembros, jefes o administradores de establecimientos o personas jurídicas que sean partes en el juicio, a menos que se trate de las causales 1, 2, 3, 4, 12 y 18 del artículo anterior.

 

Inhabilidad del abogado o abogada

Artículo 83. No serán admitidos a ejercer la representación o asistencia de las partes en juicio quienes estén comprendidos con el juez o jueza en alguna o algunas de las causales de inhibición o recusación, que hubiere sido declarada existente con anterioridad en otro juicio, lo cual será indicado por el tribunal en su pronunciamiento, de oficio o a solicitud de parte.

 

Cuando en el lugar donde se siga el juicio no existiere sino un solo tribunal competente para conocer del asunto, la representación o la asistencia de la parte por el abogado o abogada comprendido con el juez o jueza en alguna de las causales de inhibición o recusación, ya declarada existente con anterioridad en otro juicio ante el mismo tribunal, solo será admitida si el apoderado, apoderada o asistente se presentare a ejercer la representación o la asistencia de la parte antes de la contestación de la demanda.

 

Obligatoriedad de la inhibición

Artículo 84. El funcionario o funcionaria judicial que conozca que en su persona existe alguna causa de inhibición o recusación, se abstendrá de conocer el asunto y está obligado a declararla inmediatamente, sin aguardar a que se le recuse, para lo cual levantará un acta y remitirá las actuaciones de una vez al tribunal competente que deba seguir conociendo de la inhibición, así como al tribunal que conocerá del juicio.

 

En el acta se identificará la parte contra quien obre el impedimento, la causal o causales específicas y las circunstancias de tiempo, lugar y otras respecto del hecho o los hechos que sean motivo del impedimento.

 

Si del expediente apareciere haber conocido el funcionario o funcionaria dicha causal, y que, no obstante, hubiere retardado la declaración respectiva o si a sabiendas de encontrarse incurso en una causal de inhibición no lo hiciera,  dando lugar a actos que gravaren la parte, esta tendrá derecho a solicitar al juez o jueza que conozca y decida de la recusación, que le imponga una multa entre veinticinco unidades tributarias (25 UT) a cincuenta  unidades tributarias (50 UT), sin perjuicio de las facultades de las partes de exigir la responsabilidad personal del juez o jueza o del funcionario o funcionaria judicial; y el derecho del Estado de actuar contra éstos.

 

Decisión

Artículo 85. El juez o jueza a quien corresponda conocer de la inhibición o recusación la declarará con lugar si estuviere propuesta en la forma legal y fundada en cualquiera de los motivos establecidos por la ley, y continuará conociendo de la causa o del asunto el sustituto o sustituta; en caso de que la declare sin lugar pasará los autos al inhibido o recusado.

 

En ambos casos, el tribunal notificará la decisión ese mismo día al tribunal sustituido y al inhibido o recusado, según sea el caso.

 

Lo dispuesto en este artículo sobre la declaratoria de la inhibición, deja a salvo el derecho de recusación de que pueden usar las partes, siempre que sea por otras causales.

 

Tribunales competentes

Artículo 86. En los casos de inhibición o recusación del juez o jueza que conoce en primera instancia de la causa, conocerá el tribunal superior, salvo el caso del juez o jueza comisionado cuya decisión corresponde al tribunal comitente. Si el inhibido o recusado es el juez o jueza superior, corresponderá la decisión a los suplentes en el orden de su elección, a menos que hubiere en la localidad otro tribunal de igual categoría y competencia, caso en el cual deberán ser pasados a este los autos a los fines del conocimiento de la incidencia y de ser declarada con lugar la recusación o inhibición, del conocimiento del fondo del asunto; salvo que la ley que regule la materia indique otro mecanismo.

 

Límite

Artículo 87. En ningún caso se admitirá en la misma causa más de una recusación contra el mismo juez o jueza, salvo que sea por hechos sobrevenidos durante el proceso.

 

No suspensión del proceso

Artículo 88. Ni la recusación ni la inhibición detendrán el curso de la causa, cuyo expediente remitirá ese mismo día o al día siguiente mientras se decide la incidencia, a otro tribunal de la misma categoría, si lo hubiere en la localidad, de no haberlo o si los jueces o juezas de estos tribunales se inhibieran o fuesen recusados, será suplida la falta en la forma que indique la ley que regule la materia.

 

Interposición y trámite

Artículo 89. La recusación se propondrá por escrito y en el mismo acto serán presentadas las pruebas de las que se quiera hacer valer la parte. El juez o jueza recusado levantará un informe en el que expresará si la admite, caso en el cual formulará sus alegatos de defensa y acompañará los medios probatorios que considere; todo lo cual será remitido ese mismo día o al día siguiente de despacho al tribunal competente para conocer de la incidencia de recusación, que será tramitada conforme a lo previsto en este Código para las cuestiones incidentales.

 

Inadmisibilidad de la recusación

Artículo 90. El juez o jueza recusado podrá declarar inadmisible la recusación que se intente sin expresar los motivos legales en que se funde, cuando se proponga fuera de la oportunidad legal, cuando se intente después de haber propuesto más de una recusación contra el mismo juez o jueza en la misma causa; o cuando se interponga por el mismo motivo contra el mismo juez o jueza, la cual hubiese sido desestimada por sentencia firme, en el mismo o en otro juicio.

 

Momento preclusivo

de interposición

Artículo 91. La recusación debe ser propuesta dentro de los tres días siguientes al conocimiento de la causa por parte del  juez o jueza, o desde que se hace parte por primera vez, o desde que es conocida sobrevenidamente la causal que compromete la capacidad del juez o jueza, siendo necesario, en el caso de esta última situación, que la recusación sea invocada y demostrada.

 

Si el recusado es el secretario o secretaria del tribunal, el juez o jueza nombrará un sustituto en el mismo día o en el siguiente; y de igual forma se procederá cuando se trate de otros funcionarios o funcionarias judiciales.

 

Si alguno de los expertos o intérpretes designados es recusado, el juez o jueza procederá inmediatamente a hacer un nuevo nombramiento.

 

La recusación del experto o intérprete se propondrá por escrito el día de su aceptación o al día siguiente, bajo pena de caducidad.

 

Continuación de la causa

Artículo 92. El día siguiente a aquel en que se reciban los autos por el tribunal que haya de seguir conociendo, continuará la causa su curso en el estado en que se encuentre, sin necesidad de notificación, salvo que las partes o una de ellas no se encuentre a derecho al momento de la remisión.

 

Sanciones

Artículo 93. Declarada sin lugar o inadmisible la recusación, o si la misma es desistida, el recusante pagará una multa equivalente a veinte unidades tributarias (20 U.T.) si no fuere temeraria y de cuarenta unidades tributarias (40 U.T.) si lo fuere. La multa se pagará en el lapso de tres días siguientes a la expedición por parte del tribunal donde se planteó la recusación, de la planilla de liquidación correspondiente para ser pagada en la oficina del Banco Central de Venezuela, a favor de la Tesorería Nacional.

 

Si la causa de la recusación fuere criminosa, el recusado podrá ejercer las acciones penales, civiles y administrativas correspondientes contra quien la haya propuesto, el cual podrá incurrir también en las costas causadas a la otra parte.

 

Facultad de ejercer acciones

Artículo 94. El funcionario o funcionaria recusado que quiera hacer uso de las acciones previstas en el artículo anterior contra el recusante, deberá abstenerse, en todo caso, de seguir interviniendo en el asunto en el que se originó la incidencia.

 

Prohibición de recursos en incidencias

de recusación e inhibición

Artículo 95. No se oirá recurso contra las providencias o sentencias que se dicten en la incidencia de recusación e inhibición, salvo en el caso que el propio funcionario o funcionaria decida la recusación propuesta en su contra.

 

Validez de los actos anteriores

Artículo 96. Ni la recusación ni la inhibición tienen efecto alguno sobre los actos realizados con anterioridad.

 

Capítulo II

Del Secretario o Secretaria y del o la Alguacil

 

Deberes y atribuciones del secretario

Artículo 97. Son deberes y atribuciones del secretario o secretaria los siguientes:

 

1.     Actuar con el juez o jueza y suscribir con él todos los actos del tribunal.

2.     Suscribir la respectiva nota en los escritos, solicitudes, diligencias y demás actos a que deban concurrir las partes o terceros llamados por la ley.

3.     Hacer constar en el expediente los actos del tribunal, bajo el dictado o las instrucciones del juez o jueza. En todo caso, podrá encomendar la práctica de estas diligencias a otros funcionarios o funcionarias adscritos al tribunal.

4.     Suscribir con las partes las diligencias que formulen en el expediente de la causa y dar cuenta inmediata de ellas al juez o jueza.

5.     Recibir los escritos y documentos que le presenten las partes, los cuales agregará al expediente de la causa respectiva, estampando en él su firma, la fecha de la presentación y la hora, y dando cuenta inmediata al juez o jueza.

6.     Custodiar el sello del tribunal, el archivo y los expedientes de las causas y solicitudes y cuidar de que éstos conserven el orden cronológico de las actuaciones y lleven la foliatura en letras y al día, absteniéndose de suscribir las diligencias o escritos que no guarden el orden cronológico mencionado.

7.     Expedir o delegar en funcionario autorizado las copias certificadas que deban quedar en el tribunal y las que soliciten las partes.

8.     Recibir y entregar la secretaría y el archivo del tribunal, bajo formal inventario que firmarán el juez o jueza, el secretario saliente y el entrante.

9.     Asistir a las audiencias del Tribunal, y redactar el acta correspondiente, autorizando con su firma todas las actas y concurrir a la secretaría atendiendo, con diligencia y eficacia, el servicio al público.

10. Facilitar a las partes, cuando lo soliciten, el expediente de la causa para imponerse de cualquier solicitud hecha o providencia dictada. La misma obligación tiene el Secretario respecto de los terceros o extraños a la causa, a menos que se le haya mandado a reservar por causa de decencia pública. Si los interesados en un proceso solicitaren a la vez que se les permita examinar el expediente o tomar notas, el secretario o secretaria distribuirá en proporción el tiempo destinado al efecto.

11. Llevar con claridad y exactitud el libro diario del tribunal, en el cual anotará sin dejar espacios en blanco, en términos claros, precisos y lacónicos las actuaciones realizadas cada día en los asuntos en curso. Los asientos del diario serán firmados por el juez o jueza y por el secretario o secretaria al final de cada día, y hacen fe de las menciones que contienen, salvo prueba en contrario.

12. Custodiar las cintas, discos o dispositivos electrónicos en los que se hubiese efectuado grabación de cualquier acto.

13. Las demás atribuciones y deberes que le impone este Código, las leyes y las resoluciones dictadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento de la función de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, de conformidad con lo establecido en los artículos 267 y 269 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Defectos de los escritos

Artículo 98. Toda enmendadura, aunque sea de foliación, palabras testadas y cualquiera interlineación, deberá salvarse por el secretario o secretaria, sin necesidad de previa orden del juez o jueza. Los defectos de esta clase que se noten en los escritos presentados por las partes, impedirán su admisión, si no están salvados por la parte misma, de lo cual dejará constancia el secretario o secretaria en la nota de presentación. Los que se observaren en los escritos o instrumentos privados, reconocidos o no, y en los instrumentos públicos, se harán constar igualmente por el secretario o secretaria al recibirlos.

 

Expedición de copias

certificadas y simples

Artículo 99. Las copias certificadas expedidas por el secretario o secretaria o por el funcionario o funcionaria autorizado hacen fe, salvo el derecho de la parte interesada de exigir su confrontación con el original.

 

Cualquier persona puede obtener copias simples de los expedientes sin necesidad de autorización, a menos que se haya mandado a reservar por causas de decencia pública.

 

 

Copias certificadas y devolución

de documentos

Artículo 100. Después de concluida una causa, el secretario o secretaria, o el funcionario o funcionaria autorizado, expedirá las certificaciones o copias de las actuaciones que existan en ella a cualquier interesado o interesada a su costa, exceptuando aquellas que se reserven por decencia pública, las cuales solo se darán a las partes.

 

En cualquier estado de la causa, si se solicita la devolución de documentos originales por la misma parte que los haya producido, se le entregarán, si hubiere pasado la oportunidad de su tacha o desconocimiento, quedando en autos la respectiva copia certificada y en el documento se dejará constancia de la devolución.

 

Las devoluciones de que trata este artículo no podrán darse sin previo decreto del juez o jueza, que se insertará al pie de la copia o del documento devuelto.

 

Deberes y atribuciones del alguacilazgo

Artículo 101. El funcionario o funcionaria que ejerza las funciones de alguacil  practicará las citaciones y notificaciones en los términos y formas establecidos en este Código, salvo aquellas que expresamente estén atribuidas al juez o jueza o al secretario o secretaria.

 

Otros deberes y atribuciones

Artículo 102. El o la alguacil es el guardián del orden dentro del local del tribunal, y ejecuta las instrucciones que en uso de sus atribuciones le comunique el juez o jueza o el secretario o secretaria.

 

Dicho funcionario o funcionaria tendrá las demás atribuciones y deberes que le imponen este Código, las leyes y las resoluciones dictadas por la Sala Plena, en cumplimiento de la función de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, de conformidad con lo establecido en los artículos 267 y 269 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Servicio de Alguacilazgo

Artículo 103. En cada circuito judicial deberá existir un Servicio de Alguacilazgo para los tribunales civiles.

 

Capítulo III

Del Expediente

 

Obligación de llevar expediente

Artículo 104. De cada uno de los procesos se llevará un expediente que contendrá la identificación de las partes y en forma consecutiva las actuaciones que lo integren. De dicho expediente se formará cuaderno separado para lo relativo a las incidencias planteadas, cuando corresponda.

 

Carácter público

Artículo 105. Los expedientes tendrán carácter público y permanecerán en las instalaciones del tribunal a disposición de las partes, así como de todos los que tuvieren interés en su revisión, salvo las excepciones de ley.

 

Archivo del expediente

Artículo 106. Una vez culminado el proceso o ejecutoriada la sentencia se dispondrá la remisión del expediente al archivo judicial general.

 

Procedimiento en caso de extravío o

destrucción de expediente

Artículo 107. En caso de extravío de un expediente, por un lapso que impida el desenvolvimiento del proceso, o de destrucción del mismo que haga ilegible las actuaciones contenidas en el, se procederá a su reconstrucción.

 

El juez o jueza ordenará levantar acta, en la que se dejará constancia de la situación constatada y ordenará las demás actuaciones que considere pertinentes para la prosecución de la causa en la etapa procesal que corresponda. Igualmente instará a las partes a participar en la reconstrucción, para que consignen las copias de todo o parte del expediente que tuvieren en su poder.

 

Si existiesen actuaciones grabadas, se realizará su versión escrita, garantizando a las partes el derecho a realizar observaciones relacionadas con su exactitud, dentro del lapso de tres días de despacho siguiente al día en que sean agregadas al expediente. El tribunal garantizará en lo posible que la versión escrita reproducida sea firmada por las partes y todas las personas que hubiesen estado presentes en el acto o actuación de que se trate. Al finalizar los trámites anteriores el tribunal declarará culminada la reconstrucción del expediente, haciendo mención expresa de la etapa procesal correspondiente para la reanudación del proceso.

 

Cuando se verificare el extravío de un expediente en las instalaciones del tribunal superior, deberá seguirse el procedimiento indicado en este artículo, requiriendo al tribunal de origen copia certificada de los asientos del libro diario que guarden relación con el juicio y de las decisiones interlocutorias y definitiva que cursaren en el archivo del tribunal de la causa, dentro de los tres días de despacho siguientes de recibido el requerimiento.

 

En cualquier caso deberá notificarse de la no disponibilidad del expediente al Ministerio Público para que inicie las averiguaciones correspondientes.

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV

De la Organización y Funcionamiento de los Tribunales Civiles

 

Organización

Artículo 108. Los tribunales civiles se organizarán en circuitos judiciales, en dos instancias:

 

1.     Una primera instancia integrada por los tribunales civiles de mediación, sustanciación y ejecución; y los tribunales civiles de juicio.

2.     Una segunda instancia integrada por los tribunales superiores civiles.

 

Estos tribunales son unipersonales, y están constituidos por un juez o jueza y un secretario o secretaria de profesión abogado o abogada, quienes podrán ser rotados dentro del mismo circuito judicial.

 

Su organización, composición y funcionamiento se regirá por las disposiciones establecidas en este Código, las leyes respectivas y las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena.

 

Según las necesidades de la administración de justicia, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia podrá modificar el número de tribunales.

 

Competencia

Artículo 109. Los tribunales civiles de primera instancia tienen, entre otras, las siguientes competencias:

 

1.     De mediación, sustanciación y ejecución: le corresponde las fases de mediación y sustanciación, que comprenden el recibimiento de la demanda, mediación entre las partes, promoción y homologación de la conciliación y otros medios de resolución de conflictos, celebración de la audiencia preliminar; en los casos que corresponda decidirá las cuestiones preliminares de conformidad a lo previsto en este Código y en las leyes, la preparación del expediente para el juzgamiento y la ejecución de sus decisiones y la de los demás tribunales que le sean asignadas.

2.     De juicio: le corresponde la fase de juzgamiento. El juez o jueza que inicie la audiencia de juicio y que realice la evacuación de  las pruebas deberá ser el mismo que dicte sentencia.

 

En el procedimiento breve ambas competencias corresponden al tribunal de juicio, salvo las excepciones previstas en este Código.

 

Tribunales superiores civiles

Artículo 110. Los tribunales superiores civiles conocen en segundo grado de jurisdicción, cuando se ejerce el recurso de apelación sobre las decisiones de los tribunales de primera instancia.

 

 

TÍTULO II

AUXILIARES DE JUSTICIA, DEFENSA PÚBLICA Y MINISTERIO PÚBLICO

 

Capítulo I

De los Auxiliares de Justicia

 

Auxiliares de justicia

Artículo 111. Son auxiliares de justicia: los peritos, expertos, prácticos, depositarios, intérpretes públicos, defensores judiciales, órganos del servicio de policía y otros que determine la ley que regule la materia.

 

Deberes de los auxiliares de justicia

Artículo 112. Los auxiliares de justicia cumplen oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas para el ejercicio de la función que se les ha encomendado. Para cada oficio se exigirán conocimientos especiales y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, título o certificado legalmente expedido. En cada caso realizarán una labor en conjunto destinada a la realización de la justicia.

 

Los auxiliares de justicia serán designados por el tribunal de una lista que a tal efecto se llevará en cada circuito judicial.

 

El incumplimiento de su encargo, sin causa que lo justifique o por negligencia en su labor será motivo de retiro de la lista y se le impondrá multa de diez a veinte unidades tributarias (10 a 20 U.T.).

 

Honorarios

Artículo 113. Los honorarios que se generen de las actuaciones de los auxiliares de justicia serán erogados por la parte que lo haya solicitado, según lo previsto en la ley que regule los aranceles judiciales.

 

Aceptación al cargo

Artículo 114. Cualquier nombramiento que involucre a los auxiliares de justicia, se le notificará a la brevedad, indicándole el día y la hora en la que deben concurrir para realizar la diligencia indicada. El acuse de recibo de la notificación válidamente realizada se agregará al expediente.

 

Si el auxiliar no tomara posesión de su cargo en el tiempo señalado, se excusare de intervenir en la causa o no se diere por notificado se procederá inmediatamente a una nueva designación.

 

Obligatoriedad de la aceptación

Artículo 115. Los cargos de auxiliares de justicia son de obligatoria aceptación, a menos que medie alguna de las causales de inhibición y recusación establecidas en este Código, caso en el cual dicho auxiliar deberá abstenerse de involucrarse con la causa pendiente; la aceptación del cargo deberá hacerse dentro de los tres días de su notificación.

 

 

 

Impedimentos para el

auxiliar de justicia

Artículo 116. Quien estando impedido para desempeñar las funciones de auxiliar de justicia, y a sabiendas de tal, haya intervenido en un proceso será sancionado con multa entre diez a veinte unidades tributarias (10 a 20 U.T.) y excluido por dos años de las listas de cualquier tribunal de la República.

 

Capítulo II

Del Servicio Autónomo de la Defensa Pública

 

Asesoría, asistencia y representación

Artículo 117. La Defensa Pública como órgano constitucional del Sistema de Justicia, garantizará a toda persona natural la tutela judicial efectiva del derecho constitucional a la defensa, en todo grado y estado del proceso, con especial atención a los grupos vulnerables. Asimismo, ejercerá la asistencia o representación de aquellas personas que fueren citadas personalmente y no comparecieren por sí o mediante apoderado, y en todos aquellos casos que así lo establezca este Código.

 

La defensora o defensor público ejercerá la representación judicial en los casos en que sea debidamente designado en los términos de este Código. No podrá convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero ni ninguna otra forma de disponer del derecho en litigio. En estos casos, solo podrá actuar mediante asistencia de las partes.

 

Solicitud de designación

Artículo 118. La solicitud de designación de la defensora o defensor público se hará mediante requerimiento expreso de la parte interesada o del propio tribunal en los casos indicados este Código, quien deberá remitir oficio a la Unidad Regional de la Defensa Pública ubicada en la circunscripción judicial correspondiente. El acto que contenga dicha solicitud debe ir acompañado de copia certificada del libelo de la demanda o solicitud, del auto de admisión y de cualquier otra actuación que considere pertinente el juez o jueza. La continuación del juicio sin la aceptación de su designación por parte de la defensora o defensor público será causal de reposición de la causa, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que pueda incurrir el juez o la jueza.

 

Aceptación

Artículo 119. La Unidad Regional de la Defensa Pública designará a la defensora o defensor público que le corresponde aceptar el cargo, quien una vez recibida la designación al día de despacho siguiente acudirá al tribunal para hacer constar su aceptación a través de escrito o diligencia, quedando en consecuencia citado y habilitado inmediatamente para actuar en la causa luego de su comparecencia, de acuerdo al procedimiento de que se trate.

 

Inhibición o recusación

Artículo 120. No podrá ser designado o aceptar su designación la defensora o el defensor público que esté incurso en las causales de inhibición o recusación reguladas en este Código, en lo que les sean aplicables. El procedimiento de inhibición o recusación de las defensoras o defensores públicos se tramitará y sustanciará según las normas que disponga la ley que los rige.

 

Cese de funciones

Artículo 121. La defensora o defensor público cesará en sus funciones en caso de revocatoria que conste en autos por parte de su defendido, en cualquier estado y grado del proceso. Para que proceda la revocatoria, deberá necesariamente presentarse en el juicio abogado o abogada privado con el respectivo poder o mandato.

 

Aplicación supletoria de la ley

Artículo 122. Todo lo no previsto en este Capítulo se regirá por la ley que rige la Defensa Pública.

 

 

Capítulo III

Del Ministerio Público

 

Competencia del Ministerio Público

Artículo 123. En el proceso civil el Ministerio Público es competente para iniciar o intervenir como parte de buena fe en los casos permitidos por este Código, en la ley que regule la materia, los tratados, pactos y convenios en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por la República y en las demás que le sean atribuidas por las leyes, a fin de resguardar y proteger los intereses vinculados al orden público o social, las buenas costumbres y la administración de justicia.

 

Legitimación activa

Artículo 124. El Ministerio Público puede proponer la demanda en las causas relativas a la oposición y nulidad del matrimonio, interdicción e inhabilitación en los mismos casos y términos establecidos en el Código Civil para el Síndico Procurador Municipal, pedir la revocatoria de la interdicción e inhabilitación cuando hayan cesado las causas que la originaron, promover la remoción de los tutores, protutores, curadores y miembros del Consejo de Tutela y en cualesquiera otras causas autorizadas por la ley.

 

Intervención del Ministerio Público

Artículo 125. El Ministerio Público debe intervenir:

 

1.        En las causas que el mismo habría podido proponer.

2.        En las causas contenciosas de divorcio y de separación de cuerpos.

3.        En las causas relativas a la rectificación de los actos del estado civil y  filiación.

4.        En la tacha de los instrumentos.

5.        En las causas de nombramiento u oposición al nombramiento del tutor, protutor y miembros del Consejo de Tutela.

6.        En las solicitudes de obligaciones alimentarias de personas adultas.

7.        En las causas en que tengan participación las organizaciones del Poder Popular, cuando así lo haya solicitado el tribunal.

8.        En los demás casos previstos por la ley.

 

Notificación del Ministerio Público

Artículo 126. El tribunal ante quien se inicien los juicios indicados en el artículo anterior, al admitir la demanda ordenará la notificación del Ministerio Público mediante boleta, a la cual se anexará copia certificada y legible del libelo de la demanda, su auto de admisión y cualquier anexo que el juez o jueza considere pertinente. El no cumplimiento de esta formalidad acarreará la nulidad de lo actuado.

 

La no comparecencia del Ministerio Público a la causa o a la audiencia no es causal de nulidad del procedimiento.

 

 

Poderes y facultades del Ministerio Público

Artículo 127. El Ministerio Público cuando interviene en las causas que él mismo habría podido proponer, tiene iguales poderes y facultades que las partes interesadas y los ejercita en las formas y términos que la ley establece para estas últimas, sin perjuicio de las atribuciones que le confiere la ley que regule la materia.

 

Iguales facultades y poderes tendrá en todos los procesos judiciales en que sea llamado a intervenir o en los cuales se requiera su actuación de conformidad con la ley, salvo convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión de equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero ni ninguna otra forma de disponer del derecho en litigio.

 

Responsabilidades del funcionario

del Ministerio Público

Artículo 128. Los funcionarios o funcionarias del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones, cuando intervienen en el proceso civil, tienen responsabilidad administrativa, disciplinaria, civil y penal, conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley.

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO III

DE LAS PARTES Y DE LOS APODERADOS O APODERADAS

 

Capítulo I

De las Partes

 

Capacidad de la parte para estar en juicio

Artículo 129. Son capaces para obrar en juicio, las personas que puedan ejercer los derechos sustantivos objeto de la pretensión, las cuales pueden gestionar por sí mismas o por medio de apoderados o apoderadas, salvo las limitaciones establecidas en la ley.

 

Toda persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso civil, y podrá actuar como demandante, demandado o tercero, cuando posea la cualidad y el interés jurídico actual para estar en el juicio.

 

Representación o asistencia de quien

no tenga capacidad

Artículo 130. Las personas que no tengan capacidad para ejercer los derechos sustantivos objeto de la pretensión, deberán ser representadas o asistidas en juicio, según las leyes que regulen su estado o capacidad.

 

Representación en juicio de personas jurídicas

Artículo 131. Las personas jurídicas estarán en juicio por medio de sus representantes según la ley, sus estatutos o sus contratos. Si fueren varias las personas investidas de su representación en juicio, la citación se podrá hacer en la persona de cualquiera de ellas.

 

Participación en juicio de las organizaciones

del Poder Popular

Artículo 132. Las organizaciones del Poder Popular podrán actuar en juicio como demandantes, demandados o terceros en representación y defensa de derechos e intereses comunales y su cualidad se regirá por la ley respectiva. El tribunal podrá solicitar la participación de la Defensoría del Pueblo en el marco de sus competencias.

 

Representación en juicio de entes

sin personalidad jurídica

Artículo 133. Las sociedades irregulares, las asociaciones y los comités que no tienen personalidad jurídica, estarán en juicio por medio de las personas que actúan por ellas o a las cuales los integrantes han conferido la representación o la dirección. En todo caso, aquellos que han obrado en nombre y por cuenta de la sociedad, asociación o comité, son personal y solidariamente responsables de los actos realizados.

 

Ejercicio en juicio de un derecho ajeno

Artículo 134. Fuera de los casos previstos por la ley, no se puede hacer valer en juicio en nombre propio un derecho ajeno.

 

Incapacidad sobrevenida

Artículo 135. Si la parte se hiciere incapaz durante el transcurso del juicio, se suspenderá la causa mientras se cite a la persona en quien haya recaído la representación. Los actos procesales posteriores a la declaración de incapacidad serán nulos. Los actos anteriores serán anulables si fuere evidente que la causa de la incapacidad existía en el momento de la realización de dichos actos, o siempre que la naturaleza del acto, el perjuicio que resulte o pueda resultar de él, al incapaz, o cualquier otra circunstancia, demuestre la mala fe de la parte favorecida por el acto.

 

Capacidad sobrevenida

durante el juicio

Artículo 136. Si durante el transcurso del juicio se hiciere capaz una parte que no lo era, el procedimiento se seguirá con ella misma, pero los actos realizados antes de la comparecencia de la parte serán válidos, sin perjuicio de las reclamaciones que esta pudiere tener contra su representante anterior.

 

Designación del curador

o curadora especial

Artículo 137. A falta de la persona a la cual corresponde la representación, o si esta tiene interés opuesto al que debe hacer valer en el proceso, y existiendo motivos de urgencia, puede nombrarse al incapaz un curador o curadora especial que lo represente.

 

 

Declaración de la falta de capacidad

Artículo 138. La falta de capacidad para ser parte y para comparecer a juicio podrá ser declarada de oficio por el tribunal, previa verificación de los medios probatorios pertinentes.

 

Muerte del litigante

Artículo 139. La muerte de la parte, desde que se haga constar en el expediente por cualquier medio que logre la convicción del juez o jueza de ese hecho, suspenderá el curso de la causa mientras se cite a los herederos.

 

Cesión por acto entre vivos de

derechos litigiosos

Artículo 140. La cesión que hiciere alguno de los litigantes, por acto entre vivos, de los derechos que ventila a quien no es parte en la causa, después del acto de la contestación de la demanda y mientras no sea dictada sentencia definitivamente firme, no surte efectos sino entre el cedente y el cesionario, salvo el consentimiento del otro litigante.

 

Si la transferencia a título particular de los derechos que se ventilan se produce por causa de muerte, se suspenderá la causa desde que aquella se haga constar en el expediente, hasta que se cite al sucesor a título particular, quien se hará parte en la causa.

 

Litisconsorcio

Artículo 141. Podrán varias personas demandar o ser demandadas conjuntamente como litisconsortes, siempre que se hallen en estado de comunidad jurídica con respecto al objeto de la causa; o cuando tengan un derecho común o se encuentren sujetas a una obligación que derive del mismo título.

 

Litisconsorcio facultativo

Artículo 142. Los litisconsortes se considerarán en sus relaciones con la parte contraria, y mientras no resulte otra cosa de disposiciones de la ley, como litigantes distintos, de manera que los actos de cada litisconsorte no aprovechan ni perjudican a los demás.

 

Litisconsorcio necesario

Artículo 143. Cuando la relación jurídica litigiosa deba ser resuelta de modo uniforme para todos los litisconsortes, o cuando el litisconsorcio sea necesario por cualquier otra causa, se extenderán los efectos de los actos realizados por los comparecientes a los litisconsortes contumaces en algún término o que hayan dejado transcurrir algún plazo.

 

La debida integración de la relación procesal es de orden público, y constituye un deber del juez o jueza garantizar que haya sido llamada al proceso la persona que legítimamente deba comparecer a integrarla y ejercer su defensa.

 

Deber de impulso procesal

Artículo 144. Es deber de todos los litisconsortes impulsar el procedimiento; cuando uno de ellos haga notificar a la parte contraria para alguna actuación, deberá impulsar también la notificación de sus colitigantes.

 

Capítulo II

De los Apoderados y Apoderadas

 

Representación o asistencia de

abogado o abogada

Artículo 145. Para todos los actos del proceso las partes deberán estar representadas o asistidas por abogados o abogadas, salvo que ellas mismas lo sean. El juez o jueza deberá rechazar las diligencias o escritos que no lleven la firma y los datos de identificación del profesional del derecho, sin perjuicio de que el funcionario o funcionaria encargado de recibir las actuaciones pueda impedir su ingreso al expediente si la parte no cuenta con esta asistencia jurídica. Si se tratase de actuaciones que las partes pretendan realizar en audiencias, el juez o jueza tomará las medidas pertinentes para que no se materialicen sin la presencia de un abogado o abogada que les represente o asista.

 

Si alguna de las partes solicitare el beneficio de exoneración de costos del proceso, el tribunal lo tramitará y de ser concedido, procederá de inmediato a solicitar la designación de defensora o defensor público. En los casos donde no corresponda el nombramiento de éstos y la parte estuviere a derecho, el tribunal le exhortará nombrar su apoderado o apoderada judicial o que se haga asistir de un abogado o abogada. En caso de que no lo haga, el tribunal le designará un defensor o defensora judicial para el litigio y el proceso seguirá su curso.

 

 

Representación por medio de

apoderado o apoderada

Artículo 146. Cuando las partes gestionen el proceso civil por medio de apoderados o apoderadas, éstos deben estar facultados con mandato o poder con capacidad para todos los actos de autocomposición procesal. Si el apoderado o apoderada no es abogado o abogada deberá otorgar poder judicial previamente a uno que sí lo sea, para que sea este quien actúe directamente ante el tribunal, de acuerdo a ley que regula su ejercicio.

 

Formalidad del otorgamiento del poder

Artículo 147. El poder para actos judiciales debe otorgarse ante una Notaría o Registro Público. No será válido el poder simplemente reconocido, aunque sea autenticado o registrado con posterioridad.

 

Poder en las actas del expediente

Artículo 148. El poder puede otorgarse también mediante diligencia ante el secretario o secretaria del tribunal, en las actas del expediente, para el juicio contenido en el mismo. El secretario o secretaria firmará la diligencia y el acta, junto con el otorgante u otorgantes y certificará su identidad.

 

Será válido el poder que otorgue en juicio el apoderado o apoderada o mandatario o mandataria no abogado o abogada, siempre que actúe asistido de un o una profesional del derecho.

 

Alcance del ejercicio del poder

Artículo 149. El poder se presume otorgado para todas las instancias y recursos ordinarios o extraordinarios.

 

Facultad que se otorga al apoderado

Artículo 150. El poder faculta al apoderado o apoderada para actuar en todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma; pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y realizar cualquier otro acto de disposición de los derechos en litigio, se requiere facultad expresa.

 

Poder a nombre de otro

Artículo 151. Si el poder fuere otorgado a nombre de otra persona natural o jurídica, o fuere sustituido por el mandatario, el otorgante deberá enunciar en el poder y exhibir al funcionario los documentos auténticos, gacetas, libros o registros que acrediten la representación que ejerce; y cuando corresponda, el instrumento poder por el cual fue autorizado a otorgar poderes judiciales. El funcionario o funcionaria que autorice el acto hará constar en la nota respectiva, los documentos, gacetas, libros o registros que le han sido exhibidos, con expresión de sus fechas, origen o procedencia y demás datos que concurran a identificarlos, sin adelantar ninguna apreciación o interpretación jurídica de los mismos. Estos otros documentos o instrumentos deberán ser presentados ante el tribunal junto con el poder.

 

Poder otorgado en el extranjero

Artículo 152. Las formalidades del poder para actos judiciales otorgados en país extranjero se determinarán conforme a las disposiciones de la ley que rige el derecho internacional privado. Sin embargo, se exigirá siempre su autenticidad.

 

Aceptación del mandato

Artículo 153. El abogado o abogada a quien se confiera un poder judicial no estará obligado a aceptarlo; pero si no lo hace deberá avisarlo inmediatamente al poderdante por la vía más rápida, para que provea lo conducente. El juez o jueza podrá tomar las medidas que según su prudente arbitrio correspondan para garantizar los derechos procesales fundamentales a la parte. En todo caso, el mandatario hará constar ante el tribunal la prueba de que su poderdante fue notificado de la no aceptación a representarlo, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser exigida si previamente le hubiere manifestado que lo representaría.

 

Aunque el apoderado o apoderada no exprese la aceptación del poder se presume que lo acepta desde que se presente con él en juicio.

 

Sustitución de mandato

Artículo 154. El apoderado o apoderada que hubiere aceptado el mandato, podrá sustituirlo en la persona que el poderdante le indique, y a falta de designación, por parte de este, en abogado o abogada capaz y solvente, siempre y cuando en el poder se le hubiere facultado para sustituir.

 

Si en el instrumento poder nada se hubiere dicho de sustitución, el apoderado o apoderada podrá sustituirlo también en abogado o abogada de reconocida aptitud y solvencia, cuando por cualquier causa no quisiere o no pudiere seguir ejerciéndolo. 

 

Si en el instrumento  poder se le hubiere prohibido sustituir, no podrá hacerlo; pero en caso de enfermedad, alejamiento forzado, modificación de la circunscripción de la causa a otra localidad o por cualquier otro motivo grave que le impida seguir ejerciéndolo, deberá avisarlo al poderdante inmediatamente, por el medio más rápido, para que provea lo conducente.

 

Si la prohibición se hubiere hecho por instrucción o instrumento privado, el sustituyente será responsable del perjuicio que la sustitución causare a su representado o representada.

 

Requisitos de la sustitución

Artículo 155. El sustituto o sustituta podrá a su vez sustituir, siguiendo lo que a este respecto determinaren el poder y las reglas establecidas en el artículo precedente.

 

Sustitución especial

Artículo 156. Las sustituciones pueden ser especiales, aun cuando el instrumento poder sea general. En este caso, quien sustituye debe indicar claramente en el instrumento que otorgue, las atribuciones especiales en las que se hará sustituir por otro abogado o abogada.

 

Formalidades para la sustitución

Artículo 157. Las sustituciones deben hacerse con las mismas formalidades relativas al otorgamiento del poder.

 

Responsabilidad de los apoderados

o apoderadas

Artículo 158. Respecto de la sustitución, los apoderados o apoderadas y los sustitutos o sustitutas quedarán sujetos a las responsabilidades que establece el Código Civil para los mandatarios o mandatarias.

 

Facultades de los apoderados

o apoderadas

Artículo 159. Tanto el apoderado o apoderada como el sustituto o sustituta quedan sometidos, en cuanto a sus facultades, a las disposiciones del Código Civil sobre mandato. El exceso u omisión  en el ejercicio de las mismas acarreará el régimen de responsabilidades establecido en el artículo anterior.

 

Cese de la representación

Artículo 160. La representación de los apoderados o apoderadas y sustitutos o sustitutas cesa:

 

1.     Por la revocación del poder, desde que se haga constar en el juicio, aun cuando no se presente la parte ni otro apoderado o apoderada por ella. No se entenderá revocado el sustituto o sustituta si así no se expresare en la revocación.

2.     Por la renuncia del apoderado o apoderada o la del sustituto o sustituta; pero la renuncia no producirá efecto respecto de la parte contraria, sino desde que se haga constar en el expediente su notificación al poderdante.

3.     Por la muerte, interdicción, quiebra o cesión de bienes del mandante o del apoderado o apoderada o sustituto o sustituta. El poderdante deberá estar en conocimiento de estos hechos, y de no ser así el tribunal deberá notificarlo de inmediato.

4.     Por la cesión o transmisión a otra persona de los derechos deducidos por el litigante, o por la caducidad de la personalidad con que obraba.

5.     Por la presentación de otro apoderado o apoderada para el mismo juicio, a menos que se haga constar lo contrario.

 

La sola presentación personal de la parte en el juicio no causará la revocatoria del poder ni de la sustitución, a menos que se haga constar lo contrario.

 

 

Personas que pueden ejercer poderes

Artículo 161. Solo ejercerán las facultades conferidas por el poder o el mandato en juicio quienes sean abogados o abogadas en ejercicio, conforme a las disposiciones de la ley que regule la materia.

 

Necesidad de acreditación

Artículo 162. La representación en juicio a través de un abogado o abogada deberá acreditarse con la presentación de los documentos que lo habiliten para gestionar la defensa de los derechos e intereses del patrocinado, con la primera actuación que se realice en nombre de este. No obstante, el representante podrá actuar sin el poder en caso de urgencia, siempre que dentro de los cinco días de despacho siguientes lo presente, el cual debe haber sido otorgado con anterioridad a su actuación, bajo pena de nulidad de todo lo actuado por el abogado o abogada, quien pagará los gastos procesales ocasionados. En todo caso, podrá ser responsabilizado por los daños y perjuicios que hubiere causado.

 

Honorarios profesionales

Artículo 163. En cualquier estado del juicio, el apoderado, apoderada, abogado o abogada asistente, podrá estimar sus honorarios y exigir su pago de conformidad con las disposiciones de la ley que regule la materia.

 

Representación sin poder

Artículo 164. Podrán presentarse en el juicio como demandantes sin poder: el heredero por su coheredero, en las causas originadas por la herencia, y el comunero por su condueño, en lo relativo a la comunidad.

 

Por la parte demandada podrá presentarse además sin poder cualquiera que reúna las cualidades necesarias para ser apoderado o apoderada judicial, pero quedará sometido a observar las disposiciones pertinentes establecidas en la ley que regule la materia.

 

Esta representación sin poder en nombre de las partes, debe ser invocada de manera expresa en el acto en que se pretende la representación como abogado o abogada.

 

Límites de la representación

Artículo 165. Los representantes que lo son por virtud de la ley, estatutos o  contrato y sus apoderados o apoderadas, están sometidos en sus gestiones en el proceso a las disposiciones del Código Civil, del Código de Comercio y las demás leyes que regulen la materia en cuanto a facultades, deberes y formalidades.

 

Capítulo III

De los Deberes de las Partes y de sus Apoderados o Apoderadas

 

Deber de lealtad procesal

Artículo 166. Las partes, sus apoderados, apoderadas, abogados y abogadas asistentes deben actuar en el proceso con lealtad y probidad. En tal virtud, deberán:

 

1.      Exponer los hechos de acuerdo a la verdad.

2.      No interponer pretensiones ni alegar defensas, ni promover incidentes, cuando tengan conciencia de su manifiesta falta de fundamentos.

3.      No promover pruebas, ni realizar, ni hacer realizar actos inútiles o innecesarios a la defensa del derecho que sostengan.

 

Aquellos que actúen en el proceso con temeridad o mala fe serán sancionados con multa de entre diez y veinte unidades tributarias (10 a 20 U.T.), sin perjuicio de su responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren.

 

Actuación con temeridad o mala fe

Artículo 167. Se presume, salvo prueba en contrario, que tanto la parte, quien los asista o represente, e incluso el tercero han actuado en el proceso con temeridad o mala fe, cuando:

 

1.      Deduzcan en el proceso pretensiones o defensas, principales o incidentales, manifiestamente infundadas.

2.      Maliciosamente alteren u omitan hechos o pruebas esenciales a la causa.

3.      Obstaculicen de una manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso.

 

Abstención de expresiones

o conceptos injuriosos

Artículo 168. Las partes, terceros, sus apoderados, apoderadas y abogados o abogadas asistentes deberán abstenerse de emplear expresiones o conceptos injuriosos o indecentes. El juez o jueza ordenará testar tales expresiones o conceptos si no se hubiesen notado antes, apercibiendo a quien estuviere incurso, para que se abstenga en lo sucesivo de repetir la falta. En caso de que ello ocurriera en la audiencia, el juez o jueza tomará los correctivos necesarios e impondrá a quien cometiese la falta multa de entre diez y veinte unidades tributarias (10 a 20 U.T.).

 

Deber de suministrar las expensas

Artículo 169. Las partes deben suministrar a sus apoderados o apoderadas lo suficiente para expensas. Si no lo hicieren, no podrán exigir responsabilidad al apoderado o apoderada que hubiere dejado de hacer alguna actuación que ocasione gastos.

 

Deber de ejercer la defensa

Artículo 170. El apoderado, apoderada, el sustituto o sustituta está obligado a seguir el juicio en todas las instancias, siempre que los tribunales que deban conocer del asunto existan en la misma circunscripción judicial. En caso contrario, deben hacer las sustituciones convenientes, con arreglo a lo dispuesto en este Código o avisar al poderdante por la vía más rápida.

 

Indicación del domicilio procesal

Artículo 171. Las partes y sus apoderados o apoderadas deberán indicar una sede o dirección en su domicilio o en el lugar del asiento de sus intereses, declarando formalmente en el libelo de la demanda y en el escrito de la contestación, la dirección exacta. Dicho domicilio procesal subsistirá para todos los efectos legales ulteriores mientras no se constituya otro en el juicio, y en él se practicarán todas las notificaciones, citaciones o intimaciones a que haya lugar.

 

A falta de indicación de la sede o dirección exigida en la primera parte de este artículo, se tendrá por tal la sede del tribunal.

 

Las notificaciones serán practicadas en el domicilio procesal indicado, o en su defecto, donde fue lograda la citación, salvo que la parte hubiese indicado una dirección distinta en la primera oportunidad en que acuda al proceso.

 

Capítulo IV

De la Exoneración de Gastos en el Proceso

 

 

Beneficio de exoneración

Artículo 172. Toda persona que demuestre carecer de recursos económicos para sufragar los gastos de abogado o abogada y auxiliares de justicia que genera un proceso, podrá solicitar que le sea acordado el beneficio de exoneración por escrito motivado con las respectivas pruebas y en cualquier estado y grado de la causa.

 

Otorgamiento

Artículo 173. El beneficio de exoneración de gastos en el proceso solo se concederá para gestionar derechos propios, y gozarán de él, por disposición legal y sin dar lugar a un trámite incidental, los siguientes:

 

1.     Las personas naturales con ingreso neto anual igual o inferior a mil unidades tributarias (1.000 U.T.).

2.     Las instituciones benéficas y de asistencia social no estatales siempre que demuestren estar exentas del impuesto sobre la renta en el ejercicio fiscal anterior a la solicitud del beneficio.

3.     Las organizaciones del poder popular.

4.     Cualesquiera otros a los que la ley lo conceda.

 

En estos casos, la solicitud se acompañará con el instrumento que pruebe la existencia de alguna de las circunstancias anteriores.

 

Revocatoria del beneficio

Artículo 174.  Si en cualquier estado y grado de la causa se demuestra que el beneficiario de exoneración de costas lo consiguió por engaño, el tribunal revocará el beneficio, lo obligará a pagar las costas que se hayan generado y le impondrá multa entre veinte y cincuenta unidades tributarias (20 y 50 U.T.).

 

Alcances del beneficio de exoneración

Artículo 175. Los que por disposición legal y por declaración judicial tengan derecho de exoneración disfrutarán de los siguientes beneficios:

 

1.     Que se les designe una defensora o defensor público que sostenga sus derechos;

2.     Que se le exima de pagar honorarios a los auxiliares de justicia.

3.     Que se le dispense del pago de las publicaciones en Gaceta Judicial en versión electrónica, que sean necesarias realizar en cualquier estado y grado del proceso. Los medios de comunicación impresos están obligados a realizar las referidas publicaciones en forma gratuita.

 

Obligación de pagar por

fortuna sobrevenida

Artículo 176. Quien haya litigado habiendo sido beneficiario de la exoneración y llegare a mejor fortuna de manera sobrevenida durante el proceso, quedará obligado a pagar los honorarios de los auxiliares de justicia que hubiere causado.

 

Tribunal competente

Artículo 177. Es competente para conceder el beneficio de exoneración de gastos en el proceso el tribunal que lo sea para conocer de la causa por la cual se solicita.

 

TÍTULO IV

DE LOS ACTOS PROCESALES

 

Capítulo I

De la Forma de los Actos

 

Idioma de los actos procesales

Artículo 178. En la realización de los actos procesales se usará el idioma oficial castellano. Se garantizará de igual forma, el uso de los idiomas indígenas en los casos que corresponda.

 

Intérpretes para interrogatorios

Artículo 179. Cuando en cualquier acto del proceso deba interrogarse a una persona que no comprenda el idioma castellano, el tribunal nombrará un intérprete que jurará previamente traducir con fidelidad las preguntas y las respuestas.

 

Traducción de documentos

Artículo 180. Cuando deban examinarse documentos que no estén extendidos en el idioma castellano, el tribunal ordenará su traducción por un intérprete público y en defecto de este, nombrará un traductor, quien prestará juramento de traducir con fidelidad su contenido.

 

Documentos públicos extranjeros

Artículo 181. Los documentos públicos, auténticos u oficiales otorgados ante autoridades extranjeras, o emanadas de estas, para ser considerados como tal, deberán estar legalizados o apostillados, según sea el caso.

 

Interrogatorio a sordos,

mudos  y sordomudos

Artículo 182. Cuando se deba interrogar a una persona sorda, muda o  sordomuda, cuya discapacidad esté certificada; se le presentarán las preguntas de forma escrita a la persona sorda, así como cualquier observación del juez o jueza para que conteste verbalmente; a la persona muda se le harán verbalmente las preguntas para que las conteste por escrito; y a la persona sordomuda se le harán las preguntas y las observaciones por escrito, para que responda también por escrito. Se agregará al expediente el original de lo escrito, y se dejará constancia de ello lo más detalladamente posible en el acta que se levante a tales efectos. Podrán las partes o sus apoderados o apoderadas judiciales firmar el escrito que contenga las preguntas y respuestas, antes de que sea agregado al expediente.

 

Si la persona sorda, muda o sordomuda no supiere leer ni escribir, se nombrarán como intérpretes dos personas, escogidas preferentemente entre aquellas habituadas a tratarle, para que por su medio preste la declaración.

 

Solicitudes orales y escritas

Artículo 183. Las partes podrán dirigirse al tribunal en forma oral, mediante escrito o diligencia, en los casos expresamente determinados por la ley.

 

Contestada la demanda, el proceso se desarrolla por audiencias, donde las partes formularán sus alegaciones en forma oral, de las cuales se dejará constancia en las actas que se levanten a tales efectos. Fuera de las audiencias, si las partes hicieren solicitudes escritas, estas serán decididas en forma concentrada en la respectiva audiencia preliminar o de juicio, salvo que razones de urgencia o de continuación del trámite ameriten una decisión inmediata, en cuyo caso la interlocutoria que se produzca será recurrible en forma diferida con la definitiva.

 

Formalidades del acta procesal

Artículo 184. El acta levantada con ocasión de la audiencia deberá contener:

 

1.        Lugar y fecha en la que se levanta así como la identificación del expediente en el que cursan las actuaciones;

2.        Identificación de todas las personas presentes e intervinientes en el acto, y mención de todas aquellas que debiendo acudir al acto no lo hagan;

3.    Relación sucinta de lo ocurrido en la audiencia.

 

Podrán las partes o cualquiera de los intervinientes requerir al juez o jueza la adición, rectificación o precisión de lo contenido en el acta.

 

El acta deberá ser suscrita por el juez o jueza, el secretario o secretaria, las partes y demás intervinientes y será agregada al expediente. Si cualquiera de ellos se negare a firmarla, se dejará expresa constancia de tal circunstancia, así como las razones en las que se fundamente la negativa.

 

Capítulo II

Del Lugar y Tiempo de los Actos Procesales

 

Lugar de despacho de

los actos procesales

Artículo 185. Los jueces o juezas conocerán y despacharán los asuntos de su competencia en la sede del tribunal, a no ser que, de oficio o a instancia de parte y en los casos permitidos por la ley, haya resuelto realizar alguna diligencia u otro acto del proceso en otro lugar.

 

Oportunidad para practicar

 los actos procesales

Artículo 186. Ningún acto procesal puede practicarse en día feriado, ni antes de las seis de la mañana ni después de las seis de la tarde. No obstante, el acto iniciado en horas hábiles no requerirá de habilitación para su culminación en horas inhábiles, y de ser necesaria su continuación, este tendrá lugar el primer día hábil siguiente. En caso de imposibilidad manifiesta el tribunal indicará expresamente el día y hora más próximo posible.

 

Días hábiles

Artículo 187. Son hábiles para las actuaciones judiciales previstas en este Código todos los días del año, con excepción de los días sábados y domingos, jueves y viernes santos, los declarados días de fiesta o no laborables por las leyes correspondientes, los de receso judicial y aquellos en los cuales el tribunal disponga no despachar.

 

Términos y lapsos

Artículo 188. Los términos o lapsos para el cumplimiento de los actos procesales son aquellos expresamente establecidos por la ley; el tribunal solamente podrá fijarlos cuando la ley lo autorice para ello, conforme a los principios de dirección y celeridad procesal.

 

 

 

Forma de computar

términos o lapsos

Artículo 189. Los términos o lapsos procesales se computarán de la siguiente manera:

 

1.        Los señalados por años o meses serán continuos, comenzarán a computarse desde el día siguiente al de la fecha del acto que da lugar al lapso o término y terminarán el día equivalente del año o mes respectivo. El lapso que deba cumplirse en un día del que carezca el mes, se entenderá vencido el último día de ese mes.

2.        Los señalados por días se contarán por días de despacho, salvo que este Código o la ley dispongan que sean continuos, y no se computará aquel en que se dicte la providencia o se verifique el acto que dé lugar a la apertura del lapso.

 

Actuaciones en días de no despacho

Artículo 190. Los días en los cuales el tribunal disponga no despachar, el secretario o secretaria del tribunal o la unidad de recepción y distribución de documentos del circuito judicial debe recibir las diligencias, solicitudes, escritos y documentos, para ser agregados al expediente al día de despacho inmediato siguiente para que surta los efectos legales pertinentes. Igualmente, se permitirá la consulta de cualquier expediente.

 

Acto procesal anticipado

Artículo 191. El acto que realice cualquiera de las partes en forma anticipada será válido, si no resulta afectado el derecho a la defensa de la otra. En todo caso, actuando como director del proceso, el juez o jueza podrá dejar constancia en el expediente del estado en que se encuentre la causa, para evitar que la actuación anticipada cause confusión para el cómputo de los lapsos siguientes.

 

 

Receso judicial

Artículo 192. Los tribunales vacarán del 15 de agosto al 15 de septiembre y del 24 de diciembre al 6 de enero, todos inclusive. Dejando a salvo la competencia que ostenta la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, para adoptar las medidas pertinentes que aseguren la continuidad de la prestación del servicio de administración de justicia en ambos períodos.

 

Durante el receso judicial permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos procesales. Ello no impide que se practiquen las actuaciones que fueren necesarias para asegurar los derechos de algún interesado en materia de jurisdicción voluntaria, debiéndose justificar la urgencia. Podrán practicarse durante este receso aquellas actuaciones previstas en leyes especiales.

 

Prórroga de los términos o lapsos

Artículo 193. Los términos o lapsos procesales no podrán prorrogarse ni abrirse de nuevo después de cumplidos, sino en los casos expresamente determinados por la ley, o cuando una causa no imputable a la parte que lo solicite lo haga necesario.

 

Si la causa quedare en suspenso por cualquier motivo, se reanudará en el mismo estado en que se encontraba al momento de la suspensión; previas las notificaciones a que hubiere lugar.

 

Pueden las partes, de común acuerdo, suspender la causa por un tiempo que determinarán en acta, que homologará el tribunal con expresa constancia del lapso determinado por las partes y cuándo se entenderá reanudada la causa.

 

Abreviación de términos o lapsos

Artículo 194. Los términos o lapsos procesales no podrán abreviarse sino en los casos permitidos por la ley o por voluntad de ambas partes, expresada ante el tribunal.

 

Igualdad de términos y

recursos para las partes

Artículo 195. Los términos y recursos concedidos a una parte se entenderán concedidos a la otra, siempre que de la ley o de la naturaleza del acto no resulte lo contrario.

 

Cálculo del término de distancia

Artículo 196. El término de distancia deberá fijarse en cada caso por el tribunal, tomando en cuenta la distancia de poblado a poblado y las facilidades de comunicaciones que ofrezcan las vías existentes. Sin embargo, la fijación no podrá exceder de un día por cada doscientos kilómetros, ni ser menor de un día por cada cien.

 

En todo caso en que la distancia sea inferior al límite mínimo establecido en este artículo, se concederá siempre un día de término de distancia.

 

Los días concedidos por término de la distancia serán computados por días continuos, previo al inicio del lapso destinado para la realización de la actuación.

 

Perentoriedad de los términos

y lapsos procesales

Artículo 197. Los términos y lapsos señalados en este Código para la realización de los actos procesales de las partes y los auxiliares de justicia son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario.

 

Salvo por causas no imputables al juez o jueza, en ningún caso, el proceso en primera instancia podrá durar más de un año desde la efectiva citación, del único o del último de los demandados, hasta la sentencia definitiva; en la segunda instancia el tiempo máximo del proceso es de tres meses; y en casación no podrá durar más de nueve meses. El incumplimiento de estos plazos, dará lugar al inicio del procedimiento disciplinario previsto en el Código de Ética del Juez y Jueza Venezolano.

 

Capítulo III

De la Nulidad de los Actos Procesales

 

Nulidad de los actos

Artículo 198. Los jueces y juezas procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez, que implique la vulneración de algunas de las garantías y de los derechos establecidos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.

 

Nulidad de los actos aislados

del procedimiento

Artículo 199.  La nulidad de actos aislados del procedimiento no acarreará la de los demás actos anteriores ni consecutivos, independientes del mismo, sino que dará lugar a la renovación del acto dentro del lapso que fijará el tribunal, siempre que la causa estuviere en la misma instancia en que haya ocurrido el acto írrito.

 

Cuando la causa no estuviere en la misma instancia en la que se cometió el acto írrito, el tribunal superior la repondrá para que se haga renovar dicho acto, solo si la infracción cometida fue determinante de lo dispositivo de la sentencia, luego de lo cual se dictará la nueva decisión.

 

Nulidad total de los actos consecutivos

Artículo 200. No se declarará la nulidad total de los actos consecutivos a un acto írrito, sino cuando este sea esencial a la validez de los actos subsiguientes. En estos casos se ordenará la reposición de la causa al estado de que se renueve el acto írrito y continúe el trámite de la causa.

 

Sentencia de fondo del tribunal superior

Artículo 201. En  ningún caso procederá la reposición de la causa por la nulidad del fallo de la primera instancia, correspondiendo al tribunal superior dictar la decisión de fondo en los términos de la apelación.

 

Nulidad a instancia de parte

Artículo 202. No podrán decretarse ni la nulidad de un acto aislado del procedimiento, ni la de los actos consecutivos a un acto írrito, sino a instancia de parte, salvo que se trate de quebrantamiento de leyes de orden público, lo que no podrá subsanarse ni aun con el consentimiento expreso de las partes; o cuando a la parte contra quien obre la falta no se le hubiere citado válidamente para el juicio o notificado para su continuación, o no hubiere concurrido al proceso después de haber sido citada de modo que pudiese ella pedir la nulidad.

 

Aceptación tácita

Artículo 203. Las nulidades que solo pueden declararse a instancia de parte, quedarán subsanadas si la parte contra quien obre la falta no pidiere la nulidad en la primera oportunidad en que se haga presente en autos.

 

Validez del acto procesal

Artículo 204. La parte que ha dado causa a la nulidad, o que la hubiese consentido expresa o tácitamente por no haberla alegado en la primera oportunidad, se tendrá como un acto procesal válido; en cuyo caso, no se podrá impugnar la validez del procedimiento. Sin perjuicio de la facultad del juez o jueza de proceder de oficio y declarar la nulidad de los actos procesales de conformidad con lo previsto en este Capítulo.

 

Capítulo IV

De las Citaciones y Notificaciones

 

Citación para contestar

Artículo 205. Es formalidad necesaria para la validez del juicio la citación de la parte demandada para la contestación de la demanda, la cual se verificará con arreglo a lo que se dispone en este Capítulo.

 

Citación personal por boleta

Artículo 206. Admitida la demanda, se procederá a citar al demandado mediante boleta, adjuntando copia certificada legible de la demanda con su auto de admisión, a fin de que comparezca ante el tribunal a dar contestación.

 

El funcionario o funcionaria que ejerza el cargo de alguacil entregará la boleta y su compulsa a la persona o personas demandadas en cualquier lugar donde se encuentren dentro de los límites de la competencia territorial del tribunal.

 

En caso de ser una persona jurídica, en la oficina receptora de correspondencia si la hubiere, dejando constancia del nombre, apellido, documento de identificación y el cargo de la persona que los reciba, a quien le solicitará que suscriba una constancia, con indicación de fecha y hora de la entrega.

 

El o la alguacil consignará la boleta al día siguiente de haberse practicado la citación, indicando las circunstancia de lugar, fecha y hora en que realizó el acto, y la identificación de la persona a quien hizo entrega de los recaudos de citación y la boleta.

 

Si el demandado o la demandada se niega a firmar la boleta de citación, el o la alguacil le manifestará que ha quedado igualmente citado y dará cuenta de inmediato al tribunal de este hecho. El secretario o secretaria del tribunal, sin necesidad de decreto previo del juez o jueza, librará una boleta de notificación en la cual comunicará al citado la declaración del o la alguacil relativa a su citación. La boleta la fijará el secretario o secretaria en el domicilio o residencia del citado, o en su oficina, industria o comercio, y pondrá constancia en autos de haber llenado esta formalidad. El día siguiente al de la constancia que ponga el secretario o secretaria en autos de haber cumplido dicha actuación, comenzará a contarse el lapso de comparecencia de la parte demandada.

 

Citación voluntaria y tácita

Artículo 207. La parte demandada podrá darse por citada personalmente, o el apoderado o apoderada con facultad expresa para ello, mediante escrito o diligencia dirigida al tribunal.

 

Siempre que resulte de autos que antes de la citación, la parte o el apoderado o apoderada, con facultad expresa para darse por citado, realicen alguna diligencia en el proceso o hayan estado presente en un acto del mismo, se entenderá citada la parte para la contestación de la demanda, desde que conste en el expediente esa actuación, quedando a derecho para cualquier otro acto del proceso sin más formalidad, salvo que la ley disponga lo contrario.

 

Citación por notario público

Artículo 208. La citación personal por boleta podrá gestionarse por el propio accionante o por su apoderado o apoderada, mediante notario público de la jurisdicción del tribunal, siempre que el domicilio o residencia del demandado o demandada esté ubicado dentro de los límites territoriales del tribunal de la causa o del comisionado, de ser el caso.

 

Citación por correo certificado

Artículo 209. Si la citación personal no fuere posible y se trate de citación de persona jurídica, el accionante podrá solicitar la citación por correo certificado con aviso de recibo, antes de la citación por carteles prevista en este Código.

 

La citación por correo de persona jurídica se practicará en su oficina o en el lugar donde ejerce su comercio o industria, en la dirección que previamente indique en autos el solicitante. El o la alguacil del tribunal depositará en sobre abierto la compulsa en la respectiva oficina de correo.

 

El funcionario de correo dará un recibo con expresión de los documentos incluidos en el sobre, del remitente, del destinatario, la dirección de este y la fecha de recibo del sobre y lo cerrará en presencia del o la alguacil. A vuelta de correo, el administrador o director de la oficina de correo enviará al tribunal remitente el aviso de recibo firmado por el receptor del sobre, que puede ser el representante legal o judicial, cualquiera de sus directores, gerentes, encargados de sucursales o el receptor de correspondencia, indicándose en todo caso, el nombre, apellido, cédula de identidad y cargo de la persona que lo firma.

 

El mencionado aviso de recibo será agregado al expediente por el secretario o secretaria del tribunal, poniendo constancia de la fecha de esta diligencia, y al día de despacho siguiente comenzará a computarse el lapso de comparecencia de la persona jurídica demandada.

Invalidez de la citación de 

persona jurídica por correo

Artículo 210. Se tendrá por no citada la persona jurídica por correo, en los casos siguientes:

 

1.     Cuando el aviso de recibo no estuviere firmado por alguno de los funcionarios o personas que se indican en el artículo anterior de este Código.

2.     Cuando en el aviso de recibo no constare el nombre, apellido, cédula de identidad y cargo de la persona que recibió el sobre y firmó el recibo.

 

Régimen de sanciones

Artículo 211 Los funcionarios judiciales, los funcionarios de la administración de correos, los funcionarios y empleados de personas jurídicas de carácter público o privado, y toda persona que haya forjado o contribuido a forjar una falsa citación judicial, haya retardado la práctica de la citación o la constancia de haber citado a más tardar al día siguiente de despacho de haberla realizado serán responsables de las sanciones disciplinarias, civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar.

 

Citación por cartel

Artículo 212. Si el o la alguacil no encontrare a la persona del citado para practicar la citación personal, y la parte no hubiere pedido su citación por correo con aviso de recibo, o cuando pedida esta, tampoco fuere posible la citación del demandado o demandada, se practicará por cartel, a petición del interesado. En este caso, el juez o jueza dispondrá que el secretario o secretaria fije en el domicilio, residencia, morada, oficina o negocio del demandado o demandada un cartel emplazándolo para que ocurra a darse por citado en el término de quince días continuos, y otro ejemplar del mismo se publique por la Gaceta Oficial en versión electrónica, a costa del interesado, por una sola vez. La parte interesada consignará, para ser agregado al expediente, un ejemplar de la publicación del cartel.

 

El secretario o secretario dejará constancia en autos de haberse cumplido todas las formalidades previstas en este artículo y el lapso de comparecencia comenzará a contarse a partir del día de despacho siguiente. 

 

Citación del no presente

Artículo 213. Cuando se compruebe que el demandado o demandada se encuentra fuera de la República, se le citará en la persona de su apoderado o apoderada, si lo tuviere. Si no lo tuviere, o si el que tenga se negare a representarlo, se convocará al demandado mediante cartel, para que dentro de un lapso de treinta días, comparezca personalmente, o por medio de apoderado, a darse por citado. Este cartel deberá ser publicado en dos oportunidades una vez por semana, en la Gaceta Judicial versión electrónica. El lapso de comparecencia comenzará a correr desde que la parte interesada consigne en el expediente las publicaciones.

 

Si se conoce el lugar de residencia del demandado o demandada en el extranjero, el tribunal procurará su notificación mediante los mecanismos disponibles de cooperación jurídica internacional, para que comparezca en el lapso de cuarenta días a darse por citado. Si se conoce solo el país de la residencia de la parte demandada pero no su dirección o ubicación, el tribunal podrá requerir la cooperación para su localización y posterior notificación. En ambos casos, en el mismo auto que acuerde la solicitud de cooperación jurídica internacional se ordenará acumulativamente la publicación del cartel.

 

 

Gestiones de comunicación

en el extranjero

Artículo 214. En los casos previstos en el artículo anterior, el lapso de comparecencia comenzará a correr desde el momento en que el tribunal reciba las resultas de la citación personal efectuada en el extranjero. Sin embargo, transcurridos que sean noventa días desde el momento en que el tribunal envió la solicitud de cooperación, aunque no conste la realización de la citación en el extranjero, comenzará a contarse el lapso de comparecencia. A solicitud de la parte demandante, mientras no se haya logrado la citación en el extranjero, el tribunal podrá prorrogar el comienzo lapso de comparecencia.

 

En todos los supuestos previstos en este artículo, el tribunal podrá enviar comunicaciones por correo electrónico o cualquier otro medio afín, notificando a la parte demandada del procedimiento, teniendo en cuenta tanto los datos aportados por la parte demandante como los que pueda obtener mediante búsquedas propias u otros datos y direcciones electrónicas que permitan la comunicación con el demandado o la demandada, dejando constancia en el expediente de estas actuaciones y comunicaciones.

 

 

Nombramiento de defensora o

defensor público

Artículo 215. Si pasado el lapso al que se refiere el artículo anterior no compareciere la persona natural demandada, ni algún representante, el tribunal solicitará la designación de defensora o defensor público, con quien se entenderá la citación.

 

Mientras la parte no haya nombrado un apoderado o apoderada sustitutos, las notificaciones a que haya lugar se entenderán siempre con la defensora o defensor público que haya aceptado la designación.

 

Si la parte demandada, se trata de persona jurídica, el tribunal procederá a designarle defensor o defensora judicial, con quien se entenderá la citación y demás trámites del procedimiento, mientras la parte misma se haga representar por abogado o abogada de su confianza.

 

Citación por comisión

Artículo 216. Cuando la citación haya de practicarse fuera de los límites territoriales del tribunal de la causa, se librará comisión que especificará nombre, apellido, número del documento de identificación de las partes, domicilio de la parte demandada, el objeto de la pretensión, el término de la comparecencia y la advertencia de que si no comparece el demandado o la demandada en el plazo señalado se le nombrará defensora o defensor público. La comisión deberá ir acompañada de copia certificada legible del libelo de la demanda y del auto de admisión, y será remitida con oficio a cualquier autoridad judicial del lugar donde resida la parte demandada para que practique la citación personal pertinente, con facultades para autorizar la citación por notario público.

 

Si se hubiese logrado la citación personal, el lapso para la contestación de la demanda comenzará a computar a partir del día de despacho siguiente a la constancia en el expediente, mediante auto expreso, del recibo de la comisión en el tribunal comitente, sin perjuicio del término de la distancia.

 

Si buscada la parte demandada no se le encontrare, el o la alguacil dará cuenta al juez o jueza comisionado y este ordenará, de oficio o a instancia de parte, la citación mediante cartel prevista en este Código.

 

En este caso el lapso de la comparecencia comenzará a contarse a partir del día de despacho siguiente al recibo de la comisión en el tribunal de la causa, computándose previamente el término de distancia por días continuos.

 

Citación de litisconsortes

Artículo 217. Cuando sean varias las personas que deban ser citadas para un mismo procedimiento, el lapso para la contestación de la demanda comenzará a computarse el día de despacho siguiente que conste en autos el cumplimiento de la formalidad de la última citación de los demandados.

 

Agotados los mecanismos previstos en este Código a los efectos de la citación sin que comparecieren los demandados, se procederá a solicitar la designación de defensora o defensor público para éstos.

 

Citación en el domicilio especial

Artículo 218. Cuando el demandado haya elegido domicilio para los efectos de la obligación demandada, con indicación de persona, la citación se entenderá con esta, observándose, por lo demás, las disposiciones de los artículos de este Capítulo referidos a las modalidades de citación.

 

Citación por edicto de los desconocidos

Artículo 219. Cuando por mandato de la ley o con motivo de la demanda propuesta, resulte necesario citar a aquellos que podrían resultar perjudicados en sus derechos e intereses con motivo de la demanda propuesta, dichos desconocidos serán citados mediante edicto.

 

El edicto debe contener el nombre y apellido de la parte demandante y de la parte demandada, el objeto de la demanda, y el lapso de la comparecencia entre treinta y sesenta días continuos, a juicio del tribunal. Este se publicará en dos oportunidades, con intervalo de una semana, en la Gaceta Judicial versión electrónica.

 

Citación de los sucesores

por causa de muerte

Artículo 220. Los sucesores conocidos de una persona fallecida, antes o durante el proceso, serán citados en forma personal, de conformidad con lo previsto en este Capítulo.

 

Los sucesores desconocidos de una persona fallecida, antes o durante el proceso, serán citados aun de oficio mediante edicto, con el propósito de permitir una debida integración de la relación procesal y evitar futuras reposiciones. El edicto deberá ser publicado de conformidad con lo previsto en el artículo anterior, con la identificación del causante y de su último domicilio.

 

Notificaciones en juicio

Artículo 221. Cuando por disposición de la ley sea necesaria la notificación de las partes para la continuación del juicio o para la realización de algún acto del proceso, la notificación deberá practicarse mediante boleta remitida por correo certificado con aviso de recibo, al domicilio constituido por la parte que haya de ser notificada o por medio de boleta librada por el juez o jueza y dejada por el o la alguacil en el citado domicilio. De no ser posible, la notificación podrá verificarse por medio de la Gaceta Judicial versión electrónica, con la publicación de un cartel, el cual indicará expresamente el tribunal, disponiendo un término de diez días continuos para la continuación del juicio o para la realización de algún acto del proceso.

 

De las actuaciones practicadas conforme a lo dispuesto en este artículo dejará expresa constancia en el expediente el secretario o secretaria del tribunal.

 

Capítulo V

De la Comisión

 

Facultad para comisionar

Artículo 222. Todo juez o jueza puede comisionar la práctica de cualquier acto o  diligencia de sustanciación o de ejecución a otro tribunal, siempre que el acto requiera efectuarse en otra circunscripción judicial, o dentro de la misma circunscripción cuando se trate de una localidad distante a la del comitente.

 

En los casos de evacuación de pruebas, cuando el tribunal carezca de competencia territorial en el lugar de los actos o por razón de la distancia o dificultad del desplazamiento, o circunstancias personales de la parte, del testigo o del perito, o por cualquier otra causa de análogas características resulte imposible o muy gravosa su comparecencia en la sede del tribunal de la causa, se podrá solicitar comisión para la práctica de los actos de pruebas. En estos casos, el tribunal comisionado podrá hacer las diligencias necesarias para la realización de la video conferencia o la utilización de cualquier otro medio telemático, a los fines de  garantizar la inmediación.

 

Prohibición

Artículo 223. El tribunal comisionado deberá cumplir con la comisión y no podrá, en ningún caso delegar la comisión en otro tribunal.

 

En caso de que el tribunal comisionado no pueda cumplir por razones justificadas con la comisión, el tribunal comitente designará un nuevo tribunal.

 

Competencia del tribunal comisionado

Artículo 224. El tribunal comisionado deberá tener competencia territorial en el lugar de la diligencia que se le delegue, pero cuando esta verse sobre inmuebles ubicados en dos o más jurisdicciones territoriales, podrá comisionarse a cualquiera de las autoridades judiciales de dichos territorios.

 

El tribunal comisionado que carezca de competencia territorial para la diligencia, devolverá el despacho al comitente, el mismo día o al día siguiente después de su recepción, indicando las razones.

 

Otorgamiento y práctica de la comisión

Artículo 225. El despacho que libre el tribunal comitente deberá indicar con toda precisión el objeto y los límites de la comisión.

 

Remisión del despacho

Artículo 226. El despacho se remitirá directamente al tribunal comisionado por medio del sistema informático judicial o de cualquier otro sistema de comunicación que garantice la constancia de la recepción y si no hubiere, por medio de correo.

 

También podrá designar como correo especial a la parte interesada o a su representante judicial, a excepción de los despachos de pruebas.

 

Reclamo ante el comitente

Artículo 227. Contra las decisiones del tribunal comisionado podrá reclamarse por ante el comitente.

 

Tribunales comisionados para

asuntos especiales

Artículo 228. Los tribunales especializados no podrán ser comisionados sino en asuntos que sean de su competencia.

 

Competencia subjetiva del

juez o jueza comisionado

Artículo 229. Si alguna de las partes tuviera razones fundadas para cuestionar la competencia subjetiva del juez o jueza comisionado podrá solicitar ante el tribunal comitente la revocatoria del decreto, acompañando prueba fehaciente de las razones en las que fundamenta su solicitud. El juez o jueza comisionado podrá inhibirse si considera que está incurso en alguna causal de inhibición o recusación.

 

Devolución de la comisión

Artículo 230. Cumplida la comisión las resultas serán remitidas el mismo día o al día siguiente al tribunal comitente por los medios previstos en este Código.

 

 

 

TÍTULO V

DE LA TERMINACIÓN DEL PROCESO

 

Capítulo I

De la Sentencia

 

Pronunciamiento

Artículo 231. La sentencia se pronuncia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley.

 

Requisitos de validez y publicación

de la sentencia

Artículo 232. La sentencia deberá contener:

 

1.     La identificación del tribunal que la dicta, las partes y sus apoderados o apoderadas.

2.     Una síntesis precisa y lacónica de los alegatos de las partes, sin transcribir en ella los actos del proceso que consten en autos.

3.     Las pruebas presentadas por las partes señalando en cada caso el hecho que se pretendía probar o negar, expresando siempre el criterio del juez o jueza respecto a cada una de las pruebas presentadas. Las pruebas deben ser analizadas conforme al orden de los alegatos de las partes.

4.     La indicación de las normas que se consideran aplicables para resolver la controversia, señalando mediante análisis razonado, el sentido y alcance que se le atribuye a cada precepto.

5.     La determinación del objeto o la cosa en la cual recaiga la decisión.

6.     Decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.

7.     La firma del juez o jueza y el secretario o secretaria y la fecha de publicación.

 

El conjunto de razonamientos que sirven de fundamento al examen de las pruebas y a la interpretación de las normas jurídicas deben tener una relación lógica entre premisas y conclusiones.

 

La sentencia una vez elaborada y firmada por el juez o jueza que la hubiere dictado y por el secretario o secretaria del tribunal, será publicada en extenso en el lapso previsto en este Código; de no publicarse en dicho lapso deberá ser notificada a las partes.

 

Sentencia de reposición

Artículo 233.  La sentencia podrá limitarse a ordenar la reposición de la causa al estado que en la propia sentencia lo determine, de conformidad con las disposiciones relativas a las nulidades procesales previstas en este Código.

 

Publicación de las sentencias

Artículo 234. Las sentencias definitivas e interlocutorias se publicarán agregándose al expediente, en el cual se pondrá constancia del día y la hora en que se haya hecho la publicación.

 

Obligación del tribunal

Artículo 235. De toda sentencia se dejará copia certificada en el tribunal que la haya pronunciado, la cual será ordenada correlativamente según su fecha.

 

Experticia complementaria

Artículo 236. En la sentencia en que se condene a pagar frutos, intereses o daños, se determinará la cantidad de ellos, y si el tribunal no pudiere estimarla según las pruebas, dispondrá que esta estimación la haga un único perito, con arreglo a lo establecido para el justiprecio de bienes sobre ejecuciones previsto en el presente Código.

 

De igual forma se hará cuando la sentencia ordene restitución de frutos o indemnización de cualquier especie, si no pudiere el tribunal hacer la estimación o liquidación, con arreglo a lo que hayan justificado las partes en el pleito.

 

En todo caso de condenatoria, según este artículo, el tribunal determinará en la sentencia de modo preciso, en qué consisten los perjuicios probados que deban estimarse y establecer con toda precisión el alcance y los elementos de base o referencias que han de emplearse para el cálculo. Sin embargo, cualquier omisión o error en las referencias para realizar la experticia, podrá ser corregido por el tribunal en la fase de ejecución.

 

En estos casos, la experticia se tendrá como complemento del fallo ejecutoriado; pero si alguna de las partes reclama contra el dictamen del experto dentro de los tres días siguientes a la consignación del mismo, porque está fuera de los límites del fallo, o que la estimación es inaceptable por excesiva o por mínima, el tribunal oirá a otro perito de su elección, para decidir sobre lo reclamado, dentro de los tres días siguientes a la solicitud, con facultad de fijar definitivamente la estimación y de lo determinado se admitirá apelación en un solo efecto.

 

 

 

 

 

Daño moral

Artículo 237. El daño moral será fijado por el prudente arbitrio del juez o jueza, de acuerdo a los límites de la controversia, sin que sea posible determinarlo por la experticia complementaria del fallo a que alude el artículo anterior.

 

Aclaratoria, omisiones y

errores materiales

Artículo 238. El tribunal no podrá revocar ni reformar la sentencia definitiva o interlocutoria sujeta a apelación que hubiere pronunciado después de firmadas.

 

Sin embargo, el tribunal podrá de oficio o a solicitud de parte, aclarar algún punto dudoso, salvar las omisiones y rectificar los errores materiales de que adolezcan, errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, errores aritméticos y otros que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días siguientes al vencimiento del lapso previsto para la publicación de la sentencia.

 

Límite de juzgamiento

Artículo 239. Los jueces o juezas no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella. En caso de duda, sentenciarán a favor del demandado o demandada, y en igualdad de circunstancias, favorecerán la condición del poseedor, prescindiendo en sus decisiones de sutilezas y de aspectos de mera forma.

 

Capítulo II

De la Transacción y de la Conciliación

 

Alcance de la transacción

Artículo 240. La transacción judicial o extrajudicial tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada.

 

Homologación

Artículo 241. Las partes pueden terminar el proceso pendiente, o precaver uno eventual, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción en el juicio, el tribunal la homologará en el mismo acto si se realizare en audiencia o el mismo día o al día siguiente de su celebración entre las partes si se produce fuera de esta, siempre que verse sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución. El tribunal podrá abstenerse de impartir la homologación cuando la transacción sea contraria al orden público o a las buenas costumbres.

 

Efectos de la transacción

Artículo 242. La transacción pone fin al proceso y tiene entre las partes los mismos efectos que la sentencia definitivamente firme.

 

Conciliación y mediación

Artículo 243. Presentes las partes, o sus apoderados o apoderadas o representantes con capacidad para ello, el juez o jueza escuchará las razones que expongan cada una de ellas e intervendrá como amigable componedor para procurar el avenimiento total o parcial del litigio, exponiéndoles las razones de conveniencia de componer ellos mismos el juicio, salvo que se trate de materias en las cuales estén prohibidas las transacciones.

 

Acuerdo conciliatorio

Artículo 244. Concluido el acto conciliatorio se levantará un acta que contendrá las resultas del mismo, firmada por el juez o jueza, el secretario o secretaria y las partes.

 

Efectos de la conciliación

Artículo 245. En caso de acuerdo de carácter parcial, se especificarán en el acta los asuntos sobre los cuales no hubo acuerdo y continuará el proceso en relación con los controvertidos. El acuerdo total pone fin al proceso y tiene entre las partes los mismos efectos que la sentencia definitivamente firme.

 

Capítulo III

Del Desistimiento y del Convenimiento

 

Oportunidad y efectos

Artículo 246. En cualquier estado y grado de la causa puede la parte demandante desistir de la demanda y la parte demandada convenir en ella.

 

El juez o jueza dará por consumado el acto, siempre que conste en el expediente en forma auténtica la manifestación expresa del desistimiento y que tal acto sea hecho en forma pura y simple; y se procederá como en sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria.

El acto por el cual desiste la parte demandante o conviene la parte demandada en la demanda, es irrevocable aún antes de la homologación del tribunal.

 

En todo caso el juez o jueza puede abstenerse de impartir la homologación cuando sea contraria al orden público o a las buenas costumbres.

 

 

Capacidad para disponer del objeto

Artículo 247. Para desistir de la demanda y convenir en ella, la parte debe tener capacidad para disponer del objeto sobre el que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones.

 

Límites del desistimiento

Artículo 248. La parte demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero si este se verifica después del acto de la contestación de la demanda, no tendrá validez sin el consentimiento de la parte contraria.

 

Extinción de la instancia

Artículo 249. El desistimiento del procedimiento solamente extingue la instancia, pero el o la demandante no podrá volver a proponer la demanda antes de que transcurran noventa días.

 

Efecto de la homologación

Artículo 250. Homologado el desistimiento o convenimiento, el tribunal ordenará en el mismo acto el archivo de las actuaciones.

 

Capítulo IV

De la Perención de la Instancia

 

Lapso de perención

Artículo 251. Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.

 

Declaratoria de perención

Artículo 252. La perención puede ser declarada por el tribunal, aún de oficio. La perención no será declarada cuando las partes en vez de solicitarla hubiesen instado la continuación del juicio.

 

Efectos de la perención

Artículo 253. La perención no impide que se vuelva a proponer la demanda, ni extingue los efectos de las decisiones dictadas, ni las pruebas incorporadas a los autos; solamente extingue el proceso.

 

Cuando el juicio en que se verifique la perención se encuentre en apelación, la sentencia apelada quedará con fuerza de cosa juzgada, salvo que se trate de sentencias sujetas a consulta legal, en las cuales no habrá lugar a perención.

 

En la sentencia que declare la perención de la instancia el tribunal impondrá una multa al demandante de diez a veinte unidades tributarias (10 a 20 U.T.). Si la perención se produce en la segunda instancia por causa imputable al apelante el tribunal superior en su fallo sancionará al recurrente negligente con multa entre diez y veinte unidades tributarias (10 a 20 U.T.).

 

 

Plazo para interponer la demanda

Artículo 254. En ningún caso el o la demandante podrá volver a proponer la demanda, antes de que transcurran noventa días continuos después de  declarada la perención.

 

Capítulo V

De los Efectos del Proceso

 

Cosa juzgada formal

Artículo 255. Ningún tribunal podrá volver a decidir la controversia ya decidida por una sentencia, a menos que haya recurso contra ella o que la ley expresamente lo permita.

 

Cosa juzgada material

Artículo 256. La sentencia definitivamente firme es ley entre las partes en los límites de la controversia decidida y es vinculante en todo proceso futuro.

 

Condenatoria en costas

a la parte vencida

Artículo 257. A la parte que fuere vencida totalmente en un proceso o en una incidencia, se la condenará al pago de las costas. En el caso, de las organizaciones del poder popular el juez o jueza las exonerará de la condenatoria en costas si tenían razones fundadas para litigar.

 

Vencimiento recíproco

Artículo 258. Cuando hubiere vencimiento recíproco cada parte será condenada al pago de las costas de la contraria. Mientras no estén liquidadas las costas de ambas partes, no podrá procederse a su ejecución. En todo caso, liquidadas las costas, estas se compensarán hasta concurrencia de la cantidad menor.

 

Costas incidentales

Artículo 259. Las costas producidas por el empleo de un medio de ataque o de defensa que no haya tenido éxito se impondrán a la parte que lo haya ejercitado, aunque resulte vencedora en la causa.

 

Costas en transacción y conciliación

Artículo 260. En la transacción y conciliación no hay lugar a costas, salvo pacto en contrario.

 

Costas entre litisconsortes

Artículo 261. Cuando la parte esté constituida por varias personas, las costas serán prorrateadas entre los litisconsortes.

 

Costas en forma solidaria

Artículo 262. Cuando varios demandados sean condenados en su calidad de deudores solidarios, responderán de las costas solidariamente.

 

Costas incidentales

Artículo 263. En los casos de pluralidad de partes, si alguno de los litisconsortes hace uso de un medio especial de ataque o de defensa, los demás no responden de las costas causadas por el mismo.

 

Costas del recurso

Artículo 264. Se condenará en las costas del recurso a quien haya apelado de una sentencia que sea confirmada en todas sus partes.

 

Costas en desistimiento

y convenimiento

Artículo 265. Quien desista de la demanda, o de cualquier recurso que hubiere interpuesto, pagará las costas si no hubiere pacto en contrario.

 

Cuando conviniere en la demanda en el acto de la contestación, pagará las costas si hubiere dado lugar al procedimiento, y si fuere en otra oportunidad, las pagará igualmente, si no hubiere pacto en contrario.

 

En el caso de que las partes estén en desacuerdo respecto a la decisión en materia de costas, el tribunal procederá conforme a los trámites previsto en este Código para las cuestiones incidentales.

 

Exoneración de costas en perención

Artículo 266. La perención de la instancia no causará costas en ningún caso.

 

Cobro de las costas en incidencias

Artículo 267. Las costas que se causen en las incidencias, solo podrán exigirse a la parte vencida al quedar firme la sentencia definitiva. En todo caso, las partes pueden solicitar la compensación de estas costas con las impuestas en la definitiva.

 

Costas de la ejecución de sentencias

Artículo 268. Las costas de la ejecución de la sentencia serán de cargo del ejecutado. El procedimiento de ejecución de estas costas no causará nuevas costas.

 

Serán igualmente a cargo del ejecutado las costas que produzcan al ejecutante cualesquiera medios de defensa promovidos por aquel en la ejecución y que resulten desestimados por el tribunal.

 

Límite al cobro de honorarios profesionales

Artículo 269. Las costas que deba pagar la parte vencida por honorarios del apoderado o apoderada de la parte contraria estarán sujetas a retasa. En ningún caso estos honorarios excederán del treinta por ciento (30%) del valor de lo sentenciado.

 

Cuando intervengan varios abogados, la parte vencida solo estará obligada a pagar los honorarios por el importe de lo que percibiría uno solo, sin perjuicio del derecho de retasa.

 

Prohibición de condenatoria en costas

Artículo 270. La República y otros entes jurídicos públicos no podrán ser condenados en costas.

 

 

 

 

TÍTULO VI

DE LOS RECURSOS

 

Capítulo I

De la Revocatoria

 

Actos de sustanciación o trámite

Artículo 271. Los actos de sustanciación o las providencias de trámite podrán ser revocados o reformados de oficio o a petición de parte por el tribunal que los haya dictado, mientras no se haya pronunciado la sentencia definitiva, salvo disposiciones especiales.

 

Plazo y procedimiento

Artículo 272. La solicitud de revocatoria o reforma deberá interponerse dentro de los tres días de despacho siguientes al acto de sustanciación o la providencia de trámite, con expresión de las razones que la sustenten, para ser resuelta en las respectivas audiencias, salvo que por razones de necesidad, urgencia o de trámite amerite una inmediata decisión.

 

Capítulo II

De la Apelación

 

Apelación de la sentencia definitiva y acumulación

del recurso contra la interlocutoria

Artículo 273. De toda sentencia definitiva o interlocutoria que ponga fin al juicio, dictada en primera instancia se oirá apelación salvo disposición especial en contrario.

 

La apelación de las sentencias interlocutorias que hayan producido un gravamen no reparado por la definitiva quedará comprendida en el recurso contra esta, salvo disposición especial en contrario.

 

Forma de interponer la apelación

Artículo 274. La apelación se interpondrá ante el tribunal que pronunció la sentencia, dentro de los cinco días de despacho siguientes a la publicación del texto íntegro del fallo, o dentro del mismo lapso contado a partir de la notificación a las partes de la publicación del fallo dictado fuera del lapso previsto en este Código, en cuyo caso será remitido el expediente de inmediato al tribunal superior. En la oportunidad del ejercicio del recurso, la parte deberá señalar qué pronunciamientos incidentales quedan comprendidos en la apelación.

 

Apelación tramitada en un solo efecto

Artículo 275. Cuando la apelación sea tramitada en el solo efecto devolutivo se remitirá copia certificada de las actas conducentes que indiquen las partes y el tribunal, sin perjuicio de que el tribunal superior pueda requerir otros recaudos necesarios para decidir. Si la cuestión apelada se está tramitando en cuaderno separado, deberá ser remitido dicho cuaderno en copia certificada.

 

Prohibición de innovación

Artículo 276. Tramitada la apelación en ambos efectos, no se emitirá ninguna decisión que directa o indirectamente pueda producir innovación en lo que sea materia del litigio, mientras esté pendiente el recurso, salvo disposición especial en contrario.

 

Legitimación para recurrir

Artículo 277. No podrá apelar de ninguna decisión la parte a quien en ella se hubiere concedido todo cuanto hubiere pedido; pero, fuera de este caso, tendrán derecho de apelar de la sentencia definitiva, no solo las partes, sino todo aquel que, por tener interés inmediato en lo que sea objeto o materia del juicio, resulte perjudicado por la decisión, bien porque pueda hacerse ejecutoria contra él mismo, bien porque haga nugatorio su derecho, lo menoscabe o desmejore.

 

 

Capítulo III

De la Adhesión a la Apelación

 

Adhesión a la apelación

Artículo 278. Cualquier parte agraviada puede adherirse a la apelación interpuesta por la contraria.

 

Interposición de la adhesión

a la apelación

Artículo 279. La adhesión a la apelación deberá formularse ante el tribunal de alzada mediante escrito fundamentado, en la oportunidad de presentar los informes, en cuyo caso deberán expresar las razones de la adhesión, sin lo cual se entenderá como no interpuesta.

 

Conocimiento del tribunal

Artículo 280. En virtud de la adhesión, el tribunal superior  conocerá de todas las cuestiones que son objeto de la apelación y de la adhesión.

 

Accesoriedad

Artículo 281. La parte que se adhiere a la apelación no podrá continuar el recurso si quien hubiera apelado desistiera de este, aunque la adhesión haya tenido por objeto un punto diferente o aún opuesto a lo apelado.

 

Capítulo IV

Del Trámite de la Apelación

 

Informes de la apelación

Artículo 282. El escrito que contiene las razones en las cuales se fundamenta la apelación será presentado ante el tribunal de alzada dentro de los cinco días de despacho siguientes al auto expreso mediante el cual el tribunal superior declare que ha recibido el expediente. Concluido el plazo anterior, dentro de los cinco días de despacho siguientes, podrán ser presentadas observaciones al informe  presentado por la otra parte.

 

Si con el informe alguna de las partes acompaña algún documento público, la parte contraria en la oportunidad de sus observaciones podrá también ejercer su derecho a tachar el documento conforme al procedimiento previsto en este Código.

 

Fijación de la audiencia

Artículo 283. Vencidos los lapsos anteriores, el tribunal superior examinará la admisión de la apelación. De no ser admisible, dará por terminado el proceso mediante sentencia debidamente motivada. De ser admisible, fijara día y hora para la audiencia dentro de los cinco días de despacho siguientes.

 

La falta de comparecencia de la parte apelante a la audiencia, se considerará como desistimiento de la misma y así será declarado de oficio o a instancia de la otra parte. Si no asiste la parte apelada no será motivo de suspensión o diferimiento a la audiencia.

 

Pruebas admisibles en

segunda instancia

Artículo 284. En segunda instancia no se admitirán otras pruebas sino la de instrumentos públicos y la de posiciones juradas.

 

Los instrumentos públicos se acompañarán con los escritos de informes, si no fueren de los que deban acompañarse antes; y las de posiciones juradas se promoverán con los referidos escritos, debiéndose evacuar en la audiencia de apelación una vez oídos los alegatos y defensas de las partes.

 

Facultad probatoria

Artículo 285. El tribunal superior podrá dictar auto para mejor proveer en la misma oportunidad en que se fije la audiencia de apelación o durante la celebración de la misma, pudiendo acordar la presentación de algún instrumento, la práctica de alguna inspección judicial, de una experticia, que se amplíe o aclare la que exista en autos, o acuerde la comparecencia de algún testigo y, en general cualquier otra prueba que estime legal y pertinente para la decisión del asunto. El tribunal superior podrá igualmente interrogar a las partes en la audiencia. Lo dispuesto en esta norma se regirá por lo establecido en este Código, respecto a las diligencias probatorias del juez o jueza, y en ningún caso podrá superar quince días de despacho.

 

Audiencia de Apelación

Artículo 286. En la oportunidad señalada por el tribunal superior se realizará la audiencia de apelación. Las partes deberán formular sus alegatos y defensas oralmente.

 

 

Sentencia en apelación

Artículo 287. Oídas las conclusiones de las partes, el juez o jueza se retirará de la audiencia por un tiempo que no será mayor de sesenta minutos. Concluido dicho lapso, pronunciará su fallo en forma oral, y reproducirá en todo caso, de manera sucinta y breve la sentencia, dentro de los cinco días siguientes, sin formalismos innecesarios y dejando expresa constancia de su publicación.

 

En casos excepcionales, por la complejidad del asunto debatido, por caso fortuito o de fuerza mayor, el tribunal podrá diferir por una sola vez la oportunidad para dictar la sentencia, por un lapso no mayor de cinco días hábiles, después de concluida la audiencia de apelación en todo caso, se debe determinar por auto expreso, la hora y fecha para la cual ha diferido el acto para sentenciar, a los fines de que puedan comparecer las partes.

 

A los efectos del ejercicio de los recursos a que hubiere lugar, se debe dejar transcurrir íntegramente dicho lapso.

 

Remisión de los autos

Artículo 288. Si no se anuncia oportunamente el recurso de casación, el tribunal superior remitirá los autos una vez vencido el lapso del recurso correspondiente.

 

Si se anuncia el recurso de casación contra la sentencia de última instancia, se le dará curso remitiéndose inmediatamente el expediente al Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil. Del ejercicio del recurso se dejará constancia mediante auto en el que se expresará el lapso previsto para su interposición, con el respectivo cómputo. Si el tribunal superior no cumple con la obligación de remitir inmediatamente el expediente el afectado podrá solicitar ante la Sala de Casación Civil que requiera el expediente.

 

Capítulo V

Del Recurso de Casación

 

Admisibilidad

Artículo 289. El recurso de casación puede proponerse:

 

1.   Contra las sentencias de última instancia que pongan fin a los juicios civiles, mercantiles, marítimo y procedimientos especiales contenciosos cuyo interés principal exceda de cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.) al momento de la presentación de la demanda, así como contra las de última instancia que se dicten en los procedimientos especiales contenciosos sobre el estado y la capacidad de las personas.

2.   Contra los autos dictados en ejecución de sentencia que resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él; o los que provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, después que contra ellos se hayan agotado todos los recursos ordinarios.

 

Al proponerse el recurso contra la sentencia que puso fin al juicio, quedan comprendidas en él las interlocutorias que hubieren producido un gravamen no reparado en la sentencia, siempre que contra dichas decisiones se hayan agotado oportunamente todos los recursos ordinarios.

 

Los juicios sentenciados de acuerdo a la equidad, conforme a lo previsto en este Código, no tendrán recurso de casación.

 

Motivos

Artículo 290. Se declarará con lugar el recurso de casación cuando:

 

1.     Se haya incurrido en una infracción de norma jurídica o de una máxima de experiencia;

2.     Que la parte dispositiva del fallo sea consecuencia de una suposición falsa en la apreciación de un hecho por parte del juez o jueza.

 

En ambos casos, la infracción tiene que haber sido determinante de lo dispositivo en la sentencia.

 

Anuncio

Artículo 291. El recurso de casación se anunciará ante el tribunal que dictó la sentencia contra la cual se recurre, dentro de los diez días de despacho siguientes al vencimiento del lapso otorgado para la publicación del texto íntegro de la sentencia, o dentro de ese mismo lapso una vez notificadas las partes de la publicación del fallo efectuada fuera del lapso previsto en este Código. Vencido el lapso para el anuncio, el tribunal remitirá de inmediato el expediente a la Sala de Casación Civil, a quien corresponderá examinar la admisibilidad. En el auto de remisión, el juez o jueza dejará constancia del último día concedido para el anuncio y expedirá el respectivo cómputo.

 

Solo en caso de haber imposibilidad material de hacerlo ante el tribunal que dictó la sentencia recurrida, el recurso de casación podrá ser anunciado ante otro tribunal para que éste remita el anuncio  inmediatamente a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y ésta solicite el expediente al tribunal que dictó la sentencia recurrida; también podrá hacerlo ante un registrador o notario público, caso en el cual el interesado lo consignará ante la misma Sala inmediatamente antes de vencerse el lapso de la formalización.

 

La falta de remisión oportuna del anuncio o del expediente, según  el caso, dará lugar a la imposición por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de multa a los responsables de entre veinte y cincuenta unidades tributarias (20 y 50 U.T.), sin perjuicio de las medidas disciplinarias a que hubiere lugar. La Sala remitirá al órgano competente copia certificada de la decisión.

 

Formalización

Artículo 292. Al día siguiente del vencimiento del lapso para el anuncio, comenzará a transcurrir el lapso de veinte días calendarios consecutivos, previo el término de la distancia si hubiere lugar a ello, dentro del cual la parte o partes recurrentes deberán consignar un escrito razonado y conciso, bien en el tribunal de la recurrida, o bien directamente ante la Sala de Casación Civil. Dicho escrito de formalización debe contener únicamente los argumentos que a juicio del formalizante justifiquen la nulidad del fallo recurrido, sin más formalidades.

 

En el escrito de formalización se deberá indicar la infracción o infracciones denunciadas, cómo se han producido, dónde se evidencia el vicio en la sentencia recurrida y de qué manera la infracción fue determinante en el dispositivo del fallo impugnado.

 

En ningún caso se puede declarar perecido el recurso o desechar una denuncia con fundamento en el incumplimiento de una determinada técnica casacional. La Sala examinará los argumentos con los cuales se demuestra la infracción y declarará si son apropiadas para fundamentar la existencia de un vicio en la sentencia impugnada.

 

Solo será declarado perecido el recurso cuando la formalización no sea presentada en el lapso indicado en este artículo. En este caso, el expediente deberá remitirse al tribunal a quien corresponda la ejecución.

 

La recusación o inhibición que se proponga contra los magistrados o magistradas de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia no suspenderá el lapso de la formalización.

 

Impugnación de la formalización

Artículo 293. Transcurridos los veinte días calendarios consecutivos establecidos en el artículo anterior, y el término de la distancia, si tal fuere el caso, si se ha consignado el escrito de formalización establecido en dicho artículo, la contraparte podrá, dentro de los diez días siguientes, consignar por escrito los argumentos sobre la inadmisibilidad del recurso de casación, o los argumentos que a su juicio contradigan los alegatos del formalizante en forma clara, precisa y lacónica.

 

Decisión del recurso de casación

Artículo 294. Concluida la sustanciación del recurso en la forma indicada en el artículo anterior, la Sala de Casación Civil examinará el o los escritos y se pronunciará en cuanto al recurso de casación dentro de los treinta días siguientes. De ser inadmisible será declarado mediante auto expreso la terminación del proceso.

 

Cuando la Sala de Casación Civil lo estime pertinente podrá celebrar una audiencia antes de decidir el recurso de casación. En este caso dictará un auto fijando el día y la hora para su realización dentro de los diez días siguientes a la conclusión de la sustanciación del recurso.

 

De celebrarse la audiencia las partes expondrán sus alegatos y defensas oralmente, de manera pública y contradictoria.

 

Si no compareciere a la audiencia ninguna de las partes, se levantará acta haciéndolo constar, y la Sala, sin más trámite, dictará sentencia y el expediente será remitido al tribunal correspondiente para su ejecución.

 

Concluido el debate oral, si lo hubiere, la Sala dictará su sentencia en forma oral e inmediata, debiéndose reproducir y publicar dentro de los cinco días siguientes a la producción de la sentencia.

 

Facultades de la Sala

Artículo 295. La Sala de Casación Civil examinará cada una de las denuncias en el orden del escrito de formalización; así como los argumentos expuestos en la impugnación. Concluido su examen, si la Sala declara con lugar el recurso anulará el fallo y dictará una nueva sentencia definitiva con base en las infracciones que haya declarado procedentes sin posibilidad de reenvío.

 

Si como resultado del examen de la formalización se hubieren declarado procedentes denuncias que involucren la violación del debido proceso, la tutela judicial o cualquier otro derecho o garantía constitucional que puedan comprometer la finalidad de justicia del proceso, por haberse quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos, la Sala de Casación Civil declarará la nulidad de la sentencia recurrida y ordenará la reposición de la causa al estado que considere necesario para restaurar los derechos infringidos, siempre que dicha reposición cumpla una finalidad útil. Contra los quebrantamientos u omisiones se deben haber agotado todos los recursos.

 

Igualmente, podrá hacer pronunciamiento expreso para anular el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucional que encuentre aunque no se les haya denunciado. En estos casos, la Sala determinará los efectos de su decisión según la naturaleza de la infracción.

 

La Sala de Casación Civil al resolver las denuncias deberá pronunciarse respecto de ellas afirmativa o negativamente mediante análisis razonado y dictará decisión definitiva cumpliendo con los requisitos de la sentencia previstos en este Código.

 

En la sentencia del recurso se hará pronunciamiento expreso de las costas en casación, cuya condenatoria será obligatoria en los casos de desistimiento o cuando se deje perecer. En la sentencia definitiva que se dicte se hará pronunciamiento expreso sobre las costas del juicio.

 

Remisión

Artículo 296. La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, debe remitir el expediente al juez o jueza que es competente en la ejecución, si fuere el caso, remitiendo copia certificada del fallo al juez o jueza superior correspondiente.

 

 

 

Fines

Artículo 297. Los jueces y juezas de instancia procurarán acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos, para garantizar la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia.

 

Capítulo VI

Del Juicio de Invalidación

 

Causales de invalidación

Artículo 298. Se podrá intentar el juicio de invalidación contra una sentencia definitivamente firme, o cualquier otro acto que tenga fuerza de tal, por las siguientes causas:

 

1.      La falta de citación, o el error, o fraude cometidos en la citación para la contestación.

2.      La citación que hubiese sido realizada en la persona que no tenía el libre ejercicio de sus derechos; o el error o fraude en la misma.

3.      La falsedad del instrumento en virtud del cual se haya pronunciado la sentencia, siempre que se hubiese declarado dicha falsedad en juicio penal;

4.      La retención, en poder de la parte contraria, de instrumento decisivo en favor de la acción o excepción del accionante; o acto de la parte contraria que haya impedido la presentación oportuna de tal instrumento decisivo.

5.      La colisión de la sentencia con otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que por no haberse tenido conocimiento de la primera, no se hubiere alegado en el juicio la cosa juzgada.

6.      La decisión de la causa en última instancia por el juez o jueza que no tenía tal nombramiento; o por el de juez o jueza que ya estaba en conocimiento de que había sido destituido o suspendido.

 

Caducidad

Artículo 299. En cualquiera de los supuestos del artículo anterior, el plazo para intentar la invalidación será de tres meses desde que se haya tenido conocimiento de los hechos;  o desde que se verifique en los bienes del accionante cualquier acto de ejecución de la sentencia dictada en el juicio cuyo fallo se trate de invalidar; o que se declare la falsedad del instrumento; o se haya tenido prueba de la retención; o de la sentencia que cause la cosa juzgada.

 

Procedimiento

Artículo 300. La invalidación se interpondrá por escrito que contenga los requisitos del libelo de la demanda previstos en este Código, para ser distribuida entre los tribunales de primera instancia de la misma circunscripción o circuito judicial, excluyendo al tribunal que dictó la sentencia que se quiera invalidar. El juicio se sustanciará por los trámites del procedimiento ordinario.

 

Admitida la demanda, el juez o jueza solicitará la remisión del expediente al tribunal donde se encuentre, quien lo enviará inmediatamente, conservando copia certificada de las actuaciones y decisiones necesarias para la eventual ejecución.

 

Caución

Artículo 301. La demanda de invalidación no impide la ejecución de la sentencia, salvo que el recurrente diera caución de las previstas en este Código, para responder del monto de la ejecución, del perjuicio por el retardo y de las costas de la invalidación, en caso de no invalidarse el juicio.

 

Alcances de la sentencia

de invalidación

Artículo 302. La invalidación puede ser total o parcial y referirse a la sentencia o al proceso en su totalidad. La invalidación de una parte de la sentencia no quita a esta su fuerza respecto a las otras partes que contenga. El tribunal declarará expresamente lo comprendido en la invalidación, para lo cual deberá tomar en cuenta su causa.

 

Efecto de la invalidación

Artículo 303. Declarada la invalidación, el juicio se repondrá al estado de interponer nuevamente la demanda, en los casos de los numerales 1 y 2 del artículo referido a las causales de invalidación previstas en este Capítulo; y al estado de sentencia en los demás casos, salvo que sea necesario reponer la causa al estado de que se realicen de nuevo los actos del proceso afectados por la nulidad.

 

La sentencia se comunicará al tribunal que conoció en la primera instancia del juicio, si prosperare la invalidación; y en caso contrario, se remitirá el expediente completo.

 

Casación

Artículo 304. La sentencia sobre la invalidación es recurrible en casación, si hubiere lugar a ello.

 

LIBRO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 

TÍTULO I

DE LA INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA

 

Capítulo I

De la Demanda

 

Procedimiento a seguir

Artículo 305. Las controversias que se susciten entre partes en reclamación de algún derecho o interés, se ventilarán por el procedimiento ordinario. Se aplicarán otros procedimientos o reglas especiales a los asuntos expresamente señalados por este Código u otras leyes.

 

 

Inicio del procedimiento ordinario

Artículo 306. El procedimiento ordinario comenzará por demanda, que se propondrá por escrito en cualquier día y hora hábil.

 

El procedimiento ordinario se desarrolla en dos audiencias: la audiencia preliminar y la audiencia de juicio.

 

La audiencia preliminar se desarrolla en dos fases: la fase de mediación y la fase de sustanciación.

 

Requisitos del libelo de la demanda

Artículo 307. El libelo de la demanda deberá contener los siguientes requisitos:

 

1.     La indicación del tribunal al cual va dirigida.

2.     Identificación de las partes con indicación de nombre, apellido; número del documento de identificación; estado civil, domicilio, residencia o habitación tanto de la parte demandante como de la demandada, y aquel en que serán emplazados o notificados de ser distinto; y de ser posible número telefónico, fax, correo electrónico y cualquier otro medio afín.

3.     Si se trata del representante legal, los datos y la presentación de los documentos que acrediten esa representación.

4.     Si se trata de una persona jurídica, los datos concernientes a su denominación o razón social, creación o registro, domicilio, los relativos al nombre y apellido del o de los representantes legales, estatutarios o judiciales; así como el número telefónico, fax o correo electrónico; y la presentación de los documentos auténticos, gacetas, libros o registros que acrediten la representación que ejerce.

5.     Identificación del representante judicial o mandatario y consignación del poder que lo acredita.

6.     El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si se trata de un inmueble; las marcas, colores o distintivos, si es un semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si se trata de un bien  mueble, y los datos, títulos y explicaciones necesarios si son derechos u objetos incorporales.

7.     Relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones. Si se demanda la indemnización de daños y perjuicios, se especificarán éstos y sus causas.

8.     De ser demandadas varias pretensiones en forma acumulada, se indicará cuál es la principal y cuáles son las subsidiarias.

9.     La consignación de los instrumentos fundamentales de los que se deriva el derecho reclamado, así como cualquier otro documento o  prueba documental; y la promoción de los otros medios de prueba que quiera hacer valer en demostración de su pretensión. El documento público que no sea acompañado deberá ser identificado con sus datos de autenticación o protocolización. En caso de promoción de testigos, deberán ser enunciados, identificados con sus nombres, apellidos, número de documento de identificación y la dirección donde habrán de ser citados, si fuere el caso.

10. El valor estimado de la demanda en bolívares e indicación de su equivalente en unidades tributarias, si fuere estimable en dinero.

11. La solicitud de indexación judicial, si fuere el caso.

 

Promoción simultánea de las

pruebas por la parte demandante

Artículo 308. La oportunidad de promoción de las pruebas relacionadas con los hechos invocados por la parte demandante, precluye con la demanda. En todo caso, si el demandado o la demandada se excepciona mediante la alegación de hechos nuevos en la contestación de la demanda; el o la demandante podrá rechazarlos en la audiencia preliminar, y promoverá en la misma los medios de prueba que estime necesarios.

 

La parte demandante acompañará todas las pruebas documentales de las que disponga, así como la lista de los testigos que rendirán declaración en el debate, con expresión de sus nombres, apellidos y número de documento de identificación, y si fuere el caso de la dirección donde deban ser citados para rendir declaración en la audiencia de juicio. Igualmente, debe expresar los hechos que pretende probar con los medios de prueba promovidos.

 

Si no acompaña las pruebas documentales, y la lista de los testigos, no se le admitirán después, a menos que se trate de documentos públicos y haya indicado en el escrito de contestación la oficina donde se encuentran; o que se trate de pruebas relacionadas con hechos surgidos en forma sobrevenida a la determinación de la controversia o de pruebas de las que no hubiere tenido conocimiento con anterioridad.

 

Admisión de la demanda y

despacho saneador

Artículo 309. Presentada la demanda, el tribunal la  admitirá dentro de los cinco días de despacho siguientes a su recibo, si no fuera contraria al orden público, las buenas costumbres, alguna disposición expresa de la ley o que resulte manifiestamente improponible, esto es, por no estar tutelada la pretensión en el ordenamiento jurídico o cuando se utilice una vía no idónea para satisfacerla.  En caso de su inadmisión, deberá expresar los motivos del rechazo y contra dicho auto se oirá apelación en ambos efectos. En todo caso el plazo se dejará correr íntegramente.

 

Cuando la demanda no reúna los requisitos exigidos para el libelo de la demanda previsto en este Capítulo o se detecte la existencia de alguna de las cuestiones preliminares y con la finalidad de subsanar los obstáculos procesales que impidan sentenciar sobre el fondo del asunto, el tribunal en vez de decidir sobre la admisión podrá ejercer el despacho saneador dentro de los cinco días de despacho siguientes a la presentación de la demanda y ordenará corregir el defecto de forma de la demanda o la subsanación de la cuestión preliminar de que se trate, que debe ser hecha dentro de los cinco días de despacho siguientes, y de no hacerlo, el proceso se extingue. En caso afirmativo, el tribunal decidirá sobre la admisión de la demanda dentro de los tres días siguientes al vencimiento del lapso anterior.

 

Capítulo II

Del Emplazamiento

 

Orden de emplazamiento

Artículo 310. Admitida la demanda, el tribunal ordenará expedir por secretaría tantas compulsas del libelo y del auto de admisión, como demandados sean, con su respectiva boleta en la que se expresará el lapso para la contestación de la demanda.

 

Lapso de emplazamiento

Artículo 311. La parte demandada será emplazada para que comparezca a dar contestación a la demanda dentro de los quince días de despacho siguientes a que conste en autos su citación o la del último de ellos si fueren varios.

 

Si debiere fijarse término de distancia a varios de los demandados, el tribunal fijará para todos un término común, tomando en cuenta la distancia más larga.

 

El lapso del emplazamiento se dejará correr íntegramente cuando el demandado o alguno de ellos, si fueren varios, contesten antes del último día del lapso.

 

Citación

Artículo 312. La compulsa del libelo de la demanda y del auto de admisión, con la respectiva boleta se entregarán al o la alguacil del tribunal a objeto de que practique la citación.

 

Capítulo III

De la Contestación de la Demanda y Reconvención

 

Forma de contestación de la demanda

Artículo 313. La contestación de la demanda deberá presentarse por escrito, el cual se agregará al expediente indicándose la fecha y hora de su presentación. Si fueren varios los demandados, podrán proceder a la contestación, juntos o por separado.

 

Contenido del escrito de contestación

Artículo 314. En el escrito contentivo de la contestación de la demanda deberá el demandado o demandada cumplir con los requisitos del libelo de la demanda expresados en este Código que le sean aplicables; expresar los alegatos sobre las cuestiones preliminares, así como cualquier defensa o excepción de fondo que quiera hacer valer para enervar la pretensión del accionante, y promover las pruebas con las que pretenda demostrar sus afirmaciones.

 

Cuestiones preliminares

Artículo 315. Las cuestiones preliminares que podrá oponer la parte demandada en la misma oportunidad en que conteste la demanda, son las siguientes:

 

1.     La falta de jurisdicción y la incompetencia del tribunal.

2.     La litispendencia, o que el asunto deba acumularse a otro proceso por razones de accesoriedad, de conexión o de continencia.

3.     La ilegitimidad de la parte demandante por carecer de la capacidad necesaria para comparecer en juicio.

4.     La ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o apoderada o representante del accionante, por no tener capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio, o por no tener la representación que se atribuya, o porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente.

5.     La falta de caución o fianza necesaria para proceder al juicio.

6.     La existencia de una condición o plazo pendiente.

7.     La existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en un proceso distinto.

8.     La cosa juzgada.

9.     La caducidad del derecho de accionar establecida en la ley.

10. La prohibición de la ley de admitir la acción propuesta o cuando solo permite admitirla por determinadas causales que no sean de las alegadas en la demanda.

 

Subsanación voluntaria

Artículo 316. Las cuestiones preliminares contenidas en los numerales 3, 4 y 5 del artículo anterior podrán ser subsanadas por el o la demandante dentro del lapso que medie desde su interposición hasta la audiencia preliminar, en cuya oportunidad el tribunal se pronunciará sobre la subsanación efectuada. Si la actuación voluntaria de la parte no es suficiente para declarar subsanada la cuestión preliminar opuesta, ello no implica que el tribunal ordene corregir la omisión detectada, de la forma prevista en este Código para la tramitación y resolución de las cuestiones preliminares.

 

Contestación a la demanda

Artículo 317. En la contestación de la demanda el demandado o la demandada deberá expresar con claridad si la contradice en todo o en parte, o si conviene en ella absolutamente o con alguna limitación y las razones, defensas y excepciones perentorias que considere conveniente alegar.

 

Junto con las defensas invocadas por el demandado o la demandada en la contestación podrá este hacer valer la falta de cualidad o la falta de interés en el accionante o en el demandado para intentar o sostener el juicio. Si la parte  demandada quisiere proponer la reconvención o mutua petición o llamar a un tercero a la causa, deberá hacerlo en la misma oportunidad de la contestación.

 

 

Pruebas en la contestación

Artículo 318. Al  contestar la demanda la parte demandada promoverá todos los medios de prueba que quiera hacer valer, y acompañará todas las pruebas documentales de las que disponga, así como la lista de los testigos que rendirán declaración en el debate, con expresión de sus nombres, apellidos y número de documento de identificación, y si fuere el caso de la dirección donde deban ser citados para rendir declaración en la audiencia de juicio. Igualmente, debe expresar los hechos que pretende probar con los medios de prueba promovidos.

 

Si el demandado o demandada no acompañare su contestación con la prueba documental, y la lista de los testigos, no se le admitirán después, a menos que se trate de documentos públicos y haya indicado en el escrito de contestación la oficina donde se encuentran; o que se trate de pruebas relacionadas con hechos surgidos en forma sobrevenida a la determinación de la controversia, o de pruebas de las que no hubiere tenido conocimiento con anterioridad.

 

Requisitos de la reconvención

Artículo 319. Podrá la parte demandada en la contestación de la demanda intentar la reconvención o mutua petición contra el o la demandante, en cuyo caso la demanda reconvencional deberá cumplir con los requisitos de la demanda establecidos en el de este Código, siempre que existiere conexión entre sus pretensiones y la demanda principal. El reconviniente deberá proponer en su escrito todos los medios de prueba de que quiera hacerse valer.

 

Admisión de la reconvención

Artículo 320. Dentro de los tres días de despacho siguientes al vencimiento del plazo de emplazamiento, el tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad de la reconvención, tomando en consideración lo previsto en este Código en el artículo referido a la admisión de la demanda, y en todo caso la declarará inadmisible si esta versa sobre cuestiones cuyo trámite sea incompatible con la demanda principal, o cuya competencia esté atribuida a otro tribunal, o contra quienes no son parte en el juicio.

 

De ser admisible la reconvención, el tribunal podrá ejercer el despacho saneador y ordenará la corrección del defecto de forma de la reconvención, por no haberse cumplido en el libelo con los requisitos indicados en este Código, cuya corrección debe ser hecha dentro de los cinco días de despacho siguientes, bajo apercibimiento de tenerse como no presentada la reconvención. En todo caso, el lapso debe dejarse transcurrir íntegramente.

 

De ser declarada inadmisible la reconvención, el tribunal deberá expresar los motivos del rechazo y contra dicho auto se oirá apelación en un solo efecto, que deberá ser ejercida dentro de los cinco días de despacho siguientes.

 

Contestación a la reconvención

Artículo 321. Vencido el lapso para la admisión y para ejercer el despacho saneador, el o la demandante contestará la reconvención dentro de los quince días de despacho siguientes, en forma escrita, debiendo cumplir con los requisitos de la contestación establecidos en este Código.

 

Improcedencia de las cuestiones preliminares

en la reconvención

Artículo 322. No se admitirá en la contestación de la reconvención la promoción de las cuestiones preliminares contenidas en este Código.

 

Oportunidad de sentenciar la reconvención

Artículo 323. Contestada o no la reconvención, vencido el lapso para efectuarla, la causa continuará al día siguiente en un solo procedimiento la demanda y la reconvención hasta la sentencia definitiva, la cual deberá comprender ambas cuestiones.

 

Inasistencia en el lapso de comparecencia

Artículo 324. Si la parte demandada no contesta la demanda en la oportunidad señalada, se le tendrá por confeso, en cuanto no sea contraria a derecho la petición de la parte demandante. En este caso, el tribunal de mediación y sustanciación remitirá de inmediato el expediente al tribunal de juicio, quien procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los tres días de despacho siguientes al recibo del expediente, ateniéndose a la confesión del demandado o la demandada.

 

Capítulo IV

De la Intervención de Terceros, Voluntaria y Forzosa

 

Casos de intervención de terceros

Artículo 325. Los terceros podrán intervenir, o ser llamados a la causa pendiente entre otras personas, en los casos siguientes:

 

1.     Cuando el tercero pretenda tener un derecho preferente al del o la demandante, o concurrir con este en el derecho alegado, fundándose en el mismo título; o que son suyos los bienes demandados o embargados, o sometidos a secuestro o a una prohibición de enajenar y gravar, o que tiene derecho a ellos.

2.     Cuando practicado el embargo, preventiva o ejecutivamente, o cualquier otra medida cautelar sobre bienes que sean propiedad de un tercero, este se opusiere al mismo de acuerdo a lo previsto en el artículo 498 de este Código.

3.     Si el tercero solo es un poseedor precario, a nombre del ejecutado, o si solo tiene un derecho exigible sobre el bien objeto de la medida, podrá también hacer la oposición, a los fines previstos en el artículo 500 de este Código.

4.     Cuando el tercero tenga un interés jurídico actual en sostener las razones de alguna de las partes y pretenda ayudarla a vencer en el proceso.

5.     Cuando alguna de las partes pida la intervención del tercero por ser común a este la causa pendiente.

6.     Cuando alguna de las partes pretenda un derecho de saneamiento o de garantía respecto del tercero y pida su intervención en la causa.

7.     Cuando el tercero apele de la sentencia definitiva, en los casos permitidos en el artículo 277 de este Código.

 

Forma de la intervención

voluntaria de terceros

Artículo 326. La intervención de terceros a que se refiere el numeral 1 del artículo anterior, se ejercitará mediante demanda dirigida contra las partes que se propondrá ante el tribunal de la causa en primera instancia. Se procederá a citar a las partes mediante boleta, adjuntando copia certificada legible de la demanda con su auto de admisión, a fin de que comparezcan ante el tribunal a dar contestación y la controversia se sustanciará y sentenciará conforme a los trámites previstos para el juicio en el que se deduce la tercería, debiéndose instruir y sustanciar en cuaderno separado al expediente del juicio principal.

 

Oportunidad para interponerla

Artículo 327. Las tercerías previstas en el numeral 1 del artículo 325 de este Código podrán hacerse valer en cualquier estado y grado de la causa, incluso en fase de ejecución. En todo caso, si son de dominio, siempre que no se haya dado posesión de los bienes al accionante por vía de adjudicación en remate, o si son de mejor derecho o preferencia, siempre que no se haya hecho el pago al demandante.

 

Continuación del juicio principal

Artículo 328. La interposición de una tercería de dominio no suspenderá el curso de la demanda principal sino hasta llegarse al estado de remate del bien respectivo.

 

Si se trata de una tercería de mejor derecho, se seguirá el curso del juicio principal en el que se interponga hasta el embargo de los bienes, suspendiéndose el pago que se hará al acreedor que tenga mejor derecho, hasta que se decida la tercería.

 

Mejora en la ejecución

Artículo 329. Sin perjuicio de lo anterior, el o la demandante podrá pedir, ante la interposición de una tercería excluyente, que se traslade a otros bienes del deudor.

 

Ejecución de bienes no comprendidos

en la tercería

Artículo 330. Si la demanda de tercería está dirigida solo a alguno de los bienes objeto de ejecución, la ejecución respecto a los restantes bienes continuará su curso hasta hacerlos rematar y obtener el pago de lo debido al ejecutante.

 

Convenimiento en la tercería

Artículo 331. Si la parte demandante y demandada del juicio principal convienen como accionados a la demanda de tercería excluyente de dominio, el tribunal que esté conociendo de la causa dejará sin efecto los embargos; y dictará sentencia si fuere una tercería de mejor derecho.

 

Oposición a la ejecución

de una sentencia por tercería

Artículo 332. Si la tercería de dominio o de mejor derecho fue propuesta antes de haberse ejecutado la sentencia, el tercero podrá oponerse a que la sentencia sea ejecutada cuando la tercería aparezca fundada en instrumento público fehaciente. En caso contrario, el tercero debe dar caución suficiente, a juicio del tribunal y el ejecutante, para suspender la ejecución de la sentencia definitiva.

 

En todo caso de suspensión de la ejecución, el tercero será responsable del perjuicio ocasionado por el retardo, si la tercería resultare desechada.

 

Oposición al embargo de los bienes del tercero

Artículo 333. La intervención de terceros referida a la oposición al embargo  prevista en el numeral 2 del artículo 325 de este Código, se realizará por vía de oposición mediante diligencia o escrito ante el tribunal que haya decretado la medida, aun antes de practicada, o bien después de ejecutada la misma.

 

Procedimiento aplicable

Artículo 334. Formulada la oposición al embargo a que se refiere el artículo anterior, el tribunal procederá como se indica en los artículos 498 y 499 de este Código relativo a la oposición de medidas por tercero.

 

Intervención adhesiva

Artículo 335. La intervención del tercero a que se refiere el numeral 3 del artículo 325 de este Código, se realizará mediante diligencia o escrito, en cualquier estado y grado de la causa, aun cuando se haya interpuesto algún recurso, siempre no se haya pronunciado sentencia definitivamente firme. Junto con la diligencia o el escrito, el tercero debe acompañar prueba fehaciente que demuestre el interés que tenga en el asunto, sin lo cual no será admitida su intervención.

 

Condiciones y derechos del

 interviniente adhesivo

Artículo 336. El interviniente adhesivo tiene que aceptar la causa en el estado en que se encuentre al intervenir en la misma, y está autorizado para hacer valer todos los medios de ataque o defensa admisibles, siempre que no esté en oposición con la parte principal.

 

Transformación del interviniente

adhesivo a litisconsorte

Artículo 337. Cuando la sentencia del proceso principal haya quedado firme y  produzca efectos en la relación jurídica del interviniente adhesivo con la parte contraria, este interviniente será considerado litisconsorte facultativo de la parte principal, conforme a lo dispuesto este Código.

 

 

Oportunidad procesal de la

intervención forzosa

Artículo 338. La llamada a la causa de los terceros a que se refieren los numerales 4 y 5 del artículo 325 de este Código, se hará en la contestación de la demanda y se ordenará su citación en las formas ordinarias, para que comparezcan en el término de siete días de despacho a dar contestación a la cita.

 

La llamada de los terceros a la causa no será admitida por el tribunal si no se acompaña como fundamento de ella la prueba documental.

 

Solo será apelable en un solo efecto el auto que rechace la intervención, no el que la admita.

 

Contestación a la cita

Artículo 339. El tercero que comparece, debe presentar por escrito su contestación a la cita y proponer en ella las defensas que le favorezcan, tanto respecto de la demanda principal como respecto de la cita, pero en ningún caso se le admitirá la promoción de cuestiones preliminares. Asimismo, deberá producir las documentales o promover cualquier otra prueba que quiera hacer valer. La falta de comparecencia del tercero para contestar y promover pruebas producirá el efecto previsto en el artículo 318 de este Código.

 

Suspensión de la causa

Artículo 340. Solicitada la llamada del tercero conforme a lo previsto en el artículo 338 de este Código, el tribunal se pronunciará sobre su admisión luego del vencimiento del lapso de contestación en la causa principal. Si fuese desestimada la intervención rogada, la causa continuará. En caso de ser admitida, se ordenará la citación del tercero y se suspenderá el curso de la causa por un lapso máximo de treinta días continuos. Si no se logra citar del tercero causa continuará su curso en el estado que se encuentre.

 

Luego de la constancia en autos de la citación del tercero, todas las cuestiones relacionadas con dicha intervención serán tramitadas y resueltas en forma conjunta con las del juicio principal.

 

Derecho a pedir la intervención de causantes

Artículo 341. En los casos de saneamiento, la parte puede pedir, a su elección, la intervención de su causante inmediato, o la del causante mediato, o la de ambos simultáneamente.

 

Citación de otros terceros

Artículo 342. Si el citado que comparece pidiere que se cite a otro tercero, se practicará la citación, y así cuántas ocurran.

 

Elección y acumulación de acciones

Artículo 343. Lo dispuesto en los artículos anteriores no impedirá que el interesado pueda proponer, si lo prefiere, su demanda principal de saneamiento o garantía contra la persona que deba sanear o garantizar; pero en este caso, la decisión sobre esta demanda, corresponderá al tribunal donde está pendiente la causa principal, a la cual se acumulará aquella para que una sola sentencia comprenda ambas pretensiones.

 

La acumulación de que trata este artículo solo podrá realizarse en primera instancia, siempre que, tanto la demanda de saneamiento o de garantía como la principal, antes de la audiencia oral.

 

Llamamiento a terceros en

caso de fraude o colusión

Artículo 344. En caso de que el tribunal, durante la tramitación del proceso, presuma la existencia de fraude o colusión por las partes, llamará de oficio a los terceros que pudieran verse perjudicados a los efectos de que hagan valer sus  derechos. De estimarlo conveniente, el tribunal suspenderá el proceso por un lapso no mayor de treinta días continuos, dentro del cual deberá ser citado el tercero. En caso de no lograrse la citación del tercero, el tribunal decidirá su prudente arbitrio y en resguardo del orden público o las buenas costumbres, siempre garantizando el derecho a la defensa.

 

 

Capítulo V

De las Audiencias

 

Sección primera: disposiciones generales

 

Garantía de oralidad

Artículo 345. En el juicio ordinario, la forma escrita de los actos solo será admitida en los casos expresamente contemplados en las disposiciones de este Código y cuando deban practicarse pruebas antes de la audiencia de juicio que requieran el levantamiento de un acta. El tribunal procurará asegurar la oralidad, brevedad, concentración e inmediación en el juicio ordinario. En todo caso, las disposiciones y formas de este procedimiento no pueden renunciarse ni relajarse por convenio de las partes ni por disposición del juez o jueza.

 

Audiencia preliminar y audiencia de juicio

Artículo 346. La causa se tratará en primera instancia en dos audiencias: la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Las pruebas se practicarán en la audiencia de juicio, salvo que por su naturaleza deban practicarse fuera de esta audiencia. En este caso, la parte promovente de la prueba, tratará oralmente de ella en la audiencia de juicio, pero la contraparte podrá hacer al tribunal todas las observaciones que considere pertinentes sobre el resultado o mérito de la prueba.

 

Si la prueba practicada fuera de la audiencia de juicio sea la de experticia o inspección judicial, se oirá en esta la exposición y conclusiones orales de los expertos y peritos, así como las observaciones que formulen las partes, sin lo cual la prueba carecerá de eficacia y será desestimada por el tribunal.

En todo caso, el juez o jueza puede hacer los interrogatorios que considere necesarios a las partes, a los testigos y a los peritos o expertos en la audiencia de juicio.

 

Grabación de la audiencia

Artículo 347. Las audiencias serán grabadas en audio o en forma audiovisual, excepto los actos que se realicen en la fase de mediación de la audiencia preliminar, debiendo el juez o jueza remitir con el expediente, y en sobre sellado, el medio electrónico de almacenamiento o reproducción al tribunal correspondiente.

 

Las partes podrán solicitar copia con garantía de autenticidad, de lo grabado o reproducido por los medios o instrumentos mencionados, y el tribunal estará obligado a otorgarla, a expensas del solicitante.

 

En casos excepcionales y ante la imposibilidad manifiesta de la reproducción audiovisual de la audiencia, esta podrá realizarse sin estos medios, dejando el tribunal constancia de ello en el acta que levantará al finalizar esta, especificando lo más detalladamente posible el desarrollo del debate.

 

Acta

Artículo 348. Al concluir la audiencia se levantará el acta en la que se recogerá los argumentos de los intervinientes, así como lo decidido por el tribunal en cada caso. Se agregarán los escritos presentados y los resultados de las pruebas que se hayan materializado durante el acto. No se levantará un acta por cada medio probatorio evacuado, sino que ello se incorporará todo en una misma acta.

 

Sección segunda: de la audiencia preliminar

 

Audiencia preliminar

Artículo 349. Vencido el lapso para la contestación, el tribunal fijará dentro de los tres días de despacho siguientes, el día y hora en que se realizará la audiencia preliminar que deberá llevarse a cabo dentro de los cinco días de despacho siguientes. En la oportunidad previamente fijada, el o la alguacil deberá anunciar el acto.

 

Inasistencia de las partes a la

audiencia preliminar

Artículo 350. Las partes deberán comparecer a la audiencia preliminar en forma personal o por medio de apoderado o apoderada con capacidad para realizar actos de autocomposición.

 

La inasistencia no justificada del accionante a la audiencia preliminar se tendrá como desistimiento de su pretensión.

 

Si la inasistencia es de la parte demandada o su apoderado o apoderada judicial, el tribunal tendrá por ciertos los hechos afirmados, en todo lo que no se haya probado lo contrario, y pronunciará sentencia de inmediato salvo que se trate de materias no disponibles en que esté involucrado el orden público, en cuyo caso deberá dársele continuidad a la causa.

 

Si no compareciere a la audiencia ninguna de las partes, se levantará acta haciéndolo constar y el tribunal, sin más trámite, dictará sentencia dando por finalizado el proceso ordenando el archivo de las actuaciones.

 

Si por razones de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente probados, una de las partes no pudiere comparecer, la audiencia podrá fijarse nuevamente, por una sola vez, previa solicitud de la parte interesada.

 

Desarrollo de la audiencia preliminar

Artículo 351. La audiencia preliminar consta de la fase de mediación y la fase de sustanciación.

 

La fase de mediación de la audiencia preliminar es privada, con la asistencia obligatoria de las partes o sus apoderados y apoderadas. Esta no puede exceder de quince días de despacho, salvo acuerdo  expreso  de  las  partes por el mismo lapso. 

 

No produce efectos para las partes en el juicio, la conducta o señalamientos realizados durante la fase de mediación.

 

Al inicio de la audiencia preliminar, el juez o jueza de Mediación, Sustanciación y Ejecución debe explicar a las partes en qué consiste la mediación, su finalidad y conveniencia, siempre que se trate de materias en que no estén prohibidas las transacciones. La fase de mediación puede desarrollarse en sesiones previamente fijadas de común acuerdo entre las partes o, cuando ello fuere imposible, por el juez o jueza.

 

El juez o jueza tiene la mayor autonomía en la dirección y desarrollo de la  mediación, debiendo actuar con imparcialidad y confidencialidad. En tal sentido, podrá entrevistarse de forma conjunta o separada con las partes o sus apoderados y apoderadas, con o sin la presencia de sus abogados o abogadas.

 

La mediación puede concluir con un acuerdo total o parcial que homologará el juez o jueza de mediación y sustanciación, el cual se debe reducir en un acta y tendrá efecto de sentencia firme ejecutoriada. En caso de acuerdo total se pone fin al proceso. En caso de acuerdo parcial, se debe dejar constancia de tal hecho en un acta, especificando los asuntos en los cuales no hubo acuerdo y continuar el proceso en relación con los controvertidos.

 

La mediación también puede concluir por haber transcurrido el tiempo máximo para ella o antes, si a criterio del juez o jueza resulta imposible. De estos hechos se debe dejar constancia en auto expreso y continuará el proceso.

Concluida la fase de mediación, sin que las partes llegaren a un acuerdo se continuará con la audiencia en su fase de sustanciación, el tribunal procederá a examinar las cuestiones preliminares, de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente.

Subsanadas las cuestiones preliminares, las partes expondrán los argumentos de su demanda y contestación, reconvención y contestación a la misma, respectivamente, y podrán hacer alegaciones complementarias sin alterar sustancialmente sus pretensiones ni los fundamentos de éstas, debiendo aclarar los términos de la pretensión si resultaren imprecisos, a juicio del tribunal.

 

Tramitación y resolución de las

cuestiones preliminares

Artículo 352. Las cuestiones preliminares serán decididas en la audiencia y producirán los efectos siguientes:

 

1.     La decisión sobre la falta de jurisdicción producirá los mismos efectos establecidos en el artículo 56 de este Código y la que decida la incompetencia del tribunal, tendrá los efectos indicados en el artículo 63 de este Código.

2.     Declarada con lugar la litispendencia y la acumulación por razón de accesoriedad, conexión o continencia producirá los efectos establecidos en la sección referida a los elementos de modificación de competencia previstos en este Código.

3.     Declarada con lugar la ilegitimidad del o la demandante por carecer de la capacidad necesaria para comparecer en juicio, el tribunal suspenderá la audiencia por un lapso de cinco días de despacho y ordenará la comparecencia de la parte demandante incapaz legalmente asistido o representado en este lapso, y al día de despacho siguiente será reanudada la audiencia. La falta de capacidad se declarará subsanada si a la audiencia comparece el o la demandante incapaz legalmente asistido o representado, en cuyo caso no habrá lugar a la suspensión de la audiencia.

4.     Declarada con lugar la ilegitimidad del compareciente como apoderado o representante de la parte demandante, el tribunal suspenderá la audiencia por un lapso de cinco días de despacho y ordenará la comparecencia del representante legítimo o del apoderado debidamente constituido en este lapso, y al día de despacho siguiente será reanudada la audiencia. El defecto de representación se declarará subsanado si comparece a la audiencia, o antes de su celebración, el representante legítimo o el apoderado debidamente constituido, o si el propio demandante ratifica en autos las actuaciones efectuadas con el poder defectuoso y confiera nuevo poder sin los defectos denunciados.

5.     Declarada con lugar la falta de fianza o caución, el tribunal suspenderá la audiencia por el lapso de diez días de despacho y ordenará que el o la demandante presente fianza o caución suficiente, constituidas conforme a lo establecido en el artículo 550 de este Código; y vencido dicho lapso, se reanudará la audiencia, al día de despacho siguiente.

En todo caso, quedará subsanada la omisión, si antes de la audiencia o en el acto de su celebración, el o la demandante presenta fianza o caución, que será examinada por el juez o jueza para determinar si es suficiente y declarar si es procedente la suspensión de la causa en los términos indicados en este numeral.

6.     Declarada con lugar la existencia de una condición o un plazo pendiente, se declarará extinguido el procedimiento. Esta decisión tendrá apelación en ambos efectos.

7.     Declarada la existencia de la cuestión prejudicial, se declarará extinguido el procedimiento. Esta decisión tendrá apelación en ambos efectos.

8.     Declaradas con lugar cualquiera de las cuestiones preliminares establecidas en los numerales 8, 9 y 10 del artículo 315 de este Código, el tribunal declarará extinguido el proceso. Esta decisión tendrá apelación libremente. En cambio, si fuesen declaradas sin lugar, tendrá apelación diferida con la de la sentencia definitiva.

 

La decisión sobre los numerales 3, 4 y 5 de este artículo no tiene recurso alguno. Si en la oportunidad fijada para la reanudación de la audiencia, el tribunal declara que no fueron subsanados debidamente los defectos u omisiones ordenados, el proceso se extingue y la parte demandante no podrá proponer nuevamente la demanda sino pasados noventa días. De esta decisión será oída apelación en ambos efectos.

 

Determinación de la controversia

Artículo 353. En la audiencia cada parte expresará si conviene en alguno o algunos de los hechos que trata de probar la contraparte, determinándolos con claridad; aquellos que consideren admitidos o probados con las pruebas aportadas con la demanda y la contestación; y cualesquiera otras observaciones que contribuyan a la fijación de la controversia.

 

El juez o jueza fijará los hechos y los límites de la controversia y determinará cuáles serán objeto de prueba.

 

En el mismo acto, las partes expondrán sus motivos para oponerse las pruebas que ofrezca su contraparte por ser manifiestamente impertinentes, inconducentes, ilegales o ilícitas.

 

Una vez concluida la audiencia preliminar se remitirá el expediente dentro de los tres días siguientes al juez o jueza de juicio, junto con el acta de la audiencia y la grabación correspondiente.

 

Si no es posible concluir la audiencia preliminar dentro de las horas de despacho fijadas, el juez o jueza podrá prolongarla en las horas inhábiles siguientes.

 

Excepcionalmente, podrá continuar la celebración de la audiencia en día distinto  que no excederá de tres días de despacho, para agotar las fases de la audiencia preliminar. En este caso, se indicará en el acta la fecha y hora para la continuación del debate.

 

Apelación de las decisiones

en la audiencia preliminar

Artículo 354. Las decisiones que ponen fin al proceso pronunciadas en la audiencia preliminar serán apelables en ambos efectos, dentro de los cinco días de despacho siguientes. En caso contrario la apelación se acumulará con la de la sentencia definitiva.

 

Sección tercera: de la audiencia de juicio

 

Admisibilidad y evacuación

de los medios de prueba

Artículo 355. Recibido el expediente, el juez o jueza de juicio, dentro de los diez días de despacho siguientes, providenciará para admitir o negar los medios probatorios promovidos por las partes, previo el análisis de los motivos de oposición a las pruebas expuestos en su oportunidad.

 

La decisión que los admite no tiene recurso alguno, y la que los declara inadmisible tiene apelación diferida con la sentencia definitiva. En todo caso, de considerar el tribunal superior que la prueba debió ser admitida, en esa misma instancia la admitirá y la evacuará para luego estimarla o desestimarla en su sentencia definitiva.

 

Admitidas las pruebas se evacuarán en el lapso de treinta días de despacho  siguientes contados a partir del día siguiente de la fecha de su admisión. Las pruebas de posiciones juradas y de testigos serán evacuadas en la audiencia de juicio. Cualesquiera que sea el domicilio de los testigos, la parte promovente tendrá la carga de presentarlos para su declaración en la audiencia de juicio, sin necesidad de citación, salvo que medien razones fundadas que hagan necesaria la citación, lo cual deberá ser alegado por el promovente.

 

En el caso de las posiciones juradas, el absolvente de posiciones quedará citado en la audiencia preliminar. Excepcionalmente, si existiera causa justificada, las posiciones juradas y los testigos se evacuarán mediante comisión, o cuando fuere posible mediante videoconferencia o cualquier otro medio telemático certificado.

 

Concluido el lapso de evacuación de pruebas, el juez o jueza de juicio fijará dentro de los tres días de despacho siguientes, el día y hora en que se llevará a cabo la audiencia de juicio, para dentro de los diez días de despacho siguientes.

 

 

Anuncio

Artículo 356. Previo anuncio por parte del o la alguacil en el día y la hora fijados por el tribunal se realizará la audiencia de juicio. Una vez verificada la presencia de las partes, el juez o jueza declarará abierto el acto, advirtiendo a las partes y al público la importancia y finalidad del acto. En uso de sus facultades para mantener el orden dentro de la audiencia, informará a las partes las reglas del debate y sus consecuencias.

 

Desarrollo de la audiencia

Artículo 357. En el desarrollo de la audiencia de juicio, el juez o jueza no permitirá a las partes la presentación ni la lectura de escritos, salvo que se trate de aspectos difíciles de recordar como fechas, datos, términos técnicos o algún instrumento o prueba que conste en autos y a la cual deba referirse como fundamento de su exposición; en cuyo caso el exponente solicitará al juez o jueza la autorización para consultar brevemente el escrito que las contenga.

 

Seguidamente se evacuarán las pruebas, comenzando con las del o la demandante en la forma y oportunidad que determine el juez o jueza, concediéndole a la contraria un tiempo breve para que haga las observaciones que considere oportunas. El juez o jueza cuando considere suficientemente debatido el asunto podrá hacer cesar la intervención de la contraparte.

 

Al tratarse de testigo deberá presentarse con su documento de identificación y comparecer sin necesidad de notificación, a fin de que rinda declaración ante el juez o jueza, pudiendo la parte contraria hacer las repreguntas que considere necesarias.

 

Los peritos o expertos están obligados a comparecer para cualquier aclaratoria o ampliación que deba hacerse en relación con los dictámenes periciales o de los expertos que los mismos presenten, quienes previa lectura, se limitarán a las conclusiones de aquellos, pudiendo las partes y el juez o jueza interrogarlos. La aclaratoria de los peritos o expertos y su interrogatorio podrán realizarse mediante videoconferencia o cualquier otro medio telemático certificado.

 

La prueba documental se incorporará mediante su lectura total o parcial por el juez o jueza.

 

El juez o jueza podrá ordenar, a petición de parte o de oficio, la evacuación de cualquier otra prueba que considere necesaria para el mejor esclarecimiento de la verdad. En este caso ordenará la prolongación o el diferimiento de la audiencia. En ningún caso, podrá diferir la audiencia por un lapso mayor a diez días de despacho.

 

Una vez practicadas todas las pruebas las partes formularán sus conclusiones sobre los hechos controvertidos.

 

 

Prolongación de la audiencia

Artículo 358. Si no es posible concluir la audiencia de juicio dentro de las horas de despacho fijadas, el juez o jueza podrá prolongarla en las horas inhábiles siguientes.

 

Excepcionalmente, podrá continuar la celebración de la audiencia en día distinto  que no excederá de tres días de despacho, para agotar el debate. En este caso, se indicará en el acta la fecha y hora para la continuación del debate.

 

Inasistencia de las partes

Artículo 359. La audiencia se celebrará con la presencia de las partes o de sus apoderados. Si ninguna de las partes compareciere a la audiencia, el proceso se extingue, con los efectos establecidos en este Código. Si solamente concurre una de las partes, se oirá su exposición oral y se practicarán las pruebas que le hayan sido admitidas, pero no se practicarán las pruebas de la parte ausente.

 

Inasistencia de peritos o expertos

Artículo 360. Es obligación de los expertos o peritos comparecer personal o mediante videoconferencia, o cualquier otro medio telemático, a la audiencia de juicio, previa notificación del tribunal, si fuere necesario. El incumplimiento de su encargo, sin causa que lo justifique o por negligencia en su labor será motivo de retiro de la lista y se le impondrá multa de diez a veinte unidades tributarias (10 a 20 U.T.).

 

Dictado del dispositivo

Artículo 361. Finalizado el debate las partes permanecerán en la sala de audiencia y el juez o jueza se retirará por un tiempo que no excederá de sesenta minutos, vencidos éstos anunciará el dispositivo precedido de una síntesis precisa y lacónica de los motivos de hecho y de derecho que quedarán asentados en el acta respectiva.

 

El juez o jueza podrá diferir, por una sola vez, el anuncio del dispositivo cuando la complejidad del asunto así lo amerite; por causas ajenas a su voluntad o fuerza mayor, por un lapso que no excederá de cinco días de despacho.

 

En todo caso, el juez o jueza deberá en el acta de diferimiento fijar el día y la hora para el anuncio del dispositivo de la sentencia. Las partes se considerarán notificadas de la nueva oportunidad del acto.

 

Una vez pronunciado el fallo oral el juez o jueza deberá publicarlo de manera íntegra dentro de los cinco días de despacho siguientes. La sentencia deberá reunir los requisitos establecidos en este Código.

 

El juez o jueza que no decida en el término señalado para ello, incurrirá en las sanciones disciplinarias a que haya lugar.

 

 

Auto para mejor proveer

Artículo 362. También podrá el tribunal de la causa diferir la audiencia de juicio por un lapso que no excederá de ocho días de despacho improrrogables, y dictará auto para mejor proveer, en el cual acordará:

 

1.     La presentación de algún instrumento de cuya existencia haya algún dato en el proceso, y que se juzgue necesario;

2.     Que se practique inspección judicial en alguna localidad, y se forme un croquis sobre los puntos que se determinen, o bien, que se tenga a la vista un proceso que exista en algún archivo público, y se ponga certificación de algunas actas, siempre que en el pleito de que se trate haya alguna circunstancia de tal proceso y tengan relación el uno con el otro;

3.     Que se practique alguna experticia sobre los puntos que fije el tribunal, o se amplíe o aclare la que existiere en autos.

 

Contra este auto no se oirá recurso alguno; cumplido que sea, las partes podrán hacer al tribunal, antes del fallo, las observaciones que crean pertinentes respecto de las actuaciones practicadas.

 

Vencido el lapso indicado en este artículo, el juez o jueza reanudará la audiencia de juicio solo para dictar el dispositivo del fallo.

 

Los gastos que ocasionen estas actuaciones serán a cargo de las partes de por mitad, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas.

 

Apelación y experticia

complementaria del fallo

Artículo 363. El término para la publicación íntegra de la sentencia se dejará transcurrir totalmente a los efectos de la apelación.

 

En la sentencia el juez o jueza podrá ordenar, si fuere necesario, experticia complementaria del fallo con un único perito, el cual será designado por el tribunal.

 

Asunto de mero derecho

Artículo 364. El juez o jueza de juicio decidirá la causa inmediatamente en audiencia:

 

1.      Cuando el asunto sobre el cual verse la demanda, aparezca, así por esta como por la contestación, ser de mero derecho.

2.      Cuando el demandado o demandada haya aceptado expresamente los hechos narrados en el libelo y haya contradicho solamente el derecho.

3.      Cuando las partes, de común acuerdo, convengan en ello, o bien cada una por separado pida que el asunto se decida como de mero derecho.

 

 

 

 

TÍTULO II

 DE LA INSTRUCCIÓN DE LA CAUSA

 

Capítulo I

De los Medios de Prueba, su Promoción, Evacuación y Carga

 

Finalidad

Artículo 365.  Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez o jueza respecto a los hechos controvertidos y motivar sus decisiones.

 

Inmediación en las pruebas

Artículo 366. El juez o jueza que sentenciará debe ser el mismo que presencie la audiencia y la incorporación de pruebas al proceso, de las cuales obtiene  convencimiento y garantiza el principio de inmediación.

 

La presencia del juez o jueza en la evacuación de las pruebas es regularmente  de manera directa y excepcionalmente de manera indirecta. De manera directa es cuando el juez o jueza presencia personalmente los actos de recepción de las pruebas y realiza actividades atinentes a los medios de prueba. De manera indirecta es cuando el juez o jueza dirige la evacuación de la prueba de forma remota utilizando tecnologías de comunicación que transmitan desde un espacio distante imágenes y sonido, en el mismo momento en que se verifican los hechos o posterior a su ocurrencia, siempre que estas tecnologías estén disponibles y garanticen la fidelidad de los hechos reproducidos.

 

Quedan a salvo, los casos en que la ley permite la comisión judicial para la evacuación de algún medio probatorio necesario para la demostración de los hechos controvertidos, pruebas que serán discutidas en la audiencia de juicio.

 

Conforme a las disposiciones de este Código solo se apreciarán las pruebas incorporadas en la audiencia de juicio.

 

Evacuación de pruebas en el extranjero

Artículo 367. Se concederá el término extraordinario hasta de tres meses, salvo que por situaciones excepcionales a facultad del tribunal considere la prórroga por un lapso no mayor de tres meses, para las pruebas que hayan de evacuarse en el extranjero, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

 

1.     Que lo que se intente probar haya ocurrido en el lugar donde debe hacerse la prueba.

2.     Que haya constancia de que los testigos que deban declarar residan en el lugar donde ha de evacuarse la prueba.

3.     Que, en el caso de ser instrumental la prueba, se exprese la oficina donde se encuentren los instrumentos o la persona en cuyo poder existan.

 

 

Sanción por solicitud maliciosa

Artículo 368. Si la parte que ha obtenido el término extraordinario de pruebas de que trata el artículo precedente, no practica las diligencias consiguientes, o de lo actuado apareciere que la solicitud fue maliciosa o temeraria, el tribunal impondrá una sanción de diez a veinte unidades tributarias (10 a 20 U.T) en beneficio de la parte contraria como indemnización por los perjuicios generados con motivo de la dilación.

 

Medios de pruebas admisibles

Artículo 369. Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República; queda excluida la prueba de juramento decisorio.

 

Las partes pueden también valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes en el Código Civil, en las demás leyes, o en su defecto, en la forma que señale el juez o jueza.

 

Posibilidad de promover prueba adicional

Artículo 370. Las partes, de común acuerdo, en cualquier estado y grado de la causa, podrán promover cualquier clase de prueba en que tengan interés.

 

Cómputos para las pruebas

mediante comisión

Artículo 371. Admitidas las pruebas y si hubieren de practicarse algunas mediante comisión dada a otro tribunal por su competencia territorial, el cómputo del lapso de evacuación se contará a partir del auto de admisión y conforme a lo siguiente: se computará primero por días continuos el término de la distancia concedido para ida; a continuación los días del lapso de evacuación que transcurran en el tribunal comisionado, a partir del día siguiente del término de la distancia, de lo cual dejará constancia el referido tribunal; y finalmente el término de la distancia de vuelta también por días continuos.

 

En ningún caso, se entregarán a las partes los despachos de pruebas de la comisión.

 

Carga de la prueba

Artículo 372. Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido liberado de ella, debe probar el pago o el hecho extintivo de la obligación, salvo disposición especial prevista en este Código y en las leyes.

 

Si las circunstancias especiales del caso debatido así lo justifican, el juez o jueza de juicio puede establecer a quién corresponde la carga de la prueba ponderando cuál de las partes está en mejor situación para aportarla. Esta resolución deberá dictarse en el mismo auto que admita las pruebas promovidas por las partes, y estas en el lapso legal de evacuación de pruebas deberán consignar las que sean pertinentes.

 

Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior de este artículo, el tribunal deberá tener en cuenta la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes, de acuerdo con la naturaleza de lo debatido.

 

Los hechos notorios no deben ser probados.

 

Evacuación de pruebas

Artículo 373. En la audiencia de juicio deben evacuarse todas las pruebas. Aquellas que por su naturaleza deban practicarse fuera de esta audiencia, el tribunal fijará la oportunidad por auto expreso con al menos tres días de antelación.  

 

Intervención de las partes

en las pruebas

Artículo 374.  Para la práctica de todas las pruebas que hayan de evacuarse fuera de la audiencia de juicio, las partes y sus abogados podrán intervenir en el desarrollo de las mismas.

 

Examen de todas las pruebas

Artículo 375. El juez o jueza debe analizar y valorar todas y cada una de las pruebas que se hayan producido en el proceso, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresando siempre su criterio respecto de ellas.

 

 

Apreciación de las pruebas

Artículo 376. A menos que exista una regla legal expresa para valorar la prueba, el tribunal debe apreciarla según la sana crítica.

 

Sanciones por falta de evacuación

Artículo 377. En caso de que la parte o su representante frustrare o retardare la evacuación de alguna prueba que haya sido previamente admitida por el tribunal será sancionado con multa de diez a veinte unidades tributarias (10 a 20 U.T.), salvo que medie causa justificada debidamente acreditada.

 

Capítulo II

De la Confesión

 

Carga de absolver posiciones juradas

Artículo 378. Quien sea parte en el juicio estará obligado a contestar bajo juramento las posiciones que le haga la parte contraria sobre hechos pertinentes de los que tenga conocimiento personal.

 

Absolución de posiciones juradas

 por personas jurídicas

Artículo 379. Si la parte fuere una persona jurídica, absolverá las posiciones el representante de la misma según la ley o el estatuto social. Sin embargo, el representante de la persona jurídica o el apoderado o apoderada de esta, podrá designar en forma escrita a otra persona para que absuelva en su lugar las posiciones, por tener esta conocimiento directo y personal de los hechos de la causa, quien se entenderá citada para la prueba y quedará obligada a contestar las posiciones en la audiencia de juicio.

 

Oportunidad de la prueba de

posiciones juradas

Artículo 380. Las posiciones solo podrán efectuarse sobre los hechos pertinentes al mérito de la causa, y serán absueltas en la audiencia de juicio o en la audiencia ante el tribunal superior, si fuere el caso.

Reciprocidad de la prueba de

posiciones juradas

Artículo 381. La parte que promueva las posiciones deberá manifestar estar dispuesta a comparecer al tribunal a absolverlas recíprocamente a la contraria, sin lo cual aquellas no serán admitidas.

 

Otros absolventes

Artículo 382. Además de las partes, pueden ser llamados a absolver posiciones en juicio: el apoderado o apoderada por los hechos realizados en nombre de su mandante, siempre que subsista mandato en el momento de la promoción de las posiciones y los representantes de los incapaces sobre los hechos en que hayan intervenido personalmente con ese carácter.

 

 

Exención de comparecencia

Artículo 383. No están obligados a comparecer al tribunal a absolver posiciones las personas eximidas por la ley de comparecer a declarar como testigos. En estos casos, la prueba se realizará siguiendo las previsiones de la prueba de testigos, en cuanto sean aplicables y bajo los parámetros que determine el tribunal en el momento de su admisión.

 

Formulación de las posiciones

Artículo 384. Los hechos acerca de los cuales se exija la confesión, deberán expresarse en forma asertiva, siempre en términos claros y precisos, y sin que puedan formularse nuevas posiciones sobre hechos que ya han sido objeto de ellas.

 

Límites de las posiciones juradas

Artículo 385. Las posiciones deben ser concernientes a los hechos controvertidos. En caso de reclamación por impertinencia de alguna pregunta, el juez o jueza puede eximir al absolvente de contestarla. En todo caso, no se tomará en cuenta en la sentencia definitiva aquellas contestaciones que versen sobre hechos impertinentes.

 

Número de las posiciones

Artículo 386. No podrán formularse al absolvente más de diez posiciones; pero si por la complejidad del asunto, el juez o jueza lo considerare procedente, podrá, a solicitud de la parte, conceder a esta antes de la conclusión del acto, la formulación de un número adicional de posiciones que este estime prudente.

 

 

Efectos

Artículo 387. Se tendrá por confesa a la parte en las posiciones que la parte contraria haga legalmente en presencia del tribunal a:

 

1.      La que niegue a contestarlas, a menos que el absolvente, por su propia determinación, se niegue a contestar la posición por considerarla impertinente, y así resulte declarado por el tribunal en la audiencia respectiva.

2.      La que se perjure al contestarlas, respecto de los hechos a que se refiere el perjurio.

3.      La que obligada para absolverlas no comparezca sin motivo justificado que demuestre su inasistencia, al igual que aquella que, estando exceptuada de comparecer, no haya consignado su respuesta por escrito antes de la audiencia de juicio.

 

Si la parte llamada a absolver las posiciones no estuviere presente en la audiencia al momento de su anuncio por parte del juez o jueza, se dejarán transcurrir diez minutos a partir del  anuncio para su materialización, ya se refiera esta al primer acto de posiciones o a la continuación del mismo después de alguna suspensión de aquel. Pasado este tiempo sin que hubiese comparecido el absolvente, se le tendrá por confeso en todas las posiciones que le estampe la contraparte, sin poder excederse de las diez indicadas en el artículo anterior.

 

Acta de posiciones juradas

Artículo 388. Las posiciones se harán constar en el acta de la respectiva audiencia de juicio cumpliendo con las formalidades establecidas en este Código.

 

Igualmente, el contenido del acto de las posiciones juradas debe ser reproducido en forma audiovisual, debiendo el tribunal remitir junto con el expediente y en sobre sellado, la cinta o medio electrónico de reproducción para el conocimiento del tribunal superior o la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en los casos que esto no sea posible se dejará constancia por acta levantada a tal efecto.

 

Contestación a las posiciones

Artículo 389. La contestación a las posiciones debe ser directa y categórica, confesando o negando la parte cada posición. Se le tendrá por confesa en  aquellas que no responda de una manera terminante; pero cuando la posición versa sobre el tenor de instrumentos que existan en autos, la contestación podrá referirse a ellos.

 

Si se trata de hechos que hayan ocurrido mucho tiempo antes, o que por su naturaleza sean tales que sea probable el olvido, el juez o jueza estimará las circunstancias si la parte no diere una contestación categórica.

 

Revisión de apuntes

Artículo 390. El absolvente no podrá leer ningún papel para dar su contestación, a no ser que se trate de cantidades, fechas u otros asuntos complicados, a juicio del tribunal, caso en el cual se le permitirá consultar sus apuntes y papeles, dándosele para ello tiempo, si fuere necesario.

 

Promoción de la prueba de

posiciones juradas

Artículo 391. Una vez admitida la prueba de posiciones juradas promovida por alguna de las partes ambas quedan a derecho a los fines de su evacuación.

 

Si el absolvente se halla en el extranjero se librará rogatoria.

 

Promociones permitidas

Artículo 392. La promoción de la prueba de posiciones solo se hará una vez en la primera instancia y una en la segunda instancia en el escrito de fundamentación de la apelación.

 

Facultad del juez o jueza

Artículo 393. Queda a salvo la facultad del juez o jueza de interrogar a las partes si lo considera necesario.

 

Capítulo III

De la Prueba por Escrito

 

Sección primera: de los instrumentos

 

Valor de los documentos

Artículo 394. Los instrumentos públicos y privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, podrán producirse en el proceso en originales o en copias certificadas. La copia certificada de los anteriores documentos tendrá el mismo valor que el original, si ha sido expedida en forma legal.

 

Las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico, electrónico o digital claramente inteligible, de estos documentos, se tendrán como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario en la audiencia preliminar.

 

La parte que quiera servirse de la copia impugnada, podrá solicitar su cotejo con el original, y a falta de este con una copia certificada expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante inspección judicial o experticia en el caso de los instrumentos electrónicos, mediante un solo perito que designe el juez o jueza, a costa de la parte solicitante. Nada de esto impedirá que la parte produzca y haga valer el original del instrumento o copia certificada del mismo, si lo prefiere.

 

Documentos privados

Artículo 395. Los documentos privados, cartas o telegramas provenientes de la parte contraria, deben producirse en el proceso en originales; solo se admitirá en copias en caso fortuito o fuerza mayor. Los documentos electrónicos se producirán en copias o reproducciones fotostáticas.

 

Documentos privados emanados de terceros

Artículo 396. Los documentos privados emanados de terceros, que no sean parte en el proceso ni causantes del mismo, deberán ser ratificados por el tercero mediante la prueba testimonial, y serán valorados de conformidad con la sana crítica.

 

Valor de las publicaciones en

periódicos o gacetas

Artículo 397. Las publicaciones en periódicos o gacetas de actos que la ley ordena publicar se tendrán como fidedignas, salvo prueba en contrario.

 

Informe o copia de hechos litigiosos

Artículo 398. Cuando se trate de hechos que consten en documentos, libros, archivos, expedientes, registros u otros papeles que se hallen en oficinas públicas, bancos, asociaciones gremiales, sociedades civiles o mercantiles e instituciones similares que no sean parte en el proceso, a solicitud de parte el tribunal requerirá de ellos, cualquier informe sobre los hechos litigiosos que aparezcan de dichos instrumentos o copia de los mismos con la respectiva certificación de que son fieles y exactos de sus originales.

 

Las entidades mencionadas no podrán rehusarse a la entrega de los informes o copias requeridas invocando causa de reserva, a menos que la autoridad competente les hubiere otorgado carácter confidencial de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes que regulen la materia de clasificación de contenido confidencial o secreto.

 

La falta de remisión en el lapso establecido por el tribunal o la negativa a dar respuesta sobre la información requerida, podrá dar lugar a que el tribunal imponga una conminación económica de quinientas unidades tributarias (500 U.T.), monto que se aumentará por cada día que transcurra sin que el obligado remita el informe solicitado.

 

Promoción de documentos fundamentales

Artículo 399. Si la parte demandante no hubiere acompañado su demanda con los documentos en que la fundamenta o el demandado con la contestación, no se le admitirán después, a menos que haya indicado en cada oportunidad la oficina o el lugar donde se encuentren, o sean de fecha posterior, o que aparezca, si son anteriores, que no tuvieron conocimiento de ellos o la prueba hubiese sido desconocida por las partes para el momento de presentación del libelo o la contestación, según el caso.

 

En todos estos casos de excepción, si los documentos fueren privados, y en cualquier otro, siendo de esta especie, deberán producirse antes del debate oral o anunciarse los datos de donde deban compulsarse.

 

Sección segunda: de la exhibición de documentos

 

Solicitud de exhibición de documentos

Artículo 400. La parte que deba servirse de un documento, que según su manifestación se halle en poder de su adversario o del tercero, podrá pedir su exhibición en la demanda o la contestación.

 

A la solicitud de exhibición, deberá acompañar una copia del documento o en su defecto, la afirmación de los datos que conozca el solicitante acerca del contenido del documento y, en ambos casos, un medio de prueba de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder de su adversario.

 

De ser admisible la prueba el tribunal ordenará al adversario o al tercero, la exhibición o entrega del documento, la cual se realizará durante la audiencia de juicio. Si el instrumento no fuere exhibido, y no apareciere de autos prueba alguna de no hallarse en poder del adversario, se tendrá como exacto el texto del documento, tal como aparece de la copia presentada por el solicitante y, en defecto de esta, se tendrán como ciertos los datos afirmados por el solicitante acerca del contenido del documento.

 

Si la prueba acerca de la existencia del documento en poder del adversario resultare contradictoria, el tribunal resolverá en la audiencia de juicio, pudiendo sacar de las manifestaciones de las partes y de las pruebas suministradas las presunciones que su prudente arbitrio le aconsejen.

 

Si el adversario o el tercero no cumplieran con su obligación de exhibir o entregar dicho documento se le impondrá una multa de diez o veinte unidades tributarias (10 a 20 U.T.).

 

Sección tercera: de la tacha de los instrumentos

 

Tacha de instrumentos

Artículo 401. La tacha de falsedad de los instrumentos públicos y privados se puede proponer en el proceso civil, ya sea como objeto principal de la causa, ya incidentalmente en el curso de ella, por los motivos expresados en el Código Civil. La tacha también se aplicará a las reproducciones de la voz o de la imagen de la parte o un tercero, contra quien se opongan.

 

Oportunidad de la tacha incidental

Artículo 402. La tacha de falsedad incidental se sustanciará en cuaderno separado y se debe proponer hasta la audiencia preliminar, a menos que el conocimiento de la falsedad se haya obtenido con posteriormente de la cual se debe incorporar prueba. Quien tache el documento o las reproducciones deberá indicar los motivos de la falsedad y promoverá las pruebas que estime idóneas para su demostración.

 

En la audiencia preliminar el presentante manifestará si insiste en hacer valer o no el documento, y en el primer caso expresará los motivos y hechos circunstanciados con los que se proponga combatir la tacha y promoverá las pruebas que estime idóneas.

 

Si el presentante insiste en hacer valer el documento, el tribunal se pronunciará sobre la admisión de la tacha de falsedad, determinará los hechos que corresponda probar a cada parte y se evacuarán antes de la audiencia de juicio, en el lapso que fije el juez para ello, salvo la de testigos que se promueva para demostrar la coartada, la que depondrán en la audiencia de juicio.

 

En la sentencia de mérito, el tribunal decidirá sobre la falsedad total o parcial del documento o la reproducción de la voz o de la imagen que haya sido impugnada.

 

Efecto de la no comparecencia

Artículo 403. La no comparecencia del tachante a la audiencia preliminar, se entenderá como el desistimiento que hace de la tacha opuesta, quedando el instrumento impugnado con pleno valor probatorio. Si no comparece a la misma audiencia el presentante del instrumento impugnado, se declarará terminada la incidencia y quedará desechado del proceso.

 

Prueba de cotejo

Artículo 404. Pasada la oportunidad para tachar los documentos privados, se tendrán por reconocidos; pero la parte, sin promover expresamente la tacha, puede limitarse a desconocerlos en la audiencia preliminar.

 

Sección cuarta: del reconocimiento de instrumentos privados

 

Reconocimiento de instrumento privado

Artículo 405. La parte contra quien se produzca un instrumento privado, como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega en la audiencia preliminar. El silencio de la parte a este respecto dará por reconocido el instrumento.

 

Carga procesal del que produjo el instrumento

Artículo 406. Negada la firma o declarado por los herederos o causahabientes no conocerla, corresponde a la parte que presentó el instrumento probar su autenticidad. A este efecto, debe promover la prueba de cotejo en la misma audiencia preliminar.

 

Si resultare probada la autenticidad del instrumento, se le tendrá por reconocido y se impondrán las costas a la parte que lo haya negado, conforme a lo dispuesto en este Código, sin perjuicio de la imposición de una multa de  diez a veinte unidades tributarias (10 a 20 U.T).

 

Cotejo

Artículo 407. El cotejo se practicará por un solo experto designado por el tribunal, quien deberá presentar su informe dentro de los cinco días de despacho siguientes a su designación, y rendir declaración sobre su informe escrito en la audiencia de juicio. Dicho lapso podrá prorrogarse por una sola vez, por igual periodo, a solicitud del experto designado.

 

Instrumentos indubitados

Artículo 408. La persona que solicite el cotejo señalará el instrumento o los instrumentos de cuya autoría no se tenga duda, con los cuales se hará el cotejo.

 

Numeración de documentos indubitados

Artículo 409. Se considerarán como indubitados para el cotejo, los siguientes instrumentos:

 

1.     Los que las partes reconozcan como tales, de común acuerdo.

2.     Los firmados ante un registrador u otro funcionario público.

3.     Los instrumentos privados reconocidos por la persona a quien se le atribuya el que se trata de comprobar; pero no aquellos que ella misma haya negado o no reconocido, aunque precedentemente se hubieren declarado como suyos.

4.     La parte reconocida o no negada del mismo instrumento que se trate de comprobar.

 

A falta de estos medios, puede el presentante del instrumento, cuya firma se ha desconocido, solicitar y el tribunal lo acordará, que la parte contraria escriba y firme, en presencia del tribunal, lo que este dicte, y si se negare a hacerlo, se tendrá por reconocido el instrumento, a menos que la parte se encuentre en la imposibilidad física de escribir.

 

Capítulo IV

De la Experticia

 

Finalidad

Artículo 410. Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos o técnicos para comprobar hechos o circunstancias relevantes en el asunto debatido o adquirir certeza sobre ellos, las partes en el libelo o en  la contestación podrán promover el dictamen de experto.

 

Al emitir su dictamen todo experto deberá manifestar bajo juramento de decir la verdad, que ha actuado de forma objetiva, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes.

 

Nombramiento y valor

de la experticia

Artículo 411. El nombramiento de experto preferiblemente recaerá en persona que tenga un título académico o certificación gremial que sea fin con la materia a que se refiere la experticia, pudiendo, en todo caso, nombrarse a personas que no los tengan siempre  y cuando posean los conocimientos científicos, artísticos o técnicos.

 

Procedencia de la experticia

Artículo 412. La experticia  solo se efectuará sobre puntos de hecho bien de oficio por el tribunal, o a petición de parte, indicándose con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe efectuarse.

 

Nombramiento por el tribunal

Artículo 413. El nombramiento del experto corresponderá al tribunal, tanto si la experticia fue promovida por las partes como de oficio e incluso en caso de litisconsorcio; y su costo correrá por cuenta de la parte solicitante. También podrá el juez o jueza ordenar que la experticia sea practicada por funcionarios públicos, cuando la parte o las partes no dispongan de medios económicos para su realización.

 

Igualmente, podrá el juez o jueza de acuerdo a la complejidad del asunto, hacer el nombramiento de expertos corporativos o institucionales para la realización de la experticia solicitada.

 

Obligación de los funcionarios públicos

Artículo 414. Los funcionarios o empleados públicos que tengan conocimientos periciales en una determinada materia estarán obligados a aceptar el cargo de experto, presentar informe y rendir declaración en la oportunidad que fije el tribunal, de ser el caso. Para la realización de su labor, los entes públicos en los cuales éstos presten sus servicios deberán otorgarles todas las facilidades necesarias para la realización  misión encomendada. El incumplimiento de dicha obligación por parte del funcionario o funcionaria público designado será causal de destitución, sin perjuicio de la imposición de una multa de diez a veinte unidades tributarias (10 a 20 U.T.).

 

Deber de los expertos privados

Artículo 415. En caso de incumplimiento de las obligaciones que le impone el presente Código a los expertos privados, el tribunal competente civil podrá inhabilitarlos en el ejercicio de sus funciones, por un período no menor de un año ni mayor de cinco años o la imposición de una multa de diez a veinte unidades tributarias (10 a 20 U.T), según la gravedad de la falta.

 

 

Deber de los expertos de

presentar sus informes

Artículo 416. En ningún caso será excusa para la no presentación oportuna de la experticia y la declaración del experto el hecho que no se hayan sufragado los honorarios correspondientes.

 

 

Juramento del experto

Artículo 417. Al tercer día de despacho a la constancia en autos de la notificación del experto, deberá concurrir a la hora fijada por el tribunal, para aceptar y  prestar juramento de desempeñar bien y fielmente el cargo. Si no compareciere  oportunamente, el tribunal procederá inmediatamente a nombrar otro en su lugar.

 

Plazo para evacuar la experticia

Artículo 418. En el mismo acto de juramentarse el experto, el juez o jueza le consultará sobre el tiempo que necesite para desempeñar el cargo y luego lo fijará sin exceder de quince días, otorgando también el término de la distancia de ida y vuelta respecto del lugar donde haya de practicarse la experticia, si fuere el caso.

 

Prórroga del plazo

Artículo 419. Podrá ser prorrogado por el tribunal el tiempo fijado al experto, cuando este así lo solicite antes de su vencimiento y el juez o jueza lo estime procedente en consideración a las razones aducidas.

 

Práctica inmediata de la experticia

Artículo 420. Cuando el objeto de la experticia fuere de tal naturaleza que a juicio del experto las diligencias puedan practicarse inmediatamente después del juramento, así podrá hacerlo, rindiendo el dictamen acto continuo, previa autorización del juez o jueza.

 

Procedimiento de la experticia

Artículo 421. Las partes podrán concurrir al acto personalmente o por medio de apoderado o apoderada y hacerles las observaciones que crean convenientes, pero deberá retirarse para preparar su dictamen.

 

Obligación de considerar las

observaciones de las partes

Artículo 422. El experto está obligado a considerar en el dictamen las observaciones que las partes o sus apoderados y apoderadas les formulen, las cuales acompañarán en original al dictamen.

 

Limitaciones a la autonomía de

las funciones del experto

Artículo 423. El experto procederá libremente en el desempeño de sus funciones, pero no podrá destruir o inutilizar las cosas sometidas a su examen sin autorización del juez o jueza.

 

Constancia en autos del inicio

de la experticia

Artículo 424. El experto hará constar a los autos, con veinticuatro horas de anticipación, por lo menos, el día, hora y lugar en que se dará comienzo a las diligencias de la experticia a los fines de que las partes, sus apoderados o apoderadas o consultores o consultoras técnicos formulen las observaciones que consideren convenientes, sin perjuicio de que la asistencia de las partes a las mismas o sus apoderados convaliden lo actuado sin tal constancia.

 

Formalidades del dictamen

Artículo 425. El dictamen del experto deberá rendirse por escrito ante el juez o jueza de la causa, en la forma indicada en el Código Civil. Se agregará inmediatamente a los autos y deberá contener, por lo menos, la descripción detallada de lo que fue objeto de la experticia, métodos o sistemas utilizados para realizarla y las conclusiones a las que llegó.

 

Aclaratoria del dictamen

Artículo 426. Una vez consignado el dictamen cualquiera de las partes puede solicitar por escrito que el experto lo aclare o amplié en la audiencia de juicio. En este escrito el solicitante deberá indicar con brevedad y precisión los puntos del dictamen que requieran ser aclarados o ampliados.

 

Multa al experto

Artículo 427. El experto que dejare de cumplir su encargo sin causa legítima, incurrirá en una multa de diez a veinte unidades tributarias (10 a 20 U.T.), que le impondrá el juez o jueza según la gravedad de la falta, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir.

 

La falta absoluta e impedimentos del experto

Artículo 428. En los casos de falta absoluta del experto, se nombrará otro conforme a las disposiciones anteriores; y en los casos de impedimento del experto para desempeñar las funciones encomendadas, se hará únicamente nuevo señalamiento de plazo para realizar la experticia. Si el impedimento del experto durase más de quince días, el tribunal nombrará nuevo experto.

 

Capítulo V

De la Inspección Judicial

 

Inspección judicial

Artículo 429.  Si la diligencia que hubiere de practicarse tuviere por objeto dejar  constancia del estado de las personas, cosas, lugares o documentos que pudieran interesar a las partes, con el objeto de verificar o esclarecer aquellos hechos que interesen a la causa o el contenido de documentos, será acordada inspección judicial a solicitud de parte, o bien de oficio por el juez o jueza.

 

Personas que concurren al acto

Artículo 430. Para llevar a cabo la inspección judicial, el juez o jueza concurrirá con el secretario, secretaria o quien haga sus veces y un práctico de su elección cuando sea necesario, previa fijación del día y la hora correspondiente, siendo permisible para el juez hacerse valer de los medios tecnológicos que considere necesarios para su práctica, y que garanticen la confiabilidad e inmediación del acto. Si la parte promovente no concurriere a la evacuación de la prueba, se tendrá por desistida la misma.

Observaciones

Artículo 431. Durante la práctica de la inspección judicial, las partes, sus representantes o apoderados podrán hacer al Juez, de palabra, las observaciones que estimaren conducentes, las cuales se insertarán en el acta, si así lo pidieren.

 

Contenido del acta

Artículo 432. El juez o jueza hará extender en acta la relación de lo practicado, cumpliendo con las formalidades y contenidos establecidos al efecto en este Código, así como la indicación de las personas que han intervenido y de las circunstancias de lugar y de tiempo en que se ha cumplido; debe, además, contener la descripción de las actividades cumplidas y de los reconocimientos efectuados, sin avanzar opinión ni formular apreciaciones. El acta deberá ser suscrita por el juez o jueza, el secretario o secretaria, las partes y participantes en dicho acto.

 

Si han intervenido otras personas, el secretario, después de dar lectura al acta, les exigirá que la firmen. Si alguna de ellas no pudiere o no quisiere firmar, se dejará constancia de ese hecho.

 

El juez o jueza ordenará la reproducción de la inspección por cualesquier medio,  instrumentos o procedimientos fotográficos, electrónicos, cinematográficos, mecánicos o de cualquier otra especie, por práctico designado al efecto.

 

Funciones de los prácticos

Artículo 433. Las funciones de los prácticos se reducirán a dar al tribunal la información que considere necesaria para practicar mejor las diligencias. También podrá solicitarse información a cualquier otra persona que haya sido previamente juramentada.

 

Los honorarios de los prácticos serán fijados por el tribunal, a cargo de la parte promovente de la prueba, o de ambas partes, por mitad, si se hubiese acordado de oficio.

 

Capítulo VI

De la Prueba de Testigos

 

Sección primera: de los testigos y sus declaraciones

 

Inhabilidad para ser testigo

Artículo 434. No podrán ser testigos en el juicio civil los niños y niñas, quienes se hallen en interdicción por causa de demencia y quienes hagan profesión de testificar en juicio.

 

Inhabilidad relativa

Artículo 435. No puede tampoco testificar el juez o jueza en la causa en que esté conociendo; el abogado o abogada o apoderado o apoderada por la parte a quien represente; el vendedor o vendedora, en causas de evicción, sobre la cosa vendida; los socios en asuntos que pertenezcan a la compañía. El heredero presunto, el donatario, el que tenga interés, aunque sea indirecto, en las resultas de un pleito, y quien tenga amistad íntima, no pueden testificar en favor de aquellos con quienes les comprenda estas relaciones. El enemigo no puede testificar contra su enemigo.

 

Inhabilidad según la cualidad

de las partes

Artículo 436. Nadie puede ser testigo en contra, ni en favor de sus ascendientes o descendientes o de su cónyuge. El trabajador o trabajadora doméstico no podrá ser testigo ni en favor ni en contra de quien lo tenga a su servicio.

 

Inhabilidad respecto

al promovente

Artículo 437. Tampoco pueden ser testigos en favor de las partes que los presenten, los parientes consanguíneos o afines: los primeros hasta el cuarto grado, y los demás hasta el segundo grado, ambos inclusive. Se exceptúan aquellos casos en que se trate de probar parentesco o edad, en los cuales pueden ser testigos los parientes, aun cuando sean ascendientes o descendientes.

 

Obligación de rendir declaración

Artículo 438. Toda persona hábil para ser testigo debe dar declaración, sin embargo, podrán excusarse:

 

1.     Los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y los afines hasta el segundo.

2.     Quienes por su estado o profesión deben guardar secreto respecto del hecho de que se trate.

 

Tramitación

Artículo 439. Admitida la prueba, el examen de los testigos tendrá lugar en la audiencia de juicio. Cada parte tendrá la carga de presentar al tribunal los testigos promovidos, a menos que la parte solicite expresamente su citación al promoverlos.

 

Juramento

Artículo 440. El testigo antes de ser interrogado prestará juramento de decir la verdad y declarará su nombre, apellido, número de documento de identificación, edad, estado civil, profesión u ocupación y domicilio y si tiene impedimento para declarar, a cuyo efecto se le leerán los correspondientes artículos referidos de esta sección relativos a las inhabilidades.

 

Forma de examinar al testigo

Artículo 441. Los testigos serán examinados en público, separadamente unos de otros. El interrogatorio será formulado de viva voz por la parte promovente del testigo o por su apoderado o apoderada. Concluido el interrogatorio, la parte contraria o su apoderado, podrá repreguntar de palabra al testigo sobre los hechos a que se ha referido el interrogatorio u otros que tiendan a esclarecer, rectificar o invalidar el dicho del testigo. Cada pregunta y repregunta versará sobre un solo hecho, salvo los casos previstos en el artículo 182 de este Código referido al interrogatorio de personas mudas, sordas y sordomudas.

 

En todo caso, el juez o jueza podrá considerar suficientemente examinado el testigo y declarar terminado el interrogatorio.

 

La declaración del testigo debe ser reproducida en forma de audio o audiovisual, debiendo el tribunal remitir junto con el expediente y en sobre sellado, la cinta o medio electrónico de reproducción para el conocimiento del juez o jueza superior o  de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando no se cuente con los medios tecnológicos la declaración del testigo se recogerá mediante acta en la que se transcribirá con detalle su testimonio.

 

Facultad del juez o jueza

Artículo 442. El juez o jueza podrá hacer al testigo las preguntas que crea convenientes para ilustrar su propio juicio.

 

Protección del testigo

Artículo 443. Solo el juez o jueza podrá interrumpir a los testigos en el acto de declarar para corregir algún exceso. Deberá protegerlos contra todo insulto e intimidación, haciendo efectiva toda la libertad que deben tener para decir la verdad.

 

Declaraciones en donde se

 refieran los hechos

Artículo 444. El juez o jueza, en caso de que lo crea conveniente, podrá ordenar que el examen del testigo se verifique en el lugar a que se han de referir sus deposiciones.

 

Declaración en la morada del testigo

Artículo 445. Podrá también el juez o jueza trasladarse a la morada del testigo, en caso de tener impedimento justificado para comparecer y sea imposible la declaración por videoconferencia, a fin de que allí sea examinado, disponiéndose así por auto expreso del tribunal.

 

Contenido del acta

Artículo 446. El acta, además de las formalidades establecidas en este Código, también contendrá:

 

1.     La indicación del diferimiento del que se haya hecho para otro día si no se hubiere concluido la declaración en el mismo.

2.     La mención de haberse llenado los requisitos del artículo 441 de este Código, referido a la forma de examinar al testigo.

3.     La firma del testigo, si supiere y pudiere firmar, o la constancia de que no sabe o no puede hacerlo.

4.     Las firmas de los intérpretes, si los hubiere y las de las partes y apoderados o apoderadas que hayan asistido al acto.

 

Deber de comparecer

Artículo 447. Las personas cuyo testimonio se necesitare en juicio, deberán comparecer obligatoriamente a rendir declaración ante el tribunal y no podrán excusarse por razón de alguna prerrogativa, salvo las establecidas en este Código. A tal efecto, no necesitarán licencia previa de sus respectivos patronos, pero darán aviso anticipado a éstos. Los testigos que hayan sido citados para rendir declaración y no comparecieran sin justa causa pagarán una multa de diez a veinte unidades tributarias (10 a 20 U.T.).

 

Exención de comparecer

Artículo 448. Se exceptúan de comparecer según lo dispuesto en el artículo anterior, los siguientes altos cargos: Presidente o Presidenta de la República,  Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, los o las integrantes de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia, los Rectores o Rectoras del Consejo Nacional Electoral, los Ministros o Ministras, el Procurador o la Procuradora General, el Fiscal o la Fiscal General de la República, el Contralor o Contralora General de la República, el Defensor o Defensora del Pueblo, el Defensor o Defensora Público General, los Gobernadores o Gobernadoras, los oficiales generales y almirantes efectivos y en funciones de comando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los jefes o jefas de misiones diplomáticas de la República.

 

Las partes podrán pedir que las personas exceptuadas contesten por oficio o escrito dirigido al tribunal los puntos del interrogatorio y las preguntas escritas que presentare la parte promovente, o que rindan su declaración ante el tribunal constituido, o en el lugar donde cumplen sus funciones, o en su morada, debiendo entonces este responder a las preguntas que le haga la otra parte. Todo lo cual deberá verificarse antes de la audiencia de juicio del proceso de que se trate.

           

Exención de la multa

Artículo 449. Si el testigo justificare que no pudo presentarse el día señalado, el tribunal lo eximirá de la multa y deberá rendir su declaración si la audiencia de juicio no ha concluido.

 

Limitaciones en la forma de declarar

Artículo 450. El testigo no podrá leer ningún papel o escrito para contestar: contestará verbalmente por sí solo a las preguntas que se le hicieren. Sin embargo, oídas las partes, el juez o jueza podrá permitirle que consulte sus notas cuando se trate de cantidades, y también en los casos difíciles o complicados en que la prudencia del tribunal lo estime necesario.

 

Valoración de la prueba de testigos

Artículo 451. Para la apreciación de la prueba de testigos, el tribunal examinará si sus deposiciones concuerdan entre sí y con las demás pruebas y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, o del que apareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, expresándose el fundamento de tal determinación.

 

Sección segunda: tacha de testigos

 

Oportunidad de la tacha

Artículo 452. La persona del testigo solo podrá tacharse en la audiencia de juicio. Aunque el testigo sea tachado antes de la declaración, no por eso dejará de tomársele esta, si el interesado insistiere en ello. La sola presencia de la parte promovente en el acto de la declaración del testigo se tendrá como insistencia.

 

Prohibición de tachar

Artículo 453. No podrá tachar al testigo la parte que lo promovió, aunque la parte contraria se valga de su testimonio.

 

La declaración del testigo que haya sido sobornado no deberá apreciarse ni a favor ni en contra de ninguna de las partes. El tribunal denunciará ante el órgano competente al testigo sobornado y al sobornador, para que se determinen las responsabilidades a que haya lugar.

 

Proposición y trámite de la

tacha de testigo

Artículo 454. La tacha de testigos se propondrá de forma motivada en la audiencia de juicio, para lo cual el tachante aportará las pruebas que le sirvan de fundamento para demostrar la falsedad del testigo, admitiéndose también las que produzca la parte contraria para combatirla. Propuesta la tacha, será decidida al dictar la sentencia definitiva.

 

Capítulo VII

De las Reproducciones, Copias y Experimentos

 

Facultad del tribunal

Artículo 455. El tribunal, a pedimento de cualquiera de las partes y aún de oficio, puede disponer que se realicen planos, calcos y copias, aún fotográficas, de objetos, documentos y lugares, también cuando lo considere necesario, reproducciones cinematográficas o de cualquier otra especie que requieran el empleo de medios, instrumentos o procedimientos mecánicos o electrónicos.

 

Reconstrucciones de hechos

Artículo 456. Para comprobar que un hecho se ha producido o pudo haberse producido en una forma determinada, el tribunal podrá ordenar la reconstrucción de ese hecho, haciendo eventualmente realizar su reproducción fotográfica o cinematográfica. El juez o jueza debe asistir a la reconstrucción, y si lo considera necesario, podrá ordenar su ejecución a uno o más expertos, que designará al efecto.

 

Utilización de los medios científicos

Artículo 457. Cuando así convenga a la prueba, el tribunal también podrá disponer de la obtención de estudios radiológicos, análisis hematológicos, bacteriológicos y cualesquier otro de carácter científico mediante un experto de reconocida aptitud, nombrado por el tribunal.

 

Colaboración de las partes para la

reconstrucción de pruebas

Artículo 458. Si para la realización de inspecciones, reproducciones, reconstrucciones, experticias y las pruebas de carácter científico, señaladas en el artículo anterior, fuere menester la colaboración material de una de las partes, y esta se negare a suministrarla, el juez o jueza le ordenará a que la preste. Si a pesar de ello continuare su resistencia, el tribunal dispondrá que se deje sin efecto la diligencia, interpretando la negativa a colaborar en la prueba, como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria.

 

 

Capítulo VIII

De los Indicios y Presunciones

 

Indicios y presunciones

Artículo 459.  El indicio es todo hecho, circunstancia o signo suficientemente acreditado a través de los medios probatorios, que adquiere significación en su conjunto, cuando conduce al juez o jueza a la certeza en torno a un hecho desconocido, relacionado con la controversia.

 

La presunción es el razonamiento lógico que, a partir de uno o más hechos probados, lleva al juez o jueza a la certeza del hecho investigado.

 

Los indicios y presunciones son auxilios probatorios establecidos por la ley o asumidos por el juez o jueza, para lograr que los medios probatorios alcancen su finalidad, corroborando o complementando el valor o alcance de éstos.

 

Apreciación de los indicios

Artículo 460. Los jueces y juezas apreciarán los indicios que resulten de autos en su conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia entre sí, y en relación con las demás pruebas de autos.

 

Presunción de carácter absoluto

Artículo 461. Cuando la ley califica una presunción con carácter absoluto no cabe prueba en contrario. El beneficiario de tal presunción solo ha de acreditar la realidad del hecho que a ella le sirve de base.

 

Presunción de carácter relativo

Artículo 462. Cuando la ley presuma una conclusión con carácter relativo, la carga de la prueba corresponderá a quien pretenda desvirtuar la presunción.

 

Convicción del juez o jueza

Artículo 463. El razonamiento lógico del juez o jueza, basado en reglas de la experiencia o en sus conocimientos y, a partir del presupuesto debidamente acreditado en el proceso, contribuye a formar convicción respecto al hecho o hechos controvertidos.