Jurisprudencia sistematizada sobre amparo

Jurisprudencia sistematizada sobre amparo

ADMISIBILIDAD

CUALIDAD DE PARTE

14-8-00 (Juan Alberto Solano):

Debido proceso se garantiza sólo a las partes

31-5-00 (Manuel Machado):

Tercero propietario del bien rematado

SC 5-10-00

Caso en que el alegado agraviado es otro Juez

AGRAVIO

5-10-01 (Olivetti de Venezuela C.A.):

Inadmisible porque cesó la violación o amenaza

SENTENCIAS RECURRIBLES

SC 23-10-01

Amparo contra remate judicial

20-9-01 (Evaristo Ramírez Campos):

Inadmisible contra sentencia Sala Social

SC 11-12-01

Amparo contra amparo

SC 5-10-00

Amparo contra jueces de paz

SC 16-6-03

Acto arbitrario de Junta de Condominio

SC 29-8-03

No procede hábeas corpus contra arresto disciplinario ordenado por los jueces

SCon 6-3-2001

Interlocutoria que no puso fin al juicio. Inadmisible por haber intentado casación que fue declarada inadmisible.

SCon 29-8-2001

Auto en ejecución. Inadmisible por litispendencia

SCon 23-6-2004

Interlocutoria que declara una cuestión prejudicial. Procede por violación del debido proceso

SCon 16-2-2011

Regulación de competencia. Violación de la garantía del juez competente

CONDICIONES FORMALES DE INTERPOSICIÓN

MODO

20-9-01 (Evaristo Ramírez Campos):

Amparo verbal interpuesto sin asistencia de abogado

SC 30-10-01

Presentación de copia certificada del acto objeto de la acción

No se debe estimar demanda de amparo

LUGAR

TIEMPO

5-10-01 (Ismael Medina Pacheco):

Inadmisible porque transcurrió más de 6 meses de la sentencia

Inadmisible porque reabre una controversia ya definitivamente decidida

Consentimiento tácito

ADMISIÓN A TRÁMITE

SCon 12-12-05

Admisión por violación del derecho a recurrir

INADMISIBILIDAD IN LIMINE LITIS

SCon 29-10-10

Inadmisible, no agotó las vias ordinarias

SC 24-2-03

Situaciones en que puede optar por el amparo en lugar del recurso de casación

25-10-00 Corte Primera de lo Contencioso Administrativo

Inadmisibilidad in limine sólo por los numerales 6 y 7 art. 6 LOA

27-4-01 (Representaciones Parinca):

Sentencia de Alzada dictada por Juez incompetente por la cuantía

Consentimiento tácito

5-10-01(Orlando Riera Montes de Oca):

Inadmisible

Hizo uso de las vías ordinarias

1-11-00 (Municipio Chacao)

Inadmisible

No utilizó las vías judiciales ordinarias

SC 5-10-01

Amparo sobrevenido en apelación art. 291 ccom

SC 3-8-01

Amparo sobrevenido inadmisible, no puede apelar e interponer amparo

5-10-01 (Mirian Del Valle Carpio de Ariza):

Amparo sobrevenido

Su carácter cautelar

Inadmisible porque no apeló

5-10-01 (María Del Pilar Novo Insúa):

Amparos Acumulados

Dos inadmisibles por estar pendiente otra solicitud de amparo

Terminado el procedimiento por inacción de parte por más de 6 meses

20-9-01 (Trinalta C.A):

Inadmisible

No acompaño copia del fallo objeto del amparo

9-10-01 (José Beltrán Tejera y otros):

Inadmisible

No se denuncia violación directa de derecho o garantía constitucional

SC 1-12-03

Requisitos de admisión cuando la parte usó vías ordinarias

PROCEDENCIA

SC 9-3-00

Fraude procesal: inexistencia de procedimiento de ejecución de hipoteca

SC 21-8-02

Fraude procesal debe ser combatido por juicio ordinario

19-7-01 (Richard José Oropeza)

Interpretación conforme a la Constitución

20-9-01 (Blanca Patricia Arias):

Improcedente in limine litis

Es un error de juzgamiento, no una violación constitucional

2-5-01 (Oswaldo Blanco Martínez):

Se objeta criterio del Juez al interpretar y aplicar la ley

Manifiesta improcedencia declarada in limine litis

28-9-01 (Astrid Genuby González de Laborde):

Improcedente in limine litis

Consta por notoriedad judicial la existencia de un proceso de extradición

27-4-01 (María Josefina Hernández Marzán):

Se solicita la condena al pago de sumas de dinero

20-9-01 (Ana María Albornóz):

Oída la apelación en un solo efecto viola el debido proceso no ejecutar la decisión

4-4-01 (Papelería Tecniarte):

Requisitos concurrentes para la procedencia del amparo

Aspectos que comprende el debido proceso

20-9-01 (SERMÉDICA C.A.):

No todo error de procedimiento viola el debido proceso

No todo error de juzgamiento viola el debido proceso

Tutela judicial efectiva

Amparo no es tercera instancia

25-9-01 (Inversiones Hermisant C.A.):

Condena a pagar a quien no fue parte del juicio laboral

29-6-01 (Alejandro de la Cruz Moreno):

Contenido del derecho al debido proceso

Derecho de defensa se extiende a todo el proceso

2-5-01 (Agrocomercial Los Caobos C.A.):

Amparo por violación de normas constitucionales, no legales

Amparo no es tercera instancia

15-2-01 (Gladys Morales Ytriago):

Debido proceso garantiza la tutela judicial efectiva

La violación constitucional no se puede derivar de una infracción legal

6-4-01 (DIANCA):

Abocamiento y debido proceso

Falta de notificación para reanudación de causa paralizada es indefensión

28-7-00 (Rommel José Medina Suárez):

Indefensión por omisión

25-9-01 (Yajaira Peña):

Debido proceso incluye el respeto al procedimiento establecido por la ley

24-1-01 (Supermercado Fátima):

Falta de decisión sobre alegaciones y pruebas como indefensión

17-7-01 (Expresos La Guayanesa):

Alcance de la garantía del debido proceso

Indefensión

Notificación en la sede del Tribunal

20-9-01 (Blanca Patricia Arias):

Aspectos que comprende el debido proceso

Vías procesales ordinarias de protección

Falta de indicación de la facultad procesal conculcada

21-11-00 (Aeropullmans)

In dubio pro defensa

Oportunidad para contestar la demanda

Infracción de normas legales

31-5-00 (Manuel Machado):

Definición de debido proceso y garantía de defensa

Tercero propietario del bien rematado

SC 7-6-00

Violación de la garantía del juez natural hace la sentencia inexistente

SC 16-7-01

Caso de sentencia inexistente por incompetencia del juez

PROCEDIMIENTO DE AMPARO

SC 1-2-00

Procedimiento en el juicio de amparo constitucional

Aplicación inmediata del artículo 27 CRBV

Derecho a ser oído

Admisión o inadmisión

Citación para la audiencia

Audiencia oral

Falta de comparecencia del señalado como agraviante

Falta de comparecencia del alegado agraviado

Litisconsortes

Admisión y práctica de pruebas

Resolución de incidencias sin formalismos

Estudio y decisión

Apelación y consulta

Grabación y transcripción de las pruebas

Interrogatorio de la parte

Amparo contra sentencias

Notificación del juez y las partes

Comparecencia de la parte en el juicio

Falta de comparecencia del juez

SC 4-4-01

Plazo para sustentar la apelación

SC 15-3-00

Hecho notorio

Hecho comunicacional como categoría dentro de los hechos notorios

El hecho comunicacional puede tener validez en un lugar y momento determinado

Notoriedad judicial

No es necesaria la prueba del hecho comunicacional

Puede también ser acreditado por el juez o por las partes

El hecho notorio excede el conocimiento personal del juez

Características del hecho comunicacional

Ante la duda del conocimiento por el juez, la parte puede acreditar el hecho comunicacional

Para que el juez pueda fijarlo como hecho debe reunir las características anotadas

SC 12-6-02

Num. 5 art. 6 LOA es medida cautelar, no amparo sobrevenido

SC 4-6-02

Amparo sobrevenido

SC 6-6-01

Extinción del amparo por inactividad de las partes por más de 6 meses

SENTENCIA DE AMPARO

SC 30-10-01

Requisitos de la sentencia de amparo

RECURSOS

SC 28-6-00

Consulta de las decisiones de amparo de los jueces de municipio y posterior apelación de la decisión de primera instancia

SC 26-3-02

Potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes

 

ADMISIBILIDAD

CUALIDAD DE PARTE

14-8-00 (Juan Alberto Solano):

Debido proceso se garantiza sólo a las partes

SENTENCIA Sala Constitucional 14-8-00. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR Jesús Eduardo Cabrera Romero. Caso Juan Alberto Solano. Exp. Nº 00-12-55, sentencia Nº 1.028:

Ahora bien, resulta evidente que el derecho al debido proceso, pertenece a todos los ciudadanos insertos en una relación procesal (entendido este término en sentido amplio) de conformidad con las disposiciones adjetivas aplicables, esto es, a todas aquellas personas que formal y materialmente formen parte de un procedimiento determinado, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, gozando así, conforme a la naturaleza del proceso, del carácter de peticionantes, demandantes, demandados, interesados, imputados, querellados, agraviantes, etc. Entonces, imperioso es concluir que si el debido proceso resguarda a quienes detentan la condición de partes en un proceso (judicial) o en un procedimiento (administrativo), mal podría éste ser conculcado a quienes tal condición no les ha sido otorgada por el ordenamiento jurídico, salvo las excepciones de ley, como lo serían los derechos de la víctima en el proceso penal.

Así ha sido interpretada la garantía del debido proceso por esta Sala, entendiendo que las violaciones del derecho de defensa deben producirse en el curso de un proceso, mas nunca fuera de él. Esto es, la indefensión, como manifestación de infracción al principio del debido proceso, únicamente puede originarse por una actuación del órgano jurisdiccional o administrativo respecto de las partes inmersas en un determinado proceso (salvo las excepciones de ley); y dada la naturaleza casuística de tales infracciones, las mismas deben ser estudiadas en cada caso concreto para poder dilucidar su real existencia.

31-5-00 (Manuel Machado):

Tercero propietario del bien rematado

SENTENCIA Sala Constitucional 31-5-2000. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR MOISÉS A. TROCONIS VILLARREAL. Solicitante MANUEL T. MACHADO BOLÍVAR. Exp. Nº 00-0586, sentencia Nº 515:

En suma, cabe afirmar que el contenido esencial del derecho fundamental que, para el justiciable, representa la garantía constitucional de la defensa en el proceso, estriba en la posibilidad, normativamente tutelada, de obrar y controvertir en los procesos en que haya de juzgarse sobre sus intereses in concreto.

Por tanto, se configura un supuesto de indefensión cuando, en determinado procedimiento judicial, se causa perjuicio directo e inmediato a un sujeto de derecho sin habérsele dado audiencia, esto es, sin habérsele permitido el ejercicio de su derecho de contradicción.

Por las razones que anteceden, la Sala acoge la motivación que, en lo relativo al establecimiento de los hechos, obra en la sentencia sometida a consulta, y que es del tenor siguiente:

“Así tenemos que, tal como se evidencia de autos, al folio (27) corre inserta Inspección Judicial practicada en fecha 09-12-99 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de ésta misma Circunscripción Judicial y sede; de donde se evidencia con meridiana claridad que dicho Tribunal deja constancia de que efectivamente existe el expediente Nº 987-303, por denuncia interpuesta por el ciudadano MANUEL T. MACHADO BOLÍVAR, en fecha 05-04-90 sin que hasta la fecha de la inspección conste de dicho expediente que se haya recuperado el vehículo placas ALX-720. Igualmente se dejó constancia de que fue recuperado un vehículo marca Toyota Land Cruiser, color blanco, año 1981, placas: APA-526, al cual le fue ordenada la práctica de una experticia dejándose constancia del serial del motor: 2F655701, serial de carrocería: FJ40936465; que según el expediente que tiene a la vista el Tribunal no consta que el mismo haya sido recuperado por autoridades policiales, sin embargo la experticia que fuera ordenada practicar por el Fiscal Primero del Ministerio Público; se practicó en el sector ‘El Limoncito’, Estacionamiento El Limón. En consecuencia, se constata con veracidad por tener la Inspección Judicial fuerza de documento público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.357 del Código Civil, que efectivamente dicho vehículo fue hurtado en fecha 04-04-90 y denunciado en fecha 05-04-90 y que el mismo posee los mismos seriales tanto de motor como de carrocería, sólo con placas distintas; por lo que mal podía el Tribunal de la Primera Instancia acordar mediante el auto de fecha 05-05-93 la venta de dicho vehículo por cuanto el mismo efectivamente se encontraba solicitado por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial; por lo que considera quien aquí decide que dicho Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito incurrió dentro de los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia para la procedencia del Amparo Constitucional; por cuanto en primer lugar actuó fuera de los límites de su competencia y en consecuencia se violentaron flagrantemente los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso. Así se decide.”

Del conjunto de las circunstancias que anteceden se desprende que, en un trámite judicial en que el accionante en amparo no participó en forma alguna, el entonces Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda incluyó, en un remate judicial, un vehículo cuya marca, modelo y serial de carrocería coinciden con las del que le había sido hurtado al accionante.

El remate fue llevado a cabo sin garantizar al accionante, directamente afectado en su derecho de propiedad por el trámite en cuestión, la posibilidad de hacer efectivo su derecho constitucional a la defensa.

En particular, el único mecanismo de notificación arbitrado por el Tribunal fue la publicación de un cartel de “venta judicial” que, amén de no dirigirse a un destinatario determinado, identificó el vehículo del accionante atribuyéndole un número de placa distinto al que tiene legalmente asignado.

A propósito de la consideración que antecede, cabe reiterar el siguiente criterio de la doctrina:

 “una primera consecuencia de la constitucionalización de la garantía de la defensa en este orden, es la de obligar tanto al propio tribunal como al legislador a privilegiar la notificación personal. Es decir, se deben agotar fehacientemente y en términos razonables las posibilidades de practicar este tipo de notificación y sólo en el evento de que no haya sido factible, se puede recurrir a las demás notificaciones, en particular la notificación por edictos, que han de tener siempre un carácter subsidiario” ( Carocca Pérez, Alex; Garantía Constitucional de la Defensa Procesal, José María Bosche Editor, Barcelona, España, 1998, p. 226).

En consecuencia, vista la grave lesión del derecho constitucional a la defensa sufrida por el accionante en amparo, debe esta Sala confirmar lo resuelto por el juzgado a quo en la sentencia sometida a consulta. Así se decide.

Por otra parte, la Sala advierte sobre la ilegalidad de los remates judiciales que se practican sobre vehículos solicitados o recuperados por las autoridades policiales, a instancia de particulares o entidades privadas, y el margen del procedimiento contemplado en la Ley de Bienes Muebles Recuperados por las Autoridades Policiales. Se trata de una práctica ilícita que, lesiva al derecho de propiedad de los dueños de los citados vehículos, debe tenerse por prohibida. Así se declara.

SC 5-10-00

Ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera Romero. Exp. Nº 2084, sentencia Nº 1.139:

Caso en que el alegado agraviado es otro Juez

Establecido lo anterior, debe la Sala examinar si un órgano jurisdiccional puede interponer un amparo contra otro órgano jurisdiccional, cual es el caso de autos en que el accionante de amparo contra la sentencia del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, es el Juez de Paz de la Circunscripción Intermunicipal Nº 5-7 del Municipio Sucre del Estado Miranda, quien actúa con tal carácter (ya que no puede obrar en otro, porque el fallo del Juzgado Superior Cuarto aludido no está juzgando contra persona natural alguna). Basta leer la identificación de las partes en el escrito de amparo, para deducir que se trata del titular del Juzgado de Paz, actuando como tal quien incoa el amparo, y a tal fin en la página 8 de dicho escrito se lee:

“a) Parte Agraviada: Héctor Luis Quintero Toledo, venezolano, mayor de edad...(omissis)..., quien es titular del Juzgado de Paz de la Circunscripción Intermunicipal Nº 5-7 del Municipio Sucre del Estado Miranda, con sede en la Dolorita.

b) Su dirección: Juzgado de Justicia de Paz de la Circunscripción Intermunicipal Nº 5-7 del Municipio Sucre del Estado Miranda, con sede en la Dolorita, Final Calle Bolívar, Parroquia San Francisco de Sales.

...omissis...

f) El Agraviante: El agraviante es el abogado Luis Alfredo Sucre Cuba quien ejerciendo temporalmente el cargo de Juez Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictara el 23 de mayo de 2000 la sentencia por medio de la cual violó los derechos y garantías constitucionales de mi representado, el Juez de Paz Héctor Luis Quintero, al decidir al fondo un recurso de amparo intentado indebidamente contra una sentencia dictada por mi representado, el citado Juez de Paz, totalmente ganancioso en Primera Instancia, y por apelación interpuesta por el quejoso (Exp. 11.530)”. (Subrayado de la Sala)

Ahora bien, como entes jurisdiccionales decisores, los tribunales pueden resultar agraviantes, si con sus fallos infringen derechos y garantías constitucionales de las partes o de terceros, pero nunca pueden ser agraviados, ya que no existe en ellos una situación jurídica –como poder jurisdiccional- que pueda menoscabarse, al ser ellos quienes aplican la ley con carácter coactivo, dentro de su función de dirimir los conflictos. Cuando un fallo creare un supuesto agravio constitucional, el mismo puede ser impugnado por las personas (partes o terceros) por la vía del amparo, y el tribunal que lo dictó puede defenderlo, no por las implicaciones personales (civiles, penales o disciplinarias), que pueden afectar al juez que lo dictó, sino porque las razones que tuvo el Estado para fallar, deben ser examinados por el Superior de quien los dictó, y en beneficio de ese examen, y de las razones, es importante oír al Tribunal a quo. De allí la existencia de la institución de la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

La defensa del acto o la sentencia impugnada corresponde, de pleno derecho al Tribunal que la dictó o que conoce de la causa donde tuvo lugar, y dentro de esa defensa, como desarrollo natural en aras al interés constitucional, puede utilizarse el recurso de apelación; pero resulta inconcebible que la defensa del fallo se extienda a la legitimación para incoar un amparo contra la sentencia de amparo que al decidir otro viola disposiciones constitucionales. Ello resulta imposible, porque el poder jurisdiccional no se encuentra en una situación jurídica que pueda ser lesionada por el mismo poder, sin que pueda hacerse una diferencia dentro de la función jurisdiccional entre poder judicial y justicia alternativa. Los tribunales al fallar, no crean una situación jurídica a su favor que sea necesario defenderla de las decisiones de otros jueces, ya que litigios entre tribunales no existen, excepto los previstos en la ley. En consecuencia, ningún Tribunal puede demandar a otro.

AGRAVIO

5-10-01 (Olivetti de Venezuela C.A.):

Inadmisible porque cesó la violación o amenaza

SENTENCIA Sala Constitucional 5-10-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR José M. Delgado Ocando. Caso Olivetti de Venezuela C.A. Exp. Nº 01-1543, sentencia Nº 1.866:

Sin embargo, por lo que corresponde a la admisibilidad de la acción propuesta, la Sala estima que la misma resulta inadmisible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, según el cual las acciones de este tipo no han de ser tramitadas cuando haya cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla, en el bien entendido que la cesación puede tener origen no sólo en la restitución del accionante en el goce efectivo del derecho o en la desaparición de la amenaza, sino también en la modificación o desaparición del supuesto fáctico o jurídico en que el accionante asentaba el derecho o garantía presuntamente conculcados o amenazados.

A este respecto, cabe destacar que la empresa accionante alegó, que como consecuencia de la buena pro obtenida en el proceso licitatorio n° LPN-001-2001 a que se hizo referencia en la parte narrativa de este fallo, seguía la firma del contrato mediante el cual sería formalizada la relación jurídica entre las partes. Sin embargo, la firma en cuestión no se produjo, por lo que procedió a solicitar explicaciones a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura acerca de los motivos del aludido retraso. Las omisiones en que habría incurrido dicha Dirección al no dar respuesta a sus solicitudes, fue lo que ocasionó, según afirma, la lesión al derecho de petición que contiene el artículo 51 de la Constitución. La pretensión deducida en la presente demanda se satisfaría, lógicamente, con una respuesta en donde se expresen las razones de la falta de contratación indicada.

No obstante, como previno esta Sala en líneas anteriores, dicha acción no cumple con el requisito que exige la actualidad de la lesión o amenaza alegada. Ello en virtud de que la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, en sesión de 1° de agosto de 2001, dio respuesta cabal a la interrogante que subyace a la denuncia, al expresar los motivos por los cuales la firma en cuestión no se habría dado en el terreno de los hechos, la declaratoria de inconveniencia por razones de interés general para la institución contratante. Además, y como consecuencia de las referidas razones, dicha instancia judicial decidió dar por terminado el aludido proceso, de modo que la firma del respectivo contrato quedó sin efecto.

Visto que la solicitud de respuesta –a cuya falta la accionante responsabilizó de la lesión a su derecho de petición– fue satisfecha; siendo que dicha respuesta produjo, como no podía ser de otro modo, la cesación del origen del presunto agravio, no resta más que declarar inadmisible la presente solicitud; y así se decide.

SENTENCIAS RECURRIBLES

SC 23-10-01

Ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera Romero. Exp. Nº 00-3161, dec. Nº 2006:

Amparo contra remate judicial

El Código de Procedimiento Civil en su artículo 584 establece que:

“Artículo 584:

El remate no puede atacarse por vía de nulidad por defectos de forma o de fondo, y la única acción que puede proponerse contra sus efectos jurídicos es la reivindicatoria” .

Conforme a dicha norma transcrita dentro del proceso civil donde tiene lugar, el remate es intocable, lo que garantiza la seguridad jurídica del acto a favor de los adjudicatarios; y contra los efectos jurídicos del remate, y ya fuera del proceso donde tuvo lugar, no es viable una acción autónoma de nulidad, siendo la única vía posible para recuperar el bien cuya propiedad ha adquirido el mejor postor del remate, la acción reivindicatoria.

La norma es clara, pero ella no excluye, ni puede interpretarse en esa forma, que el remate adelantado con infracción de derechos y garantías constitucionales que lesiona a alguien (parte o tercero), pueda mantenerse incólume a pesar de las violaciones constitucionales.

Cuando surge una situación como la señalada, la acción de amparo es procedente, ya que mal puede surtir efectos e infringir la situación jurídica de alguien, situaciones violatorias de los derechos constitucionales de ese alguien.

De allí que en el caso de autos, no es posible por parte del juez constitucional dejar de analizar la posibilidad de infracciones constitucionales ocurridas en relación con el remate, aduciendo la prohibición del artículo 584 del Código de Procedimiento Civil, que no previene las consecuencias de las transgresiones constitucionales.

En consecuencia el amparo no era inadmisible por las razones esgrimidas por el a quo, y así se declara.

20-9-01 (Evaristo Ramírez Campos):

Inadmisible contra sentencia Sala Social

SENTENCIA Sala Constitucional 20-9-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR Jesús Eduardo Cabrera. Caso Evaristo Ramírez Campos. Exp. Nº 01-744, sentencia Nº 1.738:

El 16 de abril de 2001, el ciudadano Evaristo Ramírez Campos, titular de la cédula de identidad N° 3.813.828, actuando en su propio nombre, sin estar asistido de abogado, interpuso ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de amparo constitucional –en forma verbal- en contra de la sentencia dictada el 18 de octubre de 2000, por la Sala de Casación Social.

(...)

Esta Sala observa que, en el presente caso se está ejerciendo una acción de amparo constitucional en contra de una sentencia dictada por la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, del 18 de octubre de 2000. Al respecto, el numeral 6 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece lo siguiente:

Artículo 6.- “No se admitirá la acción de amparo :

...omissis...

6) Cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia.”

De conformidad con la norma antes transcrita y de la jurisprudencia aceptada pacíficamente por la extinta Corte Suprema de Justicia y por este Tribunal Supremo de Justicia (Caso: Isabel Valdivia Rivera, del 23 de marzo de 2001 ), no es posible el ejercicio de la acción de amparo constitucional en contra de las decisiones de la extinta Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia. Como se observa, existe una prohibición expresa de la ley que rige la materia del amparo constitucional, del ejercicio de tal acción en contra de las sentencias de alguna de las Salas de este máximo organismo jurisdiccional, la cual la hace inadmisible, y así se declara.

SC 11-12-01

Ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera Romero. Exp. Nº 01-1885, sentencia Nº 2576:

Amparo contra amparo

En sentencia de 23 de mayo de 2000 (Caso: Kenneth Scope y otro) esta Sala señaló, en criterio que ahora ratifica, que:

De lo anterior se desprende que los presuntos agraviados pretenden la impugnación -por vía de amparo- de una sentencia firme, en virtud del agotamiento de las dos instancias previstas en la ley, el caso bajo examen se enmarca dentro de lo que la jurisprudencia ha conocido como amparo contra amparo, es decir, se intenta un amparo en contra de una decisión judicial, sólo que la misma recae sobre una acción de amparo primariamente interpuesta y que ha recorrido las dos instancias, bien sea por el ejercicio de la apelación o por la consulta de ley.

En relación con tan particular mecanismo de impugnación, esta Sala Constitucional fijó posición en sentencias del 2 de marzo y 25 de abril de 2000 (Casos: Francia Josefina Rondón Astor y, Fernando José Roa Ramírez), estableciéndose en dichas sentencias que, al quedar agotada la vía del amparo -ya sea por apelación o consulta- es imposible ejercer tal mecanismo de protección en contra de una sentencia de amparo firme, por cuanto se crearía una cadena interminable de acciones de amparo, vulnerándose así el principio de la doble instancia -lesionando a su vez la seguridad jurídica-, quedando desvirtuada la esencia breve y expedita que inviste el proceso de amparo.”

Igualmente, conforme el criterio que se ha forjado esta Sala Constitucional, el ejercicio del amparo contra amparo resultaría posible únicamente en el caso en que las violaciones a los derechos constitucionales se deriven directamente de la sentencia dictada por el juez constitucional, de tal suerte que el ejercicio de las mismas se halla supeditado a la existencia indubitable de una violación del derecho a la defensa o al debido proceso, o la usurpación de funciones por parte del tribunal constitucional, que deben originarse necesariamente en el curso de tal proceso de amparo y, por tanto, los elementos que configuran la nueva vulneración del orden constitucional son fáctica y jurídicamente distintos de los que fueron sometidos a revisión en la decisión de la acción de amparo primariamente ejercida.

SC 5-10-00

Ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera Romero. Exp. Nº 2084, sentencia Nº 1.139:

Amparo contra jueces de paz

Ahora bien, los jueces de paz pertenecen al sistema judicial, son órganos jurisdiccionales, como lo son los árbitros y otras figuras que pueda crear la justicia alternativa, y son jueces de equidad, según el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz, siendo excepcionalmente jueces de derecho, conforme al mismo artículo que reza:

“Los Jueces de Paz procurarán la solución de conflictos y controversias por medio de la conciliación. Cuando ello no fuere posible, dichos conflictos y controversias se resolverán con arreglo a la equidad, salvo que la Ley imponga una solución de derecho. Los Jueces de Paz también resolverán conforme a la equidad cuando así lo soliciten expresamente las partes”.

No puede considerarse que esta forma (la alternativa) de ejercicio de la jurisdicción, esté supeditada a la jurisdicción ejercida por el poder judicial, por lo que a pesar de su naturaleza jurisdiccional, estos Tribunales actúan fuera del poder judicial, sin que ello signifique que este último poder no pueda conocer de las apelaciones de sus fallos, cuando ello sea posible, o de los amparos contra sus sentencias.

La justicia alternativa (arbitramentos, justicia por conciliadores, etc.), es ejercida por personas cuya finalidad es dirimir conflictos, de una manera imparcial, autónoma e independiente, mediante un proceso contradictorio; produce sentencias (artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz) que se convierten en cosa juzgada, ejecutables (lo que es atributo jurisdiccional, y que aparece recogido en el numeral 1 del artículo 9, y en los artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz, así como en las normas sobre ejecución del laudo arbitral de la Ley de Arbitraje Comercial, y en el artículo 523 del Código de Procedimiento Civil), y por tanto es parte de la actividad jurisdiccional, pero no por ello pertenece al poder judicial, que representa otra cara de la jurisdicción, la cual atiende a una organización piramidal en cuya cúspide se encuentra el Tribunal Supremo de Justicia, y donde impera un régimen disciplinario y organizativo del cual carece, por ahora, la justicia alternativa.

El que los jueces de paz concilien, y exista una etapa del proceso de justicia de paz a ese fin, en nada atenta contra la función jurisdiccional, ya que los jueces civiles –por ejemplo-, también pueden conciliar (artículo 257 del Código de Procedimiento Civil), y si la conciliación falla, continuará el proceso jurisdiccional. Los jueces de paz, al igual que cualquier juez, dirimen conflictos o controversias entre partes, siendo ese su objetivo, e incluso pudieran producir actos con efectos constitutivos. Su finalidad, como la de cualquier juez, es mantener la paz social, la cual es un valor de la República y de la comunidad, lo que le permite a la actividad jurisdiccional, en los casos señalados por la ley, controlar al Estado.

Establecida la naturaleza de las decisiones de la justicia de paz, como fallos jurisdiccionales, los mismos, como cualquier sentencia, pueden ser impugnados por las partes por la vía del amparo constitucional, si ellos infringen derechos o garantías constitucionales. Pero ¿cuál será el juez competente para conocer de tal amparo?.

Por aplicación del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la acción de amparo debe interponerse ante el Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento. Existiendo el principio de la doble instancia, toda causa que se juzgue en primera instancia está sujeta a apelación. Pero tal principio, por razones de la estructura de la justicia de paz, no funciona a plenitud con las decisiones de dichos tribunales, ya que siendo sentencias de equidad (artículo 8 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz), la regla es que ellos sean inapelables, tal como lo pauta el Código de Procedimiento Civil en su artículo 624 sobre los fallos de los árbitros arbitradores, no existiendo por lo tanto un juez de alzada o superior competente.

Por ese motivo, las decisiones del juez de paz no son apelables, sino revisables por el mismo, tal como lo establece el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz, y es que el concepto de equidad, de difícil aprehensión, se refiere a un juicio de valor de quien lo utiliza, ligado a su idea de justicia aplicada al caso concreto, opinión que no descansa en el derecho, sino en la conciencia, la moral, la razón natural u otros valores. Dado el carácter personal y subjetivo de esos valores, el tratamiento de las decisiones que en ellos se fundan, tiene que ser distinto al que se da a los fallos que se atienen a normas del derecho, y por ello la regla es que no sea revisable por otro el criterio del sentenciador; de allí, que la Ley Orgánica de la Justicia de Paz, en su artículo 47 estableció como regla, la revisión por el mismo juez del fallo que lo dictó, asesorándose con los suplentes y conjueces del tribunal. Estas reglas privarían de Juez Superior a los Jueces de Paz.

Sin embargo, el artículo 48 eiusdem, prevé la apelación de las sentencias de los jueces de paz, cuando la controversia tenga contenido patrimonial, la cual será decidida por el juez competente a quien se le envía el expediente contentivo de las actuaciones. Se trata de una excepción al principio, pero que fija la presencia de un juez superior al de paz, que conoce de las apelaciones de sus fallos, y éste vendría a ser el juez del amparo contra las sentencias de los jueces de paz.

No señala la ley especial que rige la Justicia de Paz, quién es este juez, ni tampoco lo señala la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ignoró la materia, y ante tal vacío es necesario dilucidar si el juez de la alzada es el Juez de Municipio o el de Primera Instancia.

Según el Manual de Referencia elaborado por el Ministerio de la Familia, el juez de la alzada es el de Parroquia o Municipio; mientras para Julio César Fernández en su monografía “Una Justicia de Paz para la democracia. De la jurisdicción a la justicia de Paz”, inserta en el libro “Ley Orgánica de la Justicia de Paz” (Edit. Jurídica Venezolana, 1996), el juez de la apelación es el “ordinario del Poder Judicial Nacional en competencia por la cuantía”, el cual –excepto las cuestiones atinentes a la familia- agrega esta Sala, debería ser el más bajo en la jerarquía, conforme a la competencia por la cuantía, dado los casos de ínfima cuantía que puede conocer el juez de paz. Por su parte, el autor nacional Osvaldo Parilli Araujo, en su obra “Comentarios a la Ley Orgánica de la Justicia de Paz” (Móvil-Libros 1995), señala que el juez de la apelación será el de la justicia ordinaria.

Estos autores resaltan cómo la jurisdicción ordinaria es la alzada en estos casos de la justicia de paz, lo que apuntala la naturaleza jurisdiccional de la justicia alternativa, actualmente con reconocimiento constitucional, ya que si esa no fuera su naturaleza, los tribunales ordinarios no podrían conocer en alzada, y sus fallos no causarían cosa juzgada, ejecutable.

Teniendo en cuenta que las causas de contenido patrimonial que puede conocer un Juez de Paz, están determinadas por la cuantía (numeral 1 del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz), debe interpretarse que la competencia por la cuantía determina quién es el juzgado superior del juez de paz, a los efectos de la apelación a que se refiere el artículo 48 eiusdem, ya que éste debe ser el juez inmediatamente superior al de paz, por la escala de cuantía. Este juez vendría a ser el de Municipio, pero no para que decida conforme a derecho, sino también aplicando la equidad, lo que crea una situación excepcional.

No se trata de que el juez de la justicia alternativa sea inferior al de Municipio, como no lo es el tribunal arbitral con relación a los jueces de primera o segunda instancia del Poder Judicial, sino que algún órgano jurisdiccional debe conocer de la alzada prevista en la ley, y a falta de un tribunal especial, dado que la competencia del juez de paz se regula por una cuantía ínfima (cuatro salarios mínimos mensuales), pero cuantía al fin, en la actualidad en la escala de cuantías el inmediatamente superior es el Juez de Municipio, y éste sería, por razones de seguridad jurídica, el competente para conocer de las apelaciones.

Apunta esta Sala, que se trata de una alzada de equidad, y ante tal situación, no debería ser dicho tribunal de municipio el competente para conocer de una acción de amparo, donde se juzga derecho y no equidad.

En otras palabras, a pesar de que el Juez de Municipio es un juez de derecho, a él en relación con la justicia de paz se le ordena juzgar en alzada según equidad, y siendo así, su conexidad con dicha justicia, ¿será el competente para conocer violaciones de derechos constitucionales atribuidos a la justicia de paz?.

Considera esta Sala, que ante el vacío que deja el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en relación a las sentencias dictadas por los jueces de paz, el juez competente para conocer de los amparos contra esos fallos, por tratarse de asuntos de derecho, es el de Primera Instancia correspondiente al lugar sede del Tribunal de Paz, por lo que a esta especial situación se le aplica el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. La cobertura constitucional es extensible a los fallos de los juzgados de paz, por lo que mientras la ley no diga lo contrario, son los Jueces de Primera Instancia los competentes para conocer de los amparos contra dichas sentencias, al considerarlos superiores de los jueces de paz, como jueces que pueden conocer el derecho, y así se declara.

SC 16-6-03

Ponencia del Magistrado Antonio García García. Exp. Nº 03-0609, dec. Nº 1658:

Acto arbitrario de Junta de Condominio

Establecido lo anterior la Sala procede a decidir el fondo del asunto, para lo cual observa:

Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales la acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión proveniente de los órganos del Poder Público y “contra el hecho, acto u omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley”.

En el presente caso, se observa que la actuación presuntamente lesiva procede de una “Junta de Condominio”, ente subsumible en el supuesto previsto en la referida norma, representado por los miembros de la Junta de Condominio del Conjunto Residencial Las Islas, a quienes se les imputó una conducta antijurídica, consistente en la suspensión del servicio de agua a uno de los apartamentos que conforman el referido condominio, propiedad de la agraviada, acción que tiene su fundamento en el incumplimiento de la obligación de pago de una cuota de gastos del condominio por parte de la presunta agraviada.

Observa la Sala que, tramitada la acción por el juez de la causa, la misma fue declarada con lugar, con fundamento en la infracción del derecho de propiedad de la agraviada, no obstante que el documento de condominio contenía una norma que habilitaba a la Junta de Condominio para su proceder. Por otra parte, se advierte que el juez de alzada revocó la decisión y declaró sin lugar el amparo, según se dejó establecido precedentemente, decisión ésta que constituye el objeto de la presente revisión.

Ahora bien, aprecia esta Sala que los argumentos explanados por la parte actora para fundamentar su acción de amparo constitucional, según se evidencia del libelo de demanda consignado a los autos, fueron los siguientes:

Que en su condición de propietaria de un inmueble, que forma parte de un conjunto residencial, se había negado a realizar el pago de dos (2) cuotas extraordinarias de condominio, correspondientes a un fondo especial para mejoras del edificio en el que se encuentra el inmueble.

Que previamente había establecido comunicación con la Junta de Condominio, para solicitar información acerca de dicho cobro, la que una vez otorgada no le satisfizo, por lo que finalmente manifestó su desacuerdo por la forma “arbitraria” como se había erigido dicho pago, que calificó de ilegal.

Que en virtud de lo expuesto la Administración de la Junta de Condominio procedió a colocar un cepo en la tubería de agua de su apartamento y en el de otro, cuya propietaria había adoptado la misma posición.

Que la Junta pretendía justificar su conducta en la sanción establecida en el Documento de Condominio para el incumplimiento de la obligación de pago.

Que la Ley de Propiedad Horizontal establece un mecanismo legal para el cobro de las cuotas de condominio atrasadas; que el proceder de la Junta implica tomarse la justicia por sus propias manos y conlleva a la violación de la garantía contemplada en el artículo 253 de la Constitución, que establece el monopolio exclusivo que tiene el Estado a través de los órganos que integran el Poder Judicial, para conocer de los asuntos que determinen las leyes; que referido al caso sub examen, se encontraba determinado por lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley de Propiedad Horizontal y 630 del Código de Procedimiento Civil; que además viola el derecho de propiedad contemplado en el artículo 115 de la Constitución, así como el artículo 117 eiusdem que establece el derecho de todas las personas de disponer de bienes y servicios de calidad y el artículo 83 que contiene el derecho a la salud.

Examinados tales argumentos y leído como fue el contenido íntegro de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 2 de diciembre de 2002, considera esta Sala que procede su revisión por las razones que a continuación esta Sala explica:

La función jurisdiccional cumple dentro de las sociedades civilizadas un mecanismo de resolución de conflictos entre los particulares. Su principal finalidad es que exista un órgano imparcial y especializado dispuesto a arbitrar con autoridad un conflicto intersubjetivo de intereses, esto es, que ejerza aquella función y reconozca un derecho a favor de una las partes encontradas, luego de un proceso donde ambas han participado. Tal mecanismo tiene orígenes muy antiguos; el Estado ha asumido desde tiempos remotos (inicialmente lo hizo el Monarca) la resolución de este tipo de conflictos, y sus decisiones han tenido que ser acatadas por aquellos a quienes les son adversas por el poder de imperium del que se encuentran dotadas.

En tal sentido, actualmente se concibe a la jurisdicción como la facultad de administrar justicia, se trata de una función pública encomendada a un órgano del Estado y que tiene por fin la actuación de la ley a casos concretos (DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Derecho Procesal Civil General, Pág. 87) El sistema no está concebido para que los particulares se sustituyan en esta función y de manera anárquica y arbitraria persigan dirimir sus conflictos. Esto es una función del Poder Público, que a través de los órganos respectivos, previstos en la Carta Fundamental, les corresponde impartir justicia (órganos del Poder Judicial).

De manera que, cuando un particular ante un conflicto de intereses, resuelve actuar limitando los derechos o libertades e impone su criterio, adoptando una determinada posición limitativa de los derechos de otros, constituye una sustracción de las funciones estatales, que pretende sustituirse en el Estado para obtener el reconocimiento de su derecho sin que medie el procedimiento correspondiente, actuación ilegítima y  antijurídica que debe considerarse inexistente, a tenor de lo previsto en el artículo 138 de la Constitución, en cuyo contenido se dispone: ”Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.

Por otra parte, tal actuación proveniente de la identificada Junta de Condominio, viola sin duda la prohibición de hacerse justicia por si mismo, situación que esta Sala considera ilegítima. Siendo inconveniente entonces para una eficiente administración de justicia que los mismos órganos encargados de impartirla, convengan en la posibilidad de que los ciudadanos usurpando a la autoridad procuren por sus propios medios coaccionar a los demás y aplicar sanciones, como sucedió en el caso de autos.

Pero, además, ese proceder de la Junta atenta contra un elemento fundamental para el ser humano, para la vida, pues el agua constituye un líquido vital y fundamental para la propia calidad de vida del ciudadano, cuya utilidad el Estado debe tutelar, a tenor de lo previsto en el artículo 55 de la Constitución, en cuyo contenido se dispone “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.

Resulta innecesario que la Sala explique, por ser conocido y de experiencia común, lo imprescindible que resulta para la agraviada el servicio de agua en el inmueble del que es propietaria, que según se evidencia de autos constituye el hogar de ella y su núcleo familiar y el agravio que le causa su suspensión por una persona desprovista de cualquier autoridad, y sin que haya mediado un proceso debido, a través del cual la agraviada demostrara lo legítimo o no de la falta de cumplimiento de pago de la cuota de condominio que se le exigía, para que se le aplicara una penalidad, además tan severa, como es la suspensión del suministro de agua.

La actuación lesiva que se objeta, no sólo es censurable porque se arroga de manera arbitraria y reprochable un derecho del que carece sino que fundamentalmente atenta contra los derechos y garantías previstos en la Constitución. En efecto, infringe el derecho de todo ciudadano a la vida (artículo 43); a la integridad física, psíquica y moral (artículo 46), a la salud (artículo 83) a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénicas, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias, cuya satisfacción progresiva es obligación compartida entre los ciudadanos y el Estado en todos sus ámbitos (artículo 82), quien además debe garantizar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios a un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos (artículo 127). (véase además Exposición de Motivos del Texto Constitucional).

Asimismo, ciertamente, como lo expresó el Juzgado que conoció en primera instancia, la actuación lesiva limita y restringe los atributos del derecho de propiedad (también contemplado en la Constitución, en su artículo 115) que ostenta la agraviada sobre el inmueble al que le fue suspendido el servicio de agua por la Administración de la Junta de Condominio del Edificio Saint Thomas que forma parte del Conjunto Residencial Las Islas, al haber limitado su capacidad de uso y disfrute.

Observa la Sala entonces que, el examen efectuado por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 2 de diciembre de 2002, para decidir el asunto que se sometió a su conocimiento en segunda instancia, fue escaso dada la entidad de las violaciones planteadas. Además, evidencia una absoluta inmotivación e incongruencia –como lo alegara la solicitante de la presente revisión-, toda vez que debió limitar su análisis a los hechos realmente planteados en la demanda, en la que en modo alguno se planteaba la nulidad, si bien se cuestionaba, de la normativa contenida en el Documento de Condominio que regula al referido Edificio, así como también resulta obvia la prescindencia de una adecuada argumentación orientada a la determinación de la infracción o no de principios constitucionales, que hiciera procedente la acción. Por tanto, debió entonces el referido Juzgado Superior confirmar la decisión del a quo, quien si apreció aunque muy reducida la violación constitucional alegada, y no como debió proceder como lo hizo, al revocar aquella causando un perjuicio al justiciable y evadiendo el deber que tenía como juez constitucional de ampararlo en el goce y disfrute de sus derechos y garantías constitucionales. En consecuencia, es forzoso para esta Sala proceder a la revisión y consecuente nulidad de la referida sentencia. Así se decide.

SC 29-8-03

Ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera Romero. Exp. Nº  03-0158, dec. Nº 2427:

No procede hábeas corpus contra arresto disciplinario ordenado por los jueces

De acuerdo con lo anterior, el punto fundamental del asunto sería entonces no sólo precisar cuál sería el órgano jurisdiccional competente para conocer de la legalidad de los arrestos disciplinarios, sino si contra dichos arrestos opera el hábeas corpus.

Al respecto, estima la Sala preciso acotar, que el artículo 44.1 Constitucional consagra el derecho que toda persona tiene a no ser detenida o arrestada sino en virtud de una orden judicial, salvo que sea sorprendida in fraganti delito.

Estima la Sala, que a la letra del precepto constitucional señalado, no es posible el arresto por vía administrativa-disciplinaria, ya que la detención de cualquier persona debe provenir de una orden judicial.

Ahora bien, en los casos en que los abogados, particulares, funcionarios y empleados judiciales irrespeten flagrantemente la majestad de los jueces, éstos, en esa circunstancia se encuentran facultados para “imponer sanciones correctivas y disciplinarias” a los mismos, siendo una de dichas sanciones el arresto hasta por ocho (8) días, en los casos establecidos en los artículos 93 y 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, precedentemente transcritos.

En ese orden de ideas, el juez en uso de la potestad disciplinaria puede ordenar el arresto, estando el mismo ajustado a la norma constitucional en virtud de emanar de una orden judicial.

De allí, que el derecho a la inviolabilidad de la libertad personal consagrado en el señalado artículo 44.1 de la Constitución, no se vea menoscabado en los casos de los arrestos disciplinarios, ya que la limitación del derecho que deviene en dichos casos, se encuentra preservada por los principios de la reserva legal y la judicial.

Por ello, la Sala, en sintonía con las consideraciones precedentemente expuesta, establece como doctrina vinculante, que en materia de arrestos disciplinarios provenientes de la potestad sancionatoria de los jueces de la República, no procede el mandamiento de hábeas corpus, en virtud que en dicho decreto, expedido legalmente, no existe violación al derecho a la libertad.

A juicio de la Sala, los posibles agravios que a causa de la orden de arresto se hayan ocasionado -distintos al de la libertad personal-, deben ser tutelados por vía del amparo, y cuya acción corresponderá conocerla al Tribunal Constitucional que resulte competente, no sólo por la naturaleza del derecho violado, sino igualmente por la jerarquía del órgano emisor del acto presuntamente lesivo.

En el presente caso, la Sala, estima que no ha lugar a la solicitud de hábeas corpus formulada por el abogado Domingo Montes de Oca, Defensor Delegado del Pueblo del Estado Lara, a favor de la ciudadana Carmen Alicia Perozo Heredia, con ocasión de la orden de arresto disciplinario decretado en su contra por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, y así se declara.

SCon 6-3-2001

Ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta. Exp. ´00-1661, dec. 298:

Interlocutoria que no puso fin al juicio. Inadmisible por haber intentado casación que fue declarada inadmisible.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/marzo/298-060301-00-1661.HTM

Iván Rincón Urdaneta

[…] con lugar las cuestiones previas contenidas en los ordinales 4º y 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil

[…]

El 10 de agosto de 1999, el referido Juzgado Superior declaró con lugar la apelación ejercida por el ciudadano Jesús Rafael Alvarenga en contra del auto de fecha 15 de junio de 1998 y en consecuencia ordenó el pase de la causa al estado de apertura a pruebas.

En fecha 10 de febrero de 2000, el apoderado judicial de la empresa Mi Rancho Tropical C.A, anunció recurso de casación contra la decisión dictada por el Tribunal Superior antes referido en fecha 10 de agosto de 1999.

En fecha 1º de marzo de 2000, el Juzgado Superior declaró inadmisible el recurso de casación anunciado por el accionante.

[…]

En este sentido, observa la Sala, que en los autos contenidos en el expediente se evidencia que el accionante -previo al ejercicio de la acción de amparo constitucional- ya había optado por el ejercicio de otro medio idóneo para el restablecimiento de su situación jurídica, como lo fue el recurso extraordinario de casación, el cual fue interpuesto ante el Tribunal Superior en fecha 10 de febrero de 2000, y que a su vez fue declarado inadmisible.

En razón de lo anterior, considera esta Sala que la naturaleza de la acción de amparo constitucional, impide su ejercicio cuando existan mecanismos judiciales por los cuales haya optado el accionante.

Dicha situación, se subsume en el supuesto normativo consagrado en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual expone lo siguiente:

 “Artículo 6: No se admitirá la acción de amparo: (omissis)

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado.”

Así, puede apreciarse que la Ley Orgánica de Amparo reconoce y admite la posibilidad de que la situación jurídica infringida de un derecho o garantía constitucional pueda ser restablecida a través de los medios judiciales ordinarios o preexistentes.

En este sentido, y conforme a los argumentos antes expuestos, debe esta Sala declarar inadmisible la presente acción de amparo, por cuanto –tal y como fue referido- el accionante hizo uso del recurso de casación antes de ejercer la presente acción de amparo, y así se declara.

SCon 29-8-2001

Ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta. Exp. 00-2313, dec. 1614:

Auto en ejecución. Inadmisible por litispendencia

en contra de las sentencias interlocutorias de fechas 20 y 22 de julio de 1998, dictadas por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante las cuales se acordó corrección monetaria y aclaró la forma de hacerla, respectivamente, en fase de ejecución de sentencia, con la finalidad de que sea oída su apelación en ambos efectos o, en su defecto, se revoquen dichos fallos interlocutorios.

[…]

En su solicitud de amparo, el abogado de la parte presuntamente agraviada, expuso que como consecuencia de la violación de la cosa juzgada “cuando acuerda en fase de ejecución una corrección monetaria no contenida en el dispositivo de la sentencia objeto de la ejecución”, promovió un amparo constitucional autónomo que fue remitido al Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, ante el cual intentó posteriormente la acción de amparo sobrevenido que se consulta ante esta Sala Constitucional.

El amparo sobrevenido pretende igualmente impugnar las decisiones interlocutorias del 20 y 22 de julio de 1998 que acordaron la aludida corrección monetaria, cuando solicitó que la apelación contra las mismas sea oída en ambos efectos o, en su defecto, “revoque la sentencia interlocutoria objeto del recurso de hecho” (subrayado nuestro).

En consecuencia, se configuró claramente la causal de inadmisibilidad de la acción contenida en el numeral 8 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que a la letra dice “No se admitirá la acción de amparo: ... Cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida contra un Tribunal en relación con los mismos hechos en que se hubiese fundamentado la acción propuesta”.

Esta causal no sólo se da cuando la acción esté pendiente de decisión, en sentido estricto, sino con mayor razón (“a fortiori”) cuando la acción de amparo pendiente de decisión sea sentenciada. En efecto, en tal caso, habría cosa juzgada formal, con base en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que a la letra dice “La sentencia firme de amparo producirá efectos jurídicos respecto al derecho o garantía objeto del proceso, sin perjuicio de las acciones o recursos que legalmente correspondan a las partes”.

SCon 23-6-2004

Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero. Exp.  03-1592, dec. 1219:

Interlocutoria que declara una cuestión prejudicial. Procede por violación del debido proceso

La presente acción de amparo constitucional se ha ejercido contra la sentencia interlocutoria dictada el 1° de abril de 2003 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar (folios 207 al 209), en la cual declara con lugar la cuestión prejudicial alegada por la demandada en el acto de contestación de la demanda, y “...ordena continuar el curso de este proceso hasta llegar al estado de sentencia, en cuyo estado se suspenderá hasta que sea resuelta la cuestión prejudicial...”.

[…]

En este sentido, vale citar jurisprudencia de la Sala cuando se refiere a la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, contenida en la sentencia del 3 de julio de 2002 (Caso: Matheus Orlando de Castro), en la que se dispuso:

“...(a)l respecto se debe indicar que la normativa que regula la materia es muy clara al señalar en su artículo 3 literal “d” de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que...(omissis) por lo que se debe indicar que la referida normativa constituye un imperativo legal que no puede ser desconocido por el juez, pues al hacerlo, tal circunstancia conllevó a un retraso innecesario que perjudicó al justiciable, por lo que se exhorta a dicho Juzgado a ser más acucioso en la aplicación e interpretación de cualquier dispositivo normativo..”.

      Más aún, esta Sala considera que el haber aplicado el procedimiento breve a un juicio cuyo trámite era ordinario, resulta violatorio al derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y es doctrina de la Sala realizar dicho señalamiento cuando observa que se aplicó un procedimiento incorrecto, tal y como se hizo en el caso: Central Parking System Venezuela, S.A.,Sentencia N° 3122 del 7 de Noviembre de 2003), en la cual se sostuvo:

...Omissis...

“Observa esta Sala, tal como fue sostenido en sentencia del 20 de febrero de 2002 (Caso: Alejandro Acosta Mayoral), que la determinación del procedimiento aplicable a un determinado juicio es materia propia de los jueces ordinarios y que ‘...solo podrá ser analizada por el juez de amparo cuando la determinación que erradamente haya hecho el juez ordinario conlleve una directa, evidente y flagrante violación de algún derecho constitucionalmente garantizado...’, en este sentido se debe reiterar que al juez de amparo no le está dado conocer la materia del fondo del asunto debatido en el procedimiento en cuyo curso se denuncia haber ocurrido alguna violación constitucional susceptible de ser amparada, y más cuando en el caso de autos como se señaló la determinación del procedimiento aplicable depende de los alegatos y las pruebas que se produzcan en el proceso”.

Por tal razón, se anula todo el procedimiento seguido por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de Ciudad Bolívar, con ocasión de la demanda que por Resolución de Contrato intentó el ciudadano JOSÉ ANTONIO CAMERO MONAGAS, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos RAMON DIÉGUEZ PÉREZ, MARGARITA DIÉGUEZ PÉREZ, OLGA DIÉGUEZ DE DÍAZ, BENEDICTO DIÉGUEZ PÉREZ, JESÚS DIÉGUEZ PÉREZ y DORIS DEL CARMEN DIÉGUEZ PÉREZ y NAILETH PARRA, y en consecuencia ANULA el fallo accionado dictado el 1° de Abril de 2003, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar y retrotrae la causa al estado de nueva admisión de la demanda, y así se decide.

SCon 16-2-2011

Ponencia del Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón. Exp.  10-0067, dec. 55:

Regulación de competencia. Violación de la garantía del juez competente

Al respecto se observa que el Juzgado Superior accionado, fundamentó su decisión en que en la competencia por el territorio en el caso que nos ocupa, se debe tomar en cuenta lo establecido en los artículos 42 y 47 del Código de Procedimiento Civil, siendo que el inmueble objeto de la controversia se encuentra ubicado en el Conjunto Parque Residencial Ciudad Casarapa, Parcela 13 de la Urbanización Ciudad Casarapa, Jurisdicción del Distrito Miranda, Guarenas, Estado Miranda, y visto “que el domicilio especial escogido por las partes no fue determinado como excluyente, es facultad del demandante elegir en cual tribunal interponer la demanda, sea en los Tribunales Jurisdicción del Área Metropolitana de Caracas ó en Jurisdicción del Estado Miranda (en virtud de la ubicación del inmueble y domicilio del demandado).” Motivo por el cual declaró sin lugar la regulación de competencia interpuesta.

El análisis efectuado en la sentencia objeto de amparo exigió para la aplicabilidad de dicha cláusula, que las partes hubiesen colocado de manera expresa la frase “excluyente y exclusiva a los tribunales del Área Metropolitana de Caracas”, y al no hacerlo, el demandante podía elegir el tribunal para la interposición de la demanda. Esta afirmación constituye una arbitrariedad y un grave error del juez, ya que desconoce el contenido de los artículos 1.133, 1.159 y 1.160 del Código Civil, en los que se establece que el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico; que sus disposiciones tienen fuerza de ley entre las partes (salvo que contraríen normas de orden público), y; que deben ejecutarse de buena fe y obliga no solamente a cumplir lo expresado en él, sino a todas las consecuencias que se derivan del mismo contrato, según la equidad, el uso o la ley.

De esta forma, se extralimitó el juez accionado al imponer una carga, una exigencia y una formalidad no establecida en la ley para que dicha cláusula contractual fuera cumplida, desconociendo a su vez la voluntad de ambas partes -aparentemente no viciada- en someterse al contenido de las cláusulas contractuales, por lo que es una arbitrariedad señalar un requerimiento no exigido por la ley de colocar expresamente la palabra “excluyente” para la validez de la misma e interpretar que es a la discrecionalidad del demandante la elección de los tribunales competentes.

CONDICIONES FORMALES DE INTERPOSICIÓN

MODO

20-9-01 (Evaristo Ramírez Campos):

Amparo verbal interpuesto sin asistencia de abogado

SENTENCIA Sala Constitucional 20-9-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR Jesús Eduardo Cabrera. Caso Evaristo Ramírez Campos. Exp. Nº 01-744, sentencia Nº 1.738:

El 16 de abril de 2001, el ciudadano Evaristo Ramírez Campos, titular de la cédula de identidad N° 3.813.828, actuando en su propio nombre, sin estar asistido de abogado, interpuso ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de amparo constitucional –en forma verbal- en contra de la sentencia dictada el 18 de octubre de 2000, por la Sala de Casación Social.

(...)

Esta Sala observa que, en el presente caso se está ejerciendo una acción de amparo constitucional en contra de una sentencia dictada por la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, del 18 de octubre de 2000. Al respecto, el numeral 6 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece lo siguiente:

Artículo 6.- “No se admitirá la acción de amparo :

...omissis...

6) Cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia.”

De conformidad con la norma antes transcrita y de la jurisprudencia aceptada pacíficamente por la extinta Corte Suprema de Justicia y por este Tribunal Supremo de Justicia (Caso: Isabel Valdivia Rivera, del 23 de marzo de 2001 ), no es posible el ejercicio de la acción de amparo constitucional en contra de las decisiones de la extinta Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia. Como se observa, existe una prohibición expresa de la ley que rige la materia del amparo constitucional, del ejercicio de tal acción en contra de las sentencias de alguna de las Salas de este máximo organismo jurisdiccional, la cual la hace inadmisible, y así se declara.

SC 30-10-01

Ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera Romero. Exp. Nº 00-3123, dec. Nº 2082:

Presentación de copia certificada del acto objeto de la acción

Si bien en el caso sub iudice, la inexistencia de una sentencia inhibiría cualquier otro pronunciamiento sobre la consulta que decide esta Sala, es conveniente precisar sobre el presupuesto para la declaratoria de inadmisibilidad de la acción de amparo, dictada en la Audiencia Constitucional por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, que se sustentó en el hecho de que el accionante no acompañó las copias certificadas de las actuaciones judiciales que constituyen el objeto de la acción.

En materia de amparo constitucional rige el principio de preclusividad procesal, corolario de los principios, constitucionalmente tutelados, de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley, toda vez que el accionante debe señalar en su solicitud, oral o escrita, las pruebas que desea promover, siendo ésta una carga cuya omisión produce la preclusión de la oportunidad, no solo la de la oferta de las pruebas omitidas, sino la de la producción de todos los instrumentos escritos, audiovisuales o gráficos, con que cuenta para el momento de incoar la acción y que no promoviere y presentare con su escrito o interposición oral; prefiriéndose entre los instrumentos a producir los auténticos. (Ver. Sentencia del 1° de febrero de 2000. Caso: José A. Mejía Betancourt).

Al respectó señaló esta Sala en el fallo antes citado que:

La amplitud en las formalidades no puede significar que la prueba, máximo elemento de convicción, pueda ser relajada o ignorada, y por ello considera esta Sala que si bien pueden aceptarse copias de documentos auténticos que se acompañan a los escritos de amparo, los originales o copias certificadas de dichos documentos deben ser presentados durante el proceso de amparo y que ninguna medida cautelar, cuando los hechos se verifican con documentos, puede decretarse fundada en documentos que carecen de autenticidad. Los instrumentos no auténticos solo transmiten verosimilitud, la cual produce sus efectos en un proceso como el de amparo, breve, sin formalidades y oral, lo que conduce a la inmediación en la recepción de las pruebas. En el caso de autos, los accionantes alegan los hechos que se sintetizaron en la motiva de este fallo, y los verifican con copias de documentos, que dada la naturaleza de urgencia del amparo permite que dichas copias se tomen en cuenta solo para la admisión, sujetos a que en la forma como luego se señala en este fallo, sean agregados a los autos los originales o las copias certificadas

Sorprende a esta Sala Constitucional, que en la dispositiva de la decisión contenida en el Acta de Audiencia Constitucional del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, se cite el trasunto anterior, y su vez se desconozca que en el mismo fallo, esta Sala dispuso que:

Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia.” (destacado de la Sala).

Igualmente, advierte esta Sala que es evidente la lectura parcial que hizo el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, de la doctrina constitucional establecida por esta Sala Constitucional, y en este sentido llama la atención sobre la medida cautelar innominada decretada por dicho Juzgado Superior al dictar el auto de admisión de la referida acción de amparo el 8 de noviembre de 2000, “... consistente en dejar sin efecto, provisionalmente, la ejecución forzosa de la sentencia cuestionada, hasta que se decida lo contrario”.

Sobre el particular observa esta Sala que, es doctrina reiterada, la imposibilidad de dictar medidas cautelares in limine litis e inaudita altera pars, si no se acompaña prima facie el instrumento fundamental de la acción de amparo contra sentencia o decisiones judiciales, esto es, la copia autentica de las actuaciones que se ventilan en amparo.

Esta limitación, apuntala su razón de ser en que, si bien la sentencia o decisión cuestionada a través de la acción de amparo, es susceptible de admitirse, una vez analizados los supuestos de admisibilidad, con la sola consignación de copias simples (de la sentencia o decisiones judiciales), y otorgarles una presunción de autenticidad provisional, es porque la mera admisión no afecta el status quo procesal o judicial ventilado en la acción de amparo. Sin embargo, la presunta autenticidad del instrumento probatorio, otorgada a favor del accionante, que por la urgencia no obtuvo a tiempo la copia certificada, deberá acreditarse en la audiencia oral, en la que deberá presentarse copia auténtica de la sentencia.

 Por el contrario, al decretar una medida cautelar innominada, por regla general, se modifica la situación fáctica objeto de la acción de amparo. Suspendiéndose la ejecución de una sentencia u ordenándose la paralización de un proceso ordinario, en cualquiera de sus fases, sí se está alterando el status quo de una relación procesal preexistente. De allí que, en resguardo de la seguridad jurídica, de los intereses de las partes y del orden público procesal, sea una exigencia ineluctable la presentación de las copias certificadas de la sentencia objetada en amparo, bien con el escrito o posteriormente. En otras palabras, para proveer sobre las medidas cautelares solicitadas, se exige copia autentica de las actuaciones judiciales, objeto de la acción de amparo, porque es necesario que el Juzgador, antes de decidir, constate la fiabilidad o credibilidad del medio.

En el caso sub iudice, se evidencia que los accionantes consignaron en la Audiencia Constitucional del 20 de noviembre del 2000, las copias certificadas de la referida decisión, por lo que el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy debió admitir, sustanciar y decidir la acción de amparo interpuesta por el abogado OSCAR GONZÁLEZ BARRIOS, actuando en su carácter de apoderado judicial del INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA, en contra de la sentencia dictada el 1º de junio de 1999, por el Juzgado de Primera Instancia Agraria y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en el Juicio de Calificación de Despido seguido por el ciudadano Julio César Sanblas Espinoza contra el Hogar Club Monseñor Márquez Gómez. Así se declara.

No se debe estimar demanda de amparo

Finalmente, es deber de esta Sala advertir el error en que incurre la representación de la parte accionante en el libelo de amparo, al señalar textualmente que: “Estimo la presente acción en la cantidad de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 10.000.000,00)”.

La acción de amparo está destinada a que se restablezcan situaciones jurídicas infringidas por lesiones constitucionales, no siendo ella apreciable en dinero, y aunque la Ley que la rige prevé expresa condena en costas, no opera en ella la estimación a que se refiere el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de una acción -como ya se señaló- no apreciable en dinero.

Tal como lo explicó la Sala en el fallo de 4 de mayo de 2000 (Caso: Abigail Colmenares), el cálculo de las costas, si las hubiere, en el proceso de amparo, se adelanta teniendo en cuenta situaciones diferentes a las contempladas en el Código de Procedimiento Civil.

De esta forma, se garantiza una mejor defensa de los derechos e intereses de los justiciables en amparo y se ahorra a los órganos encargados de administrar justicia, el análisis de pretensiones que, como la presente, son de imposible materialización, asegurándose una justicia más expedita y eficaz.

LUGAR

TIEMPO

5-10-01 (Ismael Medina Pacheco):

Inadmisible porque transcurrió más de 6 meses de la sentencia

Inadmisible porque reabre una controversia ya definitivamente decidida

Consentimiento tácito

SENTENCIA Sala Constitucional 5-10-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR Pedro Rafael Rondón Haaz. Caso Ismael Medina Pacheco. Exp. Nº 00-2922, sentencia Nº 1.874:

En primer lugar, respecto a la sentencia objeto de la presente demanda de amparo, dictada, el 27 de septiembre de 1984, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, ha operado el consentimiento tácito previsto en el artículo 6, cardinal 5, de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En efecto, es evidente que desde la fecha de la mencionada sentencia hasta el 2 de noviembre de 2000, transcurrió sobradamente el lapso de seis (6) meses, establecido en la norma para intentar en tiempo oportuno la demanda.

Por otra parte, se observa que las denuncias formuladas no lesionan el orden público

Por tanto, esta Sala debe declarar inadmisible el amparo propuesto contra la sentencia del 27 de septiembre de 1984. Así se decide.

Respecto a la pretensión de amparo contra la sentencia del 17 de mayo de 2000, esta Sala observa que el demandante pide que se declare su nulidad y, en virtud de ello, se ordene su reincorporación a un cargo de igual jerarquía y remuneración que el de Inspector General de Hacienda II y el pago de salarios caídos.

En este sentido, el demandante denuncia que la referida decisión del 17 de mayo de 2000 convalidó una sentencia fundamentada en una prueba inexistente, que interpretó erradamente el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Administración Central y que, por tanto, le impide ejercer su derecho al trabajo.

Ahora bien, en criterio de la Sala, dichas denuncias están dirigidas a cuestionar lo decidido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en su sentencia del 27 de septiembre de 1984, sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y, además, fue consentida por el demandante. Sobre el particular, es criterio de esta Sala Constitucional:

“... la acción de amparo contra sentencias no es un medio para plantear nuevamente ante un órgano jurisdiccional un asunto ya decidido por otro mediante sentencia firme, por cuanto el juez de amparo no actúa como una nueva instancia sino como juzgador de la constitucionalidad de la decisión accionada.

Por tanto, si la pretensión de los accionantes se dirige a cuestionar la apreciación o el criterio del sentenciador sobre los hechos controvertidos o las normas legales aplicables, -lo que conllevaría a alterar la santidad de la cosa juzgada y sus efectos, establecida por medio de trámites procesales y contra la cual no cabe recurso alguno-, considera la Sala que la acción de tutela constitucional propuesta tiene que ser desestimada, al no haber incurrido el fallo accionado en violación directa de derecho o garantía constitucional alguna. Así se declara”.

En efecto, la Sala considera que entrar a conocer de las denuncias planteadas implicaría pronunciarse sobre el criterio expresado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 27 de septiembre de 1984, sobre la validez de la copia certificada que presentó el Representante de la República, lo que, como se ha dicho, resulta imposible al Juez Constitucional. Por lo tanto, la pretensión del demandante debe ser declarada inadmisible. Así se declara.

En cuanto a la denuncia de violación del artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del derecho al debido proceso, por haberse enviado el expediente principal al Tribunal de la Carrera Administrativa antes de que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo decidiese en segunda instancia sobre la invalidación, esta Sala constata que el presunto hecho lesivo no sería la sentencia del 17 de mayo de 2000, sino, en todo caso, la decisión del 17 de septiembre de 1998 que resolvió enviar el expediente al Tribunal de la Carrera Administrativa. Contra dicha decisión resultan inadmisibles las denuncias formuladas en virtud de que ha operado el consentimiento tácito previsto en el artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y las violaciones denunciadas no constituyen una lesión a la conciencia jurídica. Además, se observa que, según lo establecido en el artículo 333 del Código de Procedimiento Civil, “la invalidación no impide la ejecución de la sentencia.” Así se decide.

ADMISIÓN A TRÁMITE

SCon 12-12-05

Ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero. Exp. Nº  05-1903, dec. Nº 4396:

Admisión por violación del derecho a recurrir

Que visto los antecedentes expuestos, la decisión dictada el 21 de abril de 2005, por la Sala n° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la representación fiscal, contra la sentencia absolutoria del 17 de marzo de 2005, es violatoria del derecho a la defensa en su acepción de derecho de recurrir del fallo desfavorable o derecho a la doble instancia, consagrado en el artículo 49, cardinal 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 8, cardinal 2, letra h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (Tratado internacional suscrito por la República Bolivariana de Venezuela). Así como también, es violatoria del derecho que tiene el Ministerio Público de la tutela judicial efectiva, consagrada el artículo 26 de nuestra Carta Magna.

[...]

De conformidad con lo argumentado por el accionante en el escrito libelar, se desprende que la presente acción de amparo constitucional fue ejercida contra la decisión dictada el 21 de abril de 2005, por la Sala n° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, donde se declaró inadmisible de acuerdo a lo establecido en el artículo 468 del Código Orgánico Procesal Penal, el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Vigésimo del Ministerio Público del Área Metropolitana, abogado Pedro Celestino Ramírez, contra la sentencia dictada el 17 de marzo de 2005, por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en funciones de juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual absolvió al acusado Virgilio Gerardo Llamozas de los delitos de homicidio calificado y porte ilícito de arma de fuego.

Por otra parte, el representante del Ministerio Público argumentó, que la doble conformidad, prevista en el artículo 468 del Código Orgánico Procesal Penal, en la cual se fundamentó la sentencia del 21 de abril de 2005 dictada por la referida Sala n° 3 de la Corte de Apelaciones, le impidió la interposición de los recursos ordinarios previstos en la ley adjetiva penal, incluyendo el de casación, coartándole el derecho a acceder a todas las etapas procesales y a obtener una decisión apegada a la ley.

En cuanto a la admisibilidad del amparo propuesto, luego de examinar las denuncias efectuadas por la representación fiscal y las actas que conforman el presente expediente, se advierte que la acción de amparo constitucional interpuesta cumple con los requisitos formales exigidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, encontrándose la misma acompañada de las copias certificadas de la decisión contra la que se interpuso dicha acción.

Asimismo, del análisis efectuado a los autos se desprende, que la referida acción de amparo no incurre en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 6 de la citada Ley Orgánica.

Al respecto, es necesario destacar que: i) no existe recaudo alguno que haga a esta Sala concluir que haya cesado la injuria constitucional denunciada; ii) la lesión - en caso de existir - es inmediata, posible y, efectivamente, pudo ser cometida por el órgano judicial accionado; iii) aún es posible restablecer la situación jurídica que pudiera haber resultado infringida; iv) la solicitud de tutela fue presentada en tiempo oportuno, y no aparece de los autos que el accionante haya consentido expresa o tácitamente la denunciada violación; v) no existe otra vía judicial distinta al amparo para restablecer la situación denunciada; vi) no se trata de una petición de amparo contra un fallo dictado por alguna Sala de este Máximo Tribunal de la República; y vii) no está pendiente de decisión otra causa relacionada con los mismos hechos.

 

Ahora bien, en virtud de que la presente acción de amparo constitucional ha sido interpuesta por un representante del Ministerio Público, conviene destacar que el artículo 13 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, reconoce la legitimación del Ministerio Público para los procesos de amparo constitucional y el artículo 15 eiusdem, establece que el representante del Ministerio Público estará a derecho en este tipo de acciones.

 

No obstante, ha sido criterio reiterado de esta Sala que en los procesos de amparo donde el Ministerio Público sea parte, no es aplicable el artículo 15 de la referida Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, todo a los fines de evitar una desigualdad o una indefensión de las partes dentro de un juicio que pretende evitar violaciones constitucionales, en consecuencia, el Fiscal General de la República, deberá abstenerse de comisionar a un representante de ese organismo para que intervenga en dicho proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. (Vid. Sentencias nros. 3.255 del 13 de diciembre de 2002 y 1.737 del 25 de junio de 2003).

 

Finalmente, como quiera que en el caso sub examine la acción de amparo constitucional constituye la única vía procesal de la cual disponía el accionante para reestablecer sus derechos constitucionales presuntamente vulnerados, en consecuencia, resulta admisible prima facie, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

INADMISIBILIDAD IN LIMINE LITIS

SCon 29-10-10

Ponencia del Magistrado José M. Delgado Ocando. Exp. Nº  10-125, dec. Nº 1060:

Inadmisible, no agotó las vias ordinarias

De conformidad con lo argumentado por el accionante en el escrito libelar, se desprende que la presente acción de amparo constitucional fue ejercida contra la decisión dictada el 21 de abril de 2005, por la Sala n° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, donde se declaró inadmisible de acuerdo a lo establecido en el artículo 468 del Código Orgánico Procesal Penal, el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Vigésimo del Ministerio Público del Área Metropolitana, abogado Pedro Celestino Ramírez, contra la sentencia dictada el 17 de marzo de 2005, por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en funciones de juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual absolvió al acusado Virgilio Gerardo Llamozas de los delitos de homicidio calificado y porte ilícito de arma de fuego.

Por otra parte, el representante del Ministerio Público argumentó, que la doble conformidad, prevista en el artículo 468 del Código Orgánico Procesal Penal, en la cual se fundamentó la sentencia del 21 de abril de 2005 dictada por la referida Sala n° 3 de la Corte de Apelaciones, le impidió la interposición de los recursos ordinarios previstos en la ley adjetiva penal, incluyendo el de casación, coartándole el derecho a acceder a todas las etapas procesales y a obtener una decisión apegada a la ley.

En cuanto a la admisibilidad del amparo propuesto, luego de examinar las denuncias efectuadas por la representación fiscal y las actas que conforman el presente expediente, se advierte que la acción de amparo constitucional interpuesta cumple con los requisitos formales exigidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, encontrándose la misma acompañada de las copias certificadas de la decisión contra la que se interpuso dicha acción.

Asimismo, del análisis efectuado a los autos se desprende, que la referida acción de amparo no incurre en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 6 de la citada Ley Orgánica.

Al respecto, es necesario destacar que: i) no existe recaudo alguno que haga a esta Sala concluir que haya cesado la injuria constitucional denunciada; ii) la lesión - en caso de existir - es inmediata, posible y, efectivamente, pudo ser cometida por el órgano judicial accionado; iii) aún es posible restablecer la situación jurídica que pudiera haber resultado infringida; iv) la solicitud de tutela fue presentada en tiempo oportuno, y no aparece de los autos que el accionante haya consentido expresa o tácitamente la denunciada violación; v) no existe otra vía judicial distinta al amparo para restablecer la situación denunciada; vi) no se trata de una petición de amparo contra un fallo dictado por alguna Sala de este Máximo Tribunal de la República; y vii) no está pendiente de decisión otra causa relacionada con los mismos hechos.

Ahora bien, en virtud de que la presente acción de amparo constitucional ha sido interpuesta por un representante del Ministerio Público, conviene destacar que el artículo 13 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, reconoce la legitimación del Ministerio Público para los procesos de amparo constitucional y el artículo 15 eiusdem, establece que el representante del Ministerio Público estará a derecho en este tipo de acciones.

No obstante, ha sido criterio reiterado de esta Sala que en los procesos de amparo donde el Ministerio Público sea parte, no es aplicable el artículo 15 de la referida Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, todo a los fines de evitar una desigualdad o una indefensión de las partes dentro de un juicio que pretende evitar violaciones constitucionales, en consecuencia, el Fiscal General de la República, deberá abstenerse de comisionar a un representante de ese organismo para que intervenga en dicho proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. (Vid. Sentencias nros. 3.255 del 13 de diciembre de 2002 y 1.737 del 25 de junio de 2003).

Finalmente, como quiera que en el caso sub examine la acción de amparo constitucional constituye la única vía procesal de la cual disponía el accionante para reestablecer sus derechos constitucionales presuntamente vulnerados, en consecuencia, resulta admisible prima facie, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

SC 24-2-03

Ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz. Exp. Nº  02-1563, dec. Nº 369:

Situaciones en que puede optar por el amparo en lugar del recurso de casación

Se trata, entonces, de una decisión de última instancia que puso fin a un juicio de naturaleza agraria con una cuantía superior a los cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,°°), por lo que la misma era susceptible de impugnación mediante el recurso extraordinario de casación.

Ahora bien, esta Sala, en sentencia n° 2369 del 23.11.01, asentó:

“...en sentencia nº 1496/2001 del 13 de agosto, estableció las condiciones necesarias para que operara la vía de la acción de amparo constitucional, ante la falta de agotamiento de la vía judicial previa. A tal efecto, dispuso que:

‘...la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones:

a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o

b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida.

La disposición del literal a), es bueno insistir, apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.

La exigencia del agotamiento de los recursos a que se refiere el aludido literal a), no tiene el sentido de que se interponga cualquier recurso imaginable, sino sólo los que permitan reparar adecuadamente lesiones de derechos fundamentales que se denuncian. No se obliga, pues, a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación que puedan estar previstos en el ordenamiento procesal, sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiesten ejercitables y razonablemente exigibles. En consecuencia, por ejemplo, ante el agotamiento de la doble instancia en un juicio civil, el actor tendrá la posibilidad de recurrir en casación o en amparo constitucional, pues es sabido que aquélla constituye una vía extraordinaria de revisión/(...)’.

En concordancia con lo expuesto anteriormente, la Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo.

Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.

No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad.

En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (KELSEN, H., Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad. de Moisés Nilve.” (Subrayado añadido).

 

En el caso sub examine, el querellante optó por la vía del amparo y no ejerció el recurso extraordinario de casación contra el fallo objeto de impugnación, para lo cual invocó la jurisprudencia de esta Sala que estableció dicha posibilidad.

En lo que a ello respecta, los representantes de Procesadora de Maderas Guayana S.A. (PROMAGUA) arguyeron la inadmisibilidad del amparo con fundamento en el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto, a su juicio, el querellante no agotó la vía o recurso judicial existente (casación), el cual, indicaron, suspendía los efectos de la decisión que se impugnó en amparo.

Alegaron, además, que el supuesto agraviado no justificó en su demanda el porqué optó por el amparo y no por el recurso de casación, lo que hace inadmisible el primero de acuerdo con la doctrina de esta Sala.

Al respecto, esta Sala considera necesarias las siguientes precisiones:

El recurso de casación es una petición extraordinaria de impugnación que persigue la nulidad de una decisión judicial contraria a derecho; no constituye un recurso ordinario o vía judicial ordinaria como erróneamente lo señalaron los apoderados de Procesadora de Maderas Guayana S.A. (PROMAGUA). 

La omisión del querellante en cuanto a la justificación o puesta en evidencia, en el libelo de las razones por las que optó por el amparo y no por el recurso extraordinario de casación, no acarrea la inadmisibilidad del mismo conforme con el criterio que estableció esta Sala en la sentencia transcrita supra y la n° 939 del 9.8.2000, (Caso: Stefan Mar C.A.) en la que se señaló:

“En este contexto es menester indicar que la postura que sirve de fundamento al fallo apelado ha sido corregida progresivamente por esta Sala hasta el punto de considerar que la parte actora puede optar entre el ejercicio de la acción de amparo y la vía de impugnación ordinaria (vid sentencia de fecha 15 de febrero de 2000 entre otras); no obstante, para ello debe poner en evidencia las razones por las cuales decidió hacer uso de esta vía -amparo- ya que de lo contrario se estarían atribuyendo a este medio procesal los mismos propósitos que el recurso de apelación, lo cual no ha sido en ningún momento la intención del legislador”. (Subrayado y negrillas añadidos).

Se observa pues, que la puesta en evidencia o justificación por parte del demandante en amparo se exigió en lo que respecta al supuesto de escogencia entre el amparo y la vía judicial ordinaria de impugnación, y no en relación con otros medios judiciales preexistentes como, por ejemplo, el recurso extraordinario de casación, lo cual conduce a la desestimación de los alegatos de inadmisibilidad de los representantes de Procesadora de Maderas Guayana C.A., y así se decide.

No obstante lo que antes fue expuesto, esta Sala considera necesarios algunos cambios y precisiones en su doctrina en cuanto a: i) La simple posibilidad de escogencia entre el recurso extraordinario de casación y el amparo (sentencia n° 2369 del 23.11.01); ii) La puesta en evidencia o justificación en la escogencia entre la vía judicial ordinaria de impugnación y el amparo (sentencia n° 939 del 9.8.00).

Tales cambios y precisiones se exponen a continuación con sus respectivos fundamentos de hecho y de derecho:

El recurso de casación es una petición extraordinaria de impugnación cuya formalización exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales, tanto desde el punto de vista del abogado que lo redacta (ex artículo 324 del Código de Procedimiento Civil) como de la técnica necesaria para el examen de las denuncias que en el se hacen, lo que lo diferencia, entre otras razones, del amparo.

Sin embargo, a juicio de esta Sala, tales argumentos no son suficientes como para que pueda prescindirse de su necesario agotamiento como medio judicial preexistente que ofrece el ordenamiento jurídico, (artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales), máxime si se toma en cuenta que su simple interposición suspende los efectos de la sentencia e impide su ejecución, lo que garantiza que la decisión, aun lesiva de derechos constitucionales, sea incapaz de alterar la esfera jurídica del supuesto agraviado; lo cual, aunado a la posibilidad de la obtención de protección de derechos y garantías constitucionales a través de la sentencia de casación, determina la idoneidad y eficacia del recurso de casación para el restablecimiento de la situación jurídica que se denunciare infringida. (Vid., en el mismo sentido, respecto de las sentencias sometidas a apelación en ambos efectos, s.S.C. n° 848 de 28.07.00, caso Baca).

En criterio de esta Sala, dicha escogencia sólo se justificaría en circunstancias excepcionales como, por ejemplo, la falta de anuncio oportuno del recurso por desconocimiento de la existencia de la decisión que se hubiere dictado sin previa notificación de las partes para la continuación del juicio, en casos de paralización de la causa. En tal caso, sin que ello signifique que sea el único, encontraría el querellante la justificación necesaria que lo habilitaría para la interposición de una demanda de amparo.

De modo pues que, a juicio de esta Sala, si la decisión es susceptible de impugnación mediante el recurso extraordinario de casación, su falta de ejercicio configura, en principio, la causal de inadmisibilidad que establece el artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, salvo que el querellante ponga en evidencia razones suficientes y valederas que justifiquen realmente la admisión del amparo respecto de una sentencia susceptible de que sea recurrida en casación.

La violación o amenaza de violación de derechos fundamentales, el urgente restablecimiento de la situación jurídica infringida, la eventual irreparabilidad del daño y la circunstancial inidoneidad e ineficacia de las vías, medios o recursos judiciales preexistentes (ordinarios o extraordinarios) en un caso concreto, son circunstancias determinantes de la admisibilidad y procedencia de una demanda de amparo.

Corresponde entonces al supuesto agraviado la puesta en evidencia, en el escrito continente de su demanda, de tales circunstancias, de lo cual dependerá, en gran medida, el éxito de su pretensión.

La escogencia, por parte del querellante, entre la demanda de amparo y las vías, medios o recursos judiciales preexistentes (ordinarios o extraordinarios) es la excepción, no la regla, y es posible sólo cuando las circunstancias a que se hizo referencia supra así lo ameriten, para lo cual, se insiste, es necesario que el agraviado las ponga en evidencia ante el Juez, quien, en definitiva, las ponderará en cada caso.

25-10-00 Corte Primera de lo Contencioso Administrativo

Inadmisibilidad in limine sólo por los numerales 6 y 7 art. 6 LOA

SENTENCIA Corte Primera de lo Contencioso Administrativo 25-10-2000. PONENCIA DE LA MAGISTRADA Ana María Ruggeri Cova. Sentencia Nº 1.371:

Resulta oportuno dejar sentado tal como lo hizo en sentencia de fecha 1 de febrero de 2000, recaída en el juicio de amparo constitucional ejercido por el ciudadano José Angel Rodríguez contra una orden de arresto (Expediente 00-22651), que es permisible al juez que conozca de una solicitud de amparo constitucional pronunciarse preliminarmente sobre la "admisibilidad de la demanda", esto es, si la demanda es contraria al orden público y las buenas costumbres, o alguna disposición expresa de la Ley. En aquel entonces se establecieron los criterios que hoy se reiteran:

"La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no prevé la 'admisión' de la demanda los efectos de darte el trámite procedimental correspondiente, sino que impropiamente establece en el artículo 6 las llamadas causales de inadmisibilidad' cuando en verdad se trata de 'causales de improcedencia de la pretensión puesto que las mismas sólo pueden decidirse al final del procedimiento y no in limine litis salvo los numerales 6 y 7 eiusdem; el verbo admitir proviene del latín 'mitere' que significa 'recibir, dar entrada'.

Ahora bien cuando en un procedimiento de amparo constitucional se solicita una medida cautelar por aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil, como ocurre en el caso sub examine, es necesario que exista un procedimiento al menos admitido (carácter de instrumentalidad) salvo los específicos casos de instrumentalidad mediata (extralitem) como ocurre en materia de Derecho de autor, Código Orgánico Tributario y la Emergencia Financiera

Esto implica que, en principio, no puede decidirse una petición cautelar sin la previa existencia de un procedimiento admitido, pero en materia de amparo constitucional la 'admisión' se prevé como el acto terminal del procedimiento, tal como antes se expresó.

La solución a este problema se encuentra en la consideración de la naturaleza o categoría jurídica del amparo constitucional erróneamente denominado 'acción' 'recurso' y 'proceso', cuando la realidad es que se trata de un verdadero 'procedimiento especial' a la luz del procedimiento ordinario o común establecido en el Código de Procedimiento Civil y la 'especialidad' se deriva de su cognición sumaria, los especiales efectos de la sentencia etc. Ello Implica la remisión expresa que hace el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a las normas procesales en vigor y, si queda alguna duda, el artículo 22 del Código de Procedimiento Civil ordena aplicar a los procesos especiales las normas generales contenidas en dicho instrumento cuando no haya una disposición expresa. Bajo estas consideraciones esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo admite la pretensión de amparo constitucional por cuanto la misma no es contraria al orden público, la moral (sic) y las buenas costumbres, o alguna disposición expresa de la Ley este procedimiento en la correspondiente decisión del presente fallo, a los solos efectos del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil en atención a lo establecido en los artículos 22 eiusdem y 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”.

27-4-01 (Representaciones Parinca):

Sentencia de Alzada dictada por Juez incompetente por la cuantía

Consentimiento tácito

SENTENCIA Sala Constitucional 27-4-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR Jesús Eduardo Cabrera Romero. Caso REPRESENTACIONES PARINCA COMPAÑÍA ANÓNIMA. Exp. Nº 00-1744, sentencia Nº 568:

De todas las consideraciones expuestas en la solicitud constitucional, se deduce con toda claridad que el evento del cual se deduce la violación a la garantía del debido proceso y al derecho a ser juzgado por su juez natural, es que el fallo ha sido dictado por un juez, que en opinión del presunto agraviado, no era competente por la cuantía. Para lo cual aportan como elemento de convicción, el libelo de la demanda del juicio donde se produjo la sentencia, que reputan violatoria de derechos y garantías constitucionales; y un auto dictado por el órgano jurisdiccional autor del fallo cuestionado, donde se niega el recurso de casación por no tener la cuantía necesaria para admitir dicho recurso. Circunstancias, que a criterio del presunto agraviado, ponen en evidencia la incompetencia del tribunal de primera instancia, y, por vía de consecuencia, la del tribunal superior que dictó la sentencia contra la cual se propone el amparo.

Ahora bien, de acuerdo a lo previsto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, la incompetencia por el valor puede declararse aun de oficio, en cualquier momento del juicio en primera instancia. De lo cual se infiere, sin duda alguna, que una vez transcurrido el trámite del juicio en primera instancia, no puede plantearse la declinatoria de competencia por la cuantía, ni podría el juez superior declararla de oficio.

Otra consecuencia se deduce de lo previsto en el citado artículo 60: una vez que ha cesado la posibilidad de que se solicite o se declare de oficio la declinatoria de competencia por la cuantía, el Juez Superior es, con respecto a ese juicio, el juez natural. Otra cosa no puede deducirse de la norma procesal, pues, es evidente, que el tema de la cuantía sólo permite revisarlo en primera instancia. Por tanto, una vez concluida esa fase del juicio, sin que haya existido la discusión o la declaratoria de oficio, la competencia queda consolidada en el juez que conoció en primera instancia y en el juez que conoció del recurso de apelación.

Además de lo expuesto, debe considerarse que en la situación que se analiza no existe evidencias en autos, de las que pueda deducirse que la parte solicitó en primera instancia la declinatoria de competencia. Por tanto, de acuerdo al sentido del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, una vez transcurrido el trámite en primera instancia, sin que alguna de las partes haya planteado la cuestión de la cuantía, cesa para ellas toda posibilidad de proponerla. Es decir, la norma procesal consolida la competencia cuando ninguna de las partes o el juez de oficio, plantea el conflicto en primera instancia. Circunstancia, que desde la perspectiva del amparo constituye conformidad con la presunta infracción pues, es indudable, que el tratamiento que da el Código Procesal a la competencia por la cuantía, no hace de ella un asunto en el cual se encuentre decididamente interesado el orden público.

Esta Sala observa, por una parte, que el evento del cual se pretende deducir la violación de derechos y garantías constitucionales, no tiene la posibilidad de producir las infracciones constitucionales denunciadas; y, por otra, debe considerarse consentido tácitamente, por cuanto el presunto agraviado no discutió la cuestión de la competencia por la cuantía, en la oportunidad procesal correspondiente. En consecuencia, debe ser declarado in limine litis improcedente la acción.

5-10-01(Orlando Riera Montes de Oca):

Inadmisible

Hizo uso de las vías ordinarias

SENTENCIA Sala Constitucional 5-10-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR Pedro Rafael Rondón Haaz. Caso Orlando Riera Montes de Oca. Exp. Nº 01-1801, sentencia Nº 1.872:

La Sala observa que el demandante en amparo denunció la violación del principio in dubio pro operario y de su derecho a prestaciones sociales, con fundamento en los artículos 89, cardinal 3 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, presuntamente vulnerados por la sentencia interlocutoria dictada, el 14 de noviembre de 2000, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

Ahora bien, tal y como lo confiesa el propio actor en su demanda, contra dicha decisión interpuso recurso de apelación que le fue oído en un solo efecto “...la cual fue negada ...”

La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece:

“Artículo 6: No se admitirá la acción de amparo:

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes [omissis]”

Esta Sala se pronunció en sentencia N° 848 del 28 de julio de 2000 (caso Luis Alberto Baca), sobre el alcance de esta causal de inadmisibilidad y expresó:

“Entiende este supuesto la Sala, en el sentido de que sobre el mismo tema del amparo exista un juicio en curso diverso al del amparo, ya que ello significa que el accionante no consideraba de carácter inmediato la lesión de su situación jurídica; o que haya usado otros medios judiciales para reparar su situación, como pedir al juez de la causa la aplicación del control difuso de la constitucionalidad. Cuando esto ocurra, el lesionado no tiene derecho al amparo ya que él ha considerado que la vía utilizada es de igual entidad que la del amparo para obtener la reparación de su situación jurídica.

Su opción al amparo renacería, si tal reparación no puede lograrla en tiempo breve, pero es de anotar que mientras no se cumplan los lapsos procesales establecidos en las leyes, no puede en estos casos argüirse la dilación indebida, ya que el legislador, al crear los lapsos y términos procesales, lo hizo en el entendido de que ellos eran los necesarios y concretos para una buena administración de justicia.”

A la luz de lo transcrito, observa la Sala que, en el caso que nos ocupa, el apoderado del presunto agraviado, ejerció el medio judicial preexistente que consideró idóneo para restablecer su situación jurídica presuntamente infringida, esto es, apeló la decisión dictada por el presunto agraviante, que denunció como lesiva de sus derechos constitucionales, y que por tanto se verificó el supuesto contenido en la norma antes transcrita, lo que hace inadmisible la demanda de amparo interpuesta, razón por la cual se confirma, por los motivos expuestos, la decisión dictada, el 26 de julio de 2001, por el Juzgado Superior (Accidental) del Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Así se decide.

1-11-00 (Municipio Chacao)

Inadmisible

No utilizó las vías judiciales ordinarias

SENTENCIA Sala Constitucional 1-11-00. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR José M. Delgado Ocando. Caso Municipio Chacao. Exp. Nº 00-1745, sentencia Nº 1.314:

De tales motivos deriva la condición que en materia procesal se asigna al recurso de  amparo constitucional, cuyo conocimiento y decisión, en razón de los intereses protegidos, debe ocurrir a través de un procedimiento de impugnación sumario y urgente, el cual opera en las circunstancias siguientes: luego de haberse agotado las  vías ordinarias, siempre y cuando sean denunciadas infracciones constitucionales ex novo, no discutidas en la controversia primigenia y atribuibles a la sentencia que dio fin al procedimiento ordinario; ante casos cuya posible irreparabilidad no cuente con medios judiciales preexistentes, o de existir éstos, no resulten adecuados a la realización de la justicia en la específica situación planteada, en consideración a que el agravio o la amenaza requieran una reacción inmediata del aparato judicial.

(...)

Por tanto, la regla en esta materia es recurrir a las  vías ordinarias, estando fundadas las excepciones en una presunción de irreparabilidad, la cual se haría patente en casos como los mencionados. Una vez sentado lo cual, situada la atención de la Sala en el caso bajo examen, no consta que la entidad que exige la tutela haya agotado las  vías judiciales que el ordenamiento jurídico le ofrece para satisfacer su pretensión, así como no se evidencia del escrito presentado que la situación en cuestión pueda subsumirse en la presunción de irreparabilidad exigida. En consecuencia, estima la Sala que no existe una denuncia de tal gravedad que haga posible excepcionar al actor del tránsito por las  vías ordinarias de impugnación, por lo que la acción resulta inadmisible. Así se decide.-

SC 5-10-01

Ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz. Exp. Nº 00-1469, sentencia Nº 1873:

Amparo sobrevenido en apelación art. 291 ccom

En segundo término, se aprecia que la presunta agraviante no interpuso el recurso de apelación que prevé el artículo 291 citado, porque, en su criterio, “...no podía ejercer la apelación en un proceso en el cual no ha sido citada para contestar...”. Esta Sala considera errada dicha apreciación, ya que la supuesta ausencia de notificación no le impedía apelar, pues, citada o no, en su carácter de denunciada, estaba legitimada para apelar, de conformidad con el artículo 297 del Código de Procedimiento Civil:

“...tendrán derecho a apelar de la sentencia definitiva, no solo las partes, sino todo aquel que, por tener interés inmediato en lo que sea objeto o materia del juicio, resulte perjudicado por la decisión, bien porque pueda hacerse ejecutoria contra él mismo, bien porque haga nugatorio su derecho, lo menoscabe o desmejore.”

La demandante resultó evidentemente perjudicada con la decisión, por cuanto en ella el Juez estableció que “...ciertamente hubo en el desempeño por parte de los denunciados ciertas irregularidades en el ejercicio de sus funciones...”

Además, se aprecia que la demandante, no sólo estaba legitimada, sino que pudo apelar de la decisión antes de que precluyera el lapso: interpuso amparo sobrevenido contra la resolución del 29 de febrero de 2000, en un día que del contenido de autos no se pudo determinar pero que, obviamente, fue previo al 8 de marzo de 2000, oportunidad cuando se decidió dicho amparo y que constituía el 4º día hábil siguiente a aquél cuando se pronunció la decisión impugnada.

Lo anterior deja en evidencia que la hoy demandante tuvo conocimiento de lo resuelto en tiempo hábil para recurrir en apelación y no lo hizo.

Por los argumentos expuestos esta Sala debe confirmar la sentencia apelada, ya que la pretensión es inadmisible, de conformidad con el artículo 6, cardinal 5, de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales que, se insiste, confiere al amparo sobrevenido una finalidad cautelar dentro de un proceso principal, que, en el caso de autos, había fenecido por la falta de apelación de la decisión impugnada. Así se decide.

SC 3-8-01

Ponencia del Magistrado Antonio García García. Exp. Nº 01-0382, sentencia Nº 1327:

Amparo sobrevenido inadmisible, no puede apelar e interponer amparo

Señalaron los apoderados judiciales del accionante que el 16 de enero de 2001, el ciudadano Alberto Emerich Esqueda Torres, actuando con el carácter de Ministro de Infraestructura “ y representante de la República Bolivariana de Venezuela como accionista de la C.A Metro de Caracas” interpuso ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 291 del Código de Comercio, denuncia formal de irregularidades en el cumplimiento de los deberes de los administradores y falta de vigilancia por parte de los comisarios de la Compañía Anónima Metro de Caracas, por lo cual solicitó a dicho órgano jurisdiccional que acordase la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria y que designare como Presidente encargado de la misma al ciudadano Luis Felipe Sánchez Mayorca, en sustitución del solicitante del amparo constitucional, Vicente Tortoriello Varalla.

[...]

DE LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia del 6 de febrero de 2001, el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar la acción de amparo constitucional “sobrevenida” interpuesta contra las actuaciones judiciales realizadas por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con base en las siguientes consideraciones:

[...]

Al efecto, esta Sala ha establecido en anteriores fallos que cuando el recurso de apelación se oye en un solo efecto, como sería lo previsto en el artículo 291 del Código de Comercio para el caso bajo examen, y existe la posibilidad de que el fallo pueda acarrear violaciones constitucionales, en perjuicio de una de las partes, la lesionada puede optar entre acudir a la vía de apelación o la acción de amparo constitucional, pues “... si antes de que precluya el plazo para apelar, opta por la acción de amparo constitucional, en lo concerniente a la infracción constitucional el juez del amparo será el que conozca la acción autónoma; y si el perjudicado utilizare el recurso de apelación contra el fallo lesivo, dentro de tal recurso no podrá decidirse lo atinente a la transgresión constitucional, ya que ante dos jueces (el del amparo y el de la apelación) cuyo deber es mantener la supremacía de la Constitución, es el juez ante quien se incoa la acción natural de jurisdicción constitucional (el amparo) el que debe decidirla, surgiendo con respecto al de la alzada una litispendencia en ese sentido, donde impera la pendencia acusada por la acción de amparo. (Vid. Sentencia de esta Sala Constitucional del 28 de julio de 2000, caso Luis Alberto Baca).

Ahora bien, cursa en las actas del expediente la diligencia del 24 de enero de 2001 mediante la cual los apoderados judiciales del ciudadano Vicente Tortoriello Varalla apelaron de la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia que ordenó la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria de la Compañía Anónima Metro de Caracas, dado que consideraron que la misma acarreaba la violación del derecho a la defensa de su representado, y en consecuencia solicitaron la declaratoria de “NULIDAD de la decisión apelada y la reposición al estado de que los administradores y comisarios de la C.A Metro de Caracas sean citados o notificados, respecto a la denuncia interpuesta.”

Asimismo, se constata de la referida diligencia del 24 de enero de 2001, la pretensión por parte de los apoderados judiciales del referido ciudadano “ es necesario resaltar que el recurso de amparo interpuesto es de efectos cautelares para obtener protección inmediata del Juez que ha de conocer del recurso ordinario mediante las suspensión provisional de los efectos del acto contraventor de la Constitución, en este caso la orden de celebración de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de C.A Metro de Caracas..”., lo que también se desprende del petitorio y del escrito de apelación presentado por los mencionados abogados, quienes solicitaron que “ con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 de la citada Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el restablecimiento de la situación jurídica infringida..”.

Se colige entonces que la apelante pretendió utilizar ambos medios judiciales, el amparo y el recurso de apelación, con el mismo propósito, lograr la suspensión de la celebración de la asamblea extraordinaria dentro de la referida compañía, cuando de lo anteriormente expuesto se colige que una vez utilizada la acción de amparo constitucional quedaba imposibilitado jurídicamente para interponer el recurso de apelación con base en el mismo fundamento, violación del derecho a la defensa.

Al respecto llama la atención que existan profesionales del derecho que con el propósito de lograr sus fines, invoquen todavía la aplicación del artículo 22 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuya nulidad fue declarada hace ya varios años mediante sentencia del 21 de mayo de 1996 dictada por la extinta Corte Suprema de Justicia, pues ello demuestra el desconocimiento de la normativa aplicable o la intención malsana de lograr sus fines por cualquier medio, sin tomar en consideración que como se ha dicho reiteradamente que no es cierto que per se cualquier transgresión de derechos y garantías constitucionales está sujeta de inmediato a la tutela del amparo, y menos las provenientes de la actividad procesal, ya que todos los Jueces de la República siendo protectores de la integridad de la Constitución, deben restablecer, al ser utilizadas las vías procesales ordinarias, la situación jurídica infringida, antes que se haga irreparable.

En ese sentido, cabe destacar que uno de los caracteres principales de la acción de amparo constitucional, es el de ser un medio judicial restablecedor, cuyo objetivo es impedir que una situación jurídica sea lesionada en forma irreparable, por la violación de derechos o garantías constitucionales, caso en que el amparo persigue la restitución de la situación jurídica infringida o una semejante a ella, si no pudiera lograrse un restablecimiento idéntico. Entonces, es precisamente la reparabilidad inmediata de la situación, el fundamento de la acción de amparo constitucional, y ese es el sentido que le otorga la ley, pues artículo 6 numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica de Amparo consagra como causales de inadmisibilidad de la acción que la amenaza no sea inmediata, o cuando la lesión sea irreparable, por no ser posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida.

En consideración a lo expuesto, se constata que la pretensión del solicitante a través de la interposición de la acción de amparo constitucional incoado era impedir la celebración de una asamblea extraordinaria y no discutir sobre el fondo del asunto referente a la convocatoria o no de la Asamblea sin oír a los administrados como pretendió innovarlo en el escrito de apelación presentado ante esta Sala Constitucional.

Ello así, corre en autos, la copia certificada del acta de la Asamblea Extraordinaria de la Compañía Anónima Metro de Caracas, celebrada el 26 de enero de 2001, mediante la cual se aprobó la remoción del ciudadano Vicente Tortoriello Varalla del cargo de Presidente de la Compañía Anónima Metro de Caracas y la designación del ciudadano Luis Felipe Sánchez Mayorca para ejercer las funciones de Presidente encargado, y de los ciudadanos Jesús Ascanio Alvarado y Daisy Parejo de Calderón como Comisarios Principal y Suplente, respectivamente, por lo que, en consideración a lo expuesto, consumado el hecho que supuestamente atentaba contra los derechos constitucionales del solicitante, constituye entonces una situación irreparable, no siendo posible el restablecimieno de la situación jurídica infringida.

5-10-01 (Mirian Del Valle Carpio de Ariza):

Amparo sobrevenido

Su carácter cautelar

Inadmisible porque no apeló

SENTENCIA Sala Constitucional 5-10-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR Pedro Rafael Rondón Haaz. Caso Mirian Del Valle Carpio de Ariza. Exp. Nº 00-1469, sentencia Nº 1.873:

El amparo sobrevenido tiene por finalidad “la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado” (Artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), de manera que, si existe un medio ordinario de procedimiento que pueda resolver en definitiva sobre la validez del acto al que se atribuye la violación constitucional sobrevenida, la vía del amparo cautelar es inadmisible, puesto que sin aquél su finalidad preventiva sería imposible de satisfacer, así lo expresó la Sala Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia:

“...el amparo asume en este supuesto un rol cautelar que convierte el procedimiento judicial ordinario en una vía eficaz para el restablecimiento definitivo de la situación jurídica que le ha sido infringida al pretensor, por lo cual nada impide que esta acción puede proponerse conjuntamente con el mecanismo procesal previsto por la ley para resolver el asunto (ejem: recurso de hecho contra negativa de oír apelación) e, incluso, después de interpuesto aquél (caso de apelación oída en un solo efecto), porque el amparo sólo persigue la suspensión de los efectos del acto cuestionado, como medida de protección provisional del derecho que se alega violado o amenazado, mientras se juzga en forma definitiva sobre el acto recurrido; pero en todos los casos será condición necesaria para su procedencia la demostración del riesgo de irreparabilidad de la violación constitucional, por la sentencia de fondo. La decisión que en este sentido se dicte será revisable, bien por apelación o por consulta, de conformidad con las previsiones del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.” (s. SCC-CSJ nº 288 del 09.10.97)

Por tanto, corresponde a esta Sala determinar si, contra la decisión impugnada, podía interponerse recurso de apelación, y si dicho recurso fue ejercido.

En primer término la Sala aprecia que la demandante, en su carácter de Vicepresidenta de Constructora Romariza, C.A., fue denunciada mediante el procedimiento de jurisdicción voluntaria regulado en el artículo 291 del Código de Comercio. Con dicho procedimiento se persigue que, de existir indicios de irregularidades y si así lo declarase el tribunal, se convoque a la Asamblea de Accionistas. Contra esa decisión definitiva, bien en sentido positivo o negativo, el Artículo 291 del Código de Comercio prevé apelación en un solo efecto:

“Cuando se abriguen fundadas sospechas de graves irregularidades en el cumplimiento de sus deberes por parte de los administradores y falta de vigilancia de los comisarios, un número de socios que represente la quinta parte del capital social podrá denunciar los hechos al Tribunal de Comercio, acreditando debidamente el carácter con que proceden.

El Tribunal, si encontrare comprobada la urgencia de proveer antes de que se reúna la asamblea, podrá ordenar, luego de oídos los administradores y comisarios, la inspección de los libros de la compañía, nombrando a este efecto, a costa de los reclamantes, uno o más comisarios, y determinando la caución que aquellos han de prestar por los gastos que se originen de tales diligencias.

El informe de los comisarios se consignará en la Secretaría del Tribunal.

Cuando no resulte ningún indicio de la verdad de las denuncias, así lo declarará el Tribunal, con lo cual terminará el procedimiento. En caso contrario, acordará la convocatoria inmediata de la asamblea. Contra estas providencias no se oirá apelación sino en un solo efecto.”

En segundo término, se aprecia que la presunta agraviante no interpuso el recurso de apelación que prevé el artículo 291 citado, porque, en su criterio, “...no podía ejercer la apelación en un proceso en el cual no ha sido citada para contestar...”. Esta Sala considera errada dicha apreciación, ya que la supuesta ausencia de notificación no le impedía apelar, pues, citada o no, en su carácter de denunciada, estaba legitimada para apelar, de conformidad con el artículo 297 del Código de Procedimiento Civil:

“...tendrán derecho a apelar de la sentencia definitiva, no solo las partes, sino todo aquel que, por tener interés inmediato en lo que sea objeto o materia del juicio, resulte perjudicado por la decisión, bien porque pueda hacerse ejecutoria contra él mismo, bien porque haga nugatorio su derecho, lo menoscabe o desmejore.”

La demandante resultó evidentemente perjudicada con la decisión, por cuanto en ella el Juez estableció que “...ciertamente hubo en el desempeño por parte de los denunciados ciertas irregularidades en el ejercicio de sus funciones...”

Además, se aprecia que la demandante, no sólo estaba legitimada, sino que pudo apelar de la decisión antes de que precluyera el lapso: interpuso amparo sobrevenido contra la resolución del 29 de febrero de 2000, en un día que del contenido de autos no se pudo determinar pero que, obviamente, fue previo al 8 de marzo de 2000, oportunidad cuando se decidió dicho amparo y que constituía el 4º día hábil siguiente a aquél cuando se pronunció la decisión impugnada.

Lo anterior deja en evidencia que la hoy demandante tuvo conocimiento de lo resuelto en tiempo hábil para recurrir en apelación y no lo hizo.

Por los argumentos expuestos esta Sala debe ºconfirmar la sentencia apelada, ya que la pretensión es inadmisible, de conformidad con el artículo 6, cardinal 5, de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales que, se insiste, confiere al amparo sobrevenido una finalidad cautelar dentro de un proceso principal, que, en el caso de autos, había fenecido por la falta de apelación de la decisión impugnada. Así se decide.

5-10-01 (María Del Pilar Novo Insúa):

Amparos Acumulados

Dos inadmisibles por estar pendiente otra solicitud de amparo

Terminado el procedimiento por inacción de parte por más de 6 meses

SENTENCIA Sala Constitucional 5-10-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR Jesús E. Cabrera Romero. Caso María Del Pilar Novo Insúa. Exp. Nº 00-3233, sentencia Nº 1.853:

A tal efecto, esta Sala observa que, respecto a la acción de amparo ejercida en contra del ciudadano José Rey Ríos y de su apoderado judicial, Simón Jaramillo Márquez, del folio 685 de la primera pieza del expediente, se constata que la apoderada actora ejerció ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, acción de amparo constitucional en contra de los presuntos agraviantes, con fundamento en los mismos alegatos del escrito que contiene la acción de amparo ante este Supremo Tribunal, todo lo cual, de conformidad con el numeral 8 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo hace inadmisible, y así se declara.

Igualmente, respecto a la acción de amparo constitucional ejercida en contra del ciudadano Roberto Salas y sus apoderados judiciales, esta Sala observa que, mediante decisión del 20 de julio de 2000, en el expediente signado con el N° 00-0310, esta Sala declinó en los Juzgados de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia del trabajo, una acción de amparo constitucional ejercida por la abogada Josefina Hernández-Marsán en contra del ciudadano Roberto Salas, bajo los mismos fundamentos de la presente acción, todo lo cual, de conformidad con el numeral 8 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la hace inadmisible, y así se declara.

Ahora bien, en lo relativa a la acción de amparo constitucional ejercida en contra del abogado Saúl Bravo Romero, juez provisorio del Juzgado Superior tantas veces mencionado, esta Sala observa:

De conformidad con los criterios jurisprudenciales asentados en las sentencias del 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata Millán; y, Gustavo Ramírez Monja); 14 de marzo de 2000 (Caso: Elecentro); y, 8 de diciembre de 2000 (Caso: Yoslena Chanchamire), esta Sala es competente para conocer de la acción de amparo interpuesta, y así se declara.

No obstante lo anterior, esta Sala observa que el último acto de procedimiento de la parte actora es del 26 de septiembre de 2000, oportunidad en la que ratificó la acción de amparo constitucional en contra del abogado Saúl Bravo Romero sin que, a partir de esa oportunidad y hasta el presente, haya actuado de nuevo en el proceso.

A tal efecto, esta Sala mediante decisión del 6 de junio de 2001 (Caso: José Vicente Arenas Cáceres, sentencia N° 982) estableció:

“...la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia.

(...)

En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes.

Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo –al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél.

(...)

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y,.con ello, la extinción de la instancia. Así se declara”. (Resaltado de la Sala)

Es así, como la conducta pasiva de la parte actora, quien afirmó precisar la tutela urgente y preferente del amparo hace más de 1 año, encuadra en la calificación establecida por esta Sala en la sentencia antes transcrita.

Ahora bien, esta Sala debe advertir que, en cuanto a los efectos en el tiempo del fallo mencionado, igualmente se precisó:

“...por tratarse de que la presente es una doctrina que ahora se declara por vez primera por este Tribunal Supremo de Justicia, en salvaguarda de los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala y ante otros tribunales constitucionales de la República, en protección del derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución garantiza a todos los justiciables y respetando, por último, la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala ORDENA la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y no aplicará –ni lo hará ningún tribunal del país- este criterio a las causas que se encuentren paralizadas en las circunstancias expuestas en el presente fallo sino transcurridos que sean treinta (30) días contados a partir de dicha publicación –en aplicación analógica del lapso previsto en el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil-, para que, dentro de ese lapso, las partes actoras puedan desvirtuar la presunción de abandono que, hasta ahora, revela su inactividad. Así se declara”.

La publicación ordenada fue inserta en la Gaceta Oficial N° 37.252 del 02 de agosto de 2001.

Como se constata de lo narrado en este fallo, en el presente caso ha transcurrido íntegramente el lapso de treinta días, a que se refiere la decisión en cuestión, sin que la parte actora haya realizado acto alguno que desvirtúe la presunción de abandono que revela su inactividad.

Por lo anterior, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se declara el abandono de trámite, en la presente acción de amparo y, en consecuencia, terminado el procedimiento.

De conformidad con lo establecido en el único aparte del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se impone a la actora una multa por la cantidad de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00), pagaderos a favor de la Tesorería Nacional en las oficinas del Banco Central de Venezuela. El sancionado deberá acreditar el pago mediante la consignación en autos del comprobante correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Se aplica la multa en su límite máximo, por cuanto la Sala estima de suma gravedad el entorpecimiento de sus labores con la presentación de acciones de amparo posteriormente abandonadas, lo cual la obliga a desviar su atención de asuntos que sí requieren de urgente tutela constitucional, y así se declara.

Es más, como parte de la notoriedad judicial y debido al uso por este Tribunal de sistemas computarizados que permiten compilar los nombres de los abogados que por alguna razón actúan en los juicios que conoce la Sala, lo que a su vez permite delinear sus modos operandi y sus conexiones con otros abogado en la práctica de fraudes y posibles prevaricaciones, al igual que las maniobras reiteradas entorpecedoras de la justicia y las peticiones poco serias de algunos profesionales del derecho, la Sala a partir de esta fecha acudirá a sus sistemas informativos con el fin de promover, como resultado de un conjunto de actuaciones, las sanciones disciplinarias, las faltas a los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, las denuncias al Ministerio Público, o a los funcionarios capaces de incoar procesos de interdicción.

Decisión

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1) Inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada María Josefina Hernández-Marsán, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana María del Pilar Novo Insúa, en contra del ciudadano José Rey Ríos y de su apoderado judicial, Simón Jaramillo Márquez, todo de conformidad con el numeral 8 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

2) Inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada María Josefina Hernández-Marsán, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana María del Pilar Novo Insúa, en contra del ciudadano Roberto Salas y sus apoderados judiciales, esta Sala observa que, mediante decisión del 20 de julio de 2000, en el expediente signado con el N° 00-0310, esta Sala declinó en los Juzgados de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia del trabajo, una acción de amparo constitucional ejercida por la abogada Josefina Hernández-Marsan en contra del ciudadano Roberto Salas, todo de conformidad con el numeral 8 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

3) Terminado el Procedimiento, por abandono del trámite, en la acción de amparo constitucional ejercida por la abogada María Josefina Hernández-Marsan, en contra del ciudadano Saúl Bravo Romero, en su carácter de juez provisorio del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

20-9-01 (Trinalta C.A):

Inadmisible

No acompaño copia del fallo objeto del amparo

SENTENCIA Sala Constitucional 20-9-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR Iván Rincón Urdaneta. Caso Trinalta C.A. Exp. Nº 00-2762, sentencia Nº 1720:

En relación con las cargas procesales de los accionantes en amparo, esta Sala Constitucional en su sentencia del 1º de febrero de 2000, caso José Amado Mejías, dispuso lo siguiente:

“...el accionante además de los elementos prescritos en el citado artículo 18 deberá también señalar en su solicitud oral o escrita, las pruebas que desea promover, siendo ésta una carga cuya omisión produce la preclusión de la oportunidad, no sólo la de la oferta de la pruebas omitidas, sino la de la producción de todos los instrumentos escritos, audiovisuales o gráficos, con que cuenta para el momento de incoar la acción y que no promoviere y presentare con su escrito o interposición oral...omissis...

Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirá las copias previstas en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia.” (negrillas de la presente decisión).

En este sentido, tal y como ha sido expuesto en el caso de autos el amparo se interpone contra “la decisión judicial adoptada en fecha 1º de Junio de 2000, por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, el cual conociendo declaró sin lugar el recurso de hecho ejercido contra la decisión del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, de fecha 12 de Mayo de 2000...”.

Sin embargo, es el caso que la accionante no acompañó a su escrito copia simple ni certificada del fallo que señala como objeto de la acción, razón por la cual resulta forzoso declarar la inadmisibilidad de la presente acción de amparo y así se decide.

9-10-01 (José Beltrán Tejera y otros):

Inadmisible

No se denuncia violación directa de derecho o garantía constitucional

SENTENCIA Sala Constitucional 9-10-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR Antonio García García. Caso José Beltrán Tejera y otros. Exp. Nº 01-351, sentencia Nº 1.904:

Al respecto, es necesario indicar que, ha sido criterio reiterado de esta Sala que “(...) cuando la acción de amparo se ejerza contra una sentencia de amparo dictada en segunda instancia, aquélla será admisible únicamente si por su intermedio se denuncia la existencia, en el texto de la sentencia objeto de la acción, de un nuevo agravio constitucional, distinto al que hubiese sido conocido y juzgado en el proceso que diera lugar a la sentencia impugnada” (Sentencia del 10 de octubre del 2000. Caso: Juan Jakso Dioro Krecisz), es decir, el objeto del amparo no puede ser el cuestionamiento directo del fondo de la controversia, que ha sido debatido.

Tal requerimiento es necesario, en virtud de que la acción de amparo constitucional es un mecanismo destinado exclusivamente a proteger el goce y ejercicio de los derechos constitucionales y “(...) no puede convertirse en un medio sustitutivo de los medios ordinarios y extraordinarios que dispone la ley para revisar las decisiones judiciales; que sólo procede cuando existan evidencias de haberse violado normas constitucionales, pues no puede convertirse esta opción legal en instrumento de revisión de vicios de rango legales y sub-legales, así como tampoco puede convertirse en una tercera instancia [...] en la cual se juzgue nuevamente en ella sobre el mérito de una controversia ya conocida y juzgada por los jueces de la causa, o de hacer una valoración del mérito de las pruebas que ya fueron objeto de la soberanía de apreciación de aquellos” (Sentencia del 8 de diciembre de 2000. Caso: Haydee Morela Fernández Parra) (Subrayado de este fallo).

En el caso concreto, los accionantes alegaron que la sentencia proferida por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, le transgredió su derecho constitucional al debido proceso, de manera que, aunque si bien pareciera cumplirse con los supuestos de procedencia desarrollados por esta Sala (violación de nuevos derechos constitucionales y cumplimiento de la doble instancia), los derechos constitucionales que alegaron los accionantes como trasgredidos por la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, implican, en realidad, un reexamen de la apreciación que realizaron ambos juzgados de la relación jurídica controvertida, más aún cuando se insiste en la violación del derecho al debido proceso.

De lo cual se concluye que, con dichos señalamientos, se está pretendiendo replantear la incidencia ya conocida y juzgada, cuestionando la apreciación del juez -que le fue adversa- acerca de la relación jurídica controvertida, por lo cual, siendo que “(...) la acción de amparo contra sentencia, no es un medio para plantear nuevamente ante un órgano jurisdiccional un asunto ya decidido por otro mediante sentencia firme, por cuanto el juez de amparo no actúa como una nueva instancia sino como juzgador de la constitucionalidad de la decisión accionada. Así pues, si la pretensión del accionante se dirige a cuestionar la apreciación o el criterio del sentenciador sobre los hechos controvertidos o las normas legales aplicables, -lo que conllevaría a alterar los efectos de la cosa juzgada, establecida por medio de trámites procesales y contra la cual no cabe recurso alguno- (...)” (sentencia del 2 de abril de 2001. Caso: Ana María Delgado Moreno), por tales razones, considera esta Sala que la acción de tutela constitucional propuesta tiene que ser declarada inadmisible conforme con lo previsto en el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al no cumplirse con los supuestos señalados ut supra para que proceda la acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada en segunda instancia, al no haber incurrido el fallo accionado en violación directa de derecho o garantía constitucional alguna. Así se decide.

SC 1-12-03

Ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta. Exp. Nº ´03-1944, dec. Nº 384:

Requisitos de admisión cuando la parte usó vías ordinarias

El artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone:

No se admitirá la acción de amparo:

(omissis)

Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes”.

Sobre el alcance de dicha causal de inadmisibilidad esta Sala, en sentencia n° 2369/23.11.01 (Caso: Parabólicas Service’s Maracay, C.A.) estableció:

La norma antes transcrita ha venido siendo interpretada por esta Sala Constitucional en diversos fallos. Así, en la sentencia nº 848/2000 del 28 de julio, se sostuvo lo siguiente:

‘10.-Explicado lo anterior, debe puntualizar esta Sala cuál es el verdadero alcance de la causal de inadmisibilidad del numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que reza: “cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o haya hecho uso de los medios judiciales preexistentes”, ya que puede pensarse que tal causal colide con lo antes expuesto.

Entiende este supuesto la Sala, en el sentido de que sobre el mismo tema del amparo exista un juicio en curso diverso al del amparo, ya que ello significa que el accionante no consideraba de carácter inmediato la lesión de su situación jurídica; o que haya  usado otros medios judiciales para reparar su situación, como pedir al juez de la causa la aplicación del control difuso de la constitucionalidad. Cuando esto ocurra, el lesionado no tiene derecho al amparo ya que él ha considerado que la vía utilizada es de igual entidad que la del amparo para obtener la reparación de su situación jurídica.

Su opción al amparo renacería, si tal reparación no puede lograrla en tiempo breve, pero es de anotar que mientras no se cumplan los lapsos procesales establecidos en las leyes, no puede en estos casos argüirse la dilación indebida, ya que el legislador, al crear los lapsos y términos procesales, lo hizo en el entendido de que ellos eran los necesarios y concretos para una buena administración de justicia’.

De igual manera, la Sala, en sentencia nº 1496/2001 del 13 de agosto de 2001, estableció las condiciones necesarias para que operara la vía de la acción de amparo constitucional, ante la falta de agotamiento de la vía judicial previa. A tal efecto, dispuso que:

"la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones:

a) Una vez que la vía judicial haya sido instada y que los medios recursivos hayan sido agotados, siempre y cuando la invocación formal del derecho fundamental presuntamente vulnerado, en la vía o a través del medio correspondiente, no haya sido satisfecha; o

b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de la urgencia de la restitución, no dará satisfacción a la pretensión deducida.

(...)

De cara al segundo supuesto [literal b], relativo a que la acción de amparo puede proponerse inmediatamente, esto es, sin que hayan sido agotados los medios o recursos adjetivos disponibles, el mismo procede cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente para el restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado. (subrayado de este fallo)

PROCEDENCIA

SC 9-3-00

Ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera Romero. Exp. Nº 00-0126, dec. Nº 77:

Fraude procesal: inexistencia de procedimiento de ejecución de hipoteca

Lo anterior, revela en criterio de esta Sala Constitucional que el accionante estaba notificado de la medida de embargo decretada sobre el inmueble que él ocupaba; sin embargo, no existe en autos recaudo alguno del cual se desprenda que el mismo se haya opuesto a dicho embargo, en la forma prevista en el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, ni tampoco se haya opuesto al acuerdo de las partes de publicar un único cartel de remate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 554 eiusdem.

Ello así, estima esta Sala que el accionante pretende por la vía de la acción extraordinaria y especial del amparo constitucional, atacar actos procesales que adquirieron firmeza definitiva, al no ser impugnados por él en el momento oportuno, resultando que para la fecha de interposición de dicha acción de amparo, esto es, el 9 de noviembre de 1999, habían pasado más de seis meses de la oportunidad en que se llevó a cabo el acto de remate, esto es, el 23 de febrero de 1999 (folio 92).

En consecuencia, la acción de amparo resulta inadmisible de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual esta Sala procede a confirmar la sentencia consultada en los términos expresados en este fallo y, así se declara.

No obstante lo anterior, esta Sala debe examinar otro aspecto del caso bajo juzgamiento, y a tal fin observa:

De la letra del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales se desprende que la acción de amparo se rige por el principio dispositivo. El accionante, según el numeral 5 del artículo 18 de dicha Ley, debe hacer una “descripción narrativa del hecho, acto, omisión y demás circunstancias que motiven la solicitud de amparo”, quedando planteado el amparo con esos hechos, sin que ellos puedan ser transformados durante el curso de la causa.

Además, el accionante señalará el derecho o garantía constitucional violado o amenazado de violación (numeral 4 del mismo artículo 18 citado).

Con respecto al derecho, tanto en el fallo de 20 de enero de 2000, como en el de 1º de febrero del mismo año, esta Sala ha sostenido que el sentenciador puede cambiar la calificación jurídica propuesta por el del accionante y que por tanto en base a los hechos narrados, puede declarar que al actor se le violaron derechos o garantías que no invocó, restableciéndole la situación jurídica desde esta nueva visión, en la situación jurídica infringida.

Las razones para que el juez del amparo proceda así, ya se expusieron en dichos fallos, y rebasan la sola aplicación del principio iura novit curia, fundándose además en la función del Juez Constitucional de mantener la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, reconociendo además que existe un interés constitucional en ese sentido, que guía al juez, y que persigue que la cobertura constitucional sea efectiva para quien la invoca.

A pesar de esta amplitud del Juez Constitucional, el mismo no puede en el proceso de amparo suplirle hechos ni alegatos al accionante, así ellos surjan dentro de la causa, ya que de hacerlo estaría perjudicando el derecho de defensa del accionado, así se trate de decisiones judiciales que pueden ser defendidas tanto por el juez que las dictó, como por las partes favorecidas por ellas en el juicio donde nacieron.

Esta situación impide al juez de amparo tomar dentro de ese proceso como decisión, cualquier determinación cuya base sean hechos que surjan en autos, pero que no fueron alegados por el accionante. Esta es la solución ortodoxa, y el amparo debe ser declarado sin lugar.

Sin embargo, no escapa a esta Sala, como ya le ocurrió a la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia y que plasmó en fallo del 24 de abril de 1998 al cual luego se hace referencia, que el conocimiento de unos hechos que no fueron alegados como supuestos de hecho de las normas constitucionales denunciadas como infringidas, pueden y deben producir otras situaciones a ser tomadas en cuenta por los sentenciadores, ya que a pesar de ser ajenas a la pretensión de amparo, siempre que sean cuestiones de orden público, sobre las cuales el juez puede de oficio resolver y tomar decisiones, si constata que las mismas no lesionan derecho de las partes o de terceros. Cuando los afectados por las decisiones han sido partes en el juicio donde se constatan los hechos contrarios al orden público, y ellos son generadores de esos hechos, el derecho a la defensa y al debido proceso no se les está cercenando si de oficio el juez cumpliera con la función tuitiva del orden público, ya que es la actitud procesal de las partes la que con su proceder denota la lesión al orden público, entendido éste como el “...Conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente a la organización de ésta, no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos...” (Diccionario Jurídico Venezolano D & F, pág. 57). La ineficacia de esas condiciones fundamentales generaría el caos social.

Los principios inmersos en la Constitución, que la cohesionan, así no aparezcan en su texto, si no se aplican o se violan tienden a desintegrar a la Carta Fundamental, y si ello sucediere la Constitución desaparecería con todo el caos que ello causaría. Basta imaginar qué pasaría, si un juez ordena que un científico convierta a un humano en animal, o que cese el sistema democrático y se elija a un monarca, o que condene a muerte a alguien, a pesar de la aquiescencia de las partes del juicio donde surge esa situación. El Juez que dentro de un proceso lo conociera, que responde por la integridad y supremacía de la Constitución, de oficio tendría que dejar sin efectos tales determinaciones judiciales, ya que ellas contrarían el orden público constitucional y las violaciones del orden público se declaran de oficio.

La Constitución, como se dijo, no sólo está formada por un texto, sino que ella está impregnada de principios que no necesitan ser repetidos en ella, porque al estar inmersos en la Constitución, son la causa por la cual existe; por ello una Constitución no explica los conceptos de justicia, de libertad, de democracia y otros valores. Cuando la Constitución regula al Poder Judicial, inmerso en tal regulación se encuentra el que él ejerce la jurisdicción (potestad de administrar justicia), y que las actuaciones judiciales estarán dirigidas principalmente a resolver controversias entre partes que requieren la declaratoria de derechos, motivo por el cual existe el proceso contencioso. Cuando el Estado decide sustituir la necesidad o tendencia de los seres humanos de hacerse justicia por sí mismo y, para ello, crea el proceso y los órganos jurisdiccionales, lo hace con el fin de que el proceso cumpla su cometido de eliminar la justicia privada, y es el proceso contencioso la máxima expresión de ese Estado. No utilizar al proceso contencioso para dirimir conflictos entre las partes, desnaturalizándolo, no es sino un fraude que convierte a la jurisdicción en una ficción y, permitir tal situación, es propender al caos social, ya que las instituciones no se utilizarían para el fin que fueron creadas. Tal situación resulta contraria al orden público, ya que de permitirse y proliferar, todo el sistema de justicia perdería la seguridad para el cual fue creado, y se regresaría a la larga a la vindicta privada.

Es por esta razón, que el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil faculta al juez a proceder de oficio cuando la ley lo amerite, o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres, sea necesario dictar alguna providencia legal aunque no la soliciten las partes. Es también por esa razón que el artículo 341 del mismo Código permite al juez, de oficio, no admitir la demanda si es contraria al orden público; y así mismo, el que pueda decretar de oficio la nulidad de los actos procesales si éstos quebrantan leyes de orden público (artículo 212 del Código de Procedimiento Civil), y la Sala de Casación Civil casar de oficio la sentencia que atente contra el orden público (artículo 320 del Código de Procedimiento Civil).

Por otra parte, el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, ordena al Juez tomar de oficio las medidas necesarias para evitar el fraude procesal y los actos contrarios a la majestad de la justicia.

Bajo el imperio de una Constitución, como la de la República de Venezuela de 1961, la cual no tenía explícitamente señalados como valores del Estado la ética y la justicia, consagrados en el artículo 2 de la vigente Constitución, la Sala de Casación Civil en fallo de fecha 24 de abril de 1998 (caso Andrés Asdrúbal Páez contra Constructora Concapsa C.A.) declaró sin lugar una acción de amparo constitucional, pero seguidamente al constatar que el proceso tenía vicios contra el orden público, optó por revocar unos actos, a pesar que el amparo fue rechazado. En esa oportunidad, la Sala de Casación dijo:

“…Ahora bien, para esta Sala resulta totalmente contrario a la majestad de la justicia y a normas legales expresas, que un Juez, como es el Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, que no admite una demanda, en este caso el amparo, dicte una medida preventiva, al parecer innominada y, de seguidas, ponga en duda su competencia y se desprenda del conocimiento del expediente. Que ese mismo Juez suspenda con tal medida la ejecución de una sentencia laboral, materia que es de orden público conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo. Que a pesar que el amparo donde dicta la medida se incoa contra Alejandro Garavito Arciniegas, en el fondo el mismo se está intentado contra el fallo que este dictó como Juez Superior el 19 de Junio de 1992, cuyos efectos quedan en suspenso, y que siendo el Juez que conoce de la querella interpuesta por Constructora Concapsa CA, de igual categoría de quien esta ejecutando el fallo de 19 de Junio de 1992, haga caso omiso de la prohibición del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual sería aplicable por analogía ante el amparo interpuesto por Constructora Concapsa CA el cual reza en su último aparte: ‘En estos casos, la acción de amparo debe intentarse por ante un Tribunal Superior al que omitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.’

Es inconcebible para esta Sala, que el Juez que dicta la medida de suspensión lo haga sin admitir la demanda de amparo, es decir sin avocarse (sic) a conocer de la causa, violando así la accesoridad que por su esencia tienen las medidas preventivas, lo que hace necesario para su procedencia que exista una causa en curso, con una demanda admitida, ya que ella va a obrar como cautela sobre lo que es objeto del litigio. La necesidad de que exista un juicio contencioso en progreso no solo es una cuestión de la estructura del proceso, sino que por argumento a contrario se deduce de las normas que por excepción permiten una medida preventiva antes que exista un juicio, y que ordenan que la misma se suspenda de pleno derecho si el juicio al cual iría a complementar la medida no se inicia en un determinado lapso de tiempo, cual es el caso previsto en el artículo 112 de la Ley Sobre Derechos de Autor, y cual es el régimen de las medidas policiales con relación al proceso penal, prevenidas en el artículo 60 ordinal 1º de la Constitución de la República.

También es inconcebible para esta Sala que ante un amparo contra un particular, como lo era el Dr. Garavito para la fecha de la acción de amparo, el Juez Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, haya ordenado suspender la ejecución de una sentencia, y que además lo haya hecho infringiendo el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que la materia sobre que versaba el amparo (laboral) no era afín con la que el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil conoce. Resulta además sorprendente para esta Sala, que el Juez que dictó la medida preventiva de suspensión, justificare su acción aduciendo que el fallo que se ejecutaba era inexistente porque el Juez que lo suscribió había sido jubilado, desconociendo flagrantemente el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que ningún Juez podrá separarse de su cargo antes que su suplente o sustituto tome posesión de aquel aún cuando haya finalizado su período. Si el Juez saliente fue sustituido en Julio de 1992, la sentencia dictada en Junio de ese año era existente.

A esto se une que el expediente del amparo se extravió y quedó la suspensión de la ejecución decretada, vigente hasta el infinito, como burla a la justicia que impartió el fallo que se ejecutaba.

Este cúmulo de groseras violaciones de la ley no pueden ser ajenas a esta Sala, máxime cuando de permitirse con expedientes como éste, que está probando en autos, podrían hacerse nugatorias todas las ejecuciones de sentencias, si Jueces incompetentes las suspenden utilizando para ello un recurso de Amparo propuesto ante ellos, luego se extravían los autos, no se hace nada para reconstruirlos (hasta el punto que transcurridos todos estos años no consta en autos sino el extravío) y así se paraliza todo el sistema de ejecución de sentencias.

Tal situación totalmente contraria el orden público, ya que un caos jurídico social surgiría sí los fallos ejecutables no pueden hacerse efectivos, y mas en materia laboral que es por su esencia de orden público, no puede ser extraña a esta Sala, y los correctivos a tan ilegales situaciones los permite el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, que permisa al Juez a proceder de oficio cuando la ley lo autoriza para ello, o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres sea necesario dictar alguna providencia legal aunque no la soliciten las partes.

No estando la Sala conociendo de un recurso de Casación, el artículo 11 citado tiene plena aplicación y viene a equivaler en materia de grosera violación de normas de orden público, a lo que en materia de Casación se conoce como la Casación de oficio.

Por lo tanto para remediar la situación concreta violatoria del orden público, como lo es la inejecutabilidad del fallo laboral proveniente de medidas tomadas en franca infracción de la ley, esta Sala puede tomar providencias en base al artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y así se declara.

…omissis …

Igualmente la Sala, obrando en defensa del orden público y en base al artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, revoca la orden de suspensión de la ejecución de la sentencia que adelanta el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en el expediente Nº 0208 de ese Juzgado, orden que le fue notificada según oficio Nº 418 de 25 Marzo de 1993, emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Ofíciese a dicho Juzgado de la suspensión de la medida…”.

Teniendo en consideración lo antes expuesto, y habiendo realizado un análisis exhaustivo del presente expediente, esta Sala Constitucional observa que, en el caso de autos, la demanda por cobro de bolívares a la cual se refiere el accionante en su escrito contentivo de la acción de amparo, fue incoada por la ciudadana AMALIA ZAVATTI SAJE contra la ciudadana SONIA SAJE DE ZAVATTI, cuyos apellidos hacen presumir la existencia de un vínculo filial entre ellas.

Igualmente, observa esta Sala que los recaudos que cursan en autos, referidos a los actos procesales efectuados por las prenombradas ciudadanas, en el curso de la demanda antes referida, demuestran que el fundamento de dicha demanda fue la existencia de dos letras de cambio aceptadas sin aviso y sin protesto por la demandada; y que, el juicio se tramitó y concluyó, sin ningún tipo de contención, ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.

Así pues, se observa que el apoderado de la ciudadana SONIA SAJE DE ZAVATTI, una vez notificada ésta de la demanda interpuesta por la ciudadana AMALIA ZAVATTI SAJE, mediante diligencia de fecha 25 de junio de 1998, convinó en la demanda, en los siguientes términos:

“...En nombre de mi Representada, Renuncio al lapso de comparecencia, y Convengo en la presente demanda todas y cada (sic) de sus partes, y me comprometo a consignar el pago correspondiente en lapso de tres (3) días, contados a partir de la homologación del presente convenimiento...”. (folio 36).

En esa misma diligencia, los apoderados de la ciudadana AMALIA ZAVATTI SAJE, solicitaron al referido Juzgado Sexto, la homologación del convenimiento.

Homologado dicho convenimiento por el Juzgado Sexto, y pasado el lapso para el cumplimiento voluntario por parte de la demandada, el Juzgado a quo, a solicitud de la demandante, procedió a la ejecución forzosa del convenimiento, conforme a lo previsto en el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de lo cual decretó medida de embargo sobre bienes de la parte demandada, la cual recayó en el apartamento del cual el accionante era inquilino.

Ahora bien, resalta –entre otras cosas- que ambas partes convinieron igualmente, en que la publicación del cartel de remate del inmueble de la demanda, se hiciera en un único cartel y que se fijara como justiprecio la suma de noventa millones de bolívares, “...con la finalidad de hacer menos onerosa la presente ejecución...”, así como también destaca el hecho de que al acto de remate no compareció ningún postor, sino únicamente el apoderado actor, quien ofreció la mitad del justiprecio, esto es, cuarenta y cinco millones de bolívares para que le fuera concedida la buena pro a su representada AMALIA ZAVATTI SAJE, como en efecto ocurrió. (Ver, folio 92 y vuelto). Dado lo que ocurrió lógico y natural es que la “deudora” diera en pago el inmueble a la acreedora extrajudicialmente, ya que no existía contención entre las partes, por lo que es de deducir que la dación en pago no ocurrió porque la vía utilizada buscaba otro fin, cual era el desahucio del inquilino.

Si ambas partes estaban de acuerdo en los hechos y el derecho, y por ello el convenimiento; no era necesario el remate, ya que la dación en pago del inmueble se podía hacer extrajudicialmente, sobre todo si tomamos en cuenta que la deudora fue allanando el camino para el remate, conviniendo no sólo en un único cartel, sino en el avalúo. Considera esta Sala que esa falta de contención significa que el proceso se utilizaba como instrumento a otros fines, los cuales objetivamente no eran otros que desalojar al inquilino mediante el artificio del embargo y la entrega material, en un juicio donde el parentesco del actor y demandado parece evidente AMALIA ZAVATTI SAJE y SONIA SAJE DE ZAVATTI.

Ello así, considera esta Sala que en el referido proceso, las partes actuaron con un manifiesto concierto, lo cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, constituye una conducta contraria a la ética y probidad que deben guardar las partes en todo proceso, a fin de que con éste se cumpla la función de administrar justicia, y no se desvíe el proceso hacia fines perversos, como lo fue en el caso analizado, el desalojo de hecho del ciudadano JOSE ALBERTO ZAMORA QUEVEDO, del inmueble que ocupaba como arrendatario.

En consecuencia, esta Sala por las razones de resguardo del orden público constitucional señaladas en este fallo, con fundamento en los artículos 11 y 17 del Código de Procedimiento Civil, procede a declarar inexistente el proceso relativo a la demanda incoada ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, por los abogados JUVENCIO A. SIFONTES y ELIO E. CASTRILLO, actuando en representación de la ciudadana AMALIA ZAVATTI SAJE, contra la ciudadana SONIA SAJE DE ZAVATTI, por la cantidad de noventa y tres millones trescientos treinta y tres mil treinta y tres céntimos (Bs. 93.333.333,33). Así se decide.

DECISION

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia dictada el 22 de septiembre de 1999, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por los abogados FAIEZ ABDUL HADI B., JOSE VICENTE MARCANO URRIOLA y YAMAL ABDUL HADI B., actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano JOSE ALBERTO ZAMORA QUEVEDO, contra “...el procedimiento por cobro de bolívares y el acto de remate que conoció el JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS...”.

Sin embargo, por las razones de resguardo del orden público constitucional señaladas en este fallo, con fundamento en los artículos 11 y 17 del Código de Procedimiento Civil, declara inexistente el proceso relativo a la demanda incoada ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, por los abogados JUVENCIO A. SIFONTES y ELIO E. CASTRILLO, actuando en representación de la ciudadana AMALIA ZAVATTI SAJE, contra la ciudadana SONIA SAJE DE ZAVATTI, por la cantidad de noventa y tres millones trescientos treinta y tres mil treinta y tres céntimos (Bs. 93.333.333,33).

Remítase copia del presente fallo a la Inspectoría General de Tribunales, a los fines disciplinarios correspondientes, en virtud de que el ciudadano FRANCISCO PEÑA, en su condición de titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, al conocer y decidir la demanda referida en la presente decisión, incumplió la obligación que en aras de la majestad de la justicia, le impone el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil.

SC 21-8-02

Ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz. Exp. Nº ´00-3216, dec. Nº 2086:

Fraude procesal debe ser combatido por juicio ordinario

Igualmente, la Sala estima pertinente hacer mención al criterio ella misma respecto de la improcedencia de denuncias de fraude procesal a través del amparo constitucional. En tal sentido, en el caso Hans Gotterried Ebert Dreger (vid. s.S. S.C. nºs 908, 909 y 910 de 4.08.00) se estableció que:

“Ahora bien, fuera de la jurisdicción penal, la petición de la declaratoria de fraude y sus efectos: la anulación de los procesos ideológicamente forjados, tiene que ser el resultado de una declaratoria jurisdiccional, que conforme al artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, debe obtenerse en juicio ordinario, ya que dicha norma reza: ‘Las controversias que se susciten entre partes en reclamación de algún derecho, se ventilarán por el procedimiento ordinario, si no tienen pautado un procedimiento especial’.

La vía del juicio ordinario es la apropiada para ventilar la acción de fraude procesal adelantado mediante varias causas, ya que es necesario un término probatorio amplio, como el del juicio ordinario, para que dentro de él se demuestre el fraude; y aunque existe la violación constitucional consistente en la eliminación o minimización del derecho de defensa de la víctima (artículo 49 de la vigente Constitución), ella -debido a las formalidades cumplidas- nunca destaca como una violación inmediata de la Constitución, sino que requiere de alegatos y pruebas que no corresponden a un proceso breve como el del amparo constitucional. La apariencia que crea la colusión no pone de manifiesto la violación inmediata de la Constitución, por lo que será necesario, la mayoría de las veces, desmontar el armazón para que emerja la infracción constitucional.

El restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida, es en principio imposible, porque el fraude se encuentra oculto tras las formas prefabricadas que tendrán que ser desmontadas, y ello –en principio, aunque no en forma absoluta- cierra la puerta a la acción de amparo constitucional.”

Sobre la base, el citado criterio, concluye la Sala que, en el caso bajo análisis, no procedía decisión alguna sobre la alegada existencia de fraude procesal a través de la decisión cuya aclaratoria se pretende, y así se declara.

19-7-01 (Richard José Oropeza)

Interpretación conforme a la Constitución

SENTENCIA Sala Constitucional 19-7-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR José M. Delgado Ocando. Caso RICHARD JOSÉ OROPEZA. Exp. Nº 01-1275, sentencia Nº 1.269:

Asimismo, ha evidenciado esta Sala que a través de la decisión de 25.04.01, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, al interpretar el artículo 163 de la Constitución con el fin de determinar la razonabilidad de la pretensión del accionante, no ejerció atribuciones exclusivas de esta Sala Constitucional. Al contrario de lo que éste afirma y haciendo abstracción de lo acertado o no del juicio emitido por dicha Corte al respecto, este Alto Tribunal ha reconocido que todos los órganos judiciales tienen la potestad, primero, de observar directamente las normas constitucionales o de aplicar las reglas del ordenamiento jurídico desde una  interpretación conforme con aquéllas; segundo, de desaplicar las normas legales o sublegales contrarias a ésta; tercero, de asegurar la integridad de la Constitución y, cuarto, de salvaguardar los derechos y garantías constitucionales. Todo ello con arreglo a lo dispuesto en los artículos 7, 334 (primero y segundo incisos) y 26, todos de la Constitución. Por consiguiente, el argumento según el cual el fallo impugnado habría incurrido en vicios de incompetencia de orden constitucional debe ser desechado.

20-9-01 (Blanca Patricia Arias):

Improcedente in limine litis

Es un error de juzgamiento, no una violación constitucional

SENTENCIA Sala Constitucional 20-9-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR Jesús E. Cabrera Romero. Caso Blanca Patricia Arias. Exp. Nº 00-3080, sentencia Nº 1.739:

Este criterio puede considerarse como un error de juzgamiento, sobre todo si se toma en cuenta que no se trata de un pago de prestaciones sociales, sino de un procedimiento de estabilidad, y que podía aplicarse la norma establecida en el artículo 62 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, que permite en caso de impugnación del salario por cualquiera de las partes (patrono o trabajador), ventilar tal situación mediante la apertura de una articulación probatoria de conformidad con el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, pero en todo caso, no ha sido éste el fundamento de la acción de propuesta, por lo que la Sala no podría suplir defensas que no han sido expuestas por los interesados.

Por otra parte, en sentencia publicada el 28 de julio de 2000 (caso: Luis Alberto Baca), la Sala señaló que: “...no es cierto que per se, cualquier transgresión de derechos y garantías constitucionales está sujeta de tutela inmediata a la tutela del amparo y menos las provenientes de la actividad procesal, ya que siendo todos los jueces de la República tutores de la integridad de la Constitución, ellos deben restablecer al ser utilizados las vías procesales ordinarias (recursos, etc.) la situación jurídica infringida, antes que ella se haga irreparable”.

Ha sostenido la Sala que no todo error de juzgamiento viene a constituir una violación constitucional y en atención a ello, se observa que en el caso en examen, el error alegado por el accionante en la interpretación que hizo el tribunal al no considerar lo relativo a la carga de la prueba y su apreciación, no constituye ninguna violación al debido proceso y al derecho a la defensa, por cuanto no se le ha impedido ninguna actuación, además de señalar de manera general y sin mayores detalles que se le viola el derecho a la defensa y al debido proceso, sin indicar cuál era la facultad a la que tenía derecho y que le ha sido impedida, por todo lo cual, a juicio de esta Sala, no existen indicios de ninguna violación constitucional.

Debe concluirse entonces que se trata en este caso de un error de juzgamiento, de interpretación o de omisión, en los cuales no existe violación constitucional, por cuanto no configura el fallo impugnado, con la no-aplicación de las normas denunciadas (artículo 1354 del Código Civil y 507 del Código de Procedimiento Civil), una violación al debido proceso, ni al derecho de defensa.

(...)declara Improcedente -in limine litis- la acción de amparo constitucional...

2-5-01 (Oswaldo Blanco Martínez):

Se objeta criterio del Juez al interpretar y aplicar la ley

Manifiesta improcedencia declarada in limine litis

SENTENCIA Sala Constitucional 2-5-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ. Caso Oswaldo Blanco Martínez. Exp. Nº 00-2818, sentencia Nº 617:

Vistos los términos de la pretensión de amparo interpuesta, a los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la disposición contemplada en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala encuentra que dicha pretensión cumple los citados requisitos. Así se declara.

Vistas igualmente las condiciones de admisibilidad de la citada pretensión de amparo, a la luz de las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 6 de la citada Ley Orgánica de Amparo, la Sala encuentra que, por no hallarse incursa prima facie en las citadas causales, la pretensión es admisible. Así se declara.

Sin embargo, observa también la Sala que de la simple lectura de los argumentos del demandante en amparo, recogidos en el capítulo I del presente fallo, surge la  manifiesta improcedencia de lo pretendido en cuanto que se objeta el criterio jurídico de los tribunales de instancia, los cuales no hicieron más que interpretar y aplicar la norma jurídica que, acertadamente, estimaron pertinente para la resolución del caso concreto.

En efecto, a pesar de los esfuerzos retóricos de la representación judicial de la querellante para encuadrar la situación planteada en el ámbito de los derechos constitucionales, no cabe duda de que el asunto escapa del núcleo de los derechos fundamentales invocados y se reduce a la denuncia de la supuesta aplicación errónea de una norma de rango legal, aplicación que, reitera la Sala una vez más, y salvo errores groseros e inexcusables, se enmarca dentro del legítimo y autónomo ejercicio de la jurisdicción por parte de los jueces, y, por ende, escapa de los requisitos de procedencia del amparo contra sentencia contemplado en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Pretende así la representación judicial de la quejosa, subsanar el incumplimiento de la carga procesal de probar oportunamente lo alegado en que incurrió en el juicio laboral, según se desprende tanto de la propia solicitud de amparo como de las actuaciones procesales del juicio laboral que en copia certificada se encuentran agregadas al presente expediente.

(...)

Por último, resulta inevitable para la Sala rechazar, también una vez más, la interposición de recursos manifiestamente infundados los cuales, además de constituir un incumplimiento expreso de los deberes que para las partes en juicio establece el Código de Procedimiento Civil (ex artículo 170) recargan los ya muy abultados deberes del Poder Judicial y con ello ocasionan retardo procesal, al restar tiempo y esfuerzo para conocer de otras causas.

(...) declara IMPROCEDENTE in limine litis...

28-9-01 (Astrid Genuby González de Laborde):

Improcedente in limine litis

Consta por notoriedad judicial la existencia de un proceso de extradición

SENTENCIA Sala Constitucional 28-9-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR Jesús E. Cabrera Romero. Caso Astrid Genuby González de Laborde. Exp. Nº 01-0654, sentencia Nº 1.799:

Por otra parte, a esta Sala le consta por notoriedad judicial, que en la Sala de Casación Penal de este Supremo Tribunal, cursa proceso de extradición contra el ciudadano MICHEL MARTÍN LABORDE ELIZALDE, solicitado por la Embajada de Francia, y que el mismo, según indica la decisión de la Sala de Casación Penal del 11 de julio de 2001, ratificada por esa Sala el 7 de agosto de 2001, se encuentra actualmente paralizado en la espera que el ciudadano MICHEL MARTÍN LABORDE ELIZALDE, se ponga a derecho, a fin de realizarse la correspondiente audiencia oral, es decir, que el proceso de extradición solicitado por la Embajada de Francia, se encuentra paralizado por razones inherentes al mencionado ciudadano.

En consecuencia, esta Sala considera que mal se le puede estar violando a un ciudadano su derecho a la defensa, a la libertad, al goce y ejercicio de los derechos humanos y a la igualdad, si encontrándose en libertad, el proceso de extradición que debe seguírsele se encuentra paralizado por razones imputables a él, y no por causas atribuibles al país solicitante. Por lo tanto, lo procedente en el presente caso es, declarar -in limine litis- improcedente la presente acción de amparo, y así se declara.

27-4-01 (María Josefina Hernández Marzán):

Se solicita la condena al pago de sumas de dinero

SENTENCIA Sala Constitucional 27-4-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR Jesús Eduardo Cabrera Romero. Caso María Josefina Hernández Marsán. Exp. Nº 00-2794, sentencia Nº 576:

La accionante ha incoado la presente acción de amparo con el objeto de que se declare a su favor mediante sentencia de condena, el derecho a recibir del Juez Saúl Bravo Romero, la cantidad de doscientos millones de bolívares (Bs. 200.000.000,00), por concepto de costas en amparo e indemnización por presunto daño moral que dicho Juez le habría causado a la accionante en un juicio civil en el que ella habría actuado como apoderada de una de las partes.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en muchos de sus artículos (140, 259, 281 numeral 2, 139, 30, 49 numeral 8, 255 in fine), consagra a favor de los particulares, la responsabilidad del Estado por los daños y perjuicios que puedan causárseles en el ejercicio de funciones públicas y, así también, consagra la responsabilidad personal de los jueces “en los términos que determine la Ley” por retardo u omisiones injustificadas, error judicial, inobservancia sustancial de normas procesales, denegación de justicia, parcialidad, cohecho y prevaricación en que incurran en el ejercicio de sus funciones. La responsabilidad del Juez prevista en la Constitución, está igualmente establecida en diversas leyes atinentes a la actividad judicial, tales como la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Carrera Judicial y el Código de Procedimiento Civil, es decir que, en efecto, toda persona que se considere afectada moral o patrimonialmente por actuaciones ilegítimas imputables a un juez, podrá solicitar del Estado la tramitación judicial de su pretensión, ajustándose a los procedimientos previstos para ello en las leyes adjetivas.

Observa esta Sala, que la acción de amparo, como ya lo ha dicho en diversos fallos, y tal como se desprende de los artículos 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tiene por objeto el restablecimiento a una persona de una situación jurídica particular que ha sido infringida en el ejercicio y goce de sus derechos constitucionales, es decir, que su naturaleza es restablecedora y no condenatoria ni constitutiva de derechos, como sería aquella acción tendiente a establecer la relación causa-efecto entre la actuación imputable a un sujeto y el daño causado a otro, y la cuantificación del daño, moral o patrimonial, causado, que constituye la pretensión de la accionante en el caso de autos y que es propio, de un procedimiento no breve ni sumario, sino que prevea todas las incidencias necesarias para garantizar a las partes el ejercicio del derecho constitucional a la defensa.

Considera la Sala que la procedencia de la acción de amparo, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y con el espíritu que se desprende de todo el articulado de la citada Ley, está supeditada a que se hayan infringido derechos constitucionales en una particular situación jurídica subjetiva, que requiera urgentemente, y pueda, ser restablecida, sin lo cual la acción de amparo será improcedente.

Señala esta Sala, que en el presente caso, no ha sido denunciada por la accionante infracción de derecho constitucional alguno por el juez accionado, que necesita ser restablecido de inmediato; es decir, que su titular pueda ser restablecido en su ejercicio y goce, sino que más bien lo que se pide es una condena a un demandado, con la declaratoria de indemnización de daños y perjuicios.

Además, una acción de “amparo constitucional de condena a pago”, no se tipifica ni en el artículo 27 constitucional, ni en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Siendo ello así, considera esta Sala, que la presente acción de amparo debe ser declarada in limine litis, improcedente, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se declara

20-9-01 (Ana María Albornóz):

Oída la apelación en un solo efecto viola el debido proceso no ejecutar la decisión

SENTENCIA Sala Constitucional 20-9-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR Jesús Eduardo Cabrera Romero. Caso Ana María Albornoz. Exp. Nº 00-2979, sentencia Nº 1.746:

La sentencia que declaró con lugar la oposición ejercida por la tercera opositora, fue dictada el 9 de junio de 2000 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, la cual señaló:

“Respecto a la oposición incoada por la tercera opositora, ciudadana Ana María Godoy Albornoz, contra la medida preventiva de embargo practicada en fecha 29-02-2000 en el juicio por COBRO DE BOLÍVARES INTIMATORIO interpuesta por...omissis....se declara CON LUGAR. Queda así suspendida la medida de embargo practicada sobre dichos bienes”.

Ahora bien, el auto impugnado por la vía del amparo constitucional, es el dictado el 2 de octubre de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el cual señala lo siguiente:

“Vista la diligencia suscrita por la tercera opositora ciudadana Ana María Godoy, asistida por el abogado Pastor Flores, en donde solicita que por cuanto fue declarada con lugar la oposición que ella hiciera, le sea entregado el vehículo, este tribunal en virtud de que la sentencia no se encuentra definitivamente firme, a los fines de garantizar el debido proceso, se abstiene de hacer la entrega del vehículo solicitado, por cuanto se encuentran pendientes las resultas de la apelación”.

De lo anteriormente transcrito, se constata que el juzgado de primera instancia, una vez declarada con lugar la oposición ejercida por la hoy accionante en contra del embargo practicado sobre unos vehículos de su propiedad, se negó a realizar la entrega efectiva, ya que había sido ejercido un recurso de apelación en contra de dicho auto.

A tal efecto, esta Sala observa que el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, el cual se refiere a la oposición al embargo, establece claramente la posibilidad de que el tercero que presente prueba fehaciente de la propiedad de la cosa objeto del embargo y que esté en su poder, pueda oponerse a la ejecución del embargo que va a practicarse o ya se ejecutó y, a su vez, establece dicho artículo que de la decisión “se oirá apelación en un sólo efecto”; esto es, que ejercida la apelación en contra del auto que declaró con lugar la oposición realizada por la hoy accionante, dicho recurso se oye sólo en el efecto devolutivo y, por tanto, no se suspenden las consecuencias de la sentencia dictada, por lo cual debe ser ejecutada, so pena de que la alzada que conozca de la apelación, la declare con lugar y, por tanto, se de lugar a la obligación de reintegrar la cosa objeto del embargo.

Es así como el juzgado de primera instancia, al declarar con lugar la oposición realizada por la ciudadana Ana María Albornoz, debió ejecutar su decisión, en el sentido de hacerle entrega efectiva de los vehículos objetos del embargo, toda vez que dicho fallo tiene una naturaleza interlocutoria, y la apelación ejercida sobre el mismo es de un sólo efecto (devolutivo), por lo tanto, en el presente caso, existió una vulneración al debido proceso, al subvertirse los efectos señalados expresamente por el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, y la decisión dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, se ajustó a derecho, y así se declara.

4-4-01 (Papelería Tecniarte):

Requisitos concurrentes para la procedencia del amparo

Aspectos que comprende el debido proceso

SENTENCIA Sala Constitucional 4-4-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR Jesús Eduardo Cabrera Romero. Caso Papelería Tecniarte C.A.. Exp. Nº 00-2596, sentencia Nº 444:

Los accionantes han denunciado infringido en la situación jurídica de Papelería Tecniarte C.A., su derecho al debido proceso, invocando como fundamento de dicha denuncia el numeral 8 del artículo 49 de la Constitución, que establece:

“Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: (omissis).

8.Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y del Estado, y de actuar contra éstos o éstas”.

Dicho texto establece constitucionalmente el derecho de exigir al Estado el restablecimiento y la reparación de una particular situación jurídica por error judicial, retardo u omisión injustificados, así como el derecho de exigir responsabilidad personal del funcionario y del Estado por los daños causados, sin referirse específicamente a infracciones de rango constitucional o legal.

Por su parte, el artículo 27 eiusdem garantiza a toda persona el derecho a ser amparada por los tribunales de la República en el goce y ejercicio de sus derechos constitucionales mediante la acción de amparo, garantía actualmente desarrollada por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Conforme al artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo, la procedencia de la acción de amparo contra decisiones, actuaciones u omisiones judiciales está supeditada al cumplimiento de dos requisitos concurrentes: que el tribunal señalado como agraviante haya actuado “fuera de su competencia”, expresión que la jurisprudencia ha interpretado como actuación con abuso de poder, extralimitación o usurpación de funciones, y que esa actuación u omisión lesione o amenace violar, en una situación jurídica subjetiva, un derecho constitucionalmente garantizado. Así mismo establece el artículo 1 eiusdem, que el propósito de la acción de amparo es el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella, de lo cual se desprende que cuando la situación jurídica es irreparable en sí misma o en una situación semejante, o cuando la lesión o la amenaza inminente de ella han cesado, o cuando el presunto agraviante no se encuentra en posición que le permita causar tal lesión, la acción de amparo es inadmisible puesto que pierde su propósito. Así lo establecen los numerales 1, 2 y 3, del artículo 6 de la Ley que rige la materia.

En la presente acción de amparo los accionantes han señalado como hecho constitutivo de la infracción constitucional, lo que ellos consideran un error judicial en la interpretación y aplicación de la ley, como consecuencia del cual, el presunto agraviante ordenó la reposición de la causa en cuyo procedimiento se verificaron los hechos, lo que consideran atentatorio de la celeridad y economía procesales, no obstante lo cual afirman que el supuesto error puede ser corregido con el Recurso de Casación que podrán ejercer contra la sentencia definitiva.

El derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución a favor de todo habitante de la República, comprende el derecho a defenderse ante los órganos competentes, que serán los tribunales o los órganos administrativos, según el caso. Este derecho implica notificación adecuada de los hechos imputados, disponibilidad de medios que permitan ejercer la defensa adecuadamente, acceso a los órganos de administración de justicia, acceso a pruebas, previsión legal de lapsos adecuados para ejercer la defensa, preestablecimiento de medios que permitan recurrir contra los fallos condenatorios (de conformidad con las previsiones legales), derecho a ser presumido inocente mientras no se demuestre lo contrario, derecho de ser oído, derecho de ser juzgado por el juez natural, derecho a no ser condenado por un hecho no previsto en la ley como delito o falta, derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, derecho a no ser obligado a declararse culpable ni a declarar contra sí mismo, su cónyuge, ni sus parientes dentro del segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, entre otros.

La consagración constitucional del derecho al debido proceso, significa que la acción de amparo ejercida por violación de algunos de los extremos allí señalados por actuación u omisión judicial, procederá cuando los hechos presuntamente constitutivos de la infracción efectivamente impidan o amenacen impedir a un particular el goce y ejercicio inmediato de alguna de las facultades que dicho derecho al debido proceso otorga.

Es así como no todo error de procedimiento que cometan los jueces, ni todos los errores cometidos en la escogencia de la ley aplicable o en la interpretación de la misma constituye infracción al derecho al debido proceso. Solo cuando la infracción de reglas legales resulte impeditiva del goce o ejercicio de los derechos y facultades garantizados por el artículo 49 citado, se verificará la infracción constitucional presupuesto de procedencia de la acción de amparo ejercida por violación al debido proceso, de modo que el accionante deberá alegar cómo y de qué manera el error judicial le impide o amenaza impedirle el goce o ejercicio del derecho que señala conculcado, expresando la actividad procesal a la que tenía derecho y que no puede ejercer como resultado del hecho constitutivo de la supuesta infracción constitucional, así como la urgencia en el restablecimiento de la situación lesionada.

Ha dicho esta Sala que es de la competencia de los jueces ordinarios corregir los errores cometidos en el curso de los procesos, en la escogencia, aplicación o interpretación de la ley, para lo cual las leyes adjetivas prevén medios adecuados. La acción de amparo ha sido establecida como un medio sumario y expedito para obtener el restablecimiento inmediato de situaciones jurídicas lesionadas o amenazadas de serlo por violación de los derechos constitucionalmente garantizados, cuando no está previsto en el ordenamiento adjetivo otro medio igualmente sumario y eficaz para la obtención del mismo fin, no siendo el amparo ni una nueva instancia judicial ni un medio sustitutivo de las vías ordinarias.

En sentencia de 28 de julio de 2000, caso Luis Alberto Baca, esta Sala señaló que “... no es cierto que per se, cualquier trasgresión de derechos y garantías constitucionales está sujeta de inmediato a la tutela del amparo, y menos las provenientes de la actividad procesal, ya que siendo todos los jueces de la República tutores de la integridad de la Constitución, ellos deben restablecer, al ser utilizados las vías procesales ordinarias (recursos, etc.), la situación jurídica infringida, antes que ella se haga irreparable”.

Observa esta Sala que, en el presente caso, si bien los accionantes han explicado las razones por las cuales consideran errado el juzgamiento contenido en la sentencia accionada y denuncian genéricamente infringido con ello el debido proceso, no alegan cómo y de qué manera dicho presunto error judicial en la aplicación de la ley concreta la denunciada infracción de alguno de los derechos y facultades comprendidas dentro del precepto constitucional, es decir, el ejercicio de cuál facultad a la que tenía derecho el presunto agraviado le ha sido impedida o amenaza de serlo, indicando, sí, que la decisión de reponer la causa como resultado del presunto error judicial es atentatoria de la economía y celeridad procesales, que no constituyen ninguno de los derechos y facultades garantizadas por el artículo 49 invocado. No encuentra esta Sala, que en el presente caso se haya verificado infracción del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y así se declara.

Admiten también los accionantes, que el Recurso de Casación que podrán ejercer contra la sentencia definitiva, es una vía idónea para obtener la reparación del error judicial denunciado.

Por otra parte, los accionantes solicitan como reparación de la situación jurídica que señalan infringida, que se dicte una nueva sentencia por un Tribunal Superior corrigiendo el presunto error de juzgamiento denunciado, adecuando la decisión al criterio que ellos consideran acertado, lo cual escapa al objeto de la pretensión propia de la acción de amparo según se señaló supra, y que sustituiría en el presente caso el objeto del Recurso de Casación contra la sentencia definitiva que en dicho juicio recaiga.

Siendo ello así, atendiendo a las consideraciones expuestas, la presente acción de amparo resulta improcedente –in limine litis- de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se declara.

20-9-01 (SERMÉDICA C.A.):

No todo error de procedimiento viola el debido proceso

No todo error de juzgamiento viola el debido proceso

Tutela judicial efectiva

Amparo no es tercera instancia

SENTENCIA Sala Constitucional 20-9-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO. Caso SERMÉDICA C.A. Exp. Nº 01-1114, sentencia Nº 1.745:

La consagración constitucional del derecho al debido proceso, significa que la acción de amparo ejercida por violación de algunos de los extremos allí señalados por actuación u omisión judicial, procederá cuando los hechos presuntamente constitutivos de la infracción efectivamente impidan o amenacen impedir a un particular el goce y ejercicio inmediato de alguna de las facultades que dicho derecho al debido proceso otorga.

Es así como no todo error de procedimiento que cometan los jueces, ni todos los errores cometidos en la escogencia de la ley aplicable o en la interpretación de la misma constituye infracción al derecho al debido proceso. Solo cuando la infracción de reglas legales resulte impeditiva del goce o ejercicio de los derechos y facultades garantizados por el artículo 49 citado, se verificará la infracción constitucional presupuesto de procedencia de la acción de amparo ejercida por violación al debido proceso, de modo que el acciónate deberá alegar cómo y de qué manera el error judicial le impide o amenaza impedirle el goce o ejercicio del derecho que señala conculcado, expresando la actividad procesal a la que tenía derecho y que no puede ejercer como resultado del hecho constitutivo de la supuesta infracción constitucional, así como la urgencia en el restablecimiento de la situación lesionada”.

En efecto, los errores de juzgamiento en que podría incurrir el juez respecto de la aplicación o interpretación de normas de rango legal no contradicen, per se, derechos o garantías constitucionales ni constituyen, necesariamente, infracción al debido proceso. Sólo cuando esos errores hagan nugatoria la Constitución, al contradecir alguno de los derechos que confiere, impidiendo a alguien el ejercicio de alguno de esos derechos que le han sido conferidos procederá el ejercicio de la acción de amparo, con el objeto de restablecer la situación jurídica subjetiva infringida; es decir, con el objeto de restituir al sujeto agraviado en el goce y ejercicio del derecho constitucional que le ha sido violado o amenaza de serlo.

Por su parte, el artículo 26 de la Constitución que junto con el artículo 257 eiusdem han sido denunciado infringidos; establece el primero de ellos lo que se ha llamado el derecho a la tutela judicial efectiva que comprende el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, el derecho a obtener una decisión en derecho y el derecho que esa decisión sea efectiva. Asimismo garantiza dicho artículo la gratuidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, responsabilidad y celeridad en la administración de justicia, así como que dicha función debe ser equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas ni formalismos o reposiciones inútiles. El referido artículo 257 establece la instrumentalidad del proceso como medio de actualización de la justicia y define sus características esenciales indicando que éste debe ser determinado por la Ley. No comprenden el derecho a la tutela judicial efectiva ni el derecho al debido proceso, el de que la decisión resultante de un proceso sea aquella querida o que beneficie al titular de dichos derechos, sino que dicha decisión sea obtenida dentro del proceso legalmente establecido, desarrollado sin infracción de los particulares derechos a que se refiere el artículo 49 de la Constitución y con las características de celeridad, ausencia de formalidades no esenciales y otras contempladas en los artículos 26 y 257 eiusdem.

La acción de amparo, por su parte, no constituye, en manera alguna, una tercera instancia. No es un medio de corrección de errores procesales y sus decisiones no producen cosa juzgada material, no siendo propio del juez de amparo entrar a conocer del fondo del asunto que se dilucida en los juicios en cuyo decurso se denuncia ocurrida una infracción constitucional en la situación jurídica subjetiva de alguna de las partes o de un tercero.

Ahora bien, en el presente caso, la representación judicial de la accionante ha explicado ampliamente los errores de juzgamiento y de aplicación de normas legales en que, en su criterio, habría incurrido el juez accionado al dictar su sentencia, señalando que vicios de falso supuesto y de silencio de pruebas, es decir infracciones legales, pero sin explicar de manera concreta y específica, cómo y de qué manera dichas supuestas infracciones le han impedido o amenazan de impedirle el goce o ejercicio de alguno de los derechos enunciados en el citado artículo 49 constitucional, señalando, sí, que la sentencia accionada, de ser ejecutada, podría significar un enriquecimiento sin causa en cabeza de Aixa Celis, puesto que en la misma se indica que los salarios caídos reclamados por dicha persona y condenados a pagarle a la ahora accionante, deben calcularse a razón de setecientos mil bolívares (Bs. 700.000,00) mensuales, lo que, a decir de la accionante, no fue probado, pero cuya determinación no es materia propia de la acción de amparo.

Siendo ello así, atendiendo a lo expuesto, al no desprenderse del presente expediente que el Tribunal accionado haya actuado fuera de su competencia en el sentido referido supra, ni que se haya impedido a la accionante o se le amenace de impedirle el goce y ejercicio de los derechos constitucionales comprendidos en el numeral 1 del artículo 49 constitucional ni en ninguno de sus otros numerales, ni en los artículos 26 y 257 eiusdem, esta Sala considera que la presente acción de amparo, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debe ser declarada in limine litis improcedente, y así lo declara.

25-9-01 (Inversiones Hermisant C.A.):

Condena a pagar a quien no fue parte del juicio laboral

SENTENCIA Sala Constitucional 25-9-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ. Caso Inversiones Hermisant, C.A. Exp. Nº 01-1060, sentencia Nº 1.787:

La Sala observa que la sentencia consultada se ajustó a derecho, al estimar infringido los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, pues constituye un flagrante quebrantamiento de tales derechos la condena, en este caso a pagar una suma de dinero, de una sociedad mercantil que no fue parte en el juicio laboral.

En efecto, está plenamente comprobado en autos que la demandada, en el juicio cuya pretensión fue el pago de la diferencia de prestaciones sociales, fue Hotelera Latinoamericana S.A. y no INVERSIONES HERMISANT, C.A. También está plenamente probado en autos que se trata de dos sociedades mercantiles distintas y que la única relación que las vincula es una persona que es accionista de ambas compañías, pero que, en todo caso, no fue demostrado en el juicio laboral, así como tampoco se alegó en ningún momento, que se produjo una sustitución de patrono, hecho que, además de la necesidad de haber sido alegado, tuvo que haber sido probado.

Asimismo, la Sala considera que, aun en el caso de que haya habido la sustitución, se ha debido traer a juicio al sustituyente. En este caso, la vulneración de los enunciados derechos constitucionales de la demandante se configuró aún más, cuando el tribunal de la causa decretó embargo sobre bienes de la aquí demandante para garantizar la ejecución de una sentencia proferida en una causa en la que no fue parte. En conclusión, la Sala considera que el Juez de la sentencia impugnada actuó fuera de su competencia en el sentido jurisprudencialmente acordado por esta Sala, razón por la cual debe restablecerse la situación jurídica infringida y, con ese sentido, se deja sin efecto la orden de ejecución del fallo condenatorio expedida contra INVERSIONES HERMISANT C.A., así como también la medida de embargo decretada sobre bienes de la mencionada compañía. Así se decide.

Por otra parte, la Sala aprovecha la ocasión para expresar que ha observado, en el ejercicio de su competencia revisora de sentencias de amparo que provienen de la jurisdicción laboral, una falta de precisión en cuanto al legitimado pasivo del juicio.

En efecto, esta Máxima Instancia judicial ha declarado procedentes demandas de amparo ante la evidencia en autos de violaciones directas y notorias de derechos constitucionales de alguna de las partes en contienda. Fundamentalmente, las violaciones han tenido lugar en el momento de realizarse la citación del demandado, fase procesal que la Sala ha definido como de imprescindible para que se garantice el pleno ejercicio del derecho a la defensa, y en el momento de pronunciarse la sentencia, interlocutoria o definitiva. Ante esta circunstancia que ha venido observando y corrigiendo la Sala, se hace un llamado a los jueces, en general, no sólo de la jurisdicción laboral, para que cumplan con el deber de indagar y preocuparse de que, en cada caso, se cumplan a cabalidad las normas que informan y conforman el debido proceso, para evitar, así, que se propongan incidencias de nulidad y reposición y demandas de amparo que, al fin y al cabo, demoran la consecución de la justicia, situaciones que vulneran, como también lo ha expresado esta Sala, los derechos constitucionales al acceso a la justicia y la obtención de una tutela judicial efectiva por los justiciables.

29-6-01 (Alejandro de la Cruz Moreno):

Contenido del derecho al debido proceso

Derecho de defensa se extiende a todo el proceso

SENTENCIA Sala Constitucional 29-6-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR JESÚS EDUARDO CABRERA. Caso Alejandro de la Cruz Moreno. Exp. Nº 00-2571, sentencia Nº 1.166:

Al respecto, resulta conveniente traer a colación lo previsto en el numeral 1 del artículo 49 de la Constitución, cuyo tenor es el siguiente:

«El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.

[omissis]».

El precepto constitucional transcrito parcialmente, recoge la noción del debido proceso, como máxima garantía informadora del proceso como instrumento fundamental para la obtención de la justicia (artículo 257 constitucional), cuyas repercusiones deben incidir, más allá de los mecanismos adjetivos que de forma abstracta el Poder Nacional instaura por vía legislativa (justicia formal), en la aplicación concreta que de tales mecanismos realiza el juzgador (justicia material).

Como derecho de contenidos complejos, el debido proceso comprende un cúmulo de situaciones jurídicas que invisten a toda persona (entendida ésta en sentido lato) inserta en una relación jurídico-procesal con el carácter de parte (en sede administrativa o jurisdiccional), entre las cuales se sitúa el derecho a la defensa, como garantía que exige el respeto al principio esencial de contradicción, conforme al cual, las partes enfrentadas, en condiciones de igualdad, deben disponer de mecanismos suficientes que les permitan alegar y probar las circunstancias tendientes al reconocimiento de sus intereses, aunque, necesariamente, una sola de ellas resulte gananciosa.

Abundando lo expuesto, el derecho a la defensa no se agota en la mera conclusión de la fase probatoria, sino que se extiende hasta que las mismas resultas del juicio adquieran firmeza. Visto así, se requiere no sólo que las partes hayan acudido a ejercer sus probanzas, sino que sobre las mismas exista una resolución judicial que las contraponga, y de esta forma haga valer las que considere preeminentes, dentro del régimen que para tal valoración resulte aplicable (tarifa legal, sana crítica, etcétera).

En el presente caso, la decisión delatada por este amparo, resolvió la cuestión de la supuesta falta de cualidad del hoy accionante, acudiendo únicamente a un instrumento público (de entre otros elementos probatorios) y afirmando llanamente que tal pronunciamiento lo ejercería antes de valorar las demás pruebas promovidas, pues se trataba de una excepción de fondo. Al respecto, debe esta Sala precisar que el alegato de la demandada en el juicio que dio lugar a la sentencia denunciada (Auto Escape Los Arales, S.R.L.), relativa a la falta de cualidad del ciudadano Alejandro de la Cruz Moreno, por carecer de la condición de propietario del inmueble cuyo arrendamiento dio lugar a aquel litigio, es una circunstancia fáctica que habiendo sido alegada en tal proceso, requiere de elementos probatorios suficientes que comprueben su veracidad; y conforme lo señalado anteriormente, además es necesario que sean enfrentados los elementos que una y otra parte aportaron al proceso, para luego efectuar la correspondiente ponderación, con miras a determinar la verdad ínsita en los autos.

En fuerza de estas consideraciones, cabe colegir que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, al asumir la conducta reseñada, vulneró indiscutiblemente el derecho a la defensa y, de forma consecuencial, el debido proceso de quien fuera accionante y sus sucesores; razón por la cual, es evidente que la sentencia objeto del presente recurso de apelación resulta acertada, al compartir los criterios expuestos en el presente fallo. Así se declara.

2-5-01 (Agrocomercial Los Caobos C.A.):

Amparo por violación de normas constitucionales, no legales

Amparo no es tercera instancia

SENTENCIA Sala Constitucional 2-5-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ. Caso AGROCOMERCIAL LOS CAOBOS, C.A. Exp. Nº 00-0632, sentencia Nº 614:

De igual forma se observa, como quedó relatado en la parte narrativa de esta decisión, que la accionante fundamenta las denuncias de conculcación de derechos constitucionales en presuntas violaciones al documento constitutivo de la Comunidad Sánchez Avendaño y en una supuesta errada apreciación de las pruebas, cometidas por el sentenciador.

Ahora bien, respecto de este tipo de denuncias en las cuales se tenga que analizar normas de rango legal o, como sucede en este caso, el “documento constitutivo de la Comunidad Sánchez Avendaño” a los fines de verificar las violaciones de orden constitucional que se denuncian, la Sala ha precisado lo siguiente:

“Tal como ha sido narrado, en el presente caso la parte actora invoca como fundamento de su acción la violación de una prolija cantidad de normas de orden legal para de allí derivar la vulneración de sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso. Esta práctica o forma de ejercer la acción de amparo no resulta aislada o excepcional, antes por el contrario, ha venido observando esta Sala que la misma se ha convertido en el modo más frecuente de ejercer este tipo de acción, lo cual obliga a formular un llamado de atención al foro jurídico y en especial a los abogados que frecuentemente hacen uso de este medio procesal, para que se tenga presente que a los fines de la procedencia de la acción de amparo es menester la confrontación directa del hecho, acto u omisión presuntamente lesivos, con la norma constitucional que se denuncia como conculcada. Tener presente lo anterior contribuiría a evitar no solo las posibilidades de fracasar al momento en que sea decidido el asunto sino también a evitar que este alto Tribunal distraiga inútilmente su tiempo examinando materias que escapan al ámbito propio de su jurisdicción.

En este orden debe insistirse que la acción de amparo constitucional está concebida como una protección de derechos y garantías constitucionales stricto sensu; de allí que lo realmente determinante para resolver acerca de la pretendida violación, es que exista una violación de rango constitucional y no legal, ya que si así fuere el amparo perdería todo sentido y alcance y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de la legalidad.

Lo que se plantea en definitiva es que la tuición del amparo esté reservada para restablecer situaciones que provengan de violaciones de derechos y garantías fundamentales, pero de ninguna forma de las regulaciones legales que se establezcan, aun cuando las mismas se fundamenten en tales derechos y garantías.

Y aun cuando resulta difícil deslindar cuándo las violaciones que se alegan son de orden constitucional o legal, la regla que la jurisprudencia ha establecido se contrae a indicar que si la resolución del conflicto requiere, insoslayablemente, que la decisión se funde en el examen de la legalidad de las actuaciones que constituyen la fuente de las violaciones denunciadas, la violación evidentemente no será de orden constitucional. Se concluye entonces que debe bastar al juez, a los fines de decidir sobre el amparo solicitado, la sola confrontación de la situación de hecho con el derecho o garantía que se pretenden lesionados, y si de ello se evidencia la efectiva existencia de la violación que se alega, es procedente, por tanto, la protección constitucional.” (Vid. Sentencia del 31 de mayo de 2000, caso Inversiones Kingtaurus, C.A.). (Subrayado de la Sala).

Por otra parte, igualmente ya ha precisado la Sala que el amparo constitucional no puede ser usado para reabrir el debate y crear así una tercera instancia. Por tanto, esta Sala reitera la sentencia citada anteriormente y declara la improcedencia in limine del amparo ejercido. Así se decide.

15-2-01 (Gladys Morales Ytriago):

Debido proceso garantiza la tutela judicial efectiva

La violación constitucional no se puede derivar de una infracción legal

SENTENCIA Sala Constitucional 15-2-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR Jesús Eduardo Cabrera Romero. Caso GLADYS MORALES YTRIAGO. Exp. Nº 00-1320, sentencia Nº 206:

Ha sido reiterado por esta Sala, en numerosas decisiones, la importancia de la garantía constitucional del debido proceso. Así como su vinculación con el respeto de las formas esenciales de los procesos judiciales, como expresión de la garantía del derecho fundamental de la defensa en juicio. En este sentido, la Sala ha expresado que se denomina debido proceso a aquél proceso que reúna las garantías indispensables para que exista una tutela judicial efectiva. Es a esta noción a la que alude el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando expresa que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

Pero la norma constitucional no establece una clase determinada de proceso, sino la necesidad de que cualquiera que sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva.

La sentencia contra la cual se propuso la acción constitucional, en el procedimiento de amparo donde se produjo el fallo que ha subido en consulta a esta Sala, fue dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando como primera instancia constitucional, en un procedimiento de amparo contra una decisión judicial dictada el 14 de diciembre de 1999, por el Juzgado Duodécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Pero, advierte la Sala, que no existe evidencia de que haya sido tramitada la apelación o consulta previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En lugar del procedimiento previsto en el citado artículo 35, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, admitió una acción de amparo constitucional contra el fallo dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, lo cual constituye una evidente subversión del procedimiento establecido en las normas que regulan el trámite de la acción de amparo.

Era, desde esta perspectiva, una indiscutible obligación del mencionado Juzgado Superior, declarar inadmisible la acción de amparo propuesta, de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por encontrarse pendiente una decisión, que por apelación o consulta, debía examinar los mismos hechos en que se fundamenta la acción de amparo propuesta.

6-4-01 (DIANCA):

Abocamiento y debido proceso

Falta de notificación para reanudación de causa paralizada es indefensión

SENTENCIA Sala Constitucional 6-4-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR Jesús Eduardo Cabrera Romero. Caso DIQUES Y ASTILLEROS NACIONALES C.A. (DIANCA). Exp. Nº 00-2076, sentencia Nº 496:

En cuanto a los alegatos del accionante, relativos a la violación del debido proceso y del derecho a la defensa, por no haberse notificado a las partes al abocarse al conocimiento del caso, la Juez Temporal, y del cual no hace ninguna referencia la decisión consultada, la Sala considera necesario un examen más detallado.

Ahora bien, sobre este aspecto de la notificación en estos casos de abocamiento, la Sala ha expuesto su criterio en sentencia de fecha 15 de marzo de 2000, caso Petra Laura Lorenzo, con motivo de un supuesto similar, y consideró:

“…que en efecto el abocamiento de un nuevo juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto mas amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.

Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del abocamiento de un nuevo juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho a la defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido sería inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma...”.

En el caso bajo estudio, la Sala ratifica el criterio anterior, y estima que si bien el accionante ha alegado que la falta de notificación del abocamiento de la nueva juez temporal conculcó sus derechos al debido proceso y a la defensa, no señala si la nueva juez se encontraba incursa en alguno de los supuestos contenidos en las causales de recusación o si iba a solicitar la constitución de asociados.

Es necesario que existan razones legales suficientes por las cuales el accionante en amparo, tenga motivos para recusar al juez y fundamentarlo expresamente en las causales que establece el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, para que se pueda constatar que efectivamente se le impidió, o se le negó, su derecho a ejercer tal acto y por ello se viera afectado su derecho a la defensa, o, que sí procedía la constitución de asociados y era su intención solicitarla.

No obstante, no aparece en autos, ningún escrito o prueba alguna del alegato de tal circunstancia, por lo que no refleja a esta Sala que su situación jurídica fuera realmente infringida por la falta de notificación del abocamiento del juez provisorio por ausencia del titular, por lo que la Sala acogiéndose al criterio expuesto, considera igualmente inadmisible, por esta razón, la acción de amparo interpuesta.

Esta situación es distinta a la que surge cuando una causa se encuentra paralizada y continúa sin notificación de las partes o de una de ellas, caso en que esta Sala ha considerado en que se incurre en violación al derecho a la defensa.

Del examen de autos, donde cursa la decisión dictada por el Juez José Antonio Ontiveros (a los folios 10 al 23), se constata en el dispositivo de la decisión que tan solo se indica “Publíquese y Déjese copia”, y de lo expuesto por el accionante, que no se realizó notificación alguna para anunciarle que la causa entraba en estado de sentencia, ni practicó notificación después del fallo, para hacerle saber a la parte, hoy accionante, que la decisión se había dictado fuera de lapso, lo que le permitiría ejercer el recurso de apelación.

En la decisión antes citada, se dice que el 31 de marzo de 1997 se admitieron las pruebas promovidas por la parte demandante, quien fue la única que ofreció pruebas, por lo que de acuerdo al fallo bajo estudio no hubo otras actuaciones a partir de esa fecha; indicando el Tribunal que las partes no presentaron los informes de Ley

Tal situación de inactividad procesal en criterio de esta Sala constituye la paralización de la causa contemplada en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, la cual, según dicha norma, obligaba al juez a notificar a las partes su continuación, por una razón lógica, tal parálisis procesal desarraiga la estadía a derecho de las partes. Observa esta Sala que el proceso estuvo desde el 31 de marzo de 1997 sin actividad hasta el 20 de septiembre de 1999, fecha en que se dictó sentencia, por lo que tal número de meses sin actividad procesal necesariamente paralizaba la causa, ya que la misma no tenía una fecha preestablecida para continuar, como sucede con la institución de la suspensión, tal como se deduce de la letra del artículo 202 del Código de Procedimiento Civil.

En el caso de autos, la falta de impulso procesal paralizó la causa, y su continuación requería de la notificación de las partes, por mandato de los artículos 15 y 233 del Código de Procedimiento Civil; además que, tratándose de una sentencia dictada fuera de lapso, como lo demuestra el que no existieran notas de diferimiento, que no se mencionan en el fallo, se hacía necesario la notificación de las partes a tenor del artículo 251 eiusdem.

Todas estas normas citadas, son el desarrollo procesal del artículo 68 de la Constitución de la República de Venezuela de 1961 y del artículo 49 de la vigente Constitución, por lo que sus incumplimientos equivalen a violar el debido proceso, el cual, además, está garantizado por el artículo 8 de Ley Aprobatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto San José de Costa Rica.

Constatada una infracción de tal rango, que cercena y elimina el derecho de defensa de una parte, derecho que en lo relativo a la oportunidad para contestar demandas o ejercer recursos, por ejemplo, es de orden público constitucional, no queda a esta Sala otra solución en resguardo de ese orden público violado, el cual no admite ni siquiera consentimientos expresos o tácitos por las partes, que por mandato del artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, ordenar de acuerdo a lo solicitado por la querellante, la reposición de la causa al estado de notificación de la sentencia a la Empresa DIQUES Y ASTILLEROS NACIONALES C.A. (DIANCA), identificada en autos, a fin de que se proceda a fijar lapso para interponer los recursos de ley, y así se declara.

Siendo así, estima esta Sala, que en el caso de autos, aunque se omitió la notificación a las partes del abocamiento del nuevo juez al conocimiento de la causa en curso, en ese sentido no se ha configurado la violación del derecho que se denuncia conculcado, puesto que no señala la accionante ni, en consecuencia, lo ha demostrado, la existencia de supuesto alguno de recusación en que el mencionado juez se encontrare presumiblemente incurso, por lo que, esta Sala estima que, en el caso de autos, por lo que se refiere al derecho de recusar o nombrar asociados, no se configuró violación alguna del derecho de defensa, y así se declara.

Pero esta Sala ha constatado de la lectura del expediente, y tal como se ha explicado en este fallo, que a la accionante se le eliminó su derecho de defensa al no notificarla de la continuación de la causa, ni de que en ella se hubiere dictado sentencia, y tal violación contraria al orden público, permite a esta Sala, tomar los correctivos necesarios para enervar la pérdida del derecho de defensa del accionante.

Conforme a lo anterior, debe la Sala confirmar por las razones expuestas, la sentencia consultada, de acuerdo con los argumentos indicados en el presente fallo.

28-7-00 (Rommel José Medina Suárez):

Indefensión por omisión

SENTENCIA Sala Constitucional 28-7-00. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR Jesús Eduardo Cabrera Romero. Caso Rommel José Medina Suárez. Exp. Nº 00-0408, sentencia Nº 849:

El artículo 49 de la Constitución –norma que consagra el derecho al debido proceso– señala en su numeral 1 que: “La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso”. De conformidad con esta disposición constitucional, los órganos jurisdiccionales no podrán observar conductas que menoscaben la capacidad de las partes de salvaguardar, utilizando los medios prescritos legalmente, sus intereses objeto de litigio. Estas conductas lesivas, prohibidas constitucionalmente por contravenir el derecho fundamental a la defensa, no sólo pueden ser ocasionadas mediante actos o actuaciones positivas, sino también negativas, es decir, abstenciones u omisiones. Esta última noción ha sido reflejada en el contenido del artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en el cual se establece la procedencia de la acción de amparo constitucional “contra cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal” (subrayado de la Sala). Cónsona con las ideas esbozadas, esta Sala Constitucional, por sentencia de fecha 15 de febrero de 2000 (caso Arias Quevedo), expresamente reconoció “la posibilidad de accionar en amparo contra un tribunal por su falta de pronunciamiento; [ante] situaciones que constituyen una omisión que, podría también ser susceptible de configurar un caso de violación de derechos de rango constitucional” (subrayado de la sentencia citada).

En conclusión, ocurre una violación al derecho al debido proceso cuando un tribunal, mediante la abstención u omisión de proveer respecto de los recursos interpuestos, impide a una parte el ejercicio de su derecho a la defensa.

En el presente caso, tal como lo expresó la sentencia objeto de esta apelación, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por fallo del 8 de diciembre de 1999, restableció una medida de embargo sobre bienes propiedad de los accionantes en amparo, soslayando, tanto las impugnaciones que previamente habían formulado los embargados contra el decreto de dicha medida y la fianza establecida, como la apelación interpuesta. Esta abstención u omisión de proveer, como ya se señalara, constituye una violación al derecho a la defensa, y ergo al debido proceso. Consecuentemente, esta Sala considera apegada a derecho el fallo apelado, y así se declara.

25-9-01 (Yajaira Peña):

Debido proceso incluye el respeto al procedimiento establecido por la ley

SENTENCIA Sala Constitucional 25-9-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ. Caso YAJAIRA PEÑA. Exp. Nº 00-1468, sentencia Nº 1.758:

La Sala considera conveniente aclarar que la garantía constitucional al debido proceso contemplada en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tiene como finalidad garantizar que el juzgador respete el procedimiento pautado por la ley para la solución de un caso específico, lo que quiere decir que el juzgador tiene que respetar todas las secuencias del procedimiento pautadas por la ley, manteniendo a las partes en una igualdad jurídica. Por lo tanto, sería forzoso pensar que el debido proceso fue concebido por el constituyente como una garantía otorgada a la parte por la cual el juez de la causa está obligado a acoger su pretensión.

Se desprende del caso bajo análisis que el Juzgado de Primera Instancia respetó el procedimiento para conocer de las cuestiones previas opuestas por la parte demandada, hoy accionante, y que, además, en la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, no se observa ninguna violación constitucional.

24-1-01 (Supermercado Fátima):

Falta de decisión sobre alegaciones y pruebas como indefensión

SENTENCIA Sala Constitucional 24-1-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR Iván Rincón Urdaneta. Caso Supermercado Fátima C.A. Exp. Nº 00-1321, sentencia Nº 05:

Corresponde a esta sala analizar el alegato esgrimido por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en cuanto a la violación del derecho a la defensa y al debido proceso, toda vez que este Tribunal consideró que al obligar a la empresa Supermercado Fátima al reenganche de la trabajadora despedida se estaba aplicando de manera equívoca el artículo 117 de la Ley Orgánica del Trabajo, lo cual constituía una flagrante violación al derecho a la defensa. Igualmente consideró que al actuar el Tribunal de Primera Instancia, fuera de su ámbito de competencia vulneró el derecho al debido proceso, en cuanto no apreció hechos narrados por el accionante, al tiempo que aplicó normas de forma incorrecta.

Al respecto, es menester indicar que el derecho a la defensa y al debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas.

En cuanto al derecho a la defensa, la Jurisprudencia ha establecido que el mismo debe entenderse como la oportunidad para el encausado o presunto agraviado de que se oigan y analicen oportunamente sus alegatos y pruebas. En consecuencia, existe violación del derecho a la defensa cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohíbe realizar actividades probatorias.

Precisado lo anterior, puede afirmarse que el presente caso, se evidencia claramente que existió violación del derecho a la defensa y al debido proceso, ya que los alegatos y pruebas relativas a la comprobación de que la empresa Supermercado Fátima era una sociedad mercantil con menos de diez trabajadores, no se tomaron en consideración al momento de dictar la sentencia accionada, y así se declara.

Al respecto debe señalarse que según el artículo 117 de la Ley Orgánica del Trabajo en su parágrafo único “Los patronos que ocupen menos de diez (10) trabajadores no estarán obligados al reenganche del trabajador despedido pero si al pago de las prestaciones e indemnizaciones a que se refiere el artículo 125 de esta Ley, cuando el despido no obedezca a una justa causa.”. De manera tal que el Tribunal Primero de Primera Instancia no tenía que dictar un fallo en el cual condenara al patrono al reenganche del trabajador despedido, ya que la misma norma establece que una empresa con menos de diez trabajadores no está obligada a reenganchar al trabajador despedido, siendo que en autos comprobó la parte patronal que la empresa Supermercado Fátima era una empresa con menos de diez trabajadores, circunstancia esta que por demás reconoce el Juez cuya decisión fue accionada, cuando señala en su propio fallo lo siguiente “Del precedente análisis de las pruebas evacuadas es este proceso se concluye, primeramente, que la empresa Automercado Fátima S.R.L., tiene menos de diez trabajadores, en cuya razón, a tenor de lo dispuesto por el artículo 117, parágrafo único, de la Ley Orgánica del Trabajo, no viene obligado a reenganchar a sus trabajadores pero si a pagarle las prestaciones previstas por el articulo 125 ejusdem, cuando el despido no obedezca causa justificada” (sic). Por lo tanto, al dictarse un fallo de esa naturaleza el Tribunal Primero de Primera Instancia vulneró los derechos constitucionales a la defensa y debido proceso invocados por la parte actora, y así se declara.

17-7-01 (Expresos La Guayanesa):

Alcance de la garantía del debido proceso

Indefensión

Notificación en la sede del Tribunal

SENTENCIA Sala Constitucional 17-7-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ. caso EXPRESOS LA GUAYANESA, C.A. Exp. Nº 00-3139, sentencia Nº 1.251:

Sobre el alcance de la garantía del debido proceso, la Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse, lo cual ha hecho en los siguientes términos:

“La garantía constitucional del ‘ debido proceso ’, enunciada en el encabezamiento del artículo 49 de la Constitución de la República, representa el género que compendía en sí la totalidad de las garantías constitucionales del proceso, configurativas de los derechos fundamentales del justiciable.

En la doctrina, la citada garantía del ‘ debido proceso ha sido considerada en los términos siguientes:

 ‘Desde la promulgación de la Constitución y de forma progresiva, tanto por parte de la doctrina como de la jurisprudencia, se hace referencia al proceso debido, y una de las interpretaciones que cabe extraer de dichas referencias es que el proceso debido es el concepto aglutinador de lo que se ha llamado el Derecho Constitucional Procesal. Podemos así afirmar, y ello en armonía tanto con el origen y posterior desarrollo como la naturaleza de la institución, que el proceso debido es la manifestación jurisdiccional del Estado de Derecho en nuestro país’ (Esparza Leibar, Iñaki; El Principio del Proceso debido, J.M. Bosch Editor S.A., Barcelona, España, 1995, p. 242).

‘...el principio del proceso debido es algo más que todo el núcleo que forma el importantísimo art. 24 de la Constitución española. Sin duda comprende, por ceñirnos a lo procesal, el derecho de acción, la prohibición de indefensión, el derecho a la prueba, el derecho a todas las garantías (ahora entendido como principio residual), etc., pero también abarca, por ejemplo, el Jurado y el Habeas Corpus, instituciones fuera de ese precepto, sobre lo que nada ha dicho por cierto aún la jurisprudencia constitucional española. Ello, porque en unión con la declaración del art. 1.1., el Jurado y el Habeas Corpus son también manifestaciones del Estado de Derecho, que son sustentadas, informadas e integradas en el principio general del derecho al proceso debido’ (Gómez Colomer, Juan Luis; en su prólogo a la obra El Principio del Proceso debido, J.M. Bosch Editor, S.A., Barcelona, España, 1995, p. 17).

Ahora bien, en el ámbito de las garantías constitucionales del proceso, cabe hacer mención expresa del derecho fundamental que representa para el justiciable la garantía de la defensa, contemplada en el artículo 49, numerales 1 y 3, de la Constitución de la República, en los términos siguientes:

‘El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley. 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso...’.

En la jurisprudencia española, la garantía constitucional de la defensa ha sido considerada en los términos siguientes:

 ‘... la prohibición de la indefensión (...) implica el respeto del esencial principio de contradicción’ (Sentencia del Tribunal Constitucional Español 48/86, de 26 de abril).

‘... (el) derecho de defensa implica, pues, la posibilidad de un juicio contradictorio en que las partes puedan hacer valer sus derechos e intereses legítimos’ (Sentencia del Tribunal Constitucional Español 123/189, de 6 de julio).

‘... (debe respetarse) el derecho de defensa de las partes contendientes o que legalmente debieran serlo, mediante la oportunidad dialéctica de alegar y justificar procesalmente el reconocimiento judicial de sus derechos e intereses. Este derecho de defensa y bilateralidad, por otra parte ya reconocido legalmente antes de la Constitución, y expresado bajo el clásico principio procesal nemine damnatur sine auditur, se conculca, como ha señalado este Tribunal, cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios legales suficientes para su defensa –S de 23 de noviembre de 1981, R 189/1981-, proscribiendo la desigualdad de las partes –S de 23 de abril de 1981, R 202/1981-, por contener tal norma un mandato dirigido al legislador y al intérprete en el sentido de promover la contradicción –S de 31 de marzo de 1981, R 197/1981-’ (Sentencia del Tribunal Constitucional Español 4/1982, de 8 febrero).

En suma, cabe afirmar que el contenido esencial del derecho fundamental que, para el justiciable, representa la garantía constitucional de la defensa en el proceso, estriba en la posibilidad, normativamente tutelada, de obrar y controvertir en los procesos en que haya de juzgarse sobre sus intereses in concreto.

Por tanto, se configura un supuesto de indefensión cuando, en determinado procedimiento judicial, se causa perjuicio directo e inmediato a un sujeto de derecho sin habérsele dado audiencia, esto es, sin habérsele permitido el ejercicio de su derecho de contradicción” (s.S.C. nº 515, 31.05.2000).

De la anterior transcripción debe resaltarse la idea de que para que exista una vulneración a la garantía al debido proceso del justiciable, debe verificarse un evento de indefensión, es decir que no se permita el derecho de obrar o contradecir, ante el juzgamiento que se produzca sobre los intereses en concreto del justiciable.

En este caso en particular, se observa que la sentencia identificada como lesiva de derechos constitucionales, se dictó fuera de lapso, sin que la misma hubiere sido debidamente notificada a la parte demandada, lo cual impidió que el quejoso pudiera ejercer el derecho a la defensa, representado en este caso, por el recurso de apelación.

En efecto, el quejoso denuncia que la sentencia condenatoria que le habría sido notificada en la persona de la ciudadana Esperanza Medina, no puede entenderse como válida, pues desconoce que tal persona haya sido trabajadora de “Expresos La Guayanesa” y alega que al no haber constituido la compañía domicilio procesal, debía tenerse que el mismo era la sede del Tribunal, según los dispuesto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, debiendo en consecuencia fijarse en la sede del tribunal la boleta de notificación del fallo condenatorio.

La Sala constata que, efectivamente, al momento de que el quejoso dio contestación de la demanda que por cobro de prestaciones sociales y demás beneficios laborales intentó en su contra el ciudadano LUIS ALBERTO GUACARE LÓPEZ no fijó domicilio procesal alguno, por lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, debía tenerse como domicilio procesal de la parte demandada la sede del tribunal. Esta apreciación de la falta de notificación de la decisión condenatoria es suficiente para desestimar la denuncia del tercero adhesivo relativa a que el quejoso contaba con otros medios judiciales para restablecer la situación jurídica denunciada como infringida, pues, ciertamente, el medio idóneo, para someter a revisión el fallo era el recurso de apelación, pero, una vez evidenciado que tal recurso no pudo ejercerse por la falta de notificación de la sentencia, puede ejercerse la demanda de amparo.

En conclusión, debe considerarse que la sentencia condenatoria no fue debidamente notificada a la parte afectada, verificándose de esta forma, como lo señaló el fallo apelado, una violación a los derechos a la defensa y al debido proceso. Así se decide.

20-9-01 (Blanca Patricia Arias):

Aspectos que comprende el debido proceso

Vías procesales ordinarias de protección

Falta de indicación de la facultad procesal conculcada

SENTENCIA Sala Constitucional 20-9-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR Jesús Eduardo Cabrera Romero. Caso Blanca Patricia Arias. Exp. Nº 00-30-80, sentencia Nº 1.739:

En el presente caso, la accionante señaló que se le violó el derecho al debido proceso y a la defensa, por cuanto el tribunal autor del acto presuntamente lesivo, no tomó en cuenta al dictar su fallo el contenido de las disposiciones legales recogidas en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, consideró la presunta agraviada que al Juez admitir como cierto el sueldo mínimo señalado en ciento cincuenta mil bolívares (Bs. 150.000,00) por el patrono, sin mayores pruebas y pese a la opinión contraria de la trabajadora, violó el derecho al debido proceso y el derecho de la defensa de la misma.

Tal como lo Sala lo ha expresado en otras decisiones, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece la procedencia de la acción de amparo contra decisiones, actuaciones u omisiones judiciales supeditada al cumplimiento de dos requisitos concurrentes, que el tribunal supuestamente agraviante haya actuado fuera de su competencia y que esta actuación u omisión lesione o amenace violar una situación jurídica subjetiva, un derecho constitucional garantizado, y la finalidad de la acción de amparo es el restablecimiento de la situación jurídica infringida.

La accionante denunció como el hecho constitutivo de la infracción constitucional, el criterio aplicado por el juez para considerar como válido para el cálculo de las indemnizaciones a cancelar, el salario mínimo fijo señalado por el patrono y con el cual no estaba de acuerdo la trabajadora, y lo consideran atentatorio contra los derechos antes invocados.

Según se expreso en la decisión de esta Sala, del 4 de abril de 2001 (caso: Papelería Tecniarte C.A), el debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela comprende:

“...el derecho a defenderse ante los órganos competentes, que serán los tribunales o los órganos administrativos, según el caso. Este derecho implica notificación adecuada de los hechos imputados, disponibilidad de medios para permitir ejercer la defensa adecuadamente, acceso a los órganos de administración de justicia, acceso a pruebas, previsión legal de lapsos adecuados para ejercer la defensa, preestablecimiento de medios que permitan recurrir contra los fallos condenatorios (de conformidad con las previsiones legales, derecho a ser presumido inocente mientras no se demuestre lo contrario, derecho a ser oído, derecho de ser juzgado por el juez natural, derecho a no ser condenado por un hecho no previsto en la ley como delito o falta, derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, derecho a no ser obligado a declararse culpable ni a declarar contra sí misma, su cónyuge, ni sus parientes dentro del segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, entre otros.

La consagración constitucional del derecho al debido proceso, significa que la acción de amparo ejercida por violación de algunos de los extremos allí señalados por actuación u omisión judicial, procederá cuando los hechos presuntamente constitutivos de la infracción efectivamente impidan o amenacen impedir a un particular el goce y ejercicio inmediato de algunas de las facultades que dicho derecho al debido proceso otorga.

Es así como no todo error de procedimiento que cometan los jueces, ni todos los errores cometidos en la escogencia de la ley aplicable o en la interpretación de la misma constituye infracción al derecho al debido proceso. Solo cuando la infracción de reglas legales resulte impeditiva del goce o ejercicio de los derechos y facultades garantizados por el artículo 49 citado, se verificará la infracción constitucional presupuesto de procedencia de la acción de amparo ejercida por violación al debido proceso, de modo que el accionante deberá alegar como y de que manera el error judicial le impide o amenaza impedirle el goce o ejercicio del derecho que señala conculcado, expresando la actividad procesal a la que tenía derecho y que no puede ejercer como resultado del hecho constitutivo de la supuesta infracción constitucional así como la urgencia en la restablecimiento de la situación lesionada.

Ha dicho esta Sala que es de la competencia de los juicios ordinarios corregir los errores cometidos en el curso de los procesos, en la escogencia, aplicación o interpretación de la ley, para lo cual las leyes adjetivas prevén medios adecuados. La acción de amparo ha sido establecida como medio sumario y expedito para obtener el restablecimiento inmediato de situaciones jurídicas lesionadas o amenazadas de serlo por violación de los derechos constitucionales garantizados, cuando no está previsto en el ordenamiento adjetivo otro medio igualmente sumario y eficaz para la obtención del mismo fin, no siendo el amparo ni una nueva instancia judicial ni un medio sustitutivo de las vías ordinarias...”

En el presente caso, la accionante alegó que la interpretación que hizo el juez, al considerar el sueldo a tomar en cuenta para el pago indicado por el patrono, constituye una violación a las normas consagradas en el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil sobre las pruebas, su apreciación y valoración, y por ello se le está violando el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, pero no indicó de qué manera el citado error incurre en la violación de tales derechos, así como tampoco señaló el ejercicio de cuál facultad, a la que tenía derecho el agraviado, le ha sido impedida o amenaza de serlo.

La interpretación que hace el juzgador sobre el sueldo, ha sido un criterio de los Jueces de los Tribunales Superiores del Trabajo, los cuales consideran que resulta inapropiado e inconducente, discutir si un determinado ingreso puede o no calificarse como salario en un procedimiento de estabilidad laboral y por ello lo excluye de la controversia, considerando como sueldo, el salario fijo señalado por la trabajadora, sin incluir los otros conceptos, monto fijo que era aceptado también por el patrono, dejando fuera del procedimiento de estabilidad laboral, el dilucidar los conceptos que pudieran ser considerados como salarios, tal como lo alegaba la accionante.

Este criterio puede considerarse como un error de juzgamiento, sobre todo si se toma en cuenta que no se trata de un pago de prestaciones sociales, sino de un procedimiento de estabilidad, y que podía aplicarse la norma establecida en el artículo 62 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, que permite en caso de impugnación del salario por cualquiera de las partes (patrono o trabajador), ventilar tal situación mediante la apertura de una articulación probatoria de conformidad con el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, pero en todo caso, no ha sido éste el fundamento de la acción de propuesta, por lo que la Sala no podría suplir defensas que no han sido expuestas por los interesados.

Por otra parte, en sentencia publicada el 28 de julio de 2000 (caso: Luis Alberto Baca), la Sala señaló que: “...no es cierto que per se, cualquier transgresión de derechos y garantías constitucionales está sujeta de tutela inmediata a la tutela del amparo y menos las provenientes de la actividad procesal, ya que siendo todos los jueces de la República tutores de la integridad de la Constitución, ellos deben restablecer al ser utilizados las vías procesales ordinarias (recursos, etc.) la situación jurídica infringida, antes que ella se haga irreparable”.

Ha sostenido la Sala que no todo error de juzgamiento viene a constituir una violación constitucional y en atención a ello, se observa que en el caso en examen, el error alegado por el accionante en la interpretación que hizo el tribunal al no considerar lo relativo a la carga de la prueba y su apreciación, no constituye ninguna violación al debido proceso y al derecho a la defensa, por cuanto no se le ha impedido ninguna actuación, además de señalar de manera general y sin mayores detalles que se le viola el derecho a la defensa y al debido proceso, sin indicar cuál era la facultad a la que tenía derecho y que le ha sido impedida, por todo lo cual, a juicio de esta Sala, no existen indicios de ninguna violación constitucional.

Debe concluirse entonces que se trata en este caso de un error de juzgamiento, de interpretación o de omisión, en los cuales no existe violación constitucional, por cuanto no configura el fallo impugnado, con la no-aplicación de las normas denunciadas (artículo 1354 del Código Civil y 507 del Código de Procedimiento Civil), una violación al debido proceso, ni al derecho de defensa

21-11-00 (Aeropullmans)

In dubio pro defensa

Oportunidad para contestar la demanda

SENTENCIA Sala Constitucional 21-11-00. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR Jesús Eduardo Cabrera Romero. Caso Aeropullmans. Exp. Nº 00-0312, sentencia Nº 1.385:

Para decidir esta Sala tiene previamente que determinar el alcance que debe tener el derecho de defensa con relación al demandado, el cual lo establece como interpretación vinculante:

1. Siendo la defensa un derecho inviolable en todo estado del proceso, tal como lo reconoce el artículo 49 de la vigente Constitución, dentro de los elementos del debido proceso, derecho que además estaba consagrado en el artículo 68 de la derogada Constitución de la República de Venezuela de 1961, considera esta Sala que la manifestación inequívoca por parte del demandado de hacer uso de su derecho a contestar la demanda, debe siempre ser interpretado a su favor, ante cualquier ambigüedad y oscuridad de la ley.

Resulta un absurdo jurídico que la ficción impere sobre la realidad, y que en situaciones ambiguas u oscuras, se prefiera considerar que el demandado no contestó la demanda, dejándolo sin la defensa de la recepción de sus alegatos, antes que reconocerle la utilización efectiva de su derecho.

En fin, la Sala interpreta que en casos de duda, las normas deben interpretarse a favor de la parte que de manera expresa e inequívoca hace uso de sus medios de defensa. Es esta clase de interpretación la que garantiza la realización de la justicia, que como fin del proceso establece el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De allí que, cuando surja alguna duda sobre la preclusión de la oportunidad para contestar la demanda, y aparezca en autos la voluntad de contestar, esta voluntad debe imperar sobre la duda, y el término preclusivo debe interpretarse en el sentido que permite la recepción de la contestación de la demanda que efectivamente conste en autos y que por motivos interpretativos se duda que se haya realizado dentro del término destinado por la ley para ello.

No solo en aras de salvaguardar el derecho de defensa de las partes, en este caso del demandado, sino del mantenimiento de la transparencia y la responsabilidad en la administración de justicia (artículo 26 de la vigente Constitución), la interpretación de las normas debe contener la regla in dubio pro defensa.

Resulta chocante para esta Sala, y contrario a la tutela del derecho a la defensa, la interpretación que se ha dado a los artículos 216 y 217 del Código de Procedimiento Civil.

Según ambos artículos, el demandado puede darse por citado personalmente (artículo 216 ejusdem), mediante diligencia suscrita por el Secretario, es decir, mediante un acto auténtico e inequívoco. Igualmente, por él podrá darse por citado un apoderado que tenga facultad expresa para ello (artículo 217 ejusdem). Luego, si la facultad especial no existe, el apoderado no puede dar por emplazado a un poderdante.

Siendo así, no entiende esta Sala cómo el artículo 216 ha sido interpretado en el sentido que un apoderado sin facultad expresa para darse por citado por su mandante, pueda darse por citado si ha realizado alguna diligencia en el proceso o ha estado presente en un acto del mismo.

Tal interpretación no solo es absurda y contraria al derecho de defensa del demandado, sino que parte de un supuesto que no dimana del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, ya que dicha norma, con la citación presunta, no puede estar dirigida a un apoderado que carece de facultad para darse por citado, y sería la mas aberrante interpretación, que quien no pueda dar por citado expresamente a su mandante, sí lo pueda hacer tácitamente. Sólo un desprecio por la correcta hermenéutica y por la tutela del derecho de defensa ha llevado a interpretaciones como la apuntada.

2.- Dentro de este orden de ideas, observa además la Sala, que los términos procesales prevenidos por el legislador para que se actúe dentro de ellos, deben dejarse correr íntegros, a menos que la ley señale expresamente que la actuación agota el término al momento en que ella ocurra.

La seguridad para las actuaciones y la preclusión de los lapsos, es clave en el mantenimiento del derecho de defensa y la interpretación de cómo se computan los términos no puede ser otra que la comentada, con la finalidad de garantizar a las partes que puedan utilizar, sin ambigüedades, su derecho a defenderse.

Es mas, si la ley no señala que en estos términos señalados por el legislador para que las partes actúen dentro de ellos, el mismo se agota desde el momento que se obra, necesariamente hay que dejarlo consumir totalmente, ya que ha de pensar que la parte que actúa puede hacerlo varias veces dentro del lapso, complementando su primera actuación. Se trata de lapsos en beneficio de las partes.

Conforme al artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, dentro de los tres días siguientes al término de promoción de pruebas, pueden las partes oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte. Si una de ellas el primer día se opone a la admisión de algunas pruebas, aún le quedan dos días para oponerse a otras que ignoró en su primera actuación.

Quien formaliza el recurso de casación dentro del lapso establecido en el artículo 317 de la en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, puede presentar otros escritos, antes del fin del lapso donde complemente el presentado, y lo mismo puede hacer quien promueve pruebas antes que precluya el término de promoción del artículo 396 del Código de Procedimiento Civil.

El artículo 358 eiusdem expresa que la contestación de la demanda si se hubieren opuesto las cuestiones previas de los ordinales 2º al 6º, tendrá lugar dentro de los cinco días siguientes a aquél en que la parte actora subsane voluntariamente el defecto de omisión. Para realizar tal subsanación, el artículo 350 del citado código, expresa un plazo de cinco días siguientes al vencimiento del lapso de emplazamiento porque se actúa dentro de él.

Fuera de la necesidad de mantener una interpretación cónsona con la protección del derecho de defensa del demandado, si el actor tiene cinco días para subsanar dentro de ellos, podría subsanar el primer día de ellos, pero si considerare que no lo hizo bien, o que algo le faltó, aún le quedan cuatro días más, ya que expresamente no indica la norma que se agote el lapso con su actuación, y más bien se le disminuiría su derecho a la defensa, si no pudiere reformar lo que creyere conveniente, sin que esté causando ningún daño a su contraparte.

En una interpretación estricta del ordinal 2º del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, el término para contestar la demanda si se subsanó el defecto que originó la cuestión previa, comienza a correr desde el día en que se subsanó, porque dentro de los cinco días siguientes se contesta al fondo.

Esa interpretación literal obliga al demandado a arrogarse al tribunal donde cursa el juicio, día a día, durante los cinco siguientes al vencimiento del lapso de emplazamiento; sujeto a cualquier sorpresa o hasta lo fortuito.

 A juicio de esta Sala, lo que garantiza la igualdad y el cabal ejercicio del derecho a la defensa, es que vencidos los cinco días para subsanar, consume el lapso para contestar, que también es de cinco días, y que agotados éstos, ingresa el proceso en la etapa de pruebas, que es lo que se deduce del texto del artículo 388 del Código de Procedimiento Civil, cuando reza que al día siguiente del vencimiento del lapso de emplazamiento; es decir, del final de un término independientemente de en cuál fecha dentro de él se contestó la demanda, quedará el juicio abierto a pruebas, sin necesidad de decreto o providencia alguna del juez.

Esta última circunstancia, ausencia de decreto o providencia del juez abriendo la causa a pruebas, refuerza la interpretación que da esta Sala al artículo 388 del Código de Procedimiento Civil, porque para que automáticamente el proceso pase a otra etapa, es necesario que exista un hito fijo, no sujeto a interpretación o al azar, para que se infiera en un nuevo estadio procesal.

En el caso de autos, para mantener la igualdad de las partes y en beneficio del derecho de defensa del demandado, ante el reconocimiento de la realidad ante la ficción, el Tribunal de la causa ha debido esperar el vencimiento del lapso para subsanar, para de allí computar el término para contestar la demanda, y al no hacerlo así perjudicó al demandado en uno de los actos claves del proceso, motivo por el cual considera esta Sala que la interpretación del a quo atentó contra el derecho de defensa que garantizaba el artículo 68 de la abrogada Constitución de 1961. En tal sentido, no resulta cierto que el accionante haya dado contestación a la demanda extemporáneamente, y siendo la contestación la única oportunidad en la cual el demandado puede oponer sus argumentos para plantear el thema decidendum (conforme el principio de preclusividad), la desestimación de la misma por parte del Juez de la causa (al considerarla erróneamente extemporánea) lesionó flagrantemente el derecho a la defensa de la sociedad mercantil accionante, y por ello debe ordenarse la reposición de la causa al estado de que las partes, previa notificación, promuevan las pruebas que creyeren convenientes. Así se declara.

No es que el formalismo se encuentre desterrado del proceso, ya que las formalidades esenciales son garantías del derecho de defensa de las partes, sino que el acto superfluo, el procedimentalismo que choca con los principios quedó condenado a muerte. Interpretar -por ejemplo- el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, sin cumplir con las otras normas y con los principios, llegando a extremos como que un abogado que pidiera en el archivo un expediente, daba por emplazado a su mandante si éste después le otorgaba un poder, o que el apoderado que no produjera el poder, daba por citado a litisconsortes facultativos que no eran sus poderdantes, son exageraciones interpretativas que tienen que desaparecer con la vigente Constitución, aunque nunca han debido existir, durante la vigencia de la abrogada de 1961.SC 27-9-00

Ponencia del Magistrado José M. Delgado Ocando. Exp. Nº 00-0313, sentencia Nº 1.494:

Infracción de normas legales

Analizados los planteamientos expuestos en la solicitud de amparo constitucional, la Sala observa que los mismos no se refieren a violaciones de derechos constitucionales. Comparte esta Sala el criterio del juez a quo del amparo en los señalamientos del solicitante sobre las actuaciones cumplidas por el juez de la causa que dio origen al proceso de autos, pues no se observan lesiones directas y flagrantes al ejercicio de ningún derecho que le acuerde al solicitante la Constitución. Encuentra esta Sala que, en verdad, las denuncias en conocimiento versan sobre la presunta violación de disposiciones legales y no constitucionales. Más aún, no existe alegato que permita establecer una relación inmediata entre los hechos narrados y alguna garantía constitucional, relación que constituye un elemento fundamental de la pretensión de amparo.

Acerca de esta materia, reitera esta Sala que no es de la jurisdicción de amparo dilucidar problemas de legalidad; el control que al respecto debe ejercerse escapa de dicho ámbito jurisdiccional. Lo contrario desvirtuaría la naturaleza misma de la acción de tutela constitucional, la cual está exclusivamente destinada a restablecer la situación jurídica infringida por violación directa de derechos y garantías constitucionales. Así lo expresó esta Sala, mediante sentencia de fecha 31 de mayo de 2000 (Caso: INVERSIONES KINGTAURUS, C.A.), según la cual:

“(...) a los fines de la procedencia de la acción de amparo es menester la confrontación directa del hecho, acto u omisión presuntamente lesivos, con la norma constitucional que se denuncia como conculcada. Tener presente lo anterior contribuiría a evitar no sólo las posibilidades de fracasar al momento en que sea decidido el asunto sino también a evitar que este alto Tribunal distraiga inútilmente su tiempo examinando materias que escapan al ámbito propio de su jurisdicción.

En este orden debe insistirse que la acción de amparo constitucional está concebida como una protección de derechos y garantías constitucionales stricto sensu; de allí que lo realmente determinante para resolver acerca de la pretendida violación, es que exista una violación de rango constitucional y no legal, ya que si así fuere el amparo perdería todo sentido y alcance y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de la legalidad.

Lo que se plantea en definitiva es que la tuición del amparo esté reservada para restablecer situaciones que provengan de violaciones de derechos y garantías fundamentales, pero de ninguna forma de las regulaciones legales que se establezcan, aun cuando las mismas se fundamenten en tales derechos y garantías.”

En esta oportunidad considera esta Sala necesario abundar sobre la base argumental de los conceptos comentados, en consideración de la tendencia que se observa en la casuística relativa a las razones que se esgrimen como sustento de la acción de amparo. A tal efecto, es pertinente y oportuno reiterar doctrina sentada en fecha muy reciente al respecto:

“Para que el amparo proceda, es necesario que exista una infracción por acción u omisión a una norma constitucional, sea esta realizada mediante desconocimiento, mala praxis, o errada interpretación de normas legales o sub-legales, siempre que ella enerve el goce y ejercicio pleno de un derecho constitucional…”

Hay que distinguir entre la incorrecta aplicación de una norma, su omisión, o los errores en su interpretación, que se refieren a su actividad y entendimiento, de la infracción de un derecho o garantía constitucional. Estos no se ven -en principio- vulnerados, porque la norma deja de aplicarse, se aplica mal o se interpreta erradamente. Estos vicios, por sí mismos, no constituyen infracción constitucional alguna, y es del ámbito del juzgamiento de los jueces, corregir los quebrantamientos señalados, los cuales pueden producir nulidades o ser declarados sin lugar. Cuando estos vicios se refieren a las normas de instrumentación del derecho constitucional, en principio los derechos fundamentales no quedan enervados… en un proceso puede surgir el quebrantamiento de normas procesales, pero ello no quiere decir que una parte ha quedado indefensa, si puede pedir su corrección dentro de él. La Administración puede tomar erradamente una decisión sobre unos bienes, pero esto no significa que le prive al dueño el derecho de propiedad. Se tratará de una restricción ilegal que originará acciones del perjudicado, pero no la de amparo, al no quedar cercenado el derecho de propiedad del dueño.

Pero cuando el tipo de vicio aludido deja sin aplicación o menoscaba un derecho o garantía constitucional eliminándolo, y no puede ser corregido dentro de los cauces normales, perjudicándose así la situación jurídica de alguien, se da uno de los supuestos para que proceda el amparo, cuando de inmediato se hace necesario restablecer la situación jurídica lesionada o amenazada de lesión. Si la inmediatez no existe, no es necesario acudir a la vía del amparo, sino a la ordinaria, no porque el amparo sea una vía extraordinaria, sino porque su supuesto de procedencia es la urgencia en el restablecimiento de la situación o en el rechazo a la amenaza, y si tal urgencia no existe, el amparo tampoco debe proceder.

Esto trae como consecuencia, que en el procedimiento de amparo el juez enjuicia las actuaciones de los órganos del poder público o de los particulares, que hayan podido lesionar los derechos fundamentales. Pero, en ningún caso, puede revisar, por ejemplo, la aplicación o interpretación del derecho ordinario, por parte de la administración o los órganos judiciales, a menos que de ella se derive una infracción directa de la Constitución. No se trata de una nueva instancia judicial o administrativa, ni de la sustitución de los medios ordinarios para la tutela de los derechos o intereses, se trata de la reafirmación de los valores constitucionales, en la cual el juez que conoce del amparo puede pronunciarse acerca del contenido o aplicación de las normas constitucionales que desarrollan los derechos fundamentales, revisar la interpretación que de éstas ha realizado la administración pública o los órganos de la administración de justicia, o establecer si los hechos de los que se deducen las violaciones constitucionales, constituyen una violación directa de la Constitución…”.

El accionante manifestó que fueron violados los derechos a la defensa y al debido proceso. Al respecto reitera esta Sala que ciertamente todas las personas llamadas a un proceso o que de alguna otra manera intervengan en el mismo, en particular en la condición de partes, gozan del derecho y garantía constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, en el sentido de tener igual acceso a la jurisdicción para su defensa, a que se respete el debido proceso, a que la controversia sea resuelta en un plazo razonable y a que, una vez dictada sentencia motivada, la misma se ejecute a los fines de que se verifique la efectividad de sus pronunciamientos. En el presente caso, consta en autos que el accionante fue oído en la causa que dio origen al proceso de amparo, ha tenido pleno acceso a los autos y oportunidad para ejercer las acciones, excepciones o defensas que le corresponden de acuerdo a la Ley. No encuentra esta Sala en los autos, evidencia de que el Tribunal haya incurrido en las violaciones denunciadas. Por tanto, considera que, en el caso subiudice, no se incurrió en violación directa de garantía o derecho constitucional alguno. Así se declara.

31-5-00 (Manuel Machado):

Definición de debido proceso y garantía de defensa

Tercero propietario del bien rematado

SENTENCIA Sala Constitucional 31-5-2000. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR MOISÉS A. TROCONIS VILLARREAL. Solicitante MANUEL T. MACHADO BOLÍVAR. Exp. Nº 00-0586, sentencia Nº 515:

La garantía constitucional del “debido proceso”, enunciada en el encabezamiento del artículo 49 de la Constitución de la República, representa el género que compendia en sí la totalidad de las garantías constitucionales del proceso, configurativas de los derechos fundamentales del justiciable.

En la doctrina, la citada garantía del “debido proceso” ha sido considerada en los términos siguientes:

“Desde la promulgación de la Constitución y de forma progresiva, tanto por parte de la doctrina como de la jurisprudencia, se hace referencia al proceso debido, y una de las interpretaciones que cabe extraer de dichas referencias es que el proceso debido es el concepto aglutinador de lo que se ha llamado el Derecho Constitucional Procesal. Podemos así afirmar, y ello en armonía tanto con el origen y posterior desarrollo como la naturaleza de la institución, que el proceso debido es la manifestación jurisdiccional del Estado de Derecho en nuestro país” (Esparza Leibar, Iñaki; El Principio del Proceso debido, J.M. Bosch Editor S.A., Barcelona, España, 1995, p. 242).

“...el principio del proceso debido es algo más que todo el núcleo que forma el importantísimo art. 24 de la Constitución española. Sin duda comprende, por ceñirnos a lo procesal, el derecho de acción, la prohibición de indefensión, el derecho a la prueba, el derecho a todas las garantías (ahora entendido como principio residual), etc., pero también abarca, por ejemplo, el Jurado y el Habeas Corpus, instituciones fuera de ese precepto, sobre lo que nada ha dicho por cierto aún la jurisprudencia constitucional española. Ello, porque en unión con la declaración del art. 1.1., el Jurado y el Habeas Corpus son también manifestaciones del Estado de Derecho, que son sustentadas, informadas e integradas en el principio general del derecho al proceso debido” (Gómez Colomer, Juan Luis; en su prólogo a la obra El Principio del Proceso debido, J.M. Bosch Editor, S.A., Barcelona, España, 1995, p. 17).

Ahora bien, en el ámbito de las garantías constitucionales del proceso, cabe hacer mención expresa del derecho fundamental que representa para el justiciable la garantía de la defensa, contemplada en el artículo 49, numerales 1 y 3, de la Constitución de la República, en los términos siguientes:

“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley. 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso...”.

En la jurisprudencia española, la garantía constitucional de la defensa ha sido considerada en los términos siguientes:

“... la prohibición de la indefensión (...) implica el respeto del esencial principio de contradicción” (Sentencia del Tribunal Constitucional Español 48/86, de 26 de abril).

"... (el) derecho de defensa implica, pues, la posibilidad de un juicio contradictorio en que las partes puedan hacer valer sus derechos e intereses legítimos” (Sentencia del Tribunal Constitucional Español 123/189, de 6 de julio).

".. (debe respetarse) el derecho de defensa de las partes contendientes o que legalmente debieran serlo, mediante la oportunidad dialéctica de alegar y justificar procesalmente el reconocimiento judicial de sus derechos e intereses. Este derecho de defensa y bilateralidad, por otra parte ya reconocido legalmente antes de la Constitución, y expresado bajo el clásico principio procesal nemine damnatur sine auditur, se conculca, como ha señalado este Tribunal, cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios legales suficientes para su defensa –S de 23 de noviembre de 1981, R 189/1981-, proscribiendo la desigualdad de las partes –S de 23 de abril de 1981, R 202/1981-, por contener tal norma un mandato dirigido al legislador y al intérprete en el sentido de promover la contradicción –S de 31 de marzo de 1981, R 197/1981-" (Sentencia del Tribunal Constitucional Español 4/1982, de 8 febrero).

En suma, cabe afirmar que el contenido esencial del derecho fundamental que, para el justiciable, representa la garantía constitucional de la defensa en el proceso, estriba en la posibilidad, normativamente tutelada, de obrar y controvertir en los procesos en que haya de juzgarse sobre sus intereses in concreto.

Por tanto, se configura un supuesto de indefensión cuando, en determinado procedimiento judicial, se causa perjuicio directo e inmediato a un sujeto de derecho sin habérsele dado audiencia, esto es, sin habérsele permitido el ejercicio de su derecho de contradicción.

SC 7-6-00

Ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera Romero. Exp. Nº  00-0380, dec. Nº 520:

Violación de la garantía del juez natural hace la sentencia inexistente

En una sentencia dictada por esta Sala, el 24 de marzo de 2000 (caso Atilio Agelvis Alarcón y otros) se precisa el contenido y alcance de la garantía del juez natural de la siguiente forma:

“...Como el ser juzgado por el juez natural es una garantía judicial, y un elemento para que pueda existir el debido proceso, la abrogada Constitución de 1961 en su artículo 69, así como la vigente en su artículo 49, consagran el derecho de las personas naturales o jurídicas de ser juzgadas por dicho juez, quien además debe existir como órgano jurisdiccional con anterioridad a los hechos litigiosos sin que pueda crearse un órgano jurisdiccional para conocer únicamente dichos hechos después de ocurridos. El citado artículo 49 de la vigente Constitución es claro al respecto: En su numeral 4, reza:

“Artículo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:

…Omissis…

4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto”.

La comentada garantía judicial, es reconocida como un derecho humano por el artículo 8 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica y por el artículo 14 de la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Esta garantía judicial es una de las claves de la convivencia social y por ello confluyen en ella la condición de derecho humano de jerarquía constitucional y de disposición de orden público, entendido el orden público como un valor destinado a mantener la armonía necesaria y básica para el desarrollo e integración de la sociedad. Dada su importancia, no es concebible que sobre ella existan pactos válidos de las partes, ni que los Tribunales al resolver conflictos atribuyan a jueces diversos al natural, el conocimiento de una causa. El convenio expreso o tácito de las partes en ese sentido, al igual que la decisión judicial que trastoque al juez natural, constituyen infracciones constitucionales de orden público...(omissis)

“...En la persona del juez natural, además de ser un juez predeterminado por la ley, como lo señala el autor Vicente Gimeno Sendra (Constitución y Proceso. Editorial Tecnos. Madrid 1988) y de la exigencia de su constitución legítima, deben confluir varios requisitos para que pueda considerarse tal. Dichos requisitos, básicamente, surgen de la garantía judicial que ofrecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y son los siguientes: 1) Ser independiente, en el sentido de no recibir órdenes o instrucciones de persona alguna en el ejercicio de su magistratura; 2) ser imparcial, lo cual se refiere a una imparcialidad consciente y objetiva, separable como tal de las influencias psicológicas y sociales que puedan gravitar sobre el juez y que le crean inclinaciones inconscientes. La transparencia en la administración de justicia, que garantiza el artículo 26 de la vigente Constitución se encuentra ligada a la imparcialidad del juez. La parcialidad objetiva de éste, no sólo se emana de los tipos que conforman las causales de recusación e inhibición, sino de otras conductas a favor de una de las partes; y así una recusación hubiese sido declarada sin lugar, ello no significa que la parte fue juzgada por un juez imparcial si los motivos de parcialidad existieron, y en consecuencia la parte así lesionada careció de juez natural; 3) tratarse de una persona identificada e identificable; 4) preexistir como juez, para ejercer la jurisdicción sobre el caso, con anterioridad al acaecimiento de los hechos que se van a juzgar, es decir, no ser un Tribunal de excepción; 5) ser un juez idóneo, como lo garantiza el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar; en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya a obrar. El requisito de la idoneidad es relevante en la solución del presente caso, y es el resultado de lo dispuesto en el artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que exige concursos de oposición para el ingreso y ascenso en la carrera judicial, lo que se ve apuntalado por la existencia de Normas de Evaluación y Concursos de Oposición de Funcionarios del Poder Judicial dictados por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, publicadas en la Gaceta Oficial N° 36.899 de 24 de febrero de 2000. Este requisito no se disminuye por el hecho de que el conocimiento de varias materias puedan atribuirse a un solo juez, lo que atiende a razones de política judicial ligada a la importancia de las circunscripciones judiciales; y 6) que el juez sea competente por la materia. Se considerará competente por la materia aquel que fuera declarado tal al decidirse un conflicto de competencia, siempre que para la decisión del conflicto se hayan tomado en cuenta todos los jueces que podrían ser llamados a conocer, situación que no ocurrió en este caso; o creando en la decisión del conflicto no se haya incurrido en un error inexcusable en las normas sobre competencia...”.

La infracción de la garantía del Juez Natural, plantea el problema de las consecuencias que tiene en la sentencia dictada, la violación del orden público constitucional. Es decir, qué efectos produce en el fallo proferido, constatar que no intervinieron en su formación los jueces predeterminados en la Ley o dictado en un procedimiento en el cual no se siguieron las reglas previstas en la ley, para efectuar la sustitución de los jueces por sus ausencias absolutas, accidentales o temporales.

La respuesta se encuentra en el artículo 246 del Código de Procedimiento Civil, en el que se declara que no se considerará como sentencia ni se ejecutará, la decisión a cuyo pronunciamiento aparezca que no han concurrido todos los jueces llamados por la ley. Esta declaración, de igual pertinencia en la consideración del juez natural que tenía la Constitución derogada y en las consideraciones de la Constitución vigente, pone de relieve que el incumplimiento de la garantía del juez predeterminado en la Ley -lo que incluye su legítima constitución-, hace inexistente la actividad jurisdiccional, pues sólo puede dictar la sentencia quien tiene en la normativa vigente y de acuerdo a las reglas establecidas en ella, la responsabilidad de administrar justicia.

SC 16-7-01

Ponencia del Magistrado Carmen Zuleta de Merchán. Exp. Nº 01-1286, dec. Nº 1238:

Caso de sentencia inexistente por incompetencia del juez

Ahora bien, con la promulgación de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia se estableció un sistema conforme al cual la competencia para conocer de los juicios en los cuales los institutos autónomos sean demandados corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, de acuerdo con la cuantía, si el conocimiento del litigio no está atribuido a otra autoridad. En otras palabras, a los fines de determinar la competencia del tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa se debe precisar si existen disposiciones que atribuyan el conocimiento de determinados litigios, en contra de los institutos autónomos, a tribunales distintos a los señalados en la referida Ley Orgánica.

Por tanto, al no existir disposición alguna en contrario por lo que respecta a las demandas de naturaleza civil y mercantil que se intenten contra los institutos autónomos, el conocimiento de las mismas corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa.

Tal supuesto lo encontramos consagrado en el artículo 142, numeral 15, 182, numeral 2 y 185 numeral 6 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que dispone:

“Artículo 42.- Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República:

(omissis)

15.- Conocer de las acciones que se propongan contra la República, o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad”.

“Artículo 182.- Los Tribunales previstos en el artículo anterior, conocerán también, en sus respectivas circunscripciones:

                (omissis)

2.- De cualquier acción que se proponga contra la República o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía no excede de un millón de bolívares y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad”

“Artículo 185.- La Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, será competente para conocer:

omissis

6.- De cualquier acción que se proponga contra la República o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de un millón de bolívares, pero no pasa de cinco millones de bolívares y su conocimiento no está atribuido por la Ley a otra autoridad”.

De manera que, los preceptos normativos citados son claros cuando se refieren a cualquier acción, lo cual no deja dudas de que la competencia de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa comprende a toda acción, independientemente de su naturaleza; por el fuero especial que se crea cuando el demandado es un órgano administrativo, por lo que es procedente afirmar que esta atribución de competencias para conocer de las pretensiones ordinarias en contra de la Administración, supone la exclusión de las normas de competencia de los tribunales de Derecho común (civil y mercantil), con excepción de las competencias especiales atribuidas a otra autoridad, la cual, así deviene como excluyente de aquélla.

Así lo entendió la entonces Corte Suprema de Justicia en sentencia del 19 de enero de 1984 (Gaceta Forense Nº 123, página 393), y que esta Sala comparte, donde se dispuso, lo siguiente:

“Ha sido propósito del Legislador, manifestado en las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia relativas a la jurisdicción contencioso-administrativa que tanto la República como los Institutos Autónomos y empresas en las cuales el Estado tenga participación decisiva, gocen de un fuero especial ante el cual deban ser llevados como demandados, para garantizar en forma más efectiva la defensa de sus entes e intereses se confunden con los de toda la colectividad nacional.

Ante el expresado fuero especial deben ser deducidas, por lo consiguiente, todas las acciones contra dichas entidades, a menos que el conocimiento del asunto esté atribuido por la ley a otra autoridad.  Esta excepción hecha en la norma no significa que la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa es una competencia residual que sólo funciona en el caso de que no exista ningún otro tribunal que en razón de la materia haya podido conocer del asunto (civil o mercantil), sino que dicho fuero, instituido en razón de los sujetos pasivos del proceso y no en razón de la materia, deja de tener aplicación solamente cuando existan jurisdicciones especiales que conozcan de determinadas materias conforme a procedimiento también especiales, como ocurre por e.j., con los juicios laborales, agrarios, militares, fiscales, de carrera administrativa etcétera”.

En el caso de autos es evidente la transgresión de los principios del debido  proceso y el juez natural contenidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, derechos constitucionales concebidos en la jurisprudencia de esta Sala, en los siguientes términos:

“El derecho al juez natural consiste en la necesidad de que el proceso sea decido por el juez ordinario predeterminado en la ley.  Esto es, que sea aquél al que le corresponde el conocimiento según las normas vigentes con anterioridad.  Esto supone, en primer lugar, que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica; en segundo lugar, que ésta lo haya investido de autoridad con anterioridad al hecho motivador de la actuación y proceso judicial; y, en tercer lugar, que su régimen orgánico y procesal no permite calificarlo de órgano especial o excepcional” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 29 del 15 de febrero de 2000.  Caso: Enrique Méndez Labrador).

“(...) el incumplimiento de la garantía del juez predeterminado en la Ley -lo que incluye su legítima constitución-, hace inexistente la actividad jurisdiccional, pues sólo puede dictar la sentencia quien tiene en la normativa vigente y de acuerdo a las reglas establecidas en ella, la responsabilidad de administrar justicia” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 520 del 7 de junio de 2000.  Caso: Mercantil Internacional C.A.).

“...el derecho al debido proceso constituye un conjunto de garantías, que amparan al ciudadano, y entre las cuales se mencionan las del ser oído, la presunción de inocencia, el acceso a la justicia y a los recursos legalmente establecidos, la articulación de un proceso debido, la de obtener una resolución de fondo con fundamento en derecho, la de ser juzgado por un tribunal competente, imparcial e independiente, la de un proceso sin dilaciones indebidas y por supuesto, la de ejecución de las sentencias que se dicten en tales procesos”, y la violación del debido proceso “operará, en principio, dentro de un proceso ya instaurado, y su existencia será imputable al Juez que con su conducta impida a alguna de las partes la utilización efectiva de los medios o recursos que la ley pone a su alcance para la defensa de sus derechos”,  (Sentencia Nº 80 del 1º de febrero de 2.001).

Así, se precisa que la demanda formulada por reconvención contra el Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía enervó la competencia del juez ordinario, al operar los principios legales señalados ut supra, en atención al fuero atrayente que posee la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las demandas incoadas contra la República, los Institutos Autónomos y las Empresas del Estado independientemente de la naturaleza de la acción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, numeral 15 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Determinado lo anterior, le llama la atención a la Sala, lo sostenido por el Juzgado Superior que conoció en primera instancia del amparo constitucional, al establecer en su decisión, que la cuestión de la competencia fue resuelta por un fallo distinto al accionado, que no fue impugnado en su debida oportunidad, pues para el momento de la interposición del referido amparo había operado la caducidad de la acción, en los términos previstos en el artículo 6, numeral 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consintiendo tácitamente en la incompetencia que pudiese existir, sobre lo cual debe observar esta Sala Constitucional que por ser la jurisdicción y la competencia materias de estricto orden público, y por tanto revisables en cualquier estado del proceso, dicho Juzgado, en su condición de juez constitucional debió advertir la falta aludida del tribunal de instancia mercantil, en franca contradicción con lo dispuesto en el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, pues tal circunstancia no podía  ser desconocida fundamentándose en la existencia de caducidad de la acción.

PROCEDIMIENTO DE AMPARO

SC 1-2-00

Ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera Romero. Exp. Nº  00-010, dec. Nº 07:

Procedimiento en el juicio de amparo constitucional

Por mandato del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el procedimiento de la acción de amparo Constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidades. Son las características de oralidad y ausencia de formalidades que rigen estos procedimientos las que permiten que la autoridad judicial restablezca inmediatamente, a la mayor brevedad, la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella.

Aplicación inmediata del artículo 27 CRBV

La aplicación inmediata del artículo 27 de la vigente Constitución, conmina a la Sala a adaptar el procedimiento de amparo establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a las prescripciones del artículo 27 ejusdem.

Por otra parte, todo proceso jurisdiccional contencioso debe ceñirse al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que impone el debido proceso, el cual, como lo señala dicho artículo, se aplicará sin discriminación a todas las actuaciones judiciales, por lo que los elementos que conforman el debido proceso deben estar presentes en el procedimiento de amparo, y por lo tanto las normas procesales contenidas en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales deben igualmente adecuarse a las prescripciones del citado artículo 49.

Derecho a ser oído

En consecuencia, el agraviante, tiene derecho a que se le oiga a fin de defenderse, lo que involucra que se le notifique efectivamente de la solicitud de amparo; de disponer del tiempo, así sea breve, para preparar su defensa; de la posibilidad, que tienen todas las partes, de contradecir y controlar los medios de prueba ofrecidos por el promovente, y por esto el procedimiento de las acciones de amparo deberá contener los elementos que conforman el debido proceso.

Ante esas realidades que emanan de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala Constitucional, obrando dentro de la facultad que le otorga el artículo 335 ejusdem, de establecer interpretaciones sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, las cuales serán en materia de amparo vinculantes para los tribunales de la República, interpreta los citados artículos 27 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el procedimiento de amparo previsto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, distinguiendo si se trata de amparos contra sentencias o de los otros amparos, excepto el cautelar, de la siguiente forma:

1.- Con relación a los amparos que no se interpongan contra sentencias, tal como lo expresan los artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el proceso se iniciará por escrito o en forma oral conforme a lo señalado en dichos artículos; pero el accionante además de los elementos prescritos en el citado artículo 18 deberá también señalar en su solicitud, oral o escrita, las pruebas que desea promover, siendo esta una carga cuya omisión produce la preclusión de la oportunidad, no solo la de la oferta de las pruebas omitidas, sino la de la producción de todos los instrumentos escritos, audiovisuales o gráficos, con que cuenta para el momento de incoar la acción y que no promoviere y presentare con su escrito o interposición oral; prefiriéndose entre los instrumentos a producir los auténticos. El principio de libertad de medios regirá estos procedimientos, valorándose las pruebas por la sana crítica, excepto la prueba instrumental que tendrá los valores establecidos en los artículos 1359 y1360 del Código Civil para los documentos públicos y en el artículo 1363 del mismo Código para los documentos privados auténticos y otros que merezcan autenticidad, entre ellos los documentos públicos administrativos.

Admisión o inadmisión

Los Tribunales o la Sala Constitucional que conozcan de la solicitud de amparo, por aplicación de los artículos de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, admitirán o no el amparo, ordenarán que se amplíen los hechos y las pruebas, o se corrijan los defectos u omisiones de la solicitud, para lo cual se señalará un lapso, también preclusivo. Todo ello conforme a los artículos 17 y 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Citación para la audiencia

Admitida la acción, se ordenará la citación del presunto agraviante y la notificación del Ministerio Público, para que concurran al tribunal a conocer el día en que se celebrará la audiencia oral, la cual tendrá lugar, tanto en su fijación como para su práctica, dentro de las noventa y seis (96) horas a partir de la última notificación efectuada. Para dar cumplimiento a la brevedad y falta de formalidad, la notificación podrá ser practicada mediante boleta, o comunicación telefónica, fax, telegrama, correo electrónico, o cualquier medio de comunicación interpersonal, bien por el órgano jurisdiccional o bien por el Alguacil del mismo, indicándose en la notificación la fecha de comparecencia del presunto agraviante y dejando el Secretario del órgano jurisdiccional, en autos, constancia detallada de haberse efectuado la citación o notificación y de sus consecuencias.

Audiencia oral

En la fecha de la comparecencia que constituirá una audiencia oral y pública, las partes, oralmente, propondrán sus alegatos y defensas ante la Sala Constitucional o el tribunal que conozca de la causa en primera instancia, y esta o este decidirá si hay lugar a pruebas, caso en que el presunto agraviante podrá ofrecer las que considere legales y pertinentes, ya que este es el criterio que rige la admisibilidad de las pruebas. Los hechos esenciales para la defensa del agraviante, así como los medios ofrecidos por él se recogerán en un acta, al igual que las circunstancias del proceso.

Falta de comparecencia del señalado como agraviante

La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral aquí señalada producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Falta de comparecencia del alegado agraviado

La falta de comparencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, a menos que el Tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público, caso en que podrá inquirir sobre los hechos alegados, en un lapso breve, ya que conforme al principio general contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en materia de orden público el juez podrá tomar de oficio las providencias que creyere necesarias.

Litisconsortes

En caso de litis consorcios necesarios activos o pasivos, cualquiera de los litis consortes que concurran a los actos, representará al consorcio.

Admisión y práctica de pruebas

El órgano jurisdiccional, en la misma audiencia, decretará cuáles son las pruebas admisibles y necesarias, y ordenará, de ser admisibles, también en la misma audiencia, su evacuación, que se realizará en ese mismo día, con inmediación del órgano en cumplimiento del requisito de la oralidad o podrá diferir para el día inmediato posterior la evacuación de las pruebas.

Resolución de incidencias sin formalismos

Debido al mandato constitucional de que el procedimiento de amparo no estará sujeto a formalidades, los trámites como se desarrollarán las audiencias y la evacuación de las pruebas, si fueran necesarias, las dictará en las audiencias el tribunal que conozca del amparo, siempre manteniendo la igualdad entre las partes y el derecho de defensa. Todas las actuaciones serán públicas, a menos que por protección a derechos civiles de rango constitucional, como el comprendido en el artículo 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se decida que los actos orales sean a puerta cerrada, pero siempre con inmediación del tribunal.

Estudio y decisión

Una vez concluido el debate oral o las pruebas, el juez o el Tribunal en el mismo día estudiará individualmente el expediente o deliberará (en los caso de los Tribunales colegiados) y podrá:

a) decidir inmediatamente; en cuyo caso expondrá de forma oral los términos del dispositivo del fallo; el cual deberá ser publicado íntegramente dentro de los cinco (5) días siguientes a la audiencia en la cual se dictó la decisión correspondiente. El fallo lo comunicará el juez o el presidente del Tribunal colegiado, pero la sentencia escrita la redactará el ponente o quien el Presidente del Tribunal Colegiado decida.

El dispositivo del fallo surtirá los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, mientras que la sentencia se adaptará a lo previsto en el artículo 32 ejusdem.

b) Diferir la audiencia por un lapso que en ningún momento será mayor de cuarenta y ocho (48) horas, por estimar que es necesaria la presentación o evacuación de alguna prueba que sea fundamental para decidir el caso, o a petición de alguna de las partes o del Ministerio Público.

Apelación y consulta

Contra la decisión dictada en primera instancia, podrá apelarse dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación del fallo, la cual se oirá en un sólo efecto a menos que se trate del fallo dictado en un proceso que, por excepción, tenga una sola instancia. De no apelarse, pero ser el fallo susceptible de consulta, deberá seguirse el procedimiento seguido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esto es, que la sentencia será consultada con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente el expediente, dejando copia de la decisión para la ejecución inmediata. Este Tribunal decidirá en un lapso no mayor de treinta (30) días. La falta de decisión equivaldrá a una denegación de justicia, a menos que por el volumen de consultas a decidir se haga necesario prorrogar las decisiones conforma al orden de entrada de las consultas al Tribunal de la segunda instancia.

Grabación y transcripción de las pruebas

Cuando se trate de causas que cursen ante tribunales cuyas decisiones serán conocidas por otros jueces o por esta Sala, por la vía de la apelación o consulta, en cuanto a las pruebas que se evacuen en las audiencias orales, se grabarán o registrarán las actuaciones, las cuales se verterán en actas que permitan al juez de la Alzada conocer el devenir probatorio. Además, en la audiencia ante el Tribunal que conozca en primera instancia en que se evacuen estas pruebas de lo actuado, se levantará un acta que firmarán los intervinientes. El artículo 189 del Código Procedimiento Civil regirá la confección de las actas, a menos que las partes soliciten que los soportes de los actas se envíen al Tribunal Superior.

Interrogatorio de la parte

Los Jueces Constitucionales siempre podrán interrogar a las partes y a los comparecientes.

Amparo contra sentencias

Notificación del juez y las partes

2.- Cuando el amparo sea contra sentencias, las formalidades se simplificarán aún más y por un medio de comunicación escrita que deberá anexarse al expediente de la causa donde se emitió el fallo, inmediatamente a su recepción, se notificará al juez o encargado del Tribunal, así como a las partes en su domicilio procesal, de la oportunidad en que habrá de realizarse la audiencia oral, en la que ellos manifestarán sus razones y argumentos respecto a la acción. Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia.

Comparecencia de la parte en el juicio

Las partes del juicio donde se dictó el fallo impugnado podrán hacerse partes, en el proceso de amparo, antes y aún dentro de la audiencia pública, mas no después, sin necesidad de probar su interés. Los terceros coadyuvantes deberán demostrar su interés legítimo y directo para intervenir en los procesos de amparo de cualquier clase antes de la audiencia pública.

Falta de comparecencia del juez

La falta de comparecencia del Juez que dicte el fallo impugnado o de quien esté a cargo del Tribunal, no significará aceptación de los hechos, y el órgano que conoce del amparo, examinará la decisión impugnada.

SC 4-4-01

Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero. Exp.  00-2186, dec. 442:

Plazo para sustentar la apelación

Como punto previo, esta Sala, actuando como máximo intérprete de la Constitución y con el objeto de establecer directrices para la aplicación de las normas constitucionales, observa que en el proceso de amparo constitucional objeto de la presente apelación, al momento de admitir la acción de amparo, el a quo ordenó notificar al Juez que dictó la sentencia accionada y al Fiscal del Ministerio Publico. Sin embargo, el a quo obvió notificar a la parte actora en el juicio que finalizó en la sentencia objeto de la acción de amparo constitucional. A pesar de ello, la parte actora en el juicio que dio lugar a la sentencia impugnada, ciudadano FRANCISCO THOMAS DOMÍNGUEZ QUINTANA, se hizo presente como interesado en la audiencia constitucional, actuando según lo expresa la sentencia accionada como “tercero coadyuvante”.

Ha sido el criterio de esta Sala, el cual ratifica y concreta en esta ocasión, que en las acciones de amparo constitucional contra decisiones judiciales, en vista del interés inminente de las partes en el juicio que resultó en la sentencia accionada, es necesario, a fin de evitar la violación al derecho fundamental a la defensa de dichas partes, notificar a las mismas de la solicitud de amparo interpuesta. En este sentido, lógicamente, no será necesario notificar a la parte accionante del amparo constitucional, quien es, a su vez, parte en el juicio que concluyó con la sentencia accionada, si ésta se encuentra a derecho en el proceso de amparo. Empero, sí es obligatorio para el Juez que conozca de la acción de amparo constitucional contra decisiones judiciales, notificar a todas aquellas partes, diferentes a la accionante, involucradas en el juicio que dio origen a la sentencia de la cual se alega una presunta inconstitucionalidad.  En el presente caso, no se considera que existió violación al derecho a la defensa de la otra parte presente en el juicio del cual derivó la sentencia impugnada, ya que dicha parte compareció en la audiencia constitucional y en ningún momento alegó una posible violación a sus derechos, lo que implica un signo inequívoco de aceptación de lo actuado, y ASI SE DECLARA.

Por otra parte, es necesario igualmente que, como punto previo, esta Sala se pronuncie sobre la admisibilidad del escrito presentado en este expediente, en fecha 4 de octubre de 2000, por el abogado Genaro Goateche en representación del ciudadano FRANCISCO THOMAS DOMÍNGUEZ QUINTANA. En tal sentido, esta Sala considera inadmisible el mismo para la presente decisión en vista de que fue consignado luego de haber transcurrido los treinta (30) días establecidos en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales para que el ad quem conozca de la apelación o consulta de la sentencia de amparo constitucional. En este sentido, esta Sala considera que habiendo la Ley establecido un plazo para que el tribunal de alzada decida la apelación de la sentencia de amparo constitucional, este plazo debe considerarse como un plazo preclusivo para que las partes interpongan cualquier escrito relacionado con el expediente.

SC 15-3-00

Ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera Romero. Exp. Nº 00-146, dec. Nº 98:

Hecho notorio

En el derecho medieval existía el principio “notoria non egent probatione”, que exoneraba de prueba al hecho notorio. La conceptualización de que debe entenderse por dicho hecho, ha sido discutido por diferentes autores, siendo la definición del tratadista italiano Piero Calamandrei, en su obra Definición del Hecho Notorio (Estudios Sobre El Proceso Civil. Editorial Bibliográfica Argentina 1945), tal vez la de mayor aceptación. El maestro Calamandrei lo definía así: “se consideran notorios aquellos hechos el conocimiento de los cuales forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión”. El principio de que lo notorio no requiere prueba fue acogido en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, así como por el artículo 215 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se trata de un principio que informa al proceso en general.

La necesidad que el hecho notorio formara parte de la cultura de un grupo social, se hacía impretermitible en épocas donde la transmisión del conocimiento sobre los hechos tenía una difusión lenta, sin uniformidad con respecto a la sociedad que los recibía, y tal requisito sigue vigente con relación a los hechos pasados o a los hechos que pierden vigencia para la colectividad, a pesar que en un momento determinado eran conocidos como trascendentales por la mayoría de la población. Dichos hechos no se podrán proyectar hacia el futuro, para adquirir allí relevancia probatoria, si no se incorporan a la cultura y por ello la Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia en fallo de 21 de julio de 1993, acotó que la sola publicación por algún medio de comunicación social, sin la certeza de que el hecho fuere “conocido y sabido por el común de la gente en una época determinada”, no convertía al hecho en notorio, concepto que comparte esta Sala, ya que la noticia aislada no se incorpora a la cultura.

Ceñidos a la definición de Calamandrei, puede decirse que la concepción clásica del hecho notorio, requiere, por la necesidad de la incorporación del hecho a la cultura, que el, por su importancia, se integre a la memoria colectiva, con lo que adquiere connotación de referencia en el hablar cotidiano, o forma parte de los refranes, o de los ejemplos o recuerdos, de lo que se conversa en un círculo social. Por ello son hechos notorios sucesos como el desastre de Tacoa, la caída de un sector del puente sobre el lago de Maracaibo, los eventos de octubre de 1945, la segunda guerra mundial, etc.

Hecho comunicacional como categoría dentro de los hechos notorios

Pero el mundo actual, con el auge de la comunicación escrita mediante periódicos, o por vías audiovisuales, ha generado la presencia de otro hecho, cual es el hecho publicitado, el cual en principio no se puede afirmar si es cierto o no, pero que adquiere difusión pública uniforme por los medios de comunicación social, por lo que muy bien podría llamársele el hecho comunicacional y puede tenerse como una categoría entre los hechos notorios, ya que forma parte de la cultura de un grupo o círculo social en una época o momento determinado, después del cual pierde trascendencia y su recuerdo solo se guarda en bibliotecas o instituciones parecidas, pero que para la fecha del fallo formaba parte del saber mayoritario de un círculo o grupo social, o a el podía accederse.

Así, los medios de comunicación social escritos, radiales o audiovisuales, publicitan un hecho como cierto, como sucedido, y esa situación de certeza se consolida cuando el hecho no es desmentido a pesar que ocupa un espacio reiterado en los medios de comunicación social.

De esta manera, el colectivo se entera de conflictos armados, de los viajes del Presidente de la República, de los nombramientos que hace el Congreso, de la existencia de crímenes y otros delitos, de la existencia de juicios, etc.

Estas noticias publicitadas por los medios (por varios) de manera uniforme, podrían ser falsas, pero mientras no se desmientan y se repitan como ciertas, para el que se entera de ellas son hechos verdaderos sucedidos, así su recuerdo no se haya dilatado en el tiempo.

Se trata de un efecto de la comunicación masiva, que en forma transitoria y puntual hace del conocimiento general un hecho que durante cierto espacio de tiempo, a veces breve, permite a los componentes de la sociedad referirse a él y comentar el suceso, o tomar conciencia de un mensaje, como sucede con la propaganda o publicidad masiva.

Que un identificado grupo de béisbol es el campeón de Venezuela, es un hecho que se presenta como cierto por la comunicación social, y que se consolida como tal, cuando la mayoría de los medios siguen reseñando las andanzas y compromisos de ese equipo.

De un hecho comunicacional de este tipo, no puede escapar un juez que en la vida actual, incluso como parte de los hechos que debe adquirir para engrosar su conocimiento sobre su entorno social, lee periódicos, oye radio o ve televisión. Es esta difusión comunicacional una de las fuentes de la “sensación o escándalo público” que toma en cuenta el artículo 59 del Código Orgánico Procesal Penal, como presupuesto de la radicación

Pensar que este hecho del cual toma conciencia no sólo el juez, sino un gran sector del colectivo, es de igual entidad que los otros hechos litigiosos, es una irrealidad. Tan irreal es, que la doctrina enseña que es un requisito de validez del reconocimiento de individuos en rueda de personas, el que las fotografías de los posibles reconocidos no deben haber recibido publicidad previa al acto de reconocimiento.

El hecho comunicacional puede tener validez en un lugar y momento determinado

El hecho publicitado o comunicacional no es un hecho notorio en el sentido clásico, ya que puede no incorporarse como permanente a la cultura del grupo social, sin embargo su publicidad lo hace conocido como cierto en un momento dado por un gran sector del conglomerado, incluyendo al juez; y desde este ángulo se puede afirmar que forma parte durante épocas, de la cultura, así luego desaparezca, ya que su importancia o transcendencia era relativa, tenía importancia solo en un espacio y tiempo limitado y a veces breve.

Este concepto moderno del hecho notorio diverge del hecho público. Este último parte de diversos criterios conceptuales. Unos consideran que atiende a una ficción legal de conocimiento, desligado de una difusión suficiente. Un ejemplo es el hecho que goza de los efectos del registro público, o de la publicación en periódicos oficiales; otra vertiente para conceptualizarlo, lo señala como el que tiene lugar en sitios públicos, criterio también ajeno a su difusión; y una última es, que el hecho público es aquel que surge de actos del poder público.

Notoriedad judicial

El hecho comunicacional, fuente de este tipo particular de hecho notorio que se ha delineado, es tan utilizable por el juez como el hecho cuyo saber adquiere por su oficio en el ejercicio de sus funciones, y no privadamente como particular, lo que constituye la notoriedad judicial y que está referido a lo que sucede en el tribunal a su cargo, como existencia y manejo de la tablilla que anuncia el despacho; o lo relativo al calendario judicial, a los cuales se refiere el juzgador sin que consten en autos copias de los mismos; notoriedad judicial que incluye el conocimiento por el juez de la existencia de otros juicios que cursan en su tribunal, así como el de los fallos dictados en ellos.

No es necesaria la prueba del hecho comunicacional

¿Puede el juez fijar al hecho comunicacional, como un hecho probado, sin que conste en autos elementos que lo verifiquen? Si se interpreta estrictamente el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual es un principio general, el juez sólo puede sentenciar en base a lo probado en autos, con excepción del hecho notorio. Tiene así vigencia el vetusto principio que lo que no está en el expediente no está en el mundo. Pero si observamos las sentencias, encontramos que ellas contienen un cúmulo de hechos que no están probados en autos, pero que son parte del conocimiento del juez como ente social, sin que puedan tildarse muchos de ellos ni siquiera como hechos notorios. Así, los jueces se refieren a fenómenos naturales transitorios, a hechos que están patentes en las ciudades (existencia de calles, edificios, etc.), a sentencias de otros tribunales que se citan como jurisprudencia, a obras de derecho o de otras ciencias o artes, al escándalo público que genera un caso, a la hora de los actos, sin que existan en autos pruebas de ellos.

Si esto es posible con esos hechos, que casi se confunden con el saber privado del juez, con mucha mayor razón será posible que el sentenciador disponga como ciertos y los fije en autos, a los hechos comunicacionales que se publicitan hacia todo el colectivo y que en un momento dado se hacen notorios (así sea transitoriamente) para ese colectivo.

Esta realidad lleva a esta Sala a considerar que el hecho comunicacional, como un tipo de notoriedad, puede ser fijado como cierto por el juez sin necesidad que conste en autos, ya que la publicidad que él ha recibido permite, tanto al juez como a los miembros de la sociedad, conocer su existencia, lo que significa que el sentenciador realmente no está haciendo uso de su saber privado; y pudiendo los miembros del colectivo, tener en un momento determinado, igual conocimiento de la existencia del hecho, porque negar su uso procesal.

Puede también ser acreditado por el juez o por las partes

El hecho comunicacional puede ser acreditado por el juez o por las partes con los instrumentos contentivos de lo publicado, o por grabaciones o videos, por ejemplo, de las emisiones radiofónicas o de las audiovisuales, que demuestren la difusión del hecho, su uniformidad en los distintos medios y su consolidación; es decir, lo que constituye la noticia.

Pero el juez, conocedor de dicho hecho, también puede fijarlo en base a su saber personal, el cual, debido a la difusión, debe ser también conocido por el juez de la alzada, o puede tener acceso a él en caso que no lo conociera o dudase. Tal conocimiento debe darse por cierto, ya que solo personas totalmente desaprensivos en un grupo social hacia el cual se dirije el hecho, podrían ignorarlo; y un juez no puede ser de esta categoría de personas.

Planteado así la realidad de tal hecho y sus efectos, concatenado con la justicia responsable y sin formalismos inútiles que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla; aunado a que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, tal como lo establece el artículo 257 de la vigente Constitución, y que el Estado venezolano es de derecho y de justicia, como lo expresa el artículo 2 ejusdem, en aras a esa justicia expedita e idónea que señala el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de que el hecho comunicacional y su incorporación a los autos de oficio por el juez, no está prevenido expresamente en la ley, ante su realidad y el tratamiento que se viene dando en los fallos a otros hechos, incluso de menos difusión, esta Sala considera que para desarrollar un proceso justo, idóneo y sin formalismos inútiles, el sentenciador puede dar como ciertos los hechos comunicacionales con los caracteres que luego se indican, y por ello puede fijar como cierto, los hechos que de una manera uniforme fueron objeto de difusión por los medios de comunicación, considerándolos una categoría de hechos notorios, de corta duración.

[…]

El hecho notorio excede el conocimiento personal del juez

Por la vía de la información periodística, el colectivo adquiere conocimiento, al menos en lo esencial, de determinados hechos y al todo el mundo conocer el hecho o tener acceso a tal conocimiento, no se hace necesario con respecto al proceso, mantener la prohibición del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, principio general del derecho (que no se puede sentenciar sino de acuerdo a lo probado en autos). Tal principio persigue que el juez no haga uso de su saber personal sobre el caso, ya que de hacerlo surgiría una incompatibilidad psicológica entre la función de juez y la de testigo, tal como lo decía el Maestro Calamandrei en la página 195 de la obra antes citada; además de coartarle a las partes el control de la prueba, ya que ellas no podrán ejercer el principio de control de hechos que solo conoce el juez y los vierte al proceso, minimizando así el derecho de defensa que consagra el artículo 49 de la vigente Constitución.

Pero con los hechos publicitados la situación es distinta, todos conocen o pueden conocer de ellos lo mismo, y mal puede hablarse que se trata de un conocimiento personal del juez incontrolable para las partes. Es por ello que la prohibición del artículo12 Código de Procedimiento Civil, con su sentido protector de las partes, no opera ante este tipo de hecho, producto de los tiempos actuales y del desarrollo de la comunicación.

Características del hecho comunicacional

Es cierto que el hecho comunicacional, como cualquier otro hecho, puede ser falso, pero dicho hecho tiene características que lo individualizan y crean una sensación de veracidad que debe ser tomada en cuenta por el sentenciador. Esos caracteres confluyentes son: 1) Se trata de un hecho, no de una opinión o un testimonio, si no de un evento reseñado por el medio como noticia; 2) Su difusión es simultánea por varios medios de comunicación social escritos, audiovisuales, o radiales, lo cual puede venir acompañado de imágenes; 3) Es necesario que el hecho no resulte sujeto a rectificaciones, a dudas sobre su existencia, a presunciones sobre la falsedad del mismo, que surjan de los mismos medios que lo comunican, o de otros y, es lo que esta Sala ha llamado antes la consolidación del hecho, lo cual ocurre en un tiempo prudencialmente calculado por el juez, a raíz de su comunicación; y 4) Que los hechos sean contemporáneos para la fecha del juicio o de la sentencia que los tomará en cuenta.

El que el hecho sea falso, como ya se dijo, es una posibilidad mínima, pero que siempre puede ser opuesto y constatado en la misma instancia, si es la parte quien pretende valerse de él, o en la alzada si proviene del juez; y hasta puede ser confrontado dentro del recurso de Casación, mediante el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil.

Resulta un despilfarro probatorio y un ritualismo excesivo, contrario a las previsiones de una justicia idónea, responsable, sin dilaciones indebidas y sin formalismos, que consagra el artículo 26 de la vigente Constitución, que se deba probar formalmente en un juicio, por ejemplo, que la Línea Aeropostal Venezolana es una línea aérea; que fulano es el Gobernador de un Estado;, o que existen bebidas gaseosas ligeras, o que el equipo Magallanes es un equipo de béisbol; o que José Luis Rodríguez es un cantante; o Rudy Rodríguez una actriz; o que una persona fue asesinada, y que su presunto victimario resultó absuelto; se trata de conocimientos de igual entidad que el difundido por la prensa en el sentido que un día y hora determinado hubo una gran congestión de transito en una avenida, o se cayó un puente en ella, etc.

Ante la duda del conocimiento por el juez, la parte puede acreditar el hecho comunicacional

No existe en las leyes procesales una oportunidad para que las partes consulten a los jueces sobre su conocimiento del hecho notorio clásico, o del notorio comunicacional, lo que carga a las partes, sobre todo con respecto a estos últimos, a probarlos mediante las publicaciones o copias de los audiovisuales, si es que dudan que el juez no los conozca. A tenor del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil los actos que la ley ordena se publique en periódicos son considerados fidedignos, lo que involucra que el periódico que los contiene también los son, salvo prueba en contrario. Ahora bien, si el ejemplar de la prensa se reputa, sin más, que emana del editor en esos casos, y que dicho ejemplar representa la edición de ese día, igual valor probatorio debe tener el periódico como tal en lo que al resto de su contenido expresa.

Para que el juez pueda fijarlo como hecho debe reunir las características anotadas

Pero para el juez, conocedor del hecho, de oficio puede acogerlo y fijarlo en el fallo, siempre que reúna las condiciones que permiten al hecho comunicacional considerarse notorio.

SC 12-6-02

Ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera Romero. Exp. Nº 01-1062, dec. Nº 1282:

Num. 5 art. 6 LOA es medida cautelar, no amparo sobrevenido

Esta Sala, en decisión del 28 de julio de 2000 (Caso: Luis Alberto Baca), estableció lo siguiente:

2.- La situación varía con los fallos cuya apelación se oye en un solo efecto, o a los que se negó la apelación o el recurso de hecho, ya que lo acordado en esas sentencias sí se ejecuta; pero sólo cuando esa ejecución va a causar agravio constitucional a la situación jurídica de una parte, es que ella podrá acudir a la vía del amparo para proteger su situación jurídica, ya que concretado el agravio, las cosas no podrán volver a la situación anterior ni a una semejante. Como en todo caso de agravio constitucional, el mismo y sus consecuencias queda a la calificación del juez.

Con respecto a los fallos cuya apelación se oye en un solo efecto, si contienen violaciones constitucionales en perjuicio de una de las partes, la lesionada puede optar entre acudir a la vía de la apelación, caso en que la parte considera que por este camino restablecerá su situación, o acudir a la acción de amparo.

Si antes de que precluya el plazo para apelar, opta por la acción de amparo, en lo concerniente a la infracción constitucional el juez del amparo será el que conozca la acción autónoma; y si el perjudicado utilizare el recurso de apelación contra el fallo lesivo, dentro de tal recurso no podrá decidirse lo atinente a la transgresión constitucional, ya que ante dos jueces (el del amparo y el de la apelación) cuyo deber es mantener la supremacía de la Constitución, es el juez ante quien se incoa la acción natural de jurisdicción constitucional (el amparo) el que debe decidirla, surgiendo con respecto al de la alzada una litispendencia en ese sentido, donde impera la pendencia acusada por la acción de amparo.

Por ello, si el agraviado opta por la vía del amparo, se le cierra la de la apelación sobre la materia que versa el amparo. Viceversa, si el agraviado hace uso de la apelación, es porque considera que este recurso es el óptimo para lograr el restablecimiento de la situación jurídica infringida, y ante tal escogencia, el amparo que se incoare sería inadmisible a tenor de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Sin embargo, si la apelación no fuere resuelta en el tiempo pautado por la ley, por causas atribuibles al tribunal, el apelante podrá incoar amparo autónomo, para que el juez competente conozca de la infracción que generó la dilación indebida, y además, resuelva la apelación no decidida.

En general, el amparo y la apelación pueden coexistir, cuando el recurso de apelación tiene por objeto la decisión de infracciones distintas a las constitucionales, por lo tanto el objeto de cada proceso es diferente.

Por todas estas razones, el amparo constitucional no es -como se ha pretendido- un correctivo ilimitado a cualquier situación procesal que afecte a las partes, y el juez que conoce el amparo debe ponderar lo aquí señalado para darle o no curso”.

Asimismo, en decisión del 16 de noviembre de 2001 (Caso: Jairo Cipriano Rodríguez), esta Sala estableció que:

En su condición de director del proceso, el juez interviene de forma protagónica en la realización de este instrumento fundamental para la realización de la justicia, para la efectiva resolución de los conflictos y el mantenimiento de la paz social. Siendo rector del proceso, el juzgador no puede postrarse ante la inactividad de las partes, ni adoptar una actitud inerte o estática, sino asumir la posición activa que le exige el propio Texto Fundamental. Cuando la Constitución, en su condición de norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico, le exige que sea el principal garante de la actuación circunstanciada de la ley y de sus propios mandatos normativos, le está imponiendo el deber constitucional de hacer valer, permanentemente, los principios asociados al valor justicia, indistintamente del proceso de que se trate, de la jerarquía del juez o de la competencia que le ha conferido expresamente el ordenamiento.

La Constitución fundamenta la validez de todas las normas del ordenamiento y regula la aplicación de las normas válidas. Es por ello que, siendo la actuación judicial el medio para la emanación de una norma, precisamente de una “norma concreta”, de una decisión sujeta a la Constitución, el juez está obligado no solo a garantizar a la persona el acceso a los órganos de administración de justicia, sino a velar porque esa justicia se imparta de forma, cuando menos, imparcial e idónea, y sobre todo expedita; evitando las dilaciones indebidas, o la adopción de formalismos no esenciales e inútiles a la finalidad del proceso...omissis...

El juez, como órgano del Poder Público, en el ejercicio de sus funciones debe sujetarse a las atribuciones definidas en la Constitución y en la ley, siendo responsable personalmente por violación del ordenamiento integralmente considerado, y especialmente, por error, retardo u omisión, o por la inobservancia sustancial de las normas procesales.

De forma tal que todo juez está en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución, lo cual debe hacer en el ámbito de su competencia y conforme a lo previsto en la Constitución y la ley. No solo la Constitución, sino la ley adjetiva y destacadamente en nuestro ordenamiento, el Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico Procesal Penal, confieren al juez ordinario poderes de actuación verdaderamente funcionales, que son indispensables para administrar justicia de forma idónea y eficaz.

Esos poderes jurisdiccionales, de orden y disciplina, constituyen auténticas herramientas correctivas, que puede y debe ejercitarlas el juzgador para conducir el proceso, y que van desde el deber de mantener a las partes en igualdad de condiciones, sin preferencias ni desigualdades (artículo 15 del Código de Procedimiento Civil y artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal), hasta el deber de decisión (artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y artículos 6 y 7 del Código Orgánico Procesal Penal).

...omissis...

En este orden de ideas, observa esta Sala Constitucional, que la doctrina del llamado amparo sobrevenido se fundamentó, desde los primeros pronunciamientos de la extinta Corte Suprema de Justicia (caso: C.A Electricidad de Valencia del 23 de febrero de 1995), en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que dispone expresamente:

“Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:

...omissis...

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado;

Advierte esta Sala que el dispositivo contenido en el artículo 6, numeral 5, no establece per se una modalidad de amparo, como se ha pretendido lo sea el “sobrevenido” sino el reconocimiento de la potestad cautelar del juez que puede a posteriori (una vez abierta la vía de la impugnación en el proceso ordinario), ordenar la suspensión provisional de los efectos de un acto que conoce en vía principal, por haber sido cuestionado a través de los medios ordinarios. Esto quiere decir, que frente a situaciones acaecidas ex novo, ocurridas de forma sobrevenida en el proceso ordinario que se revisa (por medio de las vías y medios judiciales ordinarios preexistentes), y que vulneren o amenacen violar la esfera constitucionalmente protegida, el juez puede, a solicitud de parte, adoptar medidas cautelares, garantizando así, el mantenimiento del status quo procesal, preservando los derechos de las partes en el proceso, frente a intervenciones abruptamente violatorias, que provengan de los sujetos procesales o de terceros.

La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contiene una causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, que se expresa en la no admisión de los amparos cuando se verifique que el accionante optó previamente por la vía ordinaria (utilizando los recursos, la apelación y demás medios defensivos), por considerarla idónea para cumplir el fin perseguido. Sin embargo, el objeto principal de la acción de amparo constitucional, no obstante se haya optado por la vía de los recursos, sigue siendo proteger las situaciones jurídicas de los accionantes frente a violaciones que infrinjan sus derechos constitucionales, razón por la cual, ante flagrantes vulneraciones (no necesariamente sobrevenidas al proceso ordinario) y frente a la amenaza de violación de derechos y garantías constitucionales, puede el tribunal que conoce, acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Esto último significa que el Juez, ajustándose a los principios de celeridad, de contradictorio y de inmediatez, contenidos en los mencionados artículos, deberá dictar la providencia cautelar, suspendiendo los efectos de la nueva actuación inconstitucional.

Es la obligación del Juez Constitucional impedir que las violaciones reales o temidas, se consoliden y hagan irreparable la situación jurídica de la víctima, lo que permite que en algunos casos proceda la acción de amparo incoada a pesar de que están pendientes oposiciones, recursos, etc., si es que ellos no resultan idóneos para evitar o restablecer la situación jurídica infringida, antes que el daño se haga irreparable. Esta realidad es la que permisa al Juez que conoce dentro del proceso de una violación constitucional, evitarla o repararla aplicando los artículos 23, 24 y 26 eiusdem, con lo que por vía incidental impide o repara el agravio constitucional sin llegar al proceso de amparo, a pesar que la ley –equívocamente ante este supuesto- se refiere al amparo, el cual resulta innecesario ya que el juez, dentro del proceso, repara la situación inconstitucional”.

De acuerdo con los fallos que han sido parcialmente transcritos, el juez que conoce de la apelación –la cual ha sido ejercida en primer término por el accionante-, contaría con todos los medios que el ordenamiento jurídico le otorga, como lo serían las medidas cautelares, para evitar que una supuesta infracción constitucional se materialice. Es así, como en el presente caso, el accionante, en vez de ejercer una acción autónoma de amparo constitucional, buscando evitar la materialización de los efectos del fallo que impugnó por vía del recurso ordinario de la apelación, debió solicitar ante el juez que conocía el primer recurso ejercido (la apelación) las medidas cautelares necesarias para suspender los efectos del acto impugnado, hasta tanto se decidiese el fondo del asunto controvertido. Ello hace que la acción de amparo constitucional, resultara inadmisible, de conformidad con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así debió ser declarado por el a quo, razón por la cual, esta Sala pasa a revocar la decisión objeto de la presente consulta, y así se declara.

SC 4-6-02

Amparo sobrevenido

Ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera Romero. Exp. Nº 01-1663, dec. Nº 1525:

En relación con el denominado por la doctrina “amparo sobrevenido”, ha dicho esta Sala que el mismo no existe en la forma interpretada por la doctrina venezolana y con relación a la previsión del numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala, en su sentencia de 16 de noviembre de 2001 (Caso: Jairo Cipriano Rodríguez), ha señalado lo siguiente:

“En este orden de ideas, observa esta Sala Constitucional, que la doctrina del llamado amparo sobrevenido se fundamentó, desde los primeros pronunciamientos de la extinta Corte Suprema de Justicia (caso: C.A Electricidad de Valencia del 23 de febrero de 1995), en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que dispone expresamente:

“Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo: ...omissis...5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado; Advierte esta Sala que el dispositivo contenido en el artículo 6, numeral 5, no establece per se una modalidad de amparo, como se ha pretendido lo sea el “sobrevenido” sino el reconocimiento de la potestad cautelar del juez que puede a posteriori (una vez abierta la vía de la impugnación en el proceso ordinario), ordenar la suspensión provisional de los efectos de un acto que conoce en vía principal, por haber sido cuestionado a través de los medios ordinarios. Esto quiere decir, que frente a situaciones acaecidas ex novo, ocurridas de forma sobrevenida en el proceso ordinario que se revisa (por medio de las vías y medios judiciales ordinarios preexistentes), y que vulneren o amenacen violar la esfera constitucionalmente protegida, el juez puede, a solicitud de parte, adoptar medidas cautelares, garantizando así, el mantenimiento del status quo procesal, preservando los derechos de las partes en el proceso, frente a intervenciones abruptamente violatorias, que provengan de los sujetos procesales o de terceros.

La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contiene una causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, que se expresa en la no admisión de los amparos cuando se verifique que el accionante optó previamente por la vía ordinaria (utilizando los recursos, la apelación y demás medios defensivos), por considerarla idónea para cumplir el fin perseguido. Sin embargo, el objeto principal de la acción de amparo constitucional, no obstante se haya optado por la vía de los recursos, sigue siendo proteger las situaciones jurídicas de los accionantes frente a violaciones que infrinjan sus derechos constitucionales, razón por la cual, ante flagrantes vulneraciones (no necesariamente sobrevenidas al proceso ordinario) y frente a la amenaza de violación de derechos y garantías constitucionales, puede el tribunal que conoce, acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Esto último significa que el Juez, ajustándose a los principios de celeridad, de contradictorio y de inmediatez, contenidos en los mencionados artículos, deberá dictar la providencia cautelar, suspendiendo los efectos de la nueva actuación inconstitucional.

Es la obligación del Juez Constitucional impedir que las violaciones reales o temidas, se consoliden y hagan irreparable la situación jurídica de la víctima, lo que permite que en algunos casos proceda la acción de amparo incoada a pesar de que están pendientes oposiciones, recursos, etc., si es que ellos no resultan idóneos para evitar o restablecer la situación jurídica infringida, antes que el daño se haga irreparable. Esta realidad es la que permisa al Juez que conoce dentro del proceso de una violación constitucional, evitarla o repararla aplicando los artículos 23, 24 y 26 eiusdem, con lo que por vía incidental impide o repara el agravio constitucional sin llegar al proceso de amparo, a pesar que la ley –equívocamente ante este supuesto- se refiere al amparo, el cual resulta innecesario ya que el juez, dentro del proceso, repara la situación inconstitucional.

Observa igualmente esta Sala Constitucional, que para el caso de que las violaciones a derechos y garantías constitucionales surjan en el curso de un proceso debido a actuaciones de las partes, de terceros, de auxiliares de justicia o de funcionarios judiciales diferentes al juez, este último deberá remover ex officio o a instancia de parte, los obstáculos que impidan el desarrollo o la continuación del proceso dentro de la normalidad, imparcialidad y transparencia que exige el ordenamiento constitucional y legal. Indistintamente del agente de la presunta vulneración (provenga de actuaciones de las partes o de terceros, o bien de la acción u omisión imputable a los auxiliares de justicia y demás funcionarios judiciales), el juez deberá ejercer los poderes jurisdiccionales de ordenación y disciplina, según el caso, e incluso exigir la colaboración de otros Poderes Públicos para mantener el orden público procesal. En este caso particular del denominado “amparo sobrevenido”, no es un remedio procesal idóneo, ante la inactividad del juez requerido para que ejerza sus poderes de control y demás correctivos ordinarios, siendo el amparo autónomo fundado en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la vía correcta, como lo tiene establecido esta Sala. Así se declara.

El amparo frente a la conducta transgresora de una de las partes, de un tercero, de otro juez relacionado con la causa o de un funcionario auxiliar bajo su dependencia, interpuesto ante el juez que esté conociendo la causa luce como una reiteración, como una insistencia inoficiosa ante quien al ser requerido por los medios ordinarios, no dio respuesta oportuna y efectiva. De forma que luce poco coherente con los principios de celeridad y eficacia del proceso que, quien pudiendo restablecer la situación jurídica lesionada ejerciendo los poderes conferidos por el ordenamiento, ahora, ante la acción de amparo sobrevenido, actuará y cambiará su criterio adverso a la solicitud previa a la interposición del amparo. Aunado a ello, el juez en su condición de rector y ordenador del proceso debe adoptar y ejecutar oficiosamente, las medidas necesarias para mantener el equilibrio, idoneidad e igualdad del proceso, debe preservar motu proprio la legalidad y constitucionalidad del proceso.

No puede el Juez, quien al ser requerido por los medios ordinarios (Código de Procedimiento Civil o Código Orgánico Procesal Penal) no subsanó la situación violatoria y desestimó sus amplios poderes correctivos del proceso, sustanciar y decidir, ni siquiera en cuaderno separado, dicho remedio procesal, y así se declara.

Será entonces el juez superior quien conozca por vía de amparo de la omisión o inactividad imputable al juez de la causa, que al ser requerido por los medios ordinarios, para que corrigiera actuaciones inconstitucionales de las partes, de terceros, de auxiliares de justicia o de funcionarios judiciales diferentes a él, se abstuvo de ejercer los amplios poderes de control y dirección del proceso que le atribuye el ordenamiento jurídico, y así se declara.” (Subrayados añadidos)

De conformidad con los criterios expresados en la sentencia parcialmente transcrita, es perfectamente viable que quien considere lesionados sus derechos constitucionales por una actuación judicial, además de ejercer el recurso ordinario previsto en la ley para restituir la correcta aplicación de la normativa que haya sido infringida, solicite al juez que conoce de dicho recurso, de conformidad con el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la suspensión de los efectos del acto que considera lesivo, u otra medida cautelar, mientras se decide el recurso ordinario ejercido. En ese caso, el juez, de encontrar que de los autos se desprende al menos la apariencia de la verificación de la lesión constitucional denunciada, deberá si resulta necesario y procedente, dictar la medida que considere apropiada para evitar la consumación o el mayor daño que pueda producirse en el caso concreto, ello aún cuando, como en el presente caso, el procedimiento ordinario no prevea la apelación a doble efecto, lo cual no puede considerarse, en manera alguna, subversión del procedimiento, como sí lo consideró el a quo.

Los accionantes, por su parte, ejercieron el recurso de apelación contra el auto que consideraron lesivo de sus derechos constitucionales y, separadamente ejercieron una acción de amparo, ante el mismo juez que conocía de la apelación, para solicitar la suspensión de los efectos del auto cuestionado, cuando lo más adecuado y expedito era denunciar, de conformidad con el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en el escrito de fundamentos de la apelación, las infracciones constitucionales y solicitar al juez, de conformidad con el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la misma suspensión de los referidos efectos.

Ahora bien, la Constitución, en sus artículos 26 y 257, determina que las formalidades no esenciales no deben ser óbice para la administración de justicia y proscribe, también, los formalismos inútiles, por lo que, considera esta Sala, que aunque los accionantes, en el presente caso no se ajustaron a las formas más expeditas y adecuadas, escogieron un procedimiento que no está prohibido y que puede inferirse del texto legal invocado como fundamento de su proceder, todo ello ante el mismo juez competente, para conocer del recurso de apelación que habían ejercido, por lo que ello, en las circunstancias específicas señaladas, no puede ser causa ni fundamento de la declaratoria de inadmisibilidad de la presente causa. Así se declara.

Ha dicho esta Sala, y así lo ratifica, que la inadmisibilidad de la acción de amparo, solo puede ser declarada cuando se comprueba la presencia de alguno de los supuestos de inadmisibilidad establecidos en los artículos 6 y 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, o en las leyes adjetivas ordinarias que resulten aplicables por remisión del artículo 48 de la misma citada Ley, y no como, indebidamente, ocurrió en el presente caso en que la acción de amparo fue considerada inadmisible por interpretar, el juzgador, el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, negando la existencia evidente del poder cautelar excepcional que dicho texto otorga al juez que conoce del recurso ordinario que haya sido ejercido contra un acto judicial, denunciando su inconstitucionalidad.

SC 6-6-01

Ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz. Exp. Nº 00-0562, sentencia Nº 982:

Extinción del amparo por inactividad de las partes por más de 6 meses

Según estatuye el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil -derecho común en materia procesal-, el Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión. Sin embargo, según reconoce la misma norma, la causa puede quedar paralizada, sin actividad, de forma tal que hace cesar la permanencia a derecho de las partes.

Tal inactividad, en el marco del proceso breve, sumario y eficaz del amparo, permite presumir que las partes han perdido interés en que se protejan sus derechos fundamentales por esta vía, lo que produce un decaimiento del interés procesal en que se administre la justicia acelerada y preferente (ex artículo 13 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) que proporciona el amparo constitucional.

En efecto, el interés procesal es la posición del actor frente a la jurisdicción para obtener de ella la satisfacción de su necesidad de tutela; éste interés subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso.

La falta inicial de esta "necesidad de tutela" (interés procesal) impide el juicio sobre el mérito de la pretensión del actor y por ello se sanciona con la declaratoria de inadmisibilidad de la pretensión, tal como lo reflejan las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, varias de las cuales recogen supuestos de falta de interés procesal (por irreparabilidad, cesación, consentimiento, elección de otra vía de protección judicial, p.e.).

Ahora bien, la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia. En este sentido, el Tribunal Constitucional español ha declarado que no puede pretender beneficiarse en vía de amparo constitucional quien ha demostrado una total pasividad y ha incurrido en una notoria falta de diligencia procesal y de colaboración con la administración de justicia. (Cfr. s. T.C. 22/92 de 14 de febrero, en GUI MORI, Tomás, “Jurisprudencia Constitucional 1981-1995”, Ed. Cívitas, Madrid, 1997, p.609). Por su parte, esta Sala tiene establecido que tal actitud en el proceso, además, constituye una afrenta al sistema de justicia, por cuanto el servicio público debe atender un juicio que ocupa espacio en el archivo judicial, pero que no avanza hacia su fin natural (Cfr. s. S C. nº 363, 16.05.00).

En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes.

Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo –al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél.

Así, a pesar de que el dictado de la providencia que libró la orden de notificación coloca el peso de la reanudación del procedimiento en cabeza del Tribunal, esta circunstancia no releva al actor, supuestamente urgido de la tutela constitucional, de su carga de tomar conocimiento de la causa y de actuar en el procedimiento a través del cual pretendía, ante la falta de idoneidad de las vías ordinarias de protección constitucional, el restablecimiento urgente de una determinada situación jurídica todavía reparable. En este sentido, tal conducta del presunto agraviado, conduce a presumir que el interés procesal respecto de este medio particular de protección de los derechos fundamentales decayó y que la inactividad no debe premiarse manteniendo vivo un proceso especial en el cual las partes no manifiestan interés (Cfr. s. S C. nº 363, 16.05.00). Podría incluso haber mala fe en la inactividad –aunque la buena debe presumirse- cuando se ha obtenido una medida cautelar en la oportunidad de la admisión que restablece instrumentalmente la situación jurídica infringida, alterando así ilegítimamente el carácter temporal e instrumental de dicho restablecimiento en perjuicio de aquél contra cuyos intereses opera la medida.

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y,.con ello, la extinción de la instancia. Así se declara.

SENTENCIA DE AMPARO

SC 30-10-01

Ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera Romero. Exp. Nº 00-3123, dec. Nº 2082:

Requisitos de la sentencia de amparo

En primer lugar, observa esta Sala que de un análisis del expediente no se evidencia que, una vez celebrada la Audiencia Constitucional el 20 de noviembre de 2000, el Juzgado Superior haya dictado sentencia conforme lo exige la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la doctrina vinculante de esta Sala Constitucional. En tal sentido, es necesario reiterar lo señalado por esta Sala en Sentencia del 1° de febrero de 2000, Caso: José A. Mejía Betancourt, en la que se precisó que:

“Una vez concluido el debate oral o las pruebas, el juez o el Tribunal en el mismo día estudiará individualmente el expediente o deliberará (en los casos de los Tribunales colegiados) y podrá:

 a) decidir inmediatamente; en cuyo caso expondrá de forma oral los términos del dispositivo del fallo; el cual deberá ser publicado íntegramente dentro de los cinco (5) días siguientes a la audiencia en la cual se dictó la decisión correspondiente. El fallo lo comunicará el juez o el presidente del Tribunal colegiado, pero la sentencia escrita la redactará el ponente o quien el Presidente del Tribunal Colegiado decida.

El dispositivo del fallo surtirá los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, mientras que la sentencia se adaptará a lo previsto en el artículo 32 ejusdem.

b) Diferir la audiencia por un lapso que en ningún momento será mayor de cuarenta y ocho (48) horas, por estimar que es necesaria la presentación o evacuación de alguna prueba que sea fundamental para decidir el caso, o a petición de alguna de las partes o del Ministerio Público.”

De forma tal que, en el caso sub iudice, se observa la ausencia de decisión formal y materialmente suficiente que, no obstante la declaratoria de inadmisibilidad contenida en el Acta de la Audiencia Constitucional, es necesaria para que se entienda agotada la instancia o terminado el proceso en su primer grado de conocimiento. En efecto, la decisión que exige el artículo 32 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no se limita al “dispositivo” contentivo del restablecimiento o no de la situación jurídica infringida, y en caso de procedencia de la acción, de un mandamiento de amparo, ordenando a los órganos del Poder Público que acaten la decisión. Así se declara.

Por el contrario, la decisión exhaustiva y suficiente que exige los principios de certeza y de seguridad jurídica, presentes en la sentencia de amparo, cualquiera sea la decisión que contenga, sea admisible o no, sea procedente o no; debe cumplir con las exigencias del artículo 32 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual dispone:

“Artículo 32.- La sentencia que acuerde el amparo constitucional deberá cumplir las siguientes exigencias formales:

A) Mención concreta de la autoridad, del ente privado o de la persona contra cuya resolución o acto u omisión se conceda el amparo;

B) Determinación precisa de la orden a cumplirse, con las especificaciones necesarias para su ejecución;

C) Plazo para cumplir lo resuelto”.

Adaptando el contenido del ex-artículo 32, a las posibles decisiones que se pueden producir en el proceso de amparo, distintas a la que declara su procedencia; es de precisar que toda acción de amparo debe finalizar con una sentencia de fondo, salvo que falte algún presupuesto o requisito procesal y que no sea corregido oportunamente, o por la existencia de alguna de las causales del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que daría lugar a la declaratoria de inadmisibilidad.

Observa esta Sala que, siempre y en todo caso se debe producir una decisión, no siendo suficiente con que se dicte el dispositivo del fallo en la Audiencia Constitucional, de celebrarse ésta, sino que se requiere una sentencia fundada en Derecho, una sentencia motivada, debiendo el juzgador en amparo explicitar la interpretación que hace del derecho aplicable y el conjunto de razonamientos que lo condujeron a producir una determinada decisión, la ratio decidendi. Igualmente, la sentencia de amparo debe contener mención de la fijación de los hechos y del derecho aducido por las partes, elementos éstos, que se obtienen especialmente de la Audiencia Constitucional, acto en el que el juzgador se crea su propia convicción para decidir y esboza la ratio decidendi, la cual deberá explanar, ampliar y fijar en la sentencia, no obstante dicte el dispositivo ex ante en la mencionada Audiencia. Si bien el dispositivo surte efectos materiales, no es el acto jurídicamente definitivo, el cual solo se produce con la sentencia de amparo, que es un acto complejo, al separar en dos momentos el juzgamiento, esto es, el dispositivo, que se dicta en la Audiencia Constitucional y la ratio decidendi y demás elementos decisorios, que se extienden en el fallo.

RECURSOS

SC 28-6-00

(Ratificado en 14-3-03, dec. Nº 535)

Ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta. Exp. Nº  00-713, dec. Nº 649 :

Consulta de las decisiones de amparo de los jueces de municipio y posterior apelación de la decisión de primera instancia

En efecto, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece: “Cuando los hechos, actos u omisiones constitutivos de la violación o amenaza de violación del derecho o de la garantía constitucionales se produzcan en lugar donde no funcionen Tribunales de Primera Instancia, se interpondrá la acción de amparo ante cualquier Juez de la localidad, quien decidirá conforme a lo establecido en esta Ley.  Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la adopción de la decisión, el Juez la enviará en consulta al Tribunal de Primera Instancia competente” (subrayado de la Sala).

El mecanismo antes aludido ha sido creado para que los particulares afectados puedan tramitar la acción de amparo para defender sus derechos e intereses de una manera más expedita, dada la inexistencia de un Juzgado de Primera Instancia en la localidad de que se trate.  Ahora bien, el legislador también establece que en el plazo de las veinticuatro horas siguientes al pronunciamiento de la decisión, dichos Juzgados -de la localidad- están en la obligación de remitir  la misma a un Juez de Primera Instancia, para que éste conozca en consulta.

De esta manera, se aprecia claramente que para este supuesto de hecho, no está previsto el recurso de apelación, sino la consulta obligatoria de la sentencia.

Por otra parte, cabe destacar que no por el hecho de que las partes no puedan ejercer recurso de apelación contra la decisión de los Juzgados de Municipio, se está menoscabando su derecho a la defensa, antes por el contrario, se les está dando la oportunidad de que otro Juzgado revise obligatoriamente la decisión en cuestión, ya que la primera instancia se agota cuando el Juzgado de Primera Instancia correspondiente se pronuncie sobre la referida consulta, y es contra ésta última decisión, que las partes pueden ejercer el recurso de apelación para que conozca en segunda instancia el Juzgado Superior correspondiente.  Es en este momento, que se considera agotada la doble instancia.

SC 26-3-02

Ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera Romero. Exp. Nº 011471, sentencia Nº 654:

Potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes

En sentencia de 6 de febrero de 2001, caso Corporación de Turismo de Venezuela (Corpoturismo), al interpretar el alcance de la atribución a esta Sala Constitucional contenida en el numeral 10 del señalado artículo 336, de la Constitución, esta Sala estableció:

“ VI DELIMITACION DE LA POTESTAD DE REVISION DE SENTENCIAS DEFINITIVAMENTE FIRMES

Por lo antes expuesto, esta Sala considera que la potestad de revisión extraordinaria de sentencias definitivamente firmes de las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y de los demás tribunales y juzgados del país se encuentra delimitada de la siguiente manera:

Con base en una interpretación uniforme de la Constitución y considerando la garantía de la cosa juzgada establecida en el numeral 7º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en principio, es inadmisible la revisión de sentencias definitivamente firmes en juicios ordinarios de cualquier naturaleza por parte de esta Sala. Y en cuanto a las decisiones de las otras Salas de este Tribunal es inadmisible cualquier demanda incluyendo la acción de amparo constitucional contra cualquier tipo de sentencia dictada por ellas, con excepción del proceso de revisión extraordinario establecido en la Constitución, y definido a continuación.

Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente:

1.1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

1.2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

1.3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

1.4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional”.

De conformidad con el criterio citado anteriormente en cuanto a la admisibilidad de los recursos extraordinarios de revisión, en el presente caso no se dan los supuestos necesarios para que esta Sala pueda conocer de la revisión de una sentencia que ha adquirido el carácter de cosa juzgada, puesto que la sentencia que cuya revisión se solicita no es una sentencia de amparo definitivamente firme; tampoco es una sentencia de control de la constitucionalidad expreso o tácito de leyes o normas jurídicas; no considera esta Sala que existe en ella un grotesco error de interpretación de norma constitucional; ni cita el recurrente algún criterio interpretativo de normas constitucionales que haya sido asentado por esta Sala y que resulte infringido por dicha sentencia, es decir, que no invoca el recurrente que existe una interpretación establecida que permita definir que en la sentencia recurrida hubo una interpretación contraria a algún criterio jurisprudencial previamente establecido por esta Sala.

En atención a lo expuesto, considera esta Sala que, en el presente caso, no existen los elementos necesarios para declarar la admisibilidad de la presente solicitud de revisión y, en todo caso, esta Sala considera que la revisión que se solicita en nada contribuye a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales. Así se decide.