ADMISION DEL RECURSO

ADMISION DEL RECURSO

1. SENTENCIAS RECURRIBLES

1.1. Auto en ejecución

SCC 8-8-06

Resumen de jurisprudencia sobre proveimiento contra lo ejecutoriado

SCC 27-2-03

Auto en ejecución que declara fraude procesal

Auto en ejecución que inadmite extemporáneas objeciones al informe del partidor

SCC 28-2-03

Decisión que anula una experticia complementaria del fallo no acordada en éste

SCC 28-2-03

Negativa de suspensión de la ejecución por prejudicialidad penal

SCC 24-3-03

No hay casación después del remate

SCC 11-10-00

Admisibilidad. Auto dictado en ejecución de sentencia. Ratifica doctrina

SCC 2-8-01

Principio general sobre admisión del recurso contra autos en ejecución

SCS 30-11-00

Sala Social acoge criterio Sala Civil

1.2. Cuantía

SCon 12-7-05

Criterio vinculante sobre cuantía

SCC 10-11-05

Cambio de criterio: Cuantía para la fecha de interposición de la demanda

SCC 27-2-03

Indexación no modifica la cuantía

SCC 28-2-03

Cuantía en rendición de cuentas

SCC 24-3-03

La cuantía no fue estimada en el libelo

SCC 24-3-03

Cuantía no excede los Bs. 5.000.000,oo

SCC 24-3-03

No consta libelo ni ningún documento auténtico

SCC 3-4-03

Cuantía de la demanda, no de la condena

Se ordena pasar el caso a Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados

SCC 8-5-02

Juicios Posesorios, Cuantía y Casación

SCC 10-8-00

Cuantía en invalidación

Criterio doctrinario de la Sala de Casación Civil sobre el interés principal del juicio para el recurso de invalidación. La cuantía a los efectos de la admisibilidad o no del recurso de casación.

SCC 31-10-00

Cuantía. El valor de la demanda no lo fija el demandante a su arbitrio. Ratifica doctrina

Cuantía. Consecuencias jurídicas de la estimación del valor de la demanda en los juicios que no conste su valor, pero sea apreciable en dinero. Ratifica doctrina.

SCC 02-11-00

Casación. Cuantía. Cuantía exigida para la admisión del recurso de casación. CAMBIO DE DOCTRINA.

SCC 15-11-00

Cuantía. Puntualización de la doctrina establecida el 02-11-00 con respecto a la cuantía

SCC 30-11-00

Cuantía. Recurso de casación múltiple que no cumple con el requisito de la cuantía.

SCC 31-7-01

Cuantía en materia de tránsito. CAMBIO DE JURISPRUDENCIA.

SCC 29-1-02

Reconvención tiene su propia cuantía

SCC 19-12-03

Cuantía de la tercería

SCC 27-4-01

Demanda en dólares no estimada en bolívares

SCC 31-7-01

Cuantía en los juicios de tránsito

SENTENCIA 8-3-01.

SCC-TSJ Sentencia 2-11-2000.

1.3.  Cuestiones previas

1.4. Estado y capacidad

1.5. Interlocutoria

SCC 8-8-06

Admite por razones de orden público

SCC 12-8-03

No se puede revisar interlocutoria si no se anuncia contra la definitiva

SCC 24-3-03

Interlocutoria, ratifica criterio

SCC 22-5-01

Condiciones de recurribilidad en casación de las decisiones interlocutorias que causan gravamen irreparable. RATIFICA DOCTRINA

SCC 16-11-01

La decisión que niega la solicitud de aclaratoria no tiene casación

SCC 15-11-00

Inadmisibilidad de la reconvención no tiene casación. RATIFICA DOCTRINA

SCS 16-1-02

Medidas preventivas en divorcio

1.6. Interlocutoria en casación múltiple

1.7. Inhibición y Recusación

1.8. Laudos Arbitrales

1.9. Medidas Preventivas o ejecutivas

SCC 21-6-05

Cambio de criterio: Si están llenos los extremos, el Juez debe decretar la medida

SCC 27-2-03

No acuerda, suspende, modifica o revoca medida preventiva

SCC 24-3-03

Sentencia que declara con lugar oposición de terceros al embargo ejecutivo

SCC 27-2-03

Sentencias que deciden medidas cautelares

Facultad discrecional del Juez

1.10. Juicio de queja

SCC 19-6-07

Cambio de jurisprudencia: admisible recurso contra inadmisibilidad de la queja

1.11. Regulación de Competencia

SCC 28-2-03

En regulación de competencia no hay casación inmediata ni diferida

1.12. Sentencia de Alzada que decide recurso de hecho

SCC 24-3-03

Negativa del recurso de hecho contra inadmisión de la apelación en invalidación

SCC 24-3-03

Sentencia que decide recurso de hecho

1.13 Sentencia definitiva no recurrible

SCC 16-2-01

Decisiones dictadas en única instancia.

SCC 23-2-01

El recurso de casación no procede en materia administrativa.

1.14 No existe sentencia válida

1.15. Jurisdicción voluntaria

SCC 20-12-05

Procedimiento del artículo 291 del Código de Comercio

SCC 28-2-03

Entrega material del bien vendido no tiene casación

SCC 10-8-00

Jurisdicción voluntaria. Entrega Material. Ratifica doctrina.

Oposición a la entrega material.

La entrega material no es un procedimiento contencioso. Ratifica doctrina

Jurisdicción voluntaria. Alcance del contenido del artículo 930 del CPC

Jurisdicción voluntaria. Supuestos legislativos de la jurisdicción voluntaria.

SCC 15-11-00

Casación. Admisibilidad. Procedimientos no contenciosos. Art. 290 Código Comercio

SCC 5-4-01

El procedimiento contemplado en el art. 290 del Código de Comercio es de naturaleza administrativa, lo que impide que las decisiones sean impugnadas a través del recurso de casación.

1.16. Juicio de invalidación

SCC 30-4-04

Sentencia de apelación en juicio de invalidación es inexistente

SCC 24-3-03

Negativa del recurso de hecho contra inadmisión de la apelación en invalidación

SCC 30-7-02

Casación, Juicios de Invalidación, Cuantía:

1.17. Recusación e inhibición

SCC 24-3-03

No hay casación en incidencias de recusación e inhibición

SCC 27-4-01

No hay recurso en las incidencias de recusación e inhibición

1.18 Interdicto prohibitivo

SCC 16-2-01

Casación. Interdicto de obra nueva. Fases del proceso. El recurso de casación cuando se prohíba la continuación de la obra o se acepte la fianza dada por la querellada. CAMBIO DE JURISPRUDENCIA.

1.19. Sentencias definitivas formales

SCC 27-2-03

Sentencia definitiva formal

SCC 13-7-00

Admisibilidad. Sentencias definitivas formales. Se ratifica doctrina

SCC 10-8-00

Sentencias definitivas formales. Recurso de casación. DOCTRINA PACIFICA Y REITERADA.

SCC 23-2-01

Admisibilidad inmediata.

1.20. Cuestiones previas

SCC 30-7-02

Cuestiones Previas, Casación

1.21. Interlocutoria con fuerza definitiva

SCC 27-2-03

Sentencia interlocutoria con fuerza definitiva

1.22. Otras decisiones

SCC 28-2-03

Decisión que establece la fecha de la cesación de pagos en la quiebra

2. TRAMITE DEL ANUNCIO Y ADMISION DEL RECURSO

2.1.Petición de principio

2.2. Reclamo

2.3. Trámite del anuncio

Se aprecia la voluntad de interponer el recurso, no obstante el tiempo futuro del verbo

2.4. Oportunidad para recurrir

SCC 28-2-03

Extemporáneo por anticipado

SCC 3-4-03

Oposición de terceros, lapso para sentenciar 30 días

SCC 24-3-03

Sentencia extemporánea notificada, recurso tardío

SCC 13-7-00

Admisibilidad, Lapso preclusivo del anuncio del recurso de casación. Se ratifica doctrina.

Facultad del Juez de reenvío de admitir o negar el recurso de nulidad. ABANDONO DE DOCTRINA

3. LEGITIMACION PARA RECURRIR

3.1. Legitimación

SCC 9-8-06

Intervino de hecho en el juicio

SCC 27-4-04

Tercero adhesivo carece de legitimación si la parte desistió de la acción

SCC 21-8-03

Debe concurrir cualidad de parte e interés

SCC 26-7-02

Casación, Terceros

SCC 13-7-00

Admisibilidad. Recurso de casación ejercido por terceros. Se ratifica doctrina.

SCC 3-8-00

Admisibilidad. Legitimidad para recurrir

SCC 11-10-01

Legitimación para interponer el recurso extraordinario de Casación. Ratifica Doctrina

3.2. Agravio

SCC 21-4-05

Se le concedió todo lo solicitado

SCC 24-9-03

No apeló, pero la sentencia recurrida le causó agravio

 

1. SENTENCIAS RECURRIBLES

1.1. Auto en ejecución

SCC 8-8-06

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp.  06-530, dec. 626:

Resumen de jurisprudencia sobre proveimiento contra lo ejecutoriado

Observa la Sala, que el fallo bajo análisis, se subsume dentro de los denominados “autos dictados en ejecución de sentencia”, el cual encuadra dentro uno de los supuestos excepcionales establecidos en el ordinal 3° del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, pues el mismo proveyó contra lo ejecutoriado, así, en la precitada norma adjetiva se dispone lo siguiente:

Artículo 312. “El recurso de casación puede proponerse:

(…Omissis…)

3° Contra los autos dictados en ejecución de sentencia que resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él; o los que provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, después que contra ellos se hayan agotado todos los recursos ordinarios…”.

Ahora bien, conforme a la doctrina pacífica y reiterada de esta Sala, las decisiones dictadas en etapa de ejecución de sentencia, en principio sólo son revisables en la sede casacional, cuando las mismas resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él; que las mismas provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, después que contra ellos se hayan agotado los recursos ordinarios, caso que se verifica en el presente juicio, por cuanto la decisión definitivamente firme cuya ejecutoria fue solicitada, --se repite--, fijó a la parte demandante reconvenida el término de noventa (90) días calendarios, contados a partir de la fecha en que quedara firme el precitado fallo definitivo, para otorgar por ante la respectiva Oficina de Registro Público, la venta del inmueble objeto del presente juicio, al demandado reconviniente, y la recurrida, dictada en ejecución de aquella, ordenó un avalúo sobre el inmueble, para posteriormente declarar compensado al demandado reconviniente, en virtud del retiro de una cantidad de dinero, dando como ejecutado y cumplida la sentencia definitivamente firme que resolvió la pretensión del accionante.

Ahora bien, en relación con la admisibilidad del recurso de casación contra las decisiones dictadas en ejecución de sentencia, que resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él; que provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, después que contra ellos se hayan agotado los recursos ordinarios, la Sala, en sentencia 56, de fecha 14 de junio de 2001, expediente 2001-000379, caso: José Rosario Pizarro Ortega contra el Municipio Obispos del estado Barinas, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe ésta, señaló lo siguiente:

“…Ha sido doctrina reiterada de la Sala, que los autos de ejecución de una sentencia firme y asimismo, aquellos en que se manda a ejecutar una transacción, por su esencia misma no son revisables en casación, salvo que resuelvan algún punto extraño a lo que ha sido materia de la sentencia o de cualquier otro acto con fuerza de tal, o que de alguna forma contraríen o modifiquen lo decidido, o que resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él, después que contra ellos se hayan agotado todos los recursos ordinarios.

Analizando la naturaleza de este fallo es fácil subsumirlo en los llamados autos dictados en ejecución de sentencia, que encuadra dentro uno de los supuestos excepcionales establecidos en el ordinal 3° del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, pues proveyó contra lo ejecutoriado al declarar la nulidad de la decisión dictada sobre el fondo de la controversia, fundado en que era competente para conocer de la reclamación por daños y perjuicios y repuso la causa al estado de que decida nuevamente la controversia con todos los elementos que cursan en autos.

En este mismo orden de ideas, la Sala, en sentencia de fecha 16 de febrero de 2001, ratificada en sentencia de fecha 25 de mayo de 2000, con ponencia del Magistrado que suscribe, (caso: Flor María Araña Arenas contra Consorcio Beverly Hills C.A.), expediente Nº 00-024, sentencia Nº 168, señaló:

“...En la decisión de alzada se cumple el segundo supuesto, es decir, provee contra lo ejecutoriado o lo modifica de manera sustancial, pues declaró la nulidad de lo actuado y repuso la causa al estado de notificación de los causahabientes, haciendo caso omiso a los efectos de la cosa juzgada de la sentencia definitiva del tribunal de la causa.’

[…]

‘...En materia de autos sobre ejecución de sentencias rige el principio general de la inadmisibilidad del recurso de casación salvo los casos excepcionales que propia ley prevé en relación con autos que versan sobre puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en él, o los que provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, tal como lo dispone el ordinal 3º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil anteriormente transcrito.

Es evidente que el espíritu y razón de esta norma, que también consagró el derogado Código de Procedimiento Civil, es preservar la autonomía e intangibilidad de la cosa juzgada, pues se trata de evitar que el juez ejecutor, al resolver sobre aparentes puntos nuevos esenciales no controvertidos o al interpretar la decisión que ejecuta, incurre en el error de alterar, modificar o contrariar sustancialmente los efectos de aquella”.

SCC 27-2-03

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  02-202, dec. Nº 8:

Auto en ejecución que declara fraude procesal

La sentencia dictada por el juzgado ad quem, que confirmó el fallo dictado en fecha 28 de marzo de 2001 por el tribunal de la causa, resuelve la denuncia propuesta por el demandante relativa al fraude procesal presuntamente concertado y ejecutado por el accionado, conjuntamente con su apoderado judicial Pedro Luis Piñatel Millan y su hija Evaming Idrogo Barberii, durante el transcurso del juicio por partición de herencia, a fin de evitar la ejecución del mismo. En consecuencia, declaró nulos el titulo supletorio de fecha 15 de diciembre de 1998, las ventas realizadas en fechas 10 de febrero de 1999 y 22 de febrero de 2000, así como las ventas posteriores a la fechas antes indicadas, en caso de que existieran.

La naturaleza de esta decisión se equipara a los autos dictados en ejecución de sentencia, contemplados en los supuestos excepcionales establecidos en el ordinal 3º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, pues el juez de alzada resolvió puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en él, proveyendo contra lo ejecutoriado y modificando de manera sustancial lo decidido, en razón de que declaró el fraude procesal denunciado por los demandantes, producido en la fase ejecutiva de partición, luego que ya había sentencia definitivamente firme. Por tanto, el recurso de casación, se admite, lo que determina la declaratoria con lugar del presente recurso de hecho. Así se decide.

Auto en ejecución que inadmite extemporáneas objeciones al informe del partidor

La sentencia dictada por el referido juzgado de alzada, que confirmó la decisión dictada en fecha 2 de abril de 2001 por el tribunal de la cognición, desechó la impugnación efectuada por el demandado contra el informe del partidor, con base en que las objeciones formuladas no eran de reparos graves, y no fueron alegadas en su debida oportunidad, ya que las mismas versan sobre el fondo del asunto decidido.

La naturaleza de la presente decisión puede equipararse a los autos dictados en ejecución de sentencia pero no encuadra en los supuestos excepcionales establecidos en el ordinal 3º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el juez de alzada no resolvió puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él, ni proveyó contra lo ejecutoriado, ni tampoco modificó de manera sustancial lo decidido. En consecuencia, no es admisible el recurso de casación contra esta sentencia, lo que determina la declaratoria sin lugar del presente recurso de hecho. Así se decide.

SCC 28-2-03

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  28-2-03, dec. Nº 17:

Decisión que anula una experticia complementaria del fallo no acordada en éste

La decisión contra la cual se recurre, declaró procedente la impugnación efectuada por la demandada contra la experticia complementaria del fallo y anuló dicha experticia; y, en consecuencia, revocó el fallo de fecha 5 de noviembre de 2001 dictado por el juzgado aquo, que desestimó la impugnación efectuada contra la referida experticia y ordenó hacer una revisión de la tasación de costas incluyendo los gastos hechos por la actora reconvenida, con fundamento en lo siguiente:

“...Siendo el fallo definitivo el dado el 13.12.1995 (sic) por el Juzgado Superior Séptimo, en el que declara con lugar la acción y sin lugar la reconvención, y en el que está contenida la condena de Bs. 190.000,oo por daños materiales y Bs. 2.000.000,oo por concepto de daños morales, sin que en su texto, se hubiera acordado la indexación de las cantidades condenadas, resulta claramente evidente que la experticia complementaria del mismo acordada y practicada, se encuentra fuera de los límites del fallo dictado por el Juzgado Superior Séptimo, 13.12.1995, (sic) al practicarse en franca y abierta violación de lo establecido en dicho fallo y, consecuentemente, de los artículos 49 y 138 constitucional, y 272 y 273 del Código de Procedimiento Civil, al incluir una condena accesoria: la indexación de lo condenado, sin que esto hubiera sido acordado, y menos aún solicitado por la parte accionante.

...OMISSIS...

...sobre el mecanismo de tasación de costas, lo actuado o gestionado constituyen trámites secretariales y lo resuelto sobre ello es de mero trámite y si bien el juez de la primera instancia lo amalgamó con otras resoluciones , si apelables ese hecho no (sic) de la categoría de revisable por la Alzada...”.

La naturaleza de este fallo puede equipararse a los autos dictados en ejecución de sentencia, pero no encuadra dentro de los supuestos excepcionales establecidos en el ordinal 3º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, pues el juez de alzada no resolvió puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él, ni proveyó contra lo ejecutoriado, ni modificó de manera sustancial lo decidido sino que, por el contrario, lejos de proveer contra lo decidido procuró acatar exactamente el dispositivo de la sentencia fuente de la cosa juzgada.

En este sentido, la Sala se ha pronunciado, entre otras, en sentencia 168 fecha 25 de mayo de 2000 (caso: Flor María Arañas Arenas contra Consorcio Bervely Hills C.A), expediente 00-24 la cual dispone:

“...En materia de autos sobre ejecución de sentencia rige el principio general de la inadmisibilidad del recurso de casación salvo los casos excepcionales que la propia Ley prevé en relación con los autos que versan sobre puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en él, o los que provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, tal como lo dispone el ordinal 3º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil anteriormente transcrito.

Es evidente que el espíritu y razón de esta norma, que también lo consagró el derogado Código de Procedimiento Civil, es preservar la autonomía e intangibilidad de la cosa juzgada, pues se tarta de evitar que el juez ejecutor, al resolver sobre aparentes puntos nuevos esenciales no controvertidos o al interpretar la decisión que ejecuta, incurre en el error de alterar, modificar o contrariar sustancialmente los efectos de aquella...”. (Subrayado de la Sala).

En consecuencia de lo precedentemente expuesto, no es admisible el recurso de casación lo que determina la declaratoria sin lugar del presente recurso de hecho. Así se decide.

SCC 28-2-03

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  02-863, dec. Nº 24:

Negativa de suspensión de la ejecución por prejudicialidad penal

En el presente caso, la sentencia contra la cual se anunció y negó el recurso de casación confirmó el auto dictado en fecha 28 de mayo de 2002, por el tribunal de la cognición, estableciendo lo siguiente:

“...la demandada solicito (sic) al Tribunal (sic) de la causa la suspensión de la ejecución de la transacción, hasta tanto se decida una acción Penal incoada y que presuntamente genera una perjudicialidad sobre la acción civil en la causa bajo estudio; respecto a tal solicitud considera esta juzgadora que con relación a la ejecución de la sentencia, los artículos 532 y 533 del Código de Procedimiento Civil establece las causas por las cuales puede suspenderse la ejecución de una sentencia definitiva, no siendo la prejudicialidad alegada ninguna de esas causales, por tanto, la solicitud de suspensión de la ejecución de la transacción homologada no puede prosperar...”.

La naturaleza de la presente decisión puede equipararse a los autos dictados en ejecución de sentencia, pero no encuadra en los supuestos excepcionales establecidos en el ordinal 3º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, pues el juez de alzada no resolvió puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en él,  ni proveyó contra lo ejecutoriado, ni tampoco modificó de manera sustancial lo decidido.

SCC 24-3-03

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp.   02-838, dec. Nº 28:

No hay casación después del remate

De los autos se evidencia que la incidencia en la que se anunció y negó el recurso de casación se originó después de celebrado el acto de remate del bien hipotecado, lo que conlleva a realizar las consideraciones siguientes:

El artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, en su ordinal 3º, establece textualmente:

“...Artículo 312. El Recurso de Casación puede proponerse... 3º) Contra los autos dictados en ejecución de sentencia que resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él; o los que provean contra lo ejecutoriado  o lo modifiquen de manera sustancial, después que contra ellos se hayan agotado todos los recursos ordinarios...”.

En este sentido, la jurisprudencia de la Sala ha sido constante y reiterada en lo siguiente:

“...En materia de autos sobre ejecución de sentencia rige el principio general de la inadmisibilidad del recurso de casación salvo en los casos excepcionales que la propia ley prevé en relación con autos que versen sobre puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en él, o los que provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, tal como lo dispone el ordinal 3º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil antes transcrito.

Es evidente que el espíritu y razón de esta norma, que también lo consagró el derogado Código de Procedimiento Civil, es preservar la autonomía e intangibilidad de la cosa juzgada, pues se trata de evitar que el juez ejecutor, al resolver sobre  aparentes puntos nuevos esenciales no controvertidos o al interpretar la decisión que se ejecuta, incurra en el error de alterar, modificar o contrariar sustancialmente los efectos de aquélla...”.

En aplicación de la norma citada y del criterio jurisprudencial que precede, la Sala reitera que no es posible acceder a casación en la etapa de ejecución de sentencia sino en los dos casos excepcionales, no siendo la decisión de autos subsumible en los supuestos de excepción establecidos en el ordinal 3° del artículo 312 del Colegio de Procedimiento Civil, por cuanto la decisión recurrida dejó firme el acto de remate efectuado sobre el bien inmueble objeto de la ejecución de hipoteca incoada.

Asimismo la posición sostenida por la Sala en relación a las posibilidades recursivas en los casos de remate judicial, ha sido ya puntualizada, en los términos que siguen:

“...nuestro legislador ha previsto que contra esta decisión específica que forma parte del remate, no procede recurso alguno. Ello se infiere de lo previsto en el artículo 584 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece el único medio de impugnación:

El remate no puede atacarse por vía de nulidad por defecto de forma o de fondo, y la única acción procedente contra sus efectos jurídicos es la reivindicatoria...”. (Subrayado de la Sala).

En este mismo sentido, la Sala dejó sentado en decisión de fecha 02 de junio de 1999, (Arrendamiento de Unidades Pesadas Andege, C.A.), lo siguiente:

“...El artículo 584 del Código de Procedimiento Civil se refiere a la petición de nulidad del acto de remate, el cual no puede atacarse como un acto aislado por vicios o defectos de forma o de fondo.

Se trata de una norma específica que prohibe se ventile – por cualquier causa – la nulidad del acto de remate ...”.(Subrayado de la Sala).

La finalidad perseguida por el legislador al establecer la inimpugnabilidad del remate por vía de nulidad por defectos de forma o fondo, es otorgar la mayor seguridad jurídica al adquiriente del bien pues, de lo contrario, la confianza de la colectividad en tal forma jurisdiccional de adquirir la propiedad u otros derechos patrimoniales se vería seriamente quebrantada, con irremediable perjuicio para el interés colectivo en la efectividad del proceso de ejecución, al menos en lo relativo a obligaciones pecuniarias, y con indefectible desmedro en el correlativo buen funcionamiento de la administración de justicia.

A tales efectos, por disposición expresa del legislador se consagró la imposibilidad de impugnar por vía de nulidad el acto de remate, ya sea en su parte procesal o jurisdiccional, por lo que éste es irrecurrible tanto en apelación como en casación.

En consecuencia, esta Sala estima que el recurso de casación en el presente caso es inadmisible, lo que acarrea la declaratoria sin lugar del presente recurso de hecho. Así se establece.

SCC 11-10-00

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  00-396, dec. Nº 325:

Admisibilidad. Auto dictado en ejecución de sentencia. Ratifica doctrina

En materia de autos sobre ejecución de sentencias rige el principio general de la Inadmisibilidad del recurso de casación salvo los casos excepcionales que la propia ley prevé en relación con autos que versan sobre puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en él, o los que provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, tal como lo dispone el ordinal 3º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil.

SCC 2-8-01

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  00-458, dec. Nº 247:

Principio general sobre admisión del recurso contra autos en ejecución

En materia de autos sobre ejecución de sentencias rige el principio general de la inadmisibilidad del recurso de casación salvo los casos excepcionales que propia ley prevé en relación con autos que versan sobre puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en él, o los que provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, tal como lo dispone el ordinal 3º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil anteriormente transcrito. Es evidente que el espíritu y razón de esta norma, que también consagró el derogado Código de Procedimiento Civil, es preservar la autonomía e intangibilidad de la cosa juzgada, pues se trata de evitar que el juez ejecutor, al resolver sobre aparentes puntos nuevos esenciales no controvertidos o al interpretar la decisión que ejecuta, incurre en el error de alterar, modificar o contrariar sustancialmente los efectos de aquella.

SCS 30-11-00

Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz. Exp. Nº 00-096, dec. Nº 102:

Sala Social acoge criterio Sala Civil

Ha sido igualmente pacífico y reiterado el criterio de este Supremo Tribunal, en cuanto a que en materia de autos sobre ejecución de sentencia rige el principio general de la inadmisibilidad del recurso de casación, salvo los casos excepcionales que la propia ley prevé, en relación con autos que versen sobre puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en él, o los que provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, tal como lo dispone el ordinal 3º del artículo 312 del vigente Código de Procedimiento Civil.

A esto último se refiere la doctrina de la Sala de Casación Civil, la cual esta Sala comparte textualmente al expresar:

“Que se da el recurso de casación contra  los autos dictados en ejecución de sentencia, sólo cuando ellos versen sobre puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él, cuando se provea contra lo ejecutoriado o se le modifique de manera sustancial. El empleo del Legislador de la proposición ‘sobre’, cuya acepción, ‘acerca de’ refiriéndose  a la ejecución de la sentencia, elimina cualquier duda respecto a la calidad de los autos no susceptibles de ser recurridos en Casación en dicha etapa del juicio. Tales autos no pueden ser otros que los relacionados con la ejecución misma, que afecta únicamente a los que fueron parte en el juicio principal de cuya ejecución se trate, lo cual implica, en un sentido general, el respeto y acatamiento debido a la cosa juzgada’. (Sentencia de fecha 17 de noviembre de 1984).

“En materia de autos sobre ejecución de sentencia rige el principio general de la inadmisibilidad del recurso de casación, salvo los casos excepcionales que la propia ley prevé (…).

Es evidente que el espíritu y razón de esta norma, que también fue consagrada en el derogado Código de Procedimiento Civil, es preservar la autonomía e intangibilidad de la cosa juzgada, pues se trata de evitar que el juez ejecutor, al resolver sobre aparentes puntos esenciales no controvertidos o al interpretar la decisión que ejecuta, incurra en el error de alterar, modificar o contrariar sustancialmente los efectos de aquélla” (Auto de Sala de Casación Civil, de fecha 14 de diciembre de 1994).

“…ha de entenderse que los puntos esenciales a que ella alude, deben estar íntimamente relacionados con los que se decidieron en el litigio en ejecución, no de simples incidencias que puedan surgir en todos los pleitos, pues de lo contrario, sería fácil detener la ejecución con sólo suscitar ante el Juez respectivo problemas no sólo sin vinculación con lo que fue controvertido en el proceso, sino absolutamente extraños a él”. (Auto de la Sala de Casación Civil de fecha 4 de noviembre de 1998).

Por consiguiente, no es posible venir a Casación, en la etapa de ejecución de sentencia, sino mediante los dos casos de excepción que contempla la norma citada. Según la doctrina de los procesalistas, las disposiciones relacionadas con la etapa de ejecución de sentencia son de estricta interpretación y los jueces deben ser cuidadosos al analizar los casos concretos en los cuales sea racionalmente admisible el recurso de casación.-

1.2. Cuantía

SCon 12-7-05

Ponencia del Magistrado Luisa Estella Morales Lamuño. Exp.  05-309, dec. 1573:

Criterio vinculante sobre cuantía

En resguardo de los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia, consagrados en la Carta Magna, esta Sala en aras de garantizar la supremacía y efectividad de normas y principios constitucionales, así como su uniforme interpretación y aplicación, estima necesario realizar las siguientes consideraciones:

Entre los requisitos de admisibilidad del recurso de casación, es de impretermitible cumplimiento el de la cuantía. Así, según lo dispuesto en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, el monto que se exigía en un primer momento era el que excediera de doscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 250.000,00); posteriormente, a partir del 22 de abril de 1996 por Decreto Presidencial 1.029, se modificó dicha cuantía aumentándola en la cantidad que excediera de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00). Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, dicha cuantía se volvió a modificar, exigiéndose ahora que el interés principal del juicio exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), en tal sentido, visto que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia omitió establecer a partir de cuál momento se aplica la nueva cuantía a los juicios en curso para determinar la admisibilidad del recurso de casación, se hace necesario realizar las siguientes precisiones:

En primer lugar, de acuerdo al requisito de la cuantía para acceder a la sede casacional según el criterio sostenido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia el 31 de marzo de 2005 (caso: Turalca Viajes y Turismo, C.A.”), los Tribunales de la República deberán tomar en cuenta la fecha en que precluya la primera oportunidad que tenga el Juez respectivo para dictar sentencia y verificar la cuantía vigente rationae temporis para acceder a la sede casacional, es decir, que si para la fecha en que el Juzgado respectivo debió decidir y no lo hizo, el juicio tenía casación de acuerdo a la cuantía, entonces deberá oírse el anuncio de casación interpuesto por el recurrente.

No obstante, el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:

“La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa”. (Subrayado y negrillas de la Sala).

En tal sentido, es el actor el que determina con la presentación de su demanda la competencia y jurisdicción en su demanda, todo en base con al principio de la perpetuatio fori.

Señalado lo anterior, las leyes no rigen las relaciones jurídicas cuyo decurso ha sido en tiempos anteriores, especialmente, cuando han originado derechos adquiridos, por ello, las leyes intertemporales toman evidente relevancia en consideración de su aplicación inmediata incluso a nivel constitucional y en preservación del principio de la irretroactividad de las leyes.

En efecto, el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señala lo siguiente:

Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.

Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea”.

Por otra parte, el artículo 9 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente:

“La ley procesal se aplicará desde que entre en vigencia, aún en los procesos que se hallen en curso; pero en este caso, los actos y hechos ya cumplidos y sus efectos procesales no verificados todavía, se regularán por la ley anterior”.

De manera que, aún cuando las leyes procesales son de aplicación inmediata, las mismas no pueden tener efecto retroactivo respecto a los actos y hechos ya cumplidos y sus efectos procesales no verificados todavía; es decir, la ley no debe establecer correcciones en el iter procedimental salvo que sólo sean aplicables a futuro, pues de aceptarse así las partes estarían expuestas a sufrir las consecuencias de los cambios sobrevenidos durante el desarrollo del mismo, más aún cuando el artículo 24 de la Carta Magna prevé que las leyes de procedimiento son de aplicación inmediata a los procesos en curso, no así deben ceder en su aplicación ante el supremo derecho a la justicia y de la tutela judicial efectiva, cuando la cuantía fue estimada bajo la vigencia de una ley anterior.

Al respecto, siendo uno de los pilares fundamentales de la justicia la confianza que tienen los particulares que un órgano del Poder Público, actúe de manera semejante a la que ha venido actuando, frente a circunstancias similares o parecidas, considera la Sala que las modificaciones posteriores que determinen el quantum necesario para acceder a la sede casacional, pueden afectar eventualmente a las partes, pues no están en capacidad de prever, las alteraciones que en el futuro puedan ocurrir en relación con esa situación y en caso de ser previsible, no tienen la seguridad que sucedan.

En tal sentido, esta Sala en aras de preservar la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, establece que la cuantía necesaria para acceder a casación, debe ser la misma que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda, pues es en ese momento en el cual el actor determina el derecho a la jurisdicción y la competencia por la cuantía y por ello considera cumplido el quantum requerido por el legislador para acceder en sede casacional, pues las partes no están en disposición de prever las modificaciones de la cuantía a que hubiere lugar durante la tramitación del proceso para acceder en casación. Así se decide.

Por otra parte, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cuantía para acceder en casación quedó modificada, en efecto el artículo 18 lo siguiente: “(…) El Tribunal Supremo de Justicia conocerá y tramitará, en la Sala que corresponda, los recursos o acciones, que deban conocer de acuerdo con las leyes, cuando la cuantía exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) (…)”.

De lo anterior se colige, que para acceder a la sede casacional de acuerdo con la referida ley la cuantía del juicio deberá exceder a las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.). Sin embargo, ante los incrementos anuales que sufre la unidad tributaria pudiera estar afectándose o limitándose la posibilidad de los administrados de acceder en casación ante las respectivas Salas del Tribunal Supremo de Justicia; en tal sentido, el Juzgador correspondiente deberá determinar -con base a los parámetros anteriormente expuestos- la cuantía exigida para el momento en que fue presentada la demanda, y en caso que la cuantía exigida sea la establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, deberá calcularse la unidad tributaria vigente para el momento en el cual fue interpuesta la referida demanda.

En segundo lugar, resulta perentorio precisar el supuesto de admisibilidad del recurso de casación interpuesto contra las sentencias dictadas por los Tribunales de reenvío, en torno al requisito aquí analizado. Al respecto, no deberá tomarse en consideración la cuantía para recurrir de una sentencia de reenvío, pues asiste a la parte interesada, un derecho adquirido a la revisión del fallo por la sede casacional; lo contrario implicaría la violación de los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, de acceso a la justicia y a la igualdad procesal.

Ahora bien, el presente criterio no se aplica en el caso objeto de la presente solicitud de revisión en salvaguarda a la tutela judicial efectiva y a la confianza legítima que tienen los particulares en la estabilidad de las decisiones judiciales, pues la decisión contra la cual se recurre en revisión fue dictada en el año 2002, momento para el cual el criterio vigente para acceder en casación era distinto al que hoy se establece en el presente obiter dictum.

En tal sentido, sólo se aplicará este criterio a las nuevas demandas que se inicien con posterioridad a la publicación en la Gaceta Oficial del presente fallo y para las causas que se encuentren en trámite siempre que el tribunal correspondiente aún no hubiere emitido pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso de casación. Así se declara.

En consecuencia, se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud del carácter vinculante del presente caso para todos los Tribunales de la República.

SCC 10-11-05

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp.  05-626, dec. 735:

Cambio de criterio: Cuantía para la fecha de interposición de la demanda

Ahora bien, respecto al criterio de la Sala sobre el requisito de la cuantía y el monto que se requerirá para acceder a casación, en reciente sentencia de la Sala Constitucional 1573 del 12 de julio del año que discurre, se estableció lo siguiente:

“…Al respecto, siendo uno de los pilares fundamentales de la justicia la confianza que tienen los particulares que un órgano del Poder Público, actúe de manera semejante a la que ha venido actuando, frente a circunstancias similares o parecidas, considera la Sala que las modificaciones posteriores que determinen el quantum necesario para acceder a la sede casacional, pueden afectar eventualmente a las partes, pues no están en capacidad de prever, las alteraciones que en el futuro puedan ocurrir en relación con esa situación y en caso de ser previsible, no tienen la seguridad que sucedan.

En tal sentido, esta Sala en aras de preservar la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, establece que la cuantía necesaria para acceder a casación, debe ser la misma que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda, pues es en ese momento en el cual el actor determina el derecho a la jurisdicción y la competencia por la cuantía y por ello considera cumplido el quantum requerido por el legislador para acceder en sede casacional, pues las partes no están en disposición de prever las modificaciones de la cuantía a que hubiere lugar durante la tramitación del proceso para acceder en casación. Así se decide.

Por otra parte, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cuantía para acceder en casación quedó modificada, en efecto el artículo 18 lo siguiente: “(…) El Tribunal Supremo de Justicia conocerá y tramitará, en la Sala que corresponda, los recursos o acciones, que deban conocer de acuerdo con las leyes, cuando la cuantía exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) (…)”.

De lo anterior se colige, que para acceder a la sede casacional de acuerdo con la referida ley la cuantía del juicio deberá exceder a las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.). Sin embargo, ante los incrementos anuales que sufre la unidad tributaria pudiera estar afectándose o limitándose la posibilidad de los administrados de acceder en casación ante las respectivas Salas del Tribunal Supremo de Justicia; en tal sentido, el Juzgador correspondiente deberá determinar -con base a los parámetros anteriormente expuestos- la cuantía exigida para el momento en que fue presentada la demanda, y en caso que la cuantía exigida sea la establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, deberá calcularse la unidad tributaria vigente para el momento en el cual fue interpuesta la referida demanda.

En segundo lugar, resulta perentorio precisar el supuesto de admisibilidad del recurso de casación interpuesto contra las sentencias dictadas por los Tribunales de reenvío, en torno al requisito aquí analizado. Al respecto, no deberá tomarse en consideración la cuantía para recurrir de una sentencia de reenvío, pues asiste a la parte interesada, un derecho adquirido a la revisión del fallo por la sede casacional; lo contrario implicaría la violación de los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, de acceso a la justicia y a la igualdad procesal.

Ahora bien, el presente criterio no se aplica en el caso objeto de la presente solicitud de revisión en salvaguarda a la tutela judicial efectiva y a la confianza legítima que tienen los particulares en la estabilidad de las decisiones judiciales, pues la decisión contra la cual se recurre en revisión fue dictada en el año 2002, momento para el cual el criterio vigente para acceder en casación era distinto al que hoy se establece en el presente obiter dictum

En tal sentido, sólo se aplicará este criterio a las nuevas demandas que se inicien con posterioridad a la publicación en la Gaceta Oficial del presente fallo y para las causas que se encuentren en trámite siempre que el tribunal correspondiente aún no hubiere emitido pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso de casación. Así se declara.

En consecuencia, se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud del carácter vinculante del presente caso para todos los Tribunales de la República…”.

La sentencia ut supra transcrita, establece un criterio distinto al sostenido por esta Sala, el cual es más garantista de los derechos de defensa, debido proceso y acceso a la justicia que nuestra Constitución establece en beneficio de los justiciables. Asimismo, constata la Sala que dicho criterio es de carácter vinculante, pues de su contenido así se estableció expresamente, lo cual hace que la Sala lo acate, no sólo por compartirlo, sino porque lo prevé el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por tanto en acatamiento del fallo constitucional precedentemente transcrito, la Sala abandona el criterio establecido a partir de su fallo RH-00084 del 31 de marzo de 2005, antes citado y establece que el monto de la cuantía para acceder a casación será aquel que se requiera para el momento de la interposición de la demanda. Así se establece.

Ahora bien, la sentencia de la Sala Constitucional previó efectos en el tiempo respecto a la aplicación del nuevo criterio establecido, al señalar “...el presente criterio no se aplica en el caso objeto de la presente solicitud de revisión en salvaguarda a la tutela judicial efectiva y a la confianza legítima que tienen los particulares en la estabilidad de las decisiones judiciales (...) En tal sentido, solo se aplicará (...) para las causas que se encuentren en trámite siempre que el tribunal correspondiente aún no hubiere emitido pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso de casación...”.

El fundamento para su no inmediata aplicación fue, como se transcribió, la tutela judicial efectiva y la confianza legítima que deben generar la estabilidad de las decisiones judiciales. La aplicación de la doctrina de los asuntos ya resueltos efectivamente conculcaría el blindaje que debe gozar todo pronunciamiento jurisdiccional. Sin embargo, esta Sala de Casación Civil no comparte ese mismo fundamento para la no aplicación inmediata del criterio establecido en el fallo constitucional in comento, para los casos en trámites cuando ya haya habido pronunciamiento del “correspondiente” Tribunal respecto a la admisibilidad, toda vez que al establecerse “...que la cuantía necesaria para acceder a casación, debe ser la misma que imperaba para el momento en que interpuso la demanda...”, está ampliando en el tiempo la posibilidad de que la parte pueda ejercer el recurso extraordinario de casación, lo cual se traduce en un blindaje hacia los justiciables de sus derechos de defensa, toda vez que no se verían limitados en el ejercicio de dicho recurso, el debido proceso, reconociendo a éste como el conjunto de garantías establecidas como medios obligatorios necesarios y esenciales para que el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado se materialice y, también el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual “...garantiza la posibilidad de ejercicio eficiente de los medios de defensa, así como una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia...” (Sentencia de la Sala Constitucional 1.064 del 19 de septiembre de 2000).

La doctrina permite el ejercicio del derecho de defensa de quien viene a casación, pues con los razonamientos contenidos en el fallo constitucional que precedentemente la Sala determinó su acatamiento, se retrotrae el monto de la cuantía o su exigibilidad para el acceso a casación, al momento de la introducción de la demanda, cuya aplicación inmediata a los casos en trámites, lejos de atentar contra la tutela judicial efectiva y la estabilidad de las decisiones judiciales, preserva el acceso a la justicia, el derecho de defensa y el debido proceso, los cuales superan los formalismos que puedan alegarse para su no aplicación inmediata.

Cuando la decisión constitucional afirma la no aplicación del criterio a los casos donde el Tribunal “correspondiente” ya haya hecho pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso extraordinario del recurso de casación por los juzgados de instancia y ejercido el de hecho, esté en espera de pronunciamiento por esta Sala, tal como ocurre en el caso de examen.

En estos casos, resulta difícil entender, bajo la sombra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que bajo el fundamento de derechos y garantías constitucionales se modifiquen criterios jurisprudenciales y al mismo tiempo no se apliquen, cuando ellos ofrecen la protección del derecho en procura de una verdadera justicia donde ésta “...No se sacrificará (...) por formalidades no esenciales”.

Ejercido el recurso de hecho de conformidad con el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, se entiende la existencia de un pronunciamiento de un Tribunal “correspondiente” que se negó a admitir el recurso de casación, lo cual no permitiría la aplicación del nuevo criterio establecido respecto al requisito de la cuantía, sin embargo, en atención a las precedentes consideraciones, la Sala determina que el criterio establecido por la Sala Constitucional se aplicará a todos los casos en trámites, aun cuando haya pronunciamiento del ad quem respecto a la admisibilidad del recurso de casación; pues es esta Sala de Casación Civil, la que tiene la atribución última de pronunciarse respecto a dicha admisibilidad; excluyendo de aplicación solo a los casos ya resueltos por esta Sala. Así se establece…”(Lo resaltado del texto transcrito).

SCC 10-11-05

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp.  05-626, dec. 735:

Cambio de criterio: Cuantía para la fecha de interposición de la demanda

Ahora bien, respecto al criterio de la Sala sobre el requisito de la cuantía y el monto que se requerirá para acceder a casación, en reciente sentencia de la Sala Constitucional 1573 del 12 de julio del año que discurre, se estableció lo siguiente:

“…Al respecto, siendo uno de los pilares fundamentales de la justicia la confianza que tienen los particulares que un órgano del Poder Público, actúe de manera semejante a la que ha venido actuando, frente a circunstancias similares o parecidas, considera la Sala que las modificaciones posteriores que determinen el quantum necesario para acceder a la sede casacional, pueden afectar eventualmente a las partes, pues no están en capacidad de prever, las alteraciones que en el futuro puedan ocurrir en relación con esa situación y en caso de ser previsible, no tienen la seguridad que sucedan.

En tal sentido, esta Sala en aras de preservar la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, establece que la cuantía necesaria para acceder a casación, debe ser la misma que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda, pues es en ese momento en el cual el actor determina el derecho a la jurisdicción y la competencia por la cuantía y por ello considera cumplido el quantum requerido por el legislador para acceder en sede casacional, pues las partes no están en disposición de prever las modificaciones de la cuantía a que hubiere lugar durante la tramitación del proceso para acceder en casación. Así se decide.

Por otra parte, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cuantía para acceder en casación quedó modificada, en efecto el artículo 18 lo siguiente: “(…) El Tribunal Supremo de Justicia conocerá y tramitará, en la Sala que corresponda, los recursos o acciones, que deban conocer de acuerdo con las leyes, cuando la cuantía exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) (…)”.

De lo anterior se colige, que para acceder a la sede casacional de acuerdo con la referida ley la cuantía del juicio deberá exceder a las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.). Sin embargo, ante los incrementos anuales que sufre la unidad tributaria pudiera estar afectándose o limitándose la posibilidad de los administrados de acceder en casación ante las respectivas Salas del Tribunal Supremo de Justicia; en tal sentido, el Juzgador correspondiente deberá determinar -con base a los parámetros anteriormente expuestos- la cuantía exigida para el momento en que fue presentada la demanda, y en caso que la cuantía exigida sea la establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, deberá calcularse la unidad tributaria vigente para el momento en el cual fue interpuesta la referida demanda.

En segundo lugar, resulta perentorio precisar el supuesto de admisibilidad del recurso de casación interpuesto contra las sentencias dictadas por los Tribunales de reenvío, en torno al requisito aquí analizado. Al respecto, no deberá tomarse en consideración la cuantía para recurrir de una sentencia de reenvío, pues asiste a la parte interesada, un derecho adquirido a la revisión del fallo por la sede casacional; lo contrario implicaría la violación de los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, de acceso a la justicia y a la igualdad procesal.

Ahora bien, el presente criterio no se aplica en el caso objeto de la presente solicitud de revisión en salvaguarda a la tutela judicial efectiva y a la confianza legítima que tienen los particulares en la estabilidad de las decisiones judiciales, pues la decisión contra la cual se recurre en revisión fue dictada en el año 2002, momento para el cual el criterio vigente para acceder en casación era distinto al que hoy se establece en el presente obiter dictum

En tal sentido, sólo se aplicará este criterio a las nuevas demandas que se inicien con posterioridad a la publicación en la Gaceta Oficial del presente fallo y para las causas que se encuentren en trámite siempre que el tribunal correspondiente aún no hubiere emitido pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso de casación. Así se declara.

En consecuencia, se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud del carácter vinculante del presente caso para todos los Tribunales de la República…”.

La sentencia ut supra transcrita, establece un criterio distinto al sostenido por esta Sala, el cual es más garantista de los derechos de defensa, debido proceso y acceso a la justicia que nuestra Constitución establece en beneficio de los justiciables. Asimismo, constata la Sala que dicho criterio es de carácter vinculante, pues de su contenido así se estableció expresamente, lo cual hace que la Sala lo acate, no sólo por compartirlo, sino porque lo prevé el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por tanto en acatamiento del fallo constitucional precedentemente transcrito, la Sala abandona el criterio establecido a partir de su fallo RH-00084 del 31 de marzo de 2005, antes citado y establece que el monto de la cuantía para acceder a casación será aquel que se requiera para el momento de la interposición de la demanda. Así se establece.

Ahora bien, la sentencia de la Sala Constitucional previó efectos en el tiempo respecto a la aplicación del nuevo criterio establecido, al señalar “...el presente criterio no se aplica en el caso objeto de la presente solicitud de revisión en salvaguarda a la tutela judicial efectiva y a la confianza legítima que tienen los particulares en la estabilidad de las decisiones judiciales (...) En tal sentido, solo se aplicará (...) para las causas que se encuentren en trámite siempre que el tribunal correspondiente aún no hubiere emitido pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso de casación...”.

El fundamento para su no inmediata aplicación fue, como se transcribió, la tutela judicial efectiva y la confianza legítima que deben generar la estabilidad de las decisiones judiciales. La aplicación de la doctrina de los asuntos ya resueltos efectivamente conculcaría el blindaje que debe gozar todo pronunciamiento jurisdiccional. Sin embargo, esta Sala de Casación Civil no comparte ese mismo fundamento para la no aplicación inmediata del criterio establecido en el fallo constitucional in comento, para los casos en trámites cuando ya haya habido pronunciamiento del “correspondiente” Tribunal respecto a la admisibilidad, toda vez que al establecerse “...que la cuantía necesaria para acceder a casación, debe ser la misma que imperaba para el momento en que interpuso la demanda...”, está ampliando en el tiempo la posibilidad de que la parte pueda ejercer el recurso extraordinario de casación, lo cual se traduce en un blindaje hacia los justiciables de sus derechos de defensa, toda vez que no se verían limitados en el ejercicio de dicho recurso, el debido proceso, reconociendo a éste como el conjunto de garantías establecidas como medios obligatorios necesarios y esenciales para que el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado se materialice y, también el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual “...garantiza la posibilidad de ejercicio eficiente de los medios de defensa, así como una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia...” (Sentencia de la Sala Constitucional 1.064 del 19 de septiembre de 2000).

La doctrina permite el ejercicio del derecho de defensa de quien viene a casación, pues con los razonamientos contenidos en el fallo constitucional que precedentemente la Sala determinó su acatamiento, se retrotrae el monto de la cuantía o su exigibilidad para el acceso a casación, al momento de la introducción de la demanda, cuya aplicación inmediata a los casos en trámites, lejos de atentar contra la tutela judicial efectiva y la estabilidad de las decisiones judiciales, preserva el acceso a la justicia, el derecho de defensa y el debido proceso, los cuales superan los formalismos que puedan alegarse para su no aplicación inmediata.

Cuando la decisión constitucional afirma la no aplicación del criterio a los casos donde el Tribunal “correspondiente” ya haya hecho pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso extraordinario del recurso de casación por los juzgados de instancia y ejercido el de hecho, esté en espera de pronunciamiento por esta Sala, tal como ocurre en el caso de examen.

En estos casos, resulta difícil entender, bajo la sombra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que bajo el fundamento de derechos y garantías constitucionales se modifiquen criterios jurisprudenciales y al mismo tiempo no se apliquen, cuando ellos ofrecen la protección del derecho en procura de una verdadera justicia donde ésta “...No se sacrificará (...) por formalidades no esenciales”.

Ejercido el recurso de hecho de conformidad con el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, se entiende la existencia de un pronunciamiento de un Tribunal “correspondiente” que se negó a admitir el recurso de casación, lo cual no permitiría la aplicación del nuevo criterio establecido respecto al requisito de la cuantía, sin embargo, en atención a las precedentes consideraciones, la Sala determina que el criterio establecido por la Sala Constitucional se aplicará a todos los casos en trámites, aun cuando haya pronunciamiento del ad quem respecto a la admisibilidad del recurso de casación; pues es esta Sala de Casación Civil, la que tiene la atribución última de pronunciarse respecto a dicha admisibilidad; excluyendo de aplicación solo a los casos ya resueltos por esta Sala. Así se establece…”(Lo resaltado del texto transcrito).

SCC 27-2-03

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  01-554, dec. Nº 5:

Indexación no modifica la cuantía

En el caso concreto, el actor solicitó el cumplimiento del contrato de seguro celebrado con la demandada, con objeto de reclamar el pago de dos millones quinientos noventa y cinco mil ochenta y seis bolívares con quince céntimos (Bs. 2.595.086,15), por concepto de indemnización de los daños y perjuicios sufridos a causa de una inundación. Igualmente, en el libelo fue pedido el pago de los intereses moratorios y la aplicación del método de la indexación monetaria. Esta demanda fue declarada con lugar en ambas instancias. La sentencia de alzada quedó definitivamente firme, y de acuerdo con la experticia complementaria del fallo que fue practicada, el monto condenado fue ajustado en la cantidad de treinta y siete millones quinientos diecinueve mil setecientos treinta y cinco bolívares (Bs. 37.519.735,oo), por la devaluación sufrida desde la ocurrencia del siniestro hasta la fecha en que fue practicada la experticia.

La Sala de Casación Civil ha establecido de forma reiterada, que la inflación es un hecho notorio, y los efectos que produce sobre el valor adquisitivo de la moneda son hechos que el juez puede inferir mediante la aplicación de máximas de experiencias. Asimismo, ha sostenido que la condena de pago de la suma de dinero reclamada resulta injusta si no es practicado el respectivo ajuste monetario, pues el deudor no repara el daño si no restaura a plenitud el patrimonio del acreedor que resultó afectado por el incumplimiento o el retardo en el cumplimiento de la obligación. Por esa razón, la Sala ha establecido que el juez puede acordar de oficio la indexación si la controversia versa sobre derechos no disponibles e irrenunciables, y en caso de que el debate judicial consista en intereses y derechos privados y, por tanto, disponibles, queda a cargo de la parte solicitar el ajuste monetario.

La indexación judicial solicitada en el libelo de demanda amplía los límites que deberán ser tomados en cuenta por el Juez al momento de establecer la condena a pagar.

En efecto, de conformidad con lo previsto en los artículos 339 y 364 del Código de Procedimiento Civil, la demanda y la contestación constituyen los actos fundamentales en que las partes delimitan el problema judicial y, por tanto, fijan los límites para el conocimiento del Juez, y a ellos está sujeta su actividad de juzgamiento, so pena de infringir el artículo 243 ordinal 5º eiusdem.

En la demanda, el actor expresa su pretensión, lo que comprende la especificación de su objeto, esto es: del bien jurídico de la vida que se pretende obtener, que puede ser una cosa material, mueble o inmueble, o un derecho u objeto incorporal.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 340 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, el objeto de la pretensión debe determinarse con precisión: si fuere inmueble, especificando su situación y linderos; si fuere mueble, especificando sus marcas, colores, señales y particularidades que permitan determinar su identidad; y si fuere derechos u objetos incorporales, indicando los datos, títulos y explicaciones necesarios.

En concordancia con ello, el artículo 31 del Código de Procedimiento Civil, dispone que de ser reclamado el pago de sumas de dinero, debe especificarse la cantidad debida, los intereses vencidos, los gastos hechos por cobranza y los daños y perjuicios sufridos antes de la presentación de la demanda.

Por su parte, el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, en su encabezado establece:

“Cuando el valor de la cosa no conste, pero sea apreciable en dinero, el demandante la estimará”.

Al interpretar esta norma, la Sala ha dicho:

“...la Sala reiteradamente ha señalado que el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, es el precepto legal que establece el deber del demandante de estimar el valor de la cosa demandada, cuando ésta no conste, pero sea apreciable en dinero. Asimismo, se ha establecido que no se puede admitir la fijación del interés principal del juicio de una manera arbitraria, ya que el mismo, a diferencia de los juicios donde este valor no consta pero es apreciable en dinero, es rigurosamente legal, debiéndose en consecuencia aplicar la normativa establecida en los artículos 31, 32, 33, 35 y 36 del Código de Procedimiento civil, según sea el caso... (Sent. Nº 136 de fecha 07 de marzo de 2002 caso: C.A. Bienes Raíces Inmobiliaria Malima c/ Residencias Villasol, C.A., Exp. Nº 01-381)”.

   En casos como el presente, donde la cantidad que el actor pretende obtener es imposible que conste prima facie, desde luego que para el caso de resultar victorioso, el cuantum va a depender de una actividad posterior al fallo y que se realizará en fase de ejecución de sentencia.

   A los fines de la competencia del tribunal, de las costas y del acceso a casación, es preciso que el accionante haya cumplido con la carga que le impone el citado artículo 38, sin que pueda, luego, pretender, como el caso de autos, variar la cuantía inicial de la causa como consecuencia de la indexación, toda vez que ello conspira contra la perpetuatio jurisdictionis prevista en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:

“La jurisdicción y la competencia se determina conforme a la situación de hecho existente para el momento de presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa”.

  Cabe advertir  que a diferencia del Código de Procedimiento Civil derogado, la ejecución de la sentencia con fuerza de cosa juzgada que puso fin al juicio, no es motivo de una nueva acción, (actio iudicati), sino que forma parte del mismo procedimiento en que luego de concluida la fase cognoscitiva, a instancia de parte tiene lugar la fase ejecutiva, y la cuantía en ambas etapas del proceso es la determinada en el libelo.

En este sentido, la doctrina del Dr. Leopoldo Márquez Añez expresa que:

“...Esta última fase del proceso, hace posible que el mandato concreto contenido en la sentencia, pueda ser prácticamente operativo, porque de otro modo, la finalidad del derecho y la de la jurisdicción misma quedarían frustradas si el Estado no dispusiese de los medios prácticos para hacer cumplir el fallo.

Se mantiene así en el Proyecto, la posición que desde antiguo había tomado el legislador venezolano, de considerar la ejecución forzada formando parte del “Officium Iudicis” –del oficio del Juez- y comprendida, por tanto, dentro de la función jurisdiccional.

Mediante el sistema que se mantiene, la ejecución no es objeto de una nueva acción (actio iudicati), como en otros derechos, ni da origen a una nueva relación jurídica procesal, sino que constituye el desenvolvimiento final de la única relación jurídica procesal que se constituye entre las partes desde el momento mismo en que la demanda judicial es notificada al demandado...”. (El Nuevo Código de Procedimiento Civil. Fondo de Publicaciones UCAB.-Fundación Polar. Pág. 220).

En consecuencia, si el accionante reclama el pago de una cantidad de dinero, debe establecer los límites de la cantidad requerida, lo que comprende el ajuste por desvalorización de la moneda. Por esta razón la petición de indexación hecha en el libelo puede entenderse perfectamente como delimitación por parte del actor, de los límites del objeto de la pretensión procesal.

  Ahora bien,  en el libelo el actor puede solicitar el ajuste del valor del monto reclamado desde que el deudor incurrió en mora hasta la fecha de presentación de la demanda; e igualmente puede solicitar la corrección monetaria a que haya lugar por efecto de la devaluación que sufra la cantidad reclamada durante el transcurso del juicio. En el primer caso, la indexación es perfectamente determinable por el actor, la cual debe fijar en atención a los índices especificados por el Banco Central de Venezuela; pero en el segundo, está presente la dificultad de determinar el tiempo en que terminará el juicio.

  En este caso, la Sala estima que se trata de una pretensión apreciable en dinero, cuyo valor no consta, por lo que queda a cargo del actor realizar la respectiva estimación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil. La falta de estimación impedirá que el ajuste por inflación integre el interés principal del juicio, a los fines de determinar la admisibilidad del recurso de casación.

  En aplicación de estas consideraciones en el caso concreto, la Sala observa que el actor solicitó la indexación en el libelo, pero no podía fijar su cuantía; por tanto, no puede ser tomado en consideración a los efectos de determinar la admisibilidad del recurso de casación.

En consecuencia, la Sala establece que en el caso concreto la demanda fue estimada en dos millones quinientos noventa y cinco mil ochenta y seis bolívares con quince céntimos (Bs. 2.595.086,15), monto que evidentemente no supera la cuantía exigida para acceder a casación en los juicios civiles y mercantiles, conforme al Decreto Nº 1.029 del 22 de abril de 1996, de acuerdo con el cual el interés principal del juicio debe exceder de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00).

Por cuanto en el presente caso, se ha examinado un punto novedoso relacionado con el ajuste monetario por desvalorización de la moneda, y su influencia en la cuantía exigida en la ley para acceder a casación, la Sala se abstiene de apercibir al abogado que propuso el recurso de hecho, y de participar al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Capital. Así se establece.

SCC 28-2-03

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  02-418, dec. Nº 14:

Cuantía en rendición de cuentas

La Sala observa que el juzgado ad quem negó la admisión del recurso de casación propuesto por los demandantes, con base en que no consta en el libelo de demanda el interés principal del juicio.

Ahora bien, los demandantes alegaron en su escrito de demanda, lo siguiente:

“...Como es evidente, y así se declara en dicha acta No. 19, la Presidenta saliente, ciudadana ELICIA MARGARITA PACHECO,(...) no presentó ni el balance, ni los estatutos financieros correspondientes a su gestión,(...) ni tampoco informó el destino de los CUARENTA Y DOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 42.000.000,00), que declaró haber recibido  en dinero efectivo y a su entera satisfacción, de los compradores de las parcelas signadas con los Nos. 5, 6 y 8, pertenecientes al Urbanismo “Los Cipreses”, (...), ni dio cumplimiento a lo expresado en el literal “a” de la Cláusula VIGÉSIMA PRIMERA, del Acta Constitutiva de la Asociación, que señala que el Tesorero tendrá dentro de sus atribuciones “Recaudar todos los ingresos de la sociedad y depositar u ordenar su depósito inmediato a la cuenta bancaria”, todo ello sin base legal justificada.(Negrillas de la Sala).

En atención a estas irregularidades, el Tesorero, LUIS MARIA LIRA, (...), procedió a elaborar el mismo, soportado  con balance elaborado  por Contador Público Colegiado, al 31 de mayo de 2.000, donde se constata faltante  correspondiente a CUARENTA Y DOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 42.000.000,00)...

...OMISSIS...

Por todo lo antes expuesto, es por lo que acudimos  ante su competente  autoridad para demandar como en efecto lo hacemos a la ciudadana ELICIA MARGARITA PACHECO,(...), para que convenga o a ello sea condenada por el Tribunal en rendir las cuentas correspondientes a su gestión la cual comprende desde el 31 de mayo de 1.998 hasta el 23 de mayo del año 2.000 y en especial las relativas a los ingresos derivados de las ventas arriba descritas, de fechas 7 de febrero, 8 de marzo y 13 de marzo del año 2.000, de conformidad  con el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil...” (Negrillas de la Sala)

De lo precedentemente trascrito se constata que el interés principal del juicio consta, efectivamente, en virtud de que en el libelo de demanda se expresa que el litigio por rendición de cuentas se origina por el faltante de cuarenta y dos millones de bolívares (Bs. 42.000.000,oo), suma ésta que permitió determinar la competencia para conocer del presente asunto.

Asimismo, los accionantes solicitaron la rendición de cuentas en razón de que la demandada no presentó ni el balance, ni los estados financieros correspondientes desde el 31 de mayo de 1998 hasta el 23 de mayo de 2000 y, en especial, los ingresos derivados de las ventas de las parcelas signadas con los números 5, 6 y 8, pertenecientes al urbanismo “Los Cipreses”, efectuadas en fechas 7 de febrero, 8 y 13, ambas del mes de marzo, del año 2000, lo cual generó que se efectuara el informe contable donde, a juicio de la parte actora, se evidencia el referido faltante sin que la demandada se opusiera a ello, y aún más, sin que impugnara dicha cantidad, situación ésta que permite determinar que el interés principal del juicio es de cuarenta y dos millones de bolívares exactos (Bs.42.000.000,oo).

En consecuencia, esta Sala considera que se cumple con el requisito de la cuantía para determinar la admisibilidad del recurso de casación, pues supera la cantidad de cinco millones de bolívares (Bs.5.000.000,oo), conforme a lo dispuesto en el artículo 312 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Decreto 1.029, vigentes desde el 22 de abril de 1996, publicado en Gaceta Oficial el día 22 de enero de 1996.

SCC 24-3-03

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  02-923, dec. Nº 33:

La cuantía no fue estimada en el libelo

En el caso in comento, como se indicó, el juzgado de alzada negó la admisión del recurso de casación con fundamento en que no fue estimada la cuantía en el libelo de la demanda.

Al respecto, la Sala de una revisión minuciosa y detallada del escrito libelar observa que, efectivamente, según lo señaló el tribunal de alzada, en el presente caso la parte demandante dejó de estimar el interés principal del juicio de partición, incumpliendo con lo previsto en los artículos 38 y 39 del Código de Procedimiento Civil, que prevén lo siguiente:

Artículo 38. “Cuando el valor de la cosa demandada no conste, pero sea apreciable en dinero, el demandante la estimará.

El demandado podrá rechazar dicha estimación cuando la considere insuficiente o exagerada, formulando al efecto su contradicción al contestar la demanda. El juez decidirá sobre la estimación en capitulo previo en la sentencia definitiva...”.

Artículo 39. “A los efectos del artículo anterior, se consideran apreciables en dinero todas las demandas, salvo las que tienen por objeto el estado y la capacidad de las personas.”.

De acuerdo con lo establecido en las normas transcritas, la Sala concluye que es inadmisible el recurso de casación anunciado, pues no fue estimada la demanda de partición, por lo cual debe considerarse que no fue cumplido el requisito de la cuantía, contraviniendo lo establecido en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia, con el Decreto Presidencial Nº 1.029, emanado de la Presidencia de la República, vigente a partir del 22 de abril de 1996, según el cual el interés principal del juicio debe ser superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo) para las decisiones definitivas proferidas en juicios civiles y mercantiles, y las dictadas en laudos arbitrales, lo que lleva, por vía de consecuencia, a la declaratoria sin lugar del recurso de hecho propuesto, tal como se hará de manera expresa,  positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.

SCC 24-3-03

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  02-883, dec. Nº 34:

Cuantía no excede los Bs. 5.000.000,oo

De la revisión de las actas que conforman el presente expediente, la Sala advierte que la demanda intentada en este juicio fue estimada por la accionante en la cantidad de un millón trescientos ochenta y dos mil ochenta y ocho bolívares con treinta y cinco céntimos (Bs.1.382.088,35), la cual no fue impugnada por el demandado y,  por esta razón, quedó firme la estimación hecha en el libelo de demanda, lo que permite a este Alto Tribunal determinar el incumplimiento del requisito de la cuantía, pues el interés principal del juicio no supera la cantidad de cinco millones de bolívares (Bs.5.000.000,oo), monto éste exigido para la admisibilidad del recurso extraordinario de casación, de conformidad con el Decreto 1.029 y el numeral 1º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil.

Por tanto, al no estar cumplido el requisito de la cuantía el recurso de casación resulta inadmisible, lo que determina, por vía de consecuencia, que el recurso de hecho propuesto debe ser declarado sin lugar, tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.

SCC 24-3-03

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  02-929, dec. Nº 40:

No consta libelo ni ningún documento auténtico

De la detenida y exhaustiva revisión de las actas del expediente la Sala observa que no consta en forma alguna el libelo de la demanda, lo cual impide determinar con certeza el cumplimiento del requisito de la cuantía. La doctrina de esta Sala ha establecido que el valor de la causa debe determinarse con base en los elementos de cálculo contenidos en el libelo de demanda y no de documentos anexos, o de cualquier otra acta del expediente. (Vid. Sentencia de fecha 15 de marzo de 1995, caso: Vicenta Golindano Padrón y otros, contra José Ramón Golindano Padrón). En caso contrario, el Tribunal Supremo no podrá verificar el cumplimiento del requisito de la cuantía.

Sobre este particular, la Sala ha expresado que de no constar de modo cierto y definitivo en el expediente el interés principal del juicio, porque no fue consignada la copia certificada del libelo de demanda, debe considerarse que no fue cumplido el requisito de la cuantía y, por ese motivo, el recurso de hecho debe ser declarado inadmisible, “…sin que valgan consideraciones relativas a la duda que pudiera surgir en cuanto a la probable cuantía del juicio, dado que los términos de la mencionada ley no permiten otra solución que no sea la que obliga a demostrar con toda certeza, que el valor del juicio sobrepasa el límite por aquélla establecido a los fines de la admisión del recurso…”. (Vid Sent. de 6 de marzo de 1999, caso: Giarmi Cordone Palandrini c/ Corporación Revi C.A. y otra, reiterada en Sent. de 15 de julio de 1999, caso: José Vicente Marín).

Esto es lo ocurrido en el caso concreto, pues no consta el libelo de la demanda, y por tanto, no es posible  verificar cuál es el interés principal del juicio. En consecuencia, la Sala considera que el recurso de casación anunciado es inadmisible, lo que igualmente determina la improcedencia del recurso de hecho propuesto. Así se establece.

A mayor abundamiento de las observaciones precedentes considera necesario esta Sala de Casación Civil hacer referencia al criterio establecido por este Máximo Tribunal en sentencia de fecha 2 de noviembre de 2000, en la cual expresó: que “tendrán valor demostrativo a los efectos de verificar la cuantía de la demanda, como requisito para la admisión del recurso casacionista, todos aquellos documentos autorizados con las solemnidades del caso por un juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para dar fe pública en el ejercicio de sus funciones pueda haber dejado claramente determinado dicha cuantía”. Cabe resaltar que, en el caso bajo estudio, tampoco consta en autos ningún tipo de documento autorizado que evidencie la cuantía del presente asunto. Así se establece.

SCC 3-4-03

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  02-792, dec. Nº 42:

Cuantía de la demanda, no de la condena

En relación con los alegatos expuestos por la accionada en su diligencia de fecha 7 de noviembre de 2002, mediante la cual recurrió de hecho contra la negativa de admisión del recurso de casación, la Sala considera necesario transcribir los mismos:

“...Es el caso ciudadanos Magistrados, que la determinación hecha por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas carece de sustento cierto cuando afirma que de la lectura del libelo de la demanda se desprende que la cuantía del presente  asunto no excede de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000,oo), siendo evidente que confunde lo que es la estimación inicial de la demanda con lo que representa el interés principal del juicio.

En efecto, tal y como lo ha venido señalando la reiterada doctrina de esta Sala (Sentencia 239 del 19/6/2002) de acuerdo con el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el Decreto Presidencial 1.029 del 22 de Abril (sic) de 1996, en los juicios civiles y mercantiles es admisible el recurso de casación siempre que el interés principal del juicio exceda de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000, oo), como es el caso de autos. En tal sentido, es de señalar que para determinar o fijar el interés principal del juicio deben tomarse en consideración los elementos del cálculo contenidos en el propio libelo (Sentencia 192 del 14/4/1999), siendo el caso que en la sentencia recurrida se establece una condena por indemnización de daños y perjuicios fijada conforme a lo solicitado por la parte actora en su escrito de demanda y que asciende a la cantidad de Bs. 170.650,oo, mensuales, habiendo la decisión condenando al pago de mas (sic) de noventa y cinco  (95) meses lo que evidentemente supera con creces la cuantía señalada; es mas (sic) a simple titulo de ejemplo, la cantidad de meses indica da (sic) un total de DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 16.211.750,oo).

En un mismo orden de ideas, es de señalar que conforme a la doctrina de (sic) Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia de la Sala de Casación Social 17/12/2001) la cual amplia el criterio que ha venido aplicando esta Sala, la cuantía para determinar la admisibilidad o no del recurso de casación, puede verificarse hasta de la propia sentencia recurrida. En tal sentido, reiteramos lo que se ha venido señalando en el presente escrito, es decir, la propia decisión recurrida condena a pagar conceptos que superan la cantidad de Cinco (sic) Millones (sic) de Bolívares (sic) (Bs. 5.000.000,oo).

En razón de todo lo anteriormente expuesto es evidente que el criterio aplicado por el Tribunal de Alzada y el cual considero a los efectos del recurso de casación tan sólo la estimación de la demanda contenida en el libelo y no el interés principal del juicio resulta errado y en tal sentido solicitamos se pronuncie la Sala...”.

Ahora bien, la Sala para decidir observa que en el libelo de la demanda se solicitó la resolución de un contrato de arrendamiento y se pidió al tribunal condenara a la demandada a lo siguiente:

 “...2°) Pagar a nuestros mandantes la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CINCUENTA BOLÍVARES (BS. 2.901.050,00) por concepto de cánones de arrendamiento correspondiente a los meses de Enero (sic) de 1.993 (sic) a Mayo (sic) de 1.994 (sic), ambos inclusive.

3°) Pagar por concepto de indemnización mensual por daños y perjuicios, un  monto igual  al del canon de arrendamiento fijado por el organismo  regulador, es decir CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 170.650,oo) mensuales, desde el mes de Junio (sic) de 1994, inclusive, hasta la entrega del inmueble desocupado en buenas condiciones...”.

En razón de lo anterior se observa, que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que el valor de la causa para determinar la competencia debe establecerse con base en la demanda y de conformidad con las reglas pautadas en los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 eiusdem.

De esta manera el artículo 31 ejusdem, prevé:

“...Para determinar el valor de la cosa demandada al capital se sumarán los intereses vencidos, los gastos hechos en la cobranza y la estimación de los daños y perjuicios anteriores a la presentación de la demanda...”.

Igualmente, el artículo 36 del Código de Procedimiento Civil, establece cómo se determina el valor de las demandas relativas a la validez o continuación de un arrendamiento, de la manera siguiente:

“...En las demandas sobre la validez o continuación  de un arrendamiento, el valor se determinará acumulando las pensiones sobre las cuales se litigue y sus accesorios. Si el contrato fuere por tiempo indeterminado, el valor se determinará acumulando las pensiones o cánones de un año...”.

A tal efecto, como ya se indicó, en la presente causa el interés principal del juicio consta, efectivamente, del libelo de demanda, por cuanto el litigio por resolución de contrato de arrendamiento deriva del incumplimiento por parte de la demandada en el pago de cánones de arrendamientos vencidos a razón de ciento setenta mil seiscientos cincuenta mil bolívares mensuales (Bs. 170.650,00), correspondientes a los meses de enero de 1993 a mayo de 1994, ambos inclusive, lo que asciende a la  cantidad de dos millones novecientos un mil cincuenta (Bs. 2.901.050, 00), suma esta que determina la cuantía del presente juicio.

De igual manera se ha establecido, que la cuantía estimada por los demandantes no fue rechazada por la accionada en el acto de contestación de la demanda, lo que equivale a una aceptación tácita por cuanto la misma no puede ser impugnada con posterioridad al referido acto, por tanto, dicha estimación determina la cuantía definitiva a los efectos de la competencia para conocer del presente juicio. Así se decide.

Se ordena pasar el caso a Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados

Esta Sala no puede pasar por alto la censurable conducta del abogado XXX, al intentar un recurso de casación en un juicio cuyo interés principal no supera la cuantía exigida para la admisibilidad de dicho recurso extraordinario.

El proceso, por su naturaleza y fines, requiere que las partes, apoderados y abogados asistentes observen un adecuado comportamiento, pues es deber insoslayable de los intervinientes en el mismo, colaborar con la recta administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 4 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano. Además, deben actuar en el proceso con lealtad y probidad, exponiendo los hechos de acuerdo con la verdad, y no interponiendo defensas manifiestamente infundadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil; y se presume, salvo prueba en contrario, que la parte ha actuado con temeridad o mala fe cuando deduzca en el proceso pretensiones o defensas, principales o incidentales, manifiestamente infundadas y cuando maliciosamente alteren u omitan hechos esenciales a la causa, o cuando obstaculicen el desenvolvimiento normal del proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 170, Parágrafo Único del mismo Código.

En este sentido, el Tribunal Constitucional Español mediante sentencia 104/90 de fecha 04 de junio de 1990, estableció que “...no se obra con la necesaria probidad y buena fe al formular la demanda basada en premisas fácticas, que tanto el actor como su letrado deberían saber que eran contrarias a la verdad, desconociendo así la obligación de buena fe que debe respetarse en todo tipo de procedimiento e incurriendo en temeridad y abuso de derecho...”. Mutatis, mutandi, igualmente actúa con temeridad y abuso de derecho el abogado que anuncia recurso de casación en un juicio que no alcanza la cuantía necesaria par la admisibilidad del señalado recurso extraordinario.

Por las razones anteriormente señaladas, esta Sala, de conformidad con el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, considera necesario apercibir severamente al abogado XXX, que debe abstenerse, en lo sucesivo, de incurrir en tal conducta, no sólo en este asunto, sino en cualquier otro que le corresponda asistir o representar intereses ajenos; y para evitar que tal comportamiento vuelva a repetirse, se ordena oficiar al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Capital, para que resuelva, sobre la procedencia o no de medida disciplinaria contra la mencionada profesional del derecho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 y 63 de la Ley de Abogados. Así se decide.

SCC 8-5-02

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 02-235, dec. Nº 58:

Juicios Posesorios, Cuantía y Casación

Al respecto, la Sala de una revisión minuciosa y detallada del escrito contentivo de la querella observa que efectivamente, según lo señaló el Tribunal de alzada, en el presente caso la parte querellante dejó de estimar el interés principal del juicio posesorio, incumpliendo con lo previsto en los artículos 38 y 39 del Código de Procedimiento Civil, que prevén lo siguiente:

Artículo 38. Cuando el valor de la cosa demandada no conste, pero sea apreciable en dinero, el demandante la estimará.

El demandado podrá rechazar dicha estimación cuando la considere insuficiente o exagerada, formulando al efecto su contradicción al contestar la demanda. El juez decidirá sobre la estimación en capitulo previo en la sentencia definitiva.

Artículo 39. A los efectos del artículo anterior, se consideran apreciables en dinero todas las demandas, salvo las que tienen por objeto el estado y la capacidad de las personas.

En este orden de ideas, respecto a la determinación del interés principal en los juicios posesorios, la Sala ha reiterado en forma pacífica, entre otras, en decisión de fecha 23 de febrero de 2001, (caso: Paride Saraceni Amoroso contra Recubrimientos Especiales Coatings C.A.), lo siguiente:

esta Sala ha establecido que la cuantía en los juicios posesorios, no está determinada por el valor del inmueble sobre el que es ejercida la posesión, porque en este tipo de acciones no se discute la propiedad, sino la posesión. Así lo ha establecido y reiterado la Sala en forma pacífica, entre otras, en sentencia de fecha 21 de mayo de 1998 (caso: Ubiel Said Viñales y otros contra Inversiones Agropecuaria y otras)

Por tanto, la Sala establece, que la estimación hecha por el actor en la querella, constituye el interés principal del juicio posesorio...”. (Subrayado de la Sala).

De acuerdo con el precitado criterio, que aquí se reitera, la Sala concluye en que es inadmisible el recurso de casación anunciado, pues no fue estimada la querella, por lo cual debe considerarse que no fue cumplido el requisito de la cuantía, contraviniendo lo establecido en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia, con el Decreto Presidencial Nº 1.029, emanado de la Presidencia de la República, vigente a partir del 22 de abril de 1996, según el cual el interés principal del juicio debe ser superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00) para las decisiones definitivas proferidas en juicios civiles y mercantiles, y las proferidas en laudos arbitrales.

Por tales razones, se encuentra ajustado a derecho el auto de fecha 21 de febrero de 2002, dictado por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito del Trabajo y de Menores de la Circunscripción del Estado Falcón, con sede en Coro, mediante el cual declaró inadmisible el recurso de casación anunciado contra la sentencia proferida el 22 de enero de 2002, lo que determina la declaratoria sin lugar del recurso de hecho propuesto. Así se decide.

Esta Sala no puede pasar por alto la censurable conducta del abogado Félix Sánchez Padilla, al intentar un recurso de casación en un juicio cuyo interés principal no fue estimado en la querella y, en consecuencia, debe considerarse que no fue cumplido el requisito de la cuantía exigida para la admisibilidad de dicho recurso extraordinario.

El proceso, por su naturaleza y fines, requiere que las partes, apoderados y abogados asistentes observen un adecuado comportamiento, pues es deber insoslayable de los intervinientes en el mismo, colaborar con la recta administración de justicia, en conformidad con el numeral 4º del artículo 4 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano. Además, deben actuar en el proceso con lealtad y probidad, exponiendo los hechos de acuerdo con la verdad y sin interponer defensas manifiestamente infundadas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil; y se presume, salvo prueba en contrario, que la parte ha actuado con temeridad o mala cuando deduzca en el proceso pretensiones o defensas, principales o incidentales, manifiestamente infundadas y cuando maliciosamente alteren u omitan hechos esenciales a la causa, o cuando obstaculicen el desenvolvimiento normal del proceso, en conformidad con lo establecido en el artículo 170, Parágrafo Único del mismo Código.

En este sentido, el Tribunal Constitucional Español mediante sentencia Nº 104/90 de fecha 04 de junio de 1990, estableció que “no se obra con la necesaria probidad y buena fe al formular la demanda basada en premisas fácticas que tanto el actor como su letrado deberían saber que eran contrarias a la verdad, desconociendo así la obligación de buena fe que debe respetarse en todo tipo de procedimiento e incurriendo en temeridad y abuso de derecho”. Mutatis mutandi, igualmente actúa con temeridad y abuso de derecho el abogado que anuncia recurso de casación en un juicio cuyo interés principal no fue estimado y, en consecuencia, no supera la cuantía exigida para la admisibilidad de dicho recurso extraordinario

Por lo anteriormente indicado, esta Sala, de conformidad con el artículo 17 del antes mencionado Código de Procedimiento Civil, considera necesario apercibir severamente al abogado Félix Sánchez Padilla, que debe abstenerse, en lo sucesivo, de incurrir en tal conducta, no sólo en este asunto sino en cualquier otro que le corresponda asistir o representar intereses ajenos, y para evitar que tal comportamiento vuelva a repetirse, se ordena oficiar al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Falcón, para que resuelva, sobre la procedencia o no de la medida disciplinaria, contra el prenombrado profesional de Derecho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 y 63 de la Ley de Abogados. Así se decide.

SCC 10-8-00

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 99-377, dec. Nº 302:

Cuantía en invalidación

Criterio doctrinario de la Sala de Casación Civil sobre el interés principal del juicio para el recurso de invalidación. La cuantía a los efectos de la admisibilidad o no del recurso de casación.

[...] con referencia a la cuantía que debe prevalecer en los recursos de invalidación, la Sala ha indicado de forma reiterada que debe prevalecer el interés principal del juicio en que fue dictada la sentencia cuya invalidación se pretende. En este sentido, entre otros, en sentencia de fecha 14 de octubre de 1993 (caso: María Evarista Parra y otros contra Carlos Orozco Bernal y otros), dejó sentado Según doctrina reiterada de la Sala, en los procesos de invalidación es la cuantía del juicio que se trata de invalidar la que deberá tenerse en cuenta a los efectos de la admisibilidad o no del recurso de casación y no la estimación que se haya hecho en la propia demanda de invalidación, porque si los efectos de la sentencia dictada en la invalidación se producen inexorablemente en el juicio de invalidación, la conexión entre uno y otro es innegable, lo que lleva a concluir que la cuantía del juicio principal determinará la del de invalidación, a los efectos de la admisibilidad del recurso de casación.

SCC 31-10-00

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  00-082, dec. Nº 350:

Cuantía. El valor de la demanda no lo fija el demandante a su arbitrio. Ratifica doctrina

En interpretación de los artículos 31, 32, 33 35 y 36 del Código de Procedimiento Civil vigente, este Supremo Tribunal ha establecido que el valor de la demanda no lo fija el demandante a su arbitrio sino que es rigurosamente legal; es decir, ha sido fijado por la Ley y, en consecuencia, el demandante debe aplicar al caso concreto el artículo correspondiente

Cuantía. Consecuencias jurídicas de la estimación del valor de la demanda en los juicios que no conste su valor, pero sea apreciable en dinero. Ratifica doctrina.

La estimación del valor de la demanda en los juicios en los cuales no conste su valor, pero sea apreciable en dinero, es elemento importante en el juicio por cuanto producen determinadas consecuencias jurídicas, entre las cuales puedan citarse las siguientes:a)Limita el cobro de honorarios que deberá pagar la parte vencida a su parte contraria al concluir el juicio (artículo 286 del Código de Procedimiento Civil).b)Constituye criterio determinante para establecer la competencia del órgano jurisdiccional que resolverá sobre el fondo de la controversia. Eso es lo que explica que el transcrito artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, en su último aparte, disponga que en la hipótesis de que surja contradicción entre los litigantes respecto al monto en el cual fue estimado el valor de la demanda que resulte apreciable en dinero pero cuyo valor no conste, y el Juez en la sentencia definitiva determina que la competencia por la cuantía corresponda a otro Tribunal distinto, deberá declinar su competencia ante ese Tribunal sin que ello implique la nulidad de las actuaciones procesales cumplidas en el Tribunal incompetente.c)Además, la estimación del valor de la demanda en aquellos casos en que su valor no conste pero sea apreciable en dinero, servirá para determinar si resulta admisible o no la interposición del recurso de casación, de acuerdo con el criterio cuantitativo señalado en los diversos ordinales del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil.

SCC 02-11-00

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  99-743, dec. Nº 352:

Casación. Cuantía. Cuantía exigida para la admisión del recurso de casación. CAMBIO DE DOCTRINA.

[...] para los recursos que se admitan a partir de la fecha de publicación de este fallo tendrán valor demostrativo a los efectos de verificar la cuantía de la demanda, como requisito para la admisión del recurso casacionista, todos aquellos documentos autorizados con las solemnidades del caso, por un juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultada para dar fe pública en el ejercicio de sus funciones pueda haber dejado claramente determinado dicha cuantía, que en abundamiento podrán ser corroborado con los indicios procesales existentes en las actas, siendo que éstos por si solos, no servirán como elementos determinantes para establecer la cuantía de la demanda.

SCC 15-11-00

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  99-1033, dec. Nº 379:

Cuantía. Puntualización de la doctrina establecida el 02-11-00 con respecto a la cuantía

[...] para aquellos recursos que se admitan a partir de la fecha de publicación del presente fallo, tendrán valor demostrativo a los efectos de verificar la cuantía del interés principal del juicio como requisito para la admisión del recurso casacionista, aquellos documentos que autorizados con las debidas solemnidades, sean emanados de un juez y otro funcionario o empleado público con facultad para otorgar fe pública en el ejercicio de sus funciones; documentos que puedan haber dejado claramente determinada dicha cuantía, que en todo caso podrá ser corroborada con otros indicios procesales existentes en las actas, siendo que éstos, por si sólos, no servirán como elementos determinantes para establecer la cuantía del juicio. Asi se declara...." (Resaltado y subrayado del texto)...".Ahora bien, la Sala considera pertinente y prudente la oportunidad para puntualizar la doctrina transcrita, en el sentido que, sólo en aquellas situaciones en las cuales de las actas del expediente no conste el libelo de la demanda y, en su caso, la contestación del mismo, será necesario de conformidad con el criterio doctrinario ut supra, acudir a documentos autorizados con las debidas formalidades por el juez, funcionario o empleado público con facultad de otorgarle fe pública, a los efectos de la estimación del interés principal del juicio. En este sentido, mantiene su relevancia para establecer la cuantía o interés principal del juicio, la estimación señalada por las partes, bien en el libelo de la demanda o en su contestación de acuerdo al resultado definitivo con relación a su cuestionamiento. Por este motivo, es propicio señalar que el atemperamiento sobre la doctrina abandonada, está referido al hecho cierto de apreciar los documentos señalados en la nueva doctrina, siempre y cuando, no se haya consignado en los autos acreditados ante esta jurisdicción, el libelo de la demanda.

SCC 30-11-00

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  00-055, dec. Nº 408:

Cuantía. Recurso de casación múltiple que no cumple con el requisito de la cuantía.

En el presente caso, la anterior sentencia de casación anuló el fallo de Alzada por razones de forma, por lo cual la decisión luego dictada, producto de la reposición, no tiene el carácter de sentencia de reenvío, sino que se trata de una nueva decisión de Alzada, producto de haberse declarado la nulidad de la anterior sentencia. En consecuencia, las razones que sustentan la decisión citada en primer término, que se refieren a la admisión del recurso de nulidad, sin exigir el requisito de la cuantía; al control por la Sala sobre el cumplimiento de su anterior decisión; y, a la naturaleza de la decisión dictada por el Superior, ahora recurrida en casación, que no es la segunda fase rescisoria del recurso de casación, sino, se insiste, en una nueva decisión de Alzada, dirigen la interpretación a exigir el cumplimiento del requisito de la cuantía para el nuevo recurso de casación. Por tanto, si la decisión dictada por la Alzada luego de la reposición pone fin a un juicio cuya cuantía no excede el monto mínimo para acceder a la casación, establecido para la fecha de interposición del recurso, éste resulta inadmisible. Con ello precisa la Sala que el criterio establecido en la sentencia de fecha 30 de abril de 1997, ya citada, no es aplicable a las decisiones dictadas luego de una reposición ordenada por la Sala de Casación Civil, sino a las sentencias de reenvío, propiamente dichas.

SCC 31-7-01

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  99-511, dec. Nº 216:

Cuantía en materia de tránsito. CAMBIO DE JURISPRUDENCIA.

Tomando en consideración esta circunstancia, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento de su misión de interpretar correctamente la ley, modifica la cuantía para los juicios de tránsito hasta una cantidad que supere los cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo), mas aún, cuando dicha materia afecta directamente derechos e intereses privados. Se abandonan expresamente las jurisprudencias que hasta ahora habían prevalecido, en el sentido de fijar la cuantía para los juicios de tránsito en la suma de tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,oo). En lo sucesivo, se reitera, la Sala tomará en consideración, para la admisión del recurso de casación en materia de tránsito, que el interés principal del juicio exceda de los cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo), no así respecto al caso de autos, el cual será decidido conforme al criterio derogado en este proyecto.

SCC 29-1-02

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp.   00-991, dec. Nº 65:

Reconvención tiene su propia cuantía

"Este criterio ha sido expresado por la Sala de forma reiterada, entre otras, en sentencia de fecha 30 de noviembre de 1988, en la cual dejó sentado que "...A la luz de la presente disposición es evidente que el Legislador estimó necesario que la reconvención precisara claramente el objeto y sus fundamentos, esto en virtud de que la reconvención es una acción autónoma que tiene hasta su propia cuantía. Asimismo, quiso el legislador que la acción de reconvención cumpliera con los requisitos del artículo 340, es decir, con los elementos esenciales de un libelo...".Acorde con ello, la Sala Político Administrativa ha indicado que ...La reconvención, según la definición de Voet, es la petición por medio de la cual el reo reclama, a su vez, alguna cosa al actor, fundándose en la misma o en distinta causa que él... La reconvención, independientemente de la defensa o reforzándola por medio de un ataque que sirva para hacerla más eficaz, es una nueva demanda, el ejercicio de una nueva acción y constituye una segunda causa, que aunque deducida en el mismo juicio que la primera, tiene vida y autonomía propias, y pudo haber sido intentada en juicio separado...""

SCC 19-12-03

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  03-509, dec. Nº 805:

Cuantía de la tercería

Ahora bien, examinadas las actuaciones que conforman este expediente, la Sala constata que no se encuentra incorporado al mismo, el libelo de la demanda del juicio principal o copia certificada del mismo, ni documento público emanado de funcionario que le otorgue fe pública, en los cuales se pueda evidenciar el interés principal del juicio principal, conforme a las reglas previstas en los artículos 31 al 39 del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto a la cuantía en materia de tercería, la Sala en sentencia 86, de fecha 31 de marzo de 2000, expediente Nº 99-926, ratificada por decisiones Nos 113 del 8 de noviembre de 2001, expediente 01-466 y 286, del 12 de junio de 2003, expediente Nº 02-502, con ponencias del Magistrado que con tal carácter suscribe este fallo, expresó lo siguiente:

“...Según el artículo 372 del Código de Procedimiento Civil, la tercería se sustanciará en cuaderno separado, lo cual significa que dicha acción es accesoria de la principal, sustanciada en el cuaderno especial.

Esa demanda a sustanciarse en cuaderno separado, debe proponerse ante el juez de la primera instancia; es decir, el juez que conoce de la causa entre personas ajenas al tercerista.

Por su parte (sic) el artículo 373 (sic) ordena que si la causa se hallare antes de la sentencia, continuará ésta su curso hasta llegar a dicho estado y se esperará a que concluya el término de pruebas de la tercería (sic) en cuyo momento se acumulará para que un mismo pronunciamiento abrace a ambas.

Todo lo anterior, lleva a la convicción de que lo principal es la demanda y lo accesorio, que debe seguir la suerte de aquél, es la demanda de tercería...

...por lo cual se concluye que, aun y cuando se haya producido la estimación de la demanda de tercería en una suma mayor a la de la causa principal, tal estimación de ninguna manera puede alterar el interés principal de aquella en lo relativo a la jurisdicción y competencia y, por tal razón, el proceso debe mantenerse como de menor cuantía, desde luego que su valor principal no excede de Bs.5.000.000,oo.

...a partir de la publicación del presente fallo, la cuantía que se ha de tomar en consideración para la admisión del recurso de casación en todos los casos de intervención voluntaria de terceros, ha de ser la establecida en el juicio principal, de acuerdo con la doctrina expuesta en este fallo. Así se decide...”. (Lo resaltado es de la Sala ).

De la jurisprudencia antes transcrita se desprende claramente, que para la admisión del recurso de casación en los casos de intervención voluntaria de terceros, se toma en consideración la estimación del valor de la demanda en el juicio principal y no la estimación de la cuantía consignada en la tercería.

En este sentido cabe destacar que el recurrente en casación tiene la carga de aportar los elementos necesarios para la determinación de los presupuestos de admisión del recurso de casación, siendo su obligación la de incorporar al expediente, copia certificada del escrito de la demanda.

Por otra parte, en sentencia Nº 379 de fecha 15 de noviembre de 2000, caso Ismael José Fermín Ramírez contra la sociedad mercantil Embotelladora Pedregal, C.A. y otra, expediente Nº 99-1033, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, en la cual se estableció que para los casos cuyo recurso se admitan en fecha posterior a ésta, tendrán valor demostrativo, a los efectos de verificar la cuantía del interés principal del juicio como requisito para la admisión del recurso de casación, aquellos documentos que autorizados con las debidas solemnidades, sean emanados de un juez u otro funcionario o empleado público con facultad para otorgar fe pública en el ejercicio de sus funciones.

Pues bien, conforme a la jurisprudencia citada y comentada, observa la Sala que, como ya se indicó en las actuaciones que conforman el presente expediente no consta de modo cierto y definitivo el interés principal del juicio, por dos razones: La primera, porque la formalizante no cumplió con la carga de consignar el escrito de la demanda del juicio principal del cual se desprenda el interés principal del presente juicio y, la segunda, porque no obstante, el sentido y alcance de la doctrina atemperada de la revisión de las actas del expediente realizado por esta Sala no se evidencia documentos autorizados con las debidas formalidades por el juez, funcionario o empleado público con facultad de otorgarle fe pública, que demuestren cuál es el interés principal.

En consecuencia, en el presente caso no es posible determinar el interés principal del juicio, lo cual imposibilita evidenciar si el recurso de casación cumple con el requisito de la cuantía exigido por el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Decreto Presidencial 1.029, de fecha 22 de abril del 1996; lo cual conlleva la inadmisibilidad del recurso de casación anunciado, tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.

SCC 27-4-01

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 00-192, dec. Nº 110:

Demanda en dólares no estimada en bolívares

El caso de autos se trata de una demanda de cumplimiento de contrato de transmisión de derechos de dólares preferenciales, cuyo monto no fue estimado en bolívares en el libelo, lo que evidencia la falta del requisito de la expresión de su equivalente en moneda de curso legal, a los efectos de la determinación de la cuantía requerida para acceder a la revisión en casación de la sentencia de alzada.

En tal sentido, es de mencionar que desde el 22 de abril de 1996, es aplicable la nueva cuantía establecida por el Decreto Nº 1029 de fecha 22 de enero de 1996, de más de cinco millones de bolívares (Bs.5.000.000,00) para los recursos de casación interpuestos en juicios civiles, mercantiles y laudos arbitrales, lo cual determina no sólo la cantidad o el monto mínimo del interés principal del juicio, sino también su necesaria expresión en moneda nacional.

Por otro lado, del presente litigio conoció anteriormente este Supremo Tribunal, cuya decisión cursa en autos, estableciendo la inadmisibilidad por la cuantía del recurso de casación anunciado. En efecto, en sentencia de fecha 3 de junio de 1998, (folios 197 a 206), la Sala, resolvió el punto de la indeterminación del interés principal del juicio en moneda nacional, estableciendo lo siguiente:

"…Corresponde en definitiva a este Alto Tribunal pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso propuesto ante el Juzgado Superior que dictó sentencia,…Dentro de los presupuestos de admisibilidad del recurso de casación se encuentra el técnicamente denominado summa gravaminis, esto es, la existencia de una cuantía mínima legalmente establecida respecto a un proceso judicial de índole patrimonial como presupuesto esencial condicionante de la procedibilidad -que no procedencia- del susomencionado recurso extraordinario.

En el caso sub-iudice-, consta del libelo de la demanda, que el actor reclama el cumplimiento de una obligación pecuniaria expresada en moneda extranjera -dólares americanos-.

En efecto, el petitutum de la pretensión deducida en el acto procesal introductivo de la primera instancia, textualmente reza…(sic)…Al examinar la Sala la transcripción anterior constata que el actor, en flagrante incumplimiento de lo expresamente normado en el artículo 95 de la Ley de Banco Central de Venezuela, omitió estimar dicho petitorio en moneda de curso legal- Bolívares- según su equivalente al valor del cambio de la moneda extranjera para la fecha de la introducción de la demanda.

Por otro lado, se observa que en el escrito de contestación de la demanda, tampoco se estimó el valor de la pretensión en moneda de curso legal (vide. Folio 41 al 42 vto. de la pieza Nº 2 del expediente)

Todo lo anteriormente expuesto, nítidamente evidencia que respecto al proceso judicial en que se profirió la recurrida en casación, no existe legalmente fijado un valor, a los fines de la determinación de la cuantía de los respectivos órganos jurisdiccionales.

Atenida a lo anterior, la Sala debe desestimar, por inadmisible el recurso de casación –sub-iudce- esto es, se reitera, por inexistencia legal de la cuantía mínima exigible para su válida interposición...”.

La Sala observa, que en vista de que el Tribunal de Alzada ha admitido el presente recurso de casación en contradicción al pronunciamiento sobre su inadmisibilidad, establecida anteriormente por esta misma Sala de Casación Civil, en el mismo proceso, con fundamento en que el libelo de demanda adolece de la referida equivalencia en moneda nacional, por consiguiente, se halla entonces en la imposibilidad de resolver un mismo asunto dos veces, en desconocimiento del principio que rige la cosa juzgada, expresado en el aforismo “non bis in idem”, como sería en este caso, la ya declarada indeterminación de la cuantía para acceder al recurso de casación.

En este orden de ideas, no es posible resolver los argumentos formulados por el recurrente sobre la posibilidad de que este Supremo Tribunal asuma la responsabilidad de realizar cálculos de conversión cambiaria, con fundamento en que el valor del dólar es un hecho notorio, conocido por todos y aplicable a través de una máxima de experiencia, y en consideración del principio de la realización de la justicia, contemplado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En efecto, este Tribunal es de Derecho el cual constata quebrantamientos de formas esenciales de juicio o sentencias que infringen la ley, siempre y cuando se reúnan los requisitos legales para acceder a tal revisión, no siendo posible suplir las omisiones del libelo y de la contestación de la demanda, en consideración a valoraciones subjetivas de justicia.

De esta manera, excede a la competencia de esta Sala, entrar a interpretar las actas del expediente, para valorar el hecho de la falta de cumplimiento de lo dispuesto por el Legislador sobre la determinación de la cuantía.

El artículo 95 Ley del Banco Central de Venezuela, dispone:

“Todos los memoriales, escritos, asientos o documentos que se presenten a los Tribunales y otras oficinas públicas relativos a operaciones de intercambio internacional en que se expresen valores en moneda extranjera, deberán contener al mismo tiempo su equivalencia en bolívares.”

Se evidencia de autos, la falta del recurrente de determinar la mencionada equivalencia de la suma intimada en la oportunidad de la contestación de la demanda, para lo cual no resulta suficiente impugnar dicho monto, sino señalar cuál cantidad fija el interés principal del juicio, y determina la cuantía del mismo. En los escritos de formalización y réplica se pretende suplir tal actividad, a través de una vía distinta y sobrevenida de parte del órgano jurisdiccional, respecto a lo cual la Sala se ha pronunciado expresamente, tal como lo señaló en decisión de fecha 6-8-98, en Exp. 97-089, en l a cual expresó:

“…Por lo demás, esta Corte carece de facultades para estimar el valor actual de la moneda norteamericana, debiendo atenerse a lo establecido en el libelo de demanda…”.

En base a las precedentes consideraciones, el presente recurso de casación debe ser declarado inadmisible.

SCC 31-7-01

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  99-511, dec. Nº 216:

Cuantía en los juicios de tránsito

De acuerdo con ese Decreto que entró en vigencia, como se señaló anteriormente, el 22 de abril de 1996, para la admisibilidad de los recursos de casación en los juicios civiles y mercantiles, así como los interpuestos contra las sentencias de los tribunales superiores que conozcan en apelación de los laudos arbitrales, es requerido que el interés hecho valer en la pretensión exceda de los cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo). Estableciéndose asimismo, que el recurso de casación solo podía ser propuesto en los juicios laborales cuya cuantía superará los tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,oo), límite éste que, posteriormente, por interpretación extensiva de la Sala fue aplicado a los procedimientos de tránsito y especiales contenciosos agrarios.

Ahora bien, penetrada la Sala de serias dudas en torno a la juridicidad del criterio anteriormente transcrito, donde se fija como cuantía para los procesos de tránsito una cantidad que supere los tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,oo), tal como acontece con los procedimientos especiales contenciosos laborales, considera pertinente en esta oportunidad actualizar dicho criterio y elevar dicha cuantía para los juicios regidos por la Ley de Tránsito Terrestre, estableciendo su admisión en casación sólo cuando el interés principal del procedimiento de tránsito exceda de los cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo).

Para ello, basta considerar que con anterioridad a la promulgación de la vigente Ley de Tránsito Terrestre, las previsiones de la normativa especial en lo relativo al recurso de casación, hacían remisión expresa a la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, como también ocurre con la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento Agrarios. Por efecto de esta remisión, fue que la Sala de Casación Civil unificó los lapsos procesales para la interposición del recurso de casación en estas materias especiales, fijando también la cuantía para que éstos tuvieran acceso a la casación, todo ello sustentado en el argumento que entre dos manifestaciones de voluntad del legislador, dictada para los mismos trámites formales, debía prevalecer la dictada en último lugar.

Sin embargo, el examen de las vigentes disposiciones de la Ley de Tránsito Terrestre, permite determinar que en este cuerpo normativo, en lo atinente al recurso de casación no hay remisión expresa a la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, sino directamente al Código de Procedimiento Civil, pues los artículos 86 y 87 de la referida ley, textualmente señalan:

“Artículo 86. Contra esta decisión puede interponerse Recurso de Casación de conformidad con lo establecido en el artículo 312 del Código de procedimiento Civil”.

“Artículo 87. En todo lo no previsto en este procedimiento especial se aplicarán, en cuanto sean compatibles con la índole del mismo las disposiciones del Código de Procedimiento Civil”.

Tomando en consideración esta circunstancia, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento de su misión de interpretar correctamente la ley, modifica la cuantía para los juicios de tránsito hasta una cantidad que supere los cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo), mas aún, cuando dicha materia afecta directamente derechos e intereses privados.

Se abandonan expresamente las jurisprudencias que hasta ahora habían prevalecido, en el sentido de fijar la cuantía para los juicios de tránsito en la suma de tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,oo). En lo sucesivo, se reitera, la Sala tomará en consideración, para la admisión del recurso de casación en materia de tránsito, que el interés principal del juicio exceda de los cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo), no así respecto al caso de autos, el cual será decidido conforme al criterio derogado en este proyecto.

SENTENCIA 8-3-01.

PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR ALFONSO VALBUENA CORDERO. OMAR CASTILLO VITTA contra HOTELERÍA Y TURISMO VIDA NUEVA C.A. (PORT MAR SUITES). Exp. Nº 01-083, sentencia Nº 05:

Así pues, esta Sala de Casación Social ESTABLECE, que la cuantía de lo litigado, como requisito indispensable a los fines de verificar la admisibilidad del recurso de casación, puede constar tanto en el libelo de demanda ya sea en original o copia certificada, como también de aquellos documentos públicos que cursan en las actas procesales, incluso de la misma sentencia recurrida; todo ello, con fundamento en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual señala en su parte in fine, que en ningún caso se debe sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales, precepto que complementa el artículo 26 de la misma Constitución al establecer que el Estado debe garantizar una justicia expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. (Subrayado de la Sala). Se MODIFICA así la doctrina que imperaba en este Alto Tribunal en relación a la verificación de la cuantía. Así se decide.

SCC-TSJ Sentencia 2-11-2000.

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VELÉZ (FREDDY MEZERHANE GOSEN vs. SEGUROS LA FEDERACIÓN C.A. Exp. 99-743

“A pesar de la determinación tomada en el caso en particular, esta Sala, habiendo sido penetrada en serias dudas sobre la extrema formalidad de la doctrina vigente, aplicada en el sub iudice, considera que su inflexibilidad, choca con la naturaleza intrínseca del principio de exhaustividad de la sentencia, que impone al juzgador el deber de pronunciarse sobre todas las alegaciones y peticiones de las partes, realizando el análisis íntegro sobre las actas del proceso, contraviniendo igualmente el alcance del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, de cuyo texto se desprende, por interpretación contraria, que los elementos de convicción para que el juez pueda conformar su decisión, únicamente puede extraerlos de los autos; del mismo modo, el criterio restringido que inveteradamente hasta ahora se ha sostenido con relación a que, es el libelo de la demanda el único instrumento esencial para determinar el requisito de la cuantía indispensable para la admisión del recurso de casación, atenta contra el efecto probatorio de aquellos documentos en los cuales la fe pública del funcionario que los suscribe o los avala con su actuación inherente al cargo que desempeña, se vea anulada, sin fundamentación legal alguna que pueda amparar tal situación, impidiéndole al juez plasmar la verdad como el norte de sus actos, la cual procurará conocer en los límites de su oficio.

Considerando, entre otras, las observaciones precedentes, esta Sala de Casación Civil a los efectos de atemperar la inflexibilidad del criterio in comento y sin restarle la importancia que tiene el escrito de la demanda para establecer la cuantía exigida en la admisión del recurso de casación, abandona expresamente el criterio sustentado en la indicada decisión de fecha 7 de marzo de 1985, ratificada en sentencias del 25 de marzo de 1992 y 8 de febrero de 1995 y asi sucesivamente en todos los autos y fallos que hasta la presente fecha se han publicado y ESTABLECE, que para los recursos que se admitan a partir de la fecha de publicación de este fallo, tendrán valor demostrativo a los efectos de verificar la cuantía de la demanda, como requisito para la admisión del recurso casacionista, todos aquellos documentos autorizados con las solemnidades del caso por un juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultada para dar fe pública en el ejercicio de sus funciones pueda haber dejado claramente determinado dicha cuantía, que en abundamiento podrán ser corroborado con los indicios procesales existentes en las actas, siendo que éstos por si sólos, no servirán como elementos determinantes para establecer la cuantía de la demanda. “

1.3.  Cuestiones previas

1.4. Estado y capacidad

1.5. Interlocutoria

SCC 8-8-06

Ponencia del Magistrado Isbelia Josefina Pérez Velásquez. Exp.  05-722, dec. 639:

Admite por razones de orden público

Hecha esta consideración, la Sala observa que en el caso concreto, el juez de alzada revocó la orden de paralización del proceso prevista en el artículo 56 de la Ley de Protección del Deudor Hipotecario de Vivienda, con el fundamento de que “…el requisito para recalcular, reestructurar y emitir el certificado de crédito exigible es que el crédito hipotecario de vivienda esté afectado por modalidades financieras que incapacitan al deudor a pagar y pueda conllevar la pérdida de su vivienda principal…”, con lo cual dictó un pronunciamiento respecto de la interpretación y aplicación de la norma que da lugar a la aplicación de la norma en referencia, vinculante para cualquier juez de instancia, de menor e igual jerarquía, que sea requerido para el conocimiento del juicio, lo cual determina la importancia y necesidad de permitir el acceso inmediato del recurso de casación, por los efectos radiales producidos en el proceso, y la presencia del orden público y el interés general o colectivo involucrados en la situación analizada.

Por esa razón, la Sala considera que en este caso es admisible el recurso de casación, lo cual determina, la declaratoria de procedencia del recurso de hecho. Así se establece.

SCC 12-8-03

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 02-127, dec. Nº 414:

No se puede revisar interlocutoria si no se anuncia contra la definitiva

SCC 24-3-03

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  02-971, dec. Nº 41:

Interlocutoria, ratifica criterio

En el sub iudice, la sentencia recurrida declaró sin lugar la apelación ejercida por la parte demandada, ratificando el auto dictado por el tribunal de la causa mediante el cual acordó que la fase del procedimiento que seguía era la probatoria, en vista de que el demandado había opuesto en la contestación de la demanda defensas de fondo.

De acuerdo con la naturaleza de la decisión, anteriormente referida, la Sala considera que la misma en modo alguno pone fin al juicio, por el contrario, ordena su continuación, pues permite que el proceso pase a la fase siguiente, en este caso, la  probatoria.

Ahora bien, con relación a la admisibilidad del recurso de casación contra las decisiones interlocutorias que no ponen fin al juicio, sino que simplemente producen un gravamen que podría o no ser reparado en la definitiva, esta Sala mediante sentencia 83, de fecha 13 de abril de 2000, (caso: Oscar Mora c/ Fondo de Previsión Social de los Ingenieros, Arquitectos y Profesionales Afines del Colegio de Ingenieros de Venezuela), señaló lo siguiente:

“...Las impugnaciones contra las sentencias interlocutorias que causen un gravamen no reparado en el fallo de última instancia, deben hacerse sólo en la oportunidad procesal en que se ejerce el recurso de casación, y éste se da cuando se anuncie dicho recurso contra la sentencia de última instancia que no subsanó el agravio...”

Asimismo, la Sala observa que la sentencia dictada por el juzgado superior, anteriormente referido, que resuelve sobre el recurso ordinario de apelación interpuesto contra el auto dictado por el tribunal de la causa que declaró que la fase siguiente era la probatoria, en virtud de que el demandado en su contestación opuso defensas de fondo propias de la contestación de la demanda, no constituye una decisión recurrible de inmediato en sede de casación, pues la misma no puede considerarse definitiva porque su dispositivo no pone fin al mérito o fondo del litigio, ni es de aquellas interlocutorias que aunque su dispositivo no se refiera al mérito de la controversia le ponga fin al juicio o impida su continuación, como es el caso de las interlocutorias con fuerza de definitivas, ni tampoco es una sentencia definitiva formal de reposición.

Por tanto, al no poner fin al juicio la recurrida, ni afectar en modo alguno el desarrollo del proceso, dicha decisión no tiene acceso a sede de casación de inmediato sino en forma diferida, ya que de acuerdo con el principio de concentración procesal y de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo aparte del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, en la sola y única oportunidad de la decisión del recurso de casación contra la sentencia definitiva, deberán ser decididas las impugnaciones contra esta última y contra las interlocutorias, en virtud de que si la definitiva repara el gravamen causado por aquéllas, habrá desaparecido el interés procesal para recurrir.

SCC 22-5-01

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp.   01-047, dec. Nº 126:

Condiciones de recurribilidad en casación de las decisiones interlocutorias que causan gravamen irreparable. RATIFICA DOCTRINA

En relación con la admisibilidad del recurso de casación contra las sentencias que no ponen fin al juicio, sino, que simplemente, pueden producir un eventual gravamen que podrá o no ser reparado por la sentencia de última instancia, existe en la Sala jurisprudencia pacífica y consolidada, en el sentido de que el recurso de casación que se interponga contra ellas no es admisible de inmediato, sino que debe ser comprendido en el anuncio contra la decisión definitiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil....Omissis...Además, el procesalista Borjas afirma que son indispensables tres condiciones para que las interlocutorias que producen gravamen irreparable puedan ser accionables en casación: 1.) Que versen sobre un punto que haya influido en la sentencia definitiva; 2.) Que hayan causado un daño no reparable en dicho fallo, porque de otro modo hubieran sido inapelables; y 3.) Que se hallen en algunos de los casos que dan lugar al recurso por infracción de trámites esenciales del procedimiento. No obstante, este último requisito debe entenderse en el sentido de que el juez que dictó la interlocutoria haya cometido errores de actividad o de juicio al decidir sobre cuestiones procedimentales o de forma, de carácter esencial.En fundamento de todo lo anterior, la Sala declara inadmisible el recurso de casación anunciado contra la decisión de fecha 06 de octubre de 1999. Así se decide.

SCC 16-11-01

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  00-132, dec. Nº 363:

La decisión que niega la solicitud de aclaratoria no tiene casación

Al respecto, debe señalarse que la referida decisión que niega la solicitud de aclaratoria, no está comprendida dentro del elenco de sentencias que establece el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, no se trata de una sentencia definitiva ni una interlocutoria que ponga fin al juicio, impida su continuación o tenga fuerza de definitiva, ni tampoco se trata de un auto en ejecución de sentencia que resuelva algún asunto. Por último, no puede decirse que se trata de una de las interlocutorias a que hace referencia la parte in fine del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, pues el Legislador al expresar que al ejercerse el recurso de casación contra la sentencia definitiva, quedan comprendidas aquellas interlocutorias que hayan causado un gravamen no reparado por la decisión de mérito, se refiere a interlocutorias anteriores y no posteriores a la definitiva. Es imposible que una decisión de mérito pueda reparar el gravamen de una interlocutoria que aún no se ha dictado. Por otra parte, al exigirse como condición para el ejercicio del recurso de casación, el agotamiento de los recursos ordinarios, debe entenderse para aquellas decisiones anteriores a la definitiva, pues una vez pronunciada la sentencia de mérito, debe aplicarse el contenido del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que no puede pensarse en una modificación del fallo por el mismo Tribunal que lo emitió.

 

SENTENCIA 16-2-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR CARLOS OBERTO VÉLEZ. MOURAD KALOUSTIAN y otra contra CRUZ MARCANO DE MATOS. Exp. Nº 99-688, sentencia Nº 17:

En materia de interdictos prohibitivos, específicamente de obra nueva, la doctrina de este Tribunal Supremo de Justicia de fecha 11 de marzo de 1999, expediente Nº 97-215, sentencia Nº 107, estableció:

“... En el auto de la Corte del 19 de marzo de 1997, se dejó claramente definido, que en el procedimiento especial interdictal de obra nueva, están presentes dos fases, a saber: la sumaria, en la que el juez sólo se pronunciará sobre la continuación de la obra emprendida, y la otra, que es el juicio ordinario, que es potestativo para el querellante sí se permite la continuación de la obra, pero que es necesario para el querellado si se resuelve la suspensión de ésta. Entiende esta Sala que, en este último supuesto, la sentencia que dicte el Juez tiene la naturaleza de una decisión interlocutoria que ordena continuar el procedimiento por los trámites del juicio ordinario, como lo pauta el artículo 716 del Código de Procedimiento Civil.

(...)

No obstante, al criterio imperante, bajo el cual se ha decidido esta causa, la Sala, considera oportuno, luego de un profundo y detenido estudio, sobre los presupuestos de la figura jurídica de la posesión, reflexionar acerca del efecto definitivo, que se genera en situaciones como la resuelta, esto es, cuando se prohiba la continuación de la obra nueva o se acepte la fianza dada por la querellada, en cuyo caso emerge el procedimiento por la vía ordinaria, y siendo así la doctrina imperante ha entendido, que como quiera que ello, no pone fin al juicio, no existe el presupuesto para admitir el recurso extraordinario de casación, como se recogió en este fallo; tal situación ha penetrado de serias dudas a esta Magistratura, en consideración a que, si bien es cierto que no existe un pronunciamiento definitivo en materia del procedimiento interdictal por cuanto ello devendrá de la implementación del procedimiento ordinario, no es menos cierto que una decisión como la comentada, se traduce en un establecimiento definitivo sobre el carácter implícito de la posesión arrogada, en cuyo caso conserva la naturaleza fundamental de las acciones posesorias, como un medio de adquirir derechos y obligaciones, la cual es materia de protección legal por vía del juicio especial posesorio. En este sentido la Sala, estima en esta oportunidad establecer criterio en el sentido que, estas decisiones sobre la materia especial interdictal, pueden ser revisadas en casación, en razón a que las mismas se subsumen dentro del presupuesto establecido en el ordinal 2° del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, que expresa

“El recurso de casación puede proponerse:

(...Omissis..)

2°) Contra las sentencias de última instancia que pongan fin a los juicios especiales contenciosos...”

Por lo que se concluye, que previo establecimiento de la cuantía necesaria, las decisiones con las particularidades del caso estudiado, tienen casación, rigiendo esta doctrina a partir de la fecha de su publicación y para todos aquellos casos, cuyo recurso sea anunciado con posterioridad a dicha fecha. Asi se establece.

Sentencia 14-8-98. Ponente Dr. Aníbal Rueda. INVERSIONES PINEDA LEÓN, C.A. contra NEGOCIOS MÚLTIPLES, C.A (NEMUCA) y otras. Exp. 98-305.

La casación en la decisión que declara con lugar la demanda por partición y liquidación de comunidad.

Voto salvado del Dr. Alirio Abreu Burelli.

La decisión contra la cual se anunció recurso de casación, de­clara con lugar la demanda que por partición y liquidación de co­munidad intentara la sociedad mercantil Inversiones Pineda León, C.A., ordenándose continuar con la segunda fase del juicio de par­tición, es decir, el nombramiento del partidor, siendo que este pro­nunciamiento constituye un fallo interlocutorio que no pone fin al juicio.

Con respecto a la admisibilidad del recurso de casación, con­tra las decisiones interlocutorias que no ponen fin al juicio, sino que simplemente producen un gravamen que podrá o no ser repa­rado en la definitiva, existe ya en la Sala jurisprudencia pacífica y consolidada, en el sentido de que el recurso de casación que se proponga contra ellas no es admisible de inmediato, sino com­prendido en el anuncio contra la definitiva, de acuerdo con lo pre­visto en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil.  En de­cisión dictada el 28 de mayo de 1987, reiterada entre otras, en sen­tencia de fecha 24 de abril de 1998, en un caso similar, la Sala ex­presó lo siguiente:

"Según el parágrafo único del ordinal 4º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil vigente, al proponerse el recurso de casación contra la sentencia que puso fin al juicio, quedan comprendidas en él las interlocutorias que hubieren producido un gravamen no reparado en ella, siempre que contra dichas decisiones se hubieren agotado oportunamente todos los recursos ordinarios.  Conforme a la exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil, el nuevo sistema elimina el anuncio a-latere de las interlocu­torias que producen gravamen irreparable y se incluye el recurso contra dichas sentencias, por vía refleja, en el anuncio del recurso de casación contra la sentencia definitiva". (Cursivas de la Sala)

En el Código de Procedimiento Civil vigente, el legislador reite­ra y reafirma el principio de la concentración procesal —ya esta­blecido en el Código derogado— puesto que, conforme al penúltimo aparte del artículo 312 ejusdem, al proponerse recurso contra la sentencia que pone fin al juicio, quedan comprendidas en él las interlocutorias que hubieren producido un gravamen no reparado in dicha sentencia, siempre que contra dichas decisiones se hubies­en agotado oportunamente todos los recursos ordinarios.  Por tant­o, ha quedado establecido que en la sola y única oportunidad de la decisión del recurso de casación contra la sentencia definitiva, deben ser decididas las impugnaciones contra esta última y contra las interlocutorias, dado que si la definitiva repara el gravamen causado por aquéllas, habrá desaparecido el interés procesal para recurrir.

VOTO SALVADO

El Magistrado que suscribe, Dr. Alirio Abreu Burelli, lamenta

no poder compartir la decisión tomada por la mayoría de la Sala y pasa a exponer los fundamentos jurídicos de su posición, en los siguientes términos:

Establece el artículo 778 de] Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

"En el acto de la contestación, si no hubiere oposición a la partición, ni discusión sobre el carácter o cuota de los interesados y la demanda estuviere apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, el Juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor en el décimo día siguiente. El partidor será nombrado por mayoría absoluta de personas y de haberes. Caso de no obtenerse esa mayoría, el Juez convocará nuevamente a los interesados para uno de los cinco días siguientes y en esta ocasión el partidor será nombrado por los asistentes al acto, cualquiera que sea el número de ellos y de haberes, y si ninguno compareciere, el Juez hará el nombramiento."

El efecto de la falta de oposición en el procedimiento de partición es la no apertura de la fase de conocimiento del proceso, por lo cual se procede de inmediato a la ejecución, en este caso con el nombramiento del partidor.

Si, por el contrario se realiza oposición a la partición, se abre el juicio ordinario:

"Artículo 780.— La contradicción relativa al dominio común respecto de alguno o algunos de los bienes se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario en cuaderno separado, sin impedir la división de los demás bienes cuyo dominio no sea contradicho y a este último efecto se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor.

Si hubiere discusión sobre el carácter o cuota de los interesados, se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario y resuelto el juicio que embarace la partición se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor."

Se aprecia la existencia de dos fases claramente definidas en el juicio de partición: una primera fase, de conocimiento, que termina con la sentencia que ordena la partición, o con la orden de parti­ción en caso de que no se formule oposición; y una segunda fase, de ejecución, que se inicia con el nombramiento del partidor y fin­aliza con la aprobación de las adjudicaciones; con una particularidad: de ser parcial la oposición se divide la causa, y se abre cuad­erno separado, para que los recursos que se ejerzan en el juicio ordinario de partición no estorben la partición de lo no objetado.

La decisión que ordena la partición pone fin al proceso de co­nocimiento, o sea al "juicio", y así se aprecia claramente del trans­crito articulo 780 del Código de Procedimiento Civil, cuando dice: "...resuelto el juicio que embarace la partición"; por tanto, está comprendida en el artículo 312 del mismo Código, con la salvedad de la modificación en cuanto a la cuantía:

"El recurso de casación puede proponerse:

2º Contra las sentencias de última instancia que pongan fin a los juicios especiales contenciosos cuyo interés principal exceda de doscientos cincuenta mil bolívares, y contra las de última instancia que se dicten en los procedimientos es­peciales contenciosos sobre el estado y la capacidad de las personas".

En consecuencia, se debió admitir recurso inmediato contra la decisión que en el presente caso declaró con lugar la demanda de partición, y no postergarlo, como lo hace la mayoría sentenciadora, para la oportunidad de una sentencia posterior, que resuelva los eventuales reparos al informe del partidor, decisión esta última que, a mi juicio, sería un auto dictado en ejecución de sentencia.

Lugar y fecha ut supra.

SCC 15-11-00

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  99-883, dec. Nº 368:

Inadmisibilidad de la reconvención no tiene casación. RATIFICA DOCTRINA

interpreta la Sala que la reconvención es en el ordenamiento procesal vigente, según el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, al igual que el Código derogado, una defensa que debe el demandado oponer en la contestación de la demanda con la característica de ser reputada. uno de los casos de conexión específica, esto es reputada así por la propia Ley, al contrario de la genérica del artículo 52 del Código Procesal actual, ni otro juicio acumulado y, por ende, la sentencia que la declara inadmisible, es una interlocutoria que, en vez de terminar el juicio, el único que existe, más bien ordena su continuación, y la definitiva puede repararle el gravamen causado por la inadmisión de la reconvención en el proceso donde fue propuesta. Entonces, la sentencia que declare inadmisible la reconvención no pone fin al juicio y el gravamen puede ser reparado en la forma explicada, o no serlo en la decisión definitiva, y en el juicio donde primeramente se intentó, no tiene casación de inmediato, sino conforme al régimen de las interlocutorias en la parte in fine del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se abandona expresamente la doctrina contenida.

Sentencia 12-8-98. Ponente Dr. Héctor Grisanti Luciani. JOSÉ CRISTÓBAL MENDOZA TACORONTE y otra contra DALNY ANTONIO ESCOBAR RAGO. Exp. Nº 96-748.

El recurso de casación en materia de reconvención.

En cuanto a la admisibilidad del recurso de casación en materia ­de reconvención, la Sala determinó en su fallo de fecha 6 de abril de 1994, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Trejo Padilla, lo siguiente:

"...De esta manera, interpreta la Sala que la reconvención es en el ordenamiento procesal vigente, según el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, al igual que el Código derogado, una defensa que debe el demandado oponer en la contestación de la demandas con la característica de ser reputada. uno de los casos de conexión específica, esto es reputada así por la propia Ley, al contrario de la genérica del artículo 52 del Código Procesal actual, ni otro juicio acumulado y, por ende, la sentencia que la declara inadmisible, es una interlocutoria que, en vez de terminar el juicio, el único que existe, más bien ordena su continuación, y la definitiva puede repararle el gravamen causado por la inadmisión de la reconvención en el proceso donde fue propuesta" .

"Entonces, la sentencia que declare inadmisible la reconvención no pone fin al juicio y el gravamen puede ser reparado en la forma explicada, o no serlo en la decisión definitiva, y en el juicio donde primera­mente se intentó, no tiene casación de inmediato, sino con­forme al régimen de las interlocutorias en la parte in finedel artículo 312 del Código de Procedin-dento Civil, por lo que se abandona expresamente la doctrina contenida...".

AUTO SCC 25-6-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR CARLOS OBERTO VÉLEZ. LUIS MANUEL SILVA CASADO contra AGROPECUARIA LA MONTAÑUELA, C.A. Exp. Nº 2001-000144, sentencia Nº 64:

Del criterio ut supra transcrito y por mandato expreso del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, se evidencia que en materia de medidas preventivas el juez es soberano y tiene amplias facultades para -aún cuando estén llenos los extremos legales- negar el decreto de la medida preventiva solicitada, pues no tiene la obligación ni el deber de acordarla, por el contrario, está autorizado a obrar según su prudente arbitrio; siendo ello así, resultaría contradictorio, que si bien por una parte el Legislador confiere al Juez la potestad de actuar con amplias facultades, por otra parte, se le considere que incumplió su deber por negar, soberanamente, la medida.

En aplicación del criterio citado al sub iudice, observa la Sala que sólo para el caso en que el Juez niegue el decreto de la medida preventiva solicitada, para lo cual actúa con absoluta discrecionalidad, resulta inoficioso declarar con lugar el recurso de hecho, ya que se estaría acordando la admisibilidad del recurso de casación que es improcedente in limine litis; todo lo cual estaría en contradicción con el espíritu del constituyente, que en el artículo 26 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, propugna una justicia sin dilaciones indebidas.

En este sentido, la Sala atempera la doctrina citada, y considera inadmisible el recurso de casación cuando éste se interponga contra la decisión que niegue una solicitud de medida preventiva. En cuanto a las otras decisiones recaídas en materia de medidas preventivas, cuando sea acordándolas, suspendiéndolas, modificándolas o revocándolas se mantiene el criterio de admisibilidad inmediata, por ser asimilables a una sentencia definitiva en cuanto a la materia autónoma que se debate en la incidencia.

SCS 16-1-02

Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz. Exp. Nº  01-755, sentencia Nº 08:

Medidas preventivas en divorcio

En este sentido, la Sala considera necesario mencionar el criterio de la Sala Constitucional de este Alto Tribunal que a partir del 15 de marzo de 2000, quedó asentado con respecto a la procedencia de las medidas preventivas en materia de divorcio, que señala:

“Las medidas preventivas innominadas del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, con las exigencias que dicha norma trae, conforman un tipo de esta clase de medidas, pero ellas no son las únicas, ni exclusivas, que existen en el derecho venezolano. El artículo 171 del Código Civil, para enervar el peligro que un cónyuge se exceda en la administración o arriesgue con imprudencia los bienes comunes que está administrando, permite al juez dictar las providencias que estime conducentes a evitar aquel peligro, con lo que se le otorga total arbitrio en cuanto a los caracteres de la medida; y para decretarla, la ley no pide requisito específico alguno como los del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, salvo que el sentenciador tome la decisión con conocimiento de causa (lo cual no es un instituto exclusivo de los procesos no contenciosos); es decir, que sin necesidad de plena prueba y con la sola presencia de la parte que pide, si esta justifica la necesidad de la medida, el juez la ordena, pudiendo incluso para tomarla mandar a ampliar la justificación. Lo importante en estos casos es que al juez se le faculta para investigar la verdad y que no dicte resolución alguna sino después de hallarse en perfecto conocimiento de causa.

(...)

También el artículo 174 del Código Civil en los procesos de separación judicial de bienes, permite al juez dictar las providencias que estimare convenientes para la seguridad de los bienes comunes mientras dure el juicio (Pierre Tapia, Oscar R.; Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, Editorial Pierre Tapia, Caracas 2000, pp. 482 y 484)”.

(...)

Así pues, el Doctrinario Ricardo Henríquez La Roche, en su libro “Medidas Cautelares según el Código de Procedimiento Civil”, páginas 206 y 207, establece:

“b) Respecto a la medida asegurativa del art. 191 CC, existe disposición expresa en el Código de Procedimiento Civil -el art. 761, que sustituye el art. 551 del CPC derogado de igual tenor-, en el sentido de que es admisible la apelación contra el decreto de la medida. De ello se colige que no procede la oposición del art. 602 CPC, como lo confirma jurisprudencia de la Corte.

No obstante, la jurisprudencia del Alto Tribunal ha tenido una doctrina variante respecto a la apelabilidad de tal medida preventiva de los juicios de divorcio y separación de cuerpos y bienes y de la medida preventiva mercantil prevista en el art. 1.099 C.Co. Primeramente, en fallos del 24 de marzo de 1981 y 20 de marzo de 1985, citados en sentencia que los ratifica del 17 de julio de 1985, sostiene que dicha medida no está sujeta a normas cautelares del Código de Procedimiento Civil y que, como la ley faculta al juez para dictarlas según su prudente arbitrio, al usar la inflexión verbal “puede”, entendida según el art. 13 CPC (hoy art. 23), resulta de su soberana apreciación decretar o no el aseguramiento, no siendo por tanto, en razón de esa discrecionalidad, revisable por la alzada ni recurrible en casación”.

En virtud de lo precedentemente indicado y vista la doctrina expuesta, debe declararse inadmisible el recurso de casación anunciado, pues, lo fue contra una decisión que negó una solicitud de embargo en un juicio de divorcio, lo que es una facultad del Juez, todo lo cual motiva la declaratoria sin lugar del recurso de hecho interpuesto, tal como se hará mediante pronunciamiento expreso, positivo y preciso, en la dispositiva de la presente decisión. Así se decide.

1.6. Interlocutoria en casación múltiple

1.7. Inhibición y Recusación

1.8. Laudos Arbitrales

1.9. Medidas Preventivas o ejecutivas

SCC 21-6-05

Ponencia del Magistrado Isbelia Josefina Pérez Velásquez. Exp. 04-805, dec. 407:

Cambio de criterio: Si están llenos los extremos, el Juez debe decretar la medida

No obstante, la Sala presenta serias dudas respecto del criterio sostenido hasta ahora en el sentido de que cumplidos los extremos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, el juez sigue siendo soberano para negar la medida, con pretexto en la interpretación literal del término “podrá”, empleado en el referido artículo, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 iusdem.

Ello encuentra justificación en que las normas referidas a un mismo supuesto de hecho no deben ser interpretadas de forma aislada, sino en su conjunto, para lograr la determinación armónica y clara de la intención del legislador.

En ese sentido, la Sala observa que los artículos 585, 588 y 601 del Código de Procedimiento Civil disponen:

“...Artículo 585. Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.

Artículo 588. En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:

1° El embargo de bienes muebles;

2° El secuestro de bienes determinados;

3° La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.

Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.

Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.

Parágrafo Segundo: Cuando se decrete alguna de las providencias cautelares previstas en el Parágrafo Primero de este artículo, la parte contra quien obre la providencia podrá oponerse a ella, y la oposición se sustanciará y resolverá conforme a lo previsto en los artículos 602, 603 y 604 de este Código.

Parágrafo Tercero: El Tribunal podrá, atendiendo a las circunstancias, suspender la providencia cautelar que hubiere decretado, si la parte contra quien obre diere caución de las establecidas en el artículo 590. Si se objetare la eficacia o suficiencia de la garantía, se aplicará lo dispuesto en el único aparte del artículo 589.

Artículo 601. Cuando el Tribunal encontrare deficiente la prueba producida para solicitar las medidas preventivas, mandará a ampliarla sobre el punto de la insuficiencia, determinándolo. Si por el contrario hallase bastante la prueba, decretará la medida solicitada y procederá a su ejecución. En ambos casos, dicho decreto deberá dictarse en el mismo día en que se haga la solicitud, y no tendrá apelación...”.

El criterio actual de la Sala se basa en la interpretación literal del término “podrá”, empleado en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, cuyo contenido y alcance es determinado de conformidad con el artículo 23 eiusdem, a pesar de que esa norma remite de forma directa al artículo 585 del mismo Código, el cual establece los presupuestos necesarios para el decreto de la medida, cuya norma emplea el término “decretará” en modo imperativo. Esta norma es clara al señalar que cumplidos esos extremos el juez decretará la medida, con lo cual le es impartida una orden, que no debe desacatar.

En concordancia con ello, el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil, es más claro aún, pues establece que de ser insuficiente la prueba consignada para acreditar los extremos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, el juez mandará a ampliarla sobre el punto de la insuficiencia, determinándolo. Asimismo, esa norma dispone que en caso contrario, esto es, si considera suficiente la prueba aportada para acreditar los extremos del referido artículo 585 del mismo Código, el juez “decretará” la medida y procederá a su ejecución.

Es evidente, pues, que cumplidos esos extremos, el juez debe decretar la medida, sin que en modo alguno pueda ser entendido que aún conserva la facultad para negarla, con la sola justificación literal de un término empleado de forma incorrecta en una norma, sin atender que las restantes normas referidas al mismo supuesto de hecho y que por lo tanto deben ser aplicadas en conjunto, y no de forma aislada, refieren la intención clara del legislador de impartir una orden y no prever una facultad.

Esta interpretación armónica de las normas que regulan la actividad del sentenciador en el decreto de la medida, es en todo acorde con los derechos constitucionales de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, que por estar involucrado el interés general, debe prevalecer, frente al interés particular del titular del derecho de propiedad.

En todo caso, la limitación de ese derecho particular, no es en modo alguno caprichosa, sino que está sujeto al cumplimiento de los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, sin los cuales las medidas no pueden ser decretadas.

 

Sobre este particular, es oportuno advertir que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 26 y 257, deja claramente evidenciada la voluntad del constituyente de preservar a toda costa la justicia.

En efecto, el mencionado artículo 26 desarrolla lo que la doctrina y la jurisprudencia ha denominado el derecho a la tutela judicial efectiva, que contempla, entre otras cosas, el derecho a acceder al órgano judicial para obtener un pronunciamiento oportuno y eficaz; por tanto, se erige como un derecho constitucional que nació para hacer frente a la injusticia, y que está íntimamente relacionado con la garantía de la seguridad jurídica que, esencialmente protege la dignidad humana y el respeto de los derechos personales y patrimoniales, individuales y colectivos.

De la misma manera, debe concebirse como un mecanismo capaz de garantizar el respeto al ordenamiento jurídico, y su acatamiento.

Respecto del derecho constitucional de la tutela judicial efectiva, la Sala Constitucional ha establecido:

“...La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26 consagra la Garantía Jurisdiccional, también llamada el derecho a la tutela judicial efectiva, que ha sido definido como aquél, atribuido a toda persona, de acceder a los órganos de administración de justicia para que sus pretensiones sean tramitadas mediante un proceso, que ofrezca unas mínimas garantías, todo lo cual sólo es posible cuando se cumplen en él los principios establecidos en la Constitución. Es, pues, la Garantía Jurisdiccional, el derecho de acceso a la justicia mediante un proceso dirigido por un órgano, también preestablecido para ello por el Estado, para conseguir una decisión dictada conforme el derecho mediante la utilización de las vías procesales prescritas para el fin específico perseguido, en el entendido que dicho derecho en manera alguna comprende que la decisión sea la solicitada por el actor o favorezca su pretensión, ni que en el curso del mismo se observen todos los trámites e incidencias que el actor considere favorables a él. El derecho a la tutela judicial efectiva comprende, asimismo, el derecho a la ejecutoriedad de la sentencia obtenida en derecho. Ahora bien, dicha garantía implica, para los administrados, la obligación de someter la tramitación de sus pretensiones a los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado mediante las vías y los medios procesales contemplados en las leyes adjetivas, así como también la de no obstruir, de manera alguna, la administración de justicia desarrollada por el Estado en cumplimiento de sus funciones, lo que conlleva la obligación de no realizar actos inútiles ni innecesarios a la defensa del derecho que se pretenda sea declarado, pues ello, además de contravenir los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, podría configurar el abuso de derecho generador de responsabilidad patrimonial u otras responsabilidades...”. (Sentencia Nº 576 de fecha 27-4-01, Exp. Nº 00-2794, caso: María Josefina Hernández M).

Asimismo, la Sala Constitucional ha dejado sentado que “…los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen el derecho de los ciudadanos gozar de una tutela judicial efectiva, la cual comprende, no sólo el acceso a la justicia, sino que toda sentencia sea oportunamente ejecutada en los términos en que fue proferida”. (Sentencia Nº 2615 de fecha 11-12-01, Exp. Nº 00-1752, caso: Freddy Ríos Acevedo).

Precisamente, por cuanto constituye un derecho constitucional que la sentencia pueda ser ejecutada en los términos que fue conferida, la tutela cautelar también es garantía del derecho a la tutela judicial efectiva.

En efecto, enseña el maestro Piero Calamandrei que las medidas cautelares están dirigidas a garantizar la eficacia de la función jurisdiccional; “...esa especie de befa la justicia que el deudor demandado en el procedimiento ordinario podría tranquilamente llevar a cabo aprovechando las largas dilaciones del procedimiento para poner a salvo sus bienes y reírse después de la condena prácticamente impotente para afectarlo, puede evitarse a través de la cautela cautelar...”. (Providencias Cautelares, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires- 1984, pág. 140).

De igual manera, expresa el autor Jesús Pérez González que “...las medidas cautelares no son meramente discrecionales de los jueces, sino que, una vez que se verifique el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento, el órgano jurisdiccional debe dictarlas, pues otorgar una medida cautelar sin que se cumplan los requisitos de procedencia violaría flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva de la contraparte de quien solicitó la medida y no cumplió sus requisitos; y al contrario, negarle tutela cautelar a quien cumple plenamente los requisitos implica una violación de su derecho a la tutela judicial efectiva, uno de cuyos atributos esenciales es el derecho a la efectiva ejecución del fallo, lo cual solo se consigue, en la mayoría de los casos, a través de la tutela cautelar...”. (Pérez González, Jesús. El derecho a la tutela jurisdiccional. Madrid, Civitas, segunda edición, 1989, pp. 227 y ss).

Asimismo, en relación con el poder cautelar del juez, la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal ha establecido:

“...puede afirmarse que el juez dictará la medida preventiva cuando exista presunción del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo, esto es, de que no sean plenamente ejecutables las resultas del juicio (periculum in mora), ya que, en función a la tutela judicial efectiva, las medidas cautelares en este ámbito no son meramente discrecionales de los jueces, sino que, una vez que se verifique el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento, el órgano jurisdiccional debe dictarlas.

En definitiva, el otorgamiento de una medida cautelar sin que se cumplan los requisitos de procedencia violaría flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva a la contraparte de quien solicitó la medida y no cumplió sus requisitos; y al contrario, la negación de la tutela cautelar a quien cumple plenamente los requisitos implica una violación a ese mismo derecho fundamental, uno de cuyos atributos esenciales es el derecho a la eficaz ejecución del fallo, lo cual sólo se consigue, en la mayoría de los casos, a través de la tutela cautelar...”. (Sent. 14/12/04, Caso: Eduardo Parilli Wilhem). (Negritas de la Sala).

Es evidente, pues, que no puede quedar a la discrecionalidad del juez la posibilidad de negar las medidas preventivas a pesar de estar llenos los extremos para su decreto, pues con ello pierde la finalidad la tutela cautelar, la cual persigue que la majestad de la justicia en su aspecto práctico no sea ineficaz, al existir la probabilidad potencial de peligro que el contenido del dispositivo del fallo pueda quedar disminuido en su ámbito patrimonial, o de que una de las partes pueda causar daño en los derechos de la otra, debido al retardo de los procesos jurisdiccionales, aunado a otras circunstancias provenientes de las partes.

Aunado a ello, debe ser advertido que los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil para el decreto de la medida, obedecen a la protección de dos derechos constitucionales en conflicto: el derecho de acceso a la justicia y el derecho de propiedad, previstos en los artículos 49 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen respectivamente:

“...Artículo 49.- El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia...

3.- Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quién no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete...

Artículo 115.- Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce y disfrute de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o interés social. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de una justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes...”.

El primer requisito exigido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil se refiere a la presunción de buen derecho, esto es, las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten.

Este extremo persigue justificar la posibilidad de limitar el derecho constitucional de propiedad del demandado, por causa de la obligación contraída por éste en cabeza del actor, quien debe crear en el juez la convicción de que es titular del derecho reclamado.

Ahora bien, respecto del periculum in mora es oportuno indicar que este requisito se refiere a la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que, si el derecho existiera, serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo.

Estos dos extremos constituyen el soporte para que el juez dirima el conflicto entre el derecho constitucional de propiedad del demandado y el derecho constitucional de acceso a la justicia del actor.

El criterio actual de la Sala sólo toma en consideración el primero, esto es, la limitación del derecho de propiedad, como una circunstancia que involucra y afecta el interés particular del afectado, sin tomar en consideración que en contraposición de ese derecho constitucional surge el acceso a la justicia como manifestación esencial de la tutela judicial efectiva, que supone la necesidad cierta de garantizar no sólo accionar frente a los tribunales, sino que comprende, la posibilidad de ejecución de la sentencia definitivamente firme en los términos en que ha sido pronunciada, esto es, del título ejecutivo que en definitiva declare la voluntad de la ley, que al adquirir la fuerza de cosa juzgada, será susceptible de ejecución.

Es comprensible la frustración de quien pone en movimiento a los órganos jurisdiccionales para obtener la tutela de sus derechos, y lograda la declaración respecto de la voluntad de la ley y una sentencia favorable a sus intereses, se encuentre con un título inejecutable por haberse hecho insolvente el condenado, quedando ilusoria la ejecución del fallo.

No es posible conceder el derecho a la acción, para luego poner de lado la necesidad de tomar las medidas necesarias que garanticen la posibilidad de ejecución del fallo, en caso de que éste resulte favorable a los intereses del actor.

La sola negativa de la medida, aun cuando están cumplidos los extremos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, frustra el acceso a la justicia, pues la parte se aventura a finalizar un proceso mediante una sentencia que quizás nunca logre ejecutar, por consecuencia de interpretaciones de normas de rango legal, a todas luces contrarias al derecho subjetivo constitucional de acceso a la justicia, y totalmente desarmonizado con las otras normas de rango legal que prevén el mismo supuesto de hecho.

En efecto, esta razón de orden social que afecta gravemente el interés general, que debe sobreponerse frente al interés particular de cualquier persona, está afectando gravemente a quienes acuden a los órganos jurisdiccionales para solicitar la protección de sus derechos, y ello sólo encuentra justificación en una interpretación literal, completamente divorciada de la realidad social a la que está dirigida, y en un todo aislada de las otras normas establecidas por el legislador para regular el mismo supuesto de hecho, las cuales han debido ser analizadas en conjunto para escudriñar la intención del legislador.

Por consiguiente, la Sala considera necesario modificar la doctrina sentada en fecha 30 de noviembre de 2000, (caso: Cedel Mercado de Capitales, C.A., c/ Microsoft Corporation), y en protección del derecho constitucional de la tutela judicial efectiva y con soporte en una interpretación armónica de las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, relacionadas con el poder cautelar del juez, deja sentado que reconociendo la potestad del juez en la apreciación de las pruebas y argumentos en las incidencias cautelares cuando considere que están debidamente cumplidos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, debe proceder al decreto de la medida en un todo conforme a lo pautado en el artículo 601 eiusdem. Así se establece

De igual manera, la Sala abandona el criterio sostenido en el fallo de fecha 25 de junio de 2001, (caso: Luis Manuel Silva Casado contra Agropecuaria La Montañuela, C.A., expediente Nº 01-144), en virtud del cual era inadmisible el recurso de casación contra las decisiones en las cuales se niega una medida cautelar solicitada.

SCC 27-2-03

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp.   02-761, dec. Nº 2:

No acuerda, suspende, modifica o revoca medida preventiva

Respecto al recurso de casación ejercido contra este tipo de decisiones, que no versan sobre casos en los cuales el juez acuerda, suspende, modifica o revoca la medida preventiva, la Sala ha venido declarando su inadmisibilidad así en sentencia de fecha 25 de junio de 2001, (caso Luis Manuel Silva Casado contra Agropecuaria La Montañuela C.A.), estableció lo siguiente:

“...Del criterio ut supra transcrito y por mandato expreso del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, se evidencia que en materia de medidas preventivas el juez es soberano y tiene amplias facultades para – aún cuando estén llenos los extremos legales – negar el decreto de la medida preventiva solicitada, pues no tiene la obligación ni el deber de acordarla, por el contrario, está autorizado a obrar según su prudente arbitrario; siendo ello así, resultaría contradictorio, que si bien por una parte el Legislador confiere la potestad de actuar con amplias facultades, por otra parte, se le considere que incumplió su deber por negar, soberanamente, la medida...”.

En aplicación del criterio citado al sub iudice, observa la Sala que sólo para el caso en que el Juez niegue el decreto de la medida preventiva solicitada, para lo cual actúa con absoluta discrecionalidad, resulta inoficioso declarar con lugar el recurso de hecho, ya que se estaría acordando la admisibilidad del recurso de casación que es improcedente in limine litis; todo lo cual estaría en contradicción con el espíritu del constituyente, que en el artículo 26 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela propugna una justicia sin dilaciones indebidas.

En este sentido, la Sala atempera la doctrina citada, y considera inadmisible el recurso de casación cuando éste se interponga contra la decisión que niegue una solicitud de medida preventiva. En cuanto a las otras decisiones recaídas en materia de medidas preventivas, cuando sea acordándolas, suspendiéndolas, modificándolas o revocándolas se mantiene el criterio de admisibilidad inmediata, por ser asimilables a una sentencia definitiva en cuanto a la materia autónoma que se debate en la incidencia...”.(Negrillas de la Sala).

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Sala estima que el recurso de casación no es admisible, lo que determina la declaratoria sin lugar del presente recurso de hecho. Así se decide.

SCC 24-3-03

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  02-987, dec. Nº 31:

Sentencia que declara con lugar oposición de terceros al embargo ejecutivo

En el presente caso, esta Sala observa que la decisión contra la cual se anunció y negó el recurso de casación, conociendo en apelación, declaró con lugar la oposición del tercero a la medida de embargo ejecutivo decretada en el juicio por reivindicación.

Con respecto a la admisibilidad del recurso de casación contra este tipo de decisiones, el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

“...Si al practicar el embargo, o después de practicado y hasta el día siguiente a la publicación del último cartel de remate, se presentare algún tercero alegando ser él el tenedor legitimo de la cosa, el Juez, aunque actúe por comisión, en el mismo acto, suspenderá el embargo si aquella se encontrare verdaderamente en su poder y presentare el opositor prueba fehaciente de la propiedad de la cosa por un acto jurídico válido. Pero si el ejecutante o el ejecutado se opusieren a su vez a la pretensión del tercero, con otra prueba fehaciente, el juez no suspenderá el embargo, y abrirá una articulación probatoria de ocho días sobre a quién debe ser atribuida la tenencia, decidiendo al noveno, sin conceder término de distancia.

El juez en su sentencia revocará el embargo si el tercero prueba su propiedad sobre la cosa. En caso contrario, confirmará el embargo pero si resultare probado que el opositor sólo es un poseedor precario a nombre del ejecutado o que sólo tiene un derecho exigible sobre la cosa embargada, se ratificará el embargo pero respetando el derecho del tercero. Si la cosa objeto del embargo produce frutos se declararán embargados éstos y su producto se destinará a la satisfacción de la ejecución. En este último caso la cosa podrá ser objeto de remate, pero aquel a quien se le adjudique estará obligado a respetar el derecho del tercero, y para la justificación del justiprecio de la cosa embargada se tomará en cuenta esta circunstancia. De la decisión  se oirá apelación en un solo efecto, y en los casos en que conforme al artículo 312 de este Código sea admisible, el recurso de casación...”. (Subrayado de la Sala).

En aplicación de esta norma, la Sala ha establecido, entre otras, en decisión de fecha 30 de marzo de 1996, ratificada en sentencia 48 de fecha 22 de marzo de 2002, expediente Nº 01-979, (caso: Antonio Bisogno Garone contra María Isabel Núñez), lo siguiente:

“...En efecto, si se trata de una medida de embargo que haya recaído sobre bienes de un tercero, éste, de acuerdo a la letra de los artículos 370, ordinal 2° y 377 y 546 del Código de Procedimiento Civil, debe oponerse mediante diligencia o escrito ante el Tribunal que haya decretado el embargo, o ante el que se haya comisionado para su práctica, aun antes de practicado y hasta el día siguiente a la publicación del último cartel de remate y el Tribunal, si se dan los supuestos del citado artículo 546, suspenderá el embargo.

...OMISSIS...

En caso de embargo, la vía es la oposición, por diligencia o escrito, aún ante el Juez comisionado, sin formalidad especial y pudiendo, inclusive, suspenderse el embargo de manera inmediata a la oposición o, de no ser así, se abrirá la articulación a que se refiere el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil y, por último, la decisión que allí se dicte es apelable en un solo efecto y, en los casos permitidos por el artículo 312 eiusdem será admisible el recurso de casación y si se agotaren todos los recursos la decisión producirá cosa juzgada pero, la parte perdidosa en la primera instancia puede elegir entre ejercer el recurso de apelación y, con posterioridad, de ser el caso, el de casación o proponer el juicio de tercería si hubiere lugar a él.

...OMISSIS...

Estas actuaciones deben realizarse siempre de la forma prevista, sin que se pueda variar, por expresa prohibición del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, desde luego que ni a las partes ni a los jueces les está dado subvertir las reglas de procedimiento y, en caso de hacerse, todo lo que se realice estará viciado de nulidad, no susceptible de convalidación, ni siquiera con el consentimiento expreso de las partes, por mandato expreso del artículo 212 eiusdem...”.

En consecuencia, la Sala reitera el precedente  criterio jurisprudencial y sobre esa base establece que el recurso de casación es admisible, de conformidad con lo previsto en el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto fue anunciado contra la sentencia que declaró con lugar la oposición del tercero contra la medida de embargo ejecutivo, y ordenó su suspensión, lo que determina la declaratoria con lugar del presente recurso de hecho. Así se decide.

SCC 27-2-03

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  02-928, dec. Nº 1:

Sentencias que deciden medidas cautelares

Facultad discrecional del Juez

En cuanto al recurso de casación ejercido contra este tipo de decisiones, la Sala ha establecido en reiterada jurisprudencia que sólo los fallos que acuerden, revoquen, modifiquen o suspendan medidas preventivas serán susceptibles de revisión en esta sede de casación, tal como ocurre en el caso bajo estudio, en el que se declaró extemporánea la oposición a la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada en el presente juicio y se ordenó la suspensión de dicha medida, poniendo fin a la incidencia, lo que impide que el gravamen causado pueda o no ser reparado en la sentencia definitiva del juicio principal.

En este sentido, la Sala en sentencia de fecha 25 de junio de 2001, (caso: Luis Manuel Silva Casado contra Agropecuaria La Montañuela C.A.), estableció lo siguiente:

“...Del criterio ut supra transcrito y por mandato expreso del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, se evidencia que en materia de medidas preventivas el juez es soberano y tiene amplias facultades para – aún cuando estén llenos los extremos legales – negar el decreto de la medida preventiva solicitada, pues no tiene la obligación ni el deber de acordarla, por el contrario, está autorizado a obrar según su prudente arbitrario; siendo ello así, resultaría contradictorio, que si bien por una parte el Legislador confiere la potestad de actuar con amplias facultades, por otra parte, se le considere que incumplió su deber por negar, soberanamente, la medida.

En aplicación del criterio citado al sub iudice, observa la Sala que sólo para el caso en que el Juez niegue el decreto de la medida preventiva solicitada, para lo cual actúa con absoluta discrecionalidad, resulta inoficioso declarar con lugar el recurso de hecho, ya que se estaría acordando la admisibilidad del recurso de casación que es improcedente in limine litis; todo lo cual estaría en contradicción con el espíritu del constituyente, que en el artículo 26 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela propugna una justicia sin dilaciones indebidas.

En este sentido, la Sala atempera la doctrina citada, y considera inadmisible el recurso de casación cuando éste se interponga contra la decisión que niegue una solicitud de medida preventiva. En cuanto a las otras decisiones recaídas en materia de medidas preventivas, cuando sea acordándolas, suspendiéndolas, modificándolas o revocándolas se mantiene el criterio de admisibilidad inmediata, por ser asimilables a una sentencia definitiva en cuanto a la materia autónoma que se debate en la incidencia...”. (Negrillas de la Sala).

Por lo anteriormente expuesto y las jurisprudencias precedentemente transcritas, el recurso de casación se admite, lo que determina la declaratoria con lugar del presente recurso de hecho. Así se decide.

Auto de fecha 16 de diciembre de 1996. Ponente Magistrado Dr. Alirio Abreu Burelli. (Municipio Autónomo Brión del Estado Miranda contra Flor Barreto de Arostegui y otro, en el expediente Nº 96-058, sentencia Nº 235):

“La Sala, en sentencia de fecha 2 de 1994, con ponencia del Dr. Héctor Grisanti reiteró dicho criterio y al respecto estableció:

“Las sentencias sobre medidas preventivas, son interlocutorias que tienen claramente fuerza de sentencias definitivas en cuanto al fundamento o punto que resuelven como lo evidencia la circunstancia de que las incidencias deben ser tramitadas en cuadernos separados con cierta autonomía, las decisiones que allí se dictan no influyen en la cuestión de fondo, y la definitiva no está en capacidad de reparar el gravamen causado en la incidencia.

Al respecto la Corte en reiterada doctrina ha sostenido el siguiente criterio: Considera la Sala que la doctrina que había desarrollado en cuanto a la admisibilidad de inmediato del recurso de casación contra las decisiones que acuerden, revoquen, suspendan, etc, medidas preventivas, no tienen que ser modificadas o abandonadas, puesto que las razones que la fundamentaron conservan plena validez, aun dentro del nuevo sistema".

Con fundamento en los motivos anteriormente indicados, se hace forzoso concluir que el Juez de alzada debió oír el recurso de casación anunciado por la representación judicial de la parte actora, pues tal decisión puso fin a la incidencia de medidas preventivas, por lo que la sentencia es una interlocutoria con fuerza de definitiva y, en consecuencia, es procedente el recurso de hecho propuesto.  Así se decide.”

1.10. Juicio de queja

SCC 19-6-07

Ponencia del Magistrado Luis Antonio Ortíz Hernández. Exp. 06-623, dec. 424:

Cambio de jurisprudencia: admisible recurso contra inadmisibilidad de la queja

El criterio que ha venido manejando la Sala de Casación Civil, en relación a la primera fase del procedimiento, con respecto a la recurribilidad en casación de las decisiones que declaren la responsabilidad o no de los jueces en materia civil, quedo establecido en sentencia de fecha 30 de noviembre de 1988, que señala lo siguiente:

 “…En sentencia del 7 de abril de 1965, asentó la Sala de Casación Civil lo siguiente:

‘El recurso de queja en nuestro ordenamiento procesal civil comprende dos fases netamente diferenciadas: una de carácter no contencioso, prevista en el artículo 716 del Código de Procedimiento Civil, en que los jueces superiores del funcionario judicial contra quien se ha entablado la queja, asociados a dos conjueces, o el primer vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia asociado a otros dos magistrados, según los casos, declararán en decreto razonado que debe dictarse dentro de cinco días de introducida la queja, si hay o no mérito bastante para someter a juicio a dicho funcionario. Si no encontraren mérito suficiente terminará todo procedimiento. Si lo encontraren, pasarán inmediatamente el expediente a los llamados por la ley a sustanciar y sentenciar la queja, abriéndose así la segunda fase de carácter contradictorio, pues en ella interviene el juez o funcionario judicial acusado, previa notificación que se le hace de la queja pasándosele compulsa del libelo y la documentación acompañada a fin de que rinda informe y haga uso, si quisiere, de la facultad de promover y evacuar pruebas, cuando el punto no es de mero derecho o las partes sólo han aducido instrumento. La fase contenciosa, regulada por los artículos 717 hasta 728 ejusdem, termina con sentencia inapelable en que, si hay lugar a la queja, se condena al acusado a resarcir al querellante los daños y perjuicios procedentes, más multa y costas; y si no hay lugar a la queja, se imponen las costas al promovente, adicionadas con multa si aquélla apareciere manifiestamente infundada.

En cuanto a la admisibilidad del recurso extraordinario de casación en el procedimiento especial de queja, dispone el artículo 728 del código citado que “en el juicio de queja no queda excluido el recurso de casación, si hubiere lugar a él, cuando no hubiere intervenido la Corte Federal y de Casación (hoy Corte Suprema de Justicia).”

Ahora bien, la previsión del citado artículo 728 no puede extenderse al decreto que declare si hay o no mérito bastante para someter a juicio al funcionario, pues esa etapa no es propiamente un juicio por no haber comenzado aún la contención entre las partes, sino una especie de antejuicio o actuación previa en que el tribunal ad hoc determina la admisibilidad o no del recurso de queja, con vista del mérito de los elementos examinados. Sabido es que la promoción del recurso de casación presupone la existencia de un juicio, como lo exige la norma general contenida en el artículo 418 del Código de Procedimiento Civil, reproducida por el 728 ejusdem en cuanto a la sentencia dictada en el juicio de queja.

Por otra parte, es clara la intención del legislador y el texto en que la expresó, cuando estatuye que todo procedimiento debe determinar con la decisión de no existir mérito bastante para someter a juicio al acusado, lo cual excluye la posibilidad de recurrir en casación, contra el decreto que declare la inexistencia de mérito suficiente para enjuiciar al querellado.

En el presente caso se ha recurrido en casación contra el decreto que declaró no haber mérito para someter a juicio al juez contra quien obrara la queja, decisión que, según lo expuesto, no es impugnable con dicho recurso ante la negativa expresa de la ley fundada en la razón de que el decreto recae en la fase contenciosa del procedimiento y carece ésta consiguientemente del carácter de juicio propiamente dicho.

No ha debido por tanto el tribunal de origen admitir el recurso de casación en el caso concreto.´

La precedente doctrina sostenida en ese fallo fue reiterada en numerosos fallos durante la vigencia del Código de Procedimiento Civil de 1916. Y por cuanto el Juicio de Queja no sufrió modificaciones sustanciales en el vigente Código de Procedimiento Civil, la Sala se pronunció recientemente (Juicio de Queja seguido por Bina Kronenberg de Konofra y otra contra el Juez Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 9 de junio de 1988) ratificando su anterior doctrina.

Se permite la Sala, precisar, además, que la queja comprende dos fases. La primera se inicia con el libelo y termina con un decreto motivado, en el cual el Tribunal (colegiado) expresará si hay o no mérito suficiente para someter a juicio al funcionario respectivo. La segunda fase sólo tiene lugar si en el decreto antes señalado se ordena someter a juicio al funcionario.

En el caso de especie se formuló la queja contra el Juez doctor ALVARO ALGARRA CADENAS. Constituido el Tribunal de la Alzada con asociados, como lo pauta la Ley, éste declaró terminado dicho procedimiento. Contra esta sentencia se anunció recurso de casación el cual no fue admitido.

Si bien es cierto que la sentencia de queja es recurrible en casación, conforme lo dispone el artículo 849 del Código de Procedimiento Civil, resulta obvio que tal recurso es sólo posible en relación con el fallo dictado en la segunda fase de la queja (artículo 845 del Código de Procedimiento Civil vigente, concordante con el artículo 723 del Código de 1916), y no respecto al decreto que surge de la fase previa (artículo 838 del Código de Procedimiento Civil vigente, equivalente al artículo 716 del Código de 1916), el cual es precisamente el recurrido.

Lo asentado anteriormente obedece a las siguientes razones:

A) La fase previa de la queja tiene carácter no contencioso como lo ha afirmado la doctrina de casación; y sabido es que los actos de esta naturaleza no son susceptibles de recurso alguno;

B) Para que pueda ejercer el recurso de casación es imprescindible la pre-existencia de un juicio, como se advierte claramente en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, y,

C) Por cuanto el artículo 838 ejusdem, en su última parte establece, refiriéndose al decreto de la fase previa de la queja, que si se decide que no ha lugar a la queja, “terminará todo procedimiento”, y sólo en caso contrario continuará dicho procedimiento conforme a lo establecido en las siguientes disposiciones.

En el caso en especie, la decisión recurrida corresponde a la fase previa, al ante-juicio de mérito previsto en el artículo 837 del Código de Procedimiento Civil, y parcialmente, en el artículo 838 ejusdem. Por ello, se ajustó a la Ley el Juez Superior que procedió a negar dicho recurso, pues se repite, el fallo en cuestión no es recurrible.

El presente recurso, por tanto, fue negado correctamente por el Juzgado Superior Primero Accidental del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, con Asociados, decisión que al efecto se confirma. Así se declara

Ahora bien, la Sala estima necesario revisar su criterio con relación a la admisibilidad del recurso de casación en contra de las decisiones dictadas en la primera fase del recurso de queja, atendiendo a los nuevos postulados constitucionales que garantizan un eficaz ejercicio del derecho a la defensa, debido proceso, e igualdad de las partes en juicio, para lo cual, acoge la posición que al respecto adoptó la Sala Plena en sentencia 15, de fecha 12 de julio de 2006, expediente 2002-000077, caso: Omar Enrique García Valentiner contra César Ernesto Domínguez Agostini, en la que se consideró que al ser el recurso de queja una pretensión similar a una demanda, la inadmisibilidad de la misma ab initio es susceptible de ser impugnada a través de los medios correspondientes, pues si bien es cierto que cuando se admita la acción de queja, esta decisión no tiene recurso de inmediato, la declaratoria de inadmisibilidad de dicha pretensión constituye una decisión interlocutoria que pone fin al procedimiento.

De esta forma, la Sala abandona el criterio plasmado en la referida sentencia de fecha 30 de noviembre de 1988, y por tanto se establece que, aquellas decisiones dictadas en la primera fase del recurso de queja que declaren la inadmisibilidad del trámite por no existir méritos suficientes para la continuación del procedimiento, son recurribles ante esta sede casacional, siempre que en dicho procedimiento no haya intervenido el Tribunal Supremo de Justicia.

El anterior criterio tiene efectos ex nunc; en consecuencia, deberá ser aplicado en aquellos recursos anunciados a partir del día siguiente de la publicación del presente fallo.

1.11. Regulación de Competencia

SCC 28-2-03

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  02-760, dec. Nº 18:

En regulación de competencia no hay casación inmediata ni diferida

En este mismo orden de ideas, la Sala se pronunció, entre otras, en sentencia 83 de fecha 25 de septiembre de 2002, (caso: Exclusividades Parque Aragua, C.A. contra Aurora Hernández González), expediente 02-038, la cual expreso lo siguiente:

“...En el caso de autos, la recurrida resolvió sobre una solicitud de regulación de competencia.

Esta Sala en sentencia de fecha 10 de noviembre de 1993, en un caso análogo dispuso lo siguiente:

“Conforme a todo lo expuesto, queda claramente establecido que la sentencia del tribunal de la última instancia constituye la decisión de un tribunal superior que resuelve, por vía interlocutoria, la regulación de competencia solicitada por una de las partes en el proceso.

Ahora bien, la jurisprudencia emanada, sin solución de continuidad, de esta Sala Civil, “tiene establecido que la Ley no concede recurso de casación ni inmediato, ni diferido contra las decisiones del superior que resuelvan por vía interlocutoria las regulaciones de competencia solicitadas por la parte interesada debido a que las innovaciones introducidas por el legislador en esa materia conducen a la interpretación indicada”.

En el presente caso, por tratarse la recurrida de una regulación de competencia, la cual no es susceptible de dicho recurso extraordinario, el recurso de casación anunciado resulta inadmisible y, en consecuencia, improcedente el presente recurso de hecho...”. (Negrillas de la Sala).

En virtud de los razonamientos y la jurisprudencia antes expresados, esta Sala concluye que la sentencia recurrida, por tratarse de una decisión sobre regulación de competencia, no tiene acceso a casación, como con acierto lo resolvió el ad quem,  lo que determina la improcedencia del presente recurso de hecho, tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Así se decide.

Auto de fecha 18 de febrero de 1997. Ponente Magistrado Dr. Alirio Abreu Burelli, (Marcos José Ramírez Guevara contra Fospuca, C.A. y otra, en el expediente Nº 95-102, sentencia Nº 13):

“Observa la Sala que el tribunal de alzada negó el recurso de casación, en virtud de que se trata de una decisión interlocutoria sobre regulación competencia.

Ahora bien, esta Sala ha establecido que ley no concede recurso de casación, ni inmediato ni diferido contra las decisiones del Superior que resuelvan por vía incidental la solicitud de regulación de competencia, interpretación ésta que se permite hacer este Alto Tribunal, con base en las innovaciones introducidas por el legislador en esa materia.

En auto de esta Sala de Casación Civil de fecha 27 de julio de 1987, se sentó la siguiente doctrina:

"En el vigente Código de Procedimiento Civil, concretamente, en su artículo 312, se menciona, a los efectos del anuncio del recurso, a las interlocutorias que causen un gravamen no reparado por la definitiva, y nada dice de las interlocutorias de declinatoria por incompetencia, surgiendo la duda de si éstas están comprendidas en aquéllas, o si se tuvo en mientes, no darles recurso.

La declinatoria del tribunal puede ser suscitada bajo la vigencia del actual Código de Procedimiento Civil, únicamente por la vía de regulación de competencia, no así el derogado Código que permitía además la vía de la excepción dilatoria.  De acuerdo con el mecanismo procesal ahora establecido, la impugnación al fallo que decida la cuestión previa de incompetencia sólo es posible por la vía de regulación de competencia.

En la exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil se enfatizar que en nuestro sistema, las excepciones dilatorias del incompetencia son fuentes de constantes dilaciones en el proceso por la incidencia que provocan y los recursos que pueden hacerse valer contra las decisiones que las resuelven.  Son las excepciones más socorridas en la práctica, y se acude a ellas maliciosamente, para impedir la entrada al fondo de la causa, lográndose así una demora que en muchos casos excede de varios años, mientras se agotan los recursos y se entra finalmente al mérito de la causa.

Se señala además, que mediante las reglas de regulación de competencia se introduce un nuevo sistema sencillo y rápido, que viene a sustituir al procedimiento de la excepción de incompetencia y al del conflicto de competencia entre jueces, con gran provecho para la celeridad del proceso y la pronta entrada en el mérito de la causa.

Con tales fundamentos, la Sala estima que la intención del legislador fue la excluir del recurso de casación a las decisiones dictadas en materia de regulación de competencia".

Por lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que la sentencia recurrida, por tratarse de una decisión sobre regulación de competencia, no tiene casación, como con acierto lo resolvió el Juez de la recurrida, y en consecuencia, el recurso de hecho se declara improcedente, y así se decide.

Auto de la Sala de Casación Civil del 10 de diciembre de 1996, con ponencia del Magistrado Dr. Alirio Abreu Burelli, en el juicio de Agropecuaria Johmar, C.A. contra Inés Alicia Clavijo y otra, en el expediente Nº 96-087, sentencia Nº 227):

“En el caso de autos, la sentencia contra la cual se anunció recurso de casación, es una interlocutoria que resuelve una regulación de competencia y que, por tanto, no pone fin al juicio ni impide su continuación.

Ahora bien, esta decisión proferida por el Juez Superior es sólo atributivo de competencia, por lo que no encuadra dentro de ninguno de los supuestos de procedencia del recurso de casación enunciados en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil ni en la jurisprudencia pacífica y reiterada de esta Sala, en los cuales se establece que las sentencias recurribles en casación son aquéllas que por sus efectos y naturaleza ponen fin a la controversia o que a pesar de no poner fin a la misma, causan un daño irreparable por la definitiva para cualquiera de las partes.

Por los motivos anteriormente indicados, esta Sala considera que contra la decisión recurrida no es admisible el recurso de casación y, en consecuencia, es sin lugar el recurso de hecho intentado, y así se declara.

1.12. Sentencia de Alzada que decide recurso de hecho

SCC 24-3-03

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  01-570, dec. Nº 32:

Negativa del recurso de hecho contra inadmisión de la apelación en invalidación

En fecha 19 de junio de 2000, la accionante presentó ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, demanda de invalidación contra la homologación del convenimiento celebrado en el juicio por cumplimiento de contrato, que instauró Felícita Ercilia Gil Gil contra Mario Agustín Morantes.

El 27 del mismo mes y año, el mencionado juzgado negó la admisión de la demanda de invalidación propuesta.

Apelada dicha negativa de admisión por parte de la accionante, en fecha 27 de julio de 2000, el tribunal de la causa negó el recurso procesal de apelación interpuesto con fundamento en que lo procedente era el anuncio del recurso de casación.

El 7 de agosto de 2000, la demandante interpuso recurso de hecho contra la negativa de oír el de apelación, el cual fue decidido en fecha 14 del mismo año, con base en lo siguiente:

“...A juicio de quien decide, la interpretación dada por los peticionantes en el presente recurso al contenido y alcance de los artículos 331 y 337 del Código de Procedimiento Civil, es errada, ambas normas regulan y contienen el principio de la única instancia, permitiendo a la parte perdidosa ejercer el extraordinario recurso de casación cuando la materia lo permita. En el caso sub iudice, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Aragua negó por auto expreso la admisión de la demanda de invalidación, contra este auto que es una sentencia interlocutoria con carácter definitivo era procedente, cabía el recurso de casación de conformidad con lo establecido en el ordinal segundo del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil (sic) al poner fin a la demanda incoada y no el recurso de apelación ordinario estatuido en el artículo 288 del Código de Procedimiento Civil.

...OMISSIS...

declara su incompetencia para pronunciarse en relación al Recurso de Hecho interpuesto por la ciudadana Elba Margarita Tovar Hernández, cuyo conocimiento esta atribuido exclusivamente al Supremo Tribunal de Justicia en su Sala de Casación Civil...”.

En atención a los supuestos observados, este Alto Tribunal estima que no ha lugar a pronunciamiento alguno, más allá de las consideraciones o el análisis pertinente que pueda surgir respecto al asunto planteado, por cuanto los interesados no interpusieron los recursos correspondientes, pues el ad quem pretende que la Sala conozca de oficio del recurso de hecho contra la negativa de oír el recurso procesal de apelación que le fue planteado por la accionante, por cuanto él se declaró incompetente para hacerlo. En criterio de esta Sala, esa declaratoria de incompetencia es improcedente, en virtud de que en la motiva de dicho fallo se evidencia, que el ad quem se pronunció ajustado a derecho respecto a que contra la decisión que negó la admisión de la demanda de invalidación, de conformidad con los artículos 331 y 337 del Código de Procedimiento Civil, lo procedente era el anuncio del recurso de casación per saltum y no el de apelación.

En este sentido, esta Sala mediante decisión de fecha 16 de febrero de 2001, bajo ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, (caso: Banco Capital contra Refinería Azucarera Tacarigua C.A.,) expediente . 00-288, sentencia Nº 19, estableció lo siguiente:

“...En el procedimiento ordinario y en algunos especiales se da el caso de que la ley permite que un proceso pueda ser conocido por mas de un juez en diferentes instancias y otros procedimientos, se tramitan en “única instancia”, y también tienen recurso de casación como el caso del recurso de invalidación que la ley lo contempla (art. 337 del Código de Procedimiento Civil)

Las instancias son las distintas etapas de tramitación de un juicio. Así se dice, la causa está en primera o en segunda instancia.

Para que un proceso pase de la primera instancia a la segunda instancia, es necesario ejercer el recurso ordinario de apelación, salvo en aquellos casos en que la ley dispone la obligatoria consulta con el superior.- En cambio, cuando la ley dispone que determinado proceso, será conocido y decidido en “UNICA INSTANCIA”, está ordenando que además de ser la última, pues no hay otra ese proceso nace y fenece alli, no teniendo en consecuencia, ningún recurso ordinario y menos el recurso extraordinario de casación, salvo el caso ya mencionado del recurso de invalidación, y el de queja que se tramitan en única instancia y la ley concede el recurso extraordinario de casación...”(Subrayado del texto).

De acuerdo con las anteriores consideraciones, se concluye que el auto que negó la admisión de la demanda de invalidación quedó firme por cuanto no se evidencia que la accionante haya ejercido el correspondiente recurso de casación, único medio procesal idóneo que permite en principio la revisión del presente asunto, según las técnicas casacionistas vigentes, establecidas por este Máximo Tribunal.  Así se decide.

SCC 24-3-03

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  03-117, dec. Nº 39:

Sentencia que decide recurso de hecho

La admisibilidad del recurso extraordinario contra las sentencias que decidan recursos de hecho, tal como lo ha dejado asentado la Sala, sólo es admisible el recurso de casación contra el auto del superior que niega en forma absoluta dicho medio impugnativo; pero, no cuando el juez de la causa ordene que la apelación sea oída en el sólo efecto devolutivo. Ello, porque el efecto del recurso de hecho es provocar que la materia debatida sea solucionada mediante el recurso ordinario de apelación, sin necesidad de llegar al extraordinario de casación.

En el sub-judice, la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de hecho interpuesto, produce el efecto de firmeza del auto emanado del tribunal a-quo que ordenó oír la apelación en el solo efecto devolutivo. En consecuencia, la materia debatida será revisada por el órgano superior jurisdiccional con competencia funcional jerárquica y vertical, mediante el recurso ordinario de apelación y es sólo después de agotado éste cuando es factible  ejercer el recurso de casación, de conformidad con  el principio general que informa nuestra legislación procesal, según el cual no se puede hacer uso de recursos extraordinarios sin antes haber ejercido y agotado los ordinarios.

Auto de fecha 22 de mayo de 1996. Ponente Magistrado Dr. Rafael J. Alfonzo Guzmán. (Urbanización Los Caobos C.A. y otras contra Luis Alfredo Díaz y otra, en el expediente Nº 94-205):

“En sentencia de fecha 1' de abril de 1992, caso Ciro Orlando Araque contra Ana Francisca Villamizar y otro, la Sala sostuvo lo que sigue:

"En principio, de acuerdo a jurisprudencia de la Sala las decisiones de alzada que declaran sin lugar un recurso de hecho, podrán ser recurridas en casación, pero para la admisibilidad inmediata del recurso para este tipo de fallos, en el sistema vigente del Código de Procedimiento Civil, no bastaría constatar que se negó el recurso de hecho, sino que es necesario que la negativa del recurso de hecho ponga fin al juicio...

En efecto, si la sentencia contra la cual se apeló y cuyo recurso se negó, negativa ésta que motivó el recurso de hecho, de alguna forma pone fin al juicio, al menos para el recurrente, la negativa del recurso de hecho haría definitivamente firme esa decisión, poniendo fin al juicio".

1.13 Sentencia definitiva no recurrible

SCC 16-2-01

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  00-288, dec. Nº 19:

Decisiones dictadas en única instancia.

cuando la ley dispone que determinado proceso, será conocido y decidido en "UNICA INSTANCIA", está ordenando que además de ser la última, pues no hay otra ese proceso nace y fenece alli, no teniendo en consecuencia, ningún recurso ordinario y menos el recurso extraordinario de casación, salvo el caso ya mencionado del recurso de invalidación, y el de queja que se tramitan en única instancia y la ley concede el recurso extraordinario de casación.

SCC 23-2-01

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp.   00-263, dec. Nº 35:

El recurso de casación no procede en materia administrativa.

El recurso de casación civil es ajeno a toda esta discusión de carácter administrativo. Independientemente de que la expropiación se haya originado por el procedimiento adecuado del decreto, o haya ocurrido por una vía de hecho, la presencia de la Administración como parte interviniente en los acuerdos, los intereses del Estado involucrados en la utilidad pública del inmueble y en las erogaciones de dinero para cubrir la indemnización, y en el caso concreto, el arreglo amigable sobre el valor justo del bien y el convenimiento del propietario de entregarlo una vez recibido el pago, generan todo un procedimiento cuyas decisiones escapan del control del recurso de casación civil. La aplicación del derecho en esas sentencias es de carácter administrativo y un control civil sobre éllas, a través de este recurso extraordinario, es a todas luces inoperante.

1.14 No existe sentencia válida

Auto 98-051. Ponencia del Magistrado Doctor ALIRIO ABREU BURELLI. ANA LUISA GANDICA SILVA,  contra KAWASAKI STEEL CORPORATION- Exp. 98-051:

"Por cuanto el recurso de casación a que se contraen estas  actuaciones, ha sido ejercido y admitido contra la decisión de fecha 20 de octubre de 1997, dictada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en el procedimiento de cobro de honorarios profesionales seguido por ANA LUISA GANDICA SILVA,  contra KAWASAKI STEEL CORPORATION, conociendo el mismo en apelación de la decisión dictada a su vez por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area  Metropolitana de Caracas, en fecha 16 de diciembre de 1996, en la cual se acordó la “indexación” de las sumas determinadas por el tribunal retasador en su sentencia de retasa de fecha 10 de diciembre de 1996.

Y por cuanto cursa en los autos en copia certificada, sentencia de fecha 4 de febrero de 1998, dictada por la Sala, actuando como Tribunal  Constitucional, en la solicitud de amparo introducida por los apoderados de KAWASAKI STEEL CORPORATION, contra la arriba citada decisión del Juzgado Superior Quinto, de 20 de octubre de 1997, recurrida aquí en casación, en cuya sentencia, la Sala, a fin de restablecer la situación jurídica infringida en el caso, decretó la anulación de todas las actuaciones habidas en dicho procedimiento con posterioridad a la mencionada sentencia emitida por el tribunal de retasa en fecha 10 de diciembre de 1996; esta Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE  el recurso interpuesto, en virtud de no existir una sentencia recurrible válida, por haber sido anulada en sede constitucional, la sentencia contra la cual se ejerció el presente  recurso de casación. Así se declara."

1.15. Jurisdicción voluntaria

SCC 20-12-05

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp.  05-724, dec. 854:

Procedimiento del artículo 291 del Código de Comercio

En el caso bajo estudio, por decisión de fecha 15 de diciembre de 2004, el tribunal de primer grado de jurisdicción, declaró terminado el procedimiento por presuntas irregularidades administrativas de la empresa Merkpark, C.A., por no existir indicios sobre la veracidad de las denuncias formuladas por el consocio Humberto José Azzalín Ghini, quedando terminado así el referido procedimiento.

Contra la referida decisión de primera instancia, la representación judicial del consocio Humberto José Azzalín Ghini, interpuso recurso procesal de apelación, el cual fue oído, indebidamente, en ambos efectos, contrariando el a quo, la disposición contenida en el precitado artículo 291 del Código de Comercio, dicha norma, en su parte in fine, señala expresamente que contra este tipo de providencias, en las que el órgano jurisdiccional declare que no existen indicios sobre la veracidad de las denuncias propuestas, la apelación deberá ser oída al solo efecto devolutivo, dando origen a la decisión hoy recurrida en casación.

En el presente caso, la decisión objeto del recurso de hecho propuesto, fue dictada en un procedimiento tramitado con fundamento en el artículo 291 del Código de Comercio, el cual es referido a la jurisdicción voluntaria, en dichos procedimientos, el órgano jurisdiccional se limita, en primer lugar, a ordenar, si fuere el caso, una inspección en los libros de la compañía, y si después de efectuada ésta se encontraren indicios de las irregulares denuncias, se limitará a ordenar la convocatoria ordinaria de la Asamblea de Accionistas de la Compañía, para que sea ésta la que resuelva en definitiva, de acuerdo con sus propios intereses; y, en segundo lugar, si no resulta ningún indicio de la verdad de las denuncias, declarar terminado el procedimiento.

Sobre el particular, en sentencia 760, dictada en el juicio de Graciela Paoli Alvarado de Chirinos y otras contra Fraguados y Estructuras, C.A., en fecha 1° de octubre de 1998, ratificada en la sentencia 542, de fecha 21 de agosto de 2003, expediente 02-565, caso: sociedad mercantil Corporación 1942, C.A. y la ciudadana Asundina Gagliardi Duarte, contra la sociedad mercantil Magare, C.A., la Sala expuso lo siguiente:

“...En este sentido el artículo 291 del Código de Comercio establece que este recurso procede tan solo ‘...cuando se abriguen fundadas sospechas de graves irregularidades en el cumplimiento de sus deberes por parte de los administradores y de los comisarios...’.

Aquí, la intervención de la autoridad judicial se limita a ordenar una inspección en los libros de la compañía, y si después de efectuada ésta se encontraren indicios de las irregulares denuncias, se limitará a ordenar la convocatoria ordinaria de la Asamblea de Accionistas de la Compañía, para que sea ésta la que resuelve en definitiva, de acuerdo con sus propios intereses. Caso contrario, si no resulta ningún indicio de la verdad de las denuncias, terminará el procedimiento.

(...Omissis...)

Partiendo de la naturaleza y características reconocidas por la doctrina a la jurisdicción voluntaria y a los fines de resolver el asunto planteado ante esta Sala, cabe traer a colación la doctrina sentada por este Alto Tribunal, en sentencia del 10 de agosto de 1989, que de nuevo se reitera, en los siguientes términos:

A las actuaciones que forman el presente asunto, el Juez de la causa les aplicó las disposiciones pertinentes que corresponden a la jurisdicción voluntaria previstas en la parte segunda, del Título I, del Libro IV del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, se regula en dicho Título un procedimiento simple y sencillo compuesto esencialmente de tres fases: admisión de la solicitud, reconocimiento del asunto, personas que deben ser oídas y resolución que corresponda sobre la solicitud. Esta estructura procedimental revela el carácter esencialmente sumario de la jurisdicción voluntaria, en el cual corresponde al Juez instruir en forma casi unilateral el expediente del caso, sin abrir un auténtico debate judicial entre las partes, a pesar de que admite dicho procedimiento la apertura de una articulación probatoria...

De esta manera el legislador acata la directriz impartida por la doctrina, según la cual la jurisdicción voluntaria debe ser breve y sumaria. En efecto se trata de un procedimiento caracterizado no sólo por la forma unilateral e inquisitiva para la instrucción de los hechos, sino que debe cumplir con la brevedad exigida por el legislador para hacer eficaz dicha jurisdicción... Por otra parte, si bien es cierto que el artículo 896 del Código de Procedimiento Civil concede la apelación a las determinaciones dictadas en la jurisdicción voluntaria, lo cual supondría que también es admisible en dicho procedimiento el recurso de casación; sin embargo, no son compatibles las características del procedimiento precedentemente comentado, con la mención “juicios civiles” o “juicios especiales”, a los cuales se refiere el artículo 312 ejusdem, como requisito de admisibilidad del recurso de casación....”. (Negrillas de la Sala).

Observa la Sala, que caso sub examine resulta concordante con la doctrina jurisprudencial ut supra transcrita, pues, la decisión hoy recurrida en casación, se dictó en un procedimiento tramitado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 291 del Código de Comercio, correspondiente a la jurisdicción voluntaria, tal como acertadamente lo señaló el juez ad quem, por otra parte, dispone el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, en el último aparte del numeral 4°, que los juicios sentenciados conforme al artículo 13 eiusdem, no tienen recurso de casación

SCC 28-2-03

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  02-771, dec. Nº 22:

Entrega material del bien vendido no tiene casación

En el presente caso, esta Sala observa que la decisión contra la cual se anunció y negó el recurso de casación declaró con lugar la apelación interpuesta por la demandante contra el auto dictado por el juzgado a quo de fecha 12 de diciembre de 2000, revocatorio del auto que dictara el 30 de marzo del mismo año, mediante el cual acordó la entrega material del inmueble identificado en los autos, para que los interesados ocurrieran a hacer valer sus derechos ante la autoridad judicial competente. En consecuencia, el juzgado ad quem revocó dicha decisión y ordenó la entrega material del bien inmueble.

Ha sido criterio reiterado de este Alto Tribunal que las decisiones provenientes de la solicitud de entrega material, que corresponden a la jurisdicción voluntaria o no contenciosa, cuyo procedimiento lo establece el artículo 929 del Código de Procedimiento Civil, no son recurribles en casación, por no encuadrar en los supuestos de admisibilidad establecidos en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil.

Al respecto, la Sala en fallo de fecha 10 de agosto de 2000, (caso: Promociones Ruila, C.A. contra Virginia Ruiz Larré, y otros), sentencia 290, expediente 99-392, estableció lo siguiente:

“...que la solicitud de entrega material de bienes vendidos comprende diligencias procesales de naturaleza no contenciosa, encaminadas a poner en posesión del comprador el objeto por él adquirido.

Así el propio Código de Procedimiento Civil, califica a este tipo de solicitud, como de jurisdicción voluntaria, según la parte segunda del Libro Cuarto, regulada en los artículos 929 y 930; en otras palabras es una jurisdicción opuesta a la contención cautelar del Libro Tercero, a la contención del procedimiento ordinario del Libro Primero, y a la de los procedimientos especiales contenciosos de la parte primera del Libro Cuarto, todos del Código de Procedimiento Civil...”.

Del criterio jurisprudencial que antecede se desprende, que en las providencias que se dicten en procedimientos no contenciosos, como el caso in comento, no existe una verdadera litis, característica esencial de los procedimientos contenciosos a que se refiere en el ordinal 2º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, requisito necesario para la admisibilidad del recurso de casación.

En consecuencia, como la entrega material es un procedimiento especial no contencioso contra el cual no cabe recurso de casación, es forzoso concluir que el recurso de hecho propuesto debe declararse sin lugar. Así se decide.

SCC 10-8-00

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  99-392, dec. Nº 290:

Jurisdicción voluntaria. Entrega Material. Ratifica doctrina.

[...] la Sala ha indicado en numerosos fallos, que la solicitud de entrega material de bienes vendidos comprende diligencias procesales de naturaleza no contenciosa, encaminadas a poner en posesión del comprador el objeto por él adquirido.... el propio Código de Procedimiento Civil, califica a este tipo de solicitud, como de jurisdicción voluntaria, según la parte segunda del Libro Cuarto, regulada en los artículos 929 y 930; en otras palabras es una jurisdicción opuesta a la contención cautelar del Libro Tercero, a la contención del procedimiento ordinario del Libro Primero, y a la de los procedimientos especiales contenciosos de la parte primera del Libro Cuarto, todos del Código de Procedimiento Civil.

Oposición a la entrega material.

[...] el resultado de la oposición sea procedente o no, no tiene recurso de casación, ni para el oponente ni para el solicitante, en los casos de entrega material, quedando a salvo para ambos, y en esto radica el decir del legislador sobre la jurisdicción competente, el uso de las acciones pertinentes, verbi gratia, reivindicatorias, hereditarias, entre otras.

La entrega material no es un procedimiento contencioso. Ratifica doctrina

[...] en una entrega material no se está en presencia de un procedimiento contencioso, pues como lo señala el artículo 390 del Código de Procedimiento Civil, si el vendedor o un tercero fundados en causa legal hicieren oposición a la entrega, como sucedió en este caso, se revocará el acto o se le suspenderá, según se haya efectuado o no y podrán los interesados acudir ante la jurisdicción competente para dirimir sus derechos, como con acierto lo resolvió el tribunal de la causa, mas no el de la recurrida, el cual además incurrió en el error de admitir el recurso de casación propuesto contrariando la doctrina de la Sala en la materia, como antes se indicó, de que en los procesos de jurisdicción voluntaria no es posible el acceso a casación por disposición del artículo 312 ejusdem

Jurisdicción voluntaria. Alcance del contenido del artículo 930 del CPC

[...] del 930 ibidem, de cuyo contenido se desprenden los supuestos de jurisdicción voluntaria de la solicitud formulada, y el agotamiento de la misma con la decisión devenida por la oposición, revocándola o suspendiéndola, según sea el caso, abriendo el legislador, la posibilidad para los interesados de "...ocurrir a hacer valer sus derechos ante la autoridad jurisdiccional competente...."; por otra parte, a tenor del propio articulado se contempla una devolución de recaudos, cuando se indica "...el Tribunal no devolverá los recaudos al peticionario mientras.

Jurisdicción voluntaria. Supuestos legislativos de la jurisdicción voluntaria.

Tales supuestos legislativos, envuelven sin lugar a duda, la inexistencia del recurso de casación, para los casos de entrega material. Reforzando la tesis que se asienta, cabe destacar, que la "decisión" tomada por el Tribunal, bien para revocar o suspender la entrega material, no puede conllevar pronunciamiento alguno, mas que la atención a la causa legal del fundamento de la oposición, que de no haberla, el efecto será la entrega, al igual que lo es si no concurre el vendedor al acto.

SCC 15-11-00

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  00-195, dec. Nº 362:

Casación. Admisibilidad. Procedimientos no contenciosos. Art. 290 Código Comercio

La oposición e impugnación de asambleas está regulada por el artículo 290 del Código de Comercio, el cual prevé un procedimiento no contencioso, y las disposiciones que corresponden a la jurisdicción voluntaria están previstas en la Parte Segunda, Título Libro IV del Código de Procedimiento Civil vigente.Esta Sala de Casación Civil ha sostenido en numerosos fallos que los procedimientos no contenciosos no son susceptibles de revisión en casación.

SCC 5-4-01

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  99-627, dec. Nº 61:

El procedimiento contemplado en el art. 290 del Código de Comercio es de naturaleza administrativa, lo que impide que las decisiones sean impugnadas a través del recurso de casación.

Las resoluciones que dicte el juez de comercio en el procedimiento que asiste a todo socio de hacer oposición a las decisiones de las asambleas en una sociedad, intentado de conformidad con lo establecido en el artículo 290 del Código de Comercio, no son conclusivas de manera formal de la controversia y el procedimiento seguido no tiene el carácter contencioso, sino es de naturaleza administrativa, hecho éste que impide que las decisiones dictadas sean susceptibles de ser impugnadas a través del recurso de casación, por no llenar el requisito primario para su procedencia, como lo es que la decisión recurrida haya sido dictada en un juicio propiamente dicho, de conformidad con lo establecido en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil. (Omissis...)"...el procedimiento de oposición contemplado en el artículo 290 del Código de Comercio no tiene en vigor un carácter contencioso, sino, meramente precautelativo, de naturaleza simplemente administrativa, y, por tal razón, tales procedimientos no gozan de la naturaleza de una sentencia susceptible de ser recurrida en casación.

1.16. Juicio de invalidación

SCC 30-4-04

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  03-419, dec. Nº 378:

Sentencia de apelación en juicio de invalidación es inexistente

En el presente caso, la sentencia que motivó el anuncio del referido recurso extraordinario de casación, fue en virtud de la apelación interpuesta por el hoy recurrente, el cual denuncia ante esta sede la inexistencia de la sentencia recurrida y la nulidad de lo actuado desde la oportunidad en que se oyó el recurso de apelación.

Por ende, pretende el demandante de la invalidación, que esta Sala entre a conocer del recurso de casación, contra la decisión del juzgado de alzada, actuando como tribunal de segunda instancia, es decir, contra una sentencia que dentro de este tipo de juicio, debe considerarse inexistente, pues fue dictada en un procedimiento que carece del recurso de apelación.

Por consiguiente, esta Sala en el dispositivo del presente fallo declarará la inexistencia del fallo proferido por el tribunal de alzada, firme la decisión del tribunal de la única instancia en invalidación, en razón de lo cual, no habrá lugar a pronunciamiento alguno sobre el recurso de casación anunciado por los ciudadanos Jesús Abel Ayala Ramírez y Mirna Josefina Pacheco Sojo contra la sentencia proferida en fecha 20 de septiembre de 2002, por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así se declara.

SCC 24-3-03

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  01-570, dec. Nº 32:

Negativa del recurso de hecho contra inadmisión de la apelación en invalidación

En fecha 19 de junio de 2000, la accionante presentó ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, demanda de invalidación contra la homologación del convenimiento celebrado en el juicio por cumplimiento de contrato, que instauró Felícita Ercilia Gil Gil contra Mario Agustín Morantes.

El 27 del mismo mes y año, el mencionado juzgado negó la admisión de la demanda de invalidación propuesta.

Apelada dicha negativa de admisión por parte de la accionante, en fecha 27 de julio de 2000, el tribunal de la causa negó el recurso procesal de apelación interpuesto con fundamento en que lo procedente era el anuncio del recurso de casación.

El 7 de agosto de 2000, la demandante interpuso recurso de hecho contra la negativa de oír el de apelación, el cual fue decidido en fecha 14 del mismo año, con base en lo siguiente:

“...A juicio de quien decide, la interpretación dada por los peticionantes en el presente recurso al contenido y alcance de los artículos 331 y 337 del Código de Procedimiento Civil, es errada, ambas normas regulan y contienen el principio de la única instancia, permitiendo a la parte perdidosa ejercer el extraordinario recurso de casación cuando la materia lo permita. En el caso sub iudice, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Aragua negó por auto expreso la admisión de la demanda de invalidación, contra este auto que es una sentencia interlocutoria con carácter definitivo era procedente, cabía el recurso de casación de conformidad con lo establecido en el ordinal segundo del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil (sic) al poner fin a la demanda incoada y no el recurso de apelación ordinario estatuido en el artículo 288 del Código de Procedimiento Civil.

...OMISSIS...

declara su incompetencia para pronunciarse en relación al Recurso de Hecho interpuesto por la ciudadana Elba Margarita Tovar Hernández, cuyo conocimiento esta atribuido exclusivamente al Supremo Tribunal de Justicia en su Sala de Casación Civil...”.

En atención a los supuestos observados, este Alto Tribunal estima que no ha lugar a pronunciamiento alguno, más allá de las consideraciones o el análisis pertinente que pueda surgir respecto al asunto planteado, por cuanto los interesados no interpusieron los recursos correspondientes, pues el ad quem pretende que la Sala conozca de oficio del recurso de hecho contra la negativa de oír el recurso procesal de apelación que le fue planteado por la accionante, por cuanto él se declaró incompetente para hacerlo. En criterio de esta Sala, esa declaratoria de incompetencia es improcedente, en virtud de que en la motiva de dicho fallo se evidencia, que el ad quem se pronunció ajustado a derecho respecto a que contra la decisión que negó la admisión de la demanda de invalidación, de conformidad con los artículos 331 y 337 del Código de Procedimiento Civil, lo procedente era el anuncio del recurso de casación per saltum y no el de apelación.

En este sentido, esta Sala mediante decisión de fecha 16 de febrero de 2001, bajo ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, (caso: Banco Capital contra Refinería Azucarera Tacarigua C.A.,) expediente . 00-288, sentencia Nº 19, estableció lo siguiente:

“...En el procedimiento ordinario y en algunos especiales se da el caso de que la ley permite que un proceso pueda ser conocido por mas de un juez en diferentes instancias y otros procedimientos, se tramitan en “única instancia”, y también tienen recurso de casación como el caso del recurso de invalidación que la ley lo contempla (art. 337 del Código de Procedimiento Civil)

Las instancias son las distintas etapas de tramitación de un juicio. Así se dice, la causa está en primera o en segunda instancia.

Para que un proceso pase de la primera instancia a la segunda instancia, es necesario ejercer el recurso ordinario de apelación, salvo en aquellos casos en que la ley dispone la obligatoria consulta con el superior.- En cambio, cuando la ley dispone que determinado proceso, será conocido y decidido en “UNICA INSTANCIA”, está ordenando que además de ser la última, pues no hay otra ese proceso nace y fenece alli, no teniendo en consecuencia, ningún recurso ordinario y menos el recurso extraordinario de casación, salvo el caso ya mencionado del recurso de invalidación, y el de queja que se tramitan en única instancia y la ley concede el recurso extraordinario de casación...”(Subrayado del texto).

De acuerdo con las anteriores consideraciones, se concluye que el auto que negó la admisión de la demanda de invalidación quedó firme por cuanto no se evidencia que la accionante haya ejercido el correspondiente recurso de casación, único medio procesal idóneo que permite en principio la revisión del presente asunto, según las técnicas casacionistas vigentes, establecidas por este Máximo Tribunal.  Así se decide.

SCC 30-7-02

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 01-519, dec. Nº 349

Casación, Juicios de Invalidación, Cuantía:

El artículo 337 del Código de Procedimiento Civil, señala:

La sentencia sobre la invalidación es recurrible en casación, si hubiere lugar a ello.

En criterio de la Sala, esta norma debe ser interpretada en el sentido de que sólo será concedido el recurso de casación contra la sentencia sobre la invalidación, si dicho medio procesal es admisible contra la decisión cuya invalidación se pretende. (Vid. sentencia de fecha 24 de julio de 1994, Caso: Terminales Químicos de Puerto Cabello (Terquimca) C.A., Exp. Nº 94-047).

Asimismo, con referencia a la cuantía que rige en los recursos de invalidación, la Sala ha indicado de forma reiterada que prevalece para la misma el interés principal del juicio en el cual fue dictada la sentencia cuya invalidación se pretende.

En este sentido, entre otros, en sentencia de fecha 14 de octubre de 1993 caso: María Evarista Parra y otros contra Carlos Orozco Bernal y otros, reiterada en fecha 22 de marzo de 2000, caso Arnoldo José Rodríguez Cohen vs. Sentencia de fecha 15 de enero de 1996 emanada del Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial el Área Metropolitana de Caracas, esta Sala dejó establecido, lo siguiente:

Según doctrina reiterada de la Sala, en los procesos de invalidación es la cuantía del juicio que se trata de invalidar la que deberá tenerse en cuenta a los efectos de la admisibilidad o no del recurso de casación y no la estimación que se haya hecho en la propia demanda de invalidación, porque si los efectos de la sentencia dictada en la invalidación se producen inexorablemente en el juicio de invalidación, la conexión entre uno y otro es innegable, lo que lleva a concluir que la cuantía del juicio principal determinará la del de invalidación, a los efectos de la admisibilidad del recurso de casación.

1.17. Recusación e inhibición

SCC 24-3-03

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  02-968, dec. Nº 37:

No hay casación en incidencias de recusación e inhibición

Ahora bien, con respecto a la admisibilidad del recurso de casación en las incidencias de recusación, el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil expresa:

“...no se oirá recurso alguno contra las providencias o sentencias que se dicten en la incidencia de recusación e inhibición...”.

Esta norma debe ser interpretada literalmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Código Civil, en el sentido de que el recurso de casación es inadmisible contra las decisiones dictadas en las incidencias de recusación o inhibición.

En este mismo orden de ideas, la Sala de forma pacífica y reiterada estableció, en sentencia Nº 86 de fecha 27 de septiembre de 2002, con ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en el caso: Antonio Fedele Gabriel Aron Colantoni y Vittorio Petrica Zugaro contra Austria Zulia Peñalver,  expediente Nº 02-506, lo siguiente:

 “...El artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

No se oirá recurso alguno contra las providencias o sentencias que se dicten en la incidencia de recusación e inhibición”.

Esta norma debe ser interpretada literalmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 4° del Código Civil, en el sentido de que el recurso de casación no es admisible contra las decisiones dictadas en las incidencias de recusación o inhibición. En este sentido, la Sala se pronunció, entre otras, en sentencia de fecha 27 de junio de 1996, Caso: José de Jesús Contreras Carrero c/ Ana Cecilia López de Guerrero, en la cual dejó sentado lo siguiente:

“...una revisión más profunda del contenido programático del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, permite a la Corte concluir, que si el legislador niega categóricamente cualquier tipo de recurso contra las providencias o sentencias que se dicten en las incidencias de recusación o inhibición, se ve impedida ella de conocer el extraordinario de casación, aún por circunstancias que considere excepcionales, como lo ordena el artículo 4° del Código Civil...

En la materia que se examina existe disposición precisa de la Ley, que niega categóricamente la concesión de recurso alguno contra las providencias o sentencias que se dicten en las incidencias de recusación o inhibición, como la establecida en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil.

Por tales razones, a partir de la fecha de publicación de esta decisión, se negará el recurso de casación contra las sentencias que resuelvan este tipo de incidencias...”

Por aplicación del criterio jurisprudencial que antecede sobre la correcta interpretación del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, la Sala estima que el recurso de casación es inadmisible, por lo que el recurso de hecho debe ser declarado sin lugar. Así se establece...”. (Subrayado y negrillas de la Sala).

De acuerdo con la jurisprudencia precedentemente transcrita sobre la correcta interpretación del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, que hoy se reitera, esta Sala considera que el recurso casación anunciado contra la decisión de fecha 11 de noviembre de 2002, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores (sic) de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, es inadmisible, lo que determina la declaratoria sin lugar del presente recurso de hecho, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Así se decide.

SCC 27-4-01

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  00-192, dec. Nº 112:

No hay recurso en las incidencias de recusación e inhibición

Sin embargo, una revisión más profunda del contenido programático del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, permite a la Corte concluir, que si el legislador niega categóricamente cualquier tipo de recurso contra las providencias o sentencias que se dicten en las incidencias de recusación o inhibición, se ve impedida ella de conceder el extraordinario de casación aun por circunstancias que considere excepcionales, como lo ordena el artículo 4º del Código Civil, el cual establece: A la ley debe atribuírsela el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Cuando no hubiere disposición precisa de la ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas y si hubiere todavía dudas se aplicarán los principios generales del derecho. En la materia que se examina existe disposición de la Ley, que niega categóricamente la concesión de recurso alguno contra las providencias o sentencias que se dicten en las incidencias de recusación e inhibición, como la establecida en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil. Por tales razones a partir de la fecha de publicación de esta decisión se negará el recurso de casación contra las sentencias que resuelvan este tipo de incidencias.

1.18 Interdicto prohibitivo

SCC 16-2-01

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  99-688, dec. Nº 17:

Casación. Interdicto de obra nueva. Fases del proceso. El recurso de casación cuando se prohíba la continuación de la obra o se acepte la fianza dada por la querellada. CAMBIO DE JURISPRUDENCIA.

"Omissis "No obstante, al criterio imperante, bajo el cual se ha decidido esta causa, la Sala, considera oportuno, luego de un profundo y detenido estudio, sobre los presupuestos de la figura jurídica de la posesión, reflexionar acerca del efecto definitivo, que se genera en situaciones como la resuelta, esto es, cuando se prohíba la continuación de la obra nueva o se acepte la fianza dada por la querellada, en cuyo caso emerge el procedimiento por la vía ordinaria, y siendo así la doctrina imperante ha entendido, que como quiera que ello, no pone fin al juicio, no existe el presupuesto para admitir el recurso extraordinario de casación, como se recogió en este fallo; tal situación ha penetrado de serias dudas a esta Magistratura, en consideración a que, si bien es cierto que no existe un pronunciamiento definitivo en materia del procedimiento interdictal por cuanto ello devendrá de la implementación del procedimiento ordinario, no es menos cierto que una decisión como la comentada, se traduce en un establecimiento definitivo sobre el carácter implícito de la posesión arrogada, en cuyo caso conserva la naturaleza fundamental de las acciones posesorias, como un medio de adquirir derechos y obligaciones, la cual es materia de protección legal por vía del juicio especial posesorio. En este sentido la Sala, estima en esta oportunidad establecer criterio en el sentido que, estas decisiones sobre la materia especial interdictal, pueden ser revisadas en casación, en razón a que las mismas se subsumen dentro del presupuesto establecido en el ordinal 2° del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, que expresa...Por lo que se concluye, que previo establecimiento de la cuantía necesaria, las decisiones con las particularidades del caso estudiado, tienen casación, rigiendo esta doctrina a partir de la fecha de su publicación y para todos aquellos casos, cuyo recurso sea anunciado con posterioridad a dicha fecha. Así se establece"."

1.19. Sentencias definitivas formales

SCC 27-2-03

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 02-885, dec. Nº 12:

Sentencia definitiva formal

En el caso in comento, esta Sala observa que la decisión contra la cual se anunció y negó el recurso de casación decretó la reposición de la causa al estado de apertura del lapso probatorio, anulando la sentencia definitiva dictada por el juzgado a quo y los actos subsiguientes a la contestación de la demanda.

Es evidente que la decisión recurrida en casación se subsume en la categoría de las llamadas sentencias definitivas formales, porque fue dictada en la oportunidad de la definitiva y no se pronunció en cuanto al fondo de la controversia sino que repuso la causa y anuló las actuaciones realizadas con posterioridad a la contestación, incluyendo la sentencia definitiva dictada por el tribunal de la causa, efectos éstos que no son propios de las sentencias interlocutorias sino de las sentencias definitivas.

Sobre el particular, la Sala estableció que “...estas sentencias de reposición, dictadas en la oportunidad que establece la ley para las sentencias definitivas, tienen pues, como éstas, el poder de anular las sentencias inferiores, circunstancias y efectos más propios de las sentencias definitivas –sentencias formales- como las denominó ya la Corte Federal y de Casación en un fallo en que asienta la doctrina que hoy se sigue, por cuanto, como se ha dicho, se dictan en la oportunidad de las sentencias definitivas, ocupan su lugar y tienen de ellas el efecto trascendental expuesto que en ningún caso sería el de las sentencias interlocutorias...”. (Sentencia  24 de abril de 1998, caso: C.V.G. Siderúrgica del Orinoco, C.A. contra Enfriadores y Congeladores Venezolanos, C.A.)

De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala de Casación Civil de fecha 12 de agosto de 1999, en el caso de Carlos Vicente Pinto contra la Gobernación del estado Apure, para que una sentencia pueda considerarse como definitiva formal, ésta debe cumplir con los siguientes requisitos:

 “... a) que se produzca en la oportunidad en que deba dictarse la sentencia definitiva de la última instancia, es decir, ya sustanciado el proceso en su conjunto y, b) que no decida la controversia sino que ordene dictar nueva sentencia a la instancia correspondiente, dejando sin efecto la sentencia de la instancia inferior que se había dictado sobre el fondo del asunto...”.

El anuncio del recurso extraordinario de casación constituye la única oportunidad de controlar la legalidad de estas sentencias, pues el artículo 245 del Código de Procedimiento Civil, si bien hace reserva expresa sobre el supuesto contenido en el artículo 209 eiusdem, admite la posibilidad jurídica de que la sentencia “...se limite a ordenar la reposición de la causa, por algún motivo legal, al estado que en la propia sentencia se determine...”. (Vid. Sent. Nº 89, del 19 de marzo de 1998, caso: Banco Provincial C.C, contra Banesco, exp Nº 97-395).

Por lo anteriormente expuesto, el presente recurso de casación es admisible lo que determina la declaratoria con lugar del presente recurso de hecho. Así se decide.

SCC 13-7-00

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 99-787, dec. Nº 223:

Admisibilidad. Sentencias definitivas formales. Se ratifica doctrina

denominadas por la doctrina como "definitiva formal de reposición", pues aún cuando ordena la reposición de la causa, la misma fue dictada en la oportunidad de la sentencia de mérito, determinando la nulidad del fallo definitivo dictado en primera instancia.

SCC 10-8-00

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 00-130, dec. Nº 158:

Sentencias definitivas formales. Recurso de casación. DOCTRINA PACIFICA Y REITERADA.

las sentencias definitivas formales tienen casación de inmediato, en virtud del valor y el respeto que merecen las sentencias definitivas de fondo, cuando ellas son interferidas por las de reposición, que las sustituyen con los efectos anulatorios de la sentencia dictada por el a-quo y de los actos posteriores a estas. El anuncio del recurso extraordinario constituye la única oportunidad de controlar la legalidad de estas sentencias, pues el actual artículo 245 del Código de Procedimiento Civil, si bien hace reserva expresa sobre el supuesto de hecho contenido en el artículo 209 eiusdem, admite la posibilidad jurídica de que la sentencia "...se limite a ordenar la reposición de la causa, por algún motivo legal, al estado que en la propia sentencia se determine.

SCC 23-2-01

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  99-786, dec. Nº 45:

Admisibilidad inmediata.

[...] conviene precisar la diferencia que media entre las sentencias repositorias y lo que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal Supremo han denominado definitivas formales, siendo estas últimas, aquellas dictadas en la oportunidad de la definitiva, que decretan la reposición de la causa al estado que juzguen pertinentes y anulan el fallo de la primera instancia, las cuales sí gozan de forma inmediata del recurso de casación.

1.20. Cuestiones previas

SCC 30-7-02

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 01-52, dec. Nº 351:

Cuestiones Previas, Casación

Esta Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 12 de noviembre de 1998, en cuanto al recurso de casación en las decisiones que resuelven incidencias de cuestiones previas, como la de autos, expresó:

[...] la doctrina de la Sala consideró que el pronunciamiento del juez que considere que la actividad subsanadora de la parte actora no fue suficiente y, en consecuencia, declare la extinción del proceso, conforme al artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 271 ejusdem, causa un gravamen al actor, no reparable en otra oportunidad, por ponerle fin al procedimiento; por lo que, en consecuencia, en este sólo caso la decisión tendría apelación en ambos efectos, y la decisión del superior que recaiga sobre el asunto tendrá el extraordinario de casación, siempre que se den, en el caso, todos los requisitos para la proposición del mismo.

No tiene apelación, y mucho menos casación, por el contrario, la decisión del juez que considere subsanado el defecto u omisión por la actividad subsanadora del actor. En este caso, la decisión ordena la continuidad del proceso, asimilándose a la primera decisión que pudiera dictar el juez en la incidencia de cuestiones previas, mediante la cual se declare sin lugar la cuestión previa planteada; este fallo no tendrá apelación, conforme al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

En conclusión, se ratifica la doctrina de la Sala que establece como única excepción, que las decisiones que se dicten en incidencias de cuestiones previas y que rechacen la actividad realizada por el actor para corregir los defectos u omisiones indicados y concluyen extinguiendo el procedimiento, tienen apelación en ambos efectos y casación; no así, la decisión que se tome dentro de la referida incidencia y que no le ponga fin al juicio por considerar el sentenciador que el aludido vicio o defecto fue suficientemente subsanado.

1.21. Interlocutoria con fuerza definitiva

SCC 27-2-03

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  02-525, dec. Nº 4:

Sentencia interlocutoria con fuerza definitiva

En el caso in comento, la decisión contra la cual se anunció y negó el recurso de casación, declaró sin lugar el recurso de hecho propuesto por los demandados contra el auto de fecha 12 de marzo de 2002, dictado por el juzgado a quo, que negó el recurso de apelación ejercido por los accionados contra la decisión proferida por el referido tribunal, en fecha 13 de febrero de 2002, mediante la cual homologó la transacción suscrita por las partes.

La referida decisión permite que el fallo dictado por el juzgado de la causa quede definitivamente firme, en razón de que negó el recurso de apelación que se ejerció como único medio procesal de impugnación contra el referido auto homologatorio de la transacción, conforme al artículo 288 del Código de Procedimiento Civil.

Por tanto, la naturaleza de la decisión recurrida encuadra dentro de las llamadas sentencias interlocutorias con fuerza definitiva, en virtud de que el gravamen que se le genera a los demandados no podrá ser reparado en la sentencia definitiva; en consecuencia, al no existir otra oportunidad procesal para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, esta Sala considera que contra este tipo de decisiones se debe admitir de inmediato el recurso de casación planteado.

1.22. Otras decisiones

SCC 28-2-03

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  02-619, dec. Nº 21:

Decisión que establece la fecha de la cesación de pagos en la quiebra

En el presente caso, esta Sala observa que la decisión contra la cual se anunció y negó el recurso de casación, resolvió sobre la solicitud de los demandantes en cuanto a la fijación de la fecha de la cesación de pagos de la demandada, en consecuencia, el  a quo, mediante auto de fecha 26 de marzo de 2002 fijó como fecha de cesación de pagos el 15 de marzo de 2000, siendo modificado dicho auto por  el juzgado  ad quem, con fundamento en lo siguiente:

“...En el caso bajo análisis, de la revisión de las actas procesales, se observa que la deudora es comerciante, que está ceso en sus pagos y que las obligaciones no satisfecha (sic) son de naturaleza mercantil, es decir, se cumplen las condiciones que determinan el estado de quiebra.

Ahora bien, en las declaraciones de quiebra, el artículo 936 del Código de Comercio, establece que el sentenciador hará fijación especial de la fecha de cesación de pagos:

ARTÍCULO 936. Si se decidiere que no hay lugar a la quiebra, se oirá apelación en ambos efectos al acreedor demandante.

Si se declara la quiebra, sólo se oirá apelación en un solo efecto al fallido.

En este caso,  la sentencia fijará la época en que principio (sic) la cesación de los pagos, o se reservará fijarla por auto separado; pero en ningún caso podrá retrotraerla por más de dos años.

A falta de fijación especial se entenderá que la cesación de los pagos principió en la misma fecha de la declaración de la quiebra, o en el día de la muerte del deudor en el caso del artículo 929.(Resaltado del Tribunal).

De acuerdo a lo expresado en la norma anterior, pronunciada la sentencia declarativa de quiebra, debe determinarse también el principio de la cesación de pagos, que en caso sometido a estudio, el a quo fijó el 15 de marzo de 2000, con base en la confesión de la demandada de que en esa fecha no se abrieron los libros de contabilidad como lo exige la ley; criterio del cual disiente el síndico de la quiebra, mediante apelación, por lo que solicita de esta alzada, modifique esa fecha, a tenor de lo establecido en el artículo 936 del Código de Comercio, supra transcrito, y por ante este Tribunal Superior, la representación de la parte demandante se adhiere a la apelación.

...OMISSIS...

Ahora bien, encontrándose definitivamente firme la sentencia que declara la quiebra, y demostrado como está que no existen libros de contabilidad de la demandada Inversiones Castilleras, C.A., que con dinero de los inversionistas de la referida empresa se efectuaron operaciones ilícitas o fraudulentas, tales como destinar el capital de la compañía para fines distintos al objeto social de la misma, en inversiones personales de adquisición fincas y carros, entre otras, y que el defalco económico fue consumado por el presidente de la demandada, ejerciendo funciones de dirección; es criterio de esta alzada que según lo preceptuado en el artículo 936 del Código de Comercio, el inicio de cesación de pagos debe fijarse el 23 de noviembre de 1999, ya que no puede ser establecida antes de dos años de la fecha en que se dicta la sentencia que declara la quiebra, esto es el 23 de noviembre de 2001...”. (Negrillas del texto)

Es evidente que la decisión recurrida en casación declara la cesación de pagos de la demandada, por tanto, se subsume en la categoría de las llamadas sentencias declarativas de constitución, pues, es declarativa al determinar que la deudora es comerciante, que ésta cesó en sus pagos, estableció la fecha en que comenzó la cesación de pagos, así como que las obligaciones vencidas y exigibles no satisfechas son de naturaleza mercantil; y, a su vez, es constitutiva porque establece un estado jurídico al fallido que antes no tenía.

En cuanto a la admisibilidad del recurso de casación contra las sentencias declarativas de constitución, esta Sala, mediante sentencia de fecha 25 de mayo de 2000, (caso: José Barboza Mendéz, Isidro Hernández Padrón, Glorentina Ferreira Da Silva y Efraín Narez contra Tiquire Flores, C.A.), señaló lo siguiente:

“...La sentencia que declara la quiebra es una verdadera sentencia tanto formal como sustancial, es una de esas sentencias que se suelen llamar declarativas de constitución.- Es declarativa porque determina que el deudor es un comerciante que cesó en sus pagos, estableciendo la fecha en que comenzó y que la obligaciones vencidas y exigibles no satisfechas son de naturaleza mercantil. Es Constitutiva porque establece un estado jurídico al fallido que antes no tenía.-

En doctrina se ha discutido si la sentencia declarativa de quiebra tiene Casación o no.

...OMISSIS...

Ahora bien por sentencia de fecha 12-12-95 esta Sala determinó cual es la sentencia definitiva de la quiebra y al efecto expresó:

“En efecto, en el procedimiento de quiebra, el fallo que se pronuncie positivo o negativamente sobre la procedencia de la misma, es la decisión de fondo del asunto, o sea, la sentencia definitiva. Dice el Dr. Humberto Cuenca en su ‘ Curso de Casación Civil’:

‘Sentencia definitiva es la resolución que decide la cuestión principal y pone fin, en la instancia, al conflicto de intereses surgido entre las partes, no obstante los medios de impugnación que se hagan valer contra ellas’.

De esta manera tenemos que, en dicho procedimiento de quiebra, la sentencia definitiva será aquélla (sic) que la declara conforme al artículo 937 del Código de Comercio; o, por el contrario, aquélla (sic) que decida no haber lugar a la quiebra, pues una u otra se pronuncian sobre lo principal del asunto y ponen fin a la instancia.” (Pierre Tapia Oscar R. Repertorio Mensual de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Tomo 12 Pág. 185 Año: 1995 ).

En consecuencia, si la sentencia definitiva en materia de quiebra es la que la declara, ésta si tiene recurso de casación, porque le pone fin al proceso, por lo tanto, la Sala abandonó la doctrina de la extinguida Corte Federal  y de Casación de fecha 3-4-22, asi como la establecida en sentencia de 24-2-94, que negaban el recurso extraordinario de Casación en materia de quiebra...”. (Negrillas de la Sala)

         En razón de lo precedentemente expuesto, es evidente que la sentencia que conozca de una apelación contra una sentencia que declare la fecha de cesación de pagos, en principio es apelable, por ser un requisito legal indispensable para declarar la quiebra, la cual se oye en un solo efecto, y además es recurrible en casación, porque se pronuncia sobre el objeto principal del asunto y pone fin a la instancia; tal y como ocurre en el sub iudice, ya que la recurrida resolvió sobre la apelación ejercida contra el auto de fecha 26 de marzo de 2002 que declaró la cesación de pagos de la demandada, por tanto, una vez que se declara la quiebra de la sociedad mercantil demandada, se fijó por auto separado la fecha de cesación de pagos, siendo éste, como se señaló anteriormente, requerimiento necesario para la declaración de la misma.

Por tanto, es criterio de este Alto Tribunal que en el presente asunto se cumplen los extremos requeridos por la jurisprudencia para admitir el recurso de casación anunciado, lo que determina la declaratoria con lugar del presente recurso de hecho. Así se decide.

2. TRAMITE DEL ANUNCIO Y ADMISION DEL RECURSO

2.1.Petición de principio

Auto de fecha 10 de diciembre de 1996. Ponente Magistrado Dr. Héctor Grisanti Luciani. (Amador Golding y otros contra Carmen Guadalupe Cabrera, viuda de Bendayán y otros, en el expediente Nº 96-196, sentencia Nº 229):

“Ahora bien, este razonamiento del sentenciador superior es errado, pues, de acuerdo con la constante jurisprudencia de esta Sala de Casación Civil, no puede denegarse el recurso de casación, cuando para determinar su admisibilidad, el Juez tenga que apreciar el mérito del fallo recurrido, cualquiera sea su contenido.

Esta regla no se infiere propiamente de los principios legislativos consagrados en la ley procesal, "sino de los principios de lógica formal que informan toda actividad intelectual".  Sobre este punto, la Sala, en decisión de fecha 04 de octubre de 1989, estableció lo siguiente:

"La lógica del razonamiento rechaza el sofisma denominado petición de principio, que consiste en dar como cierto lo que trata de probar.  La determinación de un hecho, de un concepto, no debe realizarse con el mismo concepto definido: lo definido no debe entrar en la definición.  Tal petición de principio ocurre, en el ámbito jurisdiccional, cuando el Tribunal se fundamenta en un proveimientos recurrible, para declararlo irrecurrible... El Juez estaría tomando el proferimiento de su sentencia, como si ella, con la sola publicación, hubiera adquirido la autoridad de la cosa juzgada, lo cual no es cierto, porque ésta sólo adviene de la no interposición del recurso en cuestión, o de su improcedencia.  No le impone la Ley al Juez que contradiga su convicción, sino que haga conducente el derecho a la defensa, a fin de que el recurrente pueda hacer revisar por la Sala el motivo que adujo aquél para negar el recurso".

Reiterando la doctrina anterior, la Sala, en decisión de fecha 14 de abril de 1993, sostuvo lo siguiente:

"En cuanto al argumento utilizado por el Juez Superior para negar en el caso el control de casación, el mismo, según el criterio de esta Sala, no es válido, toda vez que en su fundamentación se incurre en el vicio de lógica de petición de principio, ya que se está dando como razón para esa negativa, la misma que se dio como motivación de la decisión contra la cual se anunció la casación, proceder que reiteradamente ha rechazado la Sala”.

Aunado al razonamiento expuesto, considera la Sala que el recurso de casación anunciado contra la sentencia de fecha 28 de mayo de 1996, es admisible, porque la sentencia recurrida es una definitiva que causa un gravamen, el cual no tendrá otra ocasión procesal para que sea reparado, y, en consecuencia, el recurso de hecho debe ser declarado con lugar.  Así se decide.

Auto de fecha 10 de diciembre de 1996. Ponente Magistrado Dr. Alirio Abreu Burelli. (José Ezequiel Parra Sánchez contra Distribuidora Rodefra C.A., en el expediente Nº 96-109, sentencia Nº 225):

“El auto del Superior que niega la admisión del recurso de casación, señala como motivo para ello el que la profesional del derecho que lo anuncia carece de la condición de apoderada judicial de la parte demandada; circunstancia ésta que fue así establecida por ese mismo Tribunal en la decisión que es objeto del recurso, con lo cual incurre en una petición de principio que ha sido reiteradamente censurada en la jurisprudencia de la Sala.

No obstante, observa la Sala que la decisión contra la cual se anunció el recurso, es una interlocutoria de reposición, que no pone por tanto fin al juicio ni impide su continuación; que fue dictada incidentalmente, en oportunidad distinta a la de la sentencia definitiva; y que no tiene el efecto de anular la sentencia de fondo que se hubiera dictado en primera instancia; por lo que no puede calificársela como una "definitiva formal".

Se trata entonces de una interlocutoria que no llena los requisitos para el acceso inmediato al examen de la casación, conforme a las previsiones del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, quedando relegada esa posibilidad, en caso de producir gravamen irreparable no subsanado por la definitiva, a la oportunidad en que se ejerza el recurso de casación contra ésta última.  Así se declara.

2.2. Reclamo

Auto de fecha 29 de enero de 1997. Ponente Magistrado Dr. Aníbal Rueda. (Bertrand Faure de Venezuela, S.A., en el expediente Nº 96-997, sentencia Nº 1):

“Ahora bien, primeramente, se hace necesario transcribir la doctrina de esta Sala de Casación Civil, que enseña los casos en que procede el reclamo.

"1) Contra la conducta de los jueces concretamente del titular que procure frustrar u obstaculizar el anuncio del recurso de casación.

2)Contra la conducta de cualquier otra persona, que procure entorpecer la tramitación y admisión del recurso de casación.

3)Que, en ambos casos, debe entenderse que la frustración, obstaculización y entorpecimiento, se refieren exclusivamente al recurso de casación.

4)Por cuanto la negativa de admisión del recurso de casación puede dar origen al recurso de hecho correspondiente, la Sala interpreta que también el reclamo comprende la obstaculización de este recurso.

5)Que en el supuesto contemplado en el numeral 1º, la Corte puede declarar admitido el recurso; en tanto que en el supuesto señalado Nº 2. la Corte ordenará, de ser procedente el trámite y admisión.

6)Que las sanciones difieren según se trate de los supuestos señalados en los ordinales 1º y 2º."

Esta doctrina fue ampliada en fecha 21 de abril de 1994, con ponencia de quien suscribe, en cuanto al establecimiento del plazo perentorio dentro del cual debe formularse el reclamo ante este Máximo Tribunal, en los siguientes términos:

"a) Contra la conducta de los jueces que obstaculicen el anuncio del recurso de casación, el reclamo deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho generador de aquella conducta. b) Contra la actuación del Juez que impida, como en el caso de marras, el oportuno ejercicio del recurso de hecho, el reclamo deberá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquella conducta jurisdiccional...”.

En el caso bajo estudio, observa esta Sala que el accionante, en primer lugar, alega que el Tribunal Superior no notificó a las partes de la decisión emitida por él, de conformidad con el artículo 233 del Código Procesal, para ejercitar el recurso de casación correspondiente, situación esta que no contempla el reclamo, pues éste es la petición que el interesado formula ante esta Corte Suprema de Justicia imputándole al juez de mérito el haber obstaculizado o frustrado el anuncio del recurso extraordinario o el ejercicio del recurso de hecho.

En segundo lugar, en cuanto a que el Tribunal a quo recibió el expediente en una fecha anterior a la remisión del mismo y a la fecha de la decisión emanada por el Tribunal Superior, tampoco es una situación que contempla el reclamo.

Expediente Nº 96105 (Recurso de Hecho) Auto Nº 16, 21-1-98. MAGISTRADO DR. JOSÉ LUIS BONNEMAISON. INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO contra  el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SANTIAGO MARIÑO (SINTSAM)

Recurso de hecho. Reclamo.

Observa esta Sala, que en el auto denegatorio del recurso de casación, de fecha 7 de marzo de 1996, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, ordenó remitir inmediatamente el expediente al Tribunal de la causa -Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui-, sin dar oportunidad al anunciante de ejercer el correspondiente recurso de hecho; y que una vez llegado los autos a dicho Tribunal, el juez negó la solicitud de remisión del expedientes al Tribunal de Alzada, que formulara la parte demandada, con el fin de proponer el indicado recurso, para lo cual expresó:

“Vista la diligencia suscrita por el Dr. Alexis Meza, apoderado del Sindicato accionante, mediante la cual solicita que se le expida el correspondiente mandamiento de ejecución, por las razones expresadas en su diligencia. Vista también la diligencia suscrita por el Dr. Carlos Sifontes, apoderado del Instituto accionado, por la cual solicita del Tribunal que remita nuevamente el Expediente al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de esta Circunscripción Judicial, para así poder interponer Recurso de Hecho, en virtud de las razones que expone (sic) en la citada diligencia. El Tribunal para decidir, observa: El Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de esta Circunscripción Judicial, para negar el Recurso intentado por el apoderado de la accionada, alegó las reiteradas decisiones de nuestra Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que contra la sentencia dictada en Segunda Instancia en los Recursos de Amparo, no procede Recurso de Casación, criterio éste que comparte éste tribunal plenamente, y en base a ello, niega el pedimento formulado por el apoderado de la parte accionada, y consecuencialmente, se ordena expedir el mandamiento de ejecución solicitado por el accionante, en virtud de encontrares totalmente vencido el lapso concedido para el cumplimiento voluntario de la ejecución decretada. Cúmplase”. (Auto 28-3-96).En vista de ello, el anunciante procedió a interponer el recurso de hecho en el día de despacho siguiente al del citado auto, por lo cual el tribunal de la causa ordenó el envío del expediente a la Alzada, y éste, a su vez, acordó su remisión a este Supremo Tribunal. Para la Sala resulta inexcusable la conducta obstruccionista adoptada por ambos tribunales en la tramitación del recurso de hecho. En efecto, el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil es muy claro en establecer que “en caso de negativa de admisión del recurso de casación, el Tribunal que lo negó conservará el expediente durante cinco (5) días a fin de que el interesado pueda ocurrir de hecho para ante la Corte Suprema de Justicia”. Injustificada resulta entonces la violación de tal disposición legal por el Tribunal Superior.

Asimismo, el Juez a-quo, invocando los fundamentos del auto inadmisorio del recurso de casación, negó el envío del expediente a la Alzada, con entorpecimiento del ejercicio del recurso de hecho. De  esta manera, la Sala considera que la actividad obstruccionista de ambos Tribunales, en la tramitación del recurso de hecho debe ser sancionada; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 314 in fine del Código de Procedimiento Civil, este Alto Tribunal impone a cada uno de los Jueces responsables de la indicada obstaculización, multa por la cantidad de Diez Mil Bolívares (Bs. 10.000,oo). Así se establece.

Establecido lo anterior, la Sala pasa a pronunciarse sobre la procedencia del recurso de hecho interpuesto, no sin antes dejar sentado que el mismo fue interpuesto dentro del lapso preclusivo que contempla el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.

U N I C O

Consta  de las actas procesales, que la sentencia contra la cual se anunció el recurso de casación, de fecha 25 de marzo de 1996, se produjo en virtud de la declaratoria con lugar del recurso de hecho ejercido por la parte demandada, contra el auto que negó la apelación ejercida, a su vez, contra la providencia de fecha 5 de marzo de 1996, por la cual el Tribunal de la causa decretó la ejecución del dispositivo del fallo definitivo recaído en el procedimiento de amparo, atinente al pago de las costas procesales, y concedió a la demandada un lapso de tres días para el cumplimiento voluntario, de conformidad con lo establecido por el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil. En la referida providencia, el A-quo expresó lo siguiente:

“Vista la diligencia de fecha veintinueve de febrero del presente año, mediante la cual la Dra. Germaine Fersaca Lárez, solicita que se decrete medida ejecutiva de embargo sobre bienes propiedad de la agraviante, para lo cual habilita el tiempo necesario y jura la urgencia del caso, en virtud de las razones que señala en la citada diligencia. Vista asimismo la diligencia suscrita por el apoderado de la parte demandada, en el que alude la necesaria estimación de los honorarios judiciales por parte del actor. El Tribunal para decidir, observa: En decisión de fecha veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y seis, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de esta Circunscripción Judicial, condenó en costas al agraviante en el presente procedimiento y en tal razón antes de proveer acerca de la solicitud formulada por la parte demandante, previamente decreta la ejecución de dicho fallo conforme a lo previsto por el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil y al efecto se concede al demandado el término de tres días para el cumplimiento voluntario de la misma. Con respecto al pedimento formulado por el apoderado de la parte demandada, el tribunal advierte sobre la no procedencia de ello, pues estamos ante el caso de una imposición de costas provenientes (sic) de la condenatoria que en tal sentido estableciera el Tribunal Superior correspondiente, basado en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en su sentencia ya aludida. Cúmplase”.CASACION CIVIL

En la señalada decisión de 25 de marzo de 1996, el Ad-quem se pronunció en relación con el monto de las costas procesales, que no fue fijado por el Tribunal de la causa. Al respecto, el Juzgado Superior expresó lo siguiente:

“Vista la diligencia suscrita por la Dra. OMAIRA PARADA, apoderada de la demandada, pro la cual apela del auto de fecha cinco (5) de los corrientes, por el que fue negada solicitud que formulara su representada. En consecuencia, el Tribunal para decidir, observa: en el presente proceso ha sido decretada la ejecución de la sentencia dictada por el Juez Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de esa Circunscripción Judicial, y conforme a lo pautado por el artículo 532 del Código Procedimiento Civil se establece: que la ejecución de la sentencia una vez iniciada continuará de derecho sin interrupción, salvo que las partes acuerden suspenderlo; o que el ejecutado alegue haberse consumado la prescripción de la ejecutoria y así se evidencia de autos, caso en el que habrá articulación probatoria; o cuando el ejecutado alegue haber cumplido íntegramente la sentencia dictada mediante el pago de la respectiva obligación, caso en el que deberá consignar el documento autenticado que demuestre tal aseveración. En el presente caso no nos encontramos en presencia de ninguno de los supuestos contemplados en la disposición antes aludida por lo que considera el Tribunal que debe continuar sin interrupción alguna la ejecución decretada, por tanto se niega la apelación interpuesta por la representante de la demandada. De la misma manera, en razón de que no fue establecido el monto de las costas procesales, este Tribunal las fija en la cantidad de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 3.600.000,oo), que equivale al (30%) del monto de la cantidad en que fue estimada la acción intentada, ordenándose en consecuencia la ejecución del fallo, comenzando a correr el término fijado para el cumplimiento voluntario, a partir de la presente fecha”. (Subrayado de la Sala).

De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que si bien el aludido fallo de 25 de marzo de 1996 fue proferido dentro de un proceso de amparo constitucional, cuyas decisiones no son Revisables en sede casacional (Véase al respecto numerosos fallos; entre otros: 27-3-96, caso Tropical Tours, C.A.; 22-5-96, caso José Jiménez Vásquez), tal circunstancia en modo alguno debió producir efectos jurídicos contrarios a la admisión del recurso de casación. Estima, pues, este Máximo Tribunal, que de haber realizado el Juez ad-quem un examen integral de la materia objeto de decisión, habría arribado a la conclusión -como ahora lo hace la Sala, de que, por circunscribirse el pronunciamiento judicial a la pertinencia de la ejecución de la condenatoria en costas declaradas en la decisión del amparo constitucional materia autónoma y distinta de lo debatido en el juicio principa-, se imponía la admisión del señalado recurso extraordinario.

En efecto, para la Sala no existe duda acerca del carácter de definitiva de la decisión del Tribunal Superior, en cuanto a que su dispositivo impide cualquier posibilidad de revisión ulterior en lo que respecta al monto de las costas procesales, fijado en dicha decisión, y al procedimiento para hacerlas efectivas. De aquí, que debe considerares que la referida sentencia es susceptible de revisión casacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil; y así se declara.

2.3. Trámite del anuncio

SCC 22-3-02

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  02-030, dec. Nº 49:

Se aprecia la voluntad de interponer el recurso, no obstante el tiempo futuro del verbo

Esta Sala aprecia que el Sentenciador Superior basó la negativa de admisión del recurso de casación anunciado en la circunstancia de que:

“...El Tribunal para decidir, observa: El idioma es el arma empleada, tanto por los abogados como por los jueces y a través de él manifestamos nuestro pensamiento, sobre todo cuando empleamos un idioma tan claro como el castellano. De manera que, cuando se emplea el verbo en tiempo futuro del modo indicativo, se está afirmando que la cuestión a que hace referencia lo que se dice se realizará en fecha posterior  y no en ese mismo momento. En consecuencia, como el anuncio de la diligenciante de que ejercerá el recurso de Casación, no fue cumplido, se venció el tiempo otorgado por la ley para su ejercicio. Pero además, en conformidad como prevé el artículo 312 “infine” del Código de Procedimiento Civil, solamente es admisible ese recurso extraordinario contra los autos que en ejecución de sentencia resuelvan puntos esenciales no discutidos en el juicio, o los que se dicten en contra del contenido del fallo definitivo o lo modifiquen, siempre y cuando se hayan agotado los recursos ordinarios, quedando solo la posibilidad de proponerlo como comprendido en el accionar contra aquel fallo. Por tanto, pues, por las razones anteriores, habiéndose vencido el lapso legal correspondiente sin haberse ejercido el referido recurso, se declara perecido el tiempo para ejercerlo.

Ahora bien, en la diligencia estampada en fecha 13 de noviembre de 2001, por el representante judicial del co-demandado, mediante la cual pretende impugnar la recurrida, se expuso: “de conformidad con el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil, anuncio que ejerceré el recurso de casación en contra de la anterior sentencia firme, dictada por este tribunal superior, en el presente cuaderno de medidas...”. (Resaltado de la sala).

Si bien el recurrente empleó el verbo en tiempo futuro, esta Sala observa que la intención del diligenciante era anunciar el recurso de casación, anuncio que según lo prevé el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil, no establece formalidad especial para interponerlo, por lo que, el planteamiento del recurrente era impugnar la sentencia del superior, realizándolo en tiempo oportuno.

Como quiera que el fin de ese anuncio era impugnar la sentencia del superior, tal como se expresó ut supra, la Sala no comparte la severa opinión que tuvo el sentenciador de alzada para negar el recurso, ya que el norte de los jurisdicente debe ser preponderar el espíritu de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo de conformidad a sus artículos 26 y 257, los cuales permiten no sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y garantizar una justicia expedita, evitando el exceso de formalismo, ya que ellos obstaculizan la resolución al problema en sí.

Sentencia de fecha 5-8-98. Ponencia del Magistrado Doctor ALIRIO ABREU BURELLI. J.F. GONZALEZ BLANCO, C.A. contra BANCO EXTERIOR C.A. Exp.  96-269.

“Ahora bien, para la fecha en que se anunció el presente recurso de casación, 15 de enero de 1996, se encontraba en vigencia la doctrina establecida en decisión de fecha 27 de julio de 1994 (Ivan de Jesús Gutiérrez contra Servicios Automecánicos Dady, C.A.), de acuerdo con la cual, hasta tanto el Secretario no dejase constancia expresa de la consignación de la boleta de notificación por el Alguacil, aplicable igualmente al caso de la consignación del cartel de notificación, no transcurriría el lapso para anunciar el recurso de casación.

Conforme a esta doctrina, vigente para el momento de la interposición del recurso, éste debe ser considerado interpuesto oportunamente y así se declara.”

Sentencia de fecha 8 de mayo de 1996. Ponente Dr. Héctor Grisanti Luciani. (Luis Gamboa contra Corporación Parra C.A., en el expediente Nº 95-116, sentencia Nº 108):

“Conforme a la doctrina sostenida en las sentencias anteriormente transcritas, las cuales en el presente fallo se ratifican, efectivamente, por imperativo procesal del único aparte del artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, el Secretario del Tribunal debe dejar expresa constancia, mediante auto, de todas las actuaciones efectuadas en relación a las notificaciones que sea necesario practicar para la reanudación del juicio, pues en caso de inexistencia de esta formalidad, se vulnerarían los principios de certeza y seguridad procesal que informan el proceso civil, por cuanto se estaría privando a las partes del conocimiento del inicio del lapso previsto en el medio empleado en la notificación, para que quede consumada la notificación y tenga lugar la apertura de los lapsos destinados a ejercer los recursos pertinentes.  No obstante, el cumplimiento de las formalidades que pauta el artículo 233 eiusdem, para que el juicio se reanude y, particularmente, la actuación del Secretario del Tribunal dejando constancia en el expediente de las actuaciones practicadas, están establecidas sólo con la finalidad de dar certeza al inicio del lapso destinado al ejercicio de los recursos, en protección al derecho de defensa de las partes, inviolable en cualquier estado e instancia del proceso.”

Exp. 97016 (Recurso de Hecho) Auto Nº 190,  29-05-97. FERNANDO ROJO MORENO CONTRA  C.A. DAYCO DE CONSTRUCCIONES y CONSTRUCCIONES DAYCO ASTALDI, C.A. MAGISTRADO DR. JOSÉ LUIS BONEMAISON:

Anuncio del Recurso de Casación

El artículo 314 del Código de Procedimiento Civil textualmente dispone que “el recurso de casación se anunciará ante el Tribunal que dictó la sentencia contra la cual se recurre, dentro de lo diez días siguientes al vencimiento de los lapsos indicados en el artículo 521...”, esto es, dentro de diez días siguientes a los treinta días que se establecen para el pronunciamiento de la sentencia interlocutoria, o de sesenta si se trata de la sentencia definitiva.

  En el caso concreto, el recurso fue anunciado contra la sentencia definitiva de fecha 7 de noviembre de 1996 y su posterior aclaratoria de 20 de noviembre de 19967; empero, como la aclaratoria se integra en un todo indivisible a la decisión definitiva, según pacífica jurisprudencia, la tempestividad del anuncio del recurso extraordinario, y por consiguiente su admisión, depende de que el mismo se haya efectuado dentro de los diez días de despacho siguientes a la fecha en que fue pronunciada la sentencia que se pretende recurrir en casación.

    En este sentido, consta del computo realizado por el Tribunal ad-quem, que el recurso de casación fue anunciado en el decimoquinto día de despacho siguiente a la fecha en que fue pronunciada la sentencia definitiva, es decir, el día 2 de diciembre de 1996. Por tanto, es forzoso concluir que el ejercicio de dicho medio extraordinario de impugnación es inadmisible, lo cual determina la improcedencia del recurso de hecho propuesto. Así se decide.

Expediente Nº 98268 Sentencia Nº 324, 7-10-98. MAGISTRADO DR. ANÍBAL RUEDA MANUEL VICENTE MENDOZA y ELIO FELIPE MENDOZA contra  AURA RAMONA GONZALEZ

Anuncio  Recurso de Casación

Evidencia esta Sala que la sentencia contra la cual se anunció el recurso de casación fue dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil,  Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo el día 1º de octubre de 1997, dicha sentencia declaró con lugar las cuestiones previas contenidas en los ordinales 3º, 6º y 10º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y sin lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 5º del mismo artículo.

Ahora bien, para una mejor comprensión del presente asunto, se hace necesario enumerar las actuaciones realizadas con posterioridad a la fecha en que fue dictado el fallo contra el cual se anunció el recurso de casación, a saber:

1º) En fecha 08 de octubre de 1997, la parte actora apeló de la declaratoria con lugar del ordinal 10º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

2º) El 15 de octubre de 1997, la apelación fue oída en ambos efectos por el Tribunal de la Causa, remitiéndose el expediente al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y del Menores de la misma Circunscripción Judicial.

3º) El 03 de marzo de 1998, el Juzgado Superior al que correspondió conocer de la apelación, dictó sentencia en la que estableció que el juez de la causa al ordenar oír la apelación contra el fallo interlocutorio de fecha 1º de octubre de 1997, subvirtió el procedimiento, declarando en consecuencia, la nulidad de todos los actos procesales realizados a partir del auto dictado el 15 de octubre de 1997, reponiendo la causa al estado en el cual se encontraba para el momento anterior al auto que ordenó oír la apelación.

En el presente caso se repuso la causa al estado  que se encontraba para el momento anterior al auto que ordenó oír la apelación, es decir, el 14 de octubre de 1997, fecha esta en la que ya habían transcurrido siete (07) días de despacho para anunciar el recurso de casación. Una vez repuesta la causa, quedaban tres (03) días para el anuncio del recurso extraordinario los cuales vencieron el 1º de abril de 1998 y por tanto, al ser anunciado en fecha 03 de abril de 1998 el mencionado recurso, debe declararse inadmisible ya que fue extemporáneo por tardío, razón suficiente para declarar sin lugar el presente recurso de hecho y así se decide.

Sentencia 23-10-97. Ponente Dr. César Bustamante Pulido. MARTA CECILIA MACHADO SEQUERA DE ROJAS contra MICHELE FAZZOLARI FARACO Exp. 97-157:

El cómputo del lapso para anunciar el recurso de casa­ción.

Las prórrogas en dicho lapso.

"La naturaleza eminentemente preclusiva del lapso para el anuncio del recurso de casación, impone que el mismo sea computado a partir del día siguiente al fenecimiento: ) Del lapso ordinario para dictar sentencia (30 ó 60 días; art. 521 del Código de Procedimiento Civil); ó 2º) Del lapso de dife­rimiento de (30 días siguientes; art. 251 ejusdem); ó, 3º) Del cumplimiento de los requisitos de notificación de las partes previstos para los casos de sentencias dictadas fuera del lapso de diferimiento (parte in fine del artículo 251 ibídem).

Ha dicho la Sala que dada la indicada característica del recurso de casación, el mismo no puede ser susceptible de prórrogas, ni por anticipación ni una vez que el mismo haya vencido, por lo que los anuncios efectuados antes de que el lapso haya empezado a correr, no obstante la publicación de la sentencia, deben reputarse extemporáneos, al igual que aquellos que como en el caso de autos, fueron efectuados vencido el lapso."

Sentencia 9-10-97. Ponente Dr. Héctor Grisanti Luciani. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A., S.A.I.C.A. contra PLANTA DE HIELO CHORONÍ C.A. Exp. 97-127:

"En la situación que se analiza y de la extensa narrativa de las actuaciones acaecidas en el presente juicio, se evidencia, claramente, el grave error de procedimiento en que incurrió la abogada..., actuando en su carácter de parte demandada en el caso de especie, al no haber ejercido el respectivo recurso que le concede la ley adjetiva (artículo 314 del Código de Proce­dimiento Civil), en los casos en que no exista pronuncia­miento alguno sobre el anuncio del recurso de casación hecho por una de las partes.

En efecto, establece el último aparte del artículo 314 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: "La Corte Su­prema de Justicia podrá oír, sustanciar y pronunciar sobre cualquier reclamo de parte interesada relativo a la tramitación del anuncio y admisión del recurso, imponiendo a los respon­sables multa de hasta veinte mil bolívares, sin perjuicio de la responsabilidad personal a que pudiere haber lugar".

En esta nueva institución del Código de Procedimiento Civil que él mismo califica de reclamo, al cual alude el artículo transcrito anteriormente, sólo procede en los siguientes casos, según ha puntualizado esta Sala de Casación Civil en forma pacífica y constante:

"1 ) Contra la conducta de los jueces, concretamente del titular de la recurrida, que procure frustrar u obs­taculizar el anuncio del recurso de casación.

2)Contra la conducta de cualquiera otra persona, que procure entorpecer la tramitación y admisión del re­curso de casación.

3)Que en ambos casos, debe entenderse que la frustración, obstaculización y entorpecimiento, se refieren exclusivamente al recurso de casación y no a nin­gún otro recurso.

4)Por cuanto la negativa de admisión del recurso de casación puede dar origen al recurso de hecho corres­pondiente, la Sala interpreta que también el reclamo comprende la obstaculización de este recurso.

5)Que en el supuesto contemplado con el Nº 1 la Corte puede declarar admitido el recurso, en tanto que en el supuesto señalado Nº 2 la Corte ordenará de ser procedente, el trámite y admisión.

­6) Que las sanciones difieren según se trate de los supuestos señalados 1 y 2". (Sentencia 21-4-94).

En el caso de especie, se evidencia que el reclamo hubiere encuadrado perfectamente en la hipótesis Nº 1, es decir, por la obstaculización del Juez Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Ju­dicial del Estado Aragua, para el anuncio del recurso de casa­ción propuesto por la parte demandada contra el auto de fecha 12 de agosto de 1996 por dicho tribunal, al haber remitido el expediente al juzgado de origen, sin dejar transcurrir el lapso respectivo para el anuncio."

Auto 29-1-97. Ponente Dr. Aníbal Rueda. BERTRAND FAURE DE VENEZUELA S.A. Exp. 96-007:

Los casos en que procede el reclamo.

"Ahora bien, primeramente, se hace necesario transcribir la doctrina de esta Sala de Casación Civil, que enseÑa los casos en que procede el reclamo.

"I) Contra la conducta de los jueces concretamente del titular que procure frustrar u obstaculizar el anun­cio del recurso de casación.

2) Contra la conducta de cualquier otra persona, que procure entorpecer la tramitación y admisión del re­curso de casación.

3) Que, en ambos casos, debe entenderse que la frus­tración, obstaculización y entorpecimiento, se refie­ren exclusivamente al recurso de casación.

4) Por cuanto la negativa de admisión del recurso de casación puede dar origen al recurso de hecho corres­pondiente, la Sala interpreta que también el reclamo comprende la obstaculización de este recurso.

5) Que en el supuesto contemplado en el numeral 1º, la Corte puede declarar admitido el recurso; en tanto que en el supuesto señalado Nº 2, la Corte ordenará, de ser procedente el trámite y admisión.

6) Que las sanciones difieren según se trate de los supuestos señalados en los numerales 1º y 2º"

Esta doctrina fue ampliada en fecha 21 de abril de 1994, con ponencia de quien suscribe, en cuanto al establecimiento del plazo perentorio dentro del cual debe formularse el reclamo ante este Máximo Tribunal, en los siguientes términos:

a) Contra la conducta de los jueces que obstaculicen el anuncio del recurso de casación, el reclamo deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles si­guientes a la ocurrencia del hecho generador de aque­lla conducta. b) Contra la actuación del Juez que im­pida, como en el caso de marras, el oportuno ejerci­cio del recurso de hecho, el reclamo deberá interpo­nerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquella conducta jurisdiccional......

En el caso bajo estudio, observa esta Sala que el accionan­te, en primer lugar, alega que el Tribunal Superior no notificó a las partes de la decisión emitida por él, de conformidad con el artículo 233 del Código Procesal, para ejercitar el recurso de casación correspondiente, situación esta que no contempla el reclamo, pues éste es la petición que el interesado formula ante esta Corte Suprema de Justicia imputándole al juez de mérito el haber obstaculizado o frustrado el anuncio del recurso ex­traordinario o el ejercicio del recurso de hecho.

En segundo lugar, en cuanto a que el Tribunal a quo recibió el expediente en una fecha anterior a la remisión del mismo y a la fecha de la decisión emanada por el Tribunal Superior, tam­poco es una situación que contempla el reclamo."

Auto 27-2-97. Ponente Dr. José Luis Bonne­maison W. MAXIMILIANO GALLEGOS contra MANUEL SALVADOR RINCÓN FERRER. Exp. 96-214:

La proposición del recurso de hecho cuando el Superior se niega a oír el recurso de casación.

"La sentencia contra la cual se recurre, se trata de una defini­tiva que confirma el fallo apelado, contra la cual la parte acto­ra, anunció el recurso de casación, y según lo pautado por el legislador, del recurso de casación debe tramitarse ante el mis­mo tribunal que dictó el fallo.

Ahora bien, en el presente caso, ante la negativa de parte del Juzgado Superior de oír recurso de casación, el recurso de hecho debe ser propuesto por ante ese mismo tribunal de con­formidad con el artículo 314 del Código de Procedimiento Ci­vil, y no directamente ante la Secretaria de esta Sala, como erró­neamente lo hizo la parte recurrente de hecho.

En reiterada jurisprudencia se ha señalado que de acuerdo con el parágrafo primero del artículo 316 del Código de Procedimiento Civil, en caso de negativa de admisión del recurso de casación, el tribunal que lo negó conservará el expediente durante cinco (5) días, a fin de que el interesado pueda ocurrir de hecho para ante la Corte Suprema de Justicia.  Este recurso se propondrá por ante el tribunal que negó la admisión del recur­so, en el mismo expediente del asunto, el cual será remitido en la primera oportunidad a este Tribunal.

Por consiguiente, presentado directamente el presente recur­so de hecho ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, debe decidirse que el mismo, tramitado por vía pro­cesal impropia, es inadmisible y así se declara."

Auto 18-2-97. Ponente Dr. Alirio Abreu Burelli. SILVANO JOSÉ RIVAS contra MERCANTIL FRANCESCHI, C.A. Exp. 95-229:

La notificación a las partes cuando la sentencia es publica­da fuera del lapso legal.

Una vez publicada la sentencia fuera del lapso, Y notificadas las partes de acuerdo con el artículo 233 del Código de Pro­cedimiento Civil, hay que distinguir si la notificación es verifi­cada por medio de la imprenta o por boleta dejada por el Al­guacil en el domicilio.  En el primero de los casos, el juez dará a las partes un término que no bajará de diez días, luego de ublicado y consignado el cartel, pero, en el segundo supuesto, no es procedente la fijación de ningún término adicional para que comience a transcurrir el lapso para recurrir, pues, al noti­ficar a las partes o sí son varias a la última de ellas, se consider­a que se ha cumplido con el propósito de informar las partes desprevenidas la publicación extemporánea de la sentencia.

En este sentido, la Sala se pronunció mediante sentencia de 8 de diciembre de 1990, en la que, estableció:

"únicamente cuando se ordene la notificación mediante publicación de un cartel en un periódico de los de mayor circulación, que indicará expresamente el juez en el citado cartel, procede conceder al notificado '...un término que no bajará de diez días...', para que finalizado el mismo quede consumada la notifi­cación, sin que en ningún caso se adicione el otorga­miento de este término a los otros dos medios de no­tificación por boleta consagrados en el artículo 233 eiusdem, porque no lo exige expresamente la citada norma".

2.4. Oportunidad para recurrir

SCC 28-2-03

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  02-742, dec. Nº 15:

Extemporáneo por anticipado

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación debe ser anunciado dentro de los diez (10) días de despacho siguientes al vencimiento del plazo para sentenciar, previsto en el artículo 521 eiusdem, si la decisión fue publicada oportunamente. Pero si es diferida y dictada fuera de dicho lapso, las partes deben ser notificadas por disposición del artículo 251 eiusdem, sin lo cual no comenzará a contarse el lapso para ejercer dicho recurso extraordinario.

Del cómputo suscrito por la secretaria del juzgado ad quem, se evidencia que desde el 25 de mayo de 2002 (exclusive), fecha en la que venció el lapso para dictar sentencia, hasta el 11 de junio del mismo año (inclusive), último día para anunciar el recurso de casación, transcurrieron diez días de despacho discriminados así; lunes 27, martes 28, jueves 30 de mayo de 2002; y lunes 3, martes 4, miércoles 5, jueves 6, viernes 7,  lunes 10 y martes 11 de junio del mismo año.

 En razón de lo anterior, la Sala observa que  los demandados anunciaron el recurso extraordinario en fecha 20 de mayo de 2002 por lo que, de acuerdo con el cómputo suscrito por la secretaria del juzgado ad quem,  es evidente que el mismo fue propuesto antes del lapso de los diez (10) días de despacho, que comenzó el día 27 del mismo mes y año, de lo que se infiere que el anuncio del recurso de casación es extemporáneo por anticipado.

Con base en las consideraciones expuestas, el recurso de casación es inadmisible lo que determina la declaratoria sin lugar del presente recurso de hecho. Así se decide.

SCC 3-4-03

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  91-003, dec. Nº 43:

Oposición de terceros, lapso para sentenciar 30 días

La Sala observa que el Juzgado  ad quem  mediante auto de fecha 16 de enero de 1991, declaró extemporáneo el recurso de casación anunciado por el tercero opositor y por la parte actora contra la sentencia de fecha 8 de noviembre de 1990 dictada por el referido juzgado superior, con fundamento en lo siguiente:

“...Vistas las diligencias de fechas 16-11-90 y 19-12-90, suscritas por las abogadas en ejercicio Tomire  Serrano y Elisa Vásquez, esta Superioridad hace las siguientes consideraciones:

Del cómputo realizado por Secretaría el día 15-01-91 se evidencia que en el presente juicio el día 03-12-90 venció el término señalado en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil para dictar sentencia, comenzando a correr el lapso para el anuncio del Recurso (sic) de Casación (sic) el día 04-12-90 y venciéndose el 19-12-90 habiendo la abogado Tomire Serrano anunciado el Recurso (sic) de Casación (sic) el día 16-11-90 sin que hubiera terminado de vencerse el término señalado en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil para que comenzara a correr el lapso para el anuncio del Recurso  (Sic) de Casación (Sic), esta Superioridad considera que dicho Recurso (sic) es extemporáneo, en consecuencia, declara CON LUGAR, la solicitud formulada por la abogada Elisa Vásquez y SIN LUGAR el Recurso de Casación interpuesto por la abogada Tomire (sic) Serrano...”.

Ahora bien, esta Sala observa que tratándose de una sentencia de un juzgado superior, el lapso para anunciar el recurso de casación comenzará a transcurrir al día siguiente del término para dictar sentencia.

En el presente caso, el lapso para dictar sentencia, como bien estableció el Tribunal Superior, comenzó el tres (3) de noviembre de 1990; a partir de esa fecha transcurren los treinta días consecutivos, como lo dispone el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, de conformidad con el cómputo emitido por la secretaría del tribunal ad-quem, el vencimiento del lapso para sentenciar se verificó el tres (3) de diciembre de 1990.

SCC 24-3-03

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 02-933, dec. Nº 30:

Sentencia extemporánea notificada, recurso tardío

En el caso in comento, el sentenciador superior negó el recurso de casación por considerar que el anuncio fue hecho de manera extemporánea, de acuerdo con el cómputo practicado en auto de fecha 8 de noviembre de 2002 por la Secretaría de dicho juzgado, a solicitud de la parte recurrente en casación.

Ahora bien, el proceso como conjunto de actos tendientes a obtener una sentencia definitiva está sustentado en nuestro proceso civil por el principio dispositivo o de impulso de parte, pero también está movido por un impulso legal el cual hace que el proceso recorra una serie de fases o etapas preclusivas que se suceden unas a otras. Este impulso legal se conoce con el nombre de “principio de que las partes están a derecho”.

Este principio determina que una vez hecho el emplazamiento, no es necesario hacer otras citaciones para que continúe el juicio, salvo los casos expresamente señalados por la ley, ya que luego de haberse citado a la parte demandada para que de contestación a la demanda se abren una serie de fases o actos procesales en los cuales, al comienzo de cada uno, se abre un lapso que, a su vez, se cierra al término del mismo, lo que determina, en consecuencia, que si el lapso de ese acto ha finalizado, no se puede efectuar dicho acto posteriormente, por haber precluido el lapso. Es el llamado principio del orden consecutivo legal con fases de preclusión.

La preclusión, según Chiovenda, “consiste en la pérdida, extinción o caducidad de una facultad procesal”. (Biblioteca Clásicos del Derecho. Tomo 6. Pág, 476). De manera que el término de diez (10) días para anunciar el recurso de casación, establecido en el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil, está regulado, al igual que los demás actos procesales que integran el procedimiento civil venezolano, por el principio de preclusión, lo que determina que el anuncio del recurso de casación debe hacerse dentro del lapso  previsto en la norma ya que de lo contrario será extemporáneo dicho anuncio. En este mismo orden de ideas, señala Luis Loreto, en su obra “Ensayos Jurídicos”, lo siguiente:

“...Después de publicada la sentencia definitiva o la interlocutoria que haga imposible la continuación de la causa, la parte que se siente agraviada por la decisión en segunda instancia, deberá anunciar el recurso de casación dentro de diez días siguientes a la publicación del fallo, ante el tribunal de la sentencia que produjo ejecutoria. El tribunal lo admitirá por auto dictado en la primera audiencia, pasados los diez días concedidos para el anuncio. El lapso para formalizar el recurso de casación es de cuarenta días, más el término de la distancia, computados del lugar donde se dictó la sentencia a la capital de la República. Ambos lapsos son preclusivos para ejercer dentro de ellos facultades procesales, no derechos subjetivos. De ahí que sean lapsos de preclusión temporal no lapsos de caducidad de la instancia. Ambos lapsos procesales no pueden prorrogarse ni abrirse de nuevo después de cumplidos, sino en los casos determinados expresamente por la ley...”.(Subrayado de la Sala).

De la revisión de las actas que conforman el presente expediente se observa, que la notificación del demandante y la demandada de la sentencia definitiva proferida por el ad quem el 19 de diciembre de 2001, se efectuó el 17 de junio y el 14 de agosto de 2002, respectivamente.

Asimismo, de acuerdo con el cómputo practicado por la secretaria del juzgado de alzada, desde el 14 de agosto de 2002 (exclusive) hasta el 28 de octubre del mismo año (inclusive), el último de los diez (10) días de despacho concedidos por la ley para el anuncio del recurso de casación contra la sentencia recurrida, venció el nueve 9 de octubre del mencionado año, siendo que el anuncio se realizó el día 28 del mismo mes y año, de lo que se infiere que tal acto procesal fue extemporáneo por tardío.

En este sentido la Sala, en sentencia de fecha 11 de noviembre de 1999, (caso: Sigma International, c/ Lucila Barrios y otros), estableció lo siguiente:

“...La naturaleza eminentemente preclusiva del lapso para el anuncio del recurso de casación, impone que el mismo sea computado a partir del día siguiente al fenecimiento: 1º) Del lapso ordinario para dictar sentencia; 2º) Del lapso de diferimiento; 3º) Del cumplimiento de los requisitos de notificación de las partes previstos para los casos de sentencia fuera del lapso del diferimiento...”.

Por tanto, al ser preclusivo el lapso para anunciar recurso de casación, el mismo no puede ser susceptible de prórrogas luego que haya vencido, pues el anuncio efectuado antes o después del lapso de diez (10) días que concede la ley se debe reputar extemporáneo, y los actos o actuaciones que debían realizarse y no se realizaron no podrán efectuarse con posterioridad.      

De acuerdo con las anteriores consideraciones esta Sala estima que, en el presente caso, el anuncio del recurso de casación fue hecho extemporáneo por tardío, lo que determina, en consecuencia, que el recurso de hecho propuesto debe ser declarado sin lugar. Así se decide.

SCC 13-7-00

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 00-042, dec. Nº 143:

Admisibilidad, Lapso preclusivo del anuncio del recurso de casación. Se ratifica doctrina.

La naturaleza eminentemente preclusiva del lapso para el anuncio del recurso de casación, establecido en el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil, impone que el mismo sea computado a partir del fenecimiento del lapso para dictarse sentencia definitiva del artículo 521 eiusdem, o en su caso, del vencimiento del único lapso de diferimiento de publicación de la sentencia previsto en el artículo 251 del mismo Código.

Facultad del Juez de reenvío de admitir o negar el recurso de nulidad. ABANDONO DE DOCTRINA

De acuerdo con este nuevo criterio, la Sala abandona el establecido en sentencia del 14 de agosto de 1996, ratificada en fecha 19 de marzo de 1998, y establece que el juez de reenvío podrá negar el recurso de nulidad, cuando sea interpuesto extemporáneamente. En consecuencia, declara que en lo sucesivo así podrá procederse, en atención al principio de economía procesal de tiempo y dinero, para evitar de esa manera un mayor desgaste para la jurisdicción al ponerla en movimiento innecesariamente. Así se establece.

3. LEGITIMACION PARA RECURRIR

3.1. Legitimación

SCC 9-8-06

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp.  06-213, dec. 665:

Intervino de hecho en el juicio

Ahora bien, en numerosos fallos, entre ellos en sentencia 301 de fecha 11 de octubre de 2001, exp. 00-468, esta Sala ha establecido que para recurrir en casación se requiere que el recurrente haya sido parte en la instancia, que tenga legitimación para anunciar el recurso, y que haya sufrido un perjuicio por haber sido vencido total o parcialmente en el juicio.

En la presente causa cabe resaltar lo siguiente: 1) La ciudadana Rosa Beatriz Muñoz Saldivia de Martínez no fue demandada por el ciudadano José Domingo Medina Saldivia para que pagara los honorarios profesionales estimados e intimados por los abogados Miriam Brito de Medina y Adolfo Hobaica por lo que, en consecuencia, no forma parte del presente juicio; 2) En consecuencia, carece de legitimación para recurrir en casación puesto que no ha sido demandada en la presente causa; y 3) La decisión recurrida no le causa ningún perjuicio puesto que no ha sido vencida parcial o totalmente en el presente litigio, puesto que no ha sido parte del mismo.

Sobre este último aspecto, la Sala considera pertinente señalar que en la mencionada transacción extrajudicial los demandados acordaron ceder al demandante los derechos de propiedad que tienen sobre un inmueble, en cuya cláusula segunda expresan lo que sigue:

“…Ahora bien, con la cesión de este ochenta por ciento (80%) de los derechos de propiedad sobre el referido inmueble más el diez por ciento (10%) que de los derechos de propiedad que (sic) le pertenecen a “EL DEMANDANTE” José Domingo medina Saldivia por ser también heredero de la causante, queda en posesión del noventa por ciento (90%) de los derechos de propiedad sobre el inmueble; quedando un diez por ciento (10%) de los derechos de propiedad sobre el inmueble que le pertenecen a la coheredera Rosa Beatriz Muñoz…”. (Negrillas de la Sala).

En consecuencia, al haber intervenido de hecho en el presente proceso, sin encuadrar sus actuaciones en alguno de los supuestos previstos en el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, resulta claro que la misma no tiene legitimación para recurrir en casación por lo que, en consecuencia, la Sala declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo la inadmisibilidad del presente recurso de casación y revocará el auto de admisión de dicho recurso.

SCC 27-4-04

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 03-854, dec. Nº 319:

Tercero adhesivo carece de legitimación si la parte desistió de la acción

En relación a la posición jurídica del tercero adhesivo simple o ad adhiuvandum -contraponiéndolo al litisconsorcial-, el tratadista patrio Arístides Rengel Romberg señala que “...no es la de parte en el proceso, ni la de representante de la parte a la cual coadyuva, ni sustituto procesal de ésta, sino la de un auxiliar de la parte que actúa en nombre propio y por su propio derecho...” (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo III, pág. 181).

Por su parte, el autor Hernando Devis Echandía considera que el tercero adhesivo “...no formula ninguna pretensión propia para que en el proceso le sea definida...”, y en base a ese razonamiento sostiene que “...no puede actuar en el proceso en contradicción con la parte coadyuvada, lo que es consecuencia de su condición de parte accesoria o secundaria y de las circunstancias de no introducir una litis propia en el proceso. Significa esto que si coadyuva al demandante no puede desistir de la demanda, ni transigir con el demandado, ni aceptar las excepciones de este cuando aquél las rechace o guarde silencio acerca de ellas...” (El Tercerista en el Derecho Procesal Civil, Ediciones Fabretón, págs. 518 y 519).

 La Sala ha sostenido en torno a la tercería adhesiva, que “...ésta tiene lugar cuando el tercero concurre sosteniendo las razones de una de las partes en litigio; por esa razón, “...el tercero adhesivo es aquél que interviene por tener un interés personal y actual en la defensa de la pretensión de una de las partes, es decir, su interés procesal lo constituye la existencia de una relación de hecho o de derecho tutelada por el ordenamiento jurídico; sin embargo, dicha intervención es accesoria, y por ello debe adecuarse a la posición asumida por la parte principal, sin que puede actuar en contradicción con la coadyuvada...” (Sentencia 357 de 10 de diciembre de 1997, caso: Corporación Degil, C.A., expediente 97-240).

También,  es criterio reiterado de este Alto Tribunal, que la legitimidad para interponer el recurso extraordinario de casación la da únicamente la de ser parte en el juicio en el cual se intente el recurso, diferente a la legitimidad para apelar, donde no se requiere ser parte, bastando que se tenga un interés inmediato en lo que sea objeto o materia del juicio, “...ya porque resulta perjudicado por la decisión, bien porque pueda hacerse ejecutoria contra el mismo, bien porque haga nugatorio su derecho, lo menoscabe o desmejore...” (Sentencia de fecha 13 de julio de 2000, Hugo Martínez contra sucesores de Félix Zerpa).

Entonces, en principio son partes en el proceso el demandante y el demandado, y aquellas que han asumido tal condición, al intervenir en la causa en alguna de las formas previstas en el artículo 370 del Código Civil, y de allí se deriva su legitimación para interponer el recurso de casación.

Sin embargo, el tercero adhesivo sólo estará legitimado para ejercer el recurso de casación siempre y cuando sus actos y declaraciones no perjudiquen la situación de la parte a cuya pretensión se adhiere, ya que al ser la intervención accesoria de la parte a la que pretende coadyuvar, no le está permitido ir en contra de su voluntad, ni tampoco modificarla ni desmejorarla.

          Advierte la Sala que en el caso bajo examen, la ciudadana Bertha Fuentes Fernández carece de legitimación para recurrir en casación, pues su intervención en el juicio fue con ánimo de coadyuvar a la parte actora en su pretensión, y esta última desistió de la acción, por lo cual no le es posible oponerse a la voluntad de la parte coadyuvada de renunciar a la demanda, mediante el ejercicio del recurso de casación contra el auto que homologó ese acto de autocomposición procesal.

En efecto, la Junta de Propietarios de las Residencias Ávila Park, actuando por órgano de su Presidente y Vicepresidente, manifestó expresamente en escrito de fecha 6 de agosto de 2003, que renunciaba en forma positiva y directa de la acción intentada para reclamar judicialmente el pago de la indemnización descrita en el libelo de la demanda.

Por ende, el recurso de casación anunciado y formalizado contra el auto que homologó el desistimiento es inadmisible. Así se declara.

SCC 21-8-03

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  03-039, dec. Nº 432:

Debe concurrir cualidad de parte e interés

Para recurrir en casación, se requiere que el recurrente haya sido parte en la instancia y haya sufrido un perjuicio por haber sido vencido total o parcialmente en el juicio. Si faltare alguno de ellos, la parte no tendría legitimidad para recurrir en casación, pues es requisito sine qua non que concurran ambas condiciones para ejercer este recurso extraordinario (Sentencia 67 del 24 de marzo de 2000 caso: El Consorcio Lake Plaza, C.A., C/ Manuel Sánchez Marín y Miguel González Valeron).

SCC 26-7-02

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 00-996, dec. Nº 322:

Casación, Terceros

Respecto a la legitimidad de los terceros para recurrir en casación, la Sala Casación de Civil en sentencia 14 de fecha 14 de febrero de 2000, en el juicio entre el Banco Mercantil S.A.C.A contra José Alejandro Fossi Angarita, resolvió lo siguiente:

La abogada Ana Victoria Arriaga Salas, que anunció recurso de casación, intervino como tercero mediante el ejercicio del recurso de apelación, contra el auto de homologación del convenimiento celebrado en primera instancia. Dicha apelación fue interpuesta en conformidad con lo previsto en los artículos 370, ordinal 6° y 297 del Código de Procedimiento Civil.

La Sala, en decisión de 24 de enero de 1990, relativa a la legitimidad del tercero como recurrente en casación, estableció lo siguiente:

Esta Sala, en decisión de 14 de agosto de 1976, relativa a la legitimidad del recurrente, estableció lo siguiente

la cualidad para poder hacer uso del recurso de casación la da, únicamente, la de ser parte en el juicio en el cual se intente el recurso; esta cualidad, es pues, diferente a la que se exige para apelar, que no requiere ser parte en el proceso, bastando tener interés inmediato en lo que sea objeto o materia del juicio, ya porque resulte perjudicado por la decisión, bien porque haga nugatorio su derecho, lo menoscabe o desmejore.

De lo anterior se puede colegir que el prenombrado tercero sólo podía intervenir, en el presente caso, bien impugnando mediante apelación los autos del tribunal de la causa que homologaban los convenimientos suscritos por la parte demandada; o bien mediante la acción de tercería, prevista en el artículo 371 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. De lo contrario, dicho tercero es un extraño al proceso, y mal podría interponer recurso de casación contra la referida decisión del Juzgado Superior.

El tercero intervino en el proceso mediante el recurso de apelación que ejerció contra el auto que homologó el convenimiento suscrito por las partes, y al haberlo realizado oportunamente, ya es parte en el proceso. Como consecuencia de ello, quedó satisfecho este presupuesto subjetivo, que constituye requisito indispensable para el ejercicio del recurso extraordinario, razón por la cual es admisible el recurso de casación anunciado y, en consecuencia, procedente el recurso de hecho presentado. Así se declara.

De acuerdo con lo antes transcrito, la cualidad para anunciar el recurso de casación se tiene una vez que el tercero se ha hecho parte en el juicio, bien sea mediante la apelación, oposición, o la interposición y admisión de la demanda de tercería.

SCC 13-7-00

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 00-112, dec. Nº 141:

Admisibilidad. Recurso de casación ejercido por terceros. Se ratifica doctrina.

La Sala, en decisión de 4 de agosto de 1976, reiterada el 24-1-90, relativa a la legitimidad del tercero como recurrente en casación, estableció lo siguiente:...la cualidad para poder hacer uso del recurso de casación, la da, únicamente, la de ser parte en el juicio en el cual se intente el recurso; esta cualidad, es pues, diferente a la que se exige para apelar, que no requiere ser parte en el proceso, bastando tener interés inmediato en lo que sea objeto o materia del juicio, ya porque resulte perjudicado por la decisión, bien porque pueda hacerse ejecutoria contra el mismo, bien porque haga nugatorio su derecho, lo menoscabe o desmejore.

SCC 3-8-00

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 96-665, dec. Nº 256:

Admisibilidad. Legitimidad para recurrir

[...] desde la perspectiva de la legitimación para recurrir, aún cuando la sentencia declare que no tienen representación quienes se han presentado en el proceso como apoderados de una de las partes, subsiste para ellos la posibilidad de discutir la declaración que contiene la sentencia pues, precisamente, el objeto del recurso es la posibilidad de que sea revisado el criterio expresado en el fallo.

SCC 11-10-01

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp.   01-024, dec. Nº 291:

Legitimación para interponer el recurso extraordinario de Casación. Ratifica Doctrina

En este sentido, en sentencia de fecha 24 de marzo de 2000, esta Sala señaló:...Respecto a la legitimidad para interponer recurso de casación, la Sala en sentencia de fecha 24 de marzo de 1998, en el juicio LUICELA MARGARITA FUENMAYOR GONZÁLEZ contra SERGIO HUGO DUARTE VICTORIA, expresa lo siguiente:En el caso que se analiza se observa que el recurso de casación fue anunciado por los apoderados judiciales de Luis Alejandro Maita González, tercero en el presente procedimiento, circunstancia ésta que lleva a la Sala a examinar si el referido ciudadano tiene legitimación para recurrir en casación.La legitimación para interponer este recurso extraordinario comprende dos aspectos: 1) Es necesario haber sido parte en la instancia, y 2) Es menester que haya un perjuicio, es decir, una parte vencida, total o parcialmente".En tal sentido, esta Sala de Casación Civil ha venido sosteniendo el criterio, que ahora se reitera, el cual es del tenor siguiente:...la cualidad para poder hacer uso del recurso de casación la da, únicamente, la de ser parte en el juicio en el cual se intente el recurso; esta cualidad, es pues, diferente a la que se exige para apelar, que no requiere ser parte en el proceso, bastando tener interés inmediato en lo que sea objeto o materia de juicio, ya porque resulta perjudicado por la decisión, bien porque pueda hacerse ejecutoria contra el mismo, bien porque haga nugatorio su derecho, lo menoscabe o desmejore..." (sentencia de la Sala de Casación Civil del 4 de agosto de 1976).

3.2. Agravio

SCC 21-4-05

Ponencia del Magistrado Luís Antonio Ortiz Hernández. Exp.  05-137, dec. 153:

Se le concedió todo lo solicitado

La legitimación para interponer el recurso extraordinario de casación comprende dos aspectos fundamentales, a saber: 1) Es necesario haber sido parte en la instancia, y 2) Es menester que haya un perjuicio, es decir, una parte vencida, total o parcialmente. En tal sentido, observa la Sala que el primero de los requisitos se cumple, toda vez que los recurrentes en casación fueron parte en la instancia, conforme se evidencia de los elementos cursantes en autos; sin embargo, el segundo de los requisitos no se cumple por cuanto el recurso procesal de apelación interpuesto por los co-demandados ciudadanos Bailiang Li Mo y Mu Quiog Fang de Li, fue declarado con lugar, resultando totalmente vencido el demandante ciudadano Manuel Farías Goes, quedando revocada, en consecuencia, la decisión apelada y repuesta la causa al estado en que el juez a quo se pronuncie sobre la referida oposición, lo que evidencia que al habérseles concedido a los co-demandados todo lo solicitado, como acertadamente lo señaló el juez ad quem, los mismos no ostentan legitimidad para recurrir en casación, pues es requisito sine qua non que concurran ambas condiciones para ejercer este recurso extraordinario, tal como lo dispone, el artículo 297 del Código de Procedimiento Civil, […].

SCC 24-9-03

Ponencia del Magistrado Tulio Álvarez Ledo. Exp. Nº  02-790, dec. Nº 579:

No apeló, pero la sentencia recurrida le causó agravio

Que el ciudadano Julián Martínez González no interpuso en su oportunidad  recurso de apelación contra la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia, y que por esa circunstancia no podía recurrir en casación por haberse conformado con lo dictaminado por el a-quo.

Expresa Carnelutti, al definir la legitimación para interponer el recurso de casación,  que el interés de la parte en la impugnación lo determina su vencimiento en el procedimiento impugnado; criterio que comparte la Sala, pues no basta ser parte en la instancia, sino que es indispensable que el fallo recurrido le haya producido un agravio, que es lo que precisamente delimita el interés para recurrir en casación.

En el presente asunto, se advierte que el demandado no apeló de la sentencia proferida por el Juzgado de primera instancia por haber resultado victorioso; sin embargo, la dictada por el Juzgado superior le causó un perjuicio, al declarar con lugar la demanda y sin lugar la reconvención.

SENTENCIA 28-10-98. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR ALIRIO ABREU BURELLI. BANCO DE MARACAIBO C.A. contra OMNIVISION C.A. y otra. Exp. Nº 97-481.

De acuerdo con el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los funcionarios judiciales están obligados a notificar al Procurador General de la República de toda demanda, oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que, directa o indirectamente, obre contra los intereses patrimoniales de la República.

En el caso bajo decisión se practicó dicha notificación, en virtud del interés que tiene la República por causa de la intervención del banco demandante, y ésta se hizo presente en el juicio. La intervención de la República en el proceso debe considerarse como intervención adhesiva simple, porque la sentencia no puede producir efectos en alguna relación jurídica de la República con las empresas demandadas en quiebra, siendo, por tanto, aplicable al caso el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece lo siguiente:

"El interviniente adhesivo tiene que aceptar la causa en el estado en que se encuentre al intervenir en la misma, y está autorizado para hacer valer todos los medios de ataque o defensa admisibles en tal estado de la causa, siempre que sus actos y declaraciones no estén en oposición con los de la parte principal.”

La razón por la cual es notificado el Procurador General de la República de toda actuación judicial que pueda obrar, aun indirectamente, contra los intereses patrimoniales de la República no puede ser otra que permitir la defensa de dichos intereses, lo cual no sería posible si no pudiese ejercer los pertinentes medios de defensa, incluso los recursos ordinarios y extraordinarios.

Por otra parte, la falta de actuación de la parte principal en el proceso no implica, sin más, que el recurso anunciado esté en oposición a los intereses de la parte principal, quien simplemente no ha manifestado su voluntad al respecto.

Al intervenir en el proceso en instancia, la República puede recurrir en casación, siempre que sus actos y declaraciones no estén en oposición con la parte adyuvada. Por lo que respecta al agravio, la intervención se dirigió a ayudar al demandante a vencer en el proceso, porque una eventual derrota obraría indirectamente contra los intereses patrimoniales de la República; por tanto, la declaratoria de sin lugar la demanda, pronunciada por la recurrida, causa un agravio a dichos intereses, que la legitima para recurrir en casación.

En consecuencia, siendo admisible el recurso interpuesto, pasa esta Sala a decidirlo.

Exp. 96-187 (Recurso de Hecho) Auto Nº 88. 19-3-97. KNUT NICOLAY WAALE GUNDERSEN contra  HUMBERTO JOSE BAPTISTA OLIVARES y NEYDA MARIOTZI LABRADOR DE BAPTISTA MAGISTRADO DR. JOSÉ LUIS BONNEMAISON

Corresponde a este Supremo Tribunal  pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación, que siendo anunciado en tiempo oportuno por la parte demandada, fuera negado por el juzgador de la última instancia, fundamentado en que al resultar la parte demandada gananciosa en el proceso, en virtud de la declaratoria con lugar de la apelación ejercida, la admisión del señalado recurso extraordinario significaría infringir lo establecido por el artículo 297 del Código de Procedimiento Civil. La citada disposición legal textualmente dice:

“No podrá apelar de ninguna providencia o sentencia la parte a quien en ella se hubiere concedido todo cuanto hubiere pedido; pero, fuera de este caso, tendrán derecho de apelar de la sentencia definitiva, no sólo las partes, sino todo aquel que, por tener interés inmediato en lo que sea objeto o materia del juicio, resulte perjudicado por la decisión, bien porque haga nugatorio su derecho, lo menoscabe o desmejore.” (Subrayado de la Sala).

Conforme a la citada disposición legal, la parte a quien no se le hubiere concedido todo cuanto hubiere pedido ostenta legitimación para recurrir de una providencia o decisión  judicial, aunque formalmente haya sido favorecida con lo dispositivo del fallo, dado el gravamen irreparable que ello ha de acarrear.

En el caso concreto, el hoy recurrente de hecho plantea que en el escrito contentivo de la apelación pidió al juzgador de alzada se pronunciara no sólo sobre la nulidad del acto de homologación de la transacción, sino también acerca la procedencia de la solicitud de reposición de la causa al estado de que se presentara nuevamente la demanda de ejecución de hipoteca, por violación del artículo 661 del Código de Procedimiento Civil; y asimismo, acerca de la notificación del Procurador General de la República y sobre la imposición de las costas procesales al actor; pedimentos que según aduce no fueron objeto de decisión, ya que el Sentenciador Superior se concretó a resolver lo atinente a la nulidad de la transacción. Ahora bien, a los folios 147  al  154 del expediente corre inserto escrito contentivo de la apelación interpuesta por ante el Tribunal Superior, del cual constata la Sala la veracidad de lo expresado por el hoy recurrente de hecho. En efecto, en el mencionado escrito de apelación se adujo lo siguiente:

“En  efecto el solicitante no cumplió con todos los requisitos que el artículo 661 exige como esenciales para la respectiva admisión, tales como:”

“1º) Acompañar al escrito de la solicitud, no sólo el documento de la constitución de la garantía hipotecaria de segundo grado (2º), sino también la certificación de gravámenes donde conste aquellos que pudieron haberse constituido  posteriormente a la hipoteca que pretende ejecutar;...”.

“2º) Tampoco cumplió el ciudadano Juez con la obligación de citar al tercero poseedor Banco Hipotecario de Occidente C.A., el cual es acreedor hipotecario en primer grado (1º) y acreedor antipirético del demandado; y,”

 “3º)  no notificó al Procurador General de la República, debido a que el Banco acreedor de Primer Grado (1º) es una Institución que se encuentra intervenida, y sometida a un régimen legal especial; razón por la cual la omisión de la intimación del tercero (acreedor de primer grado, por lo demás) y la notificación del Procurador, hacen procedentes una reposición del juicio al estado de que se intente nuevamente la solicitud de ejecución de hipoteca ya que los actos procesales mencionados y dejados de cumplir constituyen requisitos de admisibilidad y de validez de las posteriores actuaciones -de impretermitible cumplimiento so pena de nulidad de todo lo actuado-; y de este modo y manera, la apelación contra la decisión y la reposición solicitada son procedentes...”.

“... la empresa “N.K.W. 32 C.A.” que se hace aparecer ilegalmente como sujeto de la citada transacción, no es “parte” en el sentido de la relación procesal establecida en este juicio, y, mal puede pretenderse válida una transacción como la que fuera homologada por el Tribunal A Quo; razón por la cual dicho contrato debe ser declarado nulo, de plena y absoluta nulidad, sin efecto alguno sobre el litigio en cuestión, y así lo pedimos en consecuencia...”   

En atención a lo anterior, esta Sala considera que el recurrente de hecho sí tiene legitimación para recurrir en casación, todo lo cual obliga a decretar la procedencia del recurso de hecho ejercido. Así se establece.