JURISPRUDENCIA SOBRE LA SENTENCIA

CAPÍTULO III.

De los Asociados y Relatores

Artículo 118

SCC 31-7-01

Constituido el tribunal con asociados no puede sentenciar solo el juez natural

SCC 7-11-03

Los asociados cesan en sus funciones una vez dictada la sentencia

DE LA TERMINACIÓN DEL PROCESO

CAPÍTULO I.

De la sentencia

Artículo 242

Artículo 243

SCC 4-4-03

Vicios de la sentencia de primera instancia

SCC 23-3-04

Principio de unidad del fallo

SCC 3-8-00

Legalidad del dispositivo de la sentencia.

Qué contiene una sentencia

SCC 5-4-01

Requisitos intrínsecos. Art. 243 del CPC.(Ratifica jurisprudencia

1. ARTICULO 243.

2. Ordinal 2º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil

SCC 21-8-03

Cesión de derechos litigiosos

SCC 10-8-00

Criterio jurisprudencial sobre la falta de mención de los apoderados judiciales en el fallo

SCC 15-11-00

Indicación de las partes en la sentencia. RATIFICA DOCTRINA 29-7-99

SCC 5-4-01

Sentencia. La omisión de mención de los apoderados de las partes en el cuerpo de la sentencia, no genera su nulidad. (Ratifica doctrina

3. Ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil

SCC 27-4-04

Cuándo se infringe el ordinal 3º del artículo 243 CPC

SCC 23-3-04

Caso de infracción del ord. 3º 243: LA narrativa no es breve y precisa

SCC 17-9-03

La síntesis debe incluir los principales actos del proceso

SCC 12-6-03

El requisito de síntesis de la controversia es aplicable a todo tipo de sentencias

SCC 21-8-03

Las tres facetas del sentenciador

SCC 20-12-02

En qué consiste la síntesis

Síntesis y principios de unidad y autosuficiencia del fallo

SCC 3-8-02

Falta de síntesis de la decisión. Se ratifica doctrina.

4. Ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil

SCC 5-5-04

Definición de inmotivación

SCC 27-4-04

Motivación exigua no es inmotivacion

SCC 27-4-04

Inmotivación por contradicción en los motivos

SCC 27-4-04

Contradicción en los motivos

SCC 17-9-03

Inmotivación en un aspecto esencial de la aplicación de la ley

SCC 17-9-03

Requisito de motivación del fallo

Ausencia de motivos de derecho

SCC 21-8-03

Motivación del decreto de medidas cautelares

SCC 12-6-03

Inmotivación: sentencia que revoca medida innominada

SCC 27-2-03

Motivación como exposición del proceso lógico para llegar a la decisión

SCC 17-2-00

Motivos de hecho y de derecho

SCC 20-12-02

Petición de principios

SCC 1-11-02

Motivación acogida, cambio de criterio

SCC 20-12-02

Motivación de este fallo permite control de legalidad

SCC 21-8-03

Contradicción entre los motivos y el dispositivo

SCC 30-5-02

Contradicción entre los motivos y el dispositivo

SCC 20-12-02

En qué consiste la inmotivación

Motivos suficientes

SCC 21-11-02

Fundamentación de la declaratoria de confesión ficta

SCC 20-12-02

Requisitos de la motivación en la condena de daño moral

SCC 19-7-00

Motivación. Se ratifica doctrina

Motivación contradictoria. Se ratifica doctrina

SCC 3-8-00

Inmotivación. Contradicción en los motivos de la decisión. Se ratifica doctrina

SCC 31-10-00

Motivación. Fórmulas vagas y generales equivale a falta de motivación.

SCC 15-11-00

Falta absoluta de fundamentos.

SCC 15-11-00

Medidas preventivas. Motivación

SCC 16-2-01

Vicio de inmotivación. Ratifica jurisprudencia

SCC 5-4-01

Vicio de inmotivación. Cuándo se configura. (ratifica doctrina)

SCC 5-4-01

Contradicción en los motivos

5. Ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil

SCC 27-4-04

Incongruencia positiva

SCC 27-4-04

Omisión de pronunciamiento sobre solicitud de reposición

SCC 27-4-04

Caso de incongruencia negativa

SCC 27-4-04

Omisión de pronunciamiento sobre alegaciones en informes

SCC 31-3-04

Incongruencia positiva por exceder el tema a decidir en apelación

SCC 21-8-03

Omisión de pronunciamiento sobre objeción a la cuantía

SCC 18-8-03

No declara con o sin lugar la apelación

SC 11-6-03

Reformatio in peius

SCC 16-5-03

Incongruencia por ultrapetita subjetiva

SCC 13-3-03

No hay incongruencia cuando el juez aplica el derecho

SCC 27-2-03

Modalidades y aspectos de la incongruencia

SCC 27-2-03

Reformatio in peius es incongruencia

SCC 16-3-00

Congruencia requiere atenerse a la pretensión en el objeto, sujetos y título

SCC 7-3-02

Qué se entiende por incongruencia

Pretensión delimitada por los sujetos, objeto y título

SCC 8-3-02

Congruencia con la pretensión, incluyendo título

SCC 5-2-02

Ultrapetita por modificación en el título

SCC 22-6-01

Sentencia expresa, positiva y precisa

SCC 1-11-02

Hay incongruencia aun cuando la alegación omitida sea improcedente

SCC 20-12-02

Falta de condena expresa indeterminación objetiva no incongruencia

SCC 20-12-02

Incongruencia negativa sobre simple rechazo de la cuantía

SCC 19-11-02

Exceder los límites de la apelación no es incongruencia

SCC 19-11-02

Reformatio in peius es incongruencia negativa, por ultrapetita.

SCC 21-11-02

Alegaciones en informes de obligatorio pronunciamiento

SCC 20-12-02

Ultrapetita

SCC 13-12-02

Incongruencia por acordar indexación solicitada en informes

SCC 13-12-02

Recurrida negó daño material, pero no se pronunció por daño moral

Daño material negado porque no se demostró autoría

SCC 1-11-02

Falta de pronunciamiento sobre indexación pedida en libelo

SCC 15-11-02

Tergiversación del libelo de demanda es incongruencia

SCC 1-11-02

No examinó los motivos de la apelación expuestos en los informes

SCC 1-11-02

No es incongruencia declarar de oficio nulidades de orden público

SCC 19-7-00

Falta de pronunciamiento sobre alegación en informes determinante

SCC 16-11-01

Falta de pronunciamiento de alegaciones de derecho en informes no es incongruencia

SCC 3-8-00

Incongruencia negativa. Omisión de pronunciamiento sobre solicitud de reposición presentada en los informes

SCC 10-8-00

Vicio de omisión de pronunciamiento o incongruencia negativa. Configuración. JURISPRUDENCIA REITERADA

SCC 21-9-00

Vicio de incongruencia

SCC 31-10-00

Alegatos en los informes: doctrina luego parcialmente abandonada en cuanto a la solicitud de reposición

SCC 15-11-00

Incongruencia positiva. Citrapetita y la llamada incongruencia mixta.

SCC 16-2-01

Vicio de incongruencia negativa. RATIFICA JURISPRUDENCIA

SCC 16-2-01

Alegación de hecho nuevo. Preclusión de la oportunidad para hacerlo. Alcance del contenido del art. 364 CPC

6. ARTÍCULO 243, ORDINAL 6º

SCC 12-4-04

El juez no fijó los límites temporales de la indexación

SCC 17-9-03

El Juez no fijó los parámetros para una experticia complementaria

SC 23-6-03

Determinación del objeto, acoge criterio Abreu-Mejía

SCC 12-11-02

Cumplimiento de contrato. No es necesario identificar el inmueble objeto del contrato

SCC 6-6-02

Sentencia, determinación Objetiva

SCC 19-7-00

Sentencia. La determinación de la cosa sobre la cual recae la condena o absolución tiene estrecha relación con dos principios esenciales del proceso

Determinación del objeto. Se ratifica doctrina

SCC 23-02-01

La determinación objetiva de la sentencia. (Ratifica jurisprudencia)

Artículo 244

ARTÍCULO 244, ABSOLUCION DE INSTANCIA

SCC 21-8-03

Omisión de pronunciamiento no es absolución de instancia

SCC 10-8-00

El vicio de absolución de la instancia. Cuándo se comete

8. Artículo 244, sentencia contradictoria

SCC 27-4-04

Contradicción debe ser en el dispositivo, no de los motivos con el dispositivo

SCC 19-7-00

Sentencia. Motivación contradictoria. Se ratifica doctrina

SCC 21-9-00

Vicio de contradicción. Ratifica doctrina.

9. Artículo 244: Sentencia Condicional

SCC 22-6-01

Sentencia condicional

10. Artículo 244. Ultrapetita

SCC 27-4-04

Ultrapetita, por haber ordenado la indexación a partir del vencimiento de las letras

SCC 11-10-00

Vicio de ultrapetita.

SCC 16-2-01

Reformatio in peius es ultrapetita

SCC 7-3-02

Reformatio in peius Sala Social Ver art. 288

SCC 30-11-00

Artículo 245

Artículo 246

SCC 30-4-04

Sentencia de apelación en juicio de invalidación es inexistente

Artículo 247

Artículo 248

Artículo 249

SC 26-1-01

SC 19-7-00

SCC 22-5-01

Artículo 250

Artículo 251

Artículo 252

SC 9-3-01

Lapso para solicitar aclaratoria

SCC 11-3-04

Condena en costas mediante la ampliación

Artículo 253

Artículo 254

DE LA DECISIÓN DE LA CAUSA

CAPÍTULO I.

De la vista y sentencia en Primera Instancia

Artículo 511

SCon 30-10-01

No es necesaria la fijación por el juez del lapso para los informes

SCC 13-04-94.

Artículo 512

Artículo 513

SCC 31-7-01

Cómputo del lapso de observaciones y del lapso para decidir

Artículo 514

SCC 12-4-04

Facultad para dictar auto para mejor proveer

Artículo 515

SCC 24-1-02

Nuevo juez debe notificar a las parte y se inicia el lapso para sentenciar

CAPÍTULO II.

Del procedimiento en Segunda Instancia

Artículo 516

SCC 25-2-04

Corresponde al Tribunal el recibo del expediente, por tanto la parte no tenía que impulsar el proceso

Artículo 517

SCC 10-8-00

Incorporación de un nuevo juez y acto de informes

SCC 4-12-01

Fijación de 20 días para los informes en sentencia interlocutoria no lesionó el derecho de defensa

Artículo 518

SCC 30-5-02

Solicitud extemporánea de constitución con asociados

Artículo 519

SCC 29-1-02

Diferente cómputo de acuerdo con la presentación de informes

SCC 13-7-00

La Alzada vulneró el derecho a presentar observaciones

Artículo 520

SCC 2-11-01

SCC 12-4-04

Artículo 521

SCC 29-1-02

Sentencia dictada antes de iniciar el lapso para decidir es procesalmente inexistente

SCon 20-8-02

Abocamiento de un nuevo juez después de vencido el lapso para sentenciar

SCC 16-11-01

Abocamiento

CAPÍTULO III.

De los Asociados y Relatores

Artículo 118

Toda parte tiene derecho a que en todas las instancias de los juicios cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales de Primera Instancia, el Tribunal de la causa se constituya con asociados, para dictar la sentencia definitiva. Al efecto, podrá cualquiera de las partes pedir dentro de los cinco días siguientes a la conclusión del lapso probatorio en el Tribunal de la causa, o la llegada del expediente en el Tribunal Superior, que se elijan dos asociados para que, unidos al Juez o a la Corte, formen el Tribunal.

SCC 31-7-01

Ponencia del Magistrado.Carlos Oberto Vélez Exp. Nº,222 dec. Nº :01

Constituido el tribunal con asociados no puede sentenciar solo el juez natural

En primer lugar, denuncia el accionante la violación del artículo 69 de la derogada Constitución de la República, el cual consagraba la garantía constitucional de que nadie puede ser juzgado sino por sus jueces naturales. En tal sentido, señala el accionante que el Juez Titular del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en fecha 22 de septiembre de 1999, dictó sentencia definitiva con motivo del recurso de apelación formulado por el referido abogado contra el fallo dictado el día 8 de enero de 1999 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial, sin observar que el mencionado Tribunal se encontraba constituido con Jueces Asociados, como consecuencia de la solicitud planteada por el hoy accionante, a tenor de lo dispuesto en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

‘Toda parte tiene derecho a que en todas las instancias de los juicios cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales de Primera Instancia, el Tribunal de la causa se constituya con asociados, para dictar la sentencia definitiva. Al efecto, podrá cualquiera de las partes pedir dentro de los cinco días siguientes a la conclusión del lapso probatorio en el Tribunal de la causa, o la llegada del expediente en el Tribunal Superior, que se elijan dos asociados para que, unidos al Juez o a la Corte, formen el Tribunal’.

La norma transcrita sin lugar a dudas establece la potestad de las partes de solicitar al Tribunal de la causa la constitución del Tribunal con asociados para dictar la sentencia definitiva.

Como anteriormente se señaló, el abogado accionante, en fecha 22 de marzo de 1999, solicitó la constitución con jueces asociados del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, -quien conocía de la causa como consecuencia del recurso de apelación ejercido contra la sentencia dictada en fecha 8 de enero de 1999 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial-, de conformidad con la norma jurídica antes señalada; habiéndose constituido de tal forma el referido Tribunal el día 9 de abril de 1999.

Posteriormente, y como consecuencia de la renuncia de uno de los jueces asociados, y de la inhibición declarada con lugar del Juez Titular del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, se remitió el expediente al Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial. Una vez recibido el expediente en dicho Tribunal, el Juez Titular, en fecha 6 de julio de 1999, se abocó (sic) al conocimiento de la causa y fijó la oportunidad procesal para que tuviera lugar el acto de informes; acto que se llevó a cabo, con la intervención de las partes, el día 6 de agosto del mismo año, procediéndose a fijar el lapso de sesenta (60) días calendarios para dictar sentencia. El día 22 de septiembre de 1999, el Juez Titular del Juzgado antes mencionado, dictó sentencia definitiva.

Al respecto, la Sala observa que el Juez Titular del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, al dictar tal auto, infringió lo dispuesto en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que si bien se produjo un cambio en el Tribunal Superior, como consecuencia de la inhibición planteada, la constitución del órgano jurisdiccional permanecía incólume, es decir, el órgano jurisdiccional seguía constituido con jueces asociados, y no podía el referido Juez Titular proceder a dictar sentencia definitiva de manera unilateral, sin previamente haber convocado a los jueces asociados, para la continuación del procedimiento.

Lo anterior constituye, a juicio de la Sala, la vulneración de la garantía constitucional relativa a que nadie puede ser juzgado sino por sus jueces naturales, que consagraba el artículo 69 de la Constitución de la República, -ahora consagrado en el numeral 4 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela- al haber el juez titular del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, inobservado tal circunstancia, por cuanto –se insiste- la parte accionante legítimamente ejerció su derecho a solicitar la constitución del Tribunal con jueces asociados para que dictara sentencia definitiva y, en consecuencia, el Juez Titular del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas estaba obligado a dictar sentencia definitiva, tomando en cuenta que el Tribunal a su cargo se encontraba constituido con jueces asociados.

SCC 7-11-03

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 02-106, dec. Nº 675:

Los asociados cesan en sus funciones una vez dictada la sentencia

La finalidad del tribunal con asociados es decidir la controversia. Una vez dictada la sentencia, cesa en sus funciones, se agota la función jurisdiccional de estos jueces. Por tal motivo, yerra el formalizante al sostener que al haberse solicitado y constituido inicialmente el tribunal con asociados, dictarse la sentencia definitiva en segunda instancia, y transcurrir dos veces sucesivas la estadía en casación, el tribunal superior que va a dictar sentencia por tercera vez, en este caso en reenvío por cuanto se casó por el fondo, está atado a la solicitud inicial de constitución de asociados, la cual se agotó, como fue expresado, al dictarse la sentencia de mérito en la primera oportunidad de la segunda instancia.

Sobre el particular de la función de los jueces asociados y cómo se agota el desempeño de su ejercicio una vez pronunciada la sentencia definitiva, el Tribunal Supremo de Justicia ha expresado el siguiente criterio:

“...El tribunal con asociados, conforme al artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, se conforma por la solicitud de la parte, quien tiene el derecho a que en todas las instancias de los juicios cuyo conocimiento corresponda a los tribunales de primera instancia, el tribunal se constituya con asociados para dictar sentencia en un caso determinado, y una vez que se dicta la decisión, cesan sus funciones, ya que la sustanciación del caso corresponde al juez titular, quien es además el presidente del tribunal colegiado que se ha constituido para decidir esa sola causa. El hecho de que se solicite la aclaratoria de una decisión dictada por un tribunal constituido con asociados, no impide que la no aceptación de tal solicitud, por las razones que considere procedente el tribunal, la haga el juez titular del tribunal que conoce la causa y que ha venido conociendo el caso (al menos formalmente) a través de todo el procedimiento y en su fase de ejecución...” (Negritas de la Sala de Casación Civil. Sentencia de la Sala Constitucional de fecha 6 de diciembre de 2000, en el juicio de Médicos Unidos Los Jabillos, C.A., vs Mario Elaluf Romero, expediente N° 1509).

Como se ha indicado, la función jurisdiccional de los jueces asociados no es perpetua. Al contrario, se extingue una vez que cumplen el deber de dictar la sentencia definitiva para la cual fueron llamados. Ni siquiera podría entenderse, como parecen sugerir los formalizantes, que el pedimento inicial de constitución de jueces asociados quedaría en una suerte de obligación permanente en segunda instancia de siempre constituirse el referido tribunal, por el hecho de haberse solicitado una vez. Esta solicitud de constitución, debe entenderse para el pronunciamiento de una sentencia definitiva, no de todas las sentencias que puedan generarse por la interposición sucesiva de recursos de casación.

DE LA TERMINACIÓN DEL PROCESO

CAPÍTULO I.

De la sentencia

Artículo 242

La sentencia se pronuncia en nombre de la República de Venezuela, y por autoridad de la ley.

Artículo 243

Toda sentencia debe contener:

1° La indicación del Tribunal que la pronuncia.

2° La indicación de las partes y de sus apoderados.

3° Una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan de autos.

4° Los motivos de hecho y de derecho de la decisión.

5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.

6° La determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión.

SCC 4-4-03

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  01-302, dec. Nº 139:

Vicios de la sentencia de primera instancia

De conformidad con lo previsto en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, es deber del Sentenciador Superior revisar la sentencia apelada y decretar la existencia de los vicios previstos en el artículo 244 eiusdem, que las partes hubiesen hecho valer mediante la apelación. Asimismo, establece que la declaratoria del vicio de forma no será motivo de reposición de la causa, sino que el juez de alzada debe resolver el fondo del litigio.

En interpretación y aplicación de esta norma, la Sala ha indicado reiteradamante que si la parte hace valer la nulidad de la sentencia de primera instancia mediante la apelación y el juez de alzada no se pronuncia sobre ello de forma expresa, positiva y precisa, ese defecto de actividad no puede trascender a la casación, porque dicho precepto legal determina que los posibles vicios de la decisión apelada no serán examinados por la casación y de persistir éstos en la sentencia del Tribunal de alzada, se debe denunciar la infracción del correspondiente ordinal del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, como vicio formal de la sentencia del superior, y no respecto del examen de la decisión de primera instancia.

En ese sentido, esta Sala se pronunció, entre otras, en sentencia de fecha 29 de julio de 1994, reiterada el 30 de marzo de 2000, Sentencia No. 81 (Caso: Bertha Celina Ramírez y otros c/ Fabio German Duque y otra), en la cual dejó sentado:

“...De acuerdo al artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, la nulidad de la sentencia definitiva de la instancia inferior se hace valer mediante la apelación; la declaratoria del vicio de la sentencia por el Tribunal que conozca en grado de la causa, no será motivo de reposición, y éste decidirá el fondo del asunto.


En la legislación derogada, tal declaratoria conducía a la nulidad de la sentencia de primera instancia, y a la consiguiente reposición de la causa, al estado de que el a quo dicte nueva sentencia. Esta decisión era el contenido de una sentencia definitiva formal, inmediatamente recurrible en casación. Al modificar el legislador el sistema, y establecer que la existencia de vicios en la decisión apelada no conduce a la reposición, restringió la posibilidad de nulidad a la existencia de quebrantamiento de formas procesales, cometidos en el íter que conduce a la sentencia; por tanto, carece de trascendencia en el curso del proceso el examen que al respecto realiza el Superior.


Si bien, en nuestra legislación, y en la mayor parte de los ordenamientos procesales, está inmerso en el recurso de apelación el antiguo recurso ordinario de nulidad, el objeto de la sentencia pronunciada en grado de apelación no es la sentencia apelada, sino la controversia, de nuevo sometida a decisión de un juez, por el efecto devolutivo del recurso, y a ello debe referirse la Casación, a menos que el recurso no se interponga contra una sentencia que resuelva el fondo de la apelación, sino contra una decisión de reposición al estado de que se vuelva a practicar alguna actividad procesal, ello dejando a salvo el control de la casación sobre la reposición preterida.


Por no tener en este caso trascendencia para la resolución de la apelación el examen de la sentencia apelada, en cuanto a los vicios que ésta pudiese contener, carecería de propósito útil el examen de esta Corte acerca de la apreciación realizada por el Juez sobre esa sentencia.


Al establecer el legislador que la nulidad de ésta no impediría a la Alzada resolver sobre el fondo, quiso poner punto final al examen de los requisitos de forma de la sentencia apelada, lo cual conduce a que no debe esta Corte examinar la denuncia planteada...”. (Destacado de la Sala).

La Sala, al reiterar el criterio jurisprudencial transcrito, establece que si la parte hace valer la nulidad de la sentencia de primera instancia mediante la apelación, y el juez de alzada no se pronuncia de forma expresa, positiva y precisa sobre los pretendidos vicios de forma, ello no trasciende a casación, pues el sentenciador de alzada tiene el deber de reexaminar la controversia sin cometer los alegados defectos de actividad advertidos en la sentencia de primera instancia, y si en definitiva incurre en los mismos vicios, éstos pueden ser denunciados en casación en cuanto a la forma de la sentencia del superior y no respecto del examen de la decisión apelada.

 

SCC 23-3-04

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 03-021, dec. Nº 237:

Principio de unidad del fallo

La sentencia constituye una unidad aun cuando se divida en tres partes: narrativa, motiva y dispositiva. Cada una de estas partes permiten la estructuración de una decisión que sea clara e inteligible para los justiciables, primero con la narrativa, donde el juez o jueza deberá sintetizar los términos en que ha quedado planteada la litis y las circunstancias procesales que han sucedido en autos para llegar a su conocimiento; luego con la motiva, parte en que el sentenciador establecerá los hechos con el material probatorio para expresar los motivos fácticos y de derecho que fundamenten su decisión; y, por último la parte dispositiva, donde el jurisdicente, de forma expresa, positiva y precisa, dictará su decisión.

Sin embargo, puede suceder que la decisión no se encuentre en la parte dispositiva de la sentencia, ya que en oportunidades es posible que se resuelva un punto o un pedimento, en la parte motiva del fallo estableciendo su resolución en ella y no en la dispositiva. En éstos supuestos no puede considerarse que la decisión adolezca de ser expresa, positiva y precisa.

[...]

La Sala, después de realizar el concienzudo análisis sobre el fallo recurrido, y apoyándose en la doctrina supra transcrita, advierte que el sentenciador de la alzada utilizó, por ser, además, de permitido perfectamente correcto, el método referido precedentemente, vale decir, el  ad-quem en el desarrollo del texto de su fallo, fue desgranando tanto los pedimentos de la accionante como las defensas de la accionada, y como se observa claramente del texto parcialmente transcrito, de una manera por demás patente, resolvió respecto a cada uno de los asuntos que integraron el thema decidendum, quedando establecido de manera indubitable la declaratoria con lugar de la acción deducida, o sea la resolución del contrato de apertura de crédito; dando cumplimiento a los extremos de contener decisión expresa, positiva y precisa.

SCC 3-8-00

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 99-1029, dec. Nº 252:

Legalidad del dispositivo de la sentencia.

[...] la legalidad del dispositivo de una sentencia sólo se puede verificar a través de la exposición de los motivos en que ella se fundamenta, no sólo para conocimiento de las partes a quienes va dirigida, sino también como condición y presupuesto para el debido control del pronunciamiento por medio de los recursos de apelación y de casación que la ley otorga a los interesados.

Qué contiene una sentencia

Toda sentencia es un juicio del juez sobre el caso concreto sometido a su consideración. Y todo juicio está integrado por los llamados juicios históricos, juicios lógicos y juicios de valor. Traducidos a la forma como se debe elaborar una sentencia, el juicio histórico alude a la reconstrucción de la realidad; el juicio lógico se relaciona con las inferencias del juez a partir del análisis directo de las pruebas; y el juicio de valor atañe a la delicada fase de subsunción del caso concreto en la norma jurídica escogida para resolver la controversia.

SCC 5-4-01

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 00-437, dec. Nº 72:

Requisitos intrínsecos. Art. 243 del CPC.(Ratifica jurisprudencia

Los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, como se ha establecido en numerosos fallos de esta Sala, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado "que los errores in procedendo" de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen- como atinadamente expresa Carnelutti- `un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la rescisión de la sentencia´, en cuanto que los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público, por en fin de cuentas reconducirse en la vulneración de alguna `de las garantías no expresadas en la Constitución´". (Sentencia de fecha 13 de agosto de 1992, caso Ernesto Pardo Morales contra Carlos Lanz Fernández, expediente Nº 91-169, Sentencia Nº 334)

1. ARTICULO 243.

2. Ordinal 2º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil

SCC 21-8-03

Cesión de derechos litigiosos

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  02-537, dec. Nº 442:

Tal como se observa de las transcripciones precedentes, el demandante cedió y traspasó “...LA TOTALIDAD DE LOS DERECHOS LITIGIOSOS...” con anterioridad a la citación del demandado. En este sentido, el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil, señala que:

“...La cesión que hiciere alguno de los litigantes, por acto entre vivos, de los derechos que ventila a quien no es parte en la causa, después del acto de la contestación de la demanda y mientras no sea dictada sentencia definitivamente firme, no surte efectos sino entre el cedente y el cesionario, salvo el consentimiento del otro litigante.

Si la transferencia a título particular de los derechos que se ventilan se produce por causa de muerte, se suspenderá la causa desde que aquella se haga constar en el expediente, hasta que se cite al sucesor a título particular, quien se hará parte en la causa...”. (Subrayado y negrillas es de la Sala)

En el sub iudice, la mencionada cesión de derechos litigiosos fue realizada con anterioridad a la citación del demandado, motivo por el cual, operó un cambio en la persona titular de la cualidad de demandante y, por supuesto, para ese cambio, no era necesario el consentimiento del demandado, dado que para ese momento, ni siquiera se encontraba citado para el presente juicio.

La norma transcrita ut supra condiciona los efectos de la cesión en el proceso que se trate si ésta es realizada después de la contestación de la demanda y antes de la sentencia, salvo el consentimiento de la parte contraria. Esto significa, por interpretación en contrario, que realizada dicha cesión antes de la contestación, sus efectos se hacen efectivo en el juicio y el Juez estará limitado a aceptar al cedido como integrante activo de la relación jurídica subjetiva procesal.

Ahora bien, el ad quem en su sentencia, la cual riela de los folios 228 al 245 del expediente, señala que:

“...DEMANDANTE: JOSÉ JULIO ZAMBRANO ZAMBRANO, cédula de identidad N° 5.646.129, quién cedió los derechos litigiosos a la ciudadana NUBIA ESPERANZA MORA TORRES, cédula de identidad N° 9.212.428.

(...Omissis...)

Por los razonamientos expuestos este JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO, DEL TRABAJO, DE ESTABILIDAD LABORAL (Sic) Y DE MENORES (Sic) DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA:

PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA APELACIÓN interpuesta por la abogada Alix Carvajal, con el carácter de autos, de fecha 23-11-2001, contra la decisión dictada por el Juzgado 1° de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, en fecha 20-11-2001, en cuanto a la nulidad del negocio jurídico, mas no en cuanto a la determinación del monto de la negociación.

SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA intentada por el ciudadano JOSÉ JULIO ZAMBRANO ZAMBRANO, anteriormente identificado, contra el ciudadano ANDRÉS DE JESÚS RANGEL GUERRERO y, en consecuencia, se declara NULA LA VENTA CON PACTO DE RETRACTO celebrada entre los ciudadanos JOSÉ JULIO ZAMBRANO ZAMBRANO, contra (Sic) el ciudadano ANDRÉS DE JESÚS RANGEL GUERRERO, según documento protocolizado en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio San Cristóbal, el 10 de febrero de 1998, bajo el N° 33, tomo (Sic) 6, Protocolo Primero.

Queda así REVOCADA la decisión apelada.

Se condena al pago de las costas recíprocamente a las partes, del juicio, de conformidad con el artículo 275 del Código de Procedimiento Civil, y no hay condenatoria en costas del recurso, conforme al artículo 281 ejusdem, por no haber sido confirmada la decisión apelada...”. (Mayúsculas y negritas de la recurrida).

Tal como se observa de la transcripción parcial del texto de la recurrida, si bien el ad quem, en su narrativa, señala que hubo una cesión de los derechos litigiosos por parte del demandante originario, ciudadano José Luis Zambrano Zambrano a Nubia Esperanza Mora Torres, en el dispositivo del fallo, nada menciona con relación a la cesionaria, silenciando totalmente la existencia de la misma en el proceso, pese a que ésta había adquirido los derechos litigiosos en este asunto, antes de la contestación de la demanda, e incluso antes de que impulsara la citación, lo que obligaba al juez a tenerla como parte activa de la relación jurídica subjetiva procesal en atención a los efectos de la cesión efectuada en el presente juicio, que sin lugar a dudas le faculta para poder posteriormente, solicitar la ejecución de la decisión, de resultar favorecida en los derechos reclamados por la demandante cedente.

No solo la silencia, sino que identifica como parte demandante en el dispositivo a José Julio Zambrano Zambrano, quien, por efecto de la cesión otorgada antes de la contestación de la demanda, dejó de integrar la relación jurídica subjetiva procesal y que, además se le condenó en costas.

Bajo estos presupuestos de hecho, estima la Sala que estamos en presencia de un problema de orden público procesal, dado que la decisión emanada del Juez Superior, infringe el requisito establecido en el ordinal 2° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, ya que existe en el presente fallo una “indeterminación subjetiva”, lo cual es a todas luces violatoria de los principios de igualdad y celeridad procesal, ya que, como se ha indicado, en el presente procedimiento, ciertamente no existe mención en el dispositivo del fallo de la cesionaria como parte demandante vencedora en el caso bajo análisis.

SCC 10-8-00

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 00-149, dec. Nº 274:

Criterio jurisprudencial sobre la falta de mención de los apoderados judiciales en el fallo

En cuanto a la falta de mención de los apoderados judiciales, esta Sala en sentencia de fecha 15 de julio de 1998, en la cual se ratificó el fallo de fecha 15 de diciembre de 1994, expresó lo siguiente: "De allí que consideramos heterodoxo la distinción que hace la Corte entre "parte en sentido material" que para la Corte serían los sujetos activo y pasivo de la pretensión procesal, y "parte en sentido formal" que en concepto de la Corte son los apoderados de las partes, los cuales no pueden considerarse como partes en ningún sentido: ni formal, porque no son sujetos de la demanda ni de la pretensión, ni material, porque no son titulares de los derechos que se hacen valer en el juicio, sino meros representantes de las partes para la gestión procesal, sin estar sujetos a ninguno de los efectos del proceso, los cuales recaen exclusivamente sobre las partes" (Rengel Romberg, Arístides, Tratado de Derecho Procesal Civil, páginas 311 y 312). Establecida así la correcta interpretación del ordinal 2º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en relación con la mención de los apoderados, ha de concluirse que será nulo el fallo conforme a la disposición del artículo 244 del mismo Código, cuando exista omisión de los requisitos intrínsecos de la forma de la sentencia, esto es, cuando falten "aquellas determinaciones subjetivas y objetivas que configuren la pretensión, entre los cuales figuran las partes, pero no los apoderados de éstas, porque el límite subjetivo de la cosa juzgada lo determinan las partes". (Rengel Romberg, Arístides; ob. Cit., pág 211).

SCC 15-11-00

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 99-686, dec. Nº 382:

Indicación de las partes en la sentencia. RATIFICA DOCTRINA 29-7-99

La sentencia debe llenar los requisitos externos, entre los que se encuentran la indicación de las partes y sus apoderados, o como decía el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil derogado, -...nombrando la persona condenada o absuelta y la cosa sobre la que recae la condenación o absolución...-. Es evidente que la acción y la defensa cambian según las personas que intervienen en ellas; de suerte, pues, que en cierto modo, forman parte de la acción deducida y de las defensas opuestas, la designación del demandante y demandado, ya que si falla a favor de persona distinta a la demandante y se condena a persona que no ha sido demandada, no se ha cumplido con la expresada formalidad, porque no pueden desligarse la acción y la excepción de las personas litigantes. No designar, pues, en la sentencia alguna de las partes en el juicio o referirse a personas distintas, es revelarse contra la disciplina del mencionado artículo 243, ordinal 2º, del Código de Procedimiento Civil, como lo fue ayer el artículo 162 del mismo Código.

SCC 5-4-01

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 00-492, dec. Nº 60:

Sentencia. La omisión de mención de los apoderados de las partes en el cuerpo de la sentencia, no genera su nulidad. (Ratifica doctrina

Establecida así la correcta interpretación del ordinal 2° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en relación con la mención de los apoderados, ha de concluirse que será nulo el fallo conforme a la disposición del artículo 244 del mismo Código, cuando exista omisión de los requisitos intrínsecos de forma de la sentencia, esto es, cuando falten "aquellas determinaciones subjetivas y objetivas que configuran la pretensión, entre las cuales figuran las partes, pero no los apoderados de éstas, porque el límite subjetivo de la cosa juzgada lo determinan las partes" (Rengel Romberg, Arístides; Ob. Cit., pág. 211).De la manera anteriormente expuesta, queda sentada la nueva posición de la Sala, en lo relativo a la correcta interpretación del ordinal 2° del 243 del Código de Procedimiento Civil, referente a la mención de los apoderados de las partes en el fallo. Se abandona la doctrina sustentada en el fallo de fecha 14 de abril de 1993." (Sentencia de fecha 15-12-94, en el juicio seguido por la ciudadana Aura Quintero de Vásquez contra Oscar Elías Muñoz y otros)....Por las razones expresadas en la anterior doctrina, la omisión de señalar los apoderados de la parte querellada en el cuerpo de la sentencia, no genera su nulidad.

3. Ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil

SCC 27-4-04

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 03-886, dec. Nº 343:

Cuándo se infringe el ordinal 3º del artículo 243 CPC

El precepto contenido en el ordinal 3º del artículo 243 del Código Adjetivo Civil, obliga al juez, por una parte, a indicar cómo ha quedado planteada la controversia, de manera tal, que antes de entrar a motivar el fallo, mediante el establecimiento de los hechos y la fundamentación del derecho, el juez exponga con sus palabras en qué sentido y cómo quedó trabado el problema judicial a resolver y, por otra parte, esa exposición deberá formularse a través de una síntesis clara, precisa y lacónica.

En tal sentido, la Sala en sentencia N° 0068, de fecha 5 de abril de 2001, Exp. 00-218, en el caso de Humberto Adolfo Colls Rivas contra Asociación Corporativa de Transporte Larense de Responsabilidad Limitada, con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, estableció:

“...Al respecto, la Sala ha elaborado reiterada y pacífica jurisprudencia contenida, entre otros, en fallo de fecha 16 de febrero de 1994, caso Juan de Jesús Velasco Ureña y otro contra Luis Miguel Casique Velasco, expediente 92-823, que copiada textualmente, dice:

“...La doctrina de la Sala, con respecto al ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, es de reciente data, por cuanto la exigencia contenida en esa norma, acerca de los requisitos que el Juez debe cumplir en la sentencia, fue incorporada en la Reforma (Sic) de 1986, como señala la Exposición de Motivos de Código de Procedimiento Civil, siguiendo la jurisprudencia que consideraba totalmente necesario y no contribuía a un mejor desenvolvimiento de la justicia, que los jueces se extendieran en la parte narrativa del fallo haciendo una transcripción de todas las actuaciones ocurridas en el proceso.

En decisión del 11 de febrero de 1988, la cual ha sido sustentada posteriormente, la Sala asentó que si bien la redacción de la sentencia no está sometida a fórmula rígidas y extremas, el legislador en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, requiere que la síntesis controversial sea planteada en términos claros, precisos y lacónicos, para evitar mayores dilaciones en el proceso, por la práctica viciada que tenían y aun tienen los jueces, de hacer una extensa relación de todos los hechos ocurridos en el juicio, lo que es innecesario y, por el contrario, es sancionado por el Código Procedimental.

La Sala, considera, por tanto, que si bien los jueces pueden en el fallo, si lo estiman conveniente, copiar in extenso el libelo de la demanda, el escrito de contestación al fondo de la misma y otros alegatos y defensas de las partes que consideren pertinentes, con datos que a veces son específicos, para de esa manera cumplir con obligación de hacer una síntesis clara, precisa y lacónica de la controversia, sí es censurable y acarrea la violación del ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, cuando en la decisión se transcriban prácticamente todos los actos del proceso que no tengan mayor relevancia. Seguir aceptando la viciada práctica de permitir extensas narrativas en los fallos, es dejar sin efecto y sin sentido el requisito establecido en el Código, pues no contribuyen a una síntesis precisa y lacónica de la controversia, la transcripción por parte del Juez de todos los actos del juicio....”

Como se desprende de la jurisprudencia transcrita, se deja de cumplir con la referida norma adjetiva, cuando: 1) el juez se extiende en la narrativa señalando y transcribiendo todos los actos que no tengan mayor relevancia, y; 2) el juez no realiza ninguna síntesis, no dejando, en consecuencia, en forma clara, precisa y lacónica los términos en que ha quedado planteado el asunto jurídico a resolver...”. (Subrayado y negrillas de la Sala).

[...]

Posteriormente, al entrar en el establecimiento y valoración de las pruebas, incurrió en el error denunciado por el formalizante, pues atribuyó los testigos supra identificados promovidos por la accionante al accionado y viceversa. Es decir, cuando fue a valorar a los testigos de la demandada indicó que éstos habían sido promovidas por la demandante y viceversa.

Ahora bien, a pesar de ello, la Sala constata que en la oportunidad que las pruebas fueron evacuadas no se incurrió en la equivocación de estimar como promoventes a las partes que no lo son, por lo que, sin lugar a dudas, lo evidenciado en la recurrida y denunciado por el formalizante fue un error material que en modo alguno constituyó la infracción señalada, así como tampoco viola el debido proceso ni lesiona el derecho a la defensa de alguna de las partes, ya que las mismas fueron analizadas por la recurrida.

SCC 23-3-04

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 02-934, dec. Nº 245:

Caso de infracción del ord. 3º 243: LA narrativa no es breve y precisa

En prueba de ello, basta señalar que entre el folio 1.170 y 1.178 de la pieza 6 del expediente, se transcribe prácticamente todo el contenido del escrito libelar, seguido del auto por el cual fue acordada su admisión, luego, de los folios 1.179 al 1.192 de la citada pieza 6 del expediente, se incluyen prácticamente transcripciones de todos los escritos de contestación de la demanda presentados por la parte demandada; seguidos de las posiciones juradas rendidas por los ciudadanos GENARO GARCÍA CÁCERES y LUIS ERNESTO GRAJALES y de las subsiguientes actuaciones, descritas bajo los siguientes sub-títulos: “Insistencia de los demandante”, “contestación a la cuestión previa opuesta”, ”posiciones juradas de JOSÉ NEIRA CELIS en su carácter de Presidente de la co-demanda (sic) INMOBILIARIA ROSELLI S.R.L.”, “posiciones juradas del co-demandado JOSÉ NEIRA CELIS; posiciones juradas de la co-demandante ROSA MARÍA MANRIQUE VDA. DE CLAVIJO”, “promoción de pruebas de la parte demandante: Primer escrito de pruebas”, “segundo escrito de pruebas”, “tercer escrito de pruebas”, “cuarto escrito de pruebas”, oposición a la admisión”, “promoción de pruebas de los co-demandados”:, “Inmobiliaria Roselli, C.A. (sic)”, “documentales”, “testimoniales, “solicitud de informe”, “oposición a la admisión”, “admisión de las pruebas de la parte demandante”, “admisión de las pruebas de la co-demandada Inmobiliaria Roselli C.A.”, “evacuación de pruebas de la parte demandante”, “experticia”, “objetivo de la experticia”, “testimoniales...”, “inspección judicial en el despacho de la Sindicatura Municipal de PEDRO MARIA UREÑA”, “inspección judicial en la Avenida Intercomunal en los locales objeto de la acción”, etc.

Como consecuencia de lo anterior, resulta innegable que la recurrida de autos adolece de una síntesis lacónica y precisa de la controversia, pues, en modo alguno, es breve, concisa y compendiosa en el lenguaje, por incurrir en la inadecuada estructuración del fallo al relatar íntegramente en casi su totalidad buena parte de las diversas actuaciones del proceso, cuando debió limitarse a indicar los parámetros en los cuales quedó trabada la litis, señalando únicamente aquellos aspectos relacionados con el fondo del asunto debatido y, por supuesto, cualquier otro acto relevante relacionado con éste.

SCC 17-9-03

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  03-076, dec. Nº 528:

La síntesis debe incluir los principales actos del proceso

Mediante reiterada doctrina de ésta Máxima Jurisdicción se ha señalado que, a fin de cumplir con este requisito, no se hace necesario transcribir todos los actos que se han producido durante el curso del proceso, pero que de reproducir algunos, no por ello se estimará la sentencia  infractora del precepto señalado. Ahora bien, las expresiones síntesis y lacónica, no deben interpretarse como equivalentes a escueto. Ya se ha sentado, incluso en doctrina de vieja data, que por constituir la síntesis de la sentencia, el preámbulo explicativo de lo que se ha de decidir, ella debe hacerse de manera que explique claramente lo debatido. Si bien no es menester transcribir todas los pormenores del juicio, no puede aceptarse tampoco, que dicha síntesis sea de tal manera sinóptica que no permita deducir que asunto es el que se resolverá en su dispositivo.

En el subjudice se aprecia de la recurrida ut supra transcrita, que como lo denuncia el formalizante, ella no satisface el deber de explanar claramente como se desenvolvió el debate judicial, pues su parte narrativa se advierte extremadamente sucinta. Huérfana de la narración de situaciones que se sucedieron durante el proceso realmente importantes para el establecimiento preciso del thema decidendum, vale decir, no permite conocer los planteamientos realizados por los litigantes, sino sólo se hace alusión al medio recursivo de apelación ejercido por la demandante, dejando de analizar otros eventos de importancia ocurridos durante el iter procesal.

Con base a las consideraciones que preceden que evidencian el incumplimiento por parte de la recurrida de su deber de síntesis, infringiendo de ésta manera lo preceptuado en el ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, estima la Sala declarar procedente la presente denuncia. Así se establece.

SCC 12-6-03

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. N° 01-179, dec. N° 289:

El requisito de síntesis de la controversia es aplicable a todo tipo de sentencias

Este requisito debe cumplirse en todo tipo de sentencias, tal como lo tiene establecido esta Sala de Casación Civil, pudiendo referirse la sentencia de fecha 5 de abril de 2001, dictada en el juicio seguido por el ciudadano HUMBERTO ADOLFO COLLS RIVAS, contra la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTE LARENSE DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y en la que se dejó establecido lo siguiente:

"...AI respecto, la Sala ha elaborado reiterada y pacífica jurisprudencia contenida, entre otros, en fallo de fecha 16 de febrero de 1994, caso Juan de Jesús Velasco Ureña y otro contra Luis Miguel Casique Velasco, expediente 92-823, que copiada textualmente, dice:

"...La doctrina de la Sala, con respecto al ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, es de reciente data, por cuanto la exigencia contenida en esa norma, acerca de los requisitos que el Juez debe cumplir en la sentencia, fue incorporada en la Reforma de 1986, como señala la Exposición de Motivos de Código de Procedimiento Civil, siguiendo la jurisprudencia que consideraba totalmente necesario y no contribuía a un mejor desenvolvimiento de la justicia, que los jueces se extendieran en la parte narrativa del fallo haciendo una transcripción de todas las actuaciones ocurridas en el proceso.

En decisión del 11 de febrero de 1988, la cual ha sido sustentada posteriormente, la Sala asentó que si bien la redacción de la sentencia no está sometida a fórmula rígidas y extremas, el legislador en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, requiere que la síntesis controversia) sea planteada en términos claros, precisos y lacónicos, para evitar mayores dilaciones en el proceso, por la práctica viciada que tenían y aun tienen los jueces, de hacer una

extensa relación de todos los hechos ocurridos en el juicio, lo que es innecesario y, por el contrario, es sancionado por el Código Procedimental.

La Sala, considera, por tanto, que si bien los jueces pueden en el fallo, si lo estiman conveniente, copiar in extenso el libelo de la demanda, el escrito de contestación al fondo de la misma y otros alegatos y defensas de las partes que consideren pertinentes, con datos que a veces son específicos, para de esa manera cumplir con obligación de hacer una síntesis clara, precisa y lacónica de la controversia, sí es censurable y acarrea la violación del ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, cuando en la decisión se transcriban prácticamente todos los actos del proceso que no tengan mayor relevancia. Seguir aceptando la viciada práctica de permitir extensas narrativas en los fallos, es dejar sin efecto y sin sentido el requisito establecido en el Código, pues no contribuyen a una síntesis precisa y lacónica de la controversia, la transcripción por parte del Juez de todos los actos del juicio....".

Como se desprende de la jurisprudencia transcrita, se deja de cumplir con la referida norma adjetiva, cuando: 1) el juez se extiende en la narrativa señalando y transcribiendo todos los actos que no tengan mayor relevancia, y; 2) el juez no realiza ninguna síntesis, no dejando, en consecuencia, en forma clara, precisa y lacónica los términos en que ha quedado planteado el asunto jurídico a resolver.

En el sub judice se impugna a la recurrida por el segundo de los supuestos supra mencionados, es decir, por la falta absoluta de síntesis.

(...)

El requisito del ordinal 3° del artículo 243 eiusdem, es de impretermitible cumplimiento en cualquier tipo de sentencias, va sean interlocutorias o definitivas, que resuelvan el fondo del asunto o alquna incidencia, como la del caso bajo estudio, donde la alzada conoce en una incidencia de medida preventiva, resolviendo sobre la oposición formulada al decreto de dicha medida...". (Destacado de la Sala).

Ahora bien, conforme a la jurisprudencia transcrita, el requisito contenido en el numeral 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, debe cumplirse en todo tipo de sentencias, por lo que se desecha el alegato formulado por el impugnante según el cual, al ser la recurrida una sentencia interlocutoria, no le era exigible el referido requisito, y así se decide.

Resuelto lo anterior, la Sala procede a examinar la sentencia recurrida y en este sentido observa lo siguiente:

Durante la fase de ejecución del presente procedimiento, en primera instancia se dictó un fallo que le puso fin, al establecer la falta de acto ejecutoriado que fijara cantidad alguna para seguir adelante la ejecución y la suficiencia del pago hecho por un tercero para liberar la garantía hipotecaria constituida sobre el bien a ser rematado. Dicho fallo fue apelado por la parte ejecutante y fue el que debía ser revisado por la recurrida.

Ahora bien, la recurrida consta en total de 42 folios, de los cuales 37 son destinados a transcribir el contenido de los informes y las observaciones de las partes en segunda instancia, el contenido de algunas sentencias dictadas en el presente procedimiento y finalmente la sentencia apelada. Luego, la recurrida decidió la insuficiencia del pago hecho por el tercero en la presente causa y la necesidad de continuar la presente causa hasta sacar a remate el bien hipotecado.

La Sala considera que, efectivamente, como se ha denunciado, la recurrida infringió el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pues entró a decidir la suficiencia o no del pago hecho por un tercero para liberar la garantía hipotecaria sin que ese pronunciamiento hubiere estado acompañado de una síntesis clara donde incluso pudiese ser apreciado su propio criterio sobre el asunto de fondo planteado.

En este sentido, la Sala reiterando su doctrina de fecha 5 de abril de 2001, citada en la presente decisión, considera entonces que la recurrida infringió el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, al haber hecho omisión de la correspondiente síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que quedó planteada la controversia que debía resolver.

SCC 21-8-03

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 01-955, dec. Nº 458:

Las tres facetas del sentenciador

Al establecer el Legislador como requisito de la sentencia, que la misma contenga una síntesis de los términos planteados en el debate, sin transcribir los actos del proceso que constan de autos, lo que ha querido es que se exprese, antes de resolver, cuál es el tema a decidir, para una mayor claridad y precisión del fallo y para dar cumplimiento al principio de que la sentencia debe bastarse a sí misma. También puede afirmarse que en beneficio de la celeridad y brevedad el Legislador, estipuló que esa formalidad se cumple a través de una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en los cuales quedó planteada la litis, sin transcribir las actuaciones que constan de autos.

Conforme con nuestro ordenamiento jurídico procesal el Juez en la sentencia tiene tres facetas diferentes; a saber, en la narrativa se comporta como un historiador del proceso indicando los diversos planteamientos hechos por las partes para dejar constancia en forma clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia; en la motiva actúa como un catedrático del derecho al hacer un conjunto ordenado y metódico de razonamientos que se traducen en prueba de la legitimidad de la sentencia y que no son otra cosa sino la explicación del por qué se llegó a una determinada conclusión y, por último en el dispositivo se comporta como el verdadero órgano del Estado que resuelve el conflicto sometido a su consideración.

[...]

De la transcripción anterior de la recurrida, se puede evidenciar que la conducta asumida por el juzgador ad quem, viola e incumple el precepto denunciado, ya que, no contiene la síntesis clara, precisa y lacónica de los términos como ha quedado planteada la controversia, prevista en el ordinal 3º del artículo 343 del Código de Procedimiento Civil delatado, toda vez que no señala los términos en la cual quedó planteada la litis obviando por completo los actos procesales como la demanda, la admisión y la contestación, solo se limitó a reseñar la apelación de la actora de la sentencia de primera instancia.

Ahora, lo verdaderamente necesario no era una reseña cronológica de los actos sino la explicación de las pretensiones del actor; de los alegatos de descargo de la demandada para poder saber cuáles fueron los hechos controvertidos cuya prueba se ameritaba, cuáles fueron los razonamientos de las partes en los informes, en caso de plantear algún hecho de importancia y, en fin, cómo quedó planteada la controversia.

En consecuencia, en criterio de la Sala, la denuncia bajo análisis de infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 3º, es procedente. Así se decide.

SCC 20-12-02

Ponencia del Magistrado Tulio Álvarez Ledo. Exp. Nº  01-142, dec. Nº 494:

En qué consiste la síntesis

Síntesis y principios de unidad y autosuficiencia del fallo

Sobre este particular, la Sala observa que de conformidad con lo dispuesto en la norma cuya infracción es alegada, toda sentencia debe contener una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que quedó trabada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan en autos.

Esta exigencia tiene relación con los principios de autosuficiencia y de unidad del fallo. De acuerdo con el primero, la sentencia debe bastarse a sí misma y debe llevar consigo la prueba de su legalidad, sin que su comprensión dependa de otros instrumentos o actas del expediente, pues ello es requisito indispensable para su ejecución y la determinación de la cosa juzgada que adquirirá al quedar definitivamente firme. El segundo, consiste en considerar a la sentencia como una unidad procesal, por lo que si bien está conformada por diversas partes: narrativa, motiva y dispositiva, los requisitos exigidos en la ley para su elaboración pueden ser cumplidos por el juez en cualquiera de dichas secciones del fallo; por tanto, si bien lo correcto es que la determinación de la controversia esté expresada en la parte narrativa, la sentencia no resulta nula por contener el establecimiento de la litis en la parte motiva o dispositiva.

Asimismo, la norma dispone que el juez debe elaborar una síntesis, lo que supone un resumen o una exposición concreta de los alegatos controvertidos por las partes, y califica esa actividad como clara, precisa y lacónica. Lo primero, supone que dicha síntesis no sea oscura, difusa o ambigua; lo segundo, que sea puntual o exacta; y lo tercero, que el juez demuestre su parquedad y desapego por las florituras verbales.

En cumplimiento de esta labor ordenada en la ley, el juez debe limitarse a precisar cuál es el tema a decidir, esto es, realizar la labor intelectual de comprender y exponer los términos en que las partes trabaron la controversia, actividad ésta que si bien debe ser cumplida en la narrativa, también podría estar contenida en otra parte de la sentencia, en virtud del principio de unidad del fallo, como fue explicado con anterioridad.

[...]

De la precedente transcripción se evidencia que la sentencia recurrida sí contiene la síntesis de la controversia, pues el juez de alzada expresa que lo demandado es la intimación de honorarios profesionales causados en el juicio seguido por la hoy intimada contra la CORPORACIÓN DINAMIC C.A., MASTER SPORT C.A., GRUPO INMOBILIARIO LA LADERA C.A., y PARQUE INDUSTRIAL LA LADERA C.A., con especificación de las actuaciones judiciales practicadas por los abogados intimantes en representación de la hoy intimada, y la estimación de cada una de ellas. Asimismo, indica que en el acto de contestación fue solicitada la notificación de la Procuraduría General de la República; que el juicio cuyas actuaciones judiciales son reclamadas por los intimantes terminó por transacción, homologada y definitivamente firme, en que fue acordada la dación en pago; que también fue pactada una estipulación a favor de los hoy intimantes respecto del pago de los honorarios profesionales, en virtud de lo cual la intimada fue liberada de la obligación de pago, la cual fue prometida por otras empresas no demandadas y, en consecuencia, fue alegada la falta de cualidad e interés; que la intimada admitió la realización de las actuaciones judiciales, pero rechazó la cantidad en que éstas fueron estimadas.

Finalmente, el fallo recurrido expresó que la controversia consiste en que los intimantes no tienen acción directa contra la intimada, por haber convenido expresamente en liberarla de dicha obligación, mediante estipulación contenida en el contrato de transacción, en virtud de lo cual las empresas ejecutadas –no demandadas en el presente juicio- se comprometieron a pagar los honorarios profesionales.

SCC 3-8-02

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 00-098, dec. Nº 269:

Falta de síntesis de la decisión. Se ratifica doctrina.

en sentencia de fecha 25 de febrero de 1999, ratificatorio de la doctrina autoral consignada, que: "...el vicio de falta de síntesis en la decisión se comete cuando el juez obvia indicar, con sus palabras, cómo quedó trabada la controversia, de conformidad con lo alegado por las partes; por lo que si el juez da cumplimiento a tal requerimiento a pesar de transcribir todos los actos del proceso, no procede casar el fallo recurrido de conformidad con tal denuncia por falta de síntesis.

SENTENCIA 9-12-98. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR ALIRIO ABREU BURELLI. GIORGIO SORTINO FORTUNATO y otro contra INVERSIONES EL COMIENZO, C.A. Exp. Nº 98-038:

"Sustituye el formalizante por puntos suspensivos expresiones tales como las partes del contrato y su contenido, y la descripción del inmueble objeto del contrato de opción de compraventa, que otorgan sentido a la síntesis que hace el Sentenciador.

Dicha síntesis está precedida de la transcripción parcial del contenido de la demanda y la contestación, por lo cual quedan perfectamente delimitados los términos de la litis.

El ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, expresa que toda sentencia debe contener "Una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan de autos." Ahora bien, el hecho de que el Juez transcriba parcialmente alegatos que considera necesarios para la resolución de la litis no es suficiente para declarar la nulidad del fallo, pues lo trascendente de la disposición consiste en que se establezca, antes de decidir, de forma clara y expresa, los términos de la controversia. Anular un fallo porque realiza alguna transcripción sería mero formalismo."

Sentencia de fecha 23-4-98. Ponencia del Magistrado Doctor ALIRIO ABREU BURELLI. AMABLE MATHISON SILVA contra REINALDO PENSO TIRADO. Exp. 96-251:

“La controversia queda delimitada por la pretensión deducida y por las excepciones y defensas opuestas, en la oportunidad legal para ello, por lo cual se cumple con la disposición transcrita realizando una síntesis de lo demandado, y de lo expuesto por el demandante en su contestación, sin que se deban transcribir o relacionar la totalidad de las actuaciones realizadas en el proceso, conducta esta última que restaría a dicha síntesis precisión y brevedad.”

Sentencia de fecha 15 de mayo de 1996. Ponente Magistrado Suplente Dr. César Bustamante Pulido. (Lucía Beatriz Díaz González de Guerra contra Pablo Antonio Acero Reyes, en el expediente Nº 95-298, sentencia Nº 121):

“En sentencia dictada el 20 de julio de 1994 (Constructora Carma, S.A. contra Novedades Guela, C.A.), la Sala, en relación con una denuncia del ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil señaló que resulta innecesario que los jueces se extiendan en la parte narrativa del fallo haciendo una transcripción o relatando todas las actuaciones ocurridas en el proceso.

Asimismo, desde una decisión del 11 de febrero de 1988, la Sala viene señalando que si bien la redacción del fallo no está sometida a fórmulas rígidas y extremas, el ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil exige que en la sentencia se realice una síntesis de la controversia en términos claros, precisos y lacónicos para evitar dilaciones en el juicio.

Igualmente, se ha indicado que los jueces pueden en la sentencia, si lo estiman conveniente, copiar in extenso el libelo de la demanda, el escrito de contestación y otros alegatos y defensas de las partes que consideren pertinentes, con datos que a veces son específicos, para de esa manera cumplir con la obligación de hacer una síntesis clara, precisa y lacónica de la controversia, pero si es censurable y acarrea la infracción del ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, cuando en la decisión se transcriban o relaten prácticamente todos los actos del proceso que no tengan mayor relevancia, pues justamente esto último está en contravención con lo deseado por el legislador.

La acepción de la palabra lacónica es "ser breve, conciso y compendioso en el lenguaje", según el Diccionario de la Lengua Española, y la síntesis de que trata el ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil debe hacerse en esa forma.”

SENTENCIA 22-10-97. PONENCIA DR. ALIRIO ABREU BURELLI. LEONARDO ZAMBITO LEO y otra contra ANA DOLORES GUILLEN FALCON. Exp. Nº 96-202:

"Tal como lo denuncia el recurrente, la Alzada en una página señala quiénes son las partes y los apoderados actores, establece que la demanda fue por cumplimiento de contrato "para que cumpla con las obligaciones derivadas del contrato celebrado y que les otorgue la titularidad del (inmueble) apartamento" cuya dirección establece y que la primera instancia declaró sin lugar la acción y parcialmente con lugar la reconvención, sin señalar el contenido de ésta última, el cual se puede deducir sólo del dispositivo, pues añade que se declara resuelto el contrato de opción.

Además de lo señalado, la sentencia sólo contiene una transcripción de la parte de la motivación de la decisión de primera instancia que la Alzada considera pertinente y las siguientes afirmaciones:

"Ahora bien, revisadas las actas y constatados (sic) en el expediente que los hechos que sirven de fundamento a la sentencia de Primera instancia son rigurosamente ciertos. Este Tribunal comparte plenamente los criterios expuestos por el A-quo, los cuales se han vertido ex-profeso en esta decisión para hacerlos suyos, como en efecto los hace, y para que sirvan igualmente de motivación para esta decisión. En consecuencia, se hace necesario concluir que la mencionada decisión debe ser confirmada por estar ajustada a derecho y así se declara."

De acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, toda sentencia debe contener "Una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan en autos".

En el caso bajo decisión, el Sentenciador de Alzada omite totalmente hacer la síntesis de la controversia, o sea expresar en el fallo antes de entrar a motivar su decisión cuáles fueron los fundamentos de las pretensiones deducidas en el libelo y en la demanda reconvencional y cuáles las excepciones y defensas opuestas a los respectivos demandados, por lo cual la recurrida infringe la referida disposición legal.

El caso extremo presentado al control de esta Corte, de total ausencia de la expresión de la controversia a ser decidida por la Alzada, permite verificar con los hechos la certeza de la afirmación teórica de Carnelutti, para quien los defectos de forma son síntomas de injusticia.

En efecto, las partes tienen derecho a una doble instancia de decisión, o sea a que la controversia decidida en primera instancia sea revisada, en la medida de la apelación, por el Juez Superior. La estructura deficiente de la recurrida permite determinar que tal examen no se realizó, sino que se limitó el Juez de la apelación a examinar la decisión apelada, para expresar la conclusión sobre su legalidad."

Sentencia de fecha 18 de diciembre de 1996. Ponente Magistrado Dr. César Bustamante Pulido. (Gisela Santander contra la Casa del Closet, S.R.L., en el expediente Nº 95-704, sentencia Nº 425):

“Como acota el impugnante en su escrito de contestación al recurso, con cita de una sentencia de esta Sala del 20 de julio de 1994 (Constructora Carma, S.A. contra Novedades Guela, C.A.), la doctrina de este Alto Tribunal en denuncias similares acerca del supuesto de hecho del ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, producto de una modificación que el legislador introdujo en 1986, es que resulta totalmente innecesario que los jueces se extiendan en la parte narrativa del fallo haciendo una transcripción de las actuaciones ocurridas en el proceso. Sin embargo contrario a lo expresado por la impugnación, la Sala en la decisión antes citada, expresó que constituye igualmente infracción de la norma denunciada, el hecho de que los jueces relaten todas o buena parte de las actuaciones del juicio.

Desde una sentencia del 11 de febrero de 1988, la Sala ha indicado que si bien la redacción del fallo no está sometida a fórmulas rígidas y extremas, el ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, exige que en la sentencia la síntesis controversias sea planteada en términos claros, precisos y lacónicos para evitar dilaciones en el proceso.

La Sala reitera su doctrina contenida en la decisión del 20 de julio de 1994 antes citada, de “que los jueces si lo estiman conveniente, pueden en el fallo copiar in extenso el libelo, el escrito de contestación al fondo de la demanda y otros alegatos y defensas de las partes que consideren pertinentes, con datos que a veces son específicos, para de esa manera cumplir con la obligación de hacer una síntesis clara, precisa y lacónica de la controversia. Pero si es censurable y acarrea la infracción del artículo 243, ordinal 3º, del Código de Procedimiento Civil, cuando en la decisión se transcriban o relaten prácticamente todos los actos del proceso que no tengan mayor relevancia, pues justamente esto último está en contravención con lo deseado por el legislador.

En fallo del 20 de junio de 1990 (Anriette Merjech Saab de Hemández contra María Aurelia Cisneros y otros), se señaló:

"La Sala, en aplicación de la doctrina antes expuesta, encuentra, por tanto, que si bien los jueces pueden en el fallo, si lo estiman conveniente, copiar in extenso el libelo de la demanda, el escrito de contestación al fondo de la demanda y otros alegatos y defensas de las partes que estimen pertinentes, con datos que a veces son específicos, tal como la Sala, al resolver los recursos propuestos, suele hacer al copiar los planteamientos que hacen los recurrentes en sus denuncias, para de esa manera cumplir con la obligación de hacer una síntesis clara, precisa y lacónica de la controversia, si es censurable y acarrea la infracción del ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, cuando en la decisión se transcriban prácticamente todos los actos del proceso que no tengan mayor relevancia, pues justamente esto último está en contravención con lo deseado por el legislador. Lo contrario, o sea, seguir aceptando la viciada práctica de permitir las extensas narrativas en los fallos, seria dejar sin efecto y sin sentido el requisito establecido en el código procedimental, pues no contribuye a una síntesis precisa y lacónica de la controversia, la transcripción por parte del Juez de todos los actos del proceso. (... )

(... ) La Sala se ve precisada a reiterar los conceptos que emitió en su sentencia del 11 de febrero de 1988, y con posterioridad, que si bien los jueces en la redacción y los términos de la sentencia no están sometidos a ciertos formalismos, el supuesto de hecho del ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, obliga al sentenciador a efectuar una síntesis de la controversia, lo cual no está presente en el caso de autos, siendo en consecuencia procedente la denuncia, ya que de las extensas citas y transcripciones que hizo la recurrida, no se tiene una idea de lo acontecido en el proceso, y sin que se cumpliera con lo establecido por el legislador.

Por lo demás, pocas veces se observa que en un fallo inútilmente se copien textualmente dos (2) veces el libelo, su reforma, el escrito de contestación al fondo de la demanda y los escritos de promoción de pruebas de ambas partes, así como las otras actuaciones llevadas a cabo, conducta ésta que si bien no era sancionada por el Código derogado, viola lo dispuesto en el ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, cuya infracción por la recurrida se declara, al no hacer una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que quedó planteada la controversia; e igualmente fue violado el artículo 244 eiusdem, ya que el fallo no contiene los requisitos mínimos exigidos en ese respecto.

El impugnante en su escrito para desestimar la denuncia, alega que la infracción del ordinal 3º del artículo 243 del Código Procesal, sólo se produce cuando el Juez no hace la síntesis de los términos en que quedó planteada la controversia, la cual está presente. Pero la Sala es del criterio, en razón de lo extenso de las transcripciones de todos los actos del proceso que el Juez del Tribunal a quo hizo, que no realizó esa síntesis, sino como antes se indicó, se limitó a transcribir todas las actuaciones llevadas a cabo, sin que ello pueda implicar que hizo una síntesis de la controversia.

En efecto, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española trae como acepción de la palabra lacónica ser breve, conciso y compendioso en el lenguaje, forma ésta en que debe estar planteada la síntesis que exige el ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, lo que no ocurre en el caso de autos, ya que se observa que la parte narrativa constituye la mayor parte del fallo, haciendo citas textualmente y repetitivas de todos los actos del proceso, con lo cual la recurrida no fue precisa en ninguno de sus planteamientos, e incurrió de esa manera en violación protuberante y grosera de los textos de ley denunciados".

Como se expresó en la cita que antecede, la acepción de la palabra lacónica es "ser breve, conciso y compendioso en el lenguaje", según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafíola, por lo cual la síntesis de que trata el ordinal 3º, del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil debe hacerse en esa forma.

La expresión de los términos en los cuales queda planteada la controversia, como señala el impugnante haciendo cita de la opinión del Dr. Arístides Rengel Romberg, en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987 debe entenderse, a criterio de la Sala, como la obligación del Juez de referir la calificación de la acción, los térmínos del libelo y de la contestación, en forma precisa y lacónica sin emitir opinión de fondo sobre dichos aspectos y tan sólo relatar aquellas actuaciones realmente relevantes en el proceso.

En el caso de autos, la narrativa del fallo consta de diecisiete (17) páginas, es decir, una cuarta parte del mismo, pues tiene sesenta y ocho (68) páginas. Se observa que la recurrida luego de relatar el contenido de la querella en forma sumamente extensa, por lo demás, pasa luego a narrar íntegramente lo concerniente a lo sucedido cuando se practicó la restitución del inmueble en el proceso, incluyendo lo relativo a la medida de arresto que se ordenó en esa actuación y demás incidencias surgidas, así como hace mención a la garantía que se constituyó para decretar la restitución del inmueble y la impugnación de dicha garantía, puntos estos dos (2) últimos que realmente no eran objeto de decisión en la recurrida, que debía limitarse a determinar si era o no procedente el interdicto decretado en el cual la medida de restitución fue ordenada al inicio del juicio.

El sentenciador igualmente refiere que por escrito presentado el 14 de octubre de 1993, tres (3) días después de la impugnación de la garantía ofrecida por la querellante para que se decretara la restitución, los apoderados de la querellada promovieron una prueba de cotejo e inspecciones judiciales. Luego relata que los apoderados de la ciudadana Gisela Santander, además de promover pruebas por escrito del 18 de octubre de 1993, se opusieron a la pretensión de que se tuviera como insuficiente la garantía ofrecida; además, que el auto que aceptó esa garantía estaba definitivamente firme en el proceso.

Dentro de las actuaciones relatadas igualmente está que el Tribunal fijó la oportunidad para el nombramiento de expertos grafotécnicos, que ese acto quedó desierto y que nuevamente se solicitó se realizara. Después se indica que los apoderados de la querellante procedieron a tachar los documentos y testigos de la contraparte, con sus actuaciones realizadas; la consignación de un nuevo mandato por los apoderados de la querellada; que procedían a tachar los testigos promovidos por la parte querellante; que era extemporáneo la tacha por ella intentada y después en la parte motiva del fallo se admite no fue formalizada. (... )

(... ) La Sala como expuso en los fallos antes citados, estima que la recurrida no contiene una síntesis "lacónica y precisa" de la controversia, pues no es breve, concisa y compendioso en el lenguaje, no teniendo por qué relatar íntegramente en casi su totalidad buena parte de las diversas actuaciones del proceso, pues debió limitarse a indicar los parámetros en los cuales la litis quedó trabada, es decir, todos aquellos aspectos que tengan relación con el fondo de¡ asunto debatido y otros actos de relevancia.

De la doctrina de la Sala la cual aquí se reitera, el sentenciador en la narrativa del fallo debe limitarse a exponer los fundamentos principales en que las partes basan sus pretensiones, para luego en la parte motiva del fallo, si lo desea, transcribir aquellas actuaciones que estime realmente necesarias para el análisis de los alegatos expuestos. Esto último es importante, en relación con lo señalado por el ¡repugnante, el cual destaca que no sería causal de infracción del ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, lo concerniente a que los jueces relaten en la parte narrativa las diligencias o actuaciones realizadas sobre un punto en concreto; pero de permitirse continuar con esa práctica viciada, ello en el fondo sería dejar sin efecto la sanción establecida por el legislador y no aplicar el supuesto de hecho del ordinal 3º del artículo 243, norma de orden público la cual indica uno de los requisitos que toda sentencia debe contener.

Por lo antes expuesto, se encuentra que está presente el vicio por defecto de actividad alegado por el recurrente, pues la recurrida hace una relación detallada de casi todas las actuaciones que los tribunales del mérito y las partes llevaron a cabo, con lo cual se excedió en la narrativa de dichos hechos, lo que trae como consecuencia que no cumplió con la obligación de sintetizar los términos en los cuales quedó planteada la controversia.

VOTO SALVADO

El Magistrado Dr. Aníbal Rueda, disiente del criterio sustentado en el presente fallo por la mayoría sentenciadora y, en consecuencia salva su voto de la siguiente manera:

Mediante sentencia de fecha 20 de junio de 1994 (caso: Constructora Canna S.A. contra Novedades Guela C.A. y otra), cuyo ponente fue el Magistrado Dr. Carlos Trejo Padilla se expresó que la infracción del ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil según el cual "toda sentencia debe contener: una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan en autos", se produce: 1) Cuando el Juez en la parte narrativa del fallo se extiende haciendo una detallada transcripción de todas las actuaciones ocurridas en el proceso, es decir, cuando en la decisión se transcribe prácticamente todos los actos del proceso que no tengan mayor relevancia, y 2) Cuando la sentencia no contiene una síntesis controversíal planteada en términos claros, precisos y lacónicos, entendiendo estos ténninos según el diccionario de la Real Academia Española como: claro: que se distingue bien, inteligible, fácil de comprender, lenguaje claro, explicación clara, cuentas claras. preci. so: conciso y rigurosamente exacto y lacónico: breve y compendioso.

Ahora bien, quien disiente opina que la redacción de la sentencia no debe estar sometida a fórmulas rígidas y extremas, ni tampoco los jueces deben hacer una extensa relación de todos los hechos ocurridos de el juicio, es decir, que los jueces se extiendan en la parte narrativa del fallo haciendo una detallada transcripción de todas las actuaciones ocurridas en el proceso. Sin embargo, los jueces pueden y así lo ha señalado la jurisprudencia de esta Sala de Casación Civil, copiar in extenso, si lo estiman conveniente, el libelo, el escrito de contestación del fondo de la demanda y otros alegatos y defensas de las partes que consideren pertinentes, cumpliendo así la exigencia del referido ordinal 3º del artículo 243 del Código Procesal. (Subrayado mío).

En la presente decisión, se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada por la infracción del artículo 243 de la Ley Adjetiva Civil en su ordinal 3º, ya que "la recurrida no contiene una síntesis lacónica y precisa” de la controversia, pues no es breve, concisa y compendioso en el lenguaje, no teniendo porqué relatar íntegramente en casi su totalidad buena parte de las diversas actuaciones del proceso......

No obstante y de un análisis detallado de la sentencia impugnada, si bien puede considerarse que el Juez no se atuvo al principio de brevedad contenida en la disposición mencionada supra, resulta absolutamente contrario a ese principio declarar la nulidad del fallo por el motivo expresado precedentemente, por cuanto consideró que lo esencial resultó cumplido, tal vez en exceso, además de que los actos transcritos en la recurrida son los de mayor relevancia y siendo así, ello no acarrea el incumplimiento del ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, cuando en el caso de autos surgió la necesidad de transcribir algunos actos por ser estos los de mayor relevancia para la solución del litigio en cuestión.

Por consiguiente, si bien la omisión de la determinación del thema decidendum de la sentencia daría lugar a la nulidad del fallo por la infracción del ordinal 3° del artículo 243 del Código Procesal, no sucedería lo mismo si el Juez se extendiese demasiado al realizar tal síntesis o si hubiese transcrito actuaciones, más aun, como precedentemente se acotó, cuando como en el caso objeto del presente recurso, los actos transcritos por la recurrida son los de mayor relevancia para la solución del referido litigio.

En consecuencia, considero que en este caso, no ha debido la Sala declarar la nulidad del fallo por la infracción del tantas veces mencionado ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pues el mismo por los motivos que expuse anteriormente no fue infringido por la sentencia recurrida.

SENTENCIA 9-06-94. PONENTE DR. ALIRIO ABREU BURELLI. BANCO AGRO-INDUSTRIAL VENEZOLANO C.A. HOY BANCO FINANCIERO C.A. vs. CASTO MARTINEZ GARRIDO Y MICHELE ARNONE PINTO:

"Puede afirmarse, en términos generales, que una sentencia infringe la regla del artículo 243, ordinal 3°, del Código de Procedimiento Civil, cuando por sus transcripciones y la innecesaria extensión del relato, incurre en indeterminación o excesiva dificultad de comprensión del tema a dicidir...

SENTENCIA 16-02-94. PONENTE DR. TREJO PADILLA. JUAN DE JESUS VELASCO UREÑA Y OTROS vs. LUIS MIGUEL CASIQUE VELASCO Y OTROS. (P.T.):

"La doctrina de la Sala, con respecto al ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, es de reciente data, por cuanto la exigencia contenida en esa norma, acerca de los requisitos que el Juez debe cumplir en la sentencia, fue incorporada en la Reforma de 1986, como señala la exposición de Motivos del Código de Procedimiento Civil, siguiendo la jurisprudencia que consideraba totalmente necesario y no contribuía a un mejor desenvolvimiento de la justicia, que los jueces se extendieran en la parte narrativa del fallo haciendo una transcripción de todas las actuaciones ocurridas en el proceso.

En decisión de 11 de febrero de 1988, la cual ha sido sustentada posteriormente, la Sala asentó que si bien la redacción de la sentencia no está sometida a fórmulas rígidas y extremas, el legislador en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, requiere que la síntesis controversial sea planteada en términos claros, precisos y lacónicos, para evitar mayores dilaciones en el proceso, por la práctica viciada que tenían y aun tienen los jueces, de hacer una extensa relación de todos los hechos ocurridos en el juicio, lo que es innecesario y, por el contrario, es sancionado por el Código Procedimental.

La Sala, considera, por tanto, que si bien los jueces pueden en el fallo, si lo estiman conveniente, copiar in extenso el libelo de la demanda, el escrito de contestación al fondo de la misma y otros alegatos y defensas de las partes que consideren pertinentes, con datos que a veces son específicos, para de esa manera cumplir con la obligación de hacer una síntesis clara, precisa y lacónica de la controversia, sí es censurable y acarrea la violación del ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, cuando en la decisión se transcriban prácticamente todos los actos del proceso que no tengan mayor relevancia. Seguir aceptando la viciada práctica de permitir extensas narrativas en los fallos, es dejar sin efecto y sin sentido el requisito establecido en el Código, pues no contribuyen a una síntesis precisa y lacónica de la controversia, la transcripción por parte del Juez de todos los actos del juicio."

4. Ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil

SCC 5-5-04

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  03-548, dec. Nº 412:

Definición de inmotivación

En relación al vicio de inmotivación la Sala, en fallo Nº 231 del 30 de abril de 2002, juicio Nory Raquel Quiñonez y otros contra Instituto Autónomo de Policía del Estado Yaracuy y otro, expediente N° 01-180, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, dijo lo siguiente:

“...El propósito de la motivación del fallo es, además de llevar al ánimo de las partes la justicia de lo decidido, permitir el control de la legalidad, en caso de error.

Sobre este particular, la Sala ha señalado en reiteradas decisiones, entre otras, en sentencia Nº 83 del 23 de marzo de 1992, lo siguiente:

“La motivación debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los Jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que las demuestran; y las segundas, la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes. Para la Sala en constante y pacífica doctrina, por lo menos a partir de 1906, el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse. También ha sostenido la Sala en repetidas ocasiones que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades: a) Que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento. b) Que las razones dadas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción y deben tenerse por inexistentes jurídicamente. c) Que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y, d) Que todos los motivos sean falsos...”.

SCC 27-4-04

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 03-207, dec. Nº 329:

Motivación exigua no es inmotivacion

Mediante diuturna y pacífica doctrina esta Sala de Casación Civil ha sostenido el criterio según el cual para que una sentencia se considere inficionada de inmotivación, debe presentarse huérfana totalmente de argumentos o motivos que la apuntalen; no sucede así en los casos en los cuales se aprecia fundamentación aunque ella pueda catalogarse exigua, pues el propósito de la motivación de la sentencia es permitir a las partes conocer el porqué de lo decidido así como permitir el control de la legalidad de ello.

En el sub iudice aprecia la Sala que, tal como se desprende de la trascripción realizada supra  de la recurrida en la oportunidad de la decisión de la anterior delación, el ad-quem expresó satisfactoriamente los motivos por los cuales no analizaría los “hechos nuevos” planteados por la demandada. por cumplimiento de contrato de opción de compra venta y la obligación del otorgamiento definitivo de compra venta. Correcto o no los motivos expuestos, la recurrida emitió las razones que tuvo para desestimar el alegato de la demandada, razón por la cual debe concluirse que no se infringió el requisito en comentario, vale decir, no se evidenció la inmotivación denunciada y, por vía de consecuencia, no hubo infracción del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, improcedente la denuncia analizada. Así se decide.

SCC 27-4-04

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 03-296, dec. Nº 353:

Inmotivación por contradicción en los motivos

La recurrida sostuvo por una parte, que la actora tenía cualidad activa para demandar la resolución del contrato de compra venta, pues era la titular del derecho reclamado de acuerdo al documento de venta. Por otra parte, estableció que no era procedente la reconvención por cumplimiento de contrato, pues no podía devolverse el inmueble y restituirlo a su dueño original, al haberse realizado dos operaciones de venta sucesivas sobre el inmueble y que ya había cambiado de dueño.

Estas proposiciones son inconciliables entre sí. Si por una parte se sostiene que el actor tiene cualidad activa para intentar la resolución del contrato de venta, por ser titular del derecho reclamado al estar presente en la negociación de venta, teniendo como efecto de la resolución el retrotraer a las partes al momento inicial antes de la operación, incluyendo la devolución del inmueble a su vendedor primigenio, no puede señalarse simultáneamente que no prospera la reconvención por cumplimiento de contrato, al haber cambiado de propietario el inmueble dos veces desde el momento en que el actor lo vendió. En otras palabras, por una parte se sostiene que el actor tiene el carácter de titular del derecho reclamado y por otra se establece que luego de realizarse la primera negociación de venta, se verificaron dos ventas sucesivas trasladándose el derecho de propiedad.

Estos argumentos se contradicen y anulan recíprocamente, quebrantándose el contenido del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, generándose el vicio de inmotivación del fallo. Por las razones señaladas, la presente denuncia se declara procedente. Así se decide.

SCC 27-4-04

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 02-919, dec. Nº 350:

Contradicción en los motivos

Así las cosas, siendo el propósito de la motivación de todo fallo, brindar al ánimo de las partes la justicia de lo decidido y permitir, además, el control de la legalidad en caso de error, considera la Sala que en el presente caso, efectivamente, como bien alega el formalizante, la sentencia recurrida se encuentra incursa en el denominado vicio de contradicción en los motivos, equivalente, por demás, a la aludida inmotivación del fallo, conforme a los criterios doctrinarios anteriormente citados, toda vez que dicha contradicción se encuentra referida a un mismo punto donde se niega existencia a un hecho por falta de pruebas y se rechaza la defensa del transcurso de los cinco años opuesta, no solo por la tercera interesada sino incluso por la parte demandada, no obstante, que en el mismo fallo de manera reiterada se refieren y establecen parámetros suficientes para su determinación. Con tal proceder, invariablemente se produce la destrucción recíproca de dichos considerandos.

SCC 17-9-03

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  02-043, dec. Nº 524:

Inmotivación en un aspecto esencial de la aplicación de la ley

Con relación al vicio de inmotivación, la Sala, en decisión de 30 de abril de 2002, juicio Nory Raquel Quiñonez y otros contra Instituto Autónomo de Policía del Estado Yaracuy y otro, expediente N° 01-180, sentencia N° 231, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, dijo lo siguiente:

“...El propósito de la motivación del fallo es, además de llevar al ánimo de las partes la justicia de lo decidido, permitir el control de la legalidad, en caso de error.

Sobre este particular, la Sala ha señalado en reiteradas decisiones, entre otras, en sentencia Nº 83 del 23 de marzo de 1992, lo siguiente:

“La motivación debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los Jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que las demuestran; y las segundas, la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes. Para la Sala en constante y pacífica doctrina, por lo menos a partir de 1906, el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse. También ha sostenido la Sala en repetidas ocasiones que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades: a) Que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento. b) Que las razones dadas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción y deben tenerse por inexistentes jurídicamente. c) Que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y, d) Que todos los motivos sean falsos”.

En este punto, para verificar la ocurrencia del vicio delatado en el sub iudice, cabe destacar que consta de la transcripción ut supra de la recurrida, el ad quem establece que dado el carácter adhesivo del contrato de cuenta corriente, aplica los artículos 1.122, 1.200 y 1.202 del Código Civil, y que se adhiere al criterio de este Supremo Tribunal, para declarar con lugar la acción por daños y perjuicios materiales y morales derivados del incumplimiento contractual atribuido a la demandada.

Ahora bien, los artículos precitados establecen:

Artículo 1.122

“...Esta acción no se admite contra la venta del derecho hereditario hecha sin fraude a uno de los herederos a su riesgo, por uno o más coherederos....”

Artículo 1.200

“...La condición imposible o contraria a la ley o a las buenas costumbres, hace nula la obligación que depende de ella si es suspensiva; y se reputa no escrita si es resolutoria....”

En todo caso, la condición resolutoria contraria a la Ley o a las buenas costumbres, hace nula la obligación de la cual ha sido causa determinante....”

Artículo 1.202

“....La obligación contraida bajo una condición que la hace depender de la sola voluntad de aquél que se ha obligado, es nula....”

En relación al criterio al cual declara expresamente adherirse el Juez Superior, éste señala que:

“... Se ha pretendido hacer uso de este tipo de contrato en muchas cosas para evadir responsabilidades y hasta cometer abusos, sin tener presente que el artículo 1.200 del Código Civil establece que, tanto la condición imposible como contraria a la ley o a las buenas costumbres, hacen nula la obligación o se reputa como no escrita, y que es obligación de quien causa un daño a otro recuperarlo, así lo establece el artículo 1.185 del Código Civil estas disposiciones por si no fueran suficiente están contempladas por las normas contenidas en el artículo 1200 ejusdem...”. (Subrayado de la Sala).

Del los artículos y juicios transcritos se infiere que el Juez Superior debe al momento de aplicar el criterio establecido, determinar si la cláusula sexta del contrato de cuenta corriente es "... la condición imposible como contraria a la ley o a las buenas costumbres...”, que acarree la nulidad de la obligación. Tal como clara y fehacientemente se observa de la sentencia recurrida, el ad quem, se limitó a señalar que al estar en presencia de un contrato adhesivo, se debe inexorablemente aplicar los artículos 1.122, 1.200 y 1.202 del Código Civil, mas no expone si la cláusula sexta del contrato de cuenta corriente, constituye ciertamente una condición imposible o contraria a la ley o a las buenas costumbres. Esto dicho en otras palabras significa, que no se motivó el porqué de la aplicación de los artículos mencionados, ya que por el solo hecho de que estemos en presencia de un contrato adhesivo, no quiere decir, que el mismo sea nulo, ya que tal afirmación supondría a que todos los contratos adhesivos, por su naturaleza, serían nulos.

De los anteriores considerandos y en aplicación de la doctrina casacionista ut supra transcrita, la Sala concluye que el ad quem no motivó en su fallo los hechos en los que fundamentó la aplicación de los artículos 1.122, 1.200 y 1.202 del Código Civil, motivo por el cual, encuentra que la decisión impugnada infringe el ordinal 4º del artículo 243 y 12 del Código de Procedimiento Civil, y por vía de consecuencia, deberá declararse procedente la denuncia analizada, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en la dispositiva del presente fallo. Asi se decide.

SCC 17-9-03

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 01-669, dec. Nº 537:

Requisito de motivación del fallo

Respecto al requisito de motivación del fallo, previsto en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, doctrina reiterada de esta Sala, ha señalado:

“...El requisito de la motivación del fallo previsto en el artículo 243 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, obliga al sentenciador a expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión, protegiéndose de esta manera a las partes contra lo arbitrario, y exigiendo del Juez la elaboración de un fallo que resulte de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa.

Como el poder del juez al momento de su decisión se encuentra vinculado al derecho (quaestio iuris) y a la certeza de los hechos (quaestio facti), se sigue de aquí que la motivación del fallo ha de comprender ambas cuestiones, como expresamente lo exige la norma procesal antes citada...”.

(Sentencia Nº 96, del 21 de mayo de 1997, caso Jesús Alberto Pisani c/ Banco Caroní, C.A.; ratificada posteriormente, en decisión de fecha 1º de junio del 2000, caso Francisco Gerónimo Colmenares y otros c/ Asociación Civil Los Portales de Lucateva y otros, exp. Nº 00-014).

Ahora bien, para que pueda considerarse un fallo debidamente motivado, esta Sala en sentencia Nº 200, del 14 de junio del 2000, expediente Nº 99-255, textualmente dejó establecido lo siguiente:

“...La doctrina patria enseña que: ‘Establecer’ los hechos creemos que significa constatar y declarar la existencia histórica de ellos; y por ‘apreciar’ los hechos entendemos un acto de juicio que conduce a su estimación o valoración. Por tanto, la sentencia debe reflejar el proceso lógico-jurídico que justifique los múltiples dispositivos que ella contiene en la cuestión de hecho y que obligue al juez a explicar el por qué de su valoración una vez establecido (valoración)... Es decir, que no existe prueba sin importancia, pues todas, ante el Juzgador, merecen ser tenidas en cuenta para su examen y sólo en virtud de ese examen, ser acogidas o desechadas...

En cuanto a la cuestión de derecho ésta se relaciona con la aplicación de los preceptos legales y los principios doctrinarios atinentes a los hechos en la causa, es decir, que el juez debe realizar una labor de subsunción de los hechos alegados y probados en el juicio, en las normas jurídicas que los prevén, en el enlace lógico de una situación específica y concreta, con la previsión abstracta, genérica e hipotética de la ley...”.

En el caso bajo análisis, el formalizante alega que el sentenciador de la recurrida omitió de manera absoluta expresar: “...la norma (o normas) jurídica (s) de nuestro ordenamiento positivo, concretamente establecidas en el Código de Comercio y supletoriamente en el Código Civil...”, que fundamentan la sentencia dictada.

Al respecto, aprecia la Sala que, efectivamente, como bien alega el formalizante, la recurrida en su Capítulo III, referido a la “MOTIVACIÓN” del fallo, englobó una serie de consideraciones de carácter general sobre el caso, que inició con los siguientes señalamientos:

“...De los hechos narrados por la parte actora en su libelo, se colige que la figura jurídica dibujada por élla (sic), constituye lo que en doctrina mercantil se denomina ‘venta de mercaderías’...

Ausencia de motivos de derecho

La negociación argumentada por SUMINISTROS ZULIANO MARIAN, C.A. (SUZUMACA), se refiere a la venta y suministro al INSTITUTO ZULIANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA, C.A. (IZOT) ‘...de materiales médicos quirúrgicos y otros insumos relacionados con la prestación de los servicios de salud, aplicados a los procesos curativos o de prevención que IZOT presta en sus instalaciones...’. La prueba de la existencia de esas ventas pretende realizarla la parte actora, en primer término, a través de los instrumentos privados que denomina Facturas que produjo junto con el libelo de la demanda, constante de setecientos treinta y seis (736) folios útiles...”.

  Acto seguido, el juzgador de alzada procedió a realizar una serie de disquisiciones acerca de la naturaleza del material probatorio consignado por las partes, sustentando su evaluación y la decisión al respecto, en doctrina y articulado mercantil y civil extranjero, principalmente proveniente de autores argentinos y españoles, con lo cual hilvana un fallo coherente y lógico, pero carente de certeza en lo que al apego al derecho nacional pudiera referirse, desacierto que se ve incrementado por la ausencia absoluta de toda mención al derecho interno aplicable para la resolución de la controversia sometida a su consideración, pues de las citas realizadas sólo destaca la mención de artículos contenidos en instrumentos legales pertenecientes a otras legislaciones, entre otros, los artículos 1.262 del Código Civil español, y así como los artículos  51 y 52 del Código de Comercio español. Para evitar transcripciones innecesarias, esto puede constatarse en los folios 197 al 199 del expediente.

Tal doctrina y derecho extranjero aplicado al caso de autos, en modo alguno, puede considerarse como el fundamento apropiado de una decisión emanada de un órgano jurisdiccional nacional, mas aún, cuando en ninguna de las partes del fallo recurrido, el juzgador superior realizó equiparación o equivalencia de tal normativa con el derecho patrio, lo cual inevitablemente atenta contra la garantía al debido proceso y el derecho de defensa de las partes involucradas en el juicio, por verse imposibilitadas de controlar la legalidad de la decisión dictada.

 Lo anteriormente señalado, en modo alguno, puede interpretarse como una evaluación de la Sala sobre la calidad de las citas y argumentaciones sentadas por el sentenciador superior correspondientes a otras legislaciones, que análogas o disímiles a la legislación nacional, resultan inaplicables por sí solas para la resolución de una controversia regida por el derecho interno.

Por consiguiente, esta Sala considera procedente la presente denuncia por infracción del ordinal 4º del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 12, 15 y 254 eiusdem. Y así se decide.

SCC 21-8-03

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  01-784, dec. Nº 437:

Motivación del decreto de medidas cautelares

Así en sentencia Nº 134, de fecha 21 de mayo de 2001, expediente Nº 99-017, con ponencia del Magistrado que suscribe ésta en el juicio de  José Texeira y Otro contra José Durán Araujo y Otra, ratificó lo siguiente:

“...Estas evidencias, si bien es cierto que en principio pudieran no guardar sintonía con los planteamientos consignados en la recurrida, no es menos cierto que mas allá del deber del jurisdicente, de pronunciarse sobre el contenido de la documental en cuestión, está, rige para el caso particular, la facultad soberana que le ha otorgado el legislador al juez para negar las medidas cautelares que le puedan ser solicitadas.

Visto así, no obstante a que, la conducta del ad quem, al limitarse a enunciar la prueba como un alegato invocado por el recurrente, sin dar importancia a su conformación material como elemento documental, probatorio o no de los hechos, pudiera considerarse incursa en el denunciado vicio del silencio de prueba, es criterio de la Sala que la misma no puede ser censurada y por consiguiente mucho menos revisada, éllo en atención con la soberanía que le asiste en materia de medidas cautelares para negarlas, por lo cual en apego a la doctrina ratificada, sería de inutilidad manifiesta ordenar el examen de la documental, cuando igualmente pudiera considerar el Juez, en uso de la soberanía comentada, negar la medida en cuestión.

En cuanto a la infracción denunciada del artículo 243 ordinal 4° del mentado Código Procesal, la Sala a objeto de mantener el criterio aludido en relación a la soberanía de los jueces de instancia para negar el decreto de medidas cautelares, considera igualmente oportuno ratificar el tenor establecido en sentencia número 88 del 31 de marzo de 2000, expediente 99-740 en el juicio de Carlos Valentín Herrera Gómez contra Juan Carlos Dorado García, el cual es del tenor siguiente:

‘...Según el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, cuando la ley dice que el Juez puede o podrá se entiende que lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio consultando siempre lo más equitativo o racional, en obsequio de la justicia y de la imparcialidad.’

Ahora, en materia de medidas preventivas esa discrecionalidad no es absoluta sino que es menester el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y que se haya acompañado el medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.

Además, el Juez debe limitar las medidas a los bienes que sean estrictamente necesarias para garantizar las resultas del juicio. Así lo disponen los artículos 585 y 586 del Código de Procedimiento Civil, respectivamente.

No basta entonces que el solicitante de la medida acredite los extremos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, desde luego que el Juez no está obligado al decreto de las medidas, por cuanto el artículo 588 eiusdem dispone que el Tribunal, en conformidad con el artículo 585 puede decretar alguna de las medidas allí previstas; vale decir, que lo autoriza a obrar según su prudente arbitrio.

De forma y manera que, no estando obligado el Juez al decreto de ninguna medida aun cuando estén llenos los extremos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, no se le puede censurar por decir, para negarse a ella, que “...de los recaudos presentados no se determinan los elementos contenidos en la norma invocada” y que “... no se observa que se haya dado los supuestos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil”, desde luego que podía actuar de manera soberana.

En efecto, muy bien podía el sentenciador llegar a la conclusión de que se le habían demostrado los extremos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil y, sin embargo, negarse al decreto de la medida requerida por cuanto el artículo 588 eiusdem lo faculta y no lo obliga a ello.

Consecuencialmente, si el Juez en estos casos está facultado para lo máximo, que es el decreto, también lo está para lo menos, que es su negativa.

Es decir que la negativa a decretar una medida preventiva es facultad soberana del Juez por lo cual su decisión no está condicionada al cumplimiento estricto del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual no es susceptible de censura por no adaptarse a sus previsiones.

Caso contrario sucede cuando el Juez opta por decretar la medida requerida, por cuanto en este supuesto, dado que puede constituir una limitación al derecho de propiedad de la parte contra la cual obra, el Tribunal está obligado a fundamentar las razones y motivos que lo llevaron a considerar probado el “periculum in mora” y el “fumus bonus iuris”, y además debe describir las consideraciones por las cuales cree que la medida decretada se limita a los bienes estrictamente necesarios para garantizar las resultas del juicio, desde luego que la facultad para su decreto está condicionada a esos extremos...”. (Subrayado de la Sala).

 

En el caso particular, de la lectura efectuada sobre el texto transcrito del decreto de medida cautelar emitido por el mencionado Tribunal, es evidente que no existe en el mismo razonamiento ni motivación jurídica alguna en la cual el ad quem, haya subsumido, los supuestos de hecho relacionados con la solicitud de la pretendida medida, con los preceptos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, a lo cual, como ya se explicó, está obligado el Juez en su análisis como parte del contexto legal justificativo que solamente le da la posibilidad legislativa para decretarla.

En consecuencia, en criterio de la Sala, la denuncia de forma antes analizada es procedente, tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Asi queda establecido.-

SCC 12-6-03

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. N° 02-189, dec. N° 277:

Inmotivación: sentencia que revoca medida innominada

Este máximo Tribunal ha establecido en numerosos fallos que el requisito de la motivación, contenido en el ordinal 40 del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se centra en la obligación del sentenciador de expresar en su decisión las razones de hecho y de derecho que lo han llevado a la convicción materializada en un determinado dispositivo. La sentencia, debe contener en sí misma la prueba de su legalidad, a fin de posibilitar a la Alzada o a la Casación el examen acerca de la relación entre los hechos y el derecho establecido por el Juez. Sin tal fundamentación será imposible controlar la exacta aplicación de la Ley y el establecimiento histórico de los hechos.

También ha sostenido la jurisprudencia de este Tribunal que el vicio de inmotivación, adopta las siguientes modalidades: a) la sentencia no presenta materialmente ningún razonamiento, caso de rara ocurrencia que revelaría el vicio en su forma más crasa; b) las razones dadas por el sentenciador no tienen relación alguna con la acción deducida o las defensas opuestas, o se refiere a materia extraña a la controversia planteada, caso en que los fundamentos, a causa de su inidoneidad, con los términos en que quedó trabada la litis, deben tenerse por jurídicamente inexistentes; c) los motivos se destruyen los unos a los otros por contradictorios, graves o inconciliables; d) todos los motivos son falsos y se halla evidente la inutilidad de ellos, por la sin razón jurídica que los informa, o los motivos son tan vagos, generales, inócuos, ilógicos o absurdos que impidan a la alzada o a Casación conocer el criterio jurídico que siguió el Juez para dictar su decisión.

Para el caso específico de la motivación en las medidas cautelares innominadas esta Sala, en sentencia N° 125, de fecha 4 de junio de 1997 caso Reinca, C.A., contra Angel Carrillo Lugo, Expediente N° 95-569, recientemente ratificada en sentencia N° 419 de fecha 7 de diciembre de 2000, caso Ruben Dario Fuenmayor Nava contra Carmen Delia Henriquez Salom De Strauss y otros Expediente 00­571, asentó el siguiente criterio que hoy se reitera:

"'...Establece el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, en su parágrafo primero, lo siguiente'

'Parágrafo Primero. Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.'

'Remite la disposición transcrita a los requisitos establecidos en el artículo 585 del mismo código, para la procedencia de las medidas preventivas'

(...Omissis...)

'De la aplicación de ambas disposiciones legales, se observa la existencia de tres requisitos de procedencia de las medidas preventivas establecidas en el parágrafo primero del artículo 585, a saber'

'1°) La existencia de un fundado temor de que una de las partes, en el curso del proceso, pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra';

'2°) Presunción grave del derecho que se reclama -fumus boni iuris-'

'3°)Presunción grave del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del

fallo -periculum in mora-'

'Estos son los tres aspectos debe examinar el juez para decidir sobre la procedencia de la medida cautelar que la doctrina ha denominado 'medida innominada', por ser diferente a las medidas preventivas típicas de embargo, secuestro de bienes determinados y prohibición de enajenar y gravar'

'Si el juez de alzada omite el examen de alguno de esos extremos de procedencia, no puede la Sala realizar el control de legalidad dentro de los límites de la casación, pues tendría que examinar las actas procesales, para determinar si es aplicable al caso concreto la disposición sobre medidas innominadas.'

'En efecto, al no poderse determinar del propio fallo si la regla legal rige o no el caso concreto, no es posible el control de legalidad. El propósito central del requisito de motivación del fallo es permitir al juez de alzada, o en el caso a la Sala de Casación Civil, dicho control, por lo cual es necesario concluir en que una decisión que no examina uno de los extremos de procedencia de la aplicación de la norma, carece, en ese aspecto de la controversia, de expresión de los motivos que la sustentan'...." (Negritas de la Sala).

Examinado el caso bajo decisión a la luz de los antecedentes expuestos observa esta Sala que la sentencia recurrida no presenta materialmente ningún razonamiento de hecho y de derecho que refleje el proceso lógico-jurídico seguido por el Juez de alzada para pronunciar los dispositivos de su decisión.

Tal y como lo señala el formalizante, la sentencia impugnada pasa del análisis de las pruebas a la parte dispositiva, omitiendo cualquier motivación de hecho y de derecho acerca de la materia sometida a su conocimiento, que en caso concreto no era otra que el examen de los extremos de procedencia de la medida cautelar innominada decretada por el Tribunal de Primera Instancia, todo lo cual impide a esta Sala controlar la legalidad de la decisión proferida en razón de la ausencia absoluta de fundamentos, hecho que da lugar a la nulidad del fallo recurrido por infracción del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 12 eiusdem, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código Adjetivo. Asi se decide.

SCC 27-2-03

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  02-072, dec. Nº 57:

Motivación como exposición del proceso lógico para llegar a la decisión

Con relación al vicio de inmotivación, la Sala en sentencia de 6 de agosto de 1986, criterio reiterado en fallo dictado el 13 de abril de 2000, caso Salvador Ramírez Campos contra Rosalba Colombo de Vivenes y Cruz Antonio Vivenes García, expediente N° 99-108, sentencia N° 116, con ponencia del magistrado que con tal carácter suscribe ésta, señaló:

“...El artículo 243, ordinal 4º, del Código de Procedimiento Civil, exige al Juez señalar los motivos de hecho y de derecho en que fundamenta su decisión. La Sala en fallo del 6 de agosto de 1986 y reiterando criterio de vieja data, precisó lo que se entiende por motivación:

‘...El señalamiento de los diversos motivos y argumentaciones que el juzgador ha tenido en cuenta para llegar a la conclusión que configurará la parte dispositiva de la sentencia.

La ley exige al juzgador que exponga el proceso lógico mediante el cual concluirá en su decisión, con el fin de garantizar que no serán dictadas sentencias arbitrarias, y con el propósito de permitir a las partes, mediante la reconstrucción de dicho proceso lógico, la apreciación de las razones de hecho y de derecho que ha tenido en mente el sentenciador para pronunciar la correspondiente declaración de certeza’.

Igualmente, se ha indicado que el fallo debe estar constituido por las razones de hecho y de derecho que dan los jueces como base del dispositivo. En este sentido, el fundamento de las razones de hecho parten del establecimiento de los mismos, tomando en cuenta las pruebas de autos que los demuestren; y las razones de derecho están basadas en la aplicación a los hechos, de los preceptos legales pertinentes.

(...Omissis...)

Con estos argumentos la recurrida expuso los diversos motivos y argumentaciones que tuvo en cuenta para llegar a la conclusión que configura la parte dispositiva de su sentencia. En consecuencia, no adolece del vicio de inmotivación imputado por el formalizante, por lo tanto, se desecha, la denuncia analizada. Asi se declara...”.

SCC 17-2-00

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  99-573, dec. Nº 08:

Motivos de hecho y de derecho

En relación con estos argumentos, la Sala establece que el requisito de motivación impone al juez el deber de expresar en la sentencia los motivos de hecho y de derecho que sustentan lo decidido. Los primeros están conformados por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que los demuestran, y los segundos por las normas y principios jurídicos que el juez aplicó para resolver la controversia. En relación con estos últimos, es conveniente aclarar que no importa la falta de cita de preceptos legales, sino la indicación de la norma allí contenida.

Esta exigencia tiene por objeto: a) controlar la arbitrariedad del sentenciador, pues le impone justificar el razonamiento lógico que siguió para establecer el dispositivo; y b) permitir a las partes conocer los motivos de la decisión para determinar si están conformes con ellos. En caso contrario, podrán interponer los recursos previstos en la ley, con el fin de obtener una posterior revisión sobre la legalidad de lo sentenciado.

SCC 20-12-02

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 01-741, dec. Nº 0488:

Petición de principios

De las pruebas obtenidas se evidencia:...

Que XXX simuló la obligación contenida en la hipoteca de segundo grado con YYY, para proteger el Edificio ZZZ de las acciones de terceras personas, así como de los verdaderos acreedores, tal como se demuestra de las publicaciones del Diario La Verdad que aparecen agregadas al expediente, referentes a las presuntas estafas cometidas por la empresa XYZ Bienes Raíces, administrada por el ciudadano XXX.

Con relación a las pruebas promovidas en los puntos 3, 4 y 5 por el apoderado judicial del co-demandado YYY, con las mismas no logró desvirtuar las pruebas obtenidas por la parte actora...

Por todo lo anterior, la presente apelación prospera en Derecho y en consecuencia en el dispositivo del fallo será declarada Con Lugar la demanda por simulación propuesta...”.

Quedando con ello evidenciada, la inmotivación del fallo en lo que al aspecto denunciado se refiere, por hacer depender el fundamento de su dispositivo de actuaciones externas al fallo mismo, con lo cual no se cumplió el requisito de que la sentencia se baste a si misma, sin que se necesite para entenderla, recurrir a otras actas o instrumentos contenidos en el expediente.

Por otra parte, como ya se señaló ab-initio, la doctrina de la Sala ha sostenido que la lógica del razonamiento rechaza el sofisma denominado petición de principio, que consiste en dar como cierto lo mismo que pretende ser probado, pues la determinación de un hecho o concepto, no debe realizarse con el mismo concepto definido: Lo definido no debe entrar en la definición.

Así, en el caso de autos, cuando la recurrida otorga pleno valor a las publicaciones contenidas en el Diario La Verdad, las cuales describe de manera superficial, sin acompañar su afirmación de un análisis que la respalde y a su vez las relacione con el contenido de los hechos demandados, sin permitir conocer a priori su incidencia en los hechos debatidos, incurre en el vicio ya mencionado de petición de principio, al dar por demostrado lo mismo que debía ser probado.

Por lo tanto, esta Sala considera que en el presente caso la recurrida incurrió en los vicios de inmotivación y petición de principio, por hacer remisión a hechos que están fuera de su sentencia, utilizando formas generales o vagas como “consta en los autos” y, además, otorgarle pleno valor probatorio a tales publicaciones aparecidas en el Diario La Verdad, consignadas al expediente, sin identificarlas plenamente ni analizar su contenido, mucho menos indicar su relación con los sujetos y hechos procesales. Y así se decide.

SCC 1-11-02

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  00-829, dec. Nº 404:

Motivación acogida, cambio de criterio

Al respecto, se observa que, efectivamente, como bien señala la recurrida, esta Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha: 29 de julio de 1998, con ponencia del Dr. Alirio Abreu Burelli, caso Carlos Antonio González Chirinos contra María Grazia Organtini Bartolomei, expediente 97-109, estableció respecto a la suficiencia de los motivos de los fallos de alzada, el siguiente criterio doctrinario:

“...La finalidad procesal de la motivación de la sentencia de alzada, consiste en permitir a la Sala de Casación Civil, al resolver el recurso de casación, el control de la legalidad del fallo, propósito que se cumple al acoger y transcribir dicha sentencia la fundamentación de la decisión apelada. Por tanto, al transcribir la recurrida las razones de primera instancia, las cuales son suficientes para conocer y controlar el criterio sobre el cual se basó el Juez para establecer los hechos y aplicar el derecho, fundamentó suficientemente su decisión...”.

Criterio el cual ha sido mantenido a través del tiempo, haciendo viable la motivación acogida como fórmula del juez de alzada para dar a conocer el proceso lógico seguido para establecer los hechos y aplicar el derecho y, que en todo caso sería el mismo que utilizó el tribunal de la causa.

Sin embargo, la Sala considerando que una de sus misiones fundamentales consiste en brindar la correcta interpretación de la ley, en este caso en particular, del ordinal 4º del artículo 243 del Código Procesal Civil, que dispone: “Toda sentencia debe contener...4º) Los motivos de hecho y de derecho de la decisión...”, y observando que la aplicación irrestricta del referido criterio ha degenerado en una práctica común, donde simples transcripciones o reproducciones totales de las sentencias dictadas por los tribunales de primera instancia se tienen o bastan como decisiones de alzada, considera necesario en esta oportunidad, establecer que tal pronunciamiento desde ningún punto de vista satisface el cumplimiento del precepto legal citado y, a tal fin, si bien, los fallos de alzada pueden realizar citas o trascripciones de las decisiones dictadas por los tribunales de primera instancia donde acojan, además, la motivación de éstos, no por ello, quedan eximidos de expresar sus propias razones de hecho y de derecho para soportar la decisión, con especial mención o referencia a los motivos de apelación brindados por la parte proponente del recurso, los cuales en todo caso, deben ser claramente estimados o desestimados por el juzgador de alzada.

En consecuencia, se abandonan expresamente las jurisprudencias que hasta ahora habían prevalecido sobre la suficiencia de la motivación acogida; en lo sucesivo, con inclusión del caso bajo análisis, se reitera, la Sala tendrá como debidamente motivado, el fallo de alzada que contenga sus propias razones de hecho y de derecho respecto a lo decidido.

Ahora bien, en la delación bajo análisis, como bien pudo apreciarse de los extractos de la decisión recurrida, anteriormente transcritos, todo lo expuesto en las partes motiva y dispositiva del fallo constituyen una mera transcripción de la sentencia del tribunal a-quo, donde se hizo caso omiso de manera absoluta, entre otras cosas, de todos los motivos de apelación expuestos por la representación de la parte demandada en la oportunidad de rendir informes ante la instancia superior, por lo cual esta Sala considera que el tribunal de alzada con tal proceder, incurrió además del vicio de inmotivación delatado por el formalizante en defecto por incongruencia.

SCC 20-12-02

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  01-645, dec. Nº 475:

Motivación de este fallo permite control de legalidad

El propósito de la motivación de todo fallo es llevar al ánimo de las partes la justicia de lo decidido y, además, permitir el control de la legalidad de la sentencia.

En el caso sub iudice, el formalizante alega inmotivación del fallo recurrido, en lo que respecta a los fundamentos que avalaron la declaratoria de improcedencia de la reclamación planteada por daños materiales.

A este respecto, ya se señaló en la oportunidad de analizar y decidir la anterior delación, la parte pertinente de la sentencia recurrida señaló sobre el particular, lo siguiente:

“...Observa esta alzada, que como consecuencia de la homologación del desistimiento de la acción contra SEGUROS PAN AMERICAN, decretada por el Tribunal de la Causa, en fecha 15 de julio de 1998, en virtud de que la mencionada empresa de seguros procedió a indemnizar a la demandante por la pérdida sufrida de la mercancía asegurada consistente en una máquina Sierra 1F para aserrar madera de cinta, por la suma de CATORCE MIL SESENTA Y DOS DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR ($ 14.062,50) cuyo equivalente para la época de la indemnización era de SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLIVARES (Bs. 7.734.375,oo); quedó resarcido el daño alegado como sufrido por la empresa reclamante, por lo que a partir de allí, la demanda se circunscribe al pago del lucro cesante alegado por la demandante, tanto en el primer escrito libelar, como en su reforma...” (Subrayado y negrillas de la Sala).

Lo anterior permite evidenciar la motivación brindada por el sentenciador de alzada, para declarar la improcedencia de la demanda en lo relativo a los daños materiales reclamados por la accionante, pronunciamiento que además, permite controlar la legalidad del fallo en lo que respecta al asunto debatido en la presente denuncia; por lo tanto, si el recurrente se encontraba disconforme con la motivación brindada por la recurrida sobre el particular, ha debido cuestionar el fondo de la misma a través de la correspondiente denuncia por infracción de ley.

SCC 21-8-03

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 01-022, dec. Nº 449:

Contradicción entre los motivos y el dispositivo

De lo antes expuesto se infiere, meridianamente, que en el fallo que se analiza existe contradicción entre los motivos y el dispositivo del fallo, por lo que adolece del vicio de inmotivación.

Ahora  bien, sobre el particular, esta Sala en sentencia N° RC- 0149 de fecha 7 de marzo de 2002, caso: Luis Barranco Maeso contra Eduardo Arturo Gámez Espinoza, expresó el siguiente criterio:

“...Constituye inmotivación la absoluta contradicción lógica entre los motivos y el dispositivo, de manera tal que todas las razones que sustenten el fallo conduzcan a un resultado diferente a lo decidido por el juez; así la doctrina de la Sala, en sentencia N° 576, de fecha 12 de agosto de 1999 en el juicio de Ángel delgado Medina contra Terrenos y Maquinarias Termaq C.A., expediente N° 98-473, expresó:

“...b) Que igualmente, la contradicción entre los motivos y el dispositivo, no da lugar a la nulidad de la sentencia por el vicio de contradicción, sino por el de inmotivación, pues en este caso de lo que se trata realmente es de falta de fundamentos...””. (Negrillas de la Sala).

En el caso que se revisa, la contradicción en los motivos de la recurrida resalta al acordar una experticia complementaria y, a la vez, establecer en el dispositivo el monto que la demandada debe pagar a la demandante, por los mismos conceptos que se ordena analizar a los peritos para fijar los valores correspondientes.

Con base en las razones expuestas, es evidente que en la recurrida está configurado el vicio de inmotivación por contradicción entre los motivos y el dispositivo, lo que equivale a falta absoluta de fundamentos, tal y como se expresa en la jurisprudencia transcrita precedentemente. Así se decide.

SCC 30-5-02

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  01-224, dec. Nº 273:

Contradicción entre los motivos y el dispositivo

Estos pronunciamientos antagónicos determinan el quebrantamiento del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pues la contradicción entre la parte motiva y dispositiva del fallo, generó un pronunciamiento final que no encuentra respaldo o asidero en los argumentos o fundamentos del fallo, es decir, la parte dispositiva se encuentra totalmente desvinculada de la motiva, como si esta última hubiese sido suprimida y el resultado de la controversia aparece aislado, carente de fundamentos que lo respalden.

Ha sido jurisprudencia reiterada que la inmotivación se produce: a) Cuando los motivos son tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión; b) Cuando en la sentencia hay una falta absoluta de motivos tanto de derecho como de hecho; c) Cuando hay una contradicción en los motivos; y d) Cuando surge una contradicción entre los motivos y el dispositivo, que es lo ocurrido en el presente caso.

SCC 20-12-02

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  01-848, dec. Nº 480:

En qué consiste la inmotivación

Motivos suficientes

El formalizante, alega que la recurrida incurre en el vicio de inmotivación, al no dar una razón jurídica por la cual debe entenderse que el registro de la propiedad inmobiliaria es esencial para la validez de la venta.

Al respecto, esta Sala ha señalado reiteradamente que el vicio de inmotivación se produce cuando la sentencia carece totalmente de fundamentos, lo que no debe confundir se con la escasez o exigüidad o en el error de la fundamentación. En este sentido, hay falta absoluta de fundamentos cuando los motivos del fallo, por ser impertinentes o contradictorios, o integralmente vagos e inocuos, no le proporcionan apoyo alguno al dispositivo de la sentencia, que constituye la verdadera finalidad de la pretensión.

Asimismo, se ha señalado en innumerables oportunidades que el vicio de inmotivación puede adoptar varias modalidades: a) La sentencia no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho o de derecho en que pueda sustentarse el dispositivo, lo cual es de muy improbable ocurrencia, pues es inconcebible que los jueces puedan llegar a tal extremo de ignorancia o de descuido en la redacción de sus fallos; b) Las razones expresadas por el sentenciador no tienen relación alguna con la pretensión deducida o con las excepciones o defensas opuestas, caso en el cual los motivos aducidos a causa de su manifiesta incongruencia con los términos en que quedó circunscrita la litis, deben ser tenidos como jurídicamente inexistentes; c) Los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables, generando así una situación equiparable a la falta absoluta de fundamentos; y, d) Los motivos son tan vagos, generales o inocuos, ilógicos o absurdos que impiden a la alzada o a la casación conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión, caso éste que se equipara también al de falta de motivación.

Al respecto, la recurrida expresó:

“...Como se observa del criterio sustentado por la Sala Civil, en el fallo que antecede, el Tribunal consideró, que en materia de traslación de propiedad de bienes inmuebles, la formalidad de la protocolización en el Registro Subalterno es esencial a la validez del acto a los efectos de su oponibilidad a terceros que hayan adquirido derechos sobre el bien objeto de la enajenación.

...OMISSIS...

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se pretende la suspensión de la medida de embargo recaída sobre el inmueble objeto de la venta autenticada con fundamento en un instrumento que si bien surtió efectos entre las partes, carece de eficacia frente al tercero beneficiario de una medida que le generó un derecho subjetivo sobre el bien, en la medida que el embargo le permite garantizarle la tutela judicial efectiva de su crédito, de allí, que no habiéndose formulado la oposición al embargo practicado con fundamento a un documento registrado como lo exige el ordinal primero del artículo 1.920 del Código Civil, resulta forzoso inferir, que es procedente la apelación....” (Negrillas de la Sala)

Por lo tanto, en atención al contenido de los pronunciamientos antes transcritos, la Sala en modo alguno, considera insuficiente la motivación del Juzgador de Alzada sobre la materia objeto de la presente denuncia, ya que el juez de la recurrida expuso en forma clara y precisa los fundamentos por los cuales apreciaba que al haberse formulado la oposición al embargo con un documento autenticado, no registrado, carecía de eficacia frente al tercero beneficiario del embargo, con apoyo en los artículos 1.920, ordinal 1º y 1.924 del Código Civil, y no como pretende el formalizante, que el juez estableció que el registro era esencial para la validez de la venta, pudiéndose conocer cual fue la operación intelectual realizada por el sentenciador, al dictar el fallo.

SCC 21-11-02

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  01-616, dec. Nº 444:

Fundamentación de la declaratoria de confesión ficta

Como puede observarse de la transcripción anterior, la sentencia impugnada expresó sus fundamentos en torno a los tres puntos requeridos para que pueda declararse la confesión ficta. Respecto a no ser contraria a derecho la demanda intentada, la recurrida consideró que la pretensión se centró en el cumplimiento de un contrato que cumplió con todas las exigencias legales, necesarias para surtir plenos efectos entre las partes y ante terceros, al contener el consentimiento válidamente otorgado, el objeto del mismo y la causa. Si el formalizante considera que tal razonamiento es exigüo, escaso o insuficiente, ello no implica ausencia absoluta de motivos. Los motivos, en el caso bajo estudio existen, y por ello, la presente denuncia por quebrantamiento del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se declara improcedente. Así se decide.

SCC 20-12-02

Ponencia del Magistrado Tulio Álvarez Ledo. Exp. Nº 01-817, dec. Nº 495:

Requisitos de la motivación en la condena de daño moral

Ciertamente, la doctrina vigente de la Sala de Casación Civil, ha expresado que la sentencia que analice una demanda por indemnización de daños morales, debe cumplir con los siguientes aspectos en su motivación:

“...La Sala en doctrina contenida en sentencia del 9 de agosto de 1991 (Josefina Sanmiguel de Hernández y otros contra C.A., Venezolana de Seguros Caracas), reiterada en fallo del 3 de noviembre de 1993 (Jorge Enrique Zabala contra Aerotécnica, S.A), expresó:

Este Supremo Tribunal ha establecido que los jueces cuando condenan al pago de un daño moral, más aún si es de magnitud, están en la ineludible obligación de expresar las razones que tuvieron para fijar el monto de la indemnización acordada. En sentencia del 12 de febrero de 1974, la Sala sostuvo:

Al decidirse una cuestión de daños morales, el sentenciador necesariamente ha de sujetarse al proceso lógico de establecer los hechos, de calificarlos y de llegar a través de este examen a la aplicación del derecho, analizando desde luego la importancia del daño, el grado de culpabilidad del autor, la conducta de la víctima, sin cuya acción no se hubiera producido el daño y la llamada escala de los sufrimientos morales, valorándolos, pues no todos tienen la misma intensidad, por las distintas razones que puedan influir en ellos, para llegar a una indemnización razonable, equitativa, huma-namente aceptable.

En el caso en examen, el sentenciador de la recurrida dio por probado el daño moral con las demostraciones que hizo el actor de haber presentado al Banco de Fomento Regional Los Andes, C.A., donde mantenía un depósito en cuenta corriente, un cheque por la cantidad de Bs. 400,oo el cual no obstante tener en su haber fondos disponibles, le fue rechazado. Ello trajo como consecuencia, que el actor resultare perjudicado en su buen nombre y reputación con el agravante de que fue sometido a varios días en prisión, afectándose de ese modo, sus actividades profesionales y comerciales. Tales circunstancias a juicio del sentenciador infringieron (sic) un daño moral al actor que el sentenciador de la recurrida estimó en la cantidad de Bs. 800.000,oo.

La condena a reparar un daño de tal magnitud obligaba  a exponer una relación sustanciada de los hechos para justificarla, como de los alcances y de los pormenores y circunstancias que determinaron en el ánimo del Juez establecer el montante de la indemnización en la cantidad de Bs. 800.000,oo. En sus comentarios sobre el daño moral Planiol y Ripert, Tomo XIII, pág. 281, señalan el ‘fallo debe expresar cuáles son las razones de hecho en que se fundamenta para dejar establecido el daño  y el alcance de la responsabilidad del dañante; debe dejar establecido con precisión los hechos en que se funda para poner en evidencia los extremos fundamentales de la condenación. La sentencia que no contenga estos extremos, será nula, por falta de motivación.’ En ese aspecto es de observar , que en los últimos cincuenta años nuestra casación ha ido ampliando su censura y el conocimiento de los hechos a través de las motivaciones de las sentencias y es constante su jurisprudencia al rechazar las calificaciones impropias aplicando el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. (G.F.N° 83, 2ª etapa, pág. 321).

...La sentencia que no contenga estos extremos es nula por falta de motivación, tal como ha acontecido en el caso de autos, en que la alzada condena al pago en Bs. 800.000,oo sin que exista la fundamentación específica que la doctrina y la jurisprudencia exigen en este tipo de condena.’ (Sentencia de la Sala de casación Civil de fecha 18 de noviembre de 1998, en el juicio de María Y. Méndez y otras contra Expresos La Guayanesa, C.A., expediente N° 95-340, sentencia N° 905). (Resaltado de la Sala).

[...]

Sin entrar la Sala a emitir criterio alguno sobre el fondo del asunto planteado, se limita simplemente a señalar que la recurrida expresó sus motivos, de acuerdo a la doctrina vigente antes transcrita, pues el Juez emitió opinión, con sus argumentos y razones, sobre la importancia del daño, la relación de causalidad, la gravedad de la culpa, la posibilidad de un hecho de la víctima que exima de responsabilidad al agente, y dio una explicación del por qué asume que todos estos hechos generaron daños morales en la vida cotidiana del actor. Los requisitos exigidos por el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil se cumplieron en la recurrida y por ello, la presente denuncia de infracción de dicha norma se declara improcedente. Así se decide.

SCC 19-7-00

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 99-481, dec. Nº 241:

Motivación. Se ratifica doctrina

El requisito de motivación impone al Juez el deber de expresar en la sentencia los motivos de hechos y de derecho que sustentan lo decidido. Esta exigencia tiene por objeto: a) controlar la arbitrariedad del sentenciador, pues le impone justificar el razonamiento lógico que siguió para establecer el dispositivo; y b) garantizar el legítimo derecho de defensa de las partes, porque éstas requieren conocer los motivos de la decisión para determinar si están conformes con ellos. En caso contrario, podrán interponer los recursos previsto en la ley, con el fin de obtener una posterior revisión sobre la legalidad de lo sentenciado.

Motivación contradictoria. Se ratifica doctrina

El vicio de contradicción, capaz de anular el fallo impugnado, debe encontrarse en su dispositivo, de suerte que lo haga inejecutable. También existe el llamado vicio de motivación contradictoria, el cual constituye una de las modalidades o hipótesis de inmotivación de la sentencia, que se produciría cuando la contradicción está entre los motivos del fallo, de tal modo que se desvirtúan, se desnaturalizan o se destruyen en igual intensidad y fuerza, lo que hace a la decisión carente de fundamentos y por ende nula

SCC 3-8-00

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 96-665, dec. Nº 256:

Inmotivación. Contradicción en los motivos de la decisión. Se ratifica doctrina

[...] Ha sido doctrina de la Sala de Casación Civil, el que la contradicción en los motivos equivale a inmotivación, siempre que, desde luego, la contradicción verse sobre un mismo punto. Es decir, que la contradicción en los considerandos de un fallo que conduce a la destrucción recíproca de los mismos, es la que versa sobre un mismo objeto, caso en el cual resulta inmotivado el fallo.

SCC 31-10-00

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 00-240, dec. Nº 344:

Motivación. Fórmulas vagas y generales equivale a falta de motivación.

La inmotivación del fallo por el uso de fórmulas vagas y generales, equivale a falta de motivación, pues supone la falta de examen por parte del juez de los hechos y del derecho, el cual se produce cuando la recurrida expresa meras afirmaciones tales como "consta en autos", "resulta demostrado de las pruebas evacuadas", "aparece comprobado"; expresiones que lejos de ser motivos fundados, constituyen peticiones de principio, pues aceptan como demostrado o como prueba aquello mismo que debe ser probado sobre los puntos de hecho de derecho.

SCC 15-11-00

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 99-565, dec. Nº 370:

Falta absoluta de fundamentos.

Hay falta absoluta de fundamentos, cuando los motivos del fallo, por ser impertinente o contradictorios, o integralmente vagos e inocuos, no le proporcionan apoyo alguno al dispositivo de la sentencia, que es la finalidad esencial de la motivación.

SCC 15-11-00

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 00-002, dec. Nº 366:

Medidas preventivas. Motivación

[...] el examen de los requisitos de procedencia de la medidas preventivas ya decretadas constituye presupuesto de la motivación del fallo, este examen ha de comprender, necesariamente, el estudio de las pruebas producidas por las partes durante la articulación probatoria correspondiente, porque de lo contrario no será posible determinar si es aplicable al caso concreto la disposición respectiva sobre la medida en cuestión., dado que en tal caso sería indispensable revisar las actas del expediente.

SCC 16-2-01

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 00-357, dec. Nº 11:

Vicio de inmotivación. Ratifica jurisprudencia

[...] esta Sala ha señalado reiteradamente que el vicio de inmotivación se produce cuando la sentencia carece totalmente de fundamentos, lo que no debe confundirse con la escasez o exigüidad. En este sentido hay falta absoluta de fundamentos, cuando los motivos del fallo, por ser impertinentes o contradictorios, o integralmente vagos e inocuos, y no le proporcionan apoyo alguno al dispositivo de la sentencia, que constituye la verdadera finalidad de la pretensión

SCC 5-4-01

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 00-390, dec. Nº 57:

Vicio de inmotivación. Cuándo se configura. (ratifica doctrina)

Ahora bien, el vicio de inmotivación puede darse cuando: a) Se omite todo razonamiento de hecho o de derecho; b) Las razones del juzgador no tienen relación con el asunto decidido; c) Los motivos se destruyen unos a otros por contradicciones graves e insubsanables, o son motivos tan vagos o absurdos, que impiden conocer el criterio seguido para decidir: y, d) Cuando se dejan de analizar las pruebas aportadas a los autos

SCC 5-4-01

Contradicción en los motivos

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 00-437, sentencia Nº 72:

De las transcripciones anteriormente realizadas se puede evidenciar la patente contradicción de motivos en los que incurrió el Juez de la recurrida cuando por una parte, señaló que la actora en su libelo solicitó se practicara una experticia complementaria del fallo a los fines de que se indexara el monto adeudado y por otra parte, señaló que el juez de la primera instancia no podía acordar una indexación que no hubiera sido solicitada por la demandante en su escrito de demanda.

La anterior situación configura una contradicción en los motivos lo cual, de conformidad con jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Civil, genera una situación equiparable a la falta absoluta de fundamentos, en razón a que los motivos se destruyen los unos con los otros por contradicciones graves e inconciliables.

Es pues, criterio tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, el que la contradicción en los motivos equivale a inmotivación, eso sí, siempre que naturalmente la contradicción verse sobre un mismo punto, pues como lo asentó la Sala, la contradicción entre los considerandos de un fallo que conduce a la destrucción recíproca de los mismos, es la que versa sobre un mismo objeto, caso en el cual resulta inmotivado el fallo.

En el caso bajo estudio los motivos contradichos versan sobre el punto común de la indexación y son, a tal punto contradictorios, que se destruyen recíprocamente produciendo una situación equiparable a la falta de absoluta de motivos, lo cual conduce a esta Sala a declarar de oficio la infracción del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Asi se declara

5. Ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil

SCC 27-4-04

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 03-581, dec. Nº 335:

Incongruencia positiva

Alega el recurrente que el ad quem incurrió en incongruencia positiva en razón de que resolvió sobre asuntos no planteados en el debate judicial, vale decir, otorgó a la demandada cuestiones no reclamadas por ella y, en consecuencia, se pronunció respecto a puntos distintos a los que integraron thema decidendum.

Se considera conveniente, ratificar el criterio sostenido y ratificado por esta Máxima Jurisdicción respecto al requisito de exhaustividad  que deben exhibir las decisiones judiciales a efectos de que ellas puedan cumplir con las condiciones de ser expresas, positivas y precisas, preceptuadas como requerimientos de orden público en el ordenamiento adjetivo vigente, así en sentencia nº 131 de 26 de abril de 2000, juicio Víctor José Colina Arenas contra Raúl Aldemar Salas Rodríguez, expediente N° 99-097, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe ésta, la Sala señaló:

“...La doctrina explica que “Ultrapetita es el vicio de la sentencia que consiste en haber declarado el derecho de las partes mas allá de lo que ha sido objeto de la pretensión o litigio” (Couture. Vocabulario Jurídico). La Expresión viene del latín “ultrapetita”, que significa “mas allá de lo pedido”.

En nuestro derecho no se define la ultrapetita, pero la pacifica y constante  doctrina de la Sala ha precisado el concepto, que consiste en que el juez en el dispositivo de la sentencia o en el considerando de una decisión de fondo se pronuncie sobre cosa no demandada o concede mas de lo pedido, ya que el órgano jurisdiccional tiene que limitarse a decidir el problema judicial sometido a su conocimiento conforme a la demanda y la defensa, no pudiendo excederse o modificar los términos en que los propios litigantes la han planteado.

Este Alto Tribunal desde la sentencia del 30-4-28, precisó el concepto en nuestro derecho y es el que ha seguido invariablemente la Sala hasta la fecha. En esta oportunidad la Sala expresó que la ultrapetita “es aquel pronunciamiento judicial que concede mas de lo pedido o que se pronuncia sobre cosa no demandada”. (M. de 1936. p. 387. Leopoldo Márquez Añez. Motivos y Efectos del Recurso de Forma en la Casación Venezolana. Pág. 81).

En consecuencia, los jueces no deben incurrir en ultrapetita, que viene a ser una manifestación particular del principio general de la congruencia de la sentencia con la pretensión del actor y la defensa. También es importante destacar que este vicio solo puede cometerse en el dispositivo de la sentencia, ya que se encuentra en la parte final del fallo o en un considerando que contenga una decisión de fondo...”.

[...]

Ahora bien, fijado de la manera transcrita los términos en que se contestó la demanda, la Sala observa de la transcripción ut supra realizado de la recurrida, que el ad quem, sin que mediara pedimento alguno en tal sentido por parte de la demandada, decidió ordenar se le pagara a ésta una cantidad de dinero, además indexada como una compensación por haber poseído de buena fe y cuidado del inmueble objeto de reivindicación y, aun cuando declaró con lugar la demanda, por vía de consecuencia, condicionó la entrega de dicho inmueble a los actores, hasta tanto no se cancele a la demandada aquella suma de dinero, por asistirle a éstas últimas un supuesto derecho de retención del inmueble, se repite, no alegado por la demandada.

Con la conducta asumida, efectivamente la alzada se excedió en lo peticionado por la demandada, ya que suplió defensas no alegadas por esta, vale decir, desorbitó el thema  decidendum.

En consecuencia, por aplicación de las consideraciones anteriores y la doctrina casacionista transcrita, la Sala encuentra que la sentencia impugnada infringe el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y, por vía de consecuencia, deberá declararse procedente la denuncia que se estudia, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en la dispositiva del presente fallo. Así se decide.

SCC 27-4-04

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 03-636, dec. Nº 336:

Omisión de pronunciamiento sobre solicitud de reposición

Respecto a la falta de pronunciamiento del sentenciador sobre el pedimento de reposición alegado en informes y el vicio que ello configura, esta Sala señaló en sentencia N°. 343, de fecha 30 de julio de 2002, Exp. 2001-0281, en el caso de Venezolana de Inversiones y de Proyectos, (VEINPRO, C.A.), contra Asociación Civil Pro-Vivienda Dr. Jorge Darío Patiño Gil, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe ésta, lo siguiente:

“...En relación con el pronunciamiento de los jueces sobre el alegato de reposición esgrimido por las partes en el escrito de informes, esta Sala en fallo de fecha 23 de noviembre de 2001, caso Pastor Sánchez Rodríguez, contra la Seguros Mercantil S.A., abandonó el criterio sostenido en la sentencia de fecha 14 de febrero de 1990, caso María López de Silva de Da Luz contra Joao Christinho Da Luz; Exp. Nº 89-249, y se pronunció en los siguientes términos:

‘Mientras que el Código de Procedimiento Civil de 1916 se refería a la reposición preterida, nuestro actual Código la recoge dentro de la causal de quebrantamiento de formas procesales en violación del derecho de defensa. De esta manera, la reposición preterida conforma un motivo propio de casación, denunciable de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que ‘Se declarará con lugar el recurso de casación: 1º Cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa.

Por tanto, mediante una denuncia de reposición preterida el recurrente obtendrá una solución expedita sobre la irregularidad ocurrida respecto al orden del proceso, porque el pronunciamiento equivale a una solución directa del problema, es decir, la declaratoria de procedencia de la denuncia conduce a la nulidad del acto o actos afectados por la irregularidad y a la consecuente reposición de la causa al estado en que se haga renovar el acto o actos nulos, como se desprende del artículo 208 del Código de Procedimiento Civil. No sucede lo mismo cuando se denuncia que la reposición fue alegada en los informes, y tal alegato no fue resuelto por la recurrida (incongruencia negativa), porque la solución no es otra que ordenar al Juez Superior que se pronuncie sobre el alegato omitido, al margen de que sea o no procedente la reposición, con lo cual muchas veces se estaría declarando la nulidad del fallo y reponiendo la causa para que un nuevo Juez se pronuncie sobre la solicitud de reposición no resuelta, sin reparar en su eventual inutilidad por la improcedencia de la reposición preterida, en violación del mandato constitucional contenido en el artículo 257, que establece:

‘...El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales...’

Por estas razones, esta Sala abandona el criterio sostenido en la sentencia de fecha 14 de febrero de 1990, caso María López de Silva de Da Luz contra Joao Christinho Da Luz; Exp. Nº 89-249, mediante el cual la Sala estableció que es obligatorio para el Juez pronunciarse sobre las peticiones, alegatos o defensas que pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como la confesión ficta, reposición de la causa u otras similares bajo pena de incurrir en el vicio de incongruencia negativa, y todos aquellos que se opongan a lo establecido en la presente decisión. En consecuencia, deja sentado que aun cuando sea solicitada la reposición de la causa en el escrito de informes, si el juez no se pronuncia sobre ello, la parte interesada debe formular la respectiva denuncia por reposición no decretada, y no mediante el alegato de incongruencia negativa del fallo....’. (Subrayado de la Sala).

De conformidad con el criterio arriba transcrito, si el Juez omite pronunciarse acerca de una solicitud de reposición alegada en informes, la parte interesada debe denunciarlo en casación a través de una denuncia de reposición no decretada y no mediante un alegato de incongruencia negativa...”. (Subrayado de la Sala).

SCC 27-4-04

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 03-850, dec. Nº 342:

Caso de incongruencia negativa

Como se evidencia de las precedentes transcripciones, la codemandada General de Seguros S.A., se excepcionó de pagar los daños reclamados por los demandantes por concepto de daños personales graves, alegando que éstos son reclamaciones típicas de daño moral y que, por tanto, ella no estaba ni legal ni contractualmente obligada a sufragarlos.

Sin embargo, la recurrida silencia de manera absoluta ese alegato, estimando que lo que se reclama es un daño material, como son las lesiones personales y que, por tanto, la empresa codemandada debe pagarlos hasta por los límites fijados en la correspondiente póliza de seguro a que se refiere el ad quem, pero, se repite, sin resolver sobre la defensa de que dichos daños no son materiales sino morales.

La defensa silenciada pretende destruir que tal reclamación sea un daño material para que sea considerado como un daño moral, el cual, según alega el formalizante, su representada no está obligada legal ni contractualmente, con lo que el dispositivo del fallo sería distinto en caso que dicha defensa hubiese prosperado.

SCC 27-4-04

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 02-762, dec. Nº 338:

Omisión de pronunciamiento sobre alegaciones en informes

Observa la Sala que el recurrente en el escrito señalado, explanó una serie de defensas, mediante las cuales pretendía que, como era su deber, el juez del grado superior realizara un estudio profundo de las citadas defensas, las que, en opinión del formalizante, hubiesen conllevado a una decisión en términos diferentes a la tomada.

En este orden de ideas, resulta oportuno señalar que, aun cuando esta Máxima Jurisdicción ha establecido que el juez de alzada no tiene obligación de emitir pronunciamiento sobre todas las alegaciones hechas en la oportunidad de informes, también es cierto que existe la obligación de atenderlas cuando ellas puedan tener influencia en el dispositivo del fallo, vale decir,  sean esenciales.

Sobre el punto de la obligación de análisis sobre los alegatos realizados en informes, en sentencia Nº. 103, de fecha 27/4/01, en el expediente Nº. 00-405, en el juicio de Hyundai de Venezuela C.A. contra Hyundai Motors Company, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe ésta, la Sala estableció:

“...Con respecto al pronunciamiento sobre los alegatos expuestos en los informes, la Sala, en sentencia de 5 de febrero de 1998, caso Inversiones Banmara contra Inversiones Villa Magna, expediente N° 95-809, sentencia N° 34, estableció,

‘...Con relación a los pronunciamientos de las instancias sobre los alegatos formulados por las partes en los informes, ha sido el criterio imperante en la doctrina de la Sala que aquellos alegatos de corte esencial y determinante deben ser analizados por el sentenciador, a los fines de cumplir con el principio de exhaustividad de la sentencia que constriñe al juez a pronunciarse sobre todo lo alegado y solamente sobre lo alegado, so pena de incurrir en la infracción de los artículos 12 y 243, ordinal 5°, del Código de Procedimiento Civil. Por este mandato ha sostenido la Sala que el sentenciador está obligado a revisar todas las peticiones hechas por las partes en los informes, relacionados con la confesión ficta, reposición de la causa u otras similares, pues con ello ha querido darle justa dimensión a tal acto procesal, sin llegar a descalificarlo. En conclusión, cuando en los escritos de informes se formulen peticiones, alegatos o defensas que aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso como serían los relacionados con la confesión ficta, reposición de la causa u otros similares, sí debe el sentenciador pronunciarse expresamente sobre los mismos en la decisión que dicte, so pena de incurrir en el vicio de incongruencia negativa...”.

Con base en que la denuncia que se analiza acusa un defecto de forma en la sentencia recurrida, hecho que le permite a la Sala escudriñar las actas procesales, se procedió a dicho estudio encontrándose que, efectivamente, la demandante en su escrito de informes destacó ante la alzada una serie de infracciones cometidas por el a-quo, así como el pedimento de que tales defensas fueran verificadas; de igual manera se evidenció que el fallo acusado no se pronunció sobre ninguno de dichos alegatos.

SCC 31-3-04

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 02-707, dec. Nº 280:

Incongruencia positiva por exceder el tema a decidir en apelación

Alega el formalizante que la recurrida incurre en el denominado vicio de incongruencia positiva, por cuanto el juzgador de alzada al decidir sobre la oposición al embargo ejecutivo y la suspensión de la medida, excedió el limite de lo sometido a su consideración, pues la materia transmitida como consecuencia de la apelación interpuesta por el tercero opositor contra el auto del a quo de fecha 2 de noviembre de 2000, fue la negativa de providenciar la diligencia de la abogada Ingrid Páez en cuanto a la ratificación de las pruebas.

La jurisprudencia y la doctrina de esta Sala, han definido la congruencia de la sentencia como la conformidad que debe existir entre ésta y la pretensión o pretensiones que constituyan el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan este objeto. De allí, que la congruencia supone que el fallo no contenga más de lo pedido por las partes (ultrapetita), menos de lo pedido por las partes (citrapetita), ni algo distinto de lo pedido por las partes (extrapetita).

[...]

De la trascripción anterior se observa, que el sentenciador superior, conociendo en apelación de una sentencia interlocutoria dictada por el a quo, en la que se abstuvo de providenciar sobre la diligencia de la abogada Ingrid Páez en cuanto a la ratificación de las pruebas, decide la materia objeto de apelación, y extendió su decisión más allá de los límites del problema sometido a su consideración al suspender la medida de embargo ejecutivo.

Es evidente que la recurrida, al decidir sobre un asunto distinto a aquél sobre el cual tenía conocimiento por efecto de la apelación, se excedió de los límites de lo sometido a su consideración, por lo que quedó inficionada del vicio de incongruencia positiva, como acertadamente lo denuncia el formalizante.

En efecto, el vicio de incongruencia positiva surge cuando se exorbita el thema decidendum, cuando la sentencia va más allá de “solo lo alegado por las partes”,  cuando no se ajusta a la exigencia de exhaustividad y, en materia de apelación, cuando la alzada excede el límite de lo sometido a su consideración.  “Quiere la ley que la decisión no sólo sea manifiesta, definitiva e indubitable sino que guarde relación o consonancia con los términos en que fue planteada la pretensión del actor y con los términos en que fue propuesta la defensa del demandado”. (Sent. de 20 de enero de 1999, caso: Manuel Gualdron contra Luis E. Peña).

SCC 21-8-03

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  03-327, dec. Nº 418:

Omisión de pronunciamiento sobre objeción a la cuantía

Hecha esta consideración, la Sala observa que en el caso concreto la demandante estimó el interés principal del juicio en la cantidad de trescientos sesenta y tres mil bolívares (Bs. 363.000,oo), y el demandado en el acto de contestación de la demanda, propuso reconvención y la misma fue estimada en la cantidad de veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,oo). En la oportunidad de la contestación a dicha reconvención, la parte actora reconvenida, rechazó tal estimación en los términos siguientes: “Con respecto a la cuantía establecida por la parte demandada en su reconvención, la impugnamos, objetamos y la rechazamos, en razón de que la misma está estimada al libre albedrío de la parte demandada reconviniente y en la cual no se fija ningún parámetro matemático, ya que la norma exige y establece los límites como debe fijarse la cuantía. Siendo la cuantía del juicio principal la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL BOLÍVARES (Bs. 363.000,oo)...”.

No obstante, tanto en la decisión de primera instancia como en la sentencia recurrida, se omitió el pronunciamiento respecto de la cuantía definitiva del presente proceso por resolución de contrato de arrendamiento, a pesar de que esto fue un aspecto controvertido en el juicio, por cuanto acarreó la declinatoria de competencia, por razón de la cuantía, del extinto Juzgado Octavo de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ante quien se intentó la demanda, en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.

En consecuencia, el fallo así proferido adolece del vicio de incongruencia negativa o citrapetita que resulta del no pronunciamiento por parte del juez sobre aquellos elementos de hecho que materialmente forman el problema judicial debatido, conforme a los términos en que se explanó la pretensión y la contradicción, lo cual apareja, por vía de consecuencia, quebrantamiento del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por tanto, la Sala declara, de oficio, la infracción en la recurrida de los artículos 12 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, por no contener decisión conforme a lo alegado por las partes respecto de la cuantía, a lo que estaba obligado el juez según la previsión legal contenida en el artículo 38, primer aparte, de la misma ley procesal. Así se decide.

SCC 18-8-03

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  02-775, dec. Nº 416:

No declara con o sin lugar la apelación

En el sub iudice, se demandó la simulación de una negociación de compra-venta, la cual fue declarada sin lugar por el a quo; los demandantes ejercieron el recurso procesal de apelación contra dicha decisión. En el dispositivo de la recurrida nada se dice con respecto a si la apelación ejercida por los demandantes es declarada con o sin lugar, ni si se revoca o se confirma la decisión del tribunal de la causa; aunque el ad quem acoge el recurso, dado que declaró con lugar la demanda y no hubo condenatoria en costas –según su dicho- “por la índole revocatoria de esta sentencia”. Ahora bien, es labor de los jueces emitir pronunciamiento sobre todo lo que forma parte del thema decidendum en la presente controversia, siendo obligatorio para el ad quem, pronunciarse en relación a la procedencia o no de la apelación ejercida por los demandantes, para así poder confirmar o revocar el fallo apelado, por lo que al no hacerlo incurrió en una omisión de pronunciamiento sobre un aspecto del tema debatido, dejando de emitir una sentencia expresa, positiva y precisa.

Bajo estos presupuestos de hecho, estima la Sala que estamos en presencia de un problema de orden público procesal, dado que la decisión emanada del Juez Superior, infringe el requisito establecido en el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, ya que existe en el presente fallo una omisión de pronunciamiento en lo atinente a la declaratoria de con o sin lugar de la apelación ejercida por los demandantes y acerca de la revocatoria o confirmación del fallo apelado.

SC 11-6-03

Ponencia del Magistrado José M. Delgado Ocando. Exp. N° 02-2184, dec. N° 1569:

Reformatio in peius

En supuestos como el que se analiza, en que sólo una de las partes perjudicadas por la sentencia da el impulso procesal al juez de alzada, surge para éste la prohibición conocida como reformatio in peius, que ha sido definida como "una prohibición que tiene el juez de alzada de empeorar el agravio causado por la sentencia sometida apelación cuando este recurso es ejercido por una de las partes; antes por el contrario dicho principio resulta aplicable en la hipótesis de que la apelación sea ejercida por ambas partes o que una de ellas o un tercero se adhiera a la apelación ejercida por una de las partes (...) el principio de reformatio in peius se configura: `Cuando existe vencimiento recíproco de ambas partes y una sola de ellas apela, el juez de alzada no puede reformar la sentencia apelada empeorando la condición del apelante"' (Sentencia n° 1441 de esta Sala, del 24 de noviembre de 2000, caso: Hawaian Tropic de Venezuela, C.A.).

Ciertamente, tal y como lo aseveró el a quo, cuando se infringe la prohibición en referencia, resultan lesionados los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y a la defensa; así se desprende del siguiente fragmento jurisprudencial:

"`(...) El desarrollo del principio llamado de la `reformatio in peius' implica estudiar en qué extensión y profundidad puede el Juez de la alzada conocer de la causa, esto es determinar cuales son los poderes con respecto al juicio en estado de apelación. Ahora bien, el efecto devolutivo de la apelación, no se produce sino en la medida de la apelación: `tantum devollotum (sic) quantum apellatum'. Conforme a este principio, reiteradamente afirmado por la doctrina y la jurisprudencia, las facultades del Juez de la apelación quedan estrechamente circunscritas a la materia que había sido objeto específico del gravamen denunciado por el apelante' (...)

El error de interpretación, en el caso concreto, llevó a que se produjera la incongruente sentencia, viciada al incurrir en reformatio in peius, cometiendo infracción de los artículos 26, y 49, numeral 1, de la Constitución. Fueron violentados, pues, el derecho a la tutela judicial efectiva y el relativo al debido proceso, por no haber estado sujeto el apelante a un proceso con todas las garantías que le son inherentes. De igual manera, resultó transgredido el derecho a la defensa, ya que no es admisible que sin que mediar a impugnación de la contraparte y sin poder ejercer defensa alguna, se haya desmejorado la posición de la ahora accionante en el proceso, agravada la situación en el presente caso porque la sentencia que se impugna en amparo no tenía recurso de casación" (Sentencia n° 1219 de esta Sala, del 6 de julio de 2001, caso: Asesores de Seguros Asegure S.A.).

Efectivamente, el derecho a la defensa y por ende, a una tutela judicial efectiva, resulta menoscabado cuando la parte que ha sufrido un gravamen con una sentencia ejerce el derecho a la defensa mediante la interposición de los recursos que para ello otorga la ley y, sin embargo, el perjuicio se agrava, por cuanto ello implica una desmejora frente a la contraparte, que se había conformado con la decisión.

SCC 16-5-03

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 02-278, dec. Nº 213:

Incongruencia por ultrapetita subjetiva

El libelo de demanda, y la sentencia impugnada, identifican a dos partes demandadas totalmente distintas. No es igual demandar a uno de los asociados, como persona natural, que a la persona jurídica o asociación civil de la cual forma parte ese asociado. La recurrida, en su parte dispositiva, también declara que la acción fue intentada contra la asociación civil Unidad Educativa Colegio Privado Congreso de Angostura, lo cual no es congruente con lo estipulado en el libelo de demanda.

Al colocarse como parte demandada a quien no lo es, y silenciarse al verdadero demandado, la sentencia impugnada incurrió en la denominada ultrapetita subjetiva, que consiste precisamente en añadir y condenar a quien no es parte en el juicio, quebrantándose lo dispuesto en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil y de igual forma, el artículo 243 ordinal 5° eiusdem, pues hubo una tergiversación de los elementos del libelo de demanda, como es la identificación de las partes, lo cual puede encuadrarse como una incongruencia subjetiva.

SCC 13-3-03

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  01-468, dec. Nº 90:

No hay incongruencia cuando el juez aplica el derecho

Considera la Sala, que de la transcripción que hace el formalizante del fallo recurrido, no se dan las condiciones fácticas para que se pueda detectar el vicio acusado.-

En efecto, se puede decir que la cuestión de hecho corresponde a las partes y la cuestión de derecho, su calificación y declaración, corresponde a los jueces.-

Es éste el principio que se encuentra en la máxima “IURA NOVIT CURIA (el juez conoce la ley) y asi la Sala tradicionalmente en doctrina constante y pacífica a través de su larga existencia ha dicho: “....Conforme al principio admitido IURA NOVIT CURIA, los jueces pueden sin suplir hechos no alegados por las partes, elaborar argumentos de derecho para fundamentar su decisión, pues a ello se contrae su deber: Aplicar el derecho alegado o no por las partes a los hechos que si deben ser siempre alegados por éstas.

Por tanto no hay incongruencia en ningún sentido cuando en la decisión el Juez presenta la cuestión de derecho en forma distinta a como la presentaron las partes cambiando las calificaciones que estos hayan dado o adicionando apreciaciones o argumentos legales que son productos de su enfoque jurídico.

Consecuente con estos principios doctrinarios la Sala ratificando su doctrina constante y pacífica en sentencia de  fecha 17-2-2000, Exp. Nº. 96-789, Sentencia Nº. 02 en el caso de Robert Watkin Molko, contra Humberto Quintero, que:

“...Respecto de lo expresado en el fallo, esta Sala ha indicado que: ‘...conforme al principio admitido ‘iura novit curia’ los jueces pueden, ‘si no suplir hechos no alegados por las partes’, sí elaborar argumentos de derecho para fundamentar la decisión, pues a ello se contrae su deber jurisdiccional...’. Con relación a la soberanía del juez respecto de la calificación jurídica, necesariamente la subsunción se debe efectuar de los hechos alegados por las partes a la norma. Según Chiovenda, lo que la regla prohíbe es la sustitución de hechos constitutivos, tales que individualicen una nueva acción o una nueva excepción a aquellos que se hacen valer por las partes, porque tanto la acción como la excepción, se individualizan por el hecho y no por la norma. Por consiguiente, si un mismo hecho cae bajo diversas normas, el cambio del punto de vista jurídico está permitido al juez, pero los hechos deben haber sido correctamente alegados....” (Sentencia de 04-10-93, ratificada el 12-08-99)....”

 

SCC 27-2-03

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 01-438, dec. Nº 68:

Modalidades y aspectos de la incongruencia

Respecto al vicio de incongruencia, esta Sala, en sentencia Nº 187 de fecha 8 de junio del 2000, expediente 99-242, textualmente señaló:

“...De allí que la incongruencia adopta dos modalidades y tres aspectos: Las modalidades son: incongruencia positiva, cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido, o la incongruencia negativa, cuando el juez omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial, y los aspectos son: a) cuando se otorga mas de lo pedido (ultrapetita); b) cuando se otorga algo distinto de lo pedido (extrapetita); y c) cuando se deja de resolver algo pedido u excepcionado (citrapetita)…”.

Asimismo, y en concordancia con el anterior criterio, tenemos que la Sala en sentencia Nº 89, de fecha 5 de abril del 2000, expediente 99-784, había establecido que:

 “...La obligación del juez es darle la debida solución al asunto planteado sin abstenerse de decidirlo bien o erradamente, pues si se abstiene, silenciando la defensa, incurre en el vicio de omisión de pronunciamiento con infracción del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, que obliga al juez a decidir en forma ‘expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas...”.

Ahora bien, en la denuncia bajo análisis, el formalizante señala que su representado en la oportunidad de brindar contestación a la demanda, alegó la improcedencia de la solicitud de la parte actora referida a la declaratoria de nulidad de las negociaciones realizadas por su mandante con posterioridad al contrato de compraventa cuya nulidad se demanda, argumentos que, en modo alguno, fueron considerados por el Tribunal de alzada al momento de dictar su decisión.

SCC 27-2-03

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  01-581, dec. Nº 41:

Reformatio in peius es incongruencia

En tal sentido, en sentencia de esta Sala de fecha 11 de abril de 1996, en el juicio de Rolando José Piñango contra Banco Unión, S.A.C.A., se estableció:

“...El ordinal 5º del artículo 243 del Código de procedimiento Civil establece los presupuestos para que la sentencia llene el requisito de la congruencia, entendiéndose por tal, como lo afirma Hernando Devis Echandía, el principio normativo que delimita el contenido y alcance de tal instancia, para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones (en sentido general) y excepciones de los litigantes, oportunamente aducidas, a menos que la Ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas y que tal principio es una consecuencia lógica de la relación de jurisdicción como derecho y deber del Estado. El derecho de acción y de contradicción no sólo impone al Estado el deber de proveer mediante un proceso en una instancia, sino que al complementarse con el ejercicio de la pretensión y la oposición de excepciones, delimita el alcance y contenido de este procedimiento. La relación de jurisdicción comprende tanto la acción y la contradicción, como la pretensión y la excepción que en ejercicio de estos derechos se formulan al Juez para determinar los fines mediatos y concretos del proceso (Nociones Generales de Derecho Procesal Civil...”

El primer presupuesto es el de que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa; y el segundo presupuesto prevé que la decisión debe ser con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas”.

Según Guasp, la congruencia es la causa jurídica del fallo y Prietro Castro agrega, como otra derivación de la congruencia, el principio de la exhaustividad, esto es, la prohibición de omitir decisión sobre ninguno de los pedimentos formulados por las partes.

La sentencia es congruente cuando se ajusta a las pretensiones de las partes, tanto del actor como del demandado, independientemente de si es acertada o errónea. No se puede apreciar, más ni menos, de las cuestiones controvertidas, ni dejar de resolver algunas. Cuando se deja de examinar la prueba, todos o algunos de sus hechos fundamentales, la sentencia está viciada por omisión de análisis fáctico y cuando se considere innecesario el análisis de algunos elementos probatorios, el juez debe dejar constancia motivada de ello.

De allí que la incongruencia adopta dos modalidades y tres aspectos. Las modalidades son: incongruencia positiva, cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido, o la incongruencia negativa, cuando el juez omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial, y los aspectos son: a) cuando se otorga más de lo pedido (ultrapetita); b) cuando se otorga algo distinto de lo pedido (extrapetita), y c) cuando se deja de resolver sobre algo pedido u excepcionado (citrapetita)...”

Asimismo, la Sala ha dejado establecido que cuando el sentenciador incurre en reformatio in peius, ello constituye un modalidad de incongruencia positiva:

“...De los criterios doctrinales y jurisprudenciales citados, se evidencia que la denuncia en casación del vicio de reformatio in peius, ha sido considerada como una infracción de forma, por incongruencia positiva, por no atenerse el sentenciador a la petición de reexamen de la decisión de primera instancia, en todo aquello que le resulta desfavorable a la parte que la impugna, que en modo alguno lo faculta para conocer de los extremos del pleito consentidos por la parte que no ha apelado, y que por tanto, no le permite  perjudicar a los recurrentes sin haber mediado excitación (principio de rogación) de la contraria. Desde luego que los puntos aceptados adquieren firmeza, y por ello sobre tales puntos el Tribunal de apelación no puede pronunciarse ex oficio; en tal caso la sentencia sería incongruente, por no ajustarse a la pretensión de la parte, agravando la posición del apelante, y excediendo en consecuencia la alzada, los límites de lo sometido a su consideración a través del recurso ordinario de apelación.

...Omissis...

Tal proceder del juez de la recurrida, de pronunciarse sobre algo no pedido por el único apelante, empeorando el agravio causado por la sentencia de primera instancia, infringe los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, lo cual hace nula la sentencia impugnada por adolecer del vicio de incongruencia positiva en la modalidad de ultrapetita, de acuerdo al criterio jurisprudencial sentado en el fallo de esta Sala de fecha 16 de febrero de 2001, citado anteriormente. Por tal motivo, esta Sala considera procedente la denuncia analizada...”. (Sentencia de fecha 7 de marzo de 2002 caso: Carpintería Tar C.A. c/ Raiza Leonor Espinoza Guadarrama)

En aplicación de los anteriores precedentes jurisprudenciales al caso concreto, la Sala observa que el Juez de alzada cometió el vicio de incongruencia positiva, pues condenó a la parte demandada a pagar la indexación judicial de los daños demandados, siendo que a ello no fue condenada por el tribunal a-quo en la sentencia apelada.

SCC 16-3-00

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  98-203, dec. Nº 49:

Congruencia requiere atenerse a la pretensión en el objeto, sujetos y título

Con relación al vicio de incongruencia negativa, la Sala en jurisprudencia consolidada y constante de fecha 19 de Junio de 1996 (caso: Maghglebe Landaeta Bermúdez contra Compañía Nacional Anónima de Seguros la Previsora, con ponencia del Magistrado Dr. Aníbal Rueda) expresó lo que a continuación se transcribe:

“…En este estado, la Sala pasa a determinar en qué consiste el vicio de Incongruencia Negativa….

“El jurista Español, Jaime Guasp en su libro titulado Derecho Procesal Civil, tercera edición corregida, tomo primero, págs. 516 a la 518, determina la Incongruencia, con la siguiente expresión:

“…Ahora bien, ¿qué se entiende, más ampliamente, por congruencia de la sentencia?  Puede ser definida como la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, mas la oposición o oposiciones en cuanto delimitan este objeto”....”

“Es pues, una relación entre dos términos, uno de los cuales es la sentencia misma, y, más concretamente, su fallo o parte dispositiva, y otro el objeto procesal en sentido riguroso, no, por lo tanto, la demanda, ni las cuestiones, ni el debate, ni las alegaciones y las pruebas, sino la pretensión procesal y la oposición a la misma en cuanto la delimita o acota, teniendo en cuenta todos los elementos individualizadores de tal objeto: los sujetos que en él figuran, la materia sobre que recae y el título que jurídicamente lo perfila”.

 La Congruencia supone, por lo tanto:

“Que el fallo no contenga más de lo pedido por las partes: ne eat iudex ultrapetita partium, pues si así lo hiciera incurriría en incongruencia positiva…”

“Que  el fallo no contenga menos de lo pedido por las partes ne eat iudex citrapetita partium, pues si así lo hiciera incurriría en Incongruencia Negativa, la que se da cuando la sentencia omite decidir sobre alguna  de las pretensiones procesales; en principio, esto podría ocurrir tanto cualitativa como cuantitativamente….”

“Por su parte, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo afirma, las sentencias plenamente absolutorias y plenamente condenatorias no pueden considerarse como incongruente…”

SCC 7-3-02

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  00383-00174, dec. Nº 141:

Qué se entiende por incongruencia

Pretensión delimitada por los sujetos, objeto y título

Al respecto, la doctrina tanto nacional como extranjera han precisado lo que se entiende por congruencia.-

Dice el Dr. Humberto Cuenca, que: “...La congruencia no es sino la acertada relación entre la demanda y la sentencia, e incongruencia es un error de concordancia lógica y jurídica entre la pretensión y la sentencia....”. (Curso de Casación Civil, Tomo I, pág. 123 y 124). En la doctrina extranjera, el profesor Jaime Guasp, se expresa asi con respeto a la congruencia.

 I. Deben estudiarse ahora los requisitos de la sentencia, otro de los problemas que integran la teoría general del concepto. Pues la sentencia, como todo acto procesal, está sometida, para que pueda producir la eficacia que la ley le asigna, a determinados requisitos de necesaria observancia. Tales requisitos pueden referirse lo mismo a los sujetos del acto, que su objeto, que a la actividad en él desarrollada.

II. Respecto a los sujetos, siendo la sentencia un acto procedente del Juez o Tribunal, debe cumplir todos los requisitos subjetivos que para los actos de esta índole se señalan: en particular, el Juez o los componentes de la Sala deberán tener aptitud para fallar frente a otros órganos del Estado: Jurisdicción, frente a otros órganos judiciales: competencia, y frente a las partes: ausencia de causa de abstención o recusación; pero casa una de cuestiones debe resolverse con arreglo al régimen propio de los requisitos mencionados, que no presentan ahora ninguna especialidad de interés.

III. Respecto al objeto, la sentencia, como todo acto procesal, ha de ser posible, física y moralmente (exigencia en la que cabe incluir la necesidad de que sea armónica o no contradictoria), idónea y justificada o con causa; revistiendo este último requisito especial importancia y significación.

En efecto, ¿cuál es la verdadera causa jurídica de una sentencia? Indudablemente, la reclamación que ha engendrado el proceso en el que la sentencia se dicta, pues es esta pretensión lo que la sentencia trata primordialmente de satisfacer. Ello supone, inevitablemente que ha de haber, para que la sentencia aparezca como causada o justificada, una relación o referencia entre ella y la pretensión procesal correspondiente.

Semejante vinculación, auténtico y fundamental requisito de la sentencia, lleva en el derecho positivo español el nombre, muy apropiado, de congruencia. Según el artículo 359 de la LEC, <<las sentencias deben ser. congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que haya sido objeto de debate>>. Prescindiendo de la impropiedad de varios del los términos empleados por esta norma, su significado, como proclamación explícita del requisito causal de la sentencia, aparece claro.

Ahora bien, ¿qué se entiende, más ampliamente, por congruencia de la sentencia? Puede ser definitiva como la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan este objeto. Es pues, una relación entre dos términos, uno de los cuales es la sentencia misma, y, más concretamente, su fallo o parte dispositiva, y otro el objeto procesal en sentido riguroso; no, por lo tanto, la demanda, ni las cuestiones, ni el debate, ni las alegaciones y las pruebas, sino la pretensión procesal y la oposición a la misma e cuanto la delimita o acota, teniendo en cuenta todos los elementos individualizadores de tal objeto: los sujetos que en él figuran, la materia sobre que recae y el título que jurídicamente lo perfila.

La congruencia supone, por lo tanto:

Que el fallo no contenga más de los pedido por las partes:<<ne eat iudex ultra petita partium>>, pues si así lo hiciera incurriría en incongruencia positiva, la que existe cuando la sentencia concede o niega lo que nadie ha pedido, dando o rechazando más, cuantitativa o cualitativamente, de lo que se reclama, v. gr., se pide la nulidad de un contrato y se falla declarando esta nulidad y condenando al pago de daños y perjuicios; se pide la entrega de una cantidad condenando al abono de cantidad superior.

Que el fallo no contenga menos de los pedido por las partes: <<ne eat iudex citra petita partium>>, pues si así lo hiciera incurriría en incongruencia negativa, la que se da cuando la sentencia omite decidir sobre alguna de las pretensiones procesales; en principio, esto podría ocurrir tanto cualitativa como cuantitativamente, v.gr., se pide la rescisión de un contrato y la devolución de una cosa y se condena sólo a lo primero y se guarda silencio sobre lo segundo, se pide la entrega de una cantidad y se concede o se niega una cantidad menor y nada se falla sobre el resto; no obstante, por la inteligencia de que la petición de un cifra supone la petición subsidiaria implícita de todas las menores y de que la concesión de una cifra supone la denegación implícita de todas las superiores, no es incongruente la sentencia que ante la reclamación de una cantidad condena (no absuelve) a cifra menor de la reclamada. Por su parte, según jurisprudencia del Tribunal Supremo afirma, las sentencias plenamente absolutorias y plenamente condenatorias no pueden considerarse nunca como incongruentes.

Que el fallo no contenga algo distinto de los pedido por las partes: <<ne eat iudex extra petita partium>>, pues si así lo hiciera incurriría en incongruencia mixta, combinación de la positiva y la negativa, lo que sucede cuando las sentencias fallan sobre objeto diferente al pretendido, verbigracia, se pide la nulidad de un contrato y en la parte dispositiva de la sentencia se declara su rescisión.

Los efectos que produce la inobservancia del requisito de la congruencia son, evidentemente, no los de inexistencia de la sentencia, pero sí los de nulidad y, dentro de ella su anulabilidad, que permite al interesado invalidarla. La invalidación se obtiene utilizando los recursos que pueden hacerse valer contra el fallo; típicamente, la apelación. El recurso de casación se abre también en tal supuesto, y ciando la incongruencia se produzca a través del motivo 3º del artículo 1.692 <<infracción de la normas reguladoras de la sentencia>>....”

SCC 8-3-02

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  00-566, dec. Nº 3:

Congruencia con la pretensión, incluyendo título

Así mismo, en sentencia Nº 48, de fecha 19 de marzo de 1997, Expediente Nº 95-788, en el caso de Ramón Fernández Flores contra Funeraria los Caobos, S.R.L., al tratar el deber que a los jueces les impone el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la propia Sala de Casación Civil expresó lo siguiente:

“...Cuando los jueces no se pronuncien sobre todos los puntos objeto de la litis, su conducta acarreará la nulidad del fallo pronunciado al producirse el vicio de incongruencia negativa, el cual el recurrente en su escrito de formalización alega se produjo, y que se traduce en una omisión de pronunciamiento sobre una defensa oportunamente formulada.

En decisión del 19 de junio de 1996 (Maghglebe Landaeta Bermúdez contra Compañía Anónima Nacional Seguros La Previsora), la Sala con ponencia del Magistrado Dr. Aníbal Rueda, en lo que respecta al vicio de incongruencia negativa, señaló:

'En este estado la Sala pasa a determinar en qué consiste el vicio de incongruencia negativa.

El jurista español, Jaime Guasp en su libro titulado Derecho Procesal Civil, tercera edición corregida, tomo primero, pp. 516 a la 518, determina la incongruencia, con la siguiente expresión:

'...Ahora bien, ¿qué se entiende, más ampliamente, por congruencia de la sentencia? Puede ser definida como la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan este objeto.

Es pues, una relación entre dos términos, uno de los cuales es la sentencia misma, y, más concretamente, su fallo o parte dispositiva, y otro el objeto procesal en sentido riguroso, no (sic) por lo tanto, la demanda, ni las cuestiones, ni el debate, ni las alegaciones y las pruebas, sino la pretensión procesal y la oposición a la misma en cuanto la delimita o acota, teniendo en cuenta todos los elementos individualizadores de tal objeto: los sujetos que en él figuran, la materia sobre que recae y el título que jurídicamente lo perfila'.

La congruencia supone, por lo tanto:

Que el fallo no contenga más de lo pedido por las partes: ne eat iudex ultrapetita partium, pues si así lo hiciera incurriría en incongruencia positiva...

... Que el fallo no contenga menos de lo pedido por las partes ne eat iudex citrapetita partium, pues si así lo hiciera incurriría en incongruencia negativa, la que se, da cuando la sentencia omite decidir sobre alguna de las pretensiones procesales; en principio, esto podría ocurrir tanto cualitativa como cuantitativamente...(,,,)'.

De la doctrina expuesta se evidencia, que el requisito de congruencia de la sentencia establecido en el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 12 eiusdem, ya sea positiva o negativa, recae necesariamente en la armonía que debe contener la decisión contenida en la sentencia con la pretensión del actor y la oposición a la misma, en cuanto la delimita o acota".

La Sala, reiterando el precedente transcrito, considera que en el caso de autos, la recurrida incurrió en el vicio de extrapetita cuando en su dispositivo condena a la parte demandada sobre bienes extraños, diferentes a los señalados en el petitum del libelo, por lo cual su decisión incurre en el vicio de incongruencia contemplado en el artículo 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, pues extendió su fallo más allá de los límites del problema sometido a su consideración, decidiendo sobre materia u objeto extraño al constitutivo de la controversia. Así se decide.

SCC 5-2-02

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  00-739, dec. Nº 71:

Ultrapetita por modificación en el título

Según Cuenca, el alegado vicio de ultrapetita existe cuando el juez modifica el elemento objetivo de la pretensión, constituido por el objeto propiamente dicho, y por el título o causa de la misma. (Curso de Casación Civil. Tomo I. p. 149). En fallo del 21 de marzo de 1972, la Sala precisó el citado vicio de la manera siguiente: “...el examen del debate no puede ser conducido fuera de los límites fijados en el libelo y en la contestación. Como una consecuencia de este principio, la misma disposición legal establece la nulidad del fallo que contenga ultrapetita, y ésta existe en cuanto a las cosas demandadas, cuando la condenación versa sobre objeto diferente del que se reclama como en el caso en que el  sentenciador resuelve sobre un título diferente del aducido por el demandante...” (GF. 75. p. 407).

Por último, es de doctrina y de jurisprudencia que la ultrapetita no puede existir sino en la parte dispositiva del fallo y no en sus considerandos precedentes, a menos que estos últimos sean de tal naturaleza que por su influencia en lo dispositivo se identifiquen con éste.

SCC 22-6-01

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 00-377, dec. Nº 169:

Sentencia expresa, positiva y precisa

En innumerables fallos esta Sala ha reiterado su doctrina establecida en decisión de fecha 4 de diciembre de 1986, sobre el significado del deber del Juez de dictar una sentencia expresa, positiva y precisa en los siguientes términos:

“...El Dr. Humberto Cuenca en su obra 'Curso de Casación Civil' al comentar el artículo 162 del viejo Código equivalente al artículo 243 del vigente dice: "...En la conocida exégesis de esta frase, expresa  significa, que la sentencia no debe contener implícitos ni sobreentendidos; positiva, que sea cierta, efectiva y verdadera, sin dejar cuestiones pendientes, y precisa, sin lugar a dudas, incertidumbres, insuficiencias, obscuridades o ambigüedades. Conforme a estos requisitos, la sentencia para que sea válida y jurídicamente eficaz, no solo debe ser inmune judicialmente a todo recurso, sino también, para los efectos de la cosa juzgada y su ejecución, tener fuerza por sí sola; sin auxilio de otro fallo para que pueda ejecutarse en forma clara y precisa, sin necesidad de nuevas interpretaciones ni requerir del auxilio de otro instrumento, pues entonces presenta una situación parecida a la del cojo que necesita muletas para andar. La sentencia debe ser un documento autónomo e integral. Si el ejecutor tiene que hacer una labor de interpretación o de complementación quiere decir que el fallo es oscuro, dudoso, o insuficiente y debe ser anulado. La Ley no puede permitir claroscuros ni zona de penumbra en cuestiones tan vitales y definitivas. (Tomo I.pág.121)."

De la doctrina anteriormente expuesta se concluye que una decisión es expresa, cuando no contiene implícitos ni sobreentendidos, positiva, cuando es cierta, efectiva y verdadera sin dejar cuestiones pendientes; y precisa, cuando no da lugar a dudas ni incertidumbres, insuficiencias, oscuridades y ambigüedades.

SCC 1-11-02

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  01-267, dec. Nº 407:

Hay incongruencia aun cuando la alegación omitida sea improcedente

Respecto al vicio de incongruencia negativa, esta Sala en sentencia Nº  187, de fecha 8 de junio del 2000, expediente Nº 99-242, con ponencia del Magistrado Dr. Franklín Arrieche, señaló lo siguiente:

“...La incongruencia adopta dos modalidades y tres aspectos. Las modalidades son: incongruencia positiva, cuando el juez extiende su decisión mas allá de los límites del problema judicial que le fue  sometido, o la incongruencia negativa, cuando el juez omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial, y los aspectos son: a) cuando se otorga mas de lo pedido (ultrapetita); b) cuando se otorga algo distinto de lo pedido (extrapetita); y c) cuando se deja de resolver algo pedido u excepcionado (citrapetita)...”.

En el caso bajo análisis, el formalizante denuncia que la recurrida incurrió en el vicio de incongruencia negativa, pues pese a referir en la parte narrativa del fallo, el contenido del escrito presentado ante el tribunal de la causa en fecha 20 de marzo de 1998, por la representación de la sucesión del ciudadano JOSE SOSA RODRIGUEZ, y en el cual entre otras cosas, desconocían el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la empresa AEREOHOTEL LOS ROQUES C.A., que tuvo lugar el día 23 de mayo de 1984, desconocían en su contenido y firma los asientos existentes en el libro de accionistas de la referida empresa y se oponían a cualquier acto de administración y disposición efectuado por el accionista ANSELMO ALVARADO, representante de la parte actora en el presente procedimiento; el tribunal de alzada omitió todo pronunciamiento posterior sobre dichos alegatos, incurriendo con ello en el vicio de incongruencia negativa, mas cuando la referida omisión fue determinante de lo dispositivo de la decisión.

[...]

De lo antes expuesto, evidencia la Sala que, efectivamente, como bien señala el formalizante, nada dijo el tribunal de alzada respecto a los alegatos de la sucesión del ciudadano JOSE SOSA RODRÍGUEZ, contenidos en el referido escrito de fecha 20 de marzo de 1998, consignado ante el tribunal de la causa, en el cual desconocían el acta de la asamblea general de accionistas de la compañía AEREOHOTEL LOS ROQUES C.A., de fecha 23 de mayo de 1984, el contenido y firma de los asientos existentes en el libro de accionistas de la referida empresa y los actos de administración y disposición efectuados por el accionista ANSELMO ALVARADO, desde el día 3 de diciembre de 1989 hasta la fecha de presentación de dicho escrito; siendo que un pronunciamiento de ese tipo, independientemente, de que resultase estimatorio o desestimatorio de tales argumentos, a todo evento era determinante en la suerte del proceso; además, fue reseñado en la parte narrativa de su fallo y posteriormente nada se dijo acerca de estos, ni se indicó razón alguna que justificase tal omisión.

[...]Finalmente, en lo relativo a los alegatos del impugnante para replicar la formalización de la denuncia bajo análisis, arguyendo que: “...La recurrida no se encuentra obligada a pronunciarse sobre tal desconocimiento de actas de fecha 23 de mayo de 1994, por cuanto el instrumento señalado son de los llamados autenticados y en tal sentido ha debido proponer la tacha del instrumento de conformidad con el artículo 438 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, porque tal documento tiene un valor probatorio equivalente al público, como lo tiene establecido la Jurisprudencia de este Máximo Tribunal. Al no hacerlo así, tal desconocimiento es intrascendente a la resolución de la causa...” , la Sala considera los mismos impropios para rebatir la argumentación con la que el recurrente sustenta la incongruencia del fallo, pues independientemente de la certeza o no que pudiera tener tal aseveración, la misma o cualquier otra, en todo caso, debió ser plasmada por el Tribunal de alzada como la vía idónea para justificar una omisión de pronunciamiento como la de autos,  pues un proceder distinto invariablemente conllevaría a la incursión del fallo en el aludido vicio de incongruencia,  por disconformidad de la sentencia con la pretensión o pretensiones objeto del proceso y la oposición u oposiciones que delimitan este objeto.

Lo sentado por esta Sala en el párrafo precedente, en modo alguno, puede interpretarse como un pronunciamiento mediante el cual la Sala califica o descalifica la certeza jurídica de los alegatos de réplica plasmados por el impugnante en su escrito, pues tal proceder sólo sería posible en la decisión de un recurso por infracción de ley, mas no en una delación por defecto de actividad como la de autos, donde la Sala simplemente debe ceñir su actuación a corroborar que el fallo recurrido  fue dictado por el juzgador de alzada con estricto apego y respeto de las formas procesales.

SCC 20-12-02

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  02-407, dec. Nº 479:

Falta de condena expresa indeterminación objetiva no incongruencia

En esta denuncia, el formalizante expone que la recurrida adolece del vicio de incongruencia negativa, con base en que en su dispositivo no hay pronunciamiento expreso sobre la pretensión deducida, puesto que se limitó a declarar sin lugar la apelación y a confirmar el fallo apelado.

Ahora bien, es doctrina reiterada de la Sala que la incongruencia negativa resulta del no pronunciamiento por parte del juez sobre aquellos elementos de hecho que materialmente forman el problema judicial debatido, conforme a los términos en que se explanan la pretensión y la contradicción, en el libelo de la demanda y en el escrito de contestación, respectivamente. Por tanto, se puede afirmar que la incongruencia es la diferencia que existe entre lo pretendido y contradicho por las partes y lo resuelto por el sentenciador.

Es evidente que lo denunciado por el formalizante encuadra en una denuncia de indeterminación objetiva del fallo y no en el vicio de incongruencia negativa, como indebidamente lo delató, pues la Sala ha señalado que la indeterminación se produce cuando el juez omite nombrar la cosa sobre la que recae la decisión.

No obstante, con relación al vicio de indeterminación, la Sala ha expresado que debe tenerse en cuenta que el fallo es una unidad indivisible, que debe bastarse a sí mismo; y que si en el cuerpo de la sentencia aparecen las menciones que se omitieron en la parte dispositiva, no hay que considerar al fallo viciado.

En el caso concreto, este Alto Tribunal observa que aún cuando en el dispositivo de la recurrida no se indica sí la demanda fue o no declarada con lugar, en su parte motiva el Juez Superior acogió la decisión del a quo que declaró sin lugar la demanda, transcribiendo tanto la motiva como la dispositiva de dicho fallo, de lo que se deduce que en el presente asunto no está configurado el vicio de indeterminación que aún cuando no fue denunciado por el formalizante, la Sala lo analiza por tratarse de una infracción de orden público.

SCC 20-12-02

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  02-210, dec. Nº 491:

Incongruencia negativa sobre simple rechazo de la cuantía

Del análisis de la recurrida en casación se evidencia que la misma sí contiene el vicio de incongruencia negativa denunciado, pues consta del capítulo segundo del escrito de contestación, inserto a los folios 40 al 41 y su vuelto, que la demandada impugnó la estimación de la pretensión deducida, y expresamente alegó: “niego y rechazo que la presente demanda está valorada por la cantidad de SEIS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 6.000.000,oo) y por consiguiente niego y rechazo que esta cantidad es el valor de la demanda” y, sin embargo, el juez de la recurrida omitió pronunciarse sobre ella, pues en su fallo sólo hace mención a que la estimación del monto hecho por los actores fue negado y rechazado (folio 139 del expediente) tal como se evidencia de la siguiente cita: “...Que el inmueble no es coincidente con el señalado por los actores y niega y rechaza por último la estimación del monto solicitado por la parte actora por daños y perjuicios la cantidad de SEIS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 6.000.000,oo)”.

SCC 19-11-02

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  02-145, dec. Nº 443:

Exceder los límites de la apelación no es incongruencia

Asimismo, y en relación directa al delatado vicio de incongruencia positiva, sustentado en el supuesto exceso del juzgador de alzada que extralimitó con su decisión, los límites conferidos por el recurso de apelación propuesto contra la sentencia de primera instancia, cabe recordar que el objeto de todo recurso de apelación, es precisamente, el de “...provocar un nuevo examen de la relación controvertida mediante el juez del segundo grado de la jurisdicción...”, (sentencia Nº 186 del 8 de junio del 2000). En este sentido, la doctrina reiterada de esta Sala, entre otras, la contenida en la señalada sentencia Nº 186, de fecha 8 de junio del 2000, (caso: Corporación para el Desarrollo Inmobiliario Santa Rita, C.A., contra Pentafarma Manufacturas, C.A.), ha expresado en relación a las denuncias en las cuales en circunstancias como las de autos, sea alegada la incongruencia del fallo, lo siguiente:

“...El estudio sobre el objeto de la apelación, en el sentido expresado, implica necesariamente el estudio de la extensión y límites que tiene o debe tener el nuevo examen de la controversia en el segundo grado de la jurisdicción, el cual, como es notorio no lo puede realizar la Sala de Casación Civil dentro de los ámbitos de un recurso de forma, y menos con la denuncia y motivación de un cargo por incongruencia...”. (Negrillas de la Sala).

En consecuencia, siendo que en el presente caso, en modo alguno, se evidencia la aludida incongruencia positiva, vistos los extractos de la recurrida anteriormente transcritos, por demás ajustados al usual examen de mérito que adelantan los Tribunales de Alzada, en relación a las sentencias de primer grado que son sometidas a su consideración por vía de un recurso de apelación, aunados al contenido del criterio doctrinario reproducido con precedencia, el cual se explica por sí sólo; imponen a esta Sala proceder a desechar la presente denuncia, no sin antes dejar establecido que la vía pertinente en  circunstancias como las descritas, la constituía precisamente la formalización de un recurso por infracción de ley, que permitiera a la Sala entrar a examinar con detenimiento el fondo de la decisión dictada por el sentenciador Superior, recurrida en casación

SCC 19-11-02

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  02-144, dec. Nº 441:

Reformatio in peius es incongruencia negativa, por ultrapetita.

De los argumentos transcritos se evidencia que el formalizante denuncia que la recurrida está inficionada del vicio de incongruencia positiva, al haber quebrantado el sentenciador la prohibición de reformatio in peius, extendiendo su decisión a aspectos no relacionados con el recurso de apelación ejercido únicamente en cuanto a la no condenatoria en costas por parte del Tribunal a quo.

Sobre el particular, en sentencia de fecha 7 de marzo de 2002, (caso: Carpintería Tar, C.A. contra la ciudadana Raiza Leonor Espinoza Guadarrama), esta Sala expresó lo siguiente:

“...De los criterios doctrinales y jurisprudenciales citados, se evidencia que la denuncia en casación del vicio de reformatio in peius, ha sido considerada como una infracción de forma, por incongruencia positiva, por no atenerse el sentenciador a la petición de reexamen de la decisión de primera instancia, en todo aquello que le resulta desfavorable a la parte que la impugna, que en modo alguno lo faculta para conocer de los extremos del pleito consentidos por la parte que no ha apelado, y que por tanto, no le permite  perjudicar a los recurrentes sin haber mediado excitación (principio de rogación) de la contraria. Desde luego que los puntos aceptados adquieren firmeza, y por ello sobre tales puntos el Tribunal de apelación no puede pronunciarse ex oficio; en tal caso la sentencia sería incongruente, por no ajustarse a la pretensión de la parte, agravando la posición del apelante, y excediendo en consecuencia la alzada, los límites de lo sometido a su consideración a través del recurso ordinario de apelación.

En el caso que se examina, observa la Sala que la sentencia recurrida ordenó a la parte demandada entregar inmediatamente al representante de la empresa demandante los materiales e instrumentos de trabajo retenidos cuyo inventario consta en autos, siendo que a ello no fue condenada por el tribunal a-quo en la sentencia apelada. La decisión del juez de primera instancia declaró parcialmente con lugar la demanda. Esta decisión sólo fue apelada por la parte demandada, por lo que la recurrida, al condenar a entregar los indicados bienes muebles decidió sobre un aspecto del fallo de primera instancia que no había sido objeto del recurso de apelación sometido a su consideración, y que en consecuencia causó ejecutoria para la demandada, pues la parte actora no ejerció el correspondiente recurso de apelación contra dicho fallo.

...OMISSIS...

Tal proceder del juez de la recurrida, de pronunciarse sobre algo no pedido por el único apelante, empeorando el agravio causado por la sentencia de primera instancia, infringe los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, lo cual hace nula la sentencia impugnada por adolecer del vicio de incongruencia positiva en la modalidad de Ultrapetita, de acuerdo al criterio jurisprudencial sentado en el fallo de esta Sala de fecha 16 de febrero de 2001, citado anteriormente. Por tal motivo, esta Sala considera procedente la denuncia analizada. Así se establece...”.( Negrillas del Texto).

[...]

Contra la referida decisión del Tribunal a quo, en fecha 14 de agosto de 2001, el abogado José Lubín Maldonado Mendoza, apoderado judicial de la actora, consignó diligencia en la que expresó lo siguiente:

“...Apelo del fallo que precede, dictado el 25 de julio del (sic) 2001, a los folios 82 al 88 del expediente, en cuanto al punto quinto del mismo, relativo a la no condenatoria en costas, toda vez que habiendo encontrado probada la obligación demandada y condenado a su pago, el vencimiento total determina por ley, la imposición de las costas...”.(Negrillas de la Sala).

Cabe resaltar, que la demandada no ejerció el recurso ordinario de apelación contra la sentencia dictada por el Tribunal de la causa, inactividad de la que se infiere que consintió o se conformó con lo decidido por el Juzgado de Primera Instancia.

No obstante, el Tribunal Superior, conociendo en apelación, dicta sentencia en fecha 11 de enero de 2002, en la que decidió lo siguiente:

“...declara: PARCIALMENTE CON LUGAR la acción intentada por la Compañía Anónima “Inversiones, Mantenimiento Agrícola Rodríguez Contreras (IMAROCO) contra el Instituto de Acción Agropecuaria del Estado Mérida (IAAGRO) denominado hoy Instituto Merideño de Desarrollo Rural (IMDERURAL), (...) y condena en consecuencia a la parte última nombrada a pagar a la parte actora la cantidad de  (...) (Bs. 29.976.913,74) que comprende el monto convenido de (...) (Bs. 25.728.634,20) y por concepto general de las ventas (...) Bs. 4. 248.279,74). No hay condenatoria en costas, por la índole de esta decisión...”.

De la comparación efectuada entre la decisión apelada y la recurrida, se evidencia con absoluta claridad, que el sentenciador superior incurrió en el vicio denunciado de incongruencia positiva, al no respetar la prohibición de que la resolución del recurso de apelación no puede empeorar la posición en que dejó al recurrente el fallo impugnado mediante dicho recurso, vale decir, la prohibición de la reformatio in peius.

De modo que al haber emitido pronunciamiento sobre aspectos distintos a los que estaba limitado por el recurso de apelación, ejercido por la demandante sólo en cuanto a la no condenatoria en costas por parte del a quo, empeorando la posición establecida por la decisión de Primera Instancia para la única parte apelante, el Juzgador Superior inficionó a la recurrida del vicio de ultrapetita, infringiendo los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, todo lo cual hace que la presente denuncia se declare procedente. Así se decide.

SCC 21-11-02

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  01-616, dec. Nº 444:

Alegaciones en informes de obligatorio pronunciamiento

Argumenta el formalizante que la recurrida no se pronunció sobre los alegatos esgrimidos en informes por la demandada, incurriendo en incongruencia negativa. Asimismo, este expresó que los alegatos esgrimidos en informes, de obligatorio pronunciamiento, serían: a) Que la sentencia del tribunal de la causa había efectuado una escueta verificación del cumplimiento del tercer requisito de procedencia de la confesión ficta; b) Que ha debido verificarse que el contrato cuyo cumplimiento es demandado, cumpliera los extremos esenciales del contrato, y no limitarse a enumerar dichos requisitos, ya que cualquier vicio o defecto en ellos, podría afectar la existencia del contrato; c) Que el consentimiento de la demandada, se encuentra viciado en el contrato, pues al suscribir el documento de venta con pacto de retracto, el consentimiento dado fue para un préstamo de dinero; d) Que por tal motivo, el contrato no cumple con los requisitos previstos por el artículo 1.141 del Código Civil; e) Que el objeto del contrato demandado no es determinable; y en fin, una serie de alegatos atinentes a la nulidad del contrato en razón de sus requisitos y elementos. Por tanto, al no haberse pronunciado la recurrida en torno a estos alegatos esgrimidos en informes, quebrantó lo dispuesto en el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

La Sala, para decidir observa:

Este máximo Tribunal, en torno a los alegatos esgrimidos en informes de obligatorio pronunciamiento para los jueces, ha señalado lo siguiente:

“...cuando en estos escritos (informes u observaciones), se formulen peticiones, alegatos o defensas que aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como serían los relacionados con la confesión ficta, reposición de la causa y otras similares, en estos casos sí debe el sentenciador pronunciarse expresamente sobre los mismos en la decisión que dicte, so pena de incurrir en violación de los artículos 12 del Código de Procedimiento Civil, por no atenerse a lo alegado y probado en autos; 15 eiusdem, porque la referida abstención de examinar los informes configura un menoscabo del derecho de defensa; y 243 y 244 de la ley procesal, contentivos del principio de la exhaustividad de la sentencia que obliga a los jueces a examinar y resolver todos y cada uno de los alegatos que las partes hayan sometido a su consideración, a riesgo de incurrir en omisión de pronunciamiento que se considera como incongruencia del fallo.” (Negritas de la Sala. Sentencia de la Sala de Casación Civil de 14 de octubre de 1993, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Trejo Padilla, en el juicio de José Eduardo Suárez Fernández contra Representaciones Walcona) ”. (Negrillas del Texto).

El anterior criterio fue parcialmente modificado, a través de sentencia dictada por esta Sala en fecha 23 de noviembre de 2001, (caso: Pastor Sánchez Rodríguez, contra Seguros Mercantil S.A.), por cuanto estableció posteriormente, que la reposición de la causa no es de aquellos alegatos esgrimidos en informes que puedan generar el vicio de incongruencia, pues el recurrente debe plantear su denuncia bajo el argumento, precisamente de reposición no decretada. Sin embargo, ha permanecido en inalterable y pacífica doctrina el criterio de que sólo alegatos puntuales y restringidos, con procedencia sobrevenida y posterior a la contestación de demanda, sobre aspectos de derecho fulminantes del proceso, como la cosa juzgada y la confesión ficta, pueden ser alegados en informes y éstos deben ser analizados por los jueces.

En el caso bajo estudio, el formalizante plantea una serie de alegatos de fondo, atinentes a los elementos estructurales del contrato cuyo cumplimiento fue demandado, estos aspectos de derecho, son aquellos que precisamente han debido ser planteados en la contestación al fondo de la demanda, lo cual no ocurrió por haber quedado confesa la demandada. Al no ser esgrimidos en la oportunidad correspondiente, ni haber sido promovido pruebas en la debida oportunidad procesal, el Juez no podía extender o ampliar el thema decidendum de la controversia e integrarlo con el escrito de informes, pues de haberlo hecho, sí hubiese quebrantado el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por incongruencia positiva. En otras palabras, los alegatos esgrimidos en informes por la demandada, son propios de un escrito de contestación de demanda, la cual no fue presentada en su oportunidad legal, y por ello, el Juez de Alzada no tenía por qué pronunciarse en torno a ellos.

SCC 20-12-02

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  02-154, dec. Nº 483:

Ultrapetita

Ahora bien, llaman la atención de la Sala dos aspectos fundamentales: el primero, relativo a la cuantía establecida por la accionante en la cantidad de (Bs. 15.000.000,oo), “...el cual corresponde al valor actual estimado de las bienhechurías ejecutadas sobre la parcela...”, cantidad esta que no fue impugnada por la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda; y, el segundo, referente a que la demandante solicitó la corrección monetaria o indexación de la cantidad demandada, antes indicada, “...desde la fecha de introducción de la presente solicitud hasta la terminación del procedimiento...”.

No obstante lo antes expuesto, el juzgador de alzada, actuando de oficio, ordenó que los peritos o expertos calcularan el valor o costo de las referidas bienhechurías, a la fecha de la celebración del contrato de opción de compra, es decir, al 17 de julio de 1992; y que, a dicho valor, se le aplicara la corrección monetaria desde la fecha antes indicada hasta el día de la ejecución de la decisión recurrida.

Resulta obvio que en el presente caso, el sentenciador de alzada concedió o acordó más de lo reclamado por la demandante, pues, en lugar de ordenar la corrección monetaria de acuerdo con lo solicitado por ella, es decir, desde la fecha de introducción de la demanda (27 de abril de 2000), lo hizo desde la fecha de celebración del contrato de opción de compra (17 de julio de 1992).

Asimismo, cabe destacar, que aún cuando la cuantía de (Bs. 15.000.000,oo), estimada por la demandante como valor de construcción de las referidas bienhechurías quedó firme por no haber sido impugnada por la demandada, el juzgador superior ordenó que los peritos hicieran un nuevo cálculo de dichos conceptos, sin que ello fuera solicitado por las partes del juicio.

Por último, la Sala advierte que en la recurrida se ordena el cálculo de la experticia complementaria “...hasta la fecha de ejecución del fallo...”, siendo esto imposible de realizar debido a que los peritos efectúan su labor con anterioridad a la referida ejecución.

SCC 13-12-02

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  01-761, dec. Nº 471:

Incongruencia por acordar indexación solicitada en informes

Como ya se señaló, la indexación no fue pedida en el libelo de demanda, ya que actora la solicitó por primera vez en fecha 7 de agosto de 1996, cuando presentó los informes en primera instancia. En ese acto, los apoderados judiciales de la accionante solicitaron se declarara con lugar la presente acción, incluyendo la indexación judicial de las sumas de dinero reclamadas en el libelo.

La jueza de Primera Instancia condenó a la demandada a pagar las sumas reclamadas en el libelo de demanda sin incluir la indexación solicitada en los informes, no así el sentenciador de la recurrida que confirmó la decisión de primera instancia y concedió la indexación solicitada en informes [...].

Con respecto a la oportunidad en que debe solicitarse la indexación judicial, esta Sala de Casación Civil, ha desarrollado pacífica y reiterada doctrina según la cual el ajuste monetario debe pedirse en el libelo de demanda; salvo en los casos laborales en los cuales, por ser materia de orden público el Juez la puede acordar de oficio. La precitada doctrina fue establecida por primera vez en sentencia de fecha 3 de agosto de 1994, en el juicio por cobro de bolívares seguido por el Banco Exterior de Los Andes y de España, S.A., (Extebandes), contra el ciudadano Carlos José Sotillo Luna, expediente Nº 93-231, y ha sido ratificada, entre otras, en decisión Nº 277 de fecha 10 de agosto de 2000, en el juicio de Naves de Margarita, C.A., contra C.A. Puerto Pesquero Internacional de Guiria, expediente 00-179. En dichas decisiones la Sala estableció, lo siguiente:

“...En primer término, en todas las causas donde se ventilen derechos disponibles y de interés privado, el ajuste por inflación ha de ser solicitado expresa y necesariamente por el actor en su libelo de demanda, no pudiendo ser solicitado en otra oportunidad, a riesgo de incurrir el sentenciador en indefensión de la parte contraria y, de producir un fallo viciado de incongruencia positiva y en un caso de utra o extrapetita, según sea el caso. Mientras, que en las causas donde se ventilan derechos no disponibles, irrenunciables, o de orden público, el sentenciador podrá acordarlo de oficio, aun cuando no haya sido solicitado por el actor en su libelo de demanda; como por ejemplo, en las causas laborales y las de familia....”

(...Omissis...)

Surgen aquí dos interrogantes esenciales que serían: a) ¿Se indexa de oficio o a solicitud de parte?; y b) ¿En qué oportunidad se ha de acordar la indexación?.

En cuanto a la primera interrogante, se señaló a inicio del presente fallo, que su acordatoria de oficio, dependerá de si se trata de materias de orden público o no, o si se trata de derechos disponibles, e irrenunciables o no. En efecto, no cabe duda a esta Sala que la indexación no puede ser acordada de oficio por el sentenciador cuando se trate de intereses o derechos privados y disponibles, lo cual implica que el actor tendrá que solicitarla expresamente en su libelo de demanda. Con ello se evita dejar a la parte contraria en un estado de indefensión, al no poder contradecir y contraprobar oportunamente contra la misma; e igualmente, se libra al sentenciador de producir un fallo incongruente, por otorgar más de lo pedido y otorgar algo no pedido e incurrir en ultra o extrapetita, según sea el caso...”

En aplicación de la doctrina anteriormente trascrita al caso bajo decisión, observa esta Sala que la recurrida, al conceder la indexación judicial sobre las cantidades demandadas, a pesar de no haberse solicitado el correctivo inflacionario en el libelo de demanda, ciertamente otorgó más de lo pedido, pues amplió los límites del objeto de la pretensión procesal. En efecto, la solicitud de indexación judicial tiene como finalidad establecer límites más amplios en el escrito de demanda, en cuanto al objeto de la pretensión procesal o bien jurídico reclamado por el demandante. En dicha solicitud se pretende que el Juez aplique correctivos por el efecto inflacionario, que afecta el objeto de la pretensión procesal, requiriéndose un ajuste final del monto demandado sobre la base de los índices inflacionarios del Banco Central de Venezuela. En otras palabras, se le indican al Juez parámetros más amplios de lo que debe entenderse como el objeto realmente reclamado por el accionante. Es un indicativo de hasta donde llega su pretensión procesal.

SCC 13-12-02

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  13-12-02, dec. Nº 470:

Recurrida negó daño material, pero no se pronunció por daño moral

Daño material negado porque no se demostró autoría

En el sub iudice, la accionante demandó daños y perjuicios físicos y morales, pero en el texto de la recurrida nada se dice con respecto al daño moral demandado; ya que se señala que como la demandante no probó que el daño físico sufrido hubiese sido causado por el personal del hotel, lo desecha, pero no menciona nada en relación al posible daño moral que se pudo haber ocasionado y que fue expuesto en el libelo de demanda. A lo cual de acuerdo a la doctrina transcrita es labor de los jueces emitir pronunciamiento al respecto, por formar parte del thema decidendum en la presente controversia, siendo obligatorio para el ad quem, pronunciarse en relación a la existencia o no del daño moral demandado, por lo que al no hacerlo incurrió en una omisión de pronunciamiento sobre un aspecto del tema debatido.

En consecuencia, la Sala encuentra que la sentencia impugnada infringe los artículo 12 y 243, ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil y, por consiguiente, deberá declararse procedente la denuncia que se estudia, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en la dispositiva del presente fallo. Asi se decide.

SCC 1-11-02

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  01-424, dec. Nº 396:

Falta de pronunciamiento sobre indexación pedida en libelo

Ahora bien, de la doctrina anteriormente transcrita se desprende que, era labor del juez de la recurrida, emitir pronunciamiento con respecto a la corrección monetaria solicitada por la demandante en su libelo. En efecto, la demandante en su escrito libelar y en la reforma de éste, expresamente solicitó, “... Igualmente solicito que en el fallo definitivo se acuerde la corrección monetaria, a calcularse conforme lo ha ordenado nuestro Supremo Tribunal de acuerdo al índice de Inflación, establecido por el Banco Central de Venezuela, conforme a los precios al consumidor del área metropolitana de Caracas, calculados a partir de la fecha de admisión de la demanda hasta el día que efectivamente se realice el pago de la obligación....”

Como claramente se infiere del petitorio parcialmente transcrito, la corrección monetaria formaba parte del thema decidendum en la presente controversia, motivo por el cual, era obligatorio para el ad quem, pronunciarse en relación a la indexación solicitada, acordándola o negándola y, al no hacerlo incurrió en una omisión de pronunciamiento sobre un aspecto del tema debatido.

SCC 15-11-02

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  99-062, dec. Nº 435:

Tergiversación del libelo de demanda es incongruencia

Asimismo, la Sala ha establecido de manera reiterada, que también constituye el vicio de incongruencia, cuando el juez se aparta de los hechos alegados, y tergiversa los argumentos de hecho contenidos en la demanda o en la contestación, pues en tales casos, no resuelve la controversia tal y como fue planteada por las partes y, simultáneamente resuelve algo no pedido: el argumento desnaturalizado.

Así lo ha establecido la Sala entre otras, en sentencia Nº 270, de fecha 4 de julio de 1995, Exp. 94-016, en el caso de Inversiones Méndez Peña C.A. (Mepeca) contra Francisco Anulfo Méndez Peña, oportunidad en la cual precisó lo siguiente:

“...Los escritos de contestación a la demanda o de oposición a la ejecución, no constituyen en principio una prueba, sino que contienen los alegatos de las partes. Por ello, cualquier distorsión o tergiversación de su contenido no constituye suposición falsa, sino el vicio de incongruencia, defecto de forma de la sentencia sólo denunciable con fundamento en el ordinal 1ro. del artículo 313 de Código de Procedimiento Civil...”

En el caso concreto, de la revisión del libelo de demanda  la Sala constata de oficio, que lo pretendido por los demandantes es que el ciudadano David Rodrígues Da Silva, “en su carácter de accionista y supuesto Presidente de la Sociedad Mercantil INVERSIONES MONTE AZUL C.A.”, convenga o en su defecto se declare, su renuncia irrevocable al cargo de presidente de la misma, así como la nulidad absoluta de acta de asamblea de la empresa antes mencionada de fecha 21 de noviembre de 1988, y demás decisiones conexas que tenga como fuente dicha asamblea.

[...]

De la anterior transcripción se evidencia que el Juez de alzada, declaró sin lugar la defensa de falta de cualidad del demandado David Rodrígues Da Silva para sostener el juicio, con fundamento en que la empresa Inversiones Monte Azul C.A. si fue demandada por el accionante, luego de interpretar el contenido del libelo y concluir que la circunstancia según la cual el referido ciudadano fue demandado en su carácter de único accionista y supuesto Presidente de la referida empresa, equivale a que la empresa también resultó demandada.

En efecto, el ad quem no desechó la defensa de falta de cualidad porque consideró que no hacía falta demandar a la referida empresa, sino porque en su criterio la misma si fue demandada, con lo cual sin lugar a dudas, tergiversó el contenido del libelo de demanda.

Desde luego, que el hecho que se demande a una persona natural, con indicación del cargo administrativo que ostenta en alguna persona jurídica, no implica que por ello se debe tener como demandada también a la persona jurídica, pues resulta obvio que son entes con personalidad jurídica diferentes.

La Sala observa que tal interpretación debe ser la aplicable, con mayor razón, en el caso sub judice, en donde se discute la legalidad de las actuaciones supuestamente realizadas por el referido ciudadano en perjuicio de los demás accionistas, y en donde el demandado se excepcionó, precisamente,  alegando su falta de cualidad para sostener el juicio, por considerar que la empresa misma debió ser la demandada, pues entiende que se debía accionar en contra de la persona jurídica y no en contra de sus representantes, por tratarse la pretensión de una nulidad de un acta de asamblea emanada de tal ente moral.

Lo anterior permite concluir a la Sala, que en el presente caso el Juez de alzada cometió el vicio de incongruencia, al afirmar que porque se demandó a David Rodrígues Da Silva en su carácter de representante legal de la compañía debe inferirse que se demandó también a la compañía misma, en una suerte de levantamiento del velo corporativo, que implica una flagrante desnaturalización de los argumentos de hecho contenidos en el libelo de demanda, y que lo condujo a extender los efectos de lo decidido a una persona que no fue demandada por el accionante, tal y como se evidencia de la transcripción del fallo recurrido.

SCC 1-11-02

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  00-829, dec. Nº 404:

No examinó los motivos de la apelación expuestos en los informes

Ahora bien, en la delación bajo análisis, como bien pudo apreciarse de los extractos de la decisión recurrida, anteriormente transcritos, todo lo expuesto en las partes motiva y dispositiva del fallo constituyen una mera transcripción de la sentencia del tribunal a-quo, donde se hizo caso omiso de manera absoluta, entre otras cosas, de todos los motivos de apelación expuestos por la representación de la parte demandada en la oportunidad de rendir informes ante la instancia superior, por lo cual esta Sala considera que el tribunal de alzada con tal proceder, incurrió además del  vicio  de inmotivación  delatado por el formalizante en  defecto por incongruencia.

SCC 1-11-02

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 01-493, dec. Nº 401:

No es incongruencia declarar de oficio nulidades de orden público

En otro orden de ideas la Sala, se permite en ejercicio de la función  que le corresponde realizar dentro del marco jurídico, considerar el tema sobre las nulidades y la admisión de la demanda desde un punto de vista pedagógico. En tal sentido, acota:

Los jueces superiores de conformidad con lo establecido en el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, tienen la facultad de reponer la causa cuando determinen la existencia de un acto írrito que lo amerite o evidencien una subversión del procedimiento. Por consiguiente, pueden, de oficio, declarar las nulidades que afecten el orden público sin que por ello se les pueda imputar la comisión del vicio de incongruencia.

SCC 19-7-00

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  99-905, dec. Nº 250:

Falta de pronunciamiento sobre alegación en informes determinante

En el sub iudice, como ya se indicó, la recurrida no dice nada sobre el alegato de la extemporaneidad, que aducen los demandantes en sus observaciones a los informes de los demandados, tal alegato bajo los presupuestos de hechos configurados en esta causa, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, pues observa la Sala, que siendo la prórroga aludida por los demandados, un elemento controvertido entra las partes todo lo relacionado con ella debe ser objeto de consideración y pronunciamiento por parte del juez, independientemente del mérito que se acoja, por lo que al no hacerlo, en este caso en particular, la conducta del ad quem, estima esta Sala, se subsume dentro de los presupuestos considerados, en la doctrina in comento, como violatorios del principio de la exhaustividad de la sentencia, por no atenerse a lo alegado en autos, al no expresar análisis alguno sobre dicho alegato, por lo que la falta de pronunciamiento al respecto, conlleva la violación de los artículos 12, 243 en su ordinal 5º, por no atenerse a lo alegado y probado en autos y por no sentenciar con arreglo a las acciones deducidas y a las excepciones o defensas opuestas, respectivamente, por lo cual incurre en el vicio de incongruencia negativa por omisión de pronunciamiento, en consecuencia la denuncia en estudio debe declararse procedente, tal y como se hará en forma expresa, positiva y precisa en la dispositiva de esta sentencia. Asi se resuelve.

SCC 16-11-01

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  00-273/000171, dec. Nº 362:

Falta de pronunciamiento de alegaciones de derecho en informes no es incongruencia

Conforme a los razonamientos que anteceden, la Sala considera que la denuncia planteada por el formalizante es improcedente, pues ésta no se sustenta en que el juez de alzada dejó de considerar alegatos determinantes de la suerte de la controversia, sino en que el juzgador omitió pronunciarse acerca de un alegato de derecho formulado por su representada en los informes, que consistió en que el juez a-quo declaró extemporánea su contestación de la demanda, y en consecuencia le aplicó la sanción de la confesión, sin que las fechas fijadas por él sobre ese particular tengan respaldo probatorio en un cómputo previamente practicado por el Secretario del tribunal, cuestión que no puede ser censurado por la Sala mediante una denuncia como la propuesta.

Dicho de otra manera, la falta de pronunciamiento del juez de la recurrida sobre alegatos de derecho planteados en el escrito de informes presentado ante la alzada, en ningún caso da lugar a la nulidad de fallo por vicio de incongruencia negativa, porque tales alegatos no son vinculantes para el Juez, pues éste, por aplicación del principio iura novit curia, tiene plena autonomía para determinar cuáles son las reglas aplicables para resolver la controversia.

SCC 3-8-00

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 99-396, dec. Nº 260:

Incongruencia negativa. Omisión de pronunciamiento sobre solicitud de reposición presentada en los informes

según el mandato previsto en el artículo 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, respecto a las obligaciones que la norma adjetiva impone al juez para la estructuración de la sentencia, la doctrina comentada ha considerado entre otras, que éste, debe pronunciarse sobre la solicitud de reposición de la causa, presentada en los informes. En el caso sub iudice, el juzgador al no otorgar su análisis sobre la reposición solicitada, sin lugar a dudas incurrió en incongruencia negativa, y en la consecuente infracción del artículo supra mencionado.

SCC 10-8-00

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 00-286, dec. Nº 273:

Vicio de omisión de pronunciamiento o incongruencia negativa. Configuración. JURISPRUDENCIA REITERADA

el vicio de omisión de pronunciamiento o incongruencia negativa se configura en el fallo cuando "el juez deja de considerar argumentos de hecho en que se fundamenta la pretensión del actor o la defensa del demandado" (Sentencia del 28 de abril de 1994). Igualmente ha expresado la Sala que los jueces deben considerar y resolver otros pedimentos que si bien no fueron planteados en el libelo o en la contestación de la demanda, tienen importancia jurídica e inciden sobre la suerte del proceso

SCC 21-9-00

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 97-542, dec. Nº 314:

Vicio de incongruencia

El vicio de incongruencia constituye infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, y el mismo tiene lugar cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello, como son, en el libelo de la demanda, en la contestación o en los informes, siempre y cuando en estos sean formuladas peticiones o alegatos que, aunque no estén comprendidos en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como serían los relacionados con la confesión ficta, reposición de la causa y otros similares, que de acuerdo a jurisprudencia reiterada está en el deber el juez de resolver en forma expresa, positiva y precisa.

SCC 31-10-00

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 99-987, dec. Nº 348:

Alegatos en los informes: doctrina luego parcialmente abandonada en cuanto a la solicitud de reposición

[...] el sentenciador no está obligado a revisar cuestiones planteadas en los informes que presenten las partes para desecharlas o apoyarse en ellas, salvo que en los mismos se hayan formulado peticiones relacionadas con la confesión ficta, reposición de la causa u otras similares, no ha querido con ella la Sala descalificar tal acto procesal, sino simplemente dejar sentado que cuando en tales escritos sólo se sinteticen los hechos acaecidos en el proceso y se apoye la posición de la parte informante en doctrina y jurisprudencia que, a su juicio, sea aplicable al caso controvertido, tales alegatos no son vinculantes para el juez. En cambio, cuando en estos escritos, se formulen peticiones, alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso como serían los relacionados con la confesión ficta, reposición de la causa u otras similares, en estos casos sí debe el sentenciador pronunciarse expresamente sobre los mismos en la decisión que dicte, so pena de incurrir en la violación de los artículos 12 del Código de Procedimiento Civil, por no atenerse a los alegado y probado en autos, 15 ejusdem, porque la referida abstención de examinar los informes configura un menoscabo del derecho de defensa; y 243 y 244 de la Ley Procesal, contentivos del principio de la exhaustividad de la sentencia.

SCC 15-11-00

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 99-1052, dec. Nº 377:

Incongruencia positiva. Citrapetita y la llamada incongruencia mixta.

la incongruencia positiva o ultrapetita, cuando el juez extiende su decisión mas allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; o la incongruencia negativa o Citrapetita, cuando el juez omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial; también es importante destacar lo que Guasp llama incongruencia mixta, que es la combinación de las dos anteriores, que se produce cuando el juez extiende su decisión sobre cuestiones que no le fueron planteados en el proceso (NE EAT IUDEX EXTRA PETITA PARTIUM).

SCC 16-2-01

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 00-357, dec. Nº 11:

Vicio de incongruencia negativa. RATIFICA JURISPRUDENCIA

Ahora bien, la incongruencia negativa, se verifica cuando se omite total referencia y análisis en cuanto a alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidos en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso como serían los relacionados con la confesión ficta, reposición de la causa u otros similares, que obligan al sentenciador a pronunciarse expresamente sobre ellos, so pena de incurrir en la violación de los artículos 12 del Código de Procedimiento Civil, por no atenerse a lo alegado y probado en autos; artículo 15 ejusdem porque la referida abstención de examinar los informes configura un menoscabo del derecho de defensa, y artículo 243 de la Ley Procesal, contentivos del principio de la exhaustividad de la sentencia que obliga a los jueces a examinar y resolver todos y cada uno de los alegatos que las partes hayan sometido a su consideración, so pena de incurrir en omisión de pronunciamiento que se considera como incongruencia del fallo

SCC 16-2-01

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 00-145, dec. Nº 32:

Alegación de hecho nuevo. Preclusión de la oportunidad para hacerlo. Alcance del contenido del art. 364 CPC

Asimismo, resulta oportuno precisar que la regla contenida en el artículo 364 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con la cual, terminada la contestación o precluido el plazo para realizarla, no podrá ya admitirse la alegación de nuevos hechos, ni la contestación a la demanda, ni la reconvención, ni la cita de terceros a la causa, se refiere a los hechos relativos al fondo de la controversia, pues en relación con los hechos del proceso, los cuales pueden incluso sobrevenir a la contestación, al ser alegados deben ser resueltos, pues de lo contrario la sentencia producida no puede tenerse como una decisión expresa, positiva y precisa dictada con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones y defensas opuestas, mas aún en el caso de autos, donde la representación del demandado, hoy formalizante, alegó en la oportunidad de informes ante la alzada la existencia de cosa juzgada, cuestión perentoria y determinante en la suerte del proceso.

6. ARTÍCULO 243, ORDINAL 6º

SCC 12-4-04

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 01-533, dec. Nº 309:

El juez no fijó los límites temporales de la indexación

En el caso concreto, el juez de alzada incumplió el requisito de determinación objetiva, pues si bien ordenó la corrección monetaria de los montos condenados a pagar, no indicó las fechas de inicio y final que deben ser tomadas en cuenta por los expertos para realizar dicho cálculo.

De conformidad con lo previsto en el ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia debe determinar la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión, cuyo incumplimiento determina el vicio de indeterminación objetiva.

SCC 17-9-03

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 01-571, dec. Nº 535:

El Juez no fijó los parámetros para una experticia complementaria

Por otra parte, cuando la recurrida ordenó el pago de la indexación judicial, pero sin indicar cómo la deben calcular los expertos, sino haciendo referencia al fallo de primera instancia, incurrió en el quebrantamiento del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pues no es expresa, positiva y precisa en su condena. En ciertas decisiones de la Sala de Casación Civil, referidas específicamente a la condena, también se ha asimilado la omisión de indicar los términos de la experticia complementaria del fallo a la indeterminación objetiva, la cual quebranta el ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, sobre el particular la Sala ha señalado lo siguiente:

"...Se evidencia que la recurrida condena al pago de daños y perjuicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 702 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone lo siguiente: (omissis).

En cuanto a la forma como debe ordenarse la experticia complementaria del fallo, dispone el artículo 249 ejusdem lo siguiente:

'En la sentencia en que se condene a pagar frutos, intereses o daños, se determinará la cantidad de ellos, y si el juez no pudiere estimarla según las pruebas, dispondrá que esta estimación la hagan peritos, con arreglo a lo establecido para el justiprecio de bienes en el Título sobre ejecuciones del presente Código. Lo mismo se hará cuando la sentencia ordene restitución de frutos o indemnización de cualquier especie, si no pudiere hacer el juez la estimación o liquidación, con arreglo a lo que hayan justificado, las partes en el pleito.

En todo caso de condenatoria según, este artículo se determinará en la sentencia de modo preciso, en qué consisten los perjuicios probados que deban estimarse y los diversos puntos que deban servir de base a los expertos. (Cursivas de la Sala).

Según lo dispuesto en el artículo 249 del mismo Código de Procedimiento Civil, la labor de los expertos, debe ser la determinación cuantitativa de los daños y perjuicios, sobre la base de unos lineamientos o puntos que debe indicar la sentencia. En el presente caso los puntos que deben servir de base a los expertos para el cálculo de esos daños, no están mencionados en la recurrida. No se indica ni en su parte motiva ni en la dispositiva, los fundamentos lógicos sobre la base de los cuales operarán los expertos, por ejemplo la fecha de inicio y culminación de tales daños, el tipo de daño (daño emergente, lucro cesante) que deberá tomarse en cuenta, o a partir de qué actuación procesal debe considerarse el inicio y el fin del daño. La exactitud de los daños en el presente caso, es muy importante, por cuanto no existe garantía para cubrirlos, por cuanto la sentencia declaró la nulidad de dicha garantía, en fin los expertos no tienen límites o parámetros para la labor encomendada.

Los peritos no pueden actuar como jueces y decidir los fundamentos o bases del daño a pagar. La labor de los expertos debe limitarse a una cuantificación monetaria de esos daños, que deben estar enmarcados o limitados en la sentencia misma, para que no se produzcan extralimitaciones en la experticia, ni se generen derechos nuevos no consagrados en la sentencia. Tampoco puede fomentarse la apertura de un nuevo contradictorio en fase de ejecución judicial, en cuanto a la discrepancia de tales daños, producto de una indeterminación objetiva que deje al criterio de cada parte, una impresión incierta o demasiado subjetiva del monto real de esos daños. En otras palabras, la función jurisdiccional la ejerce el juez y no los peritos, y por ello, los lineamientos o puntos sobre la base de los cuales se elaborará la experticia, deben provenir de la sentencia.

Al respecto, la Sala de Casación Civil ha señalado lo siguiente:

"La Sala ha señalado que la indeterminación se produce cuando el juez omite nombrar la cosa sobre que recae la decisión. No obstante, en relación con este vicio, igualmente se ha expresado que debe tenerse presente que el fallo es una unidad indivisible, que debe bastarse a sí mismo. Por lo tanto, si en el cuerpo de la sentencia aparecen las menciones que se omitieron en la parte dispositiva, no hay que considerarla viciada por lo que el fallo pronunciado no sería casado, en atención a que la decisión definitivamente firme  representa un título ejecutivo y en ella, deben determinarse los sujetos activos y pasivos de la condena y el objeto sobre el que ésta recae.

(Omissis).

La Sala, como guía para el tribunal de reenvío que conocerá del presente juicio, en atención a la procedencia de la denuncia antes declarada y a la casación de oficio del fallo recurrido, estima oportuno precisar que cuando el sentenciador hace uso de su facultad de ordenar la experticia complementaria, debe determinar en qué consisten los puntos que servirán de base a los expertos, ya que la experticia complementaria constituye en definitiva con la sentencia un solo acto de procedimiento, pues su finalidad es complementar la decisión integrándose como una parte más. Por lo que la conducta de la alzada, al ordenar la experticia, debe adecuarse a lo preceptuado en los artículos 243, 244 y 249 del Código de Procedimiento Civil.

(Omissis).

Al no estar determinados los límites exactos dentro de los cuales operarán los expertos, la recurrida estará delegando en estos últimos, la libre determinación de unos daños y perjuicios que ni siquiera aparecen razonados o mencionados en la parte motiva de la sentencia, lo cual evidencia, la ausencia absoluta de límites en cuanto a esos daños. Por tal motivo no puede considerarse determinado correctamente el objeto de condena, y en este sentido, se infringió lo dispuesto en el ordinal 6º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Por ello, la presente delación debe declararse procedente, y en consecuencia, con lugar el recurso de casación. Así se decide."  (Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 15 de noviembre de 2000, en el juicio seguido por Desgerminadora Protinal C.A., contra Arrocera Tibisay C.A., y otros, expediente N° 00-384).

SC 23-6-03

Ponencia del Magistrado Carmen Zuleta de Merchán. Exp. N° 00-3082, dec. N° 1722:

Determinación del objeto, acoge criterio Abreu-Mejía

La determinación de la cosa u objeto sobre el que recaiga la decisión, es uno de los requisitos de forma esenciales para la validez de toda sentencia por cuanto del mismo se deriva la posibilidad cierta de que el fallo se ejecute y que se establezca el alcance de la cosa juzgada que de éste emana.

En tal sentido, Alirio Abreu Burelli y Luis Aquiles Mejía Arnal, en su obra La Casación Civil, Editorial Jurídica Alba, Caracas, 2000, p. 317, afirman que "Si el fallo no determina la cosa u objeto sobre el que recae, es inejecutable, porque el juez de la causa, que será el de la ejecución, no puede acudir al libelo de la demanda o a la actuación probatoria del proceso, pues al no haber éstas alcanzado imperatividad, la ejecución será arbitraria; ello obviamente dentro de los límites de lo razonable, pues en ocasiones la falta de un lindero o la omisión de algún dato de un inmueble urbano, no impide la ejecución".

[...] al haberse conminado a la quejosa al cumplimiento de un fallo, con base en unos parámetros que éste no contenía, se le vulneró su derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso. Así se decide.

SCC 12-11-02

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  01-245, dec. Nº 417:

Cumplimiento de contrato. No es necesario identificar el inmueble objeto del contrato

En este caso en particular, el objeto de la pretensión es el cumplimiento del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, el cual tiene por objeto un inmueble. Al estar determinado el objeto de la pretensión que como se dijo, es el cumplimiento del contrato de arrendamiento, no es necesario identificar el inmueble objeto del contrato de arrendamiento.

SCC 6-6-02

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 00-491, dec. Nº 282:

Sentencia, determinación Objetiva

Ha sido criterio de la Sala en su constate y pacífica doctrina, que las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, son de estricto público y que su infracción trae como consecuencia la nulidad del fallo recurrido.-

Antes durante la vigencia del Código de Procedimiento Civil de 1916, existía una disposición legal, el artículo 435, en su último aparte el cual decía: “...Si en el examen del asunto la Corte encontrare que se ha quebrantado alguna disposición legal expresa o aplicado falsamente alguna Ley, sin que tales infracciones se hayan alegado, lo advertirá a los jueces sentenciadores para conservar la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia.”

Esta era la “Casación en interés de la Ley”, como lo llamó la doctrina. Con la reforma del Código Vigente de 1986, esta disposición legal fue sustituida por la llamada casación de oficio que se encuentra en el artículo 230.-

El ordinal 6º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, dice asi:

Toda sentencia debe contener:

6º La determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión.

Como se puede apreciar, existe una disparidad en el dispositivo de la sentencia con respecto al lindero Sur, pues mientras en el libelo se identifica dicho lindero con terrenos municipales y asi lo expresa el fallo en sus considerándos, en el dispositivo de la sentencia recurrida, se dice que el inmueble a reivindicar linda por el Sur, con el callejón uno, lo que a juicio de la Sala deja sin identificación verdadera el inmueble sobre el que se trabó ejecución.

Explica la doctrina que:

Si la sentencia dejase de designar las personas entre quienes se siguió el pleito y respecto de quienes ha de surtir sus efectos, favorables o adversos, o no determinase con toda precisión y exactitud la cosa sobre la cual verse su dispositivo, por sus caracteres peculiares y específicos si fuere mueble; o por su denominación, situación y linderos si fuere inmueble, o por su condición, causas y constancia si se tratare de un derecho puramente incorporal, la decisión sería ilusoria, porque no constituiría título ni a favor ni en contra de nadie y carecería de materia sobre qué trabar ejecución: sería la nada....” (Dr. R. Marcano Rodríguez. Apuntaciones Analíticas. Tomo III. Pág. 25).-

La doctrina de la Sala ha sido constante y pacífica, en relación con la determinación objetiva y al efecto en sentencia de fecha 19-7-2000, Exp. Nº. 99-941, Sentencia Nº. 238 en el caso de Isabel Mendoza contra Roberto Pulido Mendoza y Otra, se expresa:

Dispone el artículo 243, ordinal 6º, del Código de Procedimiento Civil, que toda sentencia debe contener la determinación de la cosa u objeto sobre el que recaiga la decisión. El incumplimiento de este requisito constituye el vicio de indeterminación objetiva.

Este requerimiento legal tiene estrecha relación con dos principios esenciales del proceso: la autosuficiencia y la unidad procesal del fallo; conforme al primero, la sentencia debe bastarse a sí misma, sin que la prueba de su legalidad dependa de otros elementos extraños que la complementen o perfeccionen. Por esta razón, se exige mencionar en la sentencia el objeto sobre el que recae la decisión, para así cumplir la necesidad de precisar los límites objetivos de la controversia, a fin de conocer y facilitar la recta ejecución de la sentencia. De acuerdo con el segundo, el fallo en todas sus partes: narrativa, motiva y decisoria, constituye un todo indisoluble vinculado por enlaces de necesaria lógica, por lo que el requisito de determinación objetiva se encuentra cumplido no sólo en el dispositivo de la sentencia, sino en cualquier parte de la misma.

Concluye, pues, la Sala que la determinación del objeto debe aparecer directamente en el fallo y no por referencia a otro documento o recaudo fuera de éste, porque la sentencia debe bastarse a sí misma y contener en sí todos los requisitos y menciones que la ley exige, sin acudir a elementos extraños que la complementen o la hagan inteligible.

De acuerdo con lo anterior, y partiendo del principio de la unidad procesal del fallo, conforme al cual la sentencia forma un todo indivisible, de modo que todas las partes que conforman su estructura tradicional (narrativa, motiva y dispositiva), se encuentran vinculadas por lo que se le llama “un enlace lógico”, esta Sala concluye que en los casos en que en la parte dispositiva, motiva o narrativa no se identifique la cosa sobre la cual recae la decisión o cuando su determinación depende de otros elementos extraños documentos o instrumentos, se configurará el vicio de indeterminación objetiva.

En el caso de especie, a pesar que tanto en el libelo de la demanda como en sentencia recurrida se identifican los linderos del inmueble objeto de la acción correctamente, en el dispositivo como ha quedado transcrito, en la recurrida se hace lindar dicho inmueble por el sur con el callejón uno (1), cuando había afirmado que el inmueble linda por el sur con terrenos municipales como dice el libelo y el documento público acompañado.

Con esta equivocación de la recurrida deja, sin identificación efectiva el bien inmueble objeto de la acción, lo que dificulta su ejecución, ya que el ejecutor tendrá que hurgar en las actas del expediente para ubicar de que inmueble se trata, e identificarlo. Esta manera de sentenciar la Sala en otras oportunidades lo ha censurado, por carecer el fallo de la determinación de la cosa u objeto de la decisión.

En consecuencia en criterio de la Sala, en el presente caso se dan las condiciones fácticas para que se considere que la recurrida contiene el vicio de indeterminación objetiva, y por cuanto este error no fue denunciado por el recurrente, siendo un vicio de orden publico, la Sala en el dispositivo de esta sentencia declara de oficio la casación del fallo recurrido conforme a lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Asi se decide.

SCC 19-7-00

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 99-941, dec. Nº 238:

Sentencia. La determinación de la cosa sobre la cual recae la condena o absolución tiene estrecha relación con dos principios esenciales del proceso

La autosuficiencia y la unidad procesal del fallo; conforme al primero, la sentencia debe bastarse a sí misma, sin que la prueba de su legalidad dependa de otros elementos extraños que la complementen o perfeccionen. Por esta razón, se exige mencionar en la sentencia el objeto sobre el que recae la decisión, para así cumplir la necesidad de precisar los límites de la controversia, a fin de conocer y facilitar la recta ejecución de la sentencia. De acuerdo con el segundo, el fallo, en todas sus partes: narrativa, motiva y decisoria, constituye un todo indisoluble vinculado por enlaces de necesaria lógica, por lo que el requisito de determinación objetiva, se encuentra cumplido no sólo en el dispositivo de la sentencia, sino en cualquier parte de la misma

Determinación del objeto. Se ratifica doctrina

La determinación del objeto debe aparecer directamente en el fallo y no por referencia a otro documento o recaudo fuera de éste, porque la sentencia debe bastarse a sí misma y contener en sí todos los requisitos y menciones que la ley exige, sin acudir a elementos extraños que la complementen o la hagan inteligible.

SCC 23-02-01

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 00-117, dec. Nº 46:

La determinación objetiva de la sentencia. (Ratifica jurisprudencia)

El criterio general que se sigue en esta materia es que la determinación aparezca directamente del fallo y no por referencia a otro documento o recaudo fuera del fallo, porque la sentencia debe bastarse a sí misma, y contener en sí todos los requisitos, menciones y circunstancias que la ley exige, sin que sea preciso acudir a otros elementos extraños para completarla o hacerla inteligible. Así se ha decidido que no llena la sentencia esta exigencia de la ley, cuando, v. gr., en materia interdictal, no se determina en el fallo la cosa cuya restitución se ordena, sino que la sentencia se remite a la querella; o cuando en materia de reivindicación, no se determina la extensión de terreno que se ordene entregar, por sus medidas y linderos, ni cuando se condena a pagar intereses, sin determinar el quantum de la condenatoria, ni ordenar su determinación por una experticia complementaria del fallo, conforme al art. 249 C.P.C.

Artículo 244

Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita.

ARTÍCULO 244, ABSOLUCION DE INSTANCIA

SCC 21-8-03

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  02-424, dec. Nº 441:

Omisión de pronunciamiento no es absolución de instancia

A pesar de que el formalizante encabeza su delación denunciando el vicio de “absolución de la instancia” a lo largo de toda la fundamentación le imputa a la recurrida no haber resuelto en forma expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a la excepción opuesta, este defecto de actividad configura el vicio de incongruencia, por lo tanto, esta Sala atendiendo el contenido y alcance del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, atempera el formalismo en relación a la expresión de absolución de la instancia contenida y utilizada en esta denuncia y pasará a analizarla desde el punto de vista de la incongruencia y así se decide.

SCC 10-8-00

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 99-364, dec. Nº 298:

El vicio de absolución de la instancia. Cuándo se comete

[...] se comete cuando el juez se pronuncia sin condenar ni absolver al

8. Artículo 244, sentencia contradictoria

SCC 27-4-04

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 02-427, dec. Nº 324

Contradicción debe ser en el dispositivo, no de los motivos con el dispositivo

El artículo 244 del Código de Procedimiento Civil prevé el vicio de contradicción entre los diversos dispositivos de la sentencia, de forma tal que resulte imposible su ejecución, lo que es distinto de la contradicción entre la parte motiva y el dispositivo, en cuyo caso la Sala ha establecido que existe falta absoluta de fundamentos, lo cual ha equiparado al incumplimiento del requisito de motivación, establecido en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

SCC 19-7-00

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 99-481, dec. Nº 241:

Sentencia. Motivación contradictoria. Se ratifica doctrina

El vicio de contradicción, capaz de anular el fallo impugnado, debe encontrarse en su dispositivo, de suerte que lo haga inejecutable. También existe el llamado vicio de motivación contradictoria, el cual constituye una de las modalidades o hipótesis de inmotivación de la sentencia, que se produciría cuando la contradicción está entre los motivos del fallo, de tal modo que se desvirtúan, se desnaturalizan o se destruyen en igual intensidad y fuerza, lo que hace a la decisión carente de fundamentos y por ende nula

SCC 21-9-00

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 99-689, dec. Nº 316:

Vicio de contradicción. Ratifica doctrina.

[...] la Sala ha establecido en sentencia de fecha 12 de agosto de 1999 que "el vicio de sentencia contradictoria sólo puede referirse a contradicción en el dispositivo del fallo, y no a contradicción o incongruencia entre el dispositivo y la parte motiva, que de existir y ser fundamental conduciría al caso de sentencia infundada, pero no contradictoria.

9. Artículo 244: Sentencia Condicional

SCC 22-6-01

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 00-377, dec. Nº 169:

Sentencia condicional

Examinando la sentencia recurrida al amparo de los postulados anteriormente expuestos, observa esta Sala que habiendo la sentencia recurrida basado su decisión de declarar sin lugar la demanda en un pronunciamiento de derecho que tiene la fuerza suficiente para enervar la pretensión esgrimida por la demandante como lo es, que la obligación reclamada por la actora al momento de la interposición de la demanda no era exigible, era un deber del sentenciador, establecido en el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pronunciarse en forma expresa, positiva y precisa sobre la pretensión deducida, y en el caso, declarar sin lugar la demanda.

En otras palabras, no incurre el sentenciador de la recurrida en el vicio de incongruencia cuando, por un lado afirma que la obligación no es exigible, y por otro, decide declarar sin lugar la demanda, todo lo contrario, era su deber resolver sobre el mérito de la controversia y declarar con o sin lugar la pretensión. Si el Juez de alzada hubiera pospuesto su decisión para el momento en que la obligación reclamada fuera exigible, hubiera producido una sentencia condicional y por lo tanto nula, de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, por contravenir lo establecido en el precitado ordinal 5º del articulo 243 eiusdem. Sobre este punto el Doctor Arístides Rengel Romberg, en su obra ‘Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano’, Tomo II ‘Teoría General del Proceso’, página 321, señala:

“Cuando la sentencia no contiene una decisión pura y simple sino que lo decidido queda sometido a la realización de un acontecimiento futuro e incierto, la sentencia es condicional y, por tanto, nula.

El vicio de la sentencia por ser condicional, se justifica, porque implica falta de una decisión positiva, esto es, que resuelva sobre el mérito de la  controversia y declare con lugar o sin lugar la pretensión, pues la decisión condicional somete a un acontecimiento futuro o incierto la perfección del derecho declarado en el fallo, de tal modo que las partes no alcanzan con el pronunciamiento judicial la certeza o definición de los derechos controvertidos...”.

10. Artículo 244. Ultrapetita

SCC 27-4-04

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 01-940, dec. Nº 361:

Ultrapetita, por haber ordenado la indexación a partir del vencimiento de las letras

Ahora bien, de las transcripciones precedentes, se puede evidenciar que el juzgador ad quem se excedió de lo reclamado por el demandante, al establecer que la indexación o corrección monetaria del precio adeudado sea calculado a partir de las respectivas fechas de vencimiento de las cuatro letras de cambio, marcadas “B”, “C”, “D” y “E”.

La Sala de Casación Civil, ha establecido que la indexación judicial permite el reajuste del valor monetario y evita el mayor perjuicio al acreedor, por efecto del retardo procesal, por tanto, éste correctivo se concede desde el momento en que se instaure el juicio con la admisión de la demanda.

En tal sentido, la Sala en sentencia N° 0134 de fecha 7 de marzo de 2002, en el juicio Maricela Machado de Hernández y otras contra Banco Popular de los Andes, C.A., expediente N° 00-517, en cuanto al lapso que comprende la indexación, estableció lo siguiente:

“...En otras palabras, no puede acordarse la indexación en los términos solicitados por el formalizante, pues el correctivo inflacionario que el Juez concede es a los efectos de evitar el perjuicio por la desvalorización del signo monetario durante el transcurso del proceso, siendo la admisión del libelo de demanda la pauta que marca su inicio, y por ende, el de la indexación judicial. Así se decide...” (Resaltado de la Sala).

Asimismo, en sentencia N° 5 de fecha 27 de febrero 2003, en el juicio Nicola Consentino Lelpo y otros contra Seguros Sud América S.A., expediente N° 01-554, estableció lo siguiente:

“...La Sala de Casación Civil ha establecido de forma reiterada, que la inflación es un hecho notorio, y los efectos que produce sobre el valor adquisitivo de la moneda son hechos que el juez puede inferir mediante la aplicación de máximas de experiencias. Asimismo, ha sostenido que la condena de pago de la suma de dinero reclamada resulta injusta si no es practicado el respectivo ajuste monetario, pues el deudor no repara el daño si no restaura a plenitud el patrimonio del acreedor que resultó afectado por el incumplimiento o el retardo en el cumplimiento de la obligación. Por esa razón, la Sala ha establecido que el juez puede acordar de oficio la indexación si la controversia versa sobre derechos no disponibles e irrenunciables, y en caso de que el debate judicial consista en intereses y derechos privados y, por tanto, disponibles, queda a cargo de la parte solicitar el ajuste monetario.

La indexación judicial solicitada en el libelo de demanda amplía los límites que deberán ser tomados en cuenta por el Juez al momento de establecer la condena a pagar.

...Omissis...

Ahora bien,  en el libelo el actor puede solicitar el ajuste del valor del monto reclamado desde que el deudor incurrió en mora hasta la fecha de presentación de la demanda; e igualmente puede solicitar la corrección monetaria a que haya lugar por efecto de la devaluación que sufra la cantidad reclamada durante el transcurso del juicio...” (Negrillas del texto).

Por tratarse de una denuncia de actividad, la Sala de Casación Civil no juzga sobre la aplicación del derecho en torno a la referida condena de indexación. Tan solo se limita a señalar, que el juzgador ad quem al declarar parcialmente con lugar la demanda de cobro de bolívares, y condenar al demandado al pago de la indexación judicial a partir de las respectivas fechas de vencimiento de las letras de cambio marcadas con las letras B”, “C”, “D” y “E”, lo cual no se pidió expresamente en el libelo de demanda, incurrió en ultrapetita, quebrantando lo dispuesto en los artículos 244 y 12 del Código de Procedimiento Civil, pues concedió más de lo pedido por el actor en su libelo de demanda. En consecuencia, la Sala declara procedente la denuncia bajo análisis. Así se decide.

SCC 11-10-00

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 00-124, dec. Nº 329:

Vicio de ultrapetita.

Todo pronunciamiento que haga el Juez de Alzada que verse sobre materia distinta a la que ha sido elevada a su conocimiento por efecto de la apelación, salvo aquellos incidentes que se produzcan en el propio procedimiento de segunda instancia, constituye, según la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, un exceso de jurisdicción que se califica como ultrapetita que, de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, acarrea la nulidad de la sentencia.

SCC 16-2-01

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 00-006, dec. Nº 18:

Reformatio in peius es ultrapetita

Vista la figura del reformatio in peius, como un principio jurídico que emerge en abstracto de la conducta del jurisdicente, a través de la cual desmejora la condición del apelante, sin que haya mediado el ejercicio del precitado recurso por la contraria, es de lógica concluir, que no existe norma expresa en nuestro ordenamiento jurídico que la contemple y la cual pudiera ser, verdaderamente objeto de violación directa; siendo asi, no se puede continuar inficionando dentro del campo de los artículos 288 del Código de Procedimiento Civil y 1.365 del Código Civil, para justificar la violación de una norma inexistente, argumentándose dicha ficción, en los principios de tantum apellatum quantum devolutum; la realidad de la conducta del ad quem, al desmejorar al apelante, está circunscrita a la figura jurídica de la ultrapetita, pues viola el principio de congruencia de la sentencia, conectado a la limitación de decidir solamente sobre lo que es objeto del recurso subjetivo procesal de apelación; en igual manera la reformatio in peius, está ligada a la garantía constitucional del derecho a la defensa, por lo cual quien ejerce ese derecho no puede ver deteriorada su situación procesal, por el sólo hecho de haberlo ejercido. Sobre la base de estos considerandos, se deja establecido que el principio de la reformatio in peius, en el cual incurre el juez de alzada, al conocer el función jerárquica vertical, debe ser denunciado como una infracción de forma, sobre la violación de los preceptos establecidos en los artículos 12, 15, 243 ordinal 5° y el 244 del Código de Procedimiento Civil, y con apoyo en el ordinal 1° del artículo 313 eiusdem. Así se resuelve.

SCC 7-3-02

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 01-413, dec. Nº 139:

Por su parte, la doctrina nacional ha señalado que la ultrapetita es un vicio contenido en el dispositivo del fallo que consiste en exceder los términos de la litis, decidiendo cuestiones extrañas a los pedimentos del libelo y las defensas planteadas en la contestación. Asimismo ha expresado que no toda modificación vicia el fallo. El tribunal puede acordar menos de lo reclamado (minus petitio), pero no puede pronunciarse sobre cosa no demandada (non petita), ni sobre cosa extraña (extrapetita), ni otorgar más de lo pedido (ultrapetita), pues su decisión debe enmarcarse dentro de los límites de lo reclamado (intrapetita). Debe acotarse que el fallo, al incurrir en “non petita”; “extrapetita” y “ultrapetita” incurre en el vicio de nulidad de la sentencia, conocido comúnmente como “Ultrapetita”, establecido en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, pues tales términos nos llevan a la misma conclusión, cual es que la sentencia se excedió concediendo más de lo que delimitaron los contendientes en la litis.

Ahora bien, en sentencia de fecha 16 de febrero de 2001 (Caso Petrica López Ortega y Blanca Prince c/ FOGADE), esta Sala de Casación Civil cambió su criterio en relación con la técnica para la formalización del vicio de la reformatio in peius, y estableció que el mismo debe ser denunciado en sede de casación como infracción de forma y no como infracción de ley, como lo señalaba el criterio abandonado. En efecto en la citada sentencia la Sala expresó lo siguiente:

“...Vista la figura del reformatio in peius, como un principio jurídico que emerge en abstracto de la conducta del jurisdicente, a través de la cual desmejora la condición del apelante, sin que haya mediado el ejercicio del precitado recurso por la contraria, es de lógica concluir, que no existe norma expresa en nuestro ordenamiento jurídico que la contemple y la cual pudiera ser, verdaderamente objeto de violación directa; siendo así, no se puede continuar inficionando dentro del campo de los artículos 288 del Código de Procedimiento Civil, para justificar la violación de una norma inexistente, argumentándose dicha ficción, en los principios de tantum apellatum quantum devolutum; la realidad de la conducta del ad quem, al desmejorar al apelante, esta circunscrita a la figura jurídica de la ultrapetita, pues viola el principio de la congruencia de la sentencia, conectado a la limitación de decidir solamente sobre lo que es objeto del recurso subjetivo procesal de apelación; en igual manera la reformatio in peius, está ligada a la garantía constitucional del derecho a la defensa, por lo cual quien ejerce ese derecho no puede ver deteriorada su situación procesal, por el sólo hecho de haberlo ejercido...” (Subrayado y negritas de la Sala)

En este orden de ideas, la doctrina española, concretamente, Juan Montero Aroca y José Flors Matíes, ha señalado que la prohibición de reformatio in peius constituye una modalidad de incongruencia:

“Se ha venido considerando como una manifestación característica del principio de la congruencia en la segunda instancia, la prohibición de la denominada reformatio in peius, es decir, la prohibición de que el tribunal ad quem, al resolver el recurso, modifique por sí la sentencia apelada en perjuicio del apelante, empeorando o agravando la posición del mismo.

Si el ámbito de la apelación y de las facultades decisorias del tribunal ad quem vienen determinados, conforme al principio dispositivo, por la regla tantum appellatum quantum devolutum y la esencia de la legitimación para recurrir radica en la existencia de gravamen, ello implica que aquellos pronunciamientos de la sentencia de instancia que no hayan sido objeto de impugnación y que resulten favorables al apelante, conservarán plena eficacia para él, pues lo que pretende con la interposición del recurso es obtener una resolución que modifique la de instancia en lo que le resulte desfavorable, nunca una reforma que empeore su situación. La interposición del recurso genera, por tanto, para el recurrente una expectativa de reforma de la resolución recurrida en aquello que le resulte desfavorable, sin que en ningún caso le quepa esperar un resultado que le perjudique. La sentencia de apelación que introdujera, sin petición de la parte contraria, una reforma peyorativa incurriría, evidentemente, en incongruencia.

Es por ello por lo que la prohibición de la reformatio in peius solamente puede tener lugar si la otra parte no apeló o no impugnó la resolución apelada, pues en tal caso, por efecto de los mismos principios antes aludidos, el tribunal ad quem entra a conocer de todo lo que se le propone como materia de decisión en la segunda instancia por las dos partes litigantes y también recurrentes, de modo que en caso de estimar la pretensión deducida por una de ellas que hubiera sido desestimada en la primera instancia, provocará obviamente, una reforma peyorativa para la contraria, pero ella será consecuencia, precisamente, del principio de la congruencia.” (MONTERO AROCA, Juan y FLORS MATÍES, José, “Los Recursos en el Proceso Civil”, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001, pp. 346-347.) (Subrayado y negritas de la Sala)

En este mismo sentido se pronunció el Tribunal Supremo Español en sentencia de fecha 28 de julio de 1998, sobre la incongruencia de la sentencia que viola el principio de la reformatio in peius:

“...La prohibición de la reformatio in peius o regla impuesta al órgano jurisdiccional de apelación que impide agravar o hacer más gravosa la condena o restringir las declaraciones más favorables de la sentencia de primera instancia en perjuicio del apelante, responde al principio tantum appellatum quantum devolutum, conforme con el más general principio dispositivo y según las consecuencias que resultan del artículo 408 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre las resoluciones consentidas. Su inobservancia entraña, desde luego, conexiones con las reglas de competencia funcional (el órgano de apelación carece de facultades en el caso concreto para decidir de nuevo sobre lo ya resuelto), y con los efectos de la cosa juzgada (ya se señaló a propósito del artículo 408), pero, desde la perspectiva casacional, la extralimitación en que incurre la sentencia de segunda instancia que no respeta la prohibición, es perfectamente denunciable como una manifestación de la incongruencia, lo que permite, de acuerdo con el artículo 1.715, caso de acogerse el motivo (inciso 3º del artículo 1.692) reducir el alcance objetivo de la sentencia impugnada a sus justos límites en el fallo que corresponda, por anulación del impugnado...” (Subrayado y negritas de la Sala)

Por otra parte, de la trascendencia constitucional de la incongruencia de la sentencia que viola la prohibición de reforma peyorativa o reformatio in peius, se ha ocupado en reiteradas oportunidades el Tribunal Constitucional Español, entre ellas, la sentencia de fecha 13 de enero de 1998, en la que se estableció lo siguiente:

“...Por lo que respecta a la reformatio in peius, o reforma peyorativa, en cuanto constituye una modalidad de incongruencia procesal, la misma tiene lugar cuando el recurrente, en virtud de su propio recurso, ve empeorada o agravada la situación creada o declarada en la resolución impugnada, de modo que lo obtenido con la resolución que decide el recurso es un efecto contrario del perseguido por el recurrente, que era precisamente, eliminar o, aminorar el gravamen sufrido con la resolución objeto de impugnación. Razón por la cual la interdicción de la reformatio in peius es una garantía procesal del régimen de los recursos que encuentra encaje en el principio dispositivo y en la interdicción de la indefensión que consagra el artículo 24.1 C.E. (AATC 304/1984, 701/1984), pues de admitirse que los órganos judiciales pueden modificar de oficio, en perjuicio del recurrente, la resolución impugnada por éste, se introduciría un elemento disuasorio para el ejercicio del derecho constitucional a los recursos legalmente establecidos en la Ley, que es incompatible con la tutela judicial efectiva sin resultado de indefensión, que vienen obligados a prestar los órganos judiciales en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24.1 C.E...” (Subrayado y negritas de la Sala)

En el mismo sentido se ha pronunciado el maestro uruguayo Enrique Véscovi, al señalar:

Resultaría inconsecuente con lo sostenido antes de que el objeto de la sentencia (de primera y también de segunda...) esta delimitado por las pretensiones de las partes (principio de la congruencia), admitir ahora que el tribunal de alzada puede ir más allá de lo pedido por el apelante. Es, repetimos, la consecuencia del principio dispositivo del “ne procedat iure ex officio” y “nemo iudex sine actore”. Dado que la segunda (o tercera, o aún la casación como veremos) se abre sólo por iniciativa de la parte que interpone el recurso y conforme a su pedido. Es en este sentido que se dice que la expresión de agravios es la acción (pretensión) de la segunda instancia” (VESCOVI, Enrique, “Los Recursos Judiciales y demás Medios Impugnativos en Iberoamérica”, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1988, p.163.) (Subrayado y negritas de la Sala).

De los criterios doctrinales y jurisprudenciales citados, se evidencia que la denuncia en casación del vicio de reformatio in peius, ha sido considerada como una infracción de forma, por incongruencia positiva, por no atenerse el sentenciador a la petición de reexamen de la decisión de primera instancia, en todo aquello que le resulta desfavorable a la parte que la impugna, que en modo alguno lo faculta para conocer de los extremos del pleito consentidos por la parte que no ha apelado, y que por tanto, no le permite perjudicar a los recurrentes sin haber mediado excitación (principio de rogación) de la contraria. Desde luego que los puntos aceptados adquieren firmeza, y por ello sobre tales puntos el Tribunal de apelación no puede pronunciarse ex oficio; en tal caso la sentencia sería incongruente, por no ajustarse a la pretensión de la parte, agravando la posición del apelante, y excediendo en consecuencia la alzada, los límites de lo sometido a su consideración a través del recurso ordinario de apelación.

Reformatio in peius Sala Social Ver art. 288

SCC 30-11-00

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 00-198, dec. Nº 417:

Ahora bien, independientemente de lo acertado o no del fundamento de la recurrida en lo que respecta a la determinación de la competencia por el territorio, tal pronunciamiento no le era dable realizarlo pues según su propia expresión, su conocimiento se encontraba restringido a determinar la validez de los actos de composición procesal que se habían celebrado y que el a quo había homologado.

Por tanto, a la recurrida le estaba vedado extender su examen o resolver asuntos extraños a lo apelado, que es lo que delimitaba su conocimiento, tal como se expresa en la locución tantum devolutum quantum appelatum. Así, todo pronunciamiento que haga el Juez de Alzada sobre materia distinta a la que ha sido elevada a su conocimiento por efecto de la apelación, salvo aquellos incidentes que se produzcan en el propio procedimiento de segunda instancia, constituye, según la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, un exceso de jurisdicción que se califica como ultrapetita, la que a su vez, constituye una típica manifestación del vicio de incongruencia que, de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, acarrea la nulidad de la sentencia.

En este sentido se pronunció la Sala de Casación Civil, Mercantil y del Trabajo de la extinta Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 16 de diciembre de 1964, en la que se sostuvo lo siguiente:

"Nuestro ordenamiento procesal no define el concepto jurídico de la ultrapetita, pero en su defecto, la doctrina y la jurisprudencia han elaborado la noción del expresado vicio formal de la sentencia, consistente según ellas en un exceso de jurisdicción del juzgador al decir cuestiones no planteadas en la litis concediendo generalmente; a alguna parte una ventaja no solicitada, o en otros términos, dando más o más allá de lo pedido que es la asignación etimológica del vocablo. El deber impuesto a los jueces de evitar la incursión en ultrapetita es consecuencia del principio de congruencia que ha de estar presente en toda sentencia para asegurar la debida correspondencia entre el fallo y el objeto de la litis. A los efectos de la nulidad del fallo, los expositores y la jurisprudencia, han asimilado a la ultrapetita propiamente dicha, el vicio de la extrapetita que se configura cuando el Juez decide sobre materia u objeto extraño al constitutivo de la controversia. Nuestro comentarista Borjas al analizar tal punto expresa que 'los jueces no pueden pronunciar sobre cosa no demandada, ni adjudicar mas de lo pedido; les está prohibido todo cuanto constituya extra o ultrapetita'.

En igual sentido se ha pronunciado Casación en sentencia de fecha 30 de abril de 1928, en la cual se asienta que el vicio de ultrapetita se comete al decidirse 'sobre cosas no demandadas o haberse dado más de lo pedido'. (La misma doctrina se establece en sentencia del 19 de noviembre de 1937).

También la mayoría de los autores y la jurisprudencia de esta Corte coinciden en que el vicio de ultrapetita se comete en el dispositivo de fallo o en razonamiento contentivo de una declaración de fondo, lo cual concuerda con la doctrina acogida por esta Sala en anteriores oportunidades en el sentido de que 'lo dispositivo de una sentencia puede no encontrarse íntegro en su parte final, pues hay muchos puntos que se resuelven en el cuerpo de la sentencia, especialmente en la parte motiva....Además, ese mismo final no puede entenderse aisladamente sino que debe interpretarse teniendo en cuenta las consideraciones emitidas en la parte motiva' (Sentencia del 8-8-60 ratificatoria de otras anteriores).

En la citada sentencia de casación del 30 de abril de 1928, además de acogerse el criterio que asimila la extrapetita, a la ultrapetita se admite la comisión. de ultrapetita en la motivación, pues se establece 'que el vicio de ultrapetita no puede cometerse en principio, sino en la parte dispositiva del fallo por decidirse en ella sobre cosas no demandadas o por haberse dado más de lo pedido; y sólo por excepción en algunos de los considerandos de la sentencia, cuando ese considerando contenga realmente una decisión de fondo en cualquiera de los dos sentidos preapuntados'.

Ahora bien, la sentencia de la Corte de instancia impugnada con el recurso "extraordinario ha incurrido ostensiblemente en el vicio de extrapetita cómo se ve de inmediato. En efecto, según consta de la, propia recurrida la materia qué ella debía resolver en alzada era la declarar procedente o no el recurso de hecho interpuesto contra el auto de negatorio de la apelación que la parte actora había ejercido contra el auto de fecha 12 de junio de 1964 en que el Juez a quo ordenó la suspensión del recurso de la causa. Para resolver dicho recurso de hecho los sentenciadores no tenían sino que analizar si el auto apelado causaba o no gravamen irreparable a la ejecutante, y con aplicación de esa norma contenida en el ordenamiento procesal positivo, mandar a oír o no el recurso interpuesto. Es indudable que para llegar a una conclusión en una y otro sentido los jueces estaban facultades para examinar si la suspensión del procedimiento era un acto engendrador o no de agravio irreparable; pero no lo estaban para declarar procedente o no la referida suspensión.

De modo que no debían los sentenciadores entrar a decidir el fondo de la incidencia resuelta por el auto apelado, y menos aún extender ilegalmente la función jurisdiccional hasta el extremo de resolver puntos ni siquiera contenidos en la aludida incidencia, pues limitados como estaban por los efectos del recurso de hecho, carecían de jurisdicción para pronunciarse sobre cuestiones ajenas a dicho recurso".

La Sala, reiterando el precedente transcrito, considera que la recurrida incurrió en el vicio de ultrapetita cuando extendió su conocimiento más allá de lo apelado, declarando la incompetencia del tribunal en razón de la materia con la consecuencial reposición de la causa, omitiendo el trámite pendiente relativo a la cuestión previa contenida en el ordinal 1º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil que fue alegada por la parte demandada en su oportunidad.

Artículo 245

Salvo lo dispuesto en el artículo 209, la sentencia podrá limitarse a ordenar la reposición de la causa, por algún motivo legal, al estado que en la propia sentencia se determine.

Artículo 246

La sentencia expresará la fecha en que se haya pronunciado y se firmará por los miembros del Tribunal, pero los que hayan disentido respecto de lo dispositivo, podrán salvar su voto, el cual se extenderá a continuación de la sentencia, firmada por todos.

No se considerará como sentencia ni se ejecutará, la decisión a cuyo pronunciamiento aparezca que no han concurrido todos los jueces llamados por la ley, ni la que no esté firmada por todos ellos.

SCC 30-4-04

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 03-419, dec. Nº 378:

Sentencia de apelación en juicio de invalidación es inexistente

En el presente caso, la sentencia que motivó el anuncio del referido recurso extraordinario de casación, fue en virtud de la apelación interpuesta por el hoy recurrente, el cual denuncia ante esta sede la inexistencia de la sentencia recurrida y la nulidad de lo actuado desde la oportunidad en que se oyó el recurso de apelación.

Por ende, pretende el demandante de la invalidación, que esta Sala entre a conocer del recurso de casación, contra la decisión del juzgado de alzada, actuando como tribunal de segunda instancia, es decir, contra una sentencia que dentro de este tipo de juicio, debe considerarse inexistente, pues fue dictada en un procedimiento que carece del recurso de apelación.

Por consiguiente, esta Sala en el dispositivo del presente fallo declarará la inexistencia del fallo proferido por el tribunal de alzada, firme la decisión del tribunal de la única instancia en invalidación, en razón de lo cual, no habrá lugar a pronunciamiento alguno sobre el recurso de casación anunciado por los ciudadanos Jesús Abel Ayala Ramírez y Mirna Josefina Pacheco Sojo contra la sentencia proferida en fecha 20 de septiembre de 2002, por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así se declara.

Artículo 247

Las sentencias definitivas se publicarán agregándose al expediente, en el cual se pondrá constancia del día y la hora en que se haya hecho la publicación.

Artículo 248

De toda sentencia se dejará copia certificada en el Tribunal que la haya pronunciado.

Artículo 249

En la sentencia en que se condene a pagar frutos, intereses o daños, se determinará la cantidad de ellos, y si el Juez no pudiere estimarla según las pruebas, dispondrá que esta estimación la hagan peritos, con arreglo a lo establecido para el justiprecio de bienes en el Título sobre ejecuciones del presente Código. Lo mismo se hará cuando la sentencia ordene restitución de frutos o indemnización de cualquier especie, si no pudiere hacer el Juez la estimación o liquidación, con arreglo a lo que hayan justificado las partes en el pleito.

En todo caso de condenatoria, según este artículo, se determinará en la sentencia de modo preciso, en qué consisten los perjuicios probados que deban estimarse y los diversos puntos que deban servir de base a los expertos. En estos casos la experticia se tendrá como complemento del fallo ejecutoriado; pero si alguna de las partes reclamare contra la decisión de los expertos, alegando que está fuera de los límites del fallo, o que es inaceptable la estimación por excesiva o por mínima, el Tribunal oirá a los asociados que hubieren concurrido a dictar la sentencia en primera instancia, si tal hubiere sido el caso, y en su defecto, a otros dos peritos de su elección, para decidir sobre lo reclamado, con facultad de fijar definitivamente la estimación y de lo determinado se admitirá apelación libremente.

SC 26-1-01

Ponencia del Magistrado IVÁN RINCÓN URDANETA. Exp. 00-0532. Sent. 40:

En torno a la experticia complementaria de fecha 6 de abril de l999, impugnada por las accionantes, esta Sala observa, que nuestro Código de Procedimiento Civil, en su artículo 249 contempla un recurso específico para impugnar las decisiones de los expertos, con el propósito de que la experticia sea dictada fuera de los límites del fallo o que la estimación fuera inaceptable por excesiva o por mínima, caso en el cual el Tribunal oirá la opinión de otros dos peritos de su elección, para decidir sobre lo reclamado y fijar definitivamente la estimación, decisión que a su vez puede ser apelada libremente.

SC 19-7-00

Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera. Exp. 00-0380. Sent. 739:

Recuérdese que dicha decisión ordenó una experticia complementaria, y que la misma fue reclamada por Mercantil Internacional, C.A., motivo por el cual el Juez de la Primera Instancia, ceñido a la letra del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil y oyendo a dos peritos, fijó definitivamente la estimación. Fue ésta la decisión apelada, y el Juez Superior –cuyo fallo fue objeto de amparo- ordenó un nuevo cálculo en base a una cantidad señalada en el fallo de primera instancia, que no fue tomado en cuenta en la estimación realizada por el Juez de Primera Instancia, con lo que se plegó a la letra del fallo de fondo.

SCC 22-5-01

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 00-098, dec. Nº rc-0147:

La Sala considera que la recurrida ha sometido a los expertos que han de practicar la experticia complementaria del fallo a una actividad que de los propios elementos aportados, no podrán desarrollar; concretamente, por cuanto al folio 176 del expediente la parte demandada se acogió al derecho de retasa, para que se determine por el Tribunal retasador el monto a pagar por honorarios profesionales, por lo tanto los expertos no tienen una cantidad base para realizar el calculo que se les exige.

Ahora bien, los expertos llamados a complementar un fallo por vía de experticia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, no se constituyen en jueces ni les es dable hacer consideraciones o apreciaciones personales, sino tan solo, deben limitarse a cumplir estrictamente lo ordenado en la sentencia. Por tanto, es deber inexcusable de los jueces, cuando ordenen la práctica de una experticia complementaria del fallo, establecer con toda precisión el alcance y los elementos de base que han de emplearse para el cálculo que se les exige, so pena de incumplir el ordinal 6º del artículo 243 del mismo Código y, en consecuencia, incurrir en el vicio de indeterminación objetiva.

En el caso que se examina, al haber ordenado la recurrida que los expertos que han de realizar la experticia complementaria del fallo, tomen como uno de los parámetros, una fecha inicial y no establecer que los expertos determinarían la indexación con base a la cantidad total que por concepto de honorarios fije el Tribunal de retasa o quede firme el monto intimado, trae como consecuencia que dicha experticia se haga irrealizable y, en consecuencia, el fallo carece de la debida determinación objetiva, por lo que se la casa de oficio al haber incumplido con uno de los requisitos establecidos en el aludido artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.

Artículo 250

Lo dispuesto en el artículo anterior no es aplicable a la reparación del daño moral, cuya indemnización puede acordar el Juez, de acuerdo con el artículo 1.196 del Código Civil.

Artículo 251

El pronunciamiento de la sentencia no podrá diferirse sino por una sola vez, por causa grave sobre la cual el Juez hará declaración expresa en el auto de diferimiento, y por un plazo que no excederá de treinta días. La sentencia dictada fuera del lapso de diferimiento deberá ser notificada a las partes sin lo cual no correrá el lapso para interponer los recursos.

Sala de Casación Civil, Sentencia Nro. 398 del 30/11/2000. Ponente Dr. Antonio Ramírez Jiménez.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia dictada fuera de lapso debe notificársele a las partes siempre y cuando antes de su pronunciamiento, no hayan solicitado se dicte sentencia, o las partes hayan realizado otras actuaciones procesales, ya que en este casos surge un nuevo lapso para la publicación del fallo, a fin de que comiencen a correr los lapsos de ley para el ejercicio de los recursos correspondientes. En el presente caso, la condición de parte de la ciudadana NELLY JOSEFINA MÁRQUEZ es indudable, pues es una de las personas que propusieron la demanda de tercería de dominio, que posteriormente se acumuló al juicio principal, por lo que, la orden de notificación de la sentencia definitiva dictada por el a quo también abarcaba la de dicha ciudadana.

Por tanto, al no haberse notificado a la mencionada tercerista de la sentencia definitiva y haberse continuado la tramitación del juicio en segunda instancia sin haberse dado cumplimiento a la aludida formalidad, se le ha producido una situación de indefensión, pues se le ha privado su derecho de ejercer el correspondiente recurso de apelación en primera instancia, así como la posibilidad de alegar y probar, en los términos previstos en la ley, en el procedimiento seguido en segunda instancia, por lo que efectivamente se infringió el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.

Tal situación debió advertirla el Juzgado Superior que dictó la recurrida y, en vez de entrar a resolver el fondo del asunto, debió ordenar la reposición de la causa al estado en que se notificara a todas las partes intervinientes en el juicio de la sentencia definitiva dictada fuera del lapso legalmente establecido, por lo que la recurrida infringió de este modo lo dispuesto en el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil

Artículo 252

Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado. Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente.

SC 9-3-01

Ponencia del Magistrado Antonio García García. Exp. Nº  00-1435, dec. Nº 319:

Lapso para solicitar aclaratoria

Sobre el alcance de la norma precedentemente transcrita, ya esta Sala se ha pronunciado en sentencia de fecha 26 de diciembre de 2000 (caso: Asociación Cooperativa Mixta La Salvación, R. L.), donde se señaló: “(...) que el transcrito artículo 252, fundamento legal de la solicitud de aclaratoria, regula todo lo concerniente a las posibles modificaciones que el juez puede hacer a su sentencia, quedando comprendidas dentro de éstas, no sólo la aclaratoria de puntos dudosos, sino también las omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieron de manifiesto en la sentencia, así como dictar las ampliaciones a que haya lugar (...)”.

En lo que respecta a la oportunidad para solicitar la aclaratoria, en dicha sentencia esta Sala indicó que: “(...) la disposición comentada establece que la misma es procedente siempre que sea solicitada por alguna de las partes en el día de la publicación del fallo o en el día siguiente”.

Sin embargo es de señalar que la condición a la cual alude el artículo en referencia debe entenderse cuando la sentencia haya sido dictada dentro del lapso establecido y que no amerite por tanto que la misma sea notificada. De manera que, lo anterior conlleva a afirmar que en el caso de que la sentencia haya sido dictada fuera del lapso establecido para ello, los términos indicados en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil deben entenderse que son el día de la notificación de la sentencia o el día siguiente al que ésta se haya verificado.

En atención a lo anterior, observa esta Sala que el abogado Simón Araque actuando con el carácter acreditado en autos, solicitó la aclaratoria de la sentencia dictada por esta Sala el día 1º de febrero del año 2000, en fecha 8 de febrero de 2001. Sin embargo, es de observarse, que la sentencia fue dictada fuera del lapso para sentenciar establecido en el artículo 118 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y siendo que el prenombrado abogado realizó la solicitud de aclaratoria al día siguiente que tuvo conocimiento de la misma, esta Sala declara procedente la solicitud de aclaratoria de la sentencia dictada en esta causa.

SCC 11-3-04

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  03-249, dec. Nº 187:

Condena en costas mediante la ampliación

Del contenido de la norma parcialmente transcrita se infiere, que corresponde a las partes dentro del lapso establecido para ello, solicitar aclaratorias, ampliaciones u omisiones que se hayan involuntariamente cometido en el fallo proferido.

En el caso bajo examen, se dictó sentencia de fondo en la cual por omisión no hubo pronunciamiento sobre condenatoria en costas del recurrente, la cual resulta procedente de acuerdo con el artículo 281 de nuestra Ley Adjetiva Civil, pues no se trata de una condenatoria proveniente de su vencimiento en el juicio general, sino del recurso que fue propuesto y declarado sin lugar.

En consecuencia, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declara Con Lugar la aclaratoria de la sentencia dictada en fecha 24 de enero de 2003 sin que se modifique sustancialmente el fondo del dispositivo, debiendo adicionalmente la corrección en los siguientes términos:

CUARTO: Se condena en costa a la parte recurrente en cuanto al recurso ejercido, conforme al artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, en el juicio de Cobro (Sic) de Bolívares (Sic) seguido por NICOLAS A. DORTA CHANGIR, en contra de JOAO (JUAN) VIEIRA DA LUZ. Y así se decide...”.

Se advierte que mediante la aclaratoria sólo se solventó la omisión cometida en el fallo definitivo, relativa al pronunciamiento sobre las costas del recurso de apelación ejercido por el demandado, el que fue declarado sin lugar.

En este orden de ideas es pertinente señalar, que una cosa son las costas en un proceso o en una incidencia con las que se le condena a la parte que fuere vencida totalmente, reguladas por el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, y otra las costas del recurso (art. 281 c.p.c.), que se imponen “...a quien haya apelado de una sentencia que sea confirmada en todas sus partes”.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, la condenatoria en costas impuesta por el ad quem, se encuentra ajustada al texto legal, ya que, si bien la demanda fue declarada parcialmente con lugar, el apelante resultó totalmente vencido en el recurso al haber sido el mismo declarado sin lugar y confirmada en todas sus partes la sentencia impugnada.

Del análisis realizado por esta Sala de Casación Civil sobre el contenido del texto supra trascrito y bajo el amparo de la doctrina imperante en ella, resulta necesario desechar la presente denuncia por improcedente. Así se decide.

Artículo 253

Los Tribunales en las multas que hayan impuesto, o en los apercibimientos que hayan hecho, por lo que aparezca del proceso sin audiencia de quienes resulten condenados, oirán las reclamaciones de éstos, formuladas por escrito, y decidirán en el mismo acto o en el día siguiente. El reclamante podrá producir con su solicitud la prueba que le favorezca.

Estas reclamaciones no podrán intentarse después de sesenta días de haberse instruido al reclamante respecto de la condenación.

Artículo 254

Los jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella. En caso de duda, sentenciarán a favor del demandado y, en igualdad de circunstancias, favorecerán la condición del poseedor prescindiendo en sus decisiones de sutilezas y de puntos de mera forma.

En ningún caso usarán los Tribunales de providencias vagas u oscuras, como las de venga en forma, ocurra a quien corresponda, u otras semejantes, pues siempre deberá indicarse la ley aplicable al caso, la formalidad a que se haya faltado, o el Juez a quien deba ocurrirse.

DE LA DECISIÓN DE LA CAUSA

CAPÍTULO I.

De la vista y sentencia en Primera Instancia

Artículo 511

Si no se hubiere pedido la constitución del Tribunal con asociados en el término indicado en el artículo 118, los informes de las partes se presentarán en el decimoquinto día siguiente al vencimiento del lapso probatorio a cualquier hora de las fijadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192.

Pedida la elección de asociados, los informes de las partes se presentarán en el decimoquinto día siguiente a la constitución del Tribunal con asociados.

C:\Decisiones tsj\scon\2001-2\Octubre\2096-301001-01-1697.htm

SCon 30-10-01

Ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz. Exp. Nº  01-1697, dec. Nº 2096:

No es necesaria la fijación por el juez del lapso para los informes

Sobre este particular, la Sala estima pertinente citar al autor Ricardo Henríquez La Roche, quien al comentar el artículo 511 del Código de Procedimiento Civil, opina lo siguiente:

“Los informes escritos deben ser consignados en el quincuagésimo día después de fenecido el lapso probatorio, según reza la norma. Huye, sin embargo, la intención del legislador de toda restricción injustificada del ejercicio de la defensa (como se ve en el amplio plazo para contestar la demanda), y por ello deben reputarse también válidos los informes que se consignen dentro de esos quince días, o sea, durante su decurso (cfr comentario al Art. 514).

Esta reforma legislativa pretende a su vez pasar automáticamente, sin necesidad de fijación por auto, de la fase probatoria a los informes, y después de éstos a la sentencia. El juez no tendría que fijar oportunidad para los informes, pues se entiende que éstos tienen lugar, como dice este artículo 511, en el decimoquinto día siguiente al vencimiento del lapso probatorio” (HENRIQUEZ LA ROCHE, Ricardo: “Código de Procedimiento Civil Tomo IV”, editado por el Centro de Estudios Jurídicos del Zulia, Caracas 1998. p.12).

De lo anterior, se desprende que la recurrida se ajustó a derecho al considerar que el tribunal de la causa del juicio por cobro de bolívares no actuó fuera de su competencia cuando dictó sentencia, luego de que le fuera notificada a las partes la continuación de la causa, la cual estaba en etapa probatoria, es decir que vencido dicho lapso, comenzó a transcurrir el ope legis lapso de quince días para la consignación de los informes, sin necesidad de auto expreso que hiciera el llamado a los mismos.

Por tanto, carece de veracidad lo denunciado por la demandante de que se alteró el proceso y se omitió una fase relevante de éste, así como también, lo alegado en la apelación, acerca de que es falso que las partes debieron haber consignado los informes sin previa fijación, pues, la Sala constató que lo que ocurrió fue que la quejosa no se valió de la oportunidad procesalmente establecida en la ley para la consignación de los informes. Así se decide.

SCC 13-04-94.

Ponencia del Magistrado Alirio Abreu Burelli. HILADOS FLEXILON S.A. vs. ARGELIO DE SIRIO GENTILES Y OTRO. (P.T.)

"Establece el artículo 511 del Código de Procedimiento Civil que, de no haberse pedido la constitución del Tribunal con asociados en el término establecido por ello,

"Los informes de las partes se presentarán en el décimoquinto día siguiente al vencimiento del lapso probatorio a cualquier hora de las fijadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192".

Pedida la elección de asociados, los informes de las partes se presentarán en el décimoquinto día siguiente a la constitución del Tribunal con asociados".

Al estar claramente establecida en la Ley la oportunidad para la presentación de los informes ante el Juez de la causa, no puede considerarse que la especificación por el Juez de dicha oportunidad, constituya una formalidad esencial a la validez del acto, y por mandato del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, la nulidad `no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad a su validez'.

Pudieron las partes presentar informes en la ocasión que la ley estipulaba para esa actividad, y si no hicieron uso de ese derecho, ello no constituye indefensión, pues es doctrina pacífica que ésta ocurre en el juicio cuando el Juez priva o limita a alguna de las partes el libre ejercicio de los medios y recursos que la ley pone a su alcance para hacer valer sus derechos, no cuando las partes omiten ejercerlos.

La decisión de esta Corte, citada por la alzada, se refiere a la obligación del Juez de dejar constancia en el expediente de la falta de informes de las partes, en la oportunidad en que éstos debieron ser presentados, tal determinación es necesaria por constituir punto de partida del cómputo del lapso para sentenciar, lo cual debe quedar claramente establecido, pues de ello dependerá el establecimiento de la oportunidad para interponer un eventual recurso contra la decisión."

Artículo 512

Las partes presentarán sus informes por escrito, los cuales se agregarán a los autos. Sin embargo el Juez, a petición de parte podrá fijar uno o varios días para que las partes lean dichos informes.

La falta de presentación de los informes, no producirá la interrupción de la causa y el Tribunal dictará su fallo en el plazo indicado en el artículo 515.

Artículo 513

Presentados los informes, cada parte podrá presentar al Tribunal sus observaciones escritas sobre los informes de la contraria, dentro de los ocho días siguientes, en cualquier hora de las fijadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192.

C:\Decisiones tsj\scc\2001-2\Julio\RC-0211-310701-00815.htm

SCC 31-7-01

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  00-815, dec. Nº 211:

Cómputo del lapso de observaciones y del lapso para decidir

La Sala, en auto de fecha 10 de febrero de 1988, caso Nelly Yolanda Peñaloza de Morantes contra Maximiliano Morantes Bello, interpretó el alcance del contenido del artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, y con ello, resolvió el problema de la presentación de los informes y de las observaciones, al expresar:

“...Con motivo del presente recurso de hecho, son dos las cuestiones de considerable importancia que ha de resolver esta Sala, con el objeto de unificar interpretaciones en torno al cómputo de los lapsos y términos establecidos en los artículos 516, 517, 518, 521 y 314 del novísimo Código de Procedimiento Civil, a los efectos de la oportunidad para el anuncio del recurso de casación. El criterio de la Sala que aquí se deja expuesto, por demás, es también aplicable a lo dispuesto, por ende, en los artículos 511, 512, 513, y 298 ejusdem, respecto de la oportunidad para el ejercicio del recurso de apelación.

El presente recurso de hecho, plantea dos de las materias en las cuales no parece haber unanimidad de criterios en los Tribunales de mérito.

1º La interpretación de si el cómputo del lapso de los ochos días establecido en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, empieza a correr paralelamente o no a los lapsos para sentenciar pautados en el artículo 521 ejusdem, a partir del término de la presentación de los informes. Trasciende el criterio que se adopte, por cuanto la oportunidad para el comienzo del lapso del anuncio del recurso de casación difiere, sea que se acoja una u otra solución.

2º Si el anuncio del recurso de casación, debe hacerse exclusivamente dentro del lapso establecido en el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil, o si, tal anuncio puede efectuarse después de publicada la sentencia, aun cuando no haya vencido el lapso del Tribunal para dictar sentencia, establecido en el artículo 521 ejusdem, o aun no vencido el lapso de único diferimiento por treinta días para la publicación de la sentencia previsto en el artículo 251 del referido texto legal.

IV

La sustanciación del procedimiento de segunda instancia al cual se refiere el capítulo II del Título II del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil vigente, aplicable a los juicios de divorcio como el caso de estudio, por la disposición del artículo 22 ejusdem, contiene importantes innovaciones en relación a la misma materia en la ley derogada.

Con efecto, de señalada importancia procesal constituyen las exigencias del artículo 516, especialmente en lo que atañe a la constancia de la Secretaría de la fecha del recibo del expediente en la alzada, porque con ellas queda fijado sin solución de continuidad la sustanciación del proceso ante la alzada hasta su culminación, y salvo el caso, claro está de que la sentencia no sea publicada ni dentro de los lapsos para hacerlo, ni dentro del plazo del único diferimiento que por causa excepcionales prevee la propia nueva ley procesal.

La fecha en referencia es el punto de partida para el cómputo del término para la presentación de los informes, en los casos a que se contraen los artículos 517 y 518 y trasciende, desde luego, al lapso de presentación de las observaciones a los informes del artículo 519, que corre cumplido el término referido.

La interpretación armónica de los artículos 519 y 521 del Código de Procedimiento Civil vigente, debe necesariamente hacerse partiendo, en consecuencia, de dos supuestos diferentes.

En el primer caso, cuando llegado el término para la presentación de los Informes y las partes no hacen uso de este derecho. En esta situación no habiendo informes, no hay observaciones que hacer a los mismos, por lo que no se abre el lapso de ocho días establecido en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, y el lapso para dictar sentencia establecido en el artículo 521 ejusdem, comienza a correr desde el día prefijado para la presentación de los informes, exclusive, por días calendario, de acuerdo con el artículo 197 del mismo Código.

En el otro caso, es decir, cuando las partes o una de ellas presenta sus informes en el término legal para ello, empieza a correr desde tal término, con exclusión de todo otro, el lapso de ocho días para las partes de formular sus observaciones a los informes que haya presentado la otra, y, es vencido este lapso, cuando deba empezar a computarse el pautado por el artículo 521 citado, para publicar la sentencia y no como formando parte este último. Este lapso se cuenta igualmente por días calendario, según la regla del artículo 197 del Código de Procedimiento Civil.

Esta interpretación de la ley, se fundamenta en lo siguiente:

1º Vencido el lapso de ocho días del artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, en los casos cuando haya habido presentación de informes de las partes o de una de ellas (Sic), es cuando procesalmente puede afirmarse que ha concluido la etapa de la presentación de los informes, porque las observaciones que hagan las partes o los que presenta la otra, ciertamente que forman parte de los informes mismos.

2º No puede pensarse que la causa estuviere en estado de sentencia, en el caso del aparte único del artículo 519 referido, cuando en tal caso, asiste a la parte contraria el derecho de tachar el documento público presentado, conforme lo dispone el artículo 440 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto en este caso de sustanciarse la tacha propuesta, como materia previa a la decisión misma.

3º Es ilógico pensar que la causa, en el lapso de los ocho días del artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra en estado de sentencia, cuando existe legalmente consagrado derecho de cada parte para hacer observaciones a los informes que presentare la otra, porque no cumpliría el juez el mandato de los artículos 12 y 15 ejusdem, si publicare su sentencia dentro de los ocho días del artículo 519, no sólo por dictar su decisión sin haber oído tales observaciones, sino además, por haber cercenado a las propias partes el derecho a la presentación de tales observaciones a los informes.

La propia exposición de Motivos que precedió al Proyecto del Código de Procedimiento Civil de 1975, al referirse a esta materia, expresó:

‘Se consideró más lógico y eficaz el sistema adoptado, porque le permite al Juez poder apreciar y estudiar suficientemente los informes de las partes, en los cuales cada interesado le presenta sus conclusiones sobre todo el mérito de la causa a la luz de los elementos probatorios recogidos en la fase anterior de instrucción, lo que en el sistema vigente no es prácticamente posible sin el diferimiento de la sentencia, por la brevedad del lapso para sentenciar después de los informes. Esto ha dado origen a la censurable práctica, de que los jueces preparan con anticipación, antes de oír los informes y conclusiones de las partes, el proyecto de sentencia, el cual se ven obligados a mantener sin modificación, después de los informes, por la brevedad del lapso para sentenciar...’ (Congreso de la República. Secretaría EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y PROYECTO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Imprenta del Congreso de la República. Caracas. Venezuela 1975. Págs. 44 y 45).

5º La circunstancia según la cual, es sólo después de cumplido el auto para mejor proveer previsto en el artículo 514 del Código de Procedimiento Civil, o pasado el término señalado para su cumplimiento, cuando comienza a correr el lapso para dictar sentencia al cual se refiere el artículo 515 ejusdem...”

[…]

‘...la regulación legal sobre la forma, estructura y secuencia obligatoria del proceso civil, es impositiva, es decir, obligatoria en su sentido absoluto, para las partes y para el juez, pues esa forma, esa estructura y esa secuencia que el legislador ha dispuesto en la ley procesal, son las que el Estado considera apropiadas y convenientes para la finalidad de satisfacer la necesidad de tutela jurisdiccional de los ciudadanos, que es uno de sus objetivos básicos...’ (Sentencia de la Sala de Casación Civil, de fecha 8 de julio de 1999). (Resaltado de la Sala).

Por otra parte, los principios relativos a la defensa de orden constitucional y el debido proceso, impone al juzgador dar aplicación a los principios procesales de saneamiento, relevancia o trascendencia, de nulidad esencial y el de Obligatoriedad de los Procedimientos Establecidos en la Ley, y como bien lo indica el procesalista, DEVIS ECHADIA,

‘...La ley nos señala cuáles son los procedimientos que se han de seguir para cada clase de proceso o para obtener determinadas declaraciones judiciales, sin que les sea permitido a los particulares, aún existiendo acuerdo entre todos los interesados en el caso, ni a las autoridades o a los jueces MODIFICARLOS O PRETERMITIR SUS TRÁMITES’ DEVIS ECHANDIA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Editorial ABC: Tomo I. Décima Edición. Pág. 39, Bogotá 1985) (Mayúsculas, negritas y subrayado de la Sala)

De acuerdo a la doctrina transcrita, los vicios procesales tienen diversos grados de gravedad; por lo cual el juez tiene que ponderar si los mismos conducen o no a una reposición inútil; y deberá considerar el carácter de orden público, de los supuestos o actos violentados, independientemente de la valoración subjetiva que se haga, respecto si la parte iba o no a actuar, toda vez que esos actos son aquéllos que enervan las oportunidades de defensa en los procesos de preclusión, y son los medios pertinentes para alegar y recurrir, en pro de la defensa de sus derechos e intereses.

En el caso de especie, la demandante presentó sus informes con fecha 3-6-98, con lo cual se abrió el lapso de ocho dias para que la contraria hiciera sus observaciones.- Pero es el caso, que el Tribunal sentenciador, dictó sentencia con fecha 9-6-98, cuando todavía no se había vencido el plazo para la presente acción de las observaciones a los informes, el cual una vez vencido, empezaría a correr el lapso de sesenta dias para sentenciar la causa (art. 521 del C. P. C.). A pesar de que la demandada hizo valer su derecho ante el Superior y planteó la reposición de la causa, ésta le fue negada, vulnerando de manera insubsanable el derecho a la defensa y el debido proceso.-

No cabe duda pues, que con su proceder el Tribunal Superior incurrió en el mismo error del Tribunal de la causa, vulnerando de esa manera el orden público, entendido éste, en criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 77, de fecha 9-3-2000, expediente Nº 00-0126, en la acción de Amparo Constitucional, propuesta por José Alberto Zamora Quevedo, como

“‘...el conjunto de condiciones fundamentales de la vida social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente la organización de ésta, no pueden ser alterados por voluntad de los individuos’.-(Diccionario Jurídico, Pág. 57). La ineficacia de esas condiciones fundamentales generaría el caos social...”.

En consecuencia, en criterio de la Sala, la recurrida infringió los artículos 15, por vulnerar el derecho de defensa y el debido proceso, el 206 por no procurar la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto de procedimiento, el 208 por no haber decretado la reposición de la causa al estado de presentación de las observaciones por la demandada, todos del Código de Procedimiento Civil. En relación con la denuncia de los artículos 513 y 515 eiusdem, la Sala la declara improcedente, pues ellos, se refieren al procedimiento y vistas en primera instancia.-

Por otra parte como efecto de la infracción delatada se produjo la del artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé el derecho cercenado a la demandada para hacer observaciones a los informes presentados por la contraria. En consecuencia, se declara con lugar las denuncias presentadas en esta parte de la formalización. Asi se decide.-

Artículo 514

Después de presentados los informes dentro del lapso perentorio de quince días, podrá el Tribunal, si lo juzgare procedente, dictar auto para mejor proveer, en el cual podrá acordar:

1° Hacer comparecer a cualquiera de los litigantes para interrogarlos sobre algún hecho importante del proceso que aparezca dudoso u obscuro.

2° La presentación de algún instrumento de cuya existencia haya algún dato en el proceso, y que se juzgue necesario.

3° Que se practique inspección judicial en alguna localidad, y se forme un croquis sobre los puntos que se determinen, o bien, que se tenga a la vista un proceso que exista en algún archivo público, y se ponga certificación de algunas actas, siempre que en el pleito de que se trate haya alguna circunstancia de tal proceso y tengan relación el uno con el otro.

4° Que se practique alguna experticia sobre los puntos que fije el Tribunal, o se amplíe o aclare la que existiere en autos.

En el auto para mejor proveer, se señalará término suficiente para cumplirlo. Contra este auto no se oirá recurso alguno; cumplido que sea, las partes podrán hacer al Tribunal, antes del fallo, las observaciones que crean pertinentes respecto de las actuaciones practicadas.

Los gastos que ocasionen estas actuaciones serán a cargo de las partes de por mitad, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas.

C:\Decisiones tsj\scc\2004-1\Abril\RC-00308-120404-01520.htm

SCC 12-4-04

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G.. Exp. Nº  01-520, dec. Nº 308:

Facultad para dictar auto para mejor proveer

De la anterior transcripción parcial de la sentencia se desprende que la recurrida dictó un auto para mejor proveer, con el fin de obtener conocimiento sobre el uso falso de un documento. Ante este requerimiento, el Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia remitió a la recurrida copia certificada del resultado de la experticia grafotécnica efectuada a la letra de cambio y del acto realizado en el mencionado Juzgado Penal, donde intervino el representante del Ministerio Público, a las que les dio pleno valor probatorio por tratarse de documentos públicos.

Los artículos 514 y 520 del Código de Procedimiento Civil, establecen en su orden, lo siguiente:

“...Después de presentados los informes dentro del lapso perentorio de quince días, podrá el Tribunal si lo juzgare procedente dictar auto para mejor proveer, en el cual podrá acordar:

La presentación de algún instrumento de cuya existencia haya algún dato en el proceso, y que se juzgue necesario...

En segunda instancia no se admitirán otras pruebas sino la de instrumentos públicos, la de posiciones y el juramento decisorio (...)

Podrá el Tribunal dictar auto para mejor proveer, dentro de los límites expresados en el artículo 514...”.(Negritas de la Sala)

El problema planteado versa sobre la coexistencia del principio dispositivo (el juez debe decidir de acuerdo a lo alegado y probado por las partes), y los poderes del Juez, específicamente, a su iniciativa probatoria en el proceso a través del auto para mejor proveer.

Sobre ese asunto, el tratadista Hugo Alsina sostiene lo siguiente:

“...a) La aplicación estricta de la regla según la cual el juez no debe proceder de oficio, reduciría su misión a confrontar los elementos de juicio aportados por las partes y, en consecuencia, su convicción estaría formada exclusivamente sobre la base del material que éstas hayan podido o hayan querido aportar o, lo que es peor, se vería obligado a pronunciarse sin haber llegado a la convicción. Con ello quedaría desnaturalizada la función judicial, cuyo verdadero contenido, o mejor dicho, el único que interesa a la sociedad, es que su sentencia sea, en lo posible, la expresión de la verdad o de lo que él cree verdadero. Debe entonces tener facultades para investigar por sí mismo, no en un sentido inquisitorial, sino en la medida necesaria para completar su información o aclarar alguna situación dudosa. De aquí que, como excepción a la regla antes mencionada, el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, autorice al juez, sea de primera o de segunda instancia, para ordenar de oficio algunas diligencias para mejor proveer, es decir, al solo efecto de que su pronunciamiento sea la expresión de su convicción personal.

b) Por lo común, esta materia se le relaciona con la prueba, dentro de cuya teoría general se la ubica ...” (Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Buenos Aires, Compañía Argentina de Editores, 1941, p. 444). (Negritas de la Sala)

El autor Devis Echandía, por su parte, expresa el siguiente criterio:

“... el proceso civil es un negocio particular y con un fin privado: la defensa de los intereses de los particulares. Pero hace más de cincuenta años que la doctrina universal archivó esa concepción privatista y la sustituyó por la publicista, que ve en el proceso civil el ejercicio de la jurisdicción del Estado, tan importante y de tan profundo interés público como en el proceso penal, e igualmente le señala un fin de interés público o general: la recta aplicación de la ley material y la administración de justicia para la paz y la tranquilidad sociales.

Refutado el viejo concepto privatista del proceso civil, caen por su base los argumentos de quienes desean mantener maniatado al juez ante el debate probatorio. Porque si hay un interés público en que el resultado del proceso civil sea justo y legal, el Estado debe dotar al juez de poderes para investigar la verdad de los hechos que las partes afirman en oposición, y nadie puede alegar un derecho a ocultar la verdad o a engañar al juez con pruebas aparentes u omisiones de otras; la imparcialidad del funcionario consiste en aplicar la ley al dictar sentencia, sin que en su criterio pesen otras razones que sus conocimientos jurídicos y las conclusiones a que llegue después del examen de los hechos y sus pruebas, y sin que la amistad o enemistad, el interés o el afecto, tuerzan o determinen sus decisiones. Por otra parte, si se concibe la jurisdicción como un deber del Estado frente al derecho de acción del particular y no solo como un derecho frente al deber de los particulares de someterse a ella es apenas obvio que se otorguen al juez los poderes suficientes para cumplir adecuadamente con tal deber.

Como lo observa muy bien Carnacini la disponibilidad del derecho material discutido en el proceso civil, nada tiene que ver con la disponibilidad de los medios probatorios para establecerlo; por lo cual, aun considerando que el proceso civil versa sobre cuestiones de interés privado y derecho de libre disposición de las partes (lo que no es cierto en muchos casos) y olvidándose de que tiene un objeto y un fin de claro interés público (la recta aplicación de la ley y el ejercicio de la jurisdicción del Estado a los litigios privados), no puede obtenerse de ello argumento alguno en contra de las facultades inquisitivas del juez para llevar al proceso la prueba de los hechos sobre los cuales debe versar su sentencia”. (Devis Echandia, Hernando. Estudios de Derecho Procesal. Bogota, Editorial ABC, Tomo II, 1980, pp. 451 y 452). (Negritas de la Sala).

La Sala comparte los anteriores criterios doctrinales y considera que el juez sí puede mediante un auto para mejor proveer recolectar pruebas, siempre y cuando su búsqueda se oriente a la obtención de elementos tendientes a llegar a la convicción de lo que ha sido alegado por las partes. (Ver Rodríguez U., José. Autoridad del Juez y Principio Dispositivo. Valencia, Universidad de Carabobo, Instituto de Derecho Privado y Comparado, 1968).

En efecto, sobre los autos para mejor proveer la exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil señala lo siguiente:

“... se mantiene la facultad para el Juez, de dictar autos para mejor proveer, (Art. 514) pero ahora, en una ocasión más propicia (después de presentados los informes y antes del fallo) que en el sistema vigente, pues el Juez tendrá todo el lapso de sesenta días, después de cumplido el auto para mejor proveer, para apreciar sus resultados y dictar el fallo con conocimiento de causa, sin que esta facultad se convierta, como ha venido ocurriendo en la práctica, en una ocasión más de dilación del proceso.

Una estructura semejante se sigue en el Capítulo II para el Procedimiento en Segunda Instancia.

(...)

Se mantiene en Segunda Instancia, la disposición vigente, según la cual, no se admiten en esta Instancia otras pruebas sino la de instrumentos públicos, posiciones juradas y juramento decisorio (Art. 520), lo que significa que en nuestro sistema, la segunda instancia no se realiza a instrucción cerrada, con los solos elementos de prueba recogidos en la primera instancia, pero sí con una nueva instrucción bastante limitada que excluye la prueba testimonial y las demás no contempladas expresamente en el Artículo 520. Sin embargo, admitida la facultad de dictarse el auto para mejor proveer en esta instancia, es obvio que está librada a la iniciativa del Juez y a su prudencia y justicia, requerir los elementos de prueba que pueden ser traídos al proceso mediante el auto para mejor proveer (Art. 514), lo que en definitiva es una facultad provechosa para la justicia...”. (Congreso de la República, Comisión Legislativa. Exposición de Motivos y Proyecto de Código de Procedimiento Civil. Caracas, Imprenta del Congreso de la República, Julio 1984, pp. 45 y 46). (Negritas de la Sala)

Sobre ese punto, Arminio Borjas considera lo siguiente:

“...I.- Los autos para mejor proveer, como su nombre lo indica, son decretos que dicta el Tribunal antes de pronunciar sentencia para esclarecer puntos dudosos que haya sido materia del debate judicial, y poder fallar con mejor conocimiento de causa. Dos de las disposiciones fundamentales de nuestro derecho procesal explican la razón de ser de estos autos, y limitan su objeto y alcance: las de los artículos 11 y 12 del Código de Procedimiento Civil, según las cuales los Jueces deben tener por norte de sus actos la verdad y han de procurar escudriñarla en los límites de su oficio, pero sin que puedan proceder en materia civil contenciosa sino a instancia de parte: no sacar elementos de convicción de fuera de los autos, ni suplir excepciones o argumentos de hechos no alegados ni probados. Si examinado el proceso para sentencia, hallaren puntos oscuros o ambiguos, no por falta de pruebas, sino porque las promovidas y evacuadas aparezcan incompletas por deficiencias de la sustanciación, y no puedan ser debidamente apreciadas, o por haber vacíos en la práctica de algunas diligencias, o por no tenerse a la vista actas o instrumentos de que los litigantes hayan hecho mención, sin exhibirlos, o por cualquiera otra causa que no constituya una omisión de pedimentos, de alegatos o de comprobación que hubiere correspondido hacer a alguna de las partes, los Jueces tendrán el deber de esclarecerlos, escudriñando la verdad, para lo cual, podrán dictar las providencias necesarias, con tal que no suplan con ello atribuciones exclusivas de las partes, ni invadan sus derechos, haciendo suya la causa.

(...)

Pueden ... los juzgadores acordar para mejor proveer que se traiga a la vista algún instrumento que consideren necesario, o algún proceso que exista en determinado archivo público y tenga relación con el pleito, para poner certificación de algunas de sus actas, siempre que de la existencia de aquél o de éste, haya dato o constancia en el juicio de que estén conociendo. No procederá dicha providencia si el funcionario judicial tuviere noticia del instrumento o del proceso, como simple particular, y no por constar de los autos. Ni bastará tampoco que la mención de ellos aparezca hecha ocasionalmente por quienes no sean partes en el juicio, como si algún testigo, v.g., los hubiese nombrado motu proprio en su declaración, o de ellos se tratase en las columnas del ejemplar de algún periódico agregado a los autos para comprobar cualquier publicación ordenada por el Tribunal. El Juez obraría en tales casos como parte que promueve nuevos medios probatorios, y no como magistrado que esclarece o utiliza las mismas probanzas de las partes. La constancia de los instrumentos o del proceso que el Juez pretende traer a los autos ha de haber sido llevado a ellos por los litigantes mismos, como si los aludiesen los títulos de que éstos se hubieren valido, o los hubieran citado de alguna manera, o presentado en copia parcial o incompleta...”. (Borjas, Arminio. Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano. Caracas, Imprenta Bolívar, Tomo IV, 1924, pp. 140, 141, 143 y 144). (Negritas de la Sala), (Cursivas del autor).

Román J. Duque Corredor, por su parte, expresa el siguiente criterio en relación con el punto:

“...el ... Código de Procedimiento Civil no eliminó la facultad del Juez de dictar autos para mejor proveer como un complemento de la actividad probatoria de las partes, así como tampoco su carácter discrecional y la inapelabilidad de tales autos.

(...)

Según la norma en comentarios, el Juez es quien determina la conveniencia de completar la actividad probatoria de las partes con las diligencias de oficio de prueba del auto para mejor proveer. En consecuencia y en primer lugar, es su prudente arbitrio el que determinará si es necesario realizar o no algunas de aquellas diligencias, tal como lo previene el artículo 23 del Código vigente. No obstante, como también lo ordena éste texto, cuando se autoriza a los jueces a obrar conforme a su prudente arbitrio, deben hacerlo <<en obsequio de la justicia y de la imparcialidad>>, porque el complemento del material probatorio, más que una facultad es un deber, debido a que <<los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio>> de acuerdo a lo que consagra el artículo 12 eiusdem ... si se admite que ejercer la función jurisdiccional es administrar justicia y que los tribunales deben administrarla a plenitud y eficazmente ... entonces, el dictar autos para mejor proveer será cada vez más un deber de los jueces que una facultad.

(...)

... Dentro de las diligencias que puede acordar el Juez están las siguientes (artículo 514):

(...)

... La presentación de algún documento

Trátase de la derogación de la prohibición de promover pruebas documentales fuera del lapso legal. Además esta diligencia probatoria no está restringida a ningún tipo de documento, por cuya razón puede versar incluso sobre un instrumento privado del que haya en autos, al menos, presunción grave de que se halla en manos de alguna de las partes. El juez puede combinar esta prueba documental con el interrogatorio libre, es decir, que puede interrogar a la parte sobre el contenido del documento, y, además, requerir la presentación del instrumento. De la actitud de la parte y en concreto de su negativa a presentar el documento, el Juez puede, por la vía de indicios, sacar deducciones.

Para realizar esta diligencia probatoria, es requisito indispensable que en el proceso conste algún dato relativo a la existencia del instrumento y que el Juez lo juzgue necesario. Incluso este documento puede estar en manos de terceros...”. (Duque Corredor, Roman J. Apuntaciones sobre el Procedimiento Civil Ordinario. Caracas, Ediciones Fundación Projusticia, Colección Manuales de Derecho, 2° Edición, 2000, pp. 385 y 387). (Negritas de la Sala), (Cursivas del autor).

Asimismo, Arístides Rengel Romberg sostiene:

“...Esta facultad del juez para mejor proveer, ha sido instituida con el único fin de que el magistrado pueda completar su ilustración y conocimiento sobre los hechos, como antecedente necesario de su sentencia, permitiéndosele despejar cualquier duda o insuficiencia que le impida formarse una clara convicción de los hechos de la causa, y no debe interpretarse como excluyente de la actividad de las partes o derogatoria del principio dispositivo, en cuanto a la aportación del material de conocimiento, pues son las partes, en principio, las interesadas y las gravadas con la carga de las alegaciones y prueba de los hechos fundamentales de la demanda o de la excepción, como se ve claramente de la disposición del Art. 514 del Código de Procedimiento Civil, que consagra la facultad de dictar autos para mejor proveer, que en todos los casos hace referencia a hechos del proceso que aparezcan obscuros o instrumentos de cuya existencia haya algún dato en el proceso, o de experticia para aclarar o ampliar la que existiere en autos” (Rengel Romberg, A. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987. I. Teoría General del Proceso. Caracas, Editorial Arte, Cuarta edición, 1994, p. 293). (Negritas de la Sala)

Por último, el autor Ricardo Henríquez La Roche dice:

“...cualquier otro instrumento pertinente a la litis puede el juez ordenarlo a compulsar, si hay dato del mismo (cfr ord. 2°), aunque dicho dato no surja de la demanda ni haya sido compulsado el documento por el litigante a quien correspondía la carga probatoria. El ordinal 2° de este artículo señala que el juez puede ordenar <<la presentación de algún instrumento de cuya existencia haya algún dato en el proceso, y que se juzgue necesario>>. Ante tal permisión legal, el juez debe optar por el esclarecimiento de la verdad ...” (Henríquez La Roche, Ricardo. Código de Procedimiento Civil. Caracas, Centro de Estudios Jurídicos del Zulia, Tomo IV, 1997, p. 24). (Negritas de la Sala)

La Sala acoge los criterios doctrinales precedentemente citados y reitera que los autos para mejor proveer son providencias que el sentenciador puede dictar de oficio en ejercicio de las facultades discrecionales que la Ley le otorga, para esclarecer, verificar o ampliar, por si mismo, determinados puntos, ya constante en los autos, cuando a su juicio ello sea necesario para formarse mejor su convicción y poder decidir con justicia e imparcialidad (Ver Sent. 27 de febrero de 1980, caso: Carmelo Alonso y otro contra Auto Suplí S.A.).

En otras palabras, el Juez puede, si lo juzga procedente, dictar un auto para mejor proveer, en el cual podrá acordar, entre otras medidas, la presentación de algún instrumento de cuya existencia haya algún dato en el proceso y que juzgue necesario, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, sin extremar o excederse de los límites que le impone dicha norma.

 

Artículo 515

Presentados los informes, o cumplido que sea el auto para mejor proveer, o pasado el término señalado para su cumplimiento, el Tribunal dictará su fallo dentro de los sesenta días siguientes. Este término se dejará transcurrir íntegramente a los efectos de la apelación.

Los Jueces procurarán sentenciar las causas en el orden de su antigüedad.

SCC 24-1-02

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  00-536, dec. Nº 36:

Nuevo juez debe notificar a las parte y se inicia el lapso para sentenciar

Según consta de la actas del expediente, luego de vencido el plazo para dictar sentencia, se incorporó al proceso un nuevo juez, el cual decidió la controversia, sin notificar previamente a las partes de su avocamiento. Sobre este particular, la Sala reitera su doctrina establecida, entre otros, en sentencia de fecha 23 de octubre de 1996, caso: Promociones y Desarrollo Inmediato De Capital privado, S.R.L. c/ Inmobiliaria Tercasa, S.A., en la cual dejó sentado el siguiente criterio:

“...1. En todo caso de incorporación de un juez distinto al que recibió los informes, siempre que las partes estén a derecho, es decir, mientras el lapso para sentenciar o su prórroga no esté vencido, el sentenciador debe dejar transcurrir los tres días de despacho previstos en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de salvaguardar el derecho que tienen las partes de recusar al nuevo juez o secretario. De no respetar este lapso, estaría violando el mencionado artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, a través del menoscabo del derecho de defensa. Si es el caso que las partes no están a derecho, por efecto del vencimiento del lapso para sentenciar o su prórroga, el nuevo juez que se incorporó para decidir la causa deberá notificar a las partes de la continuación del procedimiento, de conformidad a los artículos 14 y 233 del Código de Procedimiento Civil, por encontrarse éste paralizado. El plazo de la reanudación, que no podrá ser menor de diez días continuos, debe ser necesariamente sucedido por el lapso de tres días previstos por el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, antes indicado...3. La notificación de la continuación de la causa, con el juez incorporado con posterioridad a la presentación de los informes, ocasiona la reapertura del lapso para sentenciar y su prorroga, de tal manera que el nuevo sentenciador dispondrá del mismo plazo que su predecesor para emitir el fallo, o dictar autos para mejor proveer, si lo estima necesario. Por ende, una vez verificada la notificación y la reanudación de la causa paralizada, se abrirá el lapso de sesenta días previstos en el artículos 515 del Código de Procedimiento Civil, pudiéndose prorrogar por treinta días, de acuerdo al artículo 251 eiusdem. De esta forma, se deja clara la oportunidad para dictar el fallo, y la apertura del lapso para impugnar la sentencia que se dicte...”

En igual sentido, la Sala se pronunció en decisión de fecha 5 de agosto de 1997, caso: José Rafael Suniaga c/ C.V.G. Siderúrgica del Orinoco, C.A., en los términos siguientes:

“...La incorporación de un nuevo juez y conocimiento y decisión de un expediente en curso, tal como lo tiene establecido la jurisprudencia de esta Máximo Tribunal, debe estar revestida de ciertos requerimientos formales, dirigidos a salvaguardar el derecho a la defensa que asiste a las partes en todo grado e instancia del proceso.

En particular, nuestra normativa procesal ha previsto mecanismos, como la recusación, que permiten a las partes proponer la separación del juez natural o accidental del conocimiento de una causa, por motivos que ponen en duda su imparcialidad, y que están determinados en nuestro Código de Procedimiento Civil.

Evidentemente, es expresión manifiesta del derecho a la defensa la oportunidad otorgada para recusar a un nuevo juez o funcionario judicial, que contempla el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

Esta norma, por ser desarrollo del principio constitucional establecido en el artículo 68 de la Constitución Nacional, es de estricto orden público, sin posibilidad de relajamiento por la conducta del juez, o de las partes.

En el presente caso, la Sala observa que se ha infringido flagrantemente el derecho a la defensa de ambas partes, al ser emitida sentencia en primera instancia, sin que se haya dejado correr el lapso para recusar el nuevo juez que se incorporó y sentenció la causa como accidental. En consecuencia, resulta clara la violación del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil en el presente caso, situación que no fue corregida por el sentenciador de alzada, que violó por ende el artículo 208 ejusdem, pues debiendo hacerlo, no repuso la causa al estado de que se subsane el vicio que afecta el orden público”.

En aplicación de las doctrinas trascritas, la Sala concluye que por haberse incorporado en el proceso un nuevo juez para decidir la controversia, luego de vencido el plazo para sentenciar, las partes debían ser notificadas, por disposición de los artículos 14 y 233 del Código de Procedimiento Civil, en garantía de su derecho de recusación, previsto en el artículo 90 del mismo Código. Esta formalidad procesal fue omitida por el nuevo juez que dictó sentencia de primera instancia, y el juez de alzada no repuso la causa al estado de que fuese cumplida la referida notificación, ello en desacato del mandato contenido en el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, y en clara lesión del derecho de defensa de las partes.

CAPÍTULO II.

Del procedimiento en Segunda Instancia

Artículo 516

Al llegar los autos en apelación, el Secretario del Tribunal pondrá constancia de la fecha de recibo y del número de folios y piezas que contenga y dará cuenta al Juez o Presidente.

C:\Decisiones TSJ\scc\2004-1\Febrero\RC-00117-250204-01265 .htm

SCC 25-2-04

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 01-265, dec. Nº 117:

Corresponde al Tribunal el recibo del expediente, por tanto la parte no tenía que impulsar el proceso

Para declarar la perención no sólo es necesario verificar el simple transcurso del tiempo, sino también es relevante analizar en cabeza de quien estaba el impulso del proceso, si de las partes o del Tribunal.

En el caso bajo estudio la paralización por más de un año ocurrió, como se desprende de los términos de la recurrida, una vez que el Tribunal Superior Distribuidor asignó el expediente al Tribunal competente y remitió los autos. En este estado, lo que correspondía era la obligación en cabeza del Tribunal de alzada de estampar la constancia de recibo del expediente a los efectos de que comenzaran a computarse el término para presentar los informes y seguir con el procedimiento en segunda instancia establecido en los artículos 516 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, establece el artículo 516 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

“Al llegar los autos en apelación, el Secretario del Tribunal pondrá constancia de la fecha de recibo y del número de folios y piezas que contenga y dará cuenta al Juez o Presidente”.

De conformidad con los términos de la precitada norma, corresponde al Secretario del Tribunal poner constancia de la fecha de recibo del expediente, además por aplicación de la disposición general del artículo 14 del mismo Código, el Juez es el director del proceso, y debe impulsarlo de oficio. Si el Tribunal no cumple con sus deberes con diligencia suficiente, no puede ser sancionada la parte, por no ser la culpable del retardo y por no estar prevista tal sanción en ningún texto legal.

En consecuencia, el tiempo trascurrido en el Tribunal de Alzada no generó la sanción de perención establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo cual implica que el sentenciador de la recurrida no infringió por errónea interpretación la mencionada norma. Asi se decide.

Artículo 517

Si no se hubiere pedido la constitución del Tribunal con asociados en el término indicado en el artículo 118, los informes de las partes se presentarán en el vigésimo día siguiente al recibo de los autos si la sentencia fuere definitiva y en el décimo día si fuere interlocutoria.

Las partes presentarán sus informes por escrito, en cualquier hora de las fijadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192.

SCC 10-8-00

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  99-340, dec. Nº 301:

Incorporación de un nuevo juez y acto de informes

A mayor abundamiento y con la finalidad de fundamentar mas aun lo ya expresado, esta Sala se permite transcribir criterio reiterado en sentencia de fecha 17 de noviembre de 1999 al respecto, a través del cual, señaló:

“…’En consecuencia del 23 de octubre de 1996, se amplió y aclaró el criterio que hasta entonces había sostenido la sala, en relación a la notificación a las partes por la incorporación de un nuevo juez para el conocimiento de una causa, al respecto se estableció:

En la presente oportunidad, la Sala estima necesario ampliar y aclarar la doctrina contenida en el referido fallo del 9 de agosto de 1995, y al respecto observa lo siguiente:

1) En todo caso de incorporación de un juez distinto al que recibió los informes, siempre que las partes estén a derecho, es decir, mientras el lapso para sentenciar o su prorroga no esté vencido, el sentenciador debe dejar transcurrir los tres días de despacho previstos en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de salvaguardar el derecho que tienen las partes de recusar al nuevo juez o secretario. De no respetar este lapso, estaría violando el mencionado artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, vicio evidentemente censurable en casación, a través del menoscabo del derecho a la defensa….’”

En el caso en particular, el acto complejo de los informes tuvo su inicio con la presentación de los mismos, las cuales  fueron ordenadas agregar bajo la rectoría del juez  Mario Meléndez G.(folio 358), luego, dentro de los 8 dias siguientes, conforme ya se dijo, el juez en función temporal, abogado  Miguel Adolfo Anzola Crespo, quien profirió el fallo, recibió y ordenó agregar, el escrito consignado por la demandante, correspondiente a las observaciones sobre los informes presentados por la demandada (vto. del folio 377), con esta evidencia procesal, sin lugar a dudas se infiere, y asi se determina, que el lapso para sentenciar no se había iniciado para el momento en el cual, el referido juez, se avocó al conocimiento de esta causa, éllo en atención a la sustanciación del complejo acto de informes, de forma tal que la sentencia se publicó dentro del lapso de los sesenta días  previsto para éllo, siendo evidente que a la fecha de la publicación del fallo recurrido, había transcurrido con creces el lapso de tres días para ejercer el derecho de recusación; por otra parte en cuanto a los alegatos sobre la violación de  la Ley de Juramento y la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para el momento, la primera establece una acto solemne, en el juramento el cual se hará “... ante el juez o el tribunal que lo haya convocado...”, en tanto que la segunda sólo exige, para los jueces accidentales que su constitución se haga constar al Libro Diario del Tribunal, sin señalar la forma y momento cuando su avocamiento debe constar al expediente, esta situación si bien puede imposibilitar el conocimiento de las partes, ha encontrado en la doctrina, que hoy se aplica, un medio para evitar se menoscabe el derecho a la defensa a las partes, de no poder ejercer el recurso procesal de recusar..

En el sub iudice, amén de lo ya considerado, no está demostrado en autos que el juez, incorporado temporalmente, no se haya juramentado; con tales antecedentes procesales y reiterando el criterio transcrito, es insoslayable concluir que la denuncia al respecto es improcedente, en consecuencia no existe la violación de los artículos 7, 14, 15, 90, 104, 118, 206, 212, 233, 514 y 524 del Código de procedimiento Civil, el 68 y 69 de la Constitución de 19961, y el 7 y 30  de la Ley de juramento y  Ley Orgánica del Poder judicial del momento, respectivamente. Así se establece.  

C:\Decisiones TSJ\scc\2001-2\Diciembre\RH-0120-041201-01721.htm

SCC 4-12-01

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 01-721, dec. Nº 120:

Fijación de 20 días para los informes en sentencia interlocutoria no lesionó el derecho de defensa

De los alegatos antes transcritos esta Sala considera, que si bien  es cierto, que la naturaleza procesal de la sentencia que declara la perención es una sentencia interlocutoria, también es cierto, que el procedimiento seguido en segunda instancia, se llevó a cabo como  una sentencia definitiva, ya que la sentencia apelada impidió la continuación del Juicio.

De tal manera que, recibidas las actuaciones por el Juzgado Superior, éste fijó el acto de informes para el vigésimo día de despacho siguiente de recibida las actuaciones, según se evidencia del auto de fecha 22 de febrero de 2001, que corre inserto al folio 134 de los que integran este expediente; compareciendo en su debida oportunidad legal el demandado con el objeto de presentar informes.

En este sentido, el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil, prevé que si la sentencia a dictar es definitiva, la oportunidad para los informes es el vigésimo día siguiente de recibidos los autos, y si lo es una interlocutoria, la oportunidad de los informes lo será al décimo día.

Siguiendo esta corriente, el lapso para sentencia se acordó en sesenta días, conforme al artículo 521 eiusdem, entendiendo que la tramitación del asunto desde el recibo del expediente por el tribunal de Alzada, fue el de una sentencia definitiva.

Tal situación fue conocida por las partes, ya que ellas se encontraban a derecho y los precedentes hechos procesales narrados constan de autos. Asimismo, observa esta Sala que con la interposición del presente recurso de hecho es que se alega, por primera vez, la supuesta confusión en la naturaleza del fallo recurrido y la sustanciación en cuanto a los lapsos, en la segunda instancia.

De la revisión íntegra de las actas no se encuentra que el hoy recurrente haya objetado esta situación previamente, cuestión lógica, pues lejos de estar causándosele violación al derecho de defensa con la supuesta subversión procesal denunciada, a las partes, en especial a la hoy reclamante, se les extendieron los lapsos procesales, no evidenciándose que tal situación haya imposibilitado la presentación de los informes.

Igualmente, dictada la sentencia dentro de los sesenta días conforme al artículo 521 de la Ley Adjetiva Civil, el demandante recurrió en casación por medio de diligencia de fecha 17 de julio de 2001, sin que objetara ni denunciara la supuesta subversión de los lapsos en la tramitación del presente asunto ante la Alzada.

En consecuencia, esta Sala considera  improcedente lo alegado por el recurrente, ya que al haber conocido desde la llegada del expediente a la Alzada que la causa se tramitaría como sentencia definitiva, se mantuvo la seguridad jurídica entre las partes, quienes conocían la forma, estructura y secuencia del proceso en Alzada.

Artículo 518

Pedida la elección de asociados, se elegirán éstos como se indica en el artículo 118 y siguientes, pero el término a que se refiere el artículo anterior para la presentación de los informes de las partes comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que haya quedado constituido el Tribunal con asociados.

SCC 30-5-02

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 01-633, dec. Nº 265:

Solicitud extemporánea de constitución con asociados

En el presente caso, la Sala considera necesario hacer un recuento de algunas actuaciones ocurridas en segunda instancia:

En fecha 8 de marzo de 2000 el abogado Saúl Bravo Romero, en su condición de Juez Provisorio, se inhibió de conocer de la causa (folio 81). El día 11 de abril de 2000 el abogado Francisco Armando Duarte Araque, en su carácter de Primer Suplente del mencionado Juzgado Superior, se excusó de conocer de la inhibición del mencionado Juez Provisorio. Lo mismo hizo el conjuez de dicho tribunal, abogado Plutarco Pérez el día 28 de abril de 2000.

Luego de sucesivas excusas de otros conjueces del Juzgado Superior, la tercera Conjuez Mina Avendaño Serres aceptó conocer de la inhibición el día 8 de junio de 2000 y la declaró con lugar por auto de fecha 8 de junio de 2000. En auto de 12 de junio de 2000 la citada Conjuez “fija el vigésimo día de despacho siguiente al de hoy, para que las partes presenten sus informes” (folio 102); y el 15 de junio de 2000 el abogado Rubén Darío Morante Hernández, en representación de la sociedad mercantil Centro Médico Los Teques S.R.L., parte demandada en el presente juicio, expuso “De conformidad con lo previsto en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, solicito que este Tribunal Accidental, para dictar sentencia se constituya en asociados” (folio 106).

Al respecto, establece el Código de Procedimiento Civil:

“Artículo 118. Toda parte tiene derecho a que en todas las Instancias de los juicios cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales de Primera Instancia, el Tribunal de la causa se constituya con asociados, para dictar la sentencia definitiva. Al efecto, podrá cualquiera de las partes pedir dentro de los cinco días siguientes a la conclusión del lapso probatorio en el Tribunal de la causa, o la llegada del expediente en el Tribunal Superior, que se elijan dos asociados para que, unidos al Juez o a la Corte, formen el Tribunal”. (Subrayado de la Sala).

“Artículo 93. Ni la recusación ni la inhibición detendrán el curso de la causa, cuyo conocimiento pasará inmediatamente mientras se decide la incidencia, a otro Tribunal de la misma categoría, si lo hubiere en la localidad, y en defecto de éste, a quien deba suplirlo conforme a la Ley. Si la recusación o la inhibición fuere declarada con lugar, el sustituto continuará conociendo del proceso, y en caso contrario, pasará los autos al inhibido o recusado”.

En el presente caso, el expediente fue recibido en el Juzgado Superior el día 1º de marzo de 2000, debiendo el demandado tal como lo establece la ley, solicitar la constitución del tribunal con asociados dentro de los cinco días siguientes a la llegada del expediente a dicho tribunal, en vez de hacerlo el 15 de junio de 2000, puesto que el mencionado lapso se encontraba corriendo por haberse basado los autos a otro tribunal de la misma categoría de conformidad con el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, la inhibición del Juez Superior Provisorio Saúl Bravo Romero y las sucesivas excusas presentadas por los suplentes y conjueces para conocer de la inhibición planteada, no detuvieron el curso de la causa, por lo que la constitución del Tribunal con asociados debió solicitarse dentro del lapso de los 5 días que establece el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil.

Para que se configure la violación al derecho de defensa, se requiere que el Juez haya quebrantado una forma procesal que impida o disminuya las posibilidades de alguna de las partes para ejercer los recursos que la ley le otorga para defenderse en el juicio.

En el caso bajo estudio, la demandada ejerció su derecho de solicitar la constitución del Tribunal con asociados, pero extemporáneamente, razón por la cual el Juez no impidió ni le disminuyó la posibilidad de hacerlo y, por tanto, la recurrida no violó el derecho de defensa como fue denunciado.

Artículo 519

Presentados los informes, cada parte podrá presentar al Tribunal sus observaciones escritas sobre los informes de la contraria, dentro de los ocho días siguientes, en cualquier hora de las fijadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192.

Si una de las partes acompañare con sus informes algún documento público, la contraria podrá hacer las observaciones pertinentes sobre el mismo en el plazo indicado en este artículo, sin perjuicio de su derecho de tachar el documento conforme al artículo 440 de este Código.

C:\Decisiones tsj\scc\2002-1\Enero\RH-0004-290102-01294.htm

SCC 29-1-02

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  01-294, dec. Nº 04:

Diferente cómputo de acuerdo con la presentación de informes

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, luego de presentados los informes, cada parte puede presentar al Tribunal las observaciones sobre los informes de la contraria dentro de los ocho días siguientes, y luego de vencido este plazo, el juez debe dictar su fallo dentro de los treinta días siguientes si fuere interlocutorio, o sesenta si fuere definitivo, en aplicación del artículo 521 del Código de Procedimiento Civil. Si bien esta última norma señala que el lapso para sentenciar comienza a transcurrir luego de presentados los informes, la Sala mediante sentencia Nº 204 de fecha 27 de junio de 1990, caso Oscar Rincón Briceño contra Castello Onorato Ingenito y otros expediente 89-310, precisó su correcto contenido y alcance, en los términos siguientes:

“...La interpretación armónica de los artículos 529 y 521 del Código de Procedimiento Civil vigente, debe necesariamente partir de dos supuestos diferentes:

“En el primer caso, cuando llegado el término para la presentación de los informes y las partes no hacen uso de este derecho. En esta situación, no habiendo informes, no hay observaciones que hacer a los mismos, por lo que no se abre el lapso de ocho días establecido en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, y el lapso para dictar sentencia establecido en el artículo 521 eiusdem, comienza a correr desde el día prefijado para al presentación de los informes, exclusive, por días calendario, de acuerdo al artículo 197 del mismo Código”.

“En el otro caso, es decir, cuando las partes o una de ellas presenta sus informes en el término legal para ello, empieza a correr desde tal término, con exclusión de todo otro, el lapso de ocho días para las partes de formular sus observaciones a los informes que haya presentado la otra, y, es vencido este lapso cuando debe empezar a computarse el pautado por el artículo 521 citado, para publicar la sentencia y no como formando parte de este último. Este lapso se cuenta igualmente por días calendario según la regla del artículo 197 del Código de Procedimiento Civil.

Esta interpretación de la ley se fundamenta en lo siguiente:

1º. Vencido el lapso de ocho días del artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, en los casos que haya habido presentación de informes de las partes, o de una de ellas, es cuando procesalmente puede afirmarse que ha concluido la etapa de la presentación de los informes, porque las observaciones que hagan las partes o las que presente la otra, ciertamente forman parte de los informes mismos.

2º. No puede pensarse que la causa estuviera en estado de sentencia en el caso del aparte único del artículo 519 referido cuando en tal caso, asiste a la parte contraria la parte de tachar el documento público presentado, conforme lo dispone el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto en este caso ha de sustanciarse la tacha propuesta, como materia de la decisión misma.

3º. Es ilógico pensar que la causa en el lapso de los ocho días del artículo 519 del Código de Procedimiento Civil se encuentra en estado de sentencia, cuando existe legalmente consagrado el derecho de cada parte para hacer observaciones a los informes que presentare la otra, porque no cumpliría el juez el mandato de los artículos 12 y 15 eiusdem, si publicare su sentencia dentro de los ocho días del artículo 519, no sólo por dictar su decisión sin haber oído tales observaciones, sino además, por haber cercenado a las propias partes el derecho a la presentación de tales observaciones a los informes”. (Resaltado de la Sala)

La Sala reitera este precedente jurisprudencial y establece que presentados los informes, se debe dejar transcurrir íntegramente el lapso de ocho días para que las partes puedan formular sus observaciones, y luego de su vencimiento, comenzará a transcurrir el plazo para sentenciar, todo lo cual permite concluir que al haber sido dictada la decisión recurrida dentro del lapso para presentar observación a los informes, la misma resulta extemporánea por anticipada.

C:\Decisiones tsj\scc\2000-2\Julio\223-130700-RC99787 .htm

SCC 13-7-00

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  99-787, dec. Nº 223:

La Alzada vulneró el derecho a presentar observaciones

En tal sentido, observa la Sala, que efectivamente, como bien alegó el formalizante, el tribunal de alzada en el día inmediato siguiente al de la presentación de los informes por la parte demandada, procedió a dictar un auto donde declaró que la causa entraba en estado de sentencia, y con tal proceder vulneró el derecho de la parte actora en el proceso para presentar sus observaciones al respecto, ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, anteriormente transcrito, lo que conllevó a que el derecho de defensa de la parte actora en el presente juicio resultara vulnerado e infringido el contenido de los artículos 12, 15, 206. 207, 211 y 212 eiusdem.

Por lo tanto, comprobada como ha sido la infracción denunciada y habiendo, además, el recurrente precisado de forma exacta y concisa los particulares referidos al quebrantamiento de las normas que originaron la violación del derecho a la defensa de su representada, planteando correctamente, la delación del artículo 207 del Código de Procedimiento Civil, por estimar que el vicio que motiva la reposición de la causa ocurrió en el tribunal de alzada, la Sala considera procedente la presente denuncia, y así se declara.

Artículo 520

En segunda instancia no se admitirán otras pruebas sino la de instrumentos públicos, la de posiciones y el juramento decisorio.

Los primeros podrán producirse hasta los informes, si no fueren de los que deban acompañarse con la demanda; las posiciones y el juramento podrán evacuarse hasta los informes, siempre que se solicite dentro de los cinco días siguientes a la llegada de los autos al Tribunal.

Podrá el Tribunal dictar auto para mejor proveer, dentro de los límites expresados en el artículo 514.

SCC 2-11-01

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 00-801, dec. Nº 347:

El artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, textualmente establece:

“En segunda instancia no se admitirán otras pruebas sino la de instrumentos públicos, la de posiciones y el juramento decisorio.

Los primeros podrán producirse hasta los informes, si no fueren de los que deban acompañarse con la demanda; las posiciones y el juramento podrán evacuarse hasta los informes, siempre que se solicite dentro de los cinco días siguientes a la llegada de los autos al Tribunal.

Podrá el Tribunal dictar un auto para mejor proveer, dentro de los límites expresados en el artículo 514”.

Ahora bien, en reiteradas decisiones, esta Sala ha sostenido que el libelo de demanda debe considerarse como un documento privado, carácter que mantiene, no obstante, su presentación ante el tribunal, lo cual, eso sí, le otorga fecha cierta (artículo 1.369 del Código Civil), al tomar razón de él un funcionario en actuación de gestiones específicas.

Ha sostenido igualmente, que la copia certificada del libelo autorizada por el Juez, y posteriormente registrada, tampoco lo convierte en documento público, porque solamente tiene tal carácter, los que nacen o se forjan desde su origen con esa naturaleza (artículo 1.357 del Código Civil).

Lo anteriormente expuesto concatenado con el contenido del artículo 520, precedentemente transcrito, permite concluir respecto a la improcedencia de la valoración otorgada por el tribunal de la recurrida a la copia certificada que de un libelo de demanda por simulación, consignó la parte demandada ante el Tribunal de Alzada, proceder con el cual infringió por falta de aplicación, el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, contentivo de una norma jurídica expresa para el establecimiento de los medios de pruebas en segunda instancia; mas aún cuando de conformidad con lo dispuesto por el artículo 434 eiusdem, el demandado sólo puede consignar este tipo de instrumentos, es decir, de naturaleza privada, dentro de los 15 días del lapso de promoción de pruebas, a menos que anuncie en dicha oportunidad el lugar donde deben compulsarse, pues de lo contrario no se le admitirían posteriormente.

SCC 12-4-04

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 01-520, dec. Nº 308:

La Sala acoge los criterios doctrinales precedentemente citados y reitera que los autos para mejor proveer son providencias que el sentenciador puede dictar de oficio en ejercicio de las facultades discrecionales que la Ley le otorga, para esclarecer, verificar o ampliar, por si mismo, determinados puntos, ya constante en los autos, cuando a su juicio ello sea necesario para formarse mejor su convicción y poder decidir con justicia e imparcialidad (Ver Sent. 27 de febrero de 1980, caso: Carmelo Alonso y otro contra Auto Suplí S.A.).

En otras palabras, el Juez puede, si lo juzga procedente, dictar un auto para mejor proveer, en el cual podrá acordar, entre otras medidas, la presentación de algún instrumento de cuya existencia haya algún dato en el proceso y que juzgue necesario, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, sin extremar o excederse de los límites que le impone dicha norma.

Artículo 521

Presentados los informes o cumplido que sea el auto para mejor proveer o pasado el término señalado para su cumplimiento, el Tribunal dictará su fallo dentro de los treinta días siguientes si la sentencia fuere interlocutoria y sesenta si fuere definitiva.

Este término se dejará transcurrir íntegramente a los efectos del anuncio del recurso de casación.

SCC 29-1-02

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  01-294, dec. Nº 004:

Sentencia dictada antes de iniciar el lapso para decidir es procesalmente inexistente

Con motivo de la advertencia del recurrente de hecho, la Sala observa que consta de los folios 264 al 332 del expediente, que en fecha  2 de agosto de 2000 la parte actora, la demandada y el tercero opositor presentaron por separado sus escritos de informes y, la sentencia recurrida fue dictada en fecha 10 de octubre de 2000, que corresponde al quinto día de despacho luego de presentados los informes, según consta del cómputo practicado por la secretaría del tribunal de la recurrida en fecha 5 de marzo de 2001, el cual cursa al folio 379, lo cual permite determinar que el fallo de alzada fue proferido dentro del lapso para presentar las observaciones a los informes, sin que hubiese comenzado a transcurrir el plazo para dictar sentencia.

En efecto, el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil establece que en caso de no ser pedida la constitución del tribunal con asociados en la oportunidad prevista en el artículo 118 eiusdem, los informes de las partes se presentarán en el vigésimo día siguiente al recibo de los autos, si la sentencia fuere definitiva, y en el décimo día siguiente, si fuere interlocutoria, como lo es el caso sub iudice. Este acto de informes fue cumplido por las partes en fecha 2 de agosto de 2000, como se señaló precedentemente.

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, luego de presentados los informes, cada parte puede presentar al Tribunal las observaciones sobre los informes de la contraria dentro de los ocho días siguientes, y luego de vencido este plazo, el juez debe dictar su fallo dentro de los treinta días siguientes si fuere interlocutorio, o sesenta si fuere definitivo, en aplicación del artículo 521 del Código de Procedimiento Civil.  Si bien esta última norma señala que el lapso para sentenciar comienza a transcurrir luego de presentados los informes, la Sala mediante sentencia Nº 204 de fecha 27 de junio de 1990, caso Oscar Rincón Briceño contra Castello Onorato Ingenito y otros expediente 89-310, precisó su correcto contenido y alcance, en los términos siguientes:

“...La interpretación armónica de los artículos 529 y 521 del Código de Procedimiento Civil vigente, debe necesariamente partir de dos supuestos diferentes:

“En el primer caso, cuando llegado el término para la presentación de los informes y las partes no hacen uso de este derecho. En esta situación, no habiendo informes, no hay observaciones que hacer a los mismos, por lo que no se abre el lapso de ocho días establecido en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, y el lapso para dictar sentencia establecido en el artículo 521 eiusdem, comienza a correr desde el día prefijado para al presentación de los informes, exclusive, por días calendario, de acuerdo al artículo 197 del mismo Código”.

“En el otro caso, es decir, cuando las partes o una de ellas presenta sus informes en el término legal para ello, empieza a correr desde tal término, con exclusión de todo otro, el lapso de ocho días para las partes de formular sus observaciones a los informes que haya presentado la otra, y, es vencido este lapso cuando debe empezar a computarse el pautado por el artículo 521 citado, para publicar la sentencia y no como formando parte de este último. Este lapso se cuenta igualmente por días calendario según la regla del artículo 197 del Código de Procedimiento Civil.

Esta interpretación de la ley se fundamenta en lo siguiente:

1º. Vencido el lapso de ocho días del artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, en los casos que haya habido presentación de informes de las partes, o de una de ellas, es cuando procesalmente puede afirmarse que ha concluido la etapa de la presentación de los informes, porque las observaciones que hagan las partes o las que presente la otra, ciertamente forman parte de los informes mismos.

2º. No puede pensarse que la causa estuviera en estado de sentencia en el caso del aparte único del artículo 519 referido cuando en tal caso, asiste a la parte contraria la parte de tachar el documento público presentado, conforme lo dispone el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto en este caso ha de sustanciarse la tacha propuesta, como materia de la decisión misma.

3º. Es ilógico pensar que la causa en el lapso de los ocho días del artículo 519 del Código de Procedimiento Civil se encuentra en estado de sentencia, cuando existe legalmente consagrado el derecho de cada parte para hacer observaciones a los informes que presentare la otra, porque no cumpliría el juez el mandato de los artículos 12 y 15 eiusdem, si publicare su sentencia dentro de los ocho días del artículo 519, no sólo por dictar su decisión sin haber oído tales observaciones, sino además, por haber cercenado a las propias partes el derecho a la presentación de tales observaciones a los informes”. (Resaltado de la Sala)

La Sala reitera este precedente jurisprudencial y establece que presentados los informes, se debe dejar transcurrir íntegramente el lapso de ocho días para que las partes puedan formular sus observaciones, y luego de su vencimiento, comenzará a transcurrir el plazo para sentenciar, todo lo cual permite concluir que al haber sido dictada la decisión recurrida dentro del lapso para presentar observación a los informes, la misma resulta extemporánea por anticipada.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, los actos deben realizarse en la forma prevista en este Código y en leyes especiales. Esta norma consagra el principio de legalidad de las formas procesales, en aplicación del cual la estructura del proceso, su secuencia y desarrollo está preestablecida en la ley, y no es disponible por las partes o por el juez subvertir o modificar el trámite ni las condiciones de modo, tiempo y lugar en que deben practicarse los actos procesales. Por esa razón, la Sala ha establecido de forma reiterada que  “...no es potestativo de los tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, pues su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público...”. (Sentencia Nº 422 de fecha 8 de julio de 1999, caso Antonio Yesares Pérez contra Agropecuaria el Venao C.A. y otro, expediente Nº 98-505.

Las formas procesales no son establecidas por capricho del legislador, ni persiguen entorpecer el procedimiento en detrimento de las partes. Por el contrario, una de sus finalidades es garantizar el ejercicio del derecho de defensa y un desarrollo eficaz del proceso.

Acorde con estas consideraciones, la Sala ha dejado sentado que los actos procesales verificados fuera de la oportunidad establecida en la ley son inexistentes y, por tanto, ineficaces. En este sentido, entre otras, se pronunció mediante sentencia Nº 363, de fecha 16 de noviembre de 2001, en el juicio de Cedel Mercado de Capitales contra Microsoft Corporation, expediente Nº 00-132, en la cual estableció:

“...En efecto, dentro de un proceso como el nuestro, informado por el principio de preclusión, donde flamean altivamente los postulados del artículo 196 del Código de Procedimiento Civil, cualquier acto que se lleve a cabo fuera del ámbito temporal de validez establecido en la ley, debe, necesariamente, ser rechazado.

Indudablemente, los actos procesales nada tienen que ver con las loterías donde se gana o se pierde por aproximación y, por ello tan extemporáneo resulta el acto realizado antes del nacimiento del lapso respectivo como el que se lleva a cabo después de agotado ese lapso y, dentro de cada supuesto, tan intempestivo es el acto cumplido con un mes de anticipación como el verificado cinco minutos antes del nacimiento del lapso respectivo y es igual de inoportuno el acto materializado cinco minutos después de vencida la oportunidad de ley como el ejecutado con un mes de posterioridad a ello.

 De allí que, si en este caso en particular el lapso para la presentación del escrito de formalización del recurso de casación expiró el 29 de febrero de 2000 a las 3:00 pm., debe considerarse extemporáneo por tardío el escrito complementario de la actora consignado el 29 de febrero de 2000, a las 3:05 pm., con la consecuencia de que se le considere inexistente a los fines de la decisión que ha de dictarse, desde luego que un escrito no presentado oportunamente equivale a un escrito que no existe y un escrito que no existe, no puede producir efectos válidos...”.(Resaltado de la Sala).

Las consideraciones expuestas en el precedente jurisprudencial son aplicables tanto a los actos realizados por las partes, como aquellos practicados por el juez. Por tanto, la Sala estima que la sentencia dictada anticipadamente, esto es: antes del plazo previsto en la ley para decidir, es procesalmente inexistente.

La Sala ha precisado en casos anteriores, que la sentencia dictada por un juez incompetente, o con motivo de un recurso no concedido en la ley, es procesalmente inexistente, categoría ésta en donde ahora se inscriben los fallos que sean dictados antes de que el lapso para sentenciar hubiese comenzado a transcurrir. Así se establece.

En aplicación de las consideraciones expuestas al caso concreto, la Sala concluye que por haber sido dictada la sentencia antes de que hubiese comenzado a transcurrir el lapso para decidir, debe considerarse procesalmente inexistente.

En consecuencia, no existe sentencia válidamente dictada en alzada, con lo cual igualmente no está dado el presupuesto necesario para la admisión del recurso de casación, cuyo propósito es que la Sala examine y controle la legalidad del fallo de alzada o única instancia dictado en contravención de ley.

Por esta razón, la Sala declara inadmisible el recurso de casación, lo que determina, la improcedencia del recurso de hecho. Así se decide.

SCon 20-8-02

Ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz. Exp. Nº 01-2427, dec. Nº 2045:

Abocamiento de un nuevo juez después de vencido el lapso para sentenciar

En lo que respecta al abocamiento de un nuevo juez a la causa luego de que transcurrió el lapso para el pronunciamiento de la sentencia o su prórroga, ha expresado este Máximo Tribunal que, en tales circunstancias, las partes han dejado de estar a derecho y, por ello, debe notificárseles con base en lo que establecen los artículos 14 y 233 de la Ley Adjetiva Civil, con la consecuente reapertura del lapso para la sentencia y su prórroga, para que el nuevo Juez disponga del mismo período para que sentencie que tuvo el juez a quien sustituye, el cual, en el presente caso, era de 15 días; en este sentido la Sala de Casación Civil ha establecido:

“Según consta de la actas del expediente, luego de vencido el plazo para dictar sentencia, se incorporó al proceso un nuevo juez, el cual decidió la controversia, sin notificar previamente a las partes de su avocamiento (sic). Sobre este particular, la Sala reitera su doctrina establecida, entre otros, en sentencia de fecha 23 de octubre de 1996, caso: Promociones y Desarrollo Inmediato De Capital privado, S.R.L. c/ Inmobiliaria Tercasa, S.A., en la cual dejó sentado el siguiente criterio:

‘...1. En todo caso de incorporación de un juez distinto al que recibió los informes, siempre que las partes estén a derecho, es decir, mientras el lapso para sentenciar o su prórroga no esté vencido, el sentenciador debe dejar transcurrir los tres días de despacho previstos en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de salvaguardar el derecho que tienen las partes de recusar al nuevo juez o secretario. De no respetar este lapso, estaría violando el mencionado artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, a través del menoscabo del derecho de defensa. Si es el caso que las partes no están a derecho, por efecto del vencimiento del lapso para sentenciar o su prórroga, el nuevo juez que se incorporó para decidir la causa deberá notificar a las partes de la continuación del procedimiento, de conformidad a los artículos 14 y 233 del Código de Procedimiento Civil, por encontrarse éste paralizado. El plazo de la reanudación, que no podrá ser menor de diez días continuos, debe ser necesariamente sucedido por el lapso de tres días previstos por el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, antes indicado...3. La notificación de la continuación de la causa, con el juez incorporado con posterioridad a la presentación de los informes, ocasiona la reapertura del lapso para sentenciar y su prorroga, de tal manera que el nuevo sentenciador dispondrá del mismo plazo que su predecesor para emitir el fallo, o dictar autos para mejor proveer, si lo estima necesario. Por ende, una vez verificada la notificación y la reanudación de la causa paralizada, se abrirá el lapso de sesenta días previstos en el artículos 515 del Código de Procedimiento Civil, pudiéndose prorrogar por treinta días, de acuerdo al artículo 251 eiusdem. De esta forma, se deja clara la oportunidad para dictar el fallo, y la apertura del lapso para impugnar la sentencia que se dicte...’

En igual sentido, la Sala se pronunció en decisión de fecha 5 de agosto de 1997, caso: José Rafael Suniaga c/ C.V.G. Siderúrgica del Orinoco, C.A., en los términos siguientes:

‘...La incorporación de un nuevo juez y conocimiento y decisión de un expediente en curso, tal como lo tiene establecido la jurisprudencia de esta Máximo Tribunal, debe estar revestida de ciertos requerimientos formales, dirigidos a salvaguardar el derecho a la defensa que asiste a las partes en todo grado e instancia del proceso.

En particular, nuestra normativa procesal ha previsto mecanismos, como la recusación, que permiten a las partes proponer la separación del juez natural o accidental del conocimiento de una causa, por motivos que ponen en duda su imparcialidad, y que están determinados en nuestro Código de Procedimiento Civil.

Evidentemente, es expresión manifiesta del derecho a la defensa la oportunidad otorgada para recusar a un nuevo juez o funcionario judicial, que contempla el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

Esta norma, por ser desarrollo del principio constitucional establecido en el artículo 68 de la Constitución Nacional, es de estricto orden público, sin posibilidad de relajamiento por la conducta del juez, o de las partes.

En el presente caso, la Sala observa que se ha infringido flagrantemente el derecho a la defensa de ambas partes, al ser emitida sentencia en primera instancia, sin que se haya dejado correr el lapso para recusar el nuevo juez que se incorporó y sentenció la causa como accidental. En consecuencia, resulta clara la violación del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil en el presente caso, situación que no fue corregida por el sentenciador de alzada, que violó por ende el artículo 208 ejusdem, pues debiendo hacerlo, no repuso la causa al estado de que se subsane el vicio que afecta el orden público’.

En aplicación de las doctrinas trascritas, la Sala concluye que por haberse incorporado en el proceso un nuevo juez para decidir la controversia, luego de vencido el plazo para sentenciar, las partes debían ser notificadas, por disposición de los artículos 14 y 233 del Código de Procedimiento Civil, en garantía de su derecho de recusación, previsto en el artículo 90 del mismo Código. Esta formalidad procesal fue omitida por el nuevo juez que dictó sentencia de primera instancia, y el juez de alzada no repuso la causa al estado de que fuese cumplida la referida notificación, ello en desacato del mandato contenido en el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, y en clara lesión del derecho de defensa de las partes...” (s. S.C.C. n° 0036 del 24-01-02, exp. 00536. Subrayado añadido).

SCC 16-11-01

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 00-500, dec. Nº 369:

Abocamiento

El 16 de octubre de 1997, el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, recibió el expediente del a quo y fijó el vigésimo día de despacho para la presentación de los informes por las partes.

En fecha 7 de enero de 2000, el Tribunal dictó un auto en el que se fijó el lapso de ocho (8) días para que cada parte presentara sus observaciones escritas sobre los informes de la contraria; y a su vez se expresó que vencido dicho lapso la causa entraría en estado de sentencia.

Con fecha 23 de marzo de 1998, y de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, el preindicado Tribunal Superior, difirió el lapso para sentenciar para el 22 de abril de 1998.

Posteriormente, el día 27 de marzo de 2000, una vez vencido el lapso establecido por el diferimiento único para sentenciar, se avocó un nuevo juez a la causa y en su auto de avocamiento expuso, lo siguiente:

“...En mi carácter de Primer Suplente de este Tribunal Superior, procedo a imponerme de la Actas, a fin de avocarme al estudio de las mismas. Toda vez, que se observa mi incorporación se produce transcurrido el lapso para dictar sentencia y su prórroga, se ordena la notificación de las partes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 233 del Código de Procedimiento Civil, concediéndose un lapso de diez (10) días calendarios contados a partir de la constancia en el expediente de la última notificación que se practique, para la reanudación de la causa y el transcurso del lapso previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, criterio que se aplica acogiendo Jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de fecha 29 de octubre de 1997...” (Subrayado de la Sala).

En fecha 5 de abril de 2000, consta en autos la última notificación de las partes del avocamiento del nuevo Juez a la causa.

El 5 de mayo de 2000, se publicó la recurrida; y el 15 de junio de 2000, la demandada solicitó una aclaratoria de la recurrida, la cual por auto del 27 de junio de 2000, fue negada, por extemporánea.

En fecha 10 de julio de 2000, el apoderado judicial de la co-demandada Banco Mercantil C.A. S.A.C.A, anunció recurso de casación, el cual fue admitido por auto fechado al dia siguiente (11-07-00).

De la anterior relación de actos procesales, la Sala advierte que, a partir del auto de fecha 27 de marzo de 2000, se suscitó una serie de irregularidades en el Juzgado Superior, en el cual se dictó la sentencia recurrida, desencadenadas luego de computar el lapso de tres (3) días de despacho para que las partes ejercieran el derecho de recusar al nuevo Juez, de manera previa al lapso correspondiente para sentenciar; obsérvese que dicho lapso no interrumpe el curso de la causa, sino que el mismo corre paralelo en relación a cualquier otro que esté corriendo, en este caso, el lapso para sentenciar, con la salvedad específica de que, aun cuando ambos lapsos transcurren paralelamente el nuevo juez no puede sentenciar dentro de los tres (3) dias a que hace referencia el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

Lo anteriormente expuesto conlleva a que la Sala corrija, la irregularidad detectada en relación al cómputo de los lapsos que corren paralelos, en los términos y sujeciones que se expresan en el párrafo precedente, lo cual permite pasar a declarar con certeza las fechas precisas en las cuales se han debido verificar los actos procesales subsiguientes al precitado auto, todo con el objeto de corroborar la tempestividad del recurso de casación anunciado y formalizado. A tal efecto, se observa lo siguiente:

Vencido el lapso para sentenciar y su diferimiento único, un nuevo juez, por auto de fecha 27 de marzo de 2000, se avocó al conocimiento del presente asunto y concedió, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 233 del Código de Procedimiento Civil, un lapso de diez (10) días calendarios contados a partir de la constancia en el expediente de la última notificación de las partes de su avocamiento, para la reanudación de la causa y el trascurso del lapso previsto en el artículo 90 eiusdem.

Ahora bien, en atención a las precedentes consideraciones, cabe destacar que la ultima notificación de las partes, del avocamiento del nuevo juez inserta al folio 371 del presente expediente, se realizó en fecha 5 de abril de 2000, por tanto, de conformidad con el referido auto, a partir de dicha fecha, exclusive, comenzaría a contarse los diez (10) días calendarios para la reanudación de la causa, hecho que ocurrió el 15 del mes y año indicados.

De esta forma, y a partir de esa fecha, 15 de abril de 2000, comenzaron a correr dos lapsos procesales paralelos: el lapso para sentenciar y el lapso para recusar al nuevo juez, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

Pues bien, siendo que ambos lapsos transcurrieron paralelamente el lapso para sentenciar venció el 14 de junio de 2000, por lo tanto, el día de despacho inmediato siguiente, que correspondió el 15 de junio de 2000, comenzaron a transcurrir los diez (10) días de despacho para anunciar recurso de casación, venciendo el 29 de junio de 2000, de conformidad con el cómputo certificado de días de despacho realizado por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario, que fue consignado por el impugnante y el cual riela al folio 580 de los que integran el presente expediente.

En consecuencia, habiendo verificado esta Sala que el lapso para anunciar el recurso de casación venció el 29 de junio de 2000, es fuerza concluir que, el recurso de casación anunciado en fecha 10 de julio de 2000, es extemporáneo por tardío y por consiguiente debe declararse inadmisible, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Asi se decide.