DE LA INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA

CAPÍTULO II.

Del emplazamiento

Artículo 344

SPA 15-05-01

Pins 2º CMTAB Sucre (1er circuito) 13-5-2005

Artículo 345

SCC 20-12-01

Lo que no está en actas no está en el mundo

TÍTULO IV.

DE LOS ACTOS PROCESALES

De las citaciones y notificaciones

Artículo 215

SCC 26-5-04

Cuando ha dejado de cumplirse una formalidad necesaria para la validez de la citación

SCC 12-8-03

Nulidad de la citación

Principio pro defensa

SCC 11-10-01

Errores en la citación  e irregularidad en los edictos

SCC 20-5-04

El demandado convalidó irregularidad en la citación

Artículo 216

SCC 23-3-04

Citación presunta no requiere de facultad expresa del apoderado

SCC 30-9-03

Citación presunta no requiere que la presencia del demandado sea voluntaria

SCS 9-10-03

Actuación del representante del demandado provoca citación presunta aunque no tenga facultades para darse por citado

SCC 30-9-03

Citación presunta cuando está presenta en algún acto del proceso aunque no actúe

SCC 25-9-03

Citación presunta aun antes del emplazamiento

SCC 24-9-03

Citación presunta es aplicable a la intimación

Criterio ratificado 12-04-05, exp.04-203, dec. 119.

SCC 23-7-03

Citación tácita: el demandado estuvo presente en la ejecución de medida cautelar

SC 20-11-02

La actuación que da lugar a la citación presunta debe ser en el proceso

SCC 8-11-01

Citación presunta en procedimiento monitorio

SCC 30-11-00

Cambio de doctrina sobre intimación presunta

Artículo 217

SCC 19-7-00

No impugnó la ausencia de facultad en la primera oportunidad

SCC 13-3-03

Facultad para darse por citado es suficiente para darse por intimado

SCC 23-3-04

Supuesto de la citación voluntaria es diferente a la citación presunta

Artículo 218

SCC 27-4-04

Lapso de comparecencia comienza cuando el Alguacil deja constancia de la citación

SCC 16-3-00

Hay citación desde al entrega de la compulsa, pero no comienza lapso de contestación hasta que el Secretario deje constancia en autos

SCC 20-5-04

La presencia del apoderado de la demandada convalidó eventual irregularidad de la citación, si no reclama en la primera oportunidad

SCC 11-3-04

En citación practicada por tribunal comisionado, los lapsos comienzan a transcurrir al recibirse la comisión en el tribunal de la causa

SCC 27-4-04

Caso en el cual el citado se niega a firmar

SCC 25-2-04

Es necesario agotar la citación personal

Artículo 219

Artículo 220

SCC 11-3-04

No quedó tácitamente citado al reclamar que la citación no se ajustó al artículo 320 CPC

Artículo 221

SCC 11-3-04

Es nula la citación por correo que no establece quién la recibió

SCC 7-3-02

No impugnó la citación por correo en la primera oportunidad

Artículo 222

Artículo 223

SCC 7-3-02

No se agotó correctamente citación personal ni el defensor defendió

SCC 21-3-00

Citación por correo en procedimiento de tránsito

SC 5-4-04

Citación por carteles en procedimiento de niños y adolescentes

Artículo 224

SCon 15-2-01

No se solicitó movimiento migratorio y no se publicaron carteles conforme al artículo 224

Artículo 225

SCon 26-1-04

Defensa debe ser plena

Artículo 226

Artículo 227

SCC 11-3-04

Lapso de comparecencia se cuenta a partir de la recepción de la comisión en el tribunal de la causa

Artículo 228

Artículo 229

Artículo 230

Artículo 231

SCC 3-5-04

En todo caso se debe publicar edicto

SCC 11-10-01

Artículo 232

Artículo 233

SCC 21-8-03

9-12-98.

18-02-92.

20-01-93.

11-1-93.

15-07-93.

11-8-93.

9-12-93.

DOMICILIO PROCESAL

Artículo 174

SCC 22-6-01.

SCon 30-1-2009

A falta de sede procesal se notificará en la dirección que conste del expediente

DE LA INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA

CAPÍTULO II.

Del emplazamiento

Artículo 344

El emplazamiento se hará para comparecer dentro de los veinte días siguientes a la citación del demandado o del último de ellos si fueren varios.

Si debiere fijarse término de distancia a varios de los demandados, el Tribunal fijará para todos un término común tomando en cuenta la distancia más larga. En todo caso, el término de la distancia se computará primero.

El lapso del emplazamiento se dejará correr íntegramente cuando el demandado o alguno de ellos, si fueren varios, diere su contestación antes del último día del lapso.

SPA 15-05-01

Ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa. Exp. Nº 0274, dec. Nº 922:

El artículo 344 del Código de Procedimiento Civil dispone lo siguiente:

“Artículo 344.- El emplazamiento se hará para comparecer dentro de los veinte días siguientes a la citación del demandado o del último de ellos si fueren varios.

Si debiere fijarse término de distancia a varios de los demandados, el Tribunal fijará para todos un término común tomando en cuenta la distancia más larga. En todo caso, el término de la distancia se computará primero.

El lapso del emplazamiento se dejará correr íntegramente cuando el demandado o alguno de ellos, si fueren varios, diere su contestación antes del último día del lapso.” (Destacado de la Sala)

Una interpretación literal de estos artículos, permiten concluir a priori que una vez realizada la citación por el alguacil, comienza a computarse el lapso de emplazamiento de veinte días previstos en el artículo 344 del Código de Procedimiento Civil, es decir, se podría entender que la citación se perfecciona con la entrega de la compulsa por parte del alguacil al citado y que a partir de allí comienza a contarse el lapso de comparecencia.

Se ha entendido que la última parte del encabezado del artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, el cual expresa que “... El día siguiente al de la constancia que ponga el Secretario en autos de haber cumplido dicha actuación, comenzará a contarse el lapso de comparecencia del citado...”, se refiere al último supuesto del encabezado de este artículo, esto es, al supuesto de cuando el citado no pudiere o no quisiere firmar el recibo, y no al inicio de dicha disposición.

Es interesante observar otras de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, ubicadas en el mismo capítulo en relación al acto de citación.

“Artículo 219.-Si la citación personal no fuere posible y se tratare de citación de una persona jurídica, el actor podrá solicitar la citación por correo certificado con aviso de recibo, antes de la citación por carteles prevista en el artículo 223.

La citación por correo de persona jurídica se practicará en su oficina o en el lugar donde ejerce su comercio o industria, en la dirección que previamente indique en autos el solicitante. El Alguacil del Tribunal depositará el sobre abierto, conteniendo la compulsa de la demanda con la orden de comparecencia, en la respectiva oficina de correo. El funcionario de correo dará un recibo con expresión de los documentos incluidos en el sobre del remitente, del destinatario, la dirección de éste y la fecha de recibo del sobre y cerrará éste en presencia del Alguacil. A vuelta de correo, el Administrador o Director enviará al Tribunal remitente el aviso de recibo firmado por el receptor del sobre, indicándose en todo caso, el nombre, apellido y cédula de identidad de la persona que lo firma.

El mencionado aviso de recibo será agregado al expediente por el Secretario del Tribunal, poniendo constancia de la fecha de esta diligencia, y al día siguiente comenzará a computarse el lapso de comparecencia de la persona jurídica demandada.” (Destacado de la Sala)

“Artículo 223.- Si el Alguacil no encontrare a la persona del citado para practicar la citación personal, y la parte no hubiere pedido su citación por correo con aviso de recibo, o cuando pedida ésta, tampoco fuere posible la citación del demandado, ésta se practicará por Carteles, a petición del interesado. En este caso el Juez dispondrá que el Secretario fije en la morada, oficina o negocio del demandado un Cartel emplazándolo para que ocurra a darse por citado en el término de quince días, y otro Cartel igual se publicará por la prensa, a costa del interesado, en dos diarios que indique el Tribunal entre los de mayor circulación en la localidad con intervalo de tres días entre uno y otro. Dichos Carteles contendrán: el nombre y apellido de las partes, el objeto de la pretensión, el término de la comparecencia y la advertencia de que si no compareciese el demandado en el plazo señalado, se le nombrará defensor, con quien se entenderá la citación. Se pondrá constancia en autos por el Secretario, de haberse cumplido estas formalidades y se agregará al expediente por la parte interesada, un ejemplar de los periódicos en que hayan aparecido publicados los Carteles. El lapso de comparecencia, comenzará a contarse al día siguiente de la constancia en autos de la última formalidad cumplida.(Destacado de la Sala)

“Artículo 227.- Cuando la citación haya de practicarse fuera de la residencia del Tribunal, se remitirá con oficio la orden de comparecencia, en la forma ya establecida, a cualquier autoridad judicial del lugar donde resida el demandado para que practique la citación en la forma indicada en el artículo 218, sin perjuicio de la facultad que confiere al actor el Parágrafo Único de dicha disposición.

Si buscado el demandado no se le encontrare, el Alguacil dará cuenta al Juez, y éste dispondrá de oficio, que la citación se practique en la forma prevista en el artículo 223 sin esperar ninguna otra instrucción del comitente, dando cuenta del resultado a éste.

En los casos de este artículo, el término de la comparecencia comenzará a contarse a partir del día siguiente al recibo de la comisión en el Tribunal de la causa, sin perjuicio del término de la distancia.

Si la persona designada en la elección de domicilio fuere la misma a cuya instancia se haga la citación, o hubiere muerto o desaparecido, o héchose incapaz, la citación se verificará como si no se hubiere designado persona en la elección.” (Destacado de la Sala)

En todas estas disposiciones se observa, que el lapso de comparecencia comienza a contarse a partir del día siguiente al de la constancia que realice el Secretario en autos, de haber cumplido la citación o la formalidad que prevé cada supuesto legal.

La citación es un acto procesal complejo, mediante el cual se emplaza al demandado para que dé contestación a la demanda. Este acto procesal es formalidad necesaria para la validez del juicio y es, además, garantía esencial del principio del contradictorio, pues por un lado la parte queda a derecho y por el otro cumple con la función comunicacional de enterar al demandado que se ha iniciado un juicio en su contra y del contenido del mismo. La citación es entonces, manifestación esencial de la garantía del derecho a la defensa y elemento básico del debido proceso.

Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se establecieron en forma expresa valores y principios que garantizan el derecho a la defensa los cuales, tienen como objetivo que los ciudadanos utilicen el proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia.

En efecto, el numeral 1 del artículo 49 y el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establecen lo que a continuación se transcribe:

“Artículo 49.- El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.” (Destacado de la Sala).

“Artículo 257.- El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.” (cursivas de la Sala)

Al tenerse la citación como formalidad necesaria para la validez del juicio y como manifestación del derecho a la defensa en juicio, estima esta Sala que debe hacerse una reinterpretación del artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, para entender que la norma resultante de la interpretación de esta disposición legal debe estar en armonía con los principios y valores constitucionales, es decir, no debe dársele una interpretación rigurosa o estricta.

Además, ha de realizarse una interpretación sistemática y analógica con las otras disposiciones relativas a la citación, para entender que dadas todas estas proposiciones o enunciados legales, los cuales ordenan que al día siguiente de realizada la formalidad de la constancia en autos de la citación por el funcionario judicial, es cuando comienza a computarse el lapso de comparecencia; esto es, entender o admitir la validez de una norma legal no prevista expresamente para la citación personal, pero que debe tener igual solución o regulación jurídica, es decir, que al día siguiente de realizada la formalidad de la constancia en autos de la citación por el funcionario judicial, es cuando comienza a computarse el lapso de comparecencia; ello por cuanto una cosa es el acto de la citación como tal y otra distinta es su constancia en autos y desde cuando debe comenzar a contarse el lapso de emplazamiento para la contestación de la demanda.

El fin perseguido por la citación practicada por el alguacil, es poner a la parte demandada a derecho, colocarlo en conocimiento de la demanda que se ha incoado en su contra y de los términos de la misma, lo cual se cumple y perfecciona con la entrega de la compulsa.

El acto posterior de dejar constancia en el expediente de haberse recibido la citación, es junto con el acto de citación garantía del derecho a la defensa, porque se evidencia con certeza desde donde debe comenzar a contarse el lapso de emplazamiento; la falta de la constancia en el expediente por parte del funcionario judicial, además de generar en la persona de dicho funcionario la sanción correspondiente, lo único que produce es la suspensión del inicio del lapso de comparecencia, sin que en modo alguno se entienda a la inexistencia del acto de citación.

Ahora bien, consta en las actas de este expediente que el alguacil citó en fecha 12 de junio de 2000, y que dejó en el expediente constancia de la formalidad en fecha 13 de junio de 2000; por lo cual debe concluirse que la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN), estaba citada desde el 12 de junio de 2000, pero que conforme a las premisas antes expuestas, el lapso de veinte días de despacho debió comenzar a contarse desde el día siguiente a aquel en que el Alguacil y la Secretaria del Juzgado de Sustanciación suscribieron la diligencia dejando constancia de la citación de la demandada, esto es, desde el día de despacho siguiente al 13 de junio de 2000; razón por la cual la oposición de cuestiones previas se realizó entonces, dentro del lapso de veinte días de despacho y la misma no puede ser considerada extemporánea.

Con fundamento en la motivación antes expuesta, esta Sala considera que el alegato de extemporaneidad realizado por el apoderado judicial de la parte actora no puede prosperar. Así se decide.

Pins 2º CMTAB Sucre (1er circuito) 13-5-2005

Juez Ingrid C. Barreto Lozada. Exp. 8901, dec. Nº SN (&& vs &&):

En relación a la determinación del momento en que debe comenzar a computarse el lapso para la contestación de la demanda, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 15-05-2001 [...]

[...]

Del criterio jurisprudencial anteriormente trascrito, el cual es plenamente compartido por esta Juzgadora, se evidencia que el lapso para contestar la demanda debe comenzar a computarse desde el día de despacho siguiente a la constancia en autos del alguacil de haber practicado la citación del demandado. En la presente causa consta al folio 36, diligencia del alguacil de fecha 16-03-2005, donde se menciona que en fecha 11-03-2005 citó al ciudadano ARMANDO RAFAEL NOYA, APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA. En consecuencia, se establece que la parte demandada fue citada el 11-03-2005, que el lapso para contestar la demandada comenzó a computarse el 17-03-2005 inclusive y precluyó el 20-04-2005 inclusive, a los fines de garantizar la seguridad jurídica de ambas partes, el debido proceso y el derecho a la defensa, principios procesales contenidos en la CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Así se establece.

Artículo 345

La copia o las copias del libelo de la demanda con la orden de comparecencia se entregarán al Alguacil del Tribunal a objeto de que practique la citación. Sin embargo, a petición de la parte demandante, dichas copias se entregarán al propio actor, o a su apoderado para que gestione la citación por medio de cualquier otro Alguacil o Notario de la Circunscripción Judicial del Tribunal de la causa, o del lugar donde resida el demandado, en la forma prevista en el artículo 218.

Cumplida la gestión de la citación, el actor o su apoderado entregará al Secretario del Tribunal el resultado de las actuaciones, debidamente documentadas.

SCC 20-12-01

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  00-1046, dec. Nº 482:

Lo que no está en actas no está en el mundo

En el presente caso la copia del escrito de la demanda con la orden de comparecencia fueron entregadas al apoderado judicial de la demandante para que gestionara la citación por medio de otro Alguacil de la Circunscripción Judicial del Tribunal de la causa, de conformidad con lo previsto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, de esta forma la citación de la sociedad mercantil demandada la practicó el Alguacil del Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 10 de abril de 1997. Ahora bien, cumplida la gestión de citación el apoderado de la actora consignó en fecha 29 de abril de 1997, el resultado de las actuaciones debidamente documentadas para que las mismas fueran agregadas a los autos que conforman el presente expediente, lo cual ocurrió en esa misma fecha, el 29 de abril de 1997, por lo tanto, es a partir del dia siguiente a esa fecha (30-04-97) que empezó a contarse el lapso para contestar la demanda, aplicando por analogía lo establecido en el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil, y no a partir del 10 de abril de 1997, como lo afirma la demandada, ello en razón al fundamento del sistema procesal instituido sobre la base de las reglas, QUOD NON EST IN ACTIS NON EST IN MONDO, LO QUE NO ESTA EN LAS ACTAS, NO EXISTE, NO ESTA EN EL MUNDO; Y EL DE LA VERDAD O CERTEZA PROCESAL, por cuanto el mundo para las partes como para el juez, lo constituyen las actas que integran el expediente y lo que esta fuera de él es como si no existiera y como se expresa en el foro, toda actuación que conste en las actas del proceso se supone conocida por los litigantes: quod in actis, est in mundo; lo cual en materia de citaciones tiene sustento en la integración sistemática y comparativa de los artículos 216 (presunción de citación), 217 (citación mediante apoderado), 219 (citación por correo), 223 (citación por carteles) y 227 (citación fuera de la sede del tribunal), todos del Código de Procedimiento Civil, normas en las que se observa como denominador común, que es sólo después de que sean agregadas a los autos las distintas diligencias tendientes a la práctica de la citación, cuando comienza a contarse efectivamente el lapso para la litis contestación. El mandato en referencia tiene su principal asidero en la seguridad jurídica, y en el principio de certeza procesal ya comentado, presupuestos de vital importancia y vigencia en todos los procesos judiciales, pues en base a su postulado las partes en juicio tendrán la tranquilidad de que no existe posibilidad de que a sus espaldas se realicen actuaciones que pudieran menoscabar su derecho a la defensa, seguridad esta que se perfecciona desde que haya fehaciencia en las actas del expediente, de haberse realizado la diligencia comunicacional en cuestión.

TÍTULO IV.

DE LOS ACTOS PROCESALES

De las citaciones y notificaciones

Artículo 215

Es formalidad necesaria para la validez del juicio la citación del demandado para la contestación de la demanda, citación que se verificará con arreglo a lo que se dispone en este Capítulo.

SCC 26-5-04

Ponencia del Magistrado Conjuez Adán Febres Cordero. Exp. Nº 02-768, dec. Nº 483:

Cuando ha dejado de cumplirse una formalidad necesaria para la validez de la citación

La persona llamada a juicio tiene dos maneras de librarse del procedimiento seguido contra él: una, en forma temporal; otra, en forma definitiva. La primera, cuando practicada su citación, ha dejado de llenarse en ella alguna de las formalidades esenciales para su validez. Siendo la citación una formalidad necesaria para la validez de todo juicio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 215 del Código de Procedimiento Civil, la omisión de formas necesarias en la práctica de la misma, si no ha sido cubierta con la presencia del demandado, la hace viciosa, y por ende, se estima que no ha habido citación. De modo que, alegada dicha falta por el demandado oportunamente, debe reponerse la causa al estado de que se subsane el vicio y se practique la citación en forma legal. Mientras esto ocurre, el demandado habrá logrado librarse del juicio; pero ello, como claramente se advierte, será sólo temporalmente.

La segunda manera de librarse del juicio, en este caso en forma definitiva, es mediante la cuestión previa consagrada en el ordinal 4° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, esto es, alegando y probando el demandado la ilegitimidad de su persona por no tener el carácter de representante de otro que se le ha atribuido, carácter este con el cual se haya propuesto la acción contra él, ya que de prosperar dicho alegato, el juicio se paraliza hasta que se cite al demandado mismo o a su verdadero representante, con lo cual el excepcionante habrá logrado escapar de la acción propuesta indebidamente contra él.

SCC 12-8-03

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  02-127, dec. Nº 414:

Nulidad de la citación

Asimismo, en la parte narrativa del fallo recurrido se expresa lo siguiente:

“...Dentro de la secuencia de actos cumplidos se muestra como realidad la fotocopia de la citación del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela, la cual en su reverso dice que el sobre se entregó, pero en la casilla de identificación del receptor aparece una firma ilegible, un número de cédula de identidad que es 12.260.507, pero que no se señala el cargo que desempeña la persona receptora en la empresa, en la fecha se indica 31-10-97, cursa una nota final que dice: nota de devolución. Tiene nota de la Oficina Postal de los (sic) Ruices, con orden de devolución, con firma ilegible y sello húmedo. (Negrillas de la Sala).

En fecha 4-3-98 cursa diligencia del Dr. Alfredo Oronoz, solicitando la ficta confessio de conformidad con el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

Denuncia vicios en la citación así:

1°) No consta que el recibo de la citación hubiere sido firmado por el representante legal o judicial de la empresa C.M.T. TELEVISIÓN S.A.

2°) Así como tampoco por algún director o gerente: (...).

3°) Mucho menos por el encargado de recibir la correspondencia, ninguna de las hipótesis excluyentes unas de otras se cumplieron, que no existe funcionario receptor de correspondencia...”. (Negrillas de la Sala).

Sobre el particular, en sentencia RC-0109 de fecha 27 de abril de 2001, dictada en el juicio de Jorge Luis Gutiérrez contra Administradora Estacecete, C.A. esta Sala dejó sentado el siguiente criterio:

“...Importa advertir que la nulidad expresa sancionada en el ordinal 1° del artículo 221 del Código de Procedimiento Civil, descarta toda posibilidad de admitir la validez de la citación por correo, si el aviso de recibo no es firmado por las personas taxativamente señaladas en el artículo 220 ejusdem, aunque la demandada haya tenido conocimiento de la demanda o esté en posibilidad de conocerla.

La Sala considera, que al no establecerse el cargo de la persona que recibió la citación por correo, ello no es acorde a lo pautado en el artículo 220 del Código de Procedimiento Civil, puesto que las únicas personas autorizadas por dicha norma para recibir y firmar válidamente el aviso de recibo de la citación por correo son el representante legal o judicial de la persona jurídica, cualquiera de sus directores o gerentes y el receptor de correspondencia de la empresa...”. (Negrillas y subrayado de la Sala)

Cabe advertir, que la presente demanda de invalidación fue fundamentada en el ordinal 1° del artículo 328 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, en “la falta de citación, o el error, o fraude cometidos en la citación del demandado”, en el juicio que por cobro de bolívares intentó la entidad financiera Bancor, S.A.C.A. contra la empresa C.M.T., Televisión, S.A., con base en el incumplimiento del artículo 221 eiusdem, que de acuerdo con la jurisprudencia transcrita ut supra, contiene la sanción de nulidad expresa aplicable a los casos en los cuales el aviso de recibo no sea firmado por las personas taxativamente indicadas en el artículo 220 ibídem; ello aunado, a que si no se establece el cargo de la persona que firmó el recibo de citación, se está contraviniendo lo pautado en esta última norma.

Principio pro defensa

Asimismo, la Sala reitera lo expresado por la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, sobre el derecho de defensa respecto al demandado, en sentencia 1385, de fecha 21 de noviembre de 2000, dictada en el caso: Aeropullmans Nacionales, S.A. (AERONASA), expediente 00-0312, en la que estableció el criterio vinculante, por cuanto se trata de interpretación de normas constitucionales, que a continuación se transcribe:

“...Para decidir esta Sala tiene previamente que determinar el alcance que debe tener el derecho de defensa con relación al demandado, el cual lo establece como interpretación vinculante:

1.        Siendo la defensa un derecho inviolable en todo estado del proceso, tal como lo reconoce el artículo 49 de la vigente Constitución, dentro de los elementos del debido proceso, derecho que además estaba consagrado en el artículo 68 de la derogada Constitución de la República de Venezuela de 1961, considera esta Sala que la manifestación inequívoca por parte del demandado de hacer uso de su derecho a contestar la demanda, debe siempre ser interpretado a su favor, ante cualquier ambigüedad y oscuridad de la ley. Resulta un absurdo jurídico que la ficción impere sobre la realidad, y que en situaciones ambiguas u oscuras, se prefiera considerar que el demandado no contestó la demanda, dejándolo sin la defensa de la recepción de sus alegatos, antes que reconocerle la utilización efectiva de su derecho. En fin, la Sala interpreta que en casos de duda, las normas deben interpretarse a favor de la parte que de manera expresa e inequívoca hace uso de sus medios de defensa. Es esta clase de interpretación la que garantiza la realización de la justicia, que como fin del proceso establece el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela...”. (Negrillas, cursivas y subrayado de la Sala).

SCC 11-10-01

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  00-420, dec. Nº 312:

Errores en la citación  e irregularidad en los edictos

Ante tales argumentos, este Tribunal Supremo de Justicia, cumpliendo con su labor de guardián de la legalidad, escudriñó la sentencia impugnada, encontrando que en su parte motiva, supra transcrita en el capítulo precedente, hace un análisis de los sucesos acaecidos en el proceso, en el que destaca las irregularidades observadas tanto en la citación para la contestación de la demanda, como en el auto que acuerda el libramiento del edicto, puntualizando las fallas de que adolecen tales actuaciones y en consecuencia, constriñendo al juez de la inferior instancia, en atención a la reposición ordenada, a sanear el proceso de todos los actos írritos que en el ocurrieron. No repone el ad-quem al estado de que se emitan los edictos en forma alguna, al respecto sólo resalta, de forma explicativa y palmaria, lo incorrecto de su expedición, pues según su acertada opinión, para ella no se siguieron las pautas establecidas en la Ley Adjetiva Civil al efecto. La reposición ordenada lo es, en todo caso, y así se evidencia del dispositivo de la recurrida, al estado de que se admita la demanda, pues fue allí donde se violentaron normas de orden público, que devienen en un manifiesto menoscabo al derecho a la defensa de aquéllos que sin haber sido debidamente informados del proceso en curso, a través de la forma legal prevista a tal fin, pudieren resultar condenados en una causa en la que no se les otorgó la potestad de esgrimir su defensa; creando asi desigualdades dentro del juicio, en relación a los sujetos no informados, conducta infractora del artículo 15 del Código Adjetivo invocado.

Estos hechos, que sin lugar a dudas, autorizan al jurisdicente, aún de oficio, a ordenar lo procesalmente necesario, a efectos de subsanar los actos írritos conculcadores del orden público.

Con base a los argumentos reseñados, concluye la Sala, que no adolece la sentencia recurrida, del vicio de reposición indebidamente decretada, no habiéndose perpetrado, en consecuencia, violación alguna de los artículos 15, 144, 212 y 231 del Código de Procedimiento Civil, debiendo de esta manera declarar, improcedente la denuncia analizada. Así se decide.

SCC 20-5-04

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 03-123, dec. Nº 438:

El demandado convalidó irregularidad en la citación

Como se observa, el sentenciador de alzada consideró que el juez a quo, mediante las sentencias de fecha 6 de junio de 2001 (folios 179 al 186), y 16 de octubre del 2001 (folios 227 al 239) violó tanto normas de carácter civil y procesal, al considerar válida la citación practicada en el abogado Jimmy Ángel Urdaneta Cordero, quién tan sólo era un “mandatario por contrato”, puesto que la citación debió realizarse en la persona del “representante legal del Banco…René Toro Arismendi”. Por este motivo, concluyó que las mencionadas decisiones eran inválidas por ilegales, y nulas por inconstitucionales.

Ahora bien, el poder otorgado a Jimmy Ángel Urdaneta Cordero, por René Toro Cisneros, que cursa en los folios 150 al 152 de las actas del expediente, es del siguiente tenor:

“Yo, RENÉ TORO CISNEROS, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio, titular de la cédula de identidad 926.434, procediendo en este acto en mi carácter de Representante Judicial del BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL,…debidamente autorizado por el artículo 29 de los Estatutos del BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL, por el presente documento declaro: Que en nombre de mi representado, confiero PODER ESPECIAL, pero amplio y bastante, en cuanto a derecho se requiere al: doctor: JIMMY ÁNGEL URDANETA CORDERO… el prenombrado apoderado queda facultado para intentar y contestar toda especie de acciones…con facultad expresa para darse por citado o notificado en nombre del BANCO…a tenor de lo previsto en el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil vigente, se sirva dejar constancia en la nota respectiva que ha tenido a su vista los documentos originales que a continuación se señalan: PRIMERO: Un (1) ejemplar del acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO PROVINCIAL…registrada por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 09 de mayo de 1996, bajo el 15, Tomo 112-A Pro., donde consta mi designación como representante judicial del BANCO PROVINCIALSEGUNDO: Un (1) ejemplar del Diario “El Universal” en su edición de fecha 05 de Diciembre de 1996, donde en la página 2-13 aparecen publicados los Estatutos Sociales del BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL.” (negrillas suyas)

Del poder transcrito con anterioridad consta que la Asamblea de Accionistas del Banco Provincial, S.A. Banco Universal, designó como su representante judicial al abogado René Toro Cisneros. Por haber sido designado como tal por la citada asamblea, tenia facultades para conferir poder al abogado Jimmy Ángel Urdaneta Cordero en nombre del Banco Provincial S.A. Banco Universal, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, donde aparecen las atribuciones que le fueron otorgadas.

Si bien la citación debe realizarse en las personas autorizadas por la asamblea, considera la Sala que la irregularidad procesal observada por el juez de la recurrida quedó subsanada con la comparecencia en juicio de dicho abogado, quien exhibió poder donde se acreditan sus facultades para actuar en nombre del banco demandado.

Por tanto, es inútil la reposición decretada por el juez de alzada porque el abogado Jimmy Ángel Urdaneta Cordero actuó en el juicio debidamente facultado por el banco demandado, y al efecto procedió a darse por citado en su nombre y representación.

El artículo 206 del Código de Procedimiento Civil acogió de manera expresa el criterio de la Sala en el sentido de que no se declarará la reposición de la causa si la misma no persigue un fin útil y el acto alcanzó el fin al cual estaba destinado; criterio que ya venia aplicándose desde el año 1943.

Considera la Sala que con ese modo de proceder, la recurrida cometió el vicio de reposición mal decretada e infringió el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, al vulnerar el principio de igualdad de las partes en el juicio; el 206 del mismo Código, al reponer la causa en forma indebida, ya que el acto había alcanzado su finalidad; y el 213 y 215, porque al no haber sido alegada la supuesta irregularidad en el trámite de citación en la oportunidad correspondiente, el abogado representante de la demandada la convalidó tácitamente al actuar en el juicio con el poder que le fue otorgado, y por tanto, el juez debió considerar válidamente citada a la parte demandada. Así se establece.

Artículo 216

La parte demandada podrá darse por citada personalmente para la contestación, mediante diligencia suscrita ante el Secretario.

Sin embargo, siempre que resulte de autos que la parte o su apoderado antes de la citación, han realizado alguna diligencia en el proceso, o han estado presentes en un acto del mismo, se entenderá citada la parte desde entonces para la contestación de la demanda, sin más formalidad.

SCC 23-3-04

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 02-962, dec. Nº 229:

Citación presunta no requiere de facultad expresa del apoderado

La figura que  consagró el código vigente en el artículo mencionado, se conoce como la citación tácita o presunta, ya que se repite, al enterarse el accionado, por el hecho de haber realizado alguna diligencia en el juicio, de que existe acción en contra de su poderdante deberá, por razones de la confianza que se evidencia depositó aquel en su persona, alertar a éste a preparar su defensa y de ésta manera queda a buen resguardo el derecho a la defensa que con la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999 adquirió rango constitucional.

Así pues, en el supuesto de que el apoderado tenga acceso al expediente, deberá entenderse que él y su representado están enterados de la demanda y se considerará citado el demandado para la contestación.

Es oportuno resaltar que en el supuesto en comentario, no se hace necesario que el abogado exhiba poder con facultad especial para darse por citado y así lo ha establecido éste Máximo Órgano de Justicia en su doctrina de vieja data tal como se evidencia de la sentencia de fecha 3/8/94, expediente . 93-375, en el juicio de José María Hernández Zamora contra Servicios V.P.C.A.,, oportunidad en la que se estableció:

“...Tales situaciones procesales, según la práctica forense, se han completado para mayor seguridad jurídica, con la advertencia del Juez a la parte o al apoderado de que la presencia en el acto significaba la presunción de citación, e incluso, en algunos tribunales se deja constancia en el expediente de que desde esa fecha comienza a correr el lapso del emplazamiento para la contestación de la demanda.

No obstante la claridad de la relación de la disposición legal en comento, ha habido dudas en torno a si el apoderado al cual se refiere el aparte único del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, debe ser cualquier mandatario judicial con la facultades plenas de representación, o si además de ello, el poder del caso debe contener, adicionalmente, la facultad expresa para el apoderado de darse por citado.

En este sentido, el autor antes reseñado, en la misma obra, afirma:

‘Ha surgido la duda, expresada en conferencia, foros de estudio y comentarios, con motivo de la entrada en vigencia del nuevo Código, y con él la de la norma del Art. (Sic) 216, si la presunción de citación se realiza, cuando se trata de la actuación no de la parte misma, sino de su apoderado, en cuyo poder no figura la facultad de ‘darse por citado’ o bien se le prohíbe expresamente hacerlo.  Se invoca en apoyo de la posición negativa, que el artículo siguiente (Art. 217 C.P.C.) no admite al apoderado a darse por citado por el demandado sino en el caso de exhibir poder con facultad expresa para ello’ (Subrayado de la Sala)

Nosotros sostenemos que no debe confundirse la citación presunta con la citación expresa mediante apoderado con facultad para ello (Art. 217 C.P.C.)’ (Subrayado de la Sala).

‘La citación presunta se realiza por virtud de la ley, la cual establece la presunción; la expresa autorizada por el Art. 217 se realiza por voluntad del apoderado, que en sustancia, es la voluntad del mandante. Por ello, para que el apoderado pueda darse por citado por el demandado, se exige que el demandado le haya conferido facultad expresa para ello. No así en la citación presunta, la cual no es efecto de la voluntad del demandado, sino de la ley, que tomando en cuenta determinadas circunstancias de hecho, y la experiencia de lo que ocurre normalmente en la vida, la han llevado a establecer verdad, que cuando el demandado, o un apoderado suyo, han realizado alguna diligencia en el proceso o han estado presentes en algún acto del mismo,.antes de haberse practicado formalmente la citación, el demandado está ciertamente enterado de la demanda y, por ello se le tiene por citado, sin más formalizada’ (subrayado de la Sala).

‘La citación presunta no exige ningún requisito especial en el apoderado, basta que éste lo sea mediante poder otorgado en forma legar, ya se el poder general o especial. La Ley no atiende en este caso al contenido o facultades concedidas al apoderado, sino a la representación que ejerce del demandado, que hace suponer la confianza que sin duda tiene el mandante en su mandatario. La diferencia entre ambas normas la revela el propio Art. 217 C.P.C., que en su encabezamiento quiere expresar radicalmente, su distinción de la norma que le precede, cuando dice: ‘Fuera del caso previsto en el artículo anterior’. Esto es, fuera del caso de la citación presunta, que se tiene en la hipótesis de la norma anterior, ‘cuando se presente alguien por el demandado a darse por citado (citación expresa), sólo será admitido en el caso de exhibir poder con facultad expresa para ello...’, lo que es comprensible, tratándose de un acto de citación voluntaria fundada en el mandato. En cambio, en al (Sic) citación presunta, el apodera no se da por citado, sino que la ley tiene por citado al demandado en las circunstancias que prevé la norma. Y esto, con la finalidad profiláctica de sanear el proceso de aquella corruptela y dar paso a la economía procesal, a la celeridad y a la lealtad y probidad en el proceso’ (subrayado de la Sala).

‘Por lo demás, el efecto que se deriva de la presunción por la actuación del apoderado, sin exigir que tenga facultad expresa para darse por citado, no es extraña al sistema procesal venezolano. Bajo la vigencia del antiguo Código de 1916 y hoy también bajo el nuevo, en los casos de citación del demandado no presente en la República (Art. 137 Código de 1916, artículo 224 Código vigente),  ambos códigos disponen que se le cite primera en la persona de su apoderado, si lo tuviere. Y tanto la doctrina como la jurisprudencia, han consideración que la ley patria no se contrae a cualquier apoderado, aun especial, y en concepto de Borjas, él legislador, para disponer que se cite al apoderado, ha atendido, no a las facultades de que el no presente haya investido a su mandatario, sino a la plena confianza que sin duda tiene en él, puesto que al ausentarse, le ha dejado encargado de algunos de sus asuntos, si no de todos’. En otros términos –concluye Borjas- él mandatario de persona que se halle fuera del país, deriva de la ley su facultad de ser citado en representación de su mandante, y no de la expresa voluntad de éste’.

‘Del mismo modo, siguiendo esta argumentación, podemos decir, que el mandatario de la parte que no ha sido citada formalmente al juicio, y no obstante, realiza alguna diligencia en el proceso, o ha estado presente en el acto del mismo, coloca a su mandante en la situación de citado para la contestación de la demanda, sin más formalidad, en virtud de la presunción legal que establece la disposición del Art. 216 C.P.C.; y que si la actuación del apoderado le estuviese prohibida y le ocasionare perjuicios al mandante, su actuación compromete la responsabilidad del mandatario frente al mandante, pero no impida los efectos de la presunción legal establecida en la norma que es de carácter imperativo’ (Arístides Rengel Romberg, ob. Cit., págs. 222 y 233).

No obstante lo afirmado, hay doctrina que ha interpretado, que para que un apoderado pueda ser considerado citado para la contestación de la demanda, según el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, en su único aparte, debe tratarse de un mandatario con facultad para darse por citado, porque esta citación es entonces el supuesto del artículo 217 eisudem. En tal sentido, el Dr. Román J. Duque Corredor, en su obra ‘Apuntaciones sobre el Procedimiento Civil Ordinario’, página 121 y siguientes, textualmente, expresa:

‘La segunda forma de citación personal es la citación presunta. En efecto, el artículo 216,en su último aparte, considera que el demandado queda citado de manera personal, en los dos supuestos siguientes:’

‘Primero, cuando del expediente resulte que el demandado o su apoderado, antes de practicarse la citación, han realizado alguna diligencia en el proceso’.

‘Segundo, cuando el demandado o su apoderado hayan estado presentes en algún acto del proceso’.

‘En ambos casos, el legislador presume que por el hecho de que un demandado o si apoderado acuda a un proceso en el cual él aparezca como demandado al objeto de efectuar alguna diligencia, a pedir una copia certificada, a plantear cualquier solicitud o requerimiento, o simplemente comparezca, aunque no diga que se da por citado, queda informado de que obra una demanda en si contra y de que se le está emplazando para que la conteste. Igualmente, si al realizarse algún acto del proceso, se deja constancia en él de que el demandado o su apoderado estuvieron presentes, se presume que queda informado de que está siendo emplazado para contestar la demanda. En efecto, por ejemplo, si con motivo de la admisión de la demanda, se acuerda una medida preventiva o ejecutiva, si es un juicio de vía ejecutiva, y el demandado concurre a oponerse a la medida antes de la citación, o si al practicarse tal medida sobre los bienes del demandado, éste presencia el acto del embargo. En ambos supuestos opera la presunción establecida en el artículo 216. En estos casos y desde este momento, se considera que el demandado queda citado para la contestación de la demanda sin más formalidades. En efecto, tales actos ocurren en el proceso ya iniciado, de modo que la presencia del demandado en la práctica de algunas de las medidas indicadas es una forma de citación presunta, porque la ejecución de estas medidas sólo se dan en un proceso en curso (artículo 588) y son suficientes para que aquél se entere de la demanda intentada en su contra. Con mayor razón cuando el demandado se opone a las medidas dictadas o ejecutadas en su contra. Por otra parte, si para que la citación por medio de apoderado sea válida, se exige, en el artículo 217 eiusdem, facultad expresa para ello, también para que se dé la citación presunta por la comparecencia del apodera en el proceso, o por haber realizado alguna diligencia en el procedimiento, es necesario que aquél esté autorizado expresamente para darse por citado’.

‘Estimo que esta norma viene a recoger legalmente lo que en materia de interdictos habría consagrado la jurisprudencia si al practicarse el interdicto restitutorio o de amparo, está presente el querellado en el acto de ejecución, se le considera citado para la oposición al interdicto. En consecuencia, en materia de interdictos, ahora no hay duda de que si al ejecutar la restitución o al paralizar los actos perturbatorios, está presente el querellado, por aplicación del último aparte del artículo 216, éste queda citado sin más formalidades’.

‘Esta norma viene a solucionar los inconvenientes que surgían bajo el Código Anterior. En efecto, ocurría que no obstante que el demandado se oponía a un embargo y apelaba la decisión que declaraba sin lugar la oposición e incluso recurría Casación por no haberse practicado la citación, no podría considerársele citado para la contestación de la demanda’

Por ello, es distinto el supuesto del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, pues en este otro caso, según la enseñanza del Dr. Arístides Rengel Romberg, no se trata de unas actuaciones procesales a las cuales la ley le atribuye el valor de presunción de citación, sino de citación voluntaria y expresa mediante apoderado, siempre que exhiba poder con facultad para darse por citado. A este respecto, el autor en comento, expresa:

‘Fuera de estas citaciones en las que el demandado rectamente y personalmente, se da por citado o se presume o se entiende como tal, existe otro caso en el que también se le considera citado; pero no por su actividad o actuaciones personal, sino por la de otra persona, su apoderado. En efecto, cuando alguien se presente en lugar del demandado a darse por citado, tiene que exhibir un poder con facultad expresa para ello. En consecuencia, debe de tratarse de un apoderado, en cuyo poder se le autorice para darse por citado en nombre del poderdante, a diferencia del Código anterior que exigía como formalidad necesaria para la validez de la citación por medio de apoderado, la del otorgamiento de un poder especial para ello, tal como lo establecía el artículo 144, no siendo válida la citación si el apoderado no exhibía un poder para un juicio determinado en el cual se le facultara para que compareciere a darse por citado. El Código vigente exige que en el poder, aunque sea de manera general, se le faculte al mandatario expresamente para darse por citado en sustitución del poderdante o en nombre de éste. Respecto de esta norma, vamos a hacer un comentario:’

‘La norma amplía la facultad de darse por citado mediante apoderado, porque ahora no se exige que el apoderado tenga poder especial otorgado por el demandado para el pleito de que trate, como lo exigía el Art. 144 del Código darse por citado, independientemente de que el poder sea general, para todos los asuntos, o especial para ese pleito. La Exposición de Motivos explica que la comisión redactora consideró que en este materia debe darse vigencia plena a la voluntad expresa de la parte manifestada en el poder, con independencia de la naturaleza general o especial del mismo’.

Por la naturaleza expresa de esta citación mediante apoderado, ella requiere la manifestación de voluntad del apoderado, de ‘darse por citado’ en el juicio, y no basta con la mera consignación, del poder en autos sin esta expresa manifestación de voluntad, pues aquí estamos en presencia de una citación fundada en el mandato, y por tanto requiere la voluntad de ejercer la facultad otorgada en el mismo’

‘Ya bajo la vigencia del Código derogado, la casación, al interpretar el Art. 144 del aquel Código, había sentado la doctrina, según la cual ‘la sola consignación en el expediente del poder otorgado por el demandado para ese juicio, no es suficiente para considerar a éste válidamente intimado y que, por tanto, desde ese momento empezó a correr el término para la contestación de la demanda en el juicio ordinario o el de apercibimiento para pagar o hacer oposición en el especial de ejecución de hipoteca, como lo decidió la recurrida’. El criterio que aquí se sustenta encuentra asidero en el propio texto del Art. 144 transcrito, ya que allí no dice el legislador que ‘cuando alguien presentare poder otorgado por el demandado’, sino que en forma enfática, expresa: ‘Cuando se presentare alguien con el demandado a darse por citado, sólo será admitido...’. Y concluye la casación: ‘La citación en nombre de otra persona es una derogación ostensible del carácter personalísimo que reviste la citación, por lo cual la voluntad del mandatario de darse por citado en nombre del demandado debe aparecer claramente expresada en autos’ ‘.

‘Si el poder no llenare el requisito de otorgar facultad expresa para darse por citado, dispone el Art. 217 del nuevo Código lo mismo que disponía el Art. 144 del derogado, esto es, que ‘se hará la citación de la manera prevenida en este capítulo, sin perjuicio de que, llenadas que sean todas las formalidades en él establecidas según los casos, pueda gestionar en el juicio el mismo que no haya sido admitido a darse por citado, si tuviere poder suficiente para intervenir en él’ ‘.

‘la disposición anterior es clara y precisa: si el poder no otorga facultad expresa para darse por citado, ‘se hará la citación en la forma prevenida en este capítulo’, vale decir, según la forma prevenida en el Art. 218 C.P.C., para la citación personal, y si ésta no fuere posible, en la forma supletorias previstas en los artículos 219, 223 y 224 según los casos; y no puede interpretarse como han pensado algunos, que la presentación del apoderado con el poder insuficiente da lugar a la aplicación de la citación presunta prevista en el Art. 206 C.P.C., pues esto sería subvertir el orden del procedimiento y desconocer el mandato expreso del Art. 217 que ordena, en tal caso, hacer la citación en la forma prevenida, vale decir, la personal o in faciem, y no la presunta, que tiene supuestos diferentes ‘ (Arístides Rengel Romberg, ob. cit., págs. 224 y 225)

La Sala observa, como apunta el Dr. (Arístides Rengel Romberg, que los supuestos de citación presunta del aparte único del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, son enteramente distintos a la citación mediante apoderado a que se refiere el artículo 217 eiusdem, En efecto, la economía procesal y la celeridad de los juicios son fundamentos de la norma del aparte único del artículo 216 citado, por el cual se establece la presunción legal que la parte o su apoderado, con o sin poder con facultad para darse por citado, están enterado del proceso y todos sus pormenores, presunción legal ésta que sustituye enteramente la voluntad del mandante por las razones indicadas, que viene a ser el sustento de la disposición del artículo 217.

De otra parte, de acogerse el razonamiento contenido en la doctrina del Dr. Román J. Duque Corredor en este particular, en la forma precedentemente transcrita, se atendería contra la economía procesal y la celeridad en los juicios, porque puede pensarse que subsistiría, precisamente, la corruptela que la norma del artículo 216, en su aparte único, del Código de Procedimiento Civil, quiso erradicar, esto es, que la parte o su apoderado sin facultad expresa para darse por citado, concretamente, se puedan oponer a la medida cautelar decretada y que por ello, no quedara citado, lo que evidentemente atenta contra los principios procesales antes referidos...”.

Con base a la doctrina invocada y en razón de que apoyándose en el dicho de la recurrida, esta Sala ha constatado que el apoderado de los demandados actuó, aun cuando lo hizo con poder sin facultad para darse por citado, debe concluir que efectivamente en esa oportunidad quedaron citados de manera tácita los accionados, hecho que impidió se consumara en el subiudice la perención alegada, razón por la cual no podía el jurisdicente superior declararla y por vía de consecuencia no infringió la recurrida el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en tal virtud se declara improcedente la denuncia analizada. Así se decide.

SCC 30-9-03

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  01-776, dec. Nº 607:

Citación presunta no requiere que la presencia del demandado sea voluntaria

El formalizante denuncia que el sentenciador de alzada interpretó erróneamente el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, al considerar que en el caso concreto no operó la citación presunta de la empresa demandada por cuanto la presencia del ciudadano José Eduardo Chávez, director gerente de la misma, en el momento de la práctica de la medida de secuestro, “no obedece a una actuación voluntaria de la parte demandada ni puede considerarse conforme al artículo 216 del Código de Procedimiento Civil”.

Sobre el particular, en sentencia Nº RC-0055, de fecha 5 de abril de 2001, en el juicio del Condominio de la Primera Etapa del Centro Ciudad Comercial Tamanaco contra Inversiones Bayahibe, C.A., expediente 00-093, la Sala expresó lo que de seguida se transcribe:

“...Según la Exposición de Motivos, el artículo 216 recoge “la práctica admitida en nuestro derecho, de que el demandado pueda darse por citado personalmente, mediante diligencia suscrita ante el Secretario. Se introduce una presunción de citación, cuando resulta de los autos que la parte o su apoderado han realizado alguna diligencia en el proceso, antes de su citación, o han estado presentes en algún acto del mismo. Se estima que en tales hipótesis, es contrario a la economía del proceso y a la celeridad del juicio, realizar todos los trámites de una citación ordinaria, cuando la parte ya está enterada de la demanda, por haber actuado en el proceso, o estado presente en algún acto del mismo y consta de autos dicha circunstancia”. (Exposición de Motivos y Proyecto de Código de Procedimiento Civil. Ediciones del Congreso de la república. Caracas, 1982. págs. 33 y ss.). Por tanto, si en el caso concreto uno (1) de los directores de la empresa mercantil demandada, tal como consta en la propia narrativa de la sentencia, diligenció en el expediente oponiéndose a una medida ejecutiva de embargo, obra en los autos una presunción de citación de la empresa mercantil demandada, y así lo ha debido considerar la recurrida para acatar “la intención y el propósito del legislador”. (Negrillas de la Sala).

Esta figura del nuevo Código, que es llamada indistintamente en el uso forense “citación presunta” o “citación tácita”, denominada en el Código colombiano, quizá con más contenido semántico “citación por conducta concluyente”, se produce cuando el mismo demandado o su apoderado han realizado alguna diligencia en el proceso, o han estado presentes en un acto del mismo, según certificación que conste en el acta respectiva. De ello, se infiere que la ley da por citado al reo, tanto si interviene activamente en el proceso, como si está inactivo, pero presente, por sí o por medio de apoderado, en cualquier acto del proceso, como ocurrió en el caso de autos, en que concurrió uno de los directores de la empresa mercantil demandada a oponerse a una medida cautelar ejecutiva. Por consiguiente, el lapso para la contestación de la demanda, de veinte (20) o menos de veinte (20) días, según la clase de juicio de que se trate, corre a raíz y a partir de la fecha de la citación presunta, como si se tratare de la citación in faciem que regula el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, en el que la ley no exige ninguna formalidad posterior cuando el citado firma la constancia de recibo de la compulsa. De allí que, al omitir la recurrida aplicar el contenido y alcance del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil en el caso concreto, lo violó por falta de aplicación;...”. (Negrillas y subrayado de la Sala)

Ahora bien, en el caso bajo estudio, en contraposición con la jurisprudencia transcrita precedentemente, la recurrida expresa:

“...Para esta juzgadora ciertamente como lo decidió el juez “a quo”, la aparición de la persona de uno de los gerentes de la compañía demandada en el lugar donde se constituyó el Tribunal para la práctica de la medida preventiva decretada, no obedece a una actuación voluntaria de la parte demandada ni puede considerarse conforme al artículo 216 del Código de Procedimiento Civil que la parte demandada haya realizado una diligencia en el proceso o que haya estado presente en un acto del mismo, toda vez que el ciudadano José Eduardo Chávez en su condición de Gerente por si sólo (sic) no representa a la sociedad mercantil “MAQUINARIAS DOMO, S.A.” “DOMOSA” como se deduce de la cláusula novena del estatuto social, según la cual, quien ostenta la representación judicial de la compañía de manera individual y excluyente es el Director Presidente de la compañía, que es el ciudadano LIVIANO DOGANIERO y por el contrario los gerentes EDUARDO MONCADA Y JOSE (sic) CHAVEZ (sic) no tienen atribuida esta facultad de representación judicial y en todo caso en el ejercicio de las facultades que sí le (sic) están conferidas, los mismos deben actuar conjuntamente con el director presidente de la compañía. En este sentido no puede concluirse que por haber estado físicamente en el lugar donde se practicaba la medida y aparecer mencionado en el acta, sin haber firmado la misma, en una clara expresión de involuntariedad, la compañía demandada puede considerarse citada de manera presunta, ASI (sic) SE DECLARA” (Negrillas de la Sala).

Debe distinguirse el alcance de las expresiones “han realizado alguna diligencia en el proceso” y “han estado presentes en algún acto del mismo” contenidas en el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil a la luz del instituto de la citación presunta como actuaciones realizadas por una representación legitimada de la parte, en principio, y por otra parte, como actuación realizada por esa parte de manera voluntaria o cuando la presencia de la parte en el acto de que se trate, sea esencial a dicho acto por ordenarlo así la Ley.

En el caso bajo estudio, es evidente que el ciudadano JOSE (sic) CHAVEZ (sic) en su condición de gerente, no está legitimado para comparecer voluntariamente en un acto judicial y representar validamente (sic) en el (sic) a la compañía sociedad mercantil “MAQUINARIAS DOMO S.A. DOMOSA”, razón por la cual esta juzgadora considera al igual que la sentenciadora de la primera instancia, que ciertamente la demandada Sociedad mercantil “MAQUINARIAS DOMO S.A. DOMOSA”, no se encuentra citada en el presente juicio mediante la citación presunta y por ello la causa debe ser repuesta en protección al derecho de defensa de la accionada al estado en que se comience a computar el lapso de emplazamiento para la contestación de la demanda en virtud de que para los efectos de la citación en este caso si debe entenderse como citación presunta la comparecencia en este juicio del apoderado judicial abogado Néstor Aure, según escrito de fecha 26 de abril de 1.999 cursante a los folios 158 al 173 del expediente. ASÍ SE DECIDE...”.

 

De lo antes expuesto, resulta obvio que, tal y como lo delata el recurrente, el juez superior infringió, por errónea interpretación, el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, pues, contrariamente a lo que sostiene en su decisión, la sola presencia de uno de los directores de la empresa demandada en el momento en que se practicó la medida de secuestro decretada en el presente juicio, es suficiente para entender citada a la parte desde entonces para la contestación de la demanda, sin que se requiera ninguna otra formalidad. Así se decide.

Por consiguiente, la Sala declara procedente la denuncia de infracción, por errónea interpretación, del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

SCS 9-10-03

Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz. Exp. Nº 03-198, dec. Nº 649:

Actuación del representante del demandado provoca citación presunta aunque no tenga facultades para darse por citado

En este sentido, esta Sala ha señaló en reiteradas oportunidades en cuanto a la interpretación del artículo en cuestión, lo que de seguida se transcribe:

... a diferencia de la citación presunta prevista en el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, la cual consiste en una gestión procesal. Al respecto, Arístides Rengel-Romberg en Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, expresa:

‘La citación presunta se realiza por virtud de la ley, la cual establece la presunción; la expresa, autorizada por el Artículo 217, se realiza por voluntad del apoderado, que en sustancia es la voluntad del mandante. Por ello, para que el apoderado pueda darse por citado por el demandado, se exige que el demandado le haya conferido facultad expresa para ello. No así en la citación presunta, la cual no es efecto de la voluntad del demandado, sino de la ley, que tomando en cuenta determinadas circunstancias de hecho, y la experiencia de lo que ocurre normalmente en la vida, la han llevado a establecer como verdad, que cuando el demandado, o un apoderado suyo, han realizado alguna diligencia en el proceso o han estado presentes en algún acto del mismo, antes de haberse practicado formalmente la citación, el demandado está ciertamente enterado de la demanda, y por ello se le tiene por citado, sin más formalidad.

La citación presunta no exige ningún requisito especial en el apoderado, basta que éste lo sea mediante poder otorgado en forma legal, ya sea el poder general o especial.” (Subrayado de la Sala).

(Sentencia de fecha 5 de abril de 2000, expediente 99- 082).

En este orden de ideas, esta Sala constata efectivamente, que el Vicepresidente de la empresa demandada, una vez interpuesta la acción, solicitó copia del libelo de la demanda y demás actuaciones, por cuanto eran de su interés. Ahora bien, del documento constitutivo de la empresa se verifica que expresamente no se le otorga al Vicepresidente la facultad de darse por citado, sin embargo, en virtud de lo precedentemente transcrito, siendo el Vicepresidente representante de la parte demandada, la doctrina y la norma es clara al señalar que si las partes o sus apoderados realizan alguna diligencia previa a la citación, la misma se tendrá por citada, una vez que se ha enterado del caso, situación ésta que ha sido verificada en el presente asunto.

Así pues, que de conformidad con lo hasta aquí expuesto, la Alzada ciertamente erró en la interpretación del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, al haber declarado, que no debió darse por citada tácitamente a la demandada en virtud de que el Vicepresidente no está facultado expresamente para ello, ni para representarla jurídicamente.

En consecuencia, se declara con lugar la presente denuncia. Así se decide.

SCC 30-9-03

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 01-776, dec. Nº 607:

Citación presunta cuando está presenta en algún acto del proceso aunque no actúe

El formalizante denuncia que el sentenciador de alzada interpretó erróneamente el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, al considerar que en el caso concreto no operó la citación presunta de la empresa demandada por cuanto la presencia del ciudadano José Eduardo Chávez, director gerente de la misma, en el momento de la práctica de la medida de secuestro, “no obedece a una actuación voluntaria de la parte demandada ni puede considerarse conforme al artículo 216 del Código de Procedimiento Civil”.

Sobre el particular, en sentencia Nº RC-0055, de fecha 5 de abril de 2001, en el juicio del Condominio de la Primera Etapa del Centro Ciudad Comercial Tamanaco contra Inversiones Bayahibe, C.A., expediente 00-093, la Sala expresó lo que de seguida se transcribe:

“...Según la Exposición de Motivos, el artículo 216 recoge “la práctica admitida en nuestro derecho, de que el demandado pueda darse por citado personalmente, mediante diligencia suscrita ante el Secretario. Se introduce una presunción de citación, cuando resulta de los autos que la parte o su apoderado han realizado alguna diligencia en el proceso, antes de su citación, o han estado presentes en algún acto del mismo. Se estima que en tales hipótesis, es contrario a la economía del proceso y a la celeridad del juicio, realizar todos los trámites de una citación ordinaria, cuando la parte ya está enterada de la demanda, por haber actuado en el proceso, o estado presente en algún acto del mismo y consta de autos dicha circunstancia”. (Exposición de Motivos y Proyecto de Código de Procedimiento Civil. Ediciones del Congreso de la república. Caracas, 1982. págs. 33 y ss.). Por tanto, si en el caso concreto uno (1) de los directores de la empresa mercantil demandada, tal como consta en la propia narrativa de la sentencia, diligenció en el expediente oponiéndose a una medida ejecutiva de embargo, obra en los autos una presunción de citación de la empresa mercantil demandada, y así lo ha debido considerar la recurrida para acatar “la intención y el propósito del legislador”. (Negrillas de la Sala).

Esta figura del nuevo Código, que es llamada indistintamente en el uso forense “citación presunta” o “citación tácita”, denominada en el Código colombiano, quizá con más contenido semántico “citación por conducta concluyente”, se produce cuando el mismo demandado o su apoderado han realizado alguna diligencia en el proceso, o han estado presentes en un acto del mismo, según certificación que conste en el acta respectiva. De ello, se infiere que la ley da por citado al reo, tanto si interviene activamente en el proceso, como si está inactivo, pero presente, por sí o por medio de apoderado, en cualquier acto del proceso, como ocurrió en el caso de autos, en que concurrió uno de los directores de la empresa mercantil demandada a oponerse a una medida cautelar ejecutiva. Por consiguiente, el lapso para la contestación de la demanda, de veinte (20) o menos de veinte (20) días, según la clase de juicio de que se trate, corre a raíz y a partir de la fecha de la citación presunta, como si se tratare de la citación in faciem que regula el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, en el que la ley no exige ninguna formalidad posterior cuando el citado firma la constancia de recibo de la compulsa. De allí que, al omitir la recurrida aplicar el contenido y alcance del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil en el caso concreto, lo violó por falta de aplicación;...”. (Negrillas y subrayado de la Sala)

Ahora bien, en el caso bajo estudio, en contraposición con la jurisprudencia transcrita precedentemente, la recurrida expresa:

“...Para esta juzgadora ciertamente como lo decidió el juez “a quo”, la aparición de la persona de uno de los gerentes de la compañía demandada en el lugar donde se constituyó el Tribunal para la práctica de la medida preventiva decretada, no obedece a una actuación voluntaria de la parte demandada ni puede considerarse conforme al artículo 216 del Código de Procedimiento Civil que la parte demandada haya realizado una diligencia en el proceso o que haya estado presente en un acto del mismo, toda vez que el ciudadano José Eduardo Chávez en su condición de Gerente por si sólo (sic) no representa a la sociedad mercantil “MAQUINARIAS DOMO, S.A.” “DOMOSA” como se deduce de la cláusula novena del estatuto social, según la cual, quien ostenta la representación judicial de la compañía de manera individual y excluyente es el Director Presidente de la compañía, que es el ciudadano LIVIANO DOGANIERO y por el contrario los gerentes EDUARDO MONCADA Y JOSE (sic) CHAVEZ (sic) no tienen atribuida esta facultad de representación judicial y en todo caso en el ejercicio de las facultades que sí le (sic) están conferidas, los mismos deben actuar conjuntamente con el director presidente de la compañía. En este sentido no puede concluirse que por haber estado físicamente en el lugar donde se practicaba la medida y aparecer mencionado en el acta, sin haber firmado la misma, en una clara expresión de involuntariedad, la compañía demandada puede considerarse citada de manera presunta, ASI (sic) SE DECLARA” (Negrillas de la Sala).

Debe distinguirse el alcance de las expresiones “han realizado alguna diligencia en el proceso” y “han estado presentes en algún acto del mismo” contenidas en el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil a la luz del instituto de la citación presunta como actuaciones realizadas por una representación legitimada de la parte, en principio, y por otra parte, como actuación realizada por esa parte de manera voluntaria o cuando la presencia de la parte en el acto de que se trate, sea esencial a dicho acto por ordenarlo así la Ley.

En el caso bajo estudio, es evidente que el ciudadano JOSE (sic) CHAVEZ (sic) en su condición de gerente, no está legitimado para comparecer voluntariamente en un acto judicial y representar validamente (sic) en el (sic) a la compañía sociedad mercantil “MAQUINARIAS DOMO S.A. DOMOSA”, razón por la cual esta juzgadora considera al igual que la sentenciadora de la primera instancia, que ciertamente la demandada Sociedad mercantil “MAQUINARIAS DOMO S.A. DOMOSA”, no se encuentra citada en el presente juicio mediante la citación presunta y por ello la causa debe ser repuesta en protección al derecho de defensa de la accionada al estado en que se comience a computar el lapso de emplazamiento para la contestación de la demanda en virtud de que para los efectos de la citación en este caso si debe entenderse como citación presunta la comparecencia en este juicio del apoderado judicial abogado Néstor Aure, según escrito de fecha 26 de abril de 1.999 cursante a los folios 158 al 173 del expediente. ASÍ SE DECIDE...”.

De lo antes expuesto, resulta obvio que, tal y como lo delata el recurrente, el juez superior infringió, por errónea interpretación, el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, pues, contrariamente a lo que sostiene en su decisión, la sola presencia de uno de los directores de la empresa demandada en el momento en que se practicó la medida de secuestro decretada en el presente juicio, es suficiente para entender citada a la parte desde entonces para la contestación de la demanda, sin que se requiera ninguna otra formalidad. Así se decide.

Por consiguiente, la Sala declara procedente la denuncia de infracción, por errónea interpretación, del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

SCC 25-9-03

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 01-053, dec. Nº 585:

Citación presunta aun antes del emplazamiento

Ante los sucesos procesales narrados, observa la Sala, que el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, establece la figura de la citación tácita, vale decir la que permite inferir que la parte se entenderá citada para la contestación de la demanda, cuando élla o su apoderado, realicen alguna diligencia en el expediente, antes de que ocurra la citación, en doctrina de reciente data (30/11/00, sentencia No.390), esta Sala consideró procedente aplicarla en los procedimientos por intimación, si se diere el caso, lo preceptuado en la norma citada, éllo tiene su justificación en la teoría finalista y los principios de economía y celeridad que deben orientar a los procedimientos judiciales, para asi dar efectivo cumplimiento a la normativa prevista en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales expresan, sin dejar lugar a dudas, la voluntad de que la justicia se imparta de manera expedita, vale decir, sin dilaciones indebidas y obviando para éllo toda formalidad no esencial.

Ahora bien, ha establecido también la doctrina de este Alto Tribunal, la posibilidad de que ocurra la notificación espontánea, cuando las partes comparecen y lo expresen, aún antes de que el juez ordene el medio a través del cual se practicaría la misma. Con base a lo precedentemente expuesto, la Sala estima que en el caso de especie, debe considerarse que se produjo la notificación de las partes, de la última forma de las señaladas supra, efectiva y validamente, en la primera oportunidad en la que éllas comparecieron y expresaron hacerlo, la demandante el 28 de septiembre y la demandada en fecha 9 de octubre de 2000, por lo cual no era necesario ordenar su notificación, ni que la mencionada parte se diera nuevamente por notificada. La conducta a seguir por la ejecutada, ante la omisión de pronunciamiento del ad-quem, sobre el recurso de casación anunciado, debió circunscribirse a reclamar la situación y presentar su escrito de formalización ante este Máximo Tribunal, tal y como lo dispone el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil.

SCC 24-9-03

Ponencia del Magistrado Tulio Álvarez Ledo. Exp. Nº 03-086, dec. Nº 571:

Citación presunta es aplicable a la intimación

Criterio ratificado 12-04-05, exp.04-203, dec. 119.

De la precedente transcripción observa este Alto Tribunal, que el Juez de alzada declaró que al diligenciar el abogado Pedro Luis Bastardo para consignar el poder que lo acreditaba como mandatario de Hernán Celestino Rosales y Mariela Martín Pimentel, y oponerse al procedimiento de intimación, quedó intimado presuntamente el último de los demandados, quien con el otorgamiento de dicho poder evidenció que tenía conocimiento del decreto intimatorio, no pudiéndose tomar como tempestiva la oposición realizada antes de que se iniciara el lapso establecido por la ley; y al no ser realizada nueva oposición dentro de los diez días siguientes al 14 de noviembre de 2000, quedó firme el decreto intimatorio.

El artículo 216 del Código de Procedimiento Civil establece el principio de la citación tácita. La intención del legislador al establecer este principio fue la de omitir el trámite formal de la citación, el cual tiene por objeto poner al demandado en conocimiento del juicio, o al menos hacer posible que obtenga tal conocimiento, cuando de las mismas actas del proceso consta, por haber realizado alguna actuación la parte o su apoderado, que la accionada está enterada de la demanda contra ella incoada.

A los procedimientos intimatorios le es aplicable el efecto de la citación presunta, por ser plenamente asimilable.

Así, en sentencia dictada en fecha 30 de noviembre de 2000 (Alesandro Sergio Odoardi, contra Inversiones Bahía Mágica, C.A., exp. 00-194), la Sala estableció que resultaría contrario a la celeridad de los juicios y a la economía procesal, realizar todos los actos tendientes a lograr la intimación, cuando de las actas procesales pueda constatarse que la parte intimada con su actuación, ya está en conocimiento de la orden de pago emitida por el juez a través del respectivo decreto de intimación, con lo cual debe considerarse que el acto logró el fin para el cual estaba destinado. Los efectos de la citación presunta son plenamente asimilables a los de la intimación presunta y en virtud de ello, el supuesto contenido en el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual siempre que resulte de autos que la parte o su apoderado antes de la citación han realizado alguna diligencia en el proceso, o han estado presentes en un acto del mismo, se entenderá citada la parte desde entonces para la contestación de la demanda, sin más formalidad, resulta aplicable al procedimiento de intimación. (Negritas de la Sala).

En el caso analizado, precisamente se plantea que la ciudadana Mariela Martín fue intimada personalmente por el alguacil del Juzgado de Municipio Zamora del estado Miranda, y al no constar en autos la intimación del otro demandado, el mismo quedó intimado tácitamente con la diligencia a través de la cual el abogado Pedro Luis Bastardo Vallenilla, consignó el poder que lo acredita como apoderado de ambos.

Por tanto, es aplicable el criterio establecido por la Sala, pues no puede considerarse oportuna la oposición hecha al decreto intimatorio en el dies a quo, es decir, en la misma oportunidad en que se entendió tácitamente intimado el ciudadano Hernán Celestino Rosales.

La Sala no comparte el razonamiento del formalizante, pues si bien es a partir de la intimación del último de los demandados que comienza a transcurrir el lapso para la oposición al decreto intimatorio, al constar en los autos que el apoderado de los demandados diligenció en el expediente, debía considerarse tácitamente intimado en el juicio, como en efecto así lo estimó el Juez de la recurrida.

En cuanto al alegato referido a que el abogado Pedro Luis Bastardo, no tenía facultad expresa para darse intimado, esta Sala, en sentencia del 21 de julio de 1999, (Fondo para la Construcción de los Servicios Urbanísticos de Las Lomas, Condominio Privado contra Inversiones M.C.S.F., C.A.), estableció lo siguiente:

“...No existe una norma procesal que le de un tratamiento especial a la intimación, exigiendo facultad expresa, individual y autónoma en el poder, que distinga de la facultad expresa para darse por citado que sí esta claramente contenida en el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil. Por ello, debe en consecuencia, aplicarse la disposición contenida en el artículo 154 ejusdem, y determinarse en el presente caso, que los representantes judiciales de la demandada sí estaban autorizados en el poder para darse por intimado y oponerse al procedimiento de ejecución de Hipoteca. En otras palabras, si la ley tan sólo exige facultad expresa para darse por citado, y nada señala en cuanto a la intimación, tomando en cuenta que el poder analizado expresa claramente la potestad de darse por citado, debe aplicarse entonces, el contenido del artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, para entender que el mencionado poder faculta a los referidos abogados para darse por intimados y para todas aquellas actuaciones procesales que sean necesarias en ese juicio y que no estén expresamente exigidas como de obligatoria mención expresa...”

Al reiterar el criterio jurisprudencial que antecede considera la Sala, que el mandatario judicial, no requiere facultad expresa, para darse por intimado pues tal interpretación resultaría opuesta al contenido del artículo 154 del Código de Procedimiento Civil y constituiría una formalidad no esencial; por tanto, al otorgarle el mandante facultad a su apoderado para darse por citado, debe entenderse que tiene facultad para darse por intimado.

En consecuencia, si en casos como el de autos se evidencia de las actas del expediente, que el apoderado de la parte demandada -con facultad para darse por citado ha estado presente en algún acto del proceso o ha realizado alguna diligencia en el juicio, antes de que se produzca su intimación deberá considerarse tácitamente intimado, y le será aplicable lo dispuesto en el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil.

SCC 23-7-03

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 02-394, dec. Nº 340:

Citación tácita: el demandado estuvo presente en la ejecución de medida cautelar

En razón de estar resolviendo una denuncia por defecto de actividad, lo cual permite escudriñar las actas procesales, esta Máxima Jurisdicción ha realizado un detenido y cuidadoso análisis de las mismas y al efecto ha evidenciado que corre inserto al folio tres (3) del cuaderno de medidas oficio número 1,116, emanado del Ministerio de Infraestructura, Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre, fechado 5/10/2001, en cuyo vuelto se observa un sello húmedo donde se lee: “Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy- San Felipe. 08 de octubre de 2001”. A continuación manuscrito reza: “Recibido, agreguese a sus autos: El Juez Provisorio Martín Díaz Coll. La Secretaria Lisette Vitri(hay dos (2) firmas ilegibles). Esta certificación lleva a la Sala a establecer que la data allí señalada, es la que debe tomarse en cuenta para a partir de ella, exclusive, computar los tres (3) días útiles a efectos de ejercer la defensa opositoria.

A continuación al folio cuatro (4) del cuaderno de medidas, orden de depósito de vehículo de fecha 4 de octubre de 2001, signada con el número 2.075, en cuyo membrete se lee: “República de Venezuela (Sic). Ministerio de Transporte y Comunicaciones (Sic). Dirección General Sectorial de Tránsito Terrestre”, de la que se deduce que el bien que en ella se identifica fue depositado en la zona . 5, Destacamento 52, en la ciudad de San Felipe, estado Yaracuy; por orden que impartiera el Comandante de la Dirección de Vigilancia, Unidad Estatal . 52 del estado Yaracuy, con base a solicitud emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial de dicho estado, todo en razón de haberse acordado medida cautelar innominada solicitada por el demandante en el juicio que por nulidad de venta se iniciara ante el tribunal mencionado. En la orden en cuestión, se observa estampada una firma seguida de un número de Cédula de Identidad, que coincide con el atribuido en los autos al demandado.

Lo narrado es concluyente para determinar que, en la oportunidad en que fue detenido el vehículo objeto de la cautelar, 4 de octubre de 2001, el propietario accionado tuvo conocimiento de tal hecho.

[...]

De los documentos referidos, debe concluirse que el demandado Carlos Julio Vetencourt Zerpa, al estar presente en el momento de ejecutarse la medida, que es un acto del proceso, quedó citado en el mismo, a tenor de lo preceptuado por el único aparte del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, la citación presunta.

En este orden de ideas, es oportuno señalar que en acatamiento a lo previsto por el artículo 602 ejusdem, la parte contra quien obre una medida cautelar, podrá hacer oposición a ella “Dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva, si la parte contra quien obre estuviere ya citada; o dentro del tercer día siguiente a su citación... ”. En el sub iudice, concatenando los artículos citados, evidencia la Sala que el demandado estuvo citado el día 4 de octubre de 2001 (fecha en que se practicó la medida) y presentó su escrito de oposición el día 5 de noviembre de igual año, ante lo cual cabe concluir, sin lugar a dudas, que transcurrieron, entre esas dos datas, mucho más de tres días, de lo cual se constata que la actuación fue realizada extemporaneamente y si el demandante realizó su defensa alegando al respecto tal situación, primero ante el a-quo, sin obtener de éste un pronunciamiento al respecto, y luego ante la Alzada y ésta tampoco se percató del error cometido por el inferior, considerando tempestiva la oposición, sin tomar en cuenta la citación presunta del demandado, infringió por vía de consecuencia, lo establecido en los artículos 216 y 602 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia al no ordenar la reposición de la causa para así subsanar la omisión, ni corregirla él tampoco, evidentemente incurrió en violación del contenido de los artículos 206 y 208 de la Ley Adjetiva Civil. Así mismo, al no decretar la reposición solicitada y procedente, le otorgó una ventaja al demandado, conducta con la que conculcó el derecho a la defensa del accionante, infringiendo de esta manera el artículo 15 ejusdem.

SC 20-11-02

Ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz. Exp. Nº 02-003, dec. Nº 2864:

La actuación que da lugar a la citación presunta debe ser en el proceso

En ese sentido, el único aparte del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil establece la referida citación tácita o presunta, mediante una presunción iuris tantum de citación personal, cuando dispone:

“...Sin embargo, siempre que resulte de autos que la parte o su apoderado antes de la citación, han realizado alguna diligencia en el proceso, o han estado presentes en un acto del mismo, se entenderá citada la parte desde entonces para la contestación de la demanda, sin más formalidad” (sic. Resaltado añadido).

La interpretación de dicha disposición, dado el carácter supremamente importante de la citación como elemento esencial para la validez del juicio, no obstante la atemperación de las formalidades no esenciales, debe ser restrictiva por cuanto estaría en juego el derecho a la defensa y al debido proceso, las cuales, en determinadas circunstancias, pueden involucrar el orden público en el sentido estricto señalado por esta Sala; lo que atentaría contra la justicia expedita y célere, pues, de darse tal vulneración, se produciría, necesariamente, la reposición de la causa. Además, la citación presunta se realiza por virtud de la Ley y no por efecto de la manifestación de voluntad del demandado.

Por todo ello, debe entenderse que, para la procedencia de la presunción de citación personal que establece la referida disposición ut supra transcrita, si bien es necesario el conocimiento de parte del demandado de la existencia de un juicio en su contra, dicho sujeto debe necesariamente imbuirse en el mismo, personalmente o por medio de apoderado, mediante la realización de una diligencia en el proceso o mediante su asistencia en un acto del mismo, de lo cual debe dejarse constancia en el expediente, para la determinación de que se encuentra a derecho en el referido procedimiento y para que, con ello, haya certeza, según la ley, de la oportunidad cuando deberá comparecer a la defensa de sus derechos (lo cual determina su diferencia con la notificación); de lo contrario se vulneraría el derecho a la defensa y al debido proceso de la parte demandada y se crearía una gran inseguridad jurídica, por cuanto el juez, de cualquier instrumento que supuestamente recoja un acto realizado fuera del procedimiento, daría por cierto el conocimiento de la parte demandada de la existencia de una demanda en su contra y, con ello, de su citación, sin que exista la certeza del momento cuando deba comparecer para la contestación de la demanda.

En el caso bajo examen, el Juzgado supuesto agraviante determinó la oportunidad de la citación para el momento cuando se realizó, de parte del demandante, la consignación de una copia de un acta continente de un acto que, además de que se realizó ante un órgano distinto al juzgado de la causa, no tenía ninguna vinculación con el proceso en curso, sin que, previamente, constara en la causa, tal y como lo exige clara y expresamente el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, alguna actuación de parte de la demandada en el mismo, con lo cual, se vulneró el derecho a la defensa y la debido proceso de la demandante de amparo y se atentó contra la seguridad jurídica que constituye uno de los valores del Derecho.

SCC 8-11-01

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 00-591, dec. Nº 354:

Citación presunta en procedimiento monitorio

Ahora bien, en reciente decisión de data 30 de noviembre de 2000, la Sala penetrada de serias dudas y realizando un cuidadoso análisis de la materia en cuestión, resuelve reasumir el criterio que mantuviera sobre el asunto la extinta Corte Suprema de Justicia, según el cual sí es posible la aplicación analógica del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, a los casos donde se siga el procedimiento de intimación, ello en virtud de que constituyendo la celeridad procesal, principio de gran importancia dentro de los juicios y así mismo considerando que la citación como la intimación, persiguen como fin poner en conocimiento al demandado que se ha intentado contra él una acción, resulta lógico concluir que cuando se siga el procedimiento monitorio, si éste o su apoderado, comparecen y realizan alguna actuación en el expediente, toman con ello conocimiento de la demanda incoada, por lo que resulta ocioso con la consabida pérdida de tiempo y atraso en la administración de justicia, conminar al actor a gestionar la intimación una vez acaecida la concurrencia anotada.

SCC 30-11-00

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 00-194, dec. Nº 390:

Cambio de doctrina sobre intimación presunta

No obstante, la declaratoria de procedencia de la anterior delación, esta Sala considera que, resultaría contrario a la celeridad de los juicios y a la economía procesal, realizar todos los actos tendientes a lograr la intimación, cuando de las actas procesales pueda constatarse que la parte intimada con su actuación, ya está en conocimiento de la orden de pago emitida por el juez a través del respectivo decreto de intimación, con lo cual debe considerarse que el acto logró el fin para el cual estaba destinado, desde luego que el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en sus artículos 26 y 257, deja claramente evidenciada la voluntad del constituyente de preservar a toda costa la justicia por encima de cualquier formalidad no esencial en el proceso y la necesidad de que ésta se imparta sin dilaciones o reposiciones que en nada contribuyan al alcance de tal fin.

Desde este ángulo considera la Sala que constituiría una formalidad no esencial y contraria al principio de rechazo a las dilaciones indebidas, la necesidad de llevar a cabo las gestiones de intimación del sujeto pasivo en los procedimientos como el de autos, cuando ese sujeto pasivo, por si o mediante apoderado, ha estado presente en algún acto del proceso o ha realizado alguna diligencia en el proceso.

Esta circunstancia se torna mucho más evidente si se considera que, según el artículo 649 del Código de Procedimiento Civil, el alguacil debe practicar "la citación personal del demandado en la forma prevista en el artículo 218 de este Código" y esa forma prevista en dicho artículo, es precisamente aquella que debe obviarse si se cumple alguno de los supuestos del artículo 216 ejusdem, en su único aparte.

Fundamentalmente por esa razón, este máximo tribunal debe apartar la rigidez en cuanto a las formas del proceso, que lejos de contribuir con el afianzamiento de la justicia y la equidad, señalan el camino para que estos principios sean irrespetados y pocas veces puedan lograrse.

En virtud de lo antes expuesto, esta Sala considera acertado reasumir el criterio sostenido en cuanto a la intimación y específicamente la intimación presunta, plasmado en sentencia de fecha 1º de junio de 1989, de la cual se pasa a transcribir el siguiente pasaje:

“La intención del legislador, al establecer el principio de la citación tácita fue la de omitir el trámite formal de la citación, el cual tiene por objeto poner al demandado en conocimiento del juicio, o al menos hacer posible que obtenga tal conocimiento, cuando de las mismas actas del proceso consta, por haber realizado alguna actuación la parte o su apoderado, que la accionada está enterada de la demanda contra ella (sic) incoada. Si bien el contenido de la orden de comparecencia a contestar la demanda en el juicio ordinario es diferente a la intimación al pago del procedimiento de ejecución de hipoteca, y es diverso el efecto de la no comparecencia, la parte, o en el caso el apoderado de ella, al actuar en el proceso toma conocimiento del contenido de la demanda y, en el caso de la ejecución de hipoteca, de la orden de pago apercibido de ejecución; por tanto, siendo similar la situación, en cuanto a la constancia en el expediente de que la demandada conoce de la demanda incoada, la Sala considera que la disposición del artículo 216 referente a la citación tácita es plenamente aplicable en el procedimiento especial de ejecución de hipoteca.”

Conforme a la precedente transcripción, los efectos de la citación presunta son plenamente asimilables a los de la intimación presunta y en virtud de ello, el supuesto contenido en el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual "...siempre que resulte de autos que la parte o su apoderado antes de la citación han realizado alguna diligencia en el proceso, o han estado presentes en un acto del mismo, se entenderá citada la parte desde entonces para la contestación de la demanda, sin más formalidad...", resulta aplicable al procedimiento de intimación. Así se decide.

En consecuencia, la Sala abandona el criterio establecido en decisión de fecha 17 de julio de 1991 (Caso: Enrique Soto Rodríguez y otra contra Laureano Aparicio Fernández) y reasume el criterio establecido en la sentencia parcialmente transcrita de fecha 1 de junio de 1989 (Caso: Promotora Focas S.A. contra Géminis 653, C.A).

Artículo 217

Fuera del caso previsto en el artículo anterior, cuando se presentare alguien por el demandado a darse por citado, sólo será admitido en el caso de exhibir poder con facultad expresa para ello. Si el poder no llenare este requisito, se hará la citación de la manera prevenida en este Capítulo, sin perjuicio de que, llenadas que sean todas las formalidades en él establecidas, según los casos, pueda gestionar en el juicio el mismo que no haya sido admitido a darse por citado, si tuviere poder suficiente para intervenir en él.

SCC 19-7-00

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 99-481, dec. Nº 241:

No impugnó la ausencia de facultad en la primera oportunidad

De lo antes expuesto, se evidencia que el recurrente sólo impugnó el documento poder presentado como anexo al escrito de contestación de la demanda, mas no el presentado en fecha 5 de junio de 1998, cuando la abogada Sonia Contreras C. en nombre de su representada, se dio por citada en el proceso. En consecuencia y con prescindencia de los posibles vicios que pudieran afectar éste documento poder, el mismo no fue impugnado por la representación de la parte actora en la primera oportunidad, por lo que debe presumirse como legítima la representación allí ejercida y como presentado el escrito de contestación de la demanda, también suscrito por la tantas veces mencionada abogada Sonia Contreras Contreras, teniéndose, por consiguiente, como bien decretada la reposición de la causa ordenada por el Tribunal de Alzada.

En este sentido, la recurrida señalò lo siguiente:

“Forzoso es concluir que la citación de la parte demandada se produjo el 05 de junio de 1998, toda vez que el contenido del artìculo 217 no es de orden pùblico, per se, por tanto cualquier error es convalidable. Si se entiende, que la ineficacia de la citación por efecto del artìculo 217 tiene que estimarse como falta de citación, conforme a los señalamientos anteriores la actuación posterior de la demandada actuando a travès de sus apoderados debidamente facultados, convalidò tal ausenciam siendo por tanto procedente tomar la fecha 05 de junio de 1998 como la cierta en que quedò citada la demandada, Y ASI SE DECIDE” (Folio 681 vto. Del expediente).

En consecuencia, se desecha por improcedente la presente denuncia, y así se declara.

SCC 13-3-03

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 01-617, dec. Nº 86:

Facultad para darse por citado es suficiente para darse por intimado

Con respecto a la facultad de los apoderados judiciales para darse por intimados en nombre de su representado, esta Sala en sentencia Nº 460, de fecha 21 de julio de 1999, caso Fondo para la Construcción de los Servicios Urbanísticos de las Lomas, Condominio Privado (FONDOLOMAS), contra Inversiones M.C.S.F., C.A, estableció lo siguiente:

“...No existe una norma procesal que le de un tratamiento especial a la intimación, exigiendo facultad expresa, individual y autónoma en el poder, que distinga de la facultad expresa para darse por citado que sí esta claramente contenida en el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil. Por ello, debe en consecuencia, aplicarse la disposición contenida en el artículo 154 ejusdem, y determinarse en el presente caso, que los representantes judiciales de la demandada sí estaban autorizados en el poder para darse por intimado y oponerse al procedimiento de ejecución de Hipoteca. En otras palabras, si la ley tan sólo exige facultad expresa para darse por citado, y nada señala en cuanto a la intimación, tomando en cuenta que el poder analizado expresa claramente la potestad de darse por citado, debe aplicarse entonces, el contenido del artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, para entender que el mencionado poder faculta a los referidos abogados para darse por intimados y para todas aquellas actuaciones procesales que sean necesarias en ese juicio y que no estén expresamente exigidas como de obligatoria mención expresa.

Una interpretación contraria, no sólo sería lesiva al artículo 154 ibidem, sino al derecho a la defensa del propio mandante, ya que se estaría interpretando la voluntad al momento de otorgar el documento poder, con un criterio totalmente en contra del otorgante. Esta no es la forma y equitativa como debe interpretarse el mandato.

Estos motivos son suficientes para determinar, que desde el punto de vista de la suficiencia del poder, si debe considerarse válida la representación esgrimida por los prenombrados apoderados en la oportunidad de la oposición, formulada en el procedimiento de ejecución de hipoteca, y por ello, no hubo quebrantamiento alguno por parte de la recurrida, de los artículos 206, 208 y 15 del Código de Procedimiento Civil, por ello se declara improcedente esta denuncia. Así se decide....”.

De conformidad con la doctrina anteriormente transcrita si la ley tan sólo exige facultad expresa para darse por citado, y nada señala en cuanto a la intimación, para llenar el vacío, debe aplicarse entonces, el contenido del artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, para entender que el mencionado poder faculta a los apoderados judiciales para darse por intimados y para todas aquellas actuaciones procesales que sean necesarias en el juicio y que no estén, por voluntad de la ley, expresamente exigidas como de obligatoria mención expresa.

La doctrina comentada, fue establecida en fecha 21 de julio de 1999 y, a diferencia de lo indicado por el impugnante, no tiene ninguna disposición de aplicación temporal, por lo tanto, lo es a partir del día siguiente de la fecha de su publicación, todo lo cual determina que la misma estaba vigente para el momento en que el apoderado judicial del demandado se dio por citado en nombre de su representado (9 de agosto de 1999).

Considera esta Sala importante resaltar que, aun cuando el apoderado judicial del accionado estaba debidamente facultado para darse por citado, tal como se desprende del poder que riela al folio trece (13) del presente expediente, y no por intimado, ello no puede ser impeditivo para que el acto de comunicación procesal de la citación efectuado a mutuo propio alcance el fin para el cual está destinado, la intimación misma, que no es otro que permitirle al intimado conocer del juicio incoado en su contra para la debida defensa de sus derechos e intereses. En consecuencia, esta Sala toma como fecha de intimación el 9 de agosto de 1999; interpretar lo contrario, es decir que esa citación no implicó una intimación, involucra caer en formalismos que sin duda alguna se traducen en una violación al derecho a la defensa del intimado, más aún cuando conforme a las propias normas que rigen el procedimiento de ejecución de hipoteca en esos juicios no hay citación sino intimación (artículo 661 del Código de Procedimiento Civil).

De lo anterior, se determina que la oposición a la intimación realizada por el intimado en fecha 12 de agosto de 1999, es tempestiva y por lo tanto, correspondía al juez de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 663 del Código de Procedimiento Civil, declarar abierto el procedimiento ordinario, si a su juicio la oposición realizada llenaba los extremos exigidos en el referido artículo; al no hacerlo, quebrantó la forma procesal estipulada para la tramitación del juicio de ejecución de hipoteca, subvirtiendo el procedimiento, infracción que avaló, el a-quem, a quien procesalmente le correspondía declarar nula la sentencia y ordenar la reposición de la causa al estado en el cual que se abriera al juicio ordinario de ejecución de hipoteca; por lo tanto infringió las normas contenidas en los artículos 15, 212 y 208 del Código de Procedimiento Civil, y el numeral 1º del artículo 49 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.

SCC 23-3-04

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 02-962, dec. Nº 229:

Supuesto de la citación voluntaria es diferente a la citación presunta

Por ello, es distinto el supuesto del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, pues en este otro caso, según la enseñanza del Dr. Arístides Rengel Romberg, no se trata de unas actuaciones procesales a las cuales la ley le atribuye el valor de presunción de citación, sino de citación voluntaria y expresa mediante apoderado, siempre que exhiba poder con facultad para darse por citado. A este respecto, el autor en comento, expresa:

‘Fuera de estas citaciones en las que el demandado rectamente y personalmente, se da por citado o se presume o se entiende como tal, existe otro caso en el que también se le considera citado; pero no por su actividad o actuaciones personal, sino por la de otra persona, su apoderado. En efecto, cuando alguien se presente en lugar del demandado a darse por citado, tiene que exhibir un poder con facultad expresa para ello. En consecuencia, debe de tratarse de un apoderado, en cuyo poder se le autorice para darse por citado en nombre del poderdante, a diferencia del Código anterior que exigía como formalidad necesaria para la validez de la citación por medio de apoderado, la del otorgamiento de un poder especial para ello, tal como lo establecía el artículo 144, no siendo válida la citación si el apoderado no exhibía un poder para un juicio determinado en el cual se le facultara para que compareciere a darse por citado. El Código vigente exige que en el poder, aunque sea de manera general, se le faculte al mandatario expresamente para darse por citado en sustitución del poderdante o en nombre de éste. Respecto de esta norma, vamos a hacer un comentario:’

‘La norma amplía la facultad de darse por citado mediante apoderado, porque ahora no se exige que el apoderado tenga poder especial otorgado por el demandado para el pleito de que trate, como lo exigía el Art. 144 del Código darse por citado, independientemente de que el poder sea general, para todos los asuntos, o especial para ese pleito. La Exposición de Motivos explica que la comisión redactora consideró que en este materia debe darse vigencia plena a la voluntad expresa de la parte manifestada en el poder, con independencia de la naturaleza general o especial del mismo’.

Por la naturaleza expresa de esta citación mediante apoderado, ella requiere la manifestación de voluntad del apoderado, de ‘darse por citado’ en el juicio, y no basta con la mera consignación, del poder en autos sin esta expresa manifestación de voluntad, pues aquí estamos en presencia de una citación fundada en el mandato, y por tanto requiere la voluntad de ejercer la facultad otorgada en el mismo’

‘Ya bajo la vigencia del Código derogado, la casación, al interpretar el Art. 144 del aquel Código, había sentado la doctrina, según la cual ‘la sola consignación en el expediente del poder otorgado por el demandado para ese juicio, no es suficiente para considerar a éste válidamente intimado y que, por tanto, desde ese momento empezó a correr el término para la contestación de la demanda en el juicio ordinario o el de apercibimiento para pagar o hacer oposición en el especial de ejecución de hipoteca, como lo decidió la recurrida’. El criterio que aquí se sustenta encuentra asidero en el propio texto del Art. 144 transcrito, ya que allí no dice el legislador que ‘cuando alguien presentare poder otorgado por el demandado’, sino que en forma enfática, expresa: ‘Cuando se presentare alguien con el demandado a darse por citado, sólo será admitido...’. Y concluye la casación: ‘La citación en nombre de otra persona es una derogación ostensible del carácter personalísimo que reviste la citación, por lo cual la voluntad del mandatario de darse por citado en nombre del demandado debe aparecer claramente expresada en autos’ ‘.

‘Si el poder no llenare el requisito de otorgar facultad expresa para darse por citado, dispone el Art. 217 del nuevo Código lo mismo que disponía el Art. 144 del derogado, esto es, que ‘se hará la citación de la manera prevenida en este capítulo, sin perjuicio de que, llenadas que sean todas las formalidades en él establecidas según los casos, pueda gestionar en el juicio el mismo que no haya sido admitido a darse por citado, si tuviere poder suficiente para intervenir en él’ ‘.

‘la disposición anterior es clara y precisa: si el poder no otorga facultad expresa para darse por citado, ‘se hará la citación en la forma prevenida en este capítulo’, vale decir, según la forma prevenida en el Art. 218 C.P.C., para la citación personal, y si ésta no fuere posible, en la forma supletorias previstas en los artículos 219, 223 y 224 según los casos; y no puede interpretarse como han pensado algunos, que la presentación del apoderado con el poder insuficiente da lugar a la aplicación de la citación presunta prevista en el Art. 206 C.P.C., pues esto sería subvertir el orden del procedimiento y desconocer el mandato expreso del Art. 217 que ordena, en tal caso, hacer la citación en la forma prevenida, vale decir, la personal o in faciem, y no la presunta, que tiene supuestos diferentes ‘ (Arístides Rengel Romberg, ob. cit., págs. 224 y 225)

La Sala observa, como apunta el Dr. (Arístides Rengel Romberg, que los supuestos de citación presunta del aparte único del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, son enteramente distintos a la citación mediante apoderado a que se refiere el artículo 217 eiusdem, En efecto, la economía procesal y la celeridad de los juicios son fundamentos de la norma del aparte único del artículo 216 citado, por el cual se establece la presunción legal que la parte o su apoderado, con o sin poder con facultad para darse por citado, están enterado del proceso y todos sus pormenores, presunción legal ésta que sustituye enteramente la voluntad del mandante por las razones indicadas, que viene a ser el sustento de la disposición del artículo 217.

Artículo 218

La citación personal se hará mediante compulsa con la orden de comparecencia expedida por el Tribunal, entregada por el Alguacil a la persona o personas demandadas en su morada o habitación, o en su oficina o en el lugar donde ejerce la industria o el comercio, o en el lugar donde se la encuentre, dentro de los límites territoriales de la jurisdicción del Tribunal, a menos que se encuentre en ejercicio de algún acto público o en el templo, y se le exigirá recibo, firmado por el citado, el cual se agregará al expediente de la causa. El recibo deberá expresar el lugar, la fecha y la hora de la citación. Si el citado no pudiere o no quisiere firmar el recibo, el Alguacil dará cuenta al Juez y éste dispondrá que el Secretario del Tribunal libre una boleta de notificación en la cual comunique al citado la declaración del Alguacil relativa a su citación. La boleta la entregará el Secretario en el domicilio o residencia del citado, o en su oficina, industria o comercio, y pondrá constancia en autos de haber llenado esta formalidad, expresando el nombre y apellido de la persona a quien la hubiere entregado. El día siguiente al de la constancia que ponga el Secretario en autos de haber cumplido dicha actuación, comenzará a contarse el lapso de comparecencia del citado.

Parágrafo Único: La citación personal podrá gestionarse por el propio actor o por su apoderado mediante cualquier otro Alguacil o Notario de la jurisdicción del Tribunal, como se indica en el artículo 345.

SCC 27-4-04

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 03-742, dec. Nº 314:

Lapso de comparecencia comienza cuando el Alguacil deja constancia de la citación

No obstante, la Sala debe precisar lo siguiente:

El artículo 218 del Código de Procedimiento Civil establece la forma en la que ha de efectuarse la citación de la parte demandada, y de acuerdo a esta regla, se tendrá como cumplido este trámite del proceso según la actitud del demandado ante la gestión del Alguacil. Dispone la referida norma:

“…La citación personal se hará mediante compulsa con la orden de comparecencia expedida por el Tribunal, entregada por el Alguacil a la persona o personas demandadas en su morada o habitación, o en su oficina, o en el lugar donde ejerce la industria o el comercio o en el lugar donde se encuentre, dentro de los límites territoriales de la jurisdicción del Tribunal, a menos que se encuentre en ejercicio de algún acto público o en el templo, y se le exigirá recibo, firmado por el citado, el cual se agregará al expediente de la causa. El recibo deberá expresar el lugar, la fecha y la hora de la citación. Si el citado no pudiere o no quisiere firmar el recibo, el Alguacil dará cuenta al Juez, y éste dispondrá que el Secretario del Tribunal libre una boleta de notificación la cual comunique al citado la declaración del Alguacil relativa a su citación. Las boleta la entregará el Secretario en el domicilio o residencia del citado, o en su oficina, industria o comercio, y pondrá constancia en autos de haber llenado esta formalidad, expresando el nombre y apellido de la persona a quien la hubiere entregado. El día siguiente al de la constancia en autos de haber cumplido dicha actuación, comenzará a contarse el lapso de comparecencia del citado...”. (Negritas de la Sala).

Conforme a la disposición citada, cuando se trata de la citación personal, el alguacil debe hacer entrega a la parte demandada la compulsa; este acto se perfeccionará cuando el demandado firme el recibo y el funcionario consigne las actuaciones en el expediente, pues la norma claramente dispone que el recibo firmado por el citado “...se agregará al expediente...”. Por ello, el lapso para contestar la demanda en este supuesto comienza a correr al día siguiente de la consignación de la última de las citaciones logradas por el alguacil en forma personal, y no con la sola firma del recibo del último de los demandados. Dicho de otra manera, el día siguiente a aquél en que se hizo la declaración del alguacil de haber citado al último de los demandados, comienza a correr el lapso para que la parte demandada pueda contestar la demanda.

En caso de que el citado no pudiere o no quisiere firmar el recibo de citación, el secretario ha de notificarlo posteriormente respecto a la declaración del alguacil, y será a partir del día siguiente de que este funcionario deje constancia en autos de haber cumplido con esa formalidad, que comenzará a correr el lapso para que el demandado comparezca a dar contestación a la demanda u oponer cuestiones previas.

En criterio de la Sala, la citada regla tiene por objeto garantizar el derecho de defensa de ambas partes, otorgando certeza jurídica a las actuaciones a ser realizadas por ellas, ya que por una parte al demandado no se le considera a derecho en la causa para cumplir los actos del proceso que la ley consagra en su beneficio, sino a partir de que conste en autos las resultas de la gestión realizada por el alguacil, es decir, cuando se ha perfeccionado la citación personal con la consignación del recibo de la compulsa y la firma de la orden de comparecencia por parte del demandado, y en aquellos casos en los que no ha querido o no ha podido firmar, cuando el secretario deja constancia en autos de que fue notificado mediante boleta acerca de la declaración del alguacil relativa a su citación; por la otra, el actor tiene la posibilidad de conocer a cabalidad cuando se inicia y termina el lapso procesal para la contestación de la demanda o presentación del escrito de cuestiones previas, con lo cual tiene oportunidad de realizar el acto procesal subsiguiente, de promoción de pruebas, en atención al principio del orden consecutivo legal con fases de preclusión que domina nuestro proceso civil, preservando así la seguridad jurídica que debe regir para que la función jurisdiccional pueda alcanzar su fin.

Por lo demás, ya en sentencia 49 del 16 de marzo de 2000 (caso: José Isaac Altamiranda Bonilla y otros contra Banco Nacional de Descuento y otro), la Sala se había pronunciado en este sentido.

De lo anterior se concluye que es a partir de la constancia en autos de las actuaciones realizadas por los funcionarios judiciales en torno a la citación del accionado, bien sea por el alguacil o el secretario del Tribunal según el caso, que comienza a correr el lapso para dar contestación a la demanda u oponer cuestiones previas, y nunca a partir de la entrega de la boleta de citación, pues ello cercenaría el derecho de defensa al impedir a las partes del juicio tener certeza acerca del inicio y terminación del lapso de contestación. Así se declara.

SCC 16-3-00

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 98-203, dec. Nº 42:

Hay citación desde al entrega de la compulsa, pero no comienza lapso de contestación hasta que el Secretario deje constancia en autos

El artículo 218 de nuestro Código procesal Civil establece:

“…Si el citado no pudiere o no quisiere firmar el recibo, el Alguacil dará cuenta al Juez, y éste dispondrá que el Secretario del Tribunal libre una boleta de notificación la cual comunique al citado la declaración del Alguacil relativa a su citación...”.

La norma supra referida a la circunstancia de no haberse obtenido el recibo firmado de la citación practicada por el Alguacil por imposibilidad o renuencia del citado, permite concluir que la citación se perfecciona con la entrega de la compulsa por el Alguacil al citado pero que igualmente, el legislador consideró oportuno realizar una labor posterior de documentación para notificar al citado que la citación ya se había consumado y dejó en suspenso el inicio del lapso de comparecencia para la contestación de la demanda hasta tanto se produjera la notificación prevista en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil.

De lo expuesto se concluye que el artículo 218 eiusdem prevé tres situaciones: 1) la citación que se logra mediante la entrega de la compulsa con la orden de comparecencia; 2) la cuenta que el Alguacil dará al juez de instancia para que disponga que el Secretario del Tribunal libre boleta de notificación en la cual comunique al citado la declaración del Alguacil relativa a su citación; y, 3) el inicio del lapso de comparecencia del demandado -en caso de que no se obtenga el recibo de la citación- que se produce cuando el Secretario deja constancia de haber cumplido con la notificación que por mandato legal debe ordenar el Juez.

De la normativa en comento se desprende que la boleta de notificación ordenada por el juez al Secretario, tiene por finalidad comunicar al ya citado, la declaración del Alguacil relativa a su citación, lo cual implica que la citación se produce de acuerdo a lo que se desprende de la norma, al momento en que el Alguacil entrega al citado el recibo de su comparecencia. Por lo tanto, los actos posteriores constituyen un complemento del acto principal.

En el caso que nos ocupa la parte demandada fue citada aun cuando no firmó la boleta, según la declaración del Alguacil de fecha 21 de Junio de 1995. Posteriormente, el Secretario del Tribunal comisionado, dejó constancia en fecha 30 de junio de 1995 que se trasladó a las instalaciones de FOGADE y entregó Boleta de Notificación al ciudadano FREDDY BALZA, funcionario de vigilancia, quién manifestó que entregaría la boleta en el departamento legal.

De acuerdo al precepto legal objeto de análisis, los actos complementarios a la citación ordenados por el Juez al Secretario tienen como objetivo fundamental poner en conocimiento del ya citado, que con su cumplimiento comenzará el lapso de comparecencia para el correcto ejercicio de su defensa.

La Sala sostiene que el fin perseguido por la citación realizada por el Alguacil es participar al citado de la existencia de la demanda que se ha incoado en su contra y de los términos en que se le ha demandado, y ello se cumple con la entrega de la compulsa. La notificación practicada por el Secretario del Tribunal tiene por objeto advertirle que una vez que conste en autos el cumplimiento del trámite realizado de conformidad con lo que establece el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, comienza a correr su lapso de comparecencia para la contestación de la demanda. La falta de notificación por parte del Secretario, lo único que produce es la suspensión del inicio del lapso de comparecencia sin que en modo alguno apareje la carencia de citación, por lo demás, cuando el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil ordena que el Tribunal libre Boleta de Notificación en la cual comunique al citado la declaración del Alguacil relativa a su citación, significa que el legislador consideró cumplido el trámite de la citación y ordena que sea entregada la boleta del citado en su oficina, industria o comercio, requiriendo únicamente que se deje constancia en el expediente del nombre y apellido de la persona a quien se le entregó sin exigir necesariamente que sea el propio citado o su representante legal.

SCC 20-5-04

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 03-123, dec. Nº 438:

La presencia del apoderado de la demandada convalidó eventual irregularidad de la citación, si no reclama en la primera oportunidad

Del poder transcrito con anterioridad consta que la Asamblea de Accionistas del Banco Provincial, S.A. Banco Universal, designó como su representante judicial al abogado René Toro Cisneros. Por haber sido designado como tal por la citada asamblea, tenia facultades para conferir poder al abogado Jimmy Ángel Urdaneta Cordero en nombre del Banco Provincial S.A. Banco Universal, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, donde aparecen las atribuciones que le fueron otorgadas.

Si bien la citación debe realizarse en las personas autorizadas por la asamblea, considera la Sala que la irregularidad procesal observada por el juez de la recurrida quedó subsanada con la comparecencia en juicio de dicho abogado, quien exhibió poder donde se acreditan sus facultades para actuar en nombre del banco demandado.

Por tanto, es inútil la reposición decretada por el juez de alzada porque el abogado Jimmy Ángel Urdaneta Cordero actuó en el juicio debidamente facultado por el banco demandado, y al efecto procedió a darse por citado en su nombre y representación.

El artículo 206 del Código de Procedimiento Civil acogió de manera expresa el criterio de la Sala en el sentido de que no se declarará la reposición de la causa si la misma no persigue un fin útil y el acto alcanzó el fin al cual estaba destinado; criterio que ya venia aplicándose desde el año 1943.

Considera la Sala que con ese modo de proceder, la recurrida cometió el vicio de reposición mal decretada e infringió el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, al vulnerar el principio de igualdad de las partes en el juicio; el 206 del mismo Código, al reponer la causa en forma indebida, ya que el acto había alcanzado su finalidad; y el 213 y 215, porque al no haber sido alegada la supuesta irregularidad en el trámite de citación en la oportunidad correspondiente, el abogado representante de la demandada la convalidó tácitamente al actuar en el juicio con el poder que le fue otorgado, y por tanto, el juez debió considerar válidamente citada a la parte demandada. Así se establece.

SCC 11-3-04

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 02-628, dec. Nº 194:

En citación practicada por tribunal comisionado, los lapsos comienzan a transcurrir al recibirse la comisión en el tribunal de la causa

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil, que contempla y regula lo relativo a la citación mediante comisión, pero que también se aplica en los casos de intimación practicada por un tribunal comisionado: “...el término de la comparecencia comenzará a contarse a partir del día siguiente al recibo de la comisión en el Tribunal de la causa, sin perjuicio del término de la distancia...”. (Negrillas de la Sala).

Asimismo, sobre este punto, en sentencia 313 de fecha 25 de septiembre de 1996, dictada en el juicio de Ramón Guerra Ramírez contra Expresos Ayacucho, S.A., la cual hoy se ratifica, esta Sala dejó sentado el siguiente criterio:

“...Una de las hipótesis específicas en las que se concede término de distancia, se encuentra regulada en el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil...

...omissis...

Según la norma transcrita, cuando el demandado reside fuera del lugar donde ejerce su competencia el Juez de la causa, la citación debe practicarse mediante comisión si el actor no opta por ejercer la facultad conferida en el parágrafo primero del artículo 218 del Código de Procedimiento Civil. En ambos casos, el plazo de comparecencia debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que el Juez de la causa da por recibidas las resultas de la comisión, ello sin perjuicio del término de distancia.

El procesalista Ricardo Henríquez La Roche, en comento de la referida disposición legal, precisa la diferencia entre el término de distancia de hecho y el judicial, señalando que el primero consiste en el tiempo de demora en la devolución de la comisión debidamente consumada; mientras que el segundo se incoa con la recepción e incorporación de los recaudos a las actas, el cual debe dejarse transcurrir íntegramente para luego computar el lapso de comparecencia. (Código de Procedimiento Civil, Tomo II, pág. 193).

El criterio expuesto resulta acorde con el fin por el cual se concede al demandado el término de distancia cuando es citado mediante comisión.

En efecto, el acto de contestación constituye la oportunidad preclusiva del demandado para alegar las defensas y excepciones que le permitan enervar la pretensión del actor; por ello, no se verifica de inmediato o luego de citado el demandado, sino en el transcurso o al término de un tiempo prudencial, según el caso, concedido a éste para la preparación de su defensa. No obstante, este plazo de comparecencia resulta disminuido por el tiempo que implica el traslado del demandado cuando la distancia a recorrer para comparecer ante la sede del Tribunal es considerable, en compensación de lo cual, se le concede un tiempo adicional, denominado término de distancia, el cual se encuentra previsto en el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, concluye la Sala que en los casos de citación mediante comisión, el término de distancia debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que el Juez de la causa de por recibida la referida comisión debidamente consumada, el cual debe dejarse transcurrir íntegramente para luego computar el plazo de comparecencia...”. (Negrillas de la Sala).

Ahora bien, en el presente caso, la comisión fue recibida en el juzgado de la causa en fecha 26 de mayo de 1999 (folio 64), lo que significa que es a partir del día siguiente que deben computarse los ocho (8) días consecutivos del término de la distancia, para que comiencen a contarse los diez (10) días de despacho contemplados en el artículo 647 del Código de Procedimiento Civil, lapso en el cual el demandado debe pagar o formular su oposición, y no desde el día siguiente a la fecha de la intimación (12 de mayo de 1999), como desacertadamente se indicó en la recurrida, al no haberse tenido en cuenta que la referida intimación fue practicada por un tribunal comisionado.

SCC 27-4-04

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 03-742, dec. Nº 314:

Caso en el cual el citado se niega a firmar

En caso de que el citado no pudiere o no quisiere firmar el recibo de citación, el secretario ha de notificarlo posteriormente respecto a la declaración del alguacil, y será a partir del día siguiente de que este funcionario deje constancia en autos de haber cumplido con esa formalidad, que comenzará a correr el lapso para que el demandado comparezca a dar contestación a la demanda u oponer cuestiones previas.

En criterio de la Sala, la citada regla tiene por objeto garantizar el derecho de defensa de ambas partes, otorgando certeza jurídica a las actuaciones a ser realizadas por ellas, ya que por una parte al demandado no se le considera a derecho en la causa para cumplir los actos del proceso que la ley consagra en su beneficio, sino a partir de que conste en autos las resultas de la gestión realizada por el alguacil, es decir, cuando se ha perfeccionado la citación personal con la consignación del recibo de la compulsa y la firma de la orden de comparecencia por parte del demandado, y en aquellos casos en los que no ha querido o no ha podido firmar, cuando el secretario deja constancia en autos de que fue notificado mediante boleta acerca de la declaración del alguacil relativa a su citación; por la otra, el actor tiene la posibilidad de conocer a cabalidad cuando se inicia y termina el lapso procesal para la contestación de la demanda o presentación del escrito de cuestiones previas, con lo cual tiene oportunidad de realizar el acto procesal subsiguiente, de promoción de pruebas, en atención al principio del orden consecutivo legal con fases de preclusión que domina nuestro proceso civil, preservando así la seguridad jurídica que debe regir para que la función jurisdiccional pueda alcanzar su fin.

SCC 25-2-04

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 01-672, dec. Nº 116:

Es necesario agotar la citación personal

Lo que caracteriza en general a las formas de citación cartelaria en el derecho procesal civil venezolano, es que mediante ellas no se llama inmediatamente al demandado para la contestación, sino mediatamente; esto es, se llama a darse por citado personalmente o por medio de apoderado, pues lo que persigue la ley con este tipo de citación es provocar la puesta a derecho del demandado con su comparecencia a darse por citado en las propias actas del expediente. Tampoco los carteles comunican al demandado el conocimiento íntegro de la demanda propuesta en su contra, como si ocurre con la citación personal.

De allí que el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil establece que para que el tribunal pueda disponer la citación cartelaria, es necesario que previamente el Alguacil encargado de la citación personal, dé cuenta al juez de que no encuentra al demandado y también que la parte no hubiese pedido la citación por correo, si se trata de persona jurídica, o que pedida ésta, tampoco fue posible la citación de la persona demandada. No puede el juez ordenar a su elección esta forma de citación con preferencia a la personal; por su carácter supletorio, ella no es electiva para el juez, ni para las partes, sino sucesiva a la citación personal frustrada.

Por ello, puede perfectamente afirmarse tal y como se estableció en la sentencia recurrida, que la circunstancia de proceder a la citación por carteles sin el previo agotamiento de la citación personal, constituye un motivo de invalidación del juicio respectivo por falta de citación, siempre y cuando el demandado con posterioridad no se haya dado por citado o por alguna razón haya quedado citado tácitamente, con lo cual a pesar del vicio, el acto habrá alcanzado el fin al cual estaba destinado. Lo contrario, limitaría la causal de invalidación por falta de citación, únicamente al supuesto de difícil ocurrencia de inexistencia de cualquiera de las formas de citación.

Artículo 219

Si la citación personal no fuere posible y se tratare de citación de una persona jurídica, el actor podrá solicitar la citación por correo certificado con aviso de recibo, antes de la citación por carteles prevista en el artículo 223.

La citación por correo de persona jurídica se practicará en su oficina o en el lugar donde ejerce su comercio o industria, en la dirección que previamente indique en autos el solicitante. El Alguacil del Tribunal depositará el sobre abierto, conteniendo la compulsa de la demanda con la orden de comparecencia, en la respectiva oficina de correo. El funcionario de correo dará un recibo con expresión de los documentos incluidos en el sobre del remitente, del destinatario, la dirección de éste y la fecha de recibo del sobre y cerrará éste en presencia del Alguacil. A vuelta de correo, el Administrador o Director enviará al Tribunal remitente el aviso de recibo firmado por el receptor del sobre, indicándose en todo caso, el nombre, apellido y cédula de identidad de la persona que lo firma.

El mencionado aviso de recibo será agregado al expediente por el Secretario del Tribunal, poniendo constancia de la fecha de esta diligencia, y al día siguiente comenzará a computarse el lapso de comparecencia de la persona jurídica demandada.

                                                                                                         

Artículo 220

En los casos de citación por correo certificado con aviso de recibo, de personas jurídicas, el aviso de recibo deberá ser firmado por el representante legal o judicial de la persona jurídica, o por uno cualquiera de sus directores o gerentes, o por el receptor de correspondencia de la empresa.

SCC 11-3-04

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 02-563, dec. Nº 191:

No quedó tácitamente citado al reclamar que la citación no se ajustó al artículo 320 CPC

Asimismo, la Sala observa que aun cuando la citación por correo de la demandada se practicó en persona distinta a una de las señaladas en el artículo 220 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, el representante legal o judicial de la persona jurídica, o uno cualquiera de sus directores o gerentes, o por el receptor de correspondencia de la empresa, el juez de la causa expresó en su sentencia definitiva que la referida citación fue hecha debidamente y que, además, en este caso había operado la citación tácita de la demandada cuando el representante judicial solicitó la reposición de la causa en fecha 24 de octubre de 2000, contraviniendo así la nulidad prevista en el artículo 221 eiusdem, criterio que fue confirmado por el sentenciador de alzada en su fallo de fecha 13 de mayo de 2002.

En síntesis, al haberse practicado la citación por correo en un empleado de seguridad de la empresa Seguros Banvalor, C.A., en contravención a lo dispuesto en el artículo 220 del Código de Procedimiento Civil, resulta obvio que la recurrida no actuó ajustada a derecho al no decretar la reposición de la causa al estado de que se citara nuevamente a la empresa demandada, sin que pudiere afirmarse que se había verificado su citación tácita en el momento que el representante judicial solicitó la referida reposición, pues, el artículo 221 eiusdem, descarta toda posibilidad de admitir la validez de la citación por correo si el aviso de recibo no es firmado por las personas taxativamente señaladas en el prenombrado artículo 220, aunque la demandada haya tenido conocimiento de la demanda o esté en posibilidad de conocerla, tal y como se estableció esta Sala en su sentencia 109, de fecha 27 de abril de 2001, antes transcrita.

Artículo 221

En los casos de citación por correo de una persona jurídica, la citación será declarada nula:

1° Si el aviso de recibo no estuviere firmado por alguno de los funcionarios o personas que se indican en el artículo 220.

2º Si en el aviso de recibo no constare el nombre, apellido y cédula de identidad de la persona que recibió el sobre y firmó el recibo.

SCC 11-3-04

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 02-563, dec. Nº 181:

Es nula la citación por correo que no establece quién la recibió

Sobre la suerte de la citación por correo cuando el aviso de recibo no es firmado por la persona del representante legal o judicial o por uno cualquiera de sus directores, en sentencia 109, de fecha 27 de abril de 2001, dictada en el juicio de Jorge Luis Gutiérrez contra Administradora Estacecete, C.A., esta Sala dejó sentado el siguiente criterio:

“...La Sala, de lo expuesto por el Alguacil del a-quo, estima que éste, debió identificar de una manera más precisa cuales actuaciones realizó, para tratar de citar en forma personal al representante de la persona jurídica demandada, pues curiosamente no refiere entrevista con persona alguna sobre las diligencias que dice realizó para ubicar a la accionada, lo cual podría implicar que realmente no se hicieron todos los esfuerzos para citar personalmente al demandado.

En diligencia del 21 de julio de 1998 la actora solicitó la citación por correo certificado de la persona jurídica demandada, solicitud que el Tribunal de la causa acordó por auto del 11 de agosto de 1998. Posteriormente, la secretaria del Tribunal, en diligencia del 23 de octubre de 1998 dejó constancia de haber agregado en esa fecha al expediente las resultas de la citación por correo certificado con aviso de recibo, según lo dispuesto en el artículo 219 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el día de despacho siguiente a esa actuación se comenzó a computar el lapso de comparecencia a los efectos de contestar la demanda, sin que la demandada lo hiciera, por lo cual el Juez a-quo en su sentencia la consideró confesa.

Del análisis que hace la Sala, de los recaudos que cursan en autos, por permitírselo así la naturaleza de la presente denuncia, se observa que al folio treinta y tres (33) del expediente corre inserto el aviso de recibo emitido por el Instituto Postal Telegráfico Venezuela (IPOSTEL), y aparece recibido por la ciudadana Mildred Rodríguez Rodríguez, sin que conste el cargo que ocupa en la empresa codemandada.

Importa advertir que la nulidad expresa sancionada en el ordinal 1° del artículo 221 del Código de Procedimiento Civil, descarta toda posibilidad de admitir la validez de la citación por correo, si el aviso de recibo no es firmado por las personas taxativamente señaladas en el artículo 220 eiusdem, aunque la demandada haya tenido conocimiento de la demanda o esté en posibilidad de conocerla.

La Sala considera, que al no establecerse el cargo de la persona que recibió la citación por correo, ello no es acorde a lo pautado en el artículo 220 del Código de Procedimiento Civil, puesto que las únicas personas autorizadas por dicha norma para recibir y firmar válidamente el aviso de recibo de la citación por correo son el representante legal o judicial de la persona jurídica, cualquiera de sus directores o gerentes y el receptor de correspondencia de la empresa, y por consiguiente al no constar el cargo de la persona que recibió el aviso, se quebrantó el artículo 220 en comento, por lo que la recurrida no actuó ajustada a derecho al no decretar la reposición al estado de que se cite nuevamente a la empresa codemandada. (Negrillas de la Sala).

SCC 7-3-02

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 00-396, dec. Nº 134:

No impugnó la citación por correo en la primera oportunidad

El formalizante impugna el trámite de citación del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade). La Sala puede determinar, que fue la parte actora quien durante el proceso cuestionó la forma como había sido citado el tercero. A pesar de ello, Fogade contestó la cita, y la recurrida la consideró sin efecto alguno. La actitud de la parte demandada, ahora recurrente, durante la impugnación que hiciera la demandante de la citación de Fogade, fue la de sostener que el trámite de la citación se produjo de acuerdo a la ley, dentro de los 90 días pautados y que no fue extemporánea. En efecto, el abogado Hermilo Páez Avila, apoderado judicial del Banco Popular y de los Andes, C.A., señaló en su escrito de conclusiones a los informes de primera instancia lo siguiente:

“...En fecha 11 de mayo de 1999, por auto de este digno Tribunal, visto el escrito de contestación a la demanda, ordenó conforme a lo dispuesto en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil, suspender la causa por noventa (90) días continuos, (sic...) ‘A los fines de producirse la citación ordenada, en el entendido que el lapso probatorio comenzará a transcurrir una vez que venza el lapso de suspensión, o al día siguiente a la contestación a la cita, en caso de que esta se produzca con antelación.’ En este particular, el Juzgador estableció como término máximo noventa (90) días continuos para producirse la citación ordenada, es decir, la citación del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) en la persona de su Presidenta, ciudadana Esther Holtblat de Margulis. La citación se produjo dentro de los noventa (90) días otorgados por este Despacho. Pero aun hay más, tal como lo establecen las demandantes en sus extensas conclusiones, que la citación y contestación de Fogade ha sido extemporánea, me permito ilustrar a este Tribunal, que la oportunidad para hacer valer tal expresión, fue apelando del auto donde se acordó la cita a Fogade. Por lo que, dicho auto quedó totalmente firme, bajo la interpretación dada por este Tribunal, y así pido se declare...” (Destacado de la Sala).

Como puede observarse de la transcripción anterior, la parte demandada, ahora recurrente, señaló en sus conclusiones a los informes que la citación de Fogade se produjo dentro de los noventa (90) días de despacho otorgados por el tribunal de la causa, es decir, que no impugnó el trámite que el juzgado a-quo estaba haciendo al momento de citar al tercero. Incluso, la parte demandada señaló que el pedimento de la actora era improcedente, insistiendo en la tempestividad de la citación y contestación de Fogade, argumentando que la actora no podía alegar la extemporaneidad de la citación, pues no apeló del auto que ordenó tal práctica judicial.

La Sala, al analizar la presente denuncia por quebrantamiento de formas esenciales, debe tomar en cuenta principios procesales en materia de nulidad y reposición de la causa. En efecto, señalan los artículos 213 y 214 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

Art. 213: “Las nulidades que sólo pueden declararse a instancia de parte, quedarán subsanadas si la parte contra quien obre la falta no pidiere la nulidad en la primera oportunidad en que se haga presente en autos.”

Art.214: “La parte que ha dado causa a la nulidad que sólo pueda declararse a instancia de parte, quedarán subsanadas si la parte contra quien obre la falta no pidiere la nulidad en la primera oportunidad en que se haga presente en autos.”

Como puede observarse, el ahora recurrente, lejos de rebelarse contra el trámite seguido en primera instancia para la citación de Fogade, se opuso al pedimento de la actora sobre la afirmada extemporánea citación del referido tercero, insistiendo en señalar que Fogade fue citada dentro de los 90 días de suspensión. Por tal motivo, carece ahora de interés procesal en denunciar un vicio que en todo momento negó. Por las razones expuestas, debe concluirse que no existe el invocado quebrantamiento de formas sustanciales de los actos procesales ni se generó indefensión, y por ello, la presente denuncia debe ser declarada improcedente. Así se decide.

Artículo 222

Los funcionarios judiciales, los funcionarios de la Administración de Correos, los funcionarios y empleados de personas jurídicas de carácter público o privado, y toda persona que haya forjado o contribuido a forjar una falsa citación judicial serán castigados con prisión de uno a cinco años.

Las personas indicadas en el artículo 221 que rehusen firmar el aviso del recibo en los casos de citación por correo, o entregar el sobre con la citación a su destinatario, serán castigados con arresto de tres a doce meses.

Artículo 223

Si el Alguacil no encontrare a la persona del citado para practicar la citación personal, y la parte no hubiere pedido su citación por correo con aviso de recibo, o cuando pedida ésta, tampoco fuere posible la citación del demandado, ésta se practicará por Carteles, a petición del interesado. En este caso el Juez dispondrá que el Secretario fije en la morada, oficina o negocio del demandado un Cartel emplazándolo para que ocurra a darse por citado en el término de quince días, y otro Cartel igual se publicará por la prensa, a costa del interesado, en dos diarios que indique el Tribunal entre los de mayor circulación en la localidad con intervalo de tres días entre uno y otro. Dichos Carteles contendrán: el nombre y apellido de las partes, el objeto de la pretensión, el término de la comparecencia y la advertencia de que si no compareciese el demandado en el plazo señalado, se le nombrará defensor, con quien se entenderá la citación. Se pondrá constancia en autos por el Secretario, de haberse cumplido estas formalidades y se agregará al expediente por la parte interesada, un ejemplar de los periódicos en que hayan aparecido publicados los Carteles. El lapso de comparecencia, comenzará a contarse al día siguiente de la constancia en autos de la última formalidad cumplida.

SCC 7-3-02

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 00-800, dec. Nº 144:

No se agotó correctamente citación personal ni el defensor defendió

En resguardo del legítimo derecho que tienen las partes a la defensa y al libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer el de peticionar, consagrados en los artículos 49, numerales 1 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala de Casación Civil, en fallo de fecha 24 de febrero del 2000 determinó, que conforme al contenido y alcance con la disposición legal prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y al principio constitucional consagrado en el artículo 257 de la citada Constitución, en cuanto a que, el proceso es un instrumento para la justicia; tiene la prerrogativa de extender su examen hasta el fondo del litigio, sin formalismos, cuando detecte la infracción de una norma de orden público o constitucional. En consecuencia, casar de oficio el fallo recurrido, sin entrar a analizar las denuncias articuladas en el recurso de casación.

En el sub iudice, del estudio detenido que se ha realizado sobre las actas que conforman el expediente se delatan irregularidades que ponen en entredicho la parcialidad y transparencia del proceso ventilado, en tal sentido, a objeto de conciliar una recta y sana aplicación en la administración de justicia, se procede a resolver la situación de hecho configurada en el mismo, en los siguientes términos:

A tales efectos y para un mejor entendimiento de lo que se decide, es necesario consignar previamente un resumen de las actuaciones pertinentes del caso.

Veamóslo:

1.-  La citación de la empresa demandada, se solicitó se practicara en la persona de su presidente, ciudadano Frank Jordán Schoenbohm.

2.- En actuación procesal de fecha 8 de mayo de 1997, el alguacil del tribunal de la cognición, consignó a los autos los recaudos de citación expresando que “...en vista de que (Sic) trasladé el 06-5-97, (...) me informaron que no se encontraba el representante Legal....”

3.- El 21 del mes y año mencionados anteriormente, el tribunal ante la solicitud de la demandante ordenó la citación cartelaria.

4.- En fecha 3 de noviembre del mismo año, se procedió al nombramiento del defensor ad litem en la persona de la profesional del derecho Mónica Chávez.

5.- En diligencia del 12 de febrero de 1998, la mencionada abogada, aceptó el cargo y prestó su juramento por vía del cual expresó “...manifiesto que acepto el cargo recaído en mi persona y juro cumplirlo bien y fielmente....”

6.- El 21 de abril del año anteriormente mencionado, la instituida defensora en actuación procesal inserta al folio 94 del expediente alegando haber realizado una serie de diligencias, manifiesta “...dada mi incapacidad por carecer de medios de prueba (Sic) que desvirtúen los alegatos de la parte actora me abstengo de excepcionar defensa alguna...”

Amén de las actuaciones señaladas, llama la atención que la defensora ad liten no promovió prueba alguna, ni se apersonó al acto de evacuación de los testigos promovidos por la demandante e inexplicablemente no ejerció el recurso procesal de la apelación contra la decisión del a quo, de suerte que, por incidencia de reposición decretada por el a quo, en relación al vencimiento del lapso para sentenciar y el subsiguiente para la apelación, los apoderados de la demandada constituidos según poder inserto al folio 141 y 142, acreditaron dicha representación y ejercieron el recurso extraordinario de casación contra la sentencia del tribunal ad quem, que modificó el efecto repositorio declarado en la misma y que ha permitido delatar las irregularidades que se analizan.

En ese mismo orden de ideas, la Sala reflexiona sobre los señalamientos expuestos por el funcionario alguacil en relación al ejercicio de sus obligaciones laborales para citar a la demandada, al respecto, si bien se ha establecido que no es necesario que se enumeren los lugares visitados y las diligencias que se hicieron para lograr el objetivo, ello, no puede ser un aval para que el funcionario muestre indiferencia en el agotamiento de la citación personal. En la situación comentada respecto de la exposición hecha por el alguacil, se desprende que el mismo sólo se trasladó el 6 de mayo de 1997 a la dirección indicada por la demandante y por cuanto le dijeron que no se encontraba la persona a citar, el día 8 del mismo mes y año procedió a devolver los recaudos que a la evidencia de autos habían sido librados apenas el 30 de abril del citado año, con lo cual las presunciones de su falta de diligencia se acentúan en razón al poco tiempo transcurrido desde que se libraron los recaudos a su devolución a los autos, ello sin considerar la fecha en la cual le fueron entregados, toda vez que tal indicación no se expresa en la nota de la secretaria, aunando a ésto que, no se infiere de su exposición otra dificultad para el logro de la citación personal mas que la respuesta que le dieron en la dirección que dice se trasladó, sin ni siquiera mencionar al menos el nombre de la persona que le dio la información. No impone la norma ni la doctrina que el Alguacil esté obligado a ir innumerables veces a citar al demandado, pero sí es imprescindible que, en razón a la importancia del acto comunicacional de la citación, necesario para trabar la litis, que dicho funcionario sea diligente y efectivo en la misma.

Siendo evidente el incumplimiento por parte del mentado funcionario del deber que le impone el numeral 1 del artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concordancia con el 115 del Código de Procedimiento Civil, en lo que respecta a la función de hacer y practicar las citaciones y notificaciones.

La Sala considerando la eficacia jurídica de las funciones del alguacil y de sus actos, en sentencia Nº 358, de fecha 15 de noviembre de 2000, en el caso Raúl Antonio Luzardo Colmenares contra Rafael Antonio Colmenares y otros, expediente Nº 00-212, expresó:

 “...De acuerdo a la doctrina expuesta, la falta de constancia por parte del Secretario de la declaración expuesta por el Alguacil, aunado al hecho de que este último señaló que se limitó a “dejar por debajo de la puerta” la boleta de notificación de la parte demandada, compromete seriamente la eficacia jurídica de tales actos tendientes a notificar a la accionada del fallo de mérito. Tales vicios en la notificación, no pueden ser convalidados por la posterior publicación del cartel en la prensa, pues es necesario que se agoten correctamente los trámites de la notificación personal para que pueda acudirse a otros medios.

La situación analizada, genera serias dudas sobre la eficacia de los actos procesales practicados por el tribunal de la causa, tendientes a la notificación de la parte demandada del fallo de mérito. La recurrida, en vez de ratificar la decisión interlocutoria de primera instancia de fecha 30 de marzo de 1999, que acertadamente ordenó reponer la causa a la etapa de practicar nuevamente las notificaciones de las partes de la sentencia definitiva, simplemente la revocó, generando la firmeza de dicha decisión de mérito, en detrimento del derecho a la defensa y al debido proceso de los codemandados, en cuanto a la oportunidad del ejercicio de los recursos contemplados en la Ley. Ello, implica una directa violación de los artículos 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil, pues el Juez Superior, quien debe velar por el normal desenvolvimiento del proceso, debe proteger la garantía del derecho a la defensa, consagrada en el artículo 15 eiusdem....”

 En el sub iudice los pormenores reseñados, como se indicó, desembocaron en el nombramiento del defensor ad liten, que si bien en principio tiende a preservar la garantía legislativa respecto a las prerrogativas de la demandada como parte de su derecho la defensa y al debido proceso; en el caso en estudio, tales prerrogativas a juicio de la Sala, fueron  sin lugar a dudas menoscabadas por una evidente falta de diligencia en el ejercicio de sus funciones de parte del alguacil del tribunal de la cognición para las cuales prestó su juramento y cuyas obligaciones le impone la ley en los mentados artículos y que conforme a lo transcrito up supra, devienen inexcusablemente en una total indefensión de la demandada, al no cumplir cabalmente sus labores, lo cual necesariamente debe ser corregido por vía de reposición.

No puede pasar por alto la Sala la conducta asumida por el defensor ad litem al no dar contestación a la demanda, no promover prueba alguna, ni asistir a los actos de evacuación de los testigos de la contraria y lo que es aun mas grave, no  ejerció el recurso procesal de apelación, lo mismo desdice de los principios éticos en el ejercicio de su profesión que le desmerece ser considerada por los Tribunales de la República para el nombramiento de tales funciones en otros casos que asi lo requieran, y de lo cual quedan apercibidos.

Asimismo, de conformidad con el artículo 17 eiusdem, ordena oficiar al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados al cual pertenezca la mentada abogada, a los fines de que resuelva sobre la procedencia o no de la medida disciplinaria, de la cual pudiera hacerse acreedor, de haber incurrido en la infracción de las normas de ética profesional, a que se refieren los artículos 4, ordinal 4º y 20 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano, el cual ordena, el primero a colaborar “...en la realización de una recta y eficaz administración de Justicia, y el segundo, a no “…realizar acto alguno que pueda entorpecer una eficaz y rápida administración de Justicia”. Asi se decide.

En relación al nombramiento de los defensores ad litem, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, ha considerado que el sólo hecho de su nombramiento no garantiza el resguardo del derecho de defensa del demandado, que es labor del jurisdicente procurar preservar ese derecho, en ese sentido se pronunció en sentencia 622 de fecha 2 de mayo de 2001 Exp. N°00-543 en la acción de amparo constitucional interpuesta por Bruno Zulli Kravos, en la cual señaló:

“...Por otra parte, también se observa que en la sentencia dictada por la sentenciadora que conoció en primera instancia de esta acción de amparo constitucional, se señaló que no se violentó el derecho a la defensa del accionante ya que se cumplieron todos los trámites procesales para la citación  del demandado  y que a éste se le designó defensor judicial con quien se entendió la citación y los demás actos del proceso y que con ello se le garantizó las oportunidades  para ejercer su defensa. No se percata la jueza de que aun cuando se le designó al accionante defensor Ad Litem, en modo alguno garantizó la defensa efectiva del demandado...” (Resaltado y cursivas de la Sala)

Aunada a la censurable conducta de la defensora ad litem, se evidencia de autos que para la fecha en la cual se presentó la demanda, a tenor de los datos del Registro Mercantil correspondiente, la presidencia de la empresa accionada estaba bajo la responsabilidad de otro de los socios y no del que indicó la demandante para ser citado, lo cual podría configurar el llamado fraude procesal.

Tales circunstancias, como ya se indicó, desdicen de la transparencia de los actos procesales acaecidos en este juicio, y desvirtúan el verdadero efecto del acto comunicacional de la citación, los cuales no fueron convalidados por la demandada en la oportunidad en la cual ciertamente se hizo parte del proceso, con lo que pudiéramos estimar la falta absoluta de la citación de la demandada.

A objeto de apoyar la presente decisión la Sala, se permite transcribir doctrina jurisprudencial referente a la materia del orden público.

Con relación a las áreas que se han venido delimitando en el campo del orden público la Sala, el 8 de julio de 1999, juicio Antonio Yesares Pérez contra Agropecuaria El Venao, C.A. y otro, en expediente 98-505, sentencia 422, señaló:

“…La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha ido delimitando esas áreas que en el campo del proceso civil interesan al orden público, y en tal sentido ha considerado que encuadran dentro de esta categoría, entre otras, las materias relativas a los requisitos intrínsecos de la sentencia, a la competencia en razón de la cuantía o la materia, a la falta absoluta de citación del demandado y a los trámites esenciales del procedimiento

(…Omissis…)

‘…la regulación legal sobre la forma, estructura y secuencia obligatoria del proceso civil, es impositiva, es decir, obligatoria en su sentido absoluto, para las partes y para el juez, pues esa forma, esa estructura y esa secuencia que el legislador ha dispuesto en la ley procesal, son las que el Estado considera apropiadas y convenientes para la finalidad de satisfacer la necesidad de tutela jurisdiccional de los ciudadanos, que es uno de sus objetivos básicos…’” (Resaltado de la Sala).

Por otra parte, todo lo relativo a la defensa de orden constitucional y el debido proceso, imponen al juzgador dar aplicación a los principios procesales de saneamiento, relevancia o trascendencia, de nulidad esencial y el de obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la Ley, y como bien lo indica el procesalista, DEVIS ECHANDIA,

“…La ley nos señala cuáles son los procedimientos que se han de seguir para cada clase de proceso o para obtener determinadas declaraciones judiciales, sin que les sea permitido a los particulares, aún existiendo acuerdo entre todos los interesados en el caso, ni a las autoridades o a los jueces MODIFICARLOS O PRETERMITIR SUS TRÁMITES...”. (DEVIS ECHANDIA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Editorial ABC: Tomo I, Décima Edición. Pág. 39, Bogotá 1985) (Mayúsculas, negritas y subrayado de la Sala)

En lo referente al concepto de orden público, esta Sala, elaboró su doctrina con apoyo en la opinión de Emilio Betti, asi ha señalado:

“…el concepto de orden público representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exigen observancia incondicional, y que no son derogables por disposición privada. La indicación de estos signos característicos del concepto de orden público, esto es, la necesidad de la observancia incondicional de sus normas, y su consiguiente indisponibilidad por los particulares, permite descubrir con razonable margen de acierto, cuándo se está o no en el caso de infracción de una norma de orden público.

(…Omissis…)

A estos propósitos es imprescindible tener en cuenta que si el concepto de orden público tiende a  hacer triunfar el interés general de la sociedad y del Estado frente al particular del individuo, para asegurar la vigencia y finalidad de determinadas instituciones de rango eminente, nada que pueda hacer o dejar de hacer un particular y aun una autoridad, puede tener la virtud de subsanar o de convalidar la contravención que menoscabe aquel interés, lo que equivaldría a dejar en manos de los particulares o autoridades, la ejecución de voluntades de Ley que demandan perentorio acatamiento”(G.F. Nº 119. V. I., 3ª etapa, pág. 902 y S. Sentencia de fecha 24 de febrero de 1983) (Subrayado y negritas de la Sala).

A este respecto la Sala, en sentencia del 24 de febrero de 2000, sentencia .22 del Exp. .99-625 en el juicio de Fundación para el Desarrollo del estado Guárico contra José del Milagro Padilla Silva, lo siguiente,

“...El artículo 320, cuarto aparte, del Código de Procedimiento Civil, establece que “Podrá también la Corte Suprema de Justicia en su sentencia hacer pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público o constitucionales que ella encontrare, aunque no se les haya denunciado”.

Conforme a esta disposición legal, la Sala de Casación Civil tiene prerrogativa para extender su examen al fondo del litigio, sin formalismos, cuando, a motu propio, detecte la infracción de una norma de orden público o constitucionales. Esta atribución puede ser ejercida por la Sala con objeto de materializar la correcta aplicación de la justicia, habida cuenta que el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil (Sic) señala que “Cuando la ley dice: ‘el juez o tribunal puede o podrá’, se entiende que lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo o racional, en obsequio de la justicia y la imparcialidad”.

(…Omissis…)

en consecuencia, declara que, en lo sucesivo, podrá casar de oficio los fallos sometidos a su consideración, para lo cual sólo es necesario que se detecte en ellos infracción de orden público y constitucionales como lo señala el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, ateniéndose siempre, claro está, a los postulados del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide...”(negritas y subrayado de la Sala)

Mas recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en sentencia de 9 de marzo de 2000, expediente 00-0126, conceptualizó, en materia de Amparo Constitucional, el comportamiento que debe asumir el juez cumpliendo con la función tuitiva del orden público, de esta manera, decidió:

“...el conocimiento de unos hechos que no fueron alegados como supuestos de hecho de las normas constitucionales denunciadas como infringidas, pueden y deben producir otras situaciones a ser tomadas en cuenta por los sentenciadores, ya que a pesar de ser ajenas a la pretensión de amparo, siempre que sean cuestiones de orden público, sobre las cuales el juez puede de oficio resolver y tomar decisiones, si constata que las mismas no lesionan derecho de las partes o de terceros. Cuando los afectados por las decisiones han sido partes en el juicio donde se constatan los hechos contrarios al orden público, y ellos son generadores de esos hechos, el derecho a la defensa y al debido proceso no se les está cercenando si de oficio el juez cumpliera con la función tuitiva del orden público, ya que es la actitud procesal de las partes las que con su proceder denota la lesión del orden público, entendido éste como el ‘…Conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente la organización de ésta, no pueden ser alteradas por voluntad de los individuos…’ (Diccionario Jurídico Venezolano D & F, pág. 57). La ineficacia de esas condiciones fundamentales generaría el caos social….”(Subrayado de la Sala)”.

El criterio contenido en las jurisprudencias transcritas ha venido siendo considerado por esta Sala, ratificándolo en decisiones como la del 2 de noviembre del año 2000, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe ésta, en el juicio de Freddy Mezerhane Gosen contra Seguros La Federación, C.A., expediente Nº 99-743, sentencia Nº 352.

En fuerza de lo anterior, habiéndose detectado en el presente caso la existencia de la violación al orden público constitucional, esta Sala, en resguardo del derecho a la defensa, al debido proceso y a la garantía constitucional de imparcialidad, idoneidad y transparencia de la justicia, con fundamento en la doctrina comentada y en atención a las facultades que le confiere el mentado artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, estima prudente hacer uso de la CASACIÓN DE OFICIO, para corregir las irregularidades detectadas; y en tal sentido ordenar la reposición de la causa al estado en el cual el alguacil del tribunal cumpla su obligación y practique la citación de la demandada. Así se resuelve.

SCC 21-3-00

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 99-528, dec. Nº 58:

Citación por correo en procedimiento de tránsito

En sentencia del 16 de diciembre de 1997 (Roger Castro Rodríguez contra Corporación Mitravenca, C.A.) la Sala, en materia de citación por carteles en los juicios de tránsito señaló lo siguiente:

“Tanto el Artículo 50 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, aplicable supletoriamente en los procedimientos de tránsito por remisión expresa del Artículo 55 de la Ley de Tránsito Terrestre vigente para ese entonces, como el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil disponen que en caso de citación por carteles deberá fijarse uno en la morada, oficina o residencia del demandado. Por tanto una aplicación concordada de ambas normas no puede limitarse a la publicación en la prensa de carteles de citación, aunque sea en dos (2) diarios de circulación nacional, y su posterior consignación en el expediente, para tener por satisfechas las formalidades de este tipo de citación, pues para que empiece a correr el lapso de emplazamiento es preciso que se hayan agotado todas las diligencias prescritas por la Ley”.

La Ley de Tránsito Terrestre publicada en la Gaceta Oficial 3.920 extraordinaria del 10 de octubre de 1986 en su Artículo 42 al tratar lo relativo a la citación por carteles indicaba:

“las citaciones previstas en el artículo anterior se harán personalmente mediante boletas.

cuando las personas que hayan de citarse tengan su domicilio o residencia en lugar distinto de la sede del tribunal competente, o su domicilio o residencia sean desconocidos, o en cualquier otro caso en que no hubiese podido ser citados personalmente, se les citará por un cartel que se publicará en un diario de la capital de la república de amplia circulación”.

El Artículo 55 de la Ley de 1986 como la Sala señaló en su sentencia del 16 de diciembre de 1997 disponía que en lo no previsto por la Ley especial se aplicarían en forma supletoria las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo, y en su defecto las del Código de Procedimiento Civil.

Por su parte, la vigente Ley de Tránsito Terrestre publicada en la Gaceta Oficial 5.085 extraordinaria del 9 de agosto de 1996 y aplicable al caso de autos ya que el accidente ocurrió el 12 de marzo de 1997 en su Artículo 77 refiere:

“Las citaciones previstas en el Artículo anterior se harán personalmente, mediante boleta.

Cuando las personas que hayan de citarse tengan domicilio o residencia en un lugar distinto de la sede del Tribunal competente, o su domicilio o residencia sea desconocido, o en cualquier otro caso que no hubiesen podido ser citadas personalmente, se les citará por un cartel que se publicará en un diario de los de mayor circulación. La copia del cartel se fijará en la cartelera del Tribunal de la causa y si el demandado no compareciere a darse por citado se le designará un defensor con quien se entenderá la citación y demás trámites del juicio”.

De una comparación del texto de los Artículos 42 de la Ley de Tránsito Terrestre de 1986 y 77 de la Ley de 1996 se encuentra que en la última reforma el legislador, en aras que el demandado pueda tener por cualquier medio, un conocimiento más amplio del proceso, dentro de las formalidades a cumplir en materia de citación por carteles añadió que una copia del cartel librado, además de ser publicado en un diario de los de mayor circulación en la localidad, se fijará en la cartelera del Tribunal. Se observa que la redacción del Artículo 77 no deja lugar a dudas, en el sentido que es imperativo que el cartel se fije en la cartelera del Tribunal, lo cual como antes se explicó procura que el demandado pueda tener mejor conocimiento del proceso incoado en su contra. Sobre todo si ya se agotó la posibilidad de practicar la citación personal del mismo. Asimismo estima la Sala en aplicación de la doctrina expuesta en su fallo del 16 de diciembre de 1997, que además de tenerse que cumplir con la formalidad de fijar un ejemplar del cartel en la cartelera del Tribunal, éste por aplicación supletoria del Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil también deberá fijar un ejemplar del cartel en la morada, oficina o residencia del demandado, bajo pena de nulidad de lo actuado si no se cumplieren con las formalidades antes prescritas, las cuales son concurrentes, es decir, no pueden obviarse ninguna de ellas.

SC 5-4-04

Ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera Romero. Exp. Nº  02-2845, dec. Nº 510:

Citación por carteles en procedimiento de niños y adolescentes

Como ya fue señalado, la decisión del tribunal a quo desaplicó el artículo 515 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente por considerar que la citación por carteles allí establecida, contrariaba lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución y podía lesionar el derecho a la defensa del demandado.

El artículo 515 de la mencionada ley dispone:

Artículo 515.- Citación por cartel.

Si la citación no pudiese practicarse personalmente, se publicará un único cartel en uno de los diarios de la localidad y se fijará otro en la puerta del Tribunal.

En el cartel se señalará una hora del tercer día siguiente a la publicación, para que comparezca el demandado a dar contestación a la solicitud”.

Ahora bien, debe tomar en cuenta esta Sala que la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente estableció un procedimiento especial de alimentos y guarda, con lapsos muy breves debido a que a través de dicho procedimiento se ventila lo relativo a la manutención del niño, lo que resulta de vital importancia en el desarrollo del menor, y cuya dilación podría causar daños irreparables para el mismo.

No observa, esta Sala, que el artículo 515 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente lesione el derecho a la defensa del demandado, y tampoco considera la existencia de una colisión entre dicho artículo y alguno de los numerales del artículo 49 constitucional.

El artículo que regula la citación por carteles establece que se publicará uno en la prensa y otro en la puerta del tribunal, en el cual se establecerá una hora del tercer día siguiente a la publicación para que el demandado dé contestación a la solicitud.

Apunta la Sala que, en ningún momento, dicho artículo menoscaba el derecho que tiene el demandado de ser notificado, de acceder a las pruebas, ni de disponer del tiempo y de los medios acordes al caso para ejercer su defensa. El mencionado artículo, mantiene en todo momento el derecho que tiene el demandado a ser oído en el proceso, con todas sus garantías y dentro del plazo establecido legalmente.

Como fue expresado anteriormente, la celeridad establecida por la ley adjetiva en el procedimiento que se revisa, tiene un fin acorde a la materia de dicha ley, el cual es el interés superior del menor, mucho más aún, cuando se trata, como en el presente caso, de la alimentación y guarda del mismo.

Tal vez lo que confunde en la norma de la ley especial transcrita, es que el cartel allí previsto, una vez cumplido los requisitos de publicación prescritos en el artículo 515, hace la veces de citación o emplazamiento del demandado para que comparezca a contestar la solicitud, lo que corresponde a un sistema distinto al del Código de Procedimiento Civil, donde los carteles dan al demandando noticia de la existencia de un juicio en su contra, y lo instan a darse por citado en dicha causa en el lapso que se señala, contemplando el Código de Procedimiento Civil, que si no comparece se le nombrará un defensor con quien se entenderá la citación.

El trámite del Código de Procedimiento Civil, corresponde a una forma de citación, a juicio de esta Sala, ejemplar, pero que no es única.

Las leyes, y el propio Código de Procedimiento Civil o el Código Orgánico Procesal Penal, prevén citaciones por correo, telegramas, etc, y por ello, en procesos signados por la celeridad, el legislador ideó una citación directa al demandado, mediante carteles, eliminando el aviso previo de la existencia del juicio, así como la designación de un defensor ad litem, si el demandado no se apersona a la causa.

En supuestos como el del artículo 515 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, como una garantía del derecho de defensa es necesario que se agoten las oportunidades de citación personal, y que el Juez pondere y supervise si tal citación se está procurando, a fin de ordenar los carteles cuando exista en autos la certeza de que la citación personal resultó fallida.

Este importante preámbulo del decreto del cartel, no ha sido cuestionado en esta causa, y a juicio de esta Sala, el tribunal a quo que produjo el fallo de control difuso sometido a revisión, ha debido constatarlo y analizarlo.

Por los razonamientos expuestos, esta Sala Constitucional considera que el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 1 ejerció erradamente el control difuso de la constitucionalidad de las leyes, y debió haber aplicado el artículo 515 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el cual no se encuentra en colisión con el artículo 49 de la Constitución.

Artículo 224

Cuando se compruebe que el demandado no está en la República, se le citará en la persona de su apoderado, si lo tuviere. Si no lo tuviere, o si el que tenga se negare a representarlo, se convocará al demandado por Carteles, para que dentro de un término que fijará el Juez, el cual no podrá ser menor de treinta días ni mayor de cuarenta y cinco, según las circunstancias, comparezca personalmente o por medio de apoderado. Estos carteles deberán contener las menciones indicadas en el artículo anterior y se publicarán en dos diarios de los de mayor circulación en la localidad, que indicará expresamente el Juez, durante treinta días continuos, una vez por semana. Si pasado dicho término no compareciere el no presente, ni ningún representante suyo, el Tribunal le nombrará defensor, con quien se entenderá la citación.

SCon 15-2-01

Ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta. Exp. Nº 00-2542, dec. Nº 199:

No se solicitó movimiento migratorio y no se publicaron carteles conforme al artículo 224

Advierte esta Sala que, tal como señaló el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, el abogado Luis Ortiz Cachutt indicó en el libelo de la demanda, que su contraparte se encontraba domiciliada en los Estados Unidos de Norteamérica. En este sentido, el Tribunal de Primera Instancia debió solicitar de la Oficina de Identificación y Extranjería (ONIDEX), el movimiento migratorio de la parte demandada y si de esa información se arrojaba que la intimada no se encontraba en la República, por registrar salida del país, mas no ingreso, el juez debió proceder a realizar la citación de conformidad con lo establecido en el artículo 224 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, tal procedimiento no lo llevó a cabo el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, a pesar de la presunción de ausencia de la intimada; antes por el contrario realizó la citación de la parte intimada siguiendo el procedimiento contenido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, referido a la citación por carteles a las personas domiciliadas en el territorio de la República, omitiendo el procedimiento establecido en el artículo 224 eiusdem. De esta situación se derivó que la ciudadana Mercedes Cisneros Fajardo no tuviera conocimiento del procedimiento incoado en su contra, impidiéndosele su participación en el mismo, actuación por parte del referido Tribunal que ocasionó la violación del derecho a la defensa de la accionante. En razón de lo anterior, esta Sala concluye que el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, actuó conforme a derecho al declarar con lugar la presente acción de amparo, motivo por el cual, se confirma la decisión objeto de consulta, y así se declara.

Artículo 225

El Tribunal al hacer el nombramiento del defensor, dará preferencia, en igualdad de circunstancias, a los parientes y amigos del demandado o a su apoderado, si lo tuviere, oyendo cualquier indicación del cónyuge presente, si lo hubiere y quisiere hacerla.

SCon 26-1-04

Ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera Romero. Exp. Nº  02-1212, dec. Nº 33:

Defensa debe ser plena

El derecho de defensa en el proceso, contemplado como derecho fundamental en el artículo 49 constitucional, se desarrolla legalmente mediante varias instituciones, siendo dos de ellas la de la defensoría y la de la necesidad de la doble instancia (la cual admite excepciones).

La institución de la defensoría se divide en pública, destinada a otorgar asistencia técnica integral a los imputados en el proceso penal que no contraten defensores particulares; y en privada, la cual opera en el proceso de naturaleza civil, bajo diversas figuras como la del defensor de quien goza de la declaratoria de justicia gratuita, o como la del defensor ad litem.

Esta última clase de defensoría (ad litem) persigue un doble propósito: 1) Que el demandado que no puede ser citado personalmente, sea emplazado, formándose así la relación jurídica procesal que permite el proceso válido. Desde esta vertiente, la defensa obra incluso en beneficio del actor, ya que permite que el proceso pueda avanzar y se dicte la sentencia de fondo.

2) Que el demandado que no ha sido emplazado o citado, se defiende, así no lo haga personalmente.

Debido a ese doble fin, el defensor no obra como un mandatario del demandado, sino como un especial auxiliar de justicia, que por no pertenecer a la defensa pública, debe percibir del demandado sus honorarios, así como las litis expensas, tal como lo señala el artículo 226 del vigente Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, como tal función auxiliar no la presta el abogado defensor gratuitamente (a menos que la ley así lo ordene, como lo hace el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil), si éste no localizare al demandado para que le facilite las litis expensas o sus honorarios, tales gastos los sufragará el demandante -quien se beneficia a su vez de la institución- quien podrá recuperarlos de los bienes del defendido, si éstos existen.

Ahora bien, la función del defensor ad litem, en beneficio del demandado, es el de defenderlo, el que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone que sea oído en su oportunidad legal. De allí, que no es admisible que el defensor ad litem no asista a contestar la demanda, y que por ello se apliquen al demandado los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. El defensor ad litem ha sido previsto en la ley (Código de Procedimiento Civil), para que defienda a quien no pudo ser emplazado, no para que desmejore su derecho de defensa.

Pero debe la Sala, en aras a delinear las relaciones del derecho de defensa y la función del defensor ad litem, proceder a analizar, como debe encarar tal función el defensor, a fin de cumplir con ella cabalmente.

En este sentido, la Sala considera que es un deber del defensor ad litem, de ser posible, contactar personalmente a su defendido, para que éste le aporte las informaciones que le permitan defenderlo, así como los medios de prueba con que cuente, y las observaciones sobre la prueba documental producida por el demandante.

El que la defensa es plena y no una ficción, se deduce del propio texto legal (artículo 226 del Código de Procedimiento Civil), que prevé el suministro de las litis expensas para el defensor, lo que significa que él no se va a limitar a contestar la demanda, sino que realizará otras actuaciones necesarias (probatorias, etc.) a favor del demandado.

Lo expuesto denota que para que el defensor cumpla con su labor, es necesario, que de ser posible, entre en contacto personal con el defendido, a fin de preparar la defensa.

Para tal logro no basta que el defensor envíe telegramas al defendido, participándole su nombramiento, sino que para cumplir con el deber que juró cumplir fielmente, debe ir en su búsqueda, sobre todo si conoce la dirección donde localizarlo.

A juicio de esta Sala, la lectura del artículo 225 del Código de Procedimiento Civil, apuntala lo que la Sala destaca como forma de ejercicio de la función de defensor ad litem. En efecto, dicha norma dispone que el Tribunal al hacer el nombramiento del defensor dará preferencia en igualdad de circunstancias a los parientes y amigos del demandado o a su apoderado, si lo tuviere, oyendo cualquier indicación del cónyuge presente, si lo hubiere y quisiere hacerla.

Cuando el legislador toma en cuenta que para la designación se prefiere a los apoderados, a los parientes y amigos del demandado, y se oiga a su cónyuge (si se tratare de persona natural, casada) lo que se está significando es que el defensor a nombrarse debe tener interés en la defensa, debido a sus nexos con el defendido, lo que demuestra que es la defensa plena la razón de la institución.

Artículo 226

Los honorarios del defensor y las demás litis expensas se pagarán de los bienes del defendido, conforme lo determine el Tribunal, consultando la opinión de dos abogados sobre la cuantía.

Artículo 227

Cuando la citación haya de practicarse fuera de la residencia del Tribunal, se remitirá con oficio la orden de comparecencia, en la forma ya establecida, a cualquier autoridad judicial del lugar donde resida el demandado para que practique la citación en la forma indicada en el artículo 218, sin perjuicio de la facultad que confiere al actor el Parágrafo Único de dicha disposición.

Si buscado el demandado no se le encontrare, el Alguacil dará cuenta al Juez, y éste dispondrá de oficio, que la citación se practique en la forma prevista en el artículo 223 sin esperar ninguna otra instrucción del comitente, dando cuenta del resultado a éste.

En los casos de este artículo, el término de la comparecencia comenzará a contarse a partir del día siguiente al recibo de la comisión en el Tribunal de la causa, sin perjuicio del término de la distancia.

SCC 11-3-04

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 02-628, dec. Nº 194:

Lapso de comparecencia se cuenta a partir de la recepción de la comisión en el tribunal de la causa

A tal efecto, de la revisión de las actas del expediente la Sala pudo constatar que, en el presente juicio, se comisionó al Juzgado de los Municipios Mariño y García del Estado Nueva Esparta para la práctica de la intimación personal del demandado, siendo recibidas las resultas de dicha comisión en fecha 26 de mayo de 1999, según consta al folio 64, segunda pieza del expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil, que contempla y regula lo relativo a la citación mediante comisión, pero que también se aplica en los casos de intimación practicada por un tribunal comisionado: “...el término de la comparecencia comenzará a contarse a partir del día siguiente al recibo de la comisión en el Tribunal de la causa, sin perjuicio del término de la distancia...”. (Negrillas de la Sala).

Asimismo, sobre este punto, en sentencia 313 de fecha 25 de septiembre de 1996, dictada en el juicio de Ramón Guerra Ramírez contra Expresos Ayacucho, S.A., la cual hoy se ratifica, esta Sala dejó sentado el siguiente criterio:

“...Una de las hipótesis específicas en las que se concede término de distancia, se encuentra regulada en el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil...

...omissis...

Según la norma transcrita, cuando el demandado reside fuera del lugar donde ejerce su competencia el Juez de la causa, la citación debe practicarse mediante comisión si el actor no opta por ejercer la facultad conferida en el parágrafo primero del artículo 218 del Código de Procedimiento Civil. En ambos casos, el plazo de comparecencia debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que el Juez de la causa da por recibidas las resultas de la comisión, ello sin perjuicio del término de distancia.

El procesalista Ricardo Henríquez La Roche, en comento de la referida disposición legal, precisa la diferencia entre el término de distancia de hecho y el judicial, señalando que el primero consiste en el tiempo de demora en la devolución de la comisión debidamente consumada; mientras que el segundo se incoa con la recepción e incorporación de los recaudos a las actas, el cual debe dejarse transcurrir íntegramente para luego computar el lapso de comparecencia. (Código de Procedimiento Civil, Tomo II, pág. 193).

El criterio expuesto resulta acorde con el fin por el cual se concede al demandado el término de distancia cuando es citado mediante comisión.

En efecto, el acto de contestación constituye la oportunidad preclusiva del demandado para alegar las defensas y excepciones que le permitan enervar la pretensión del actor; por ello, no se verifica de inmediato o luego de citado el demandado, sino en el transcurso o al término de un tiempo prudencial, según el caso, concedido a éste para la preparación de su defensa. No obstante, este plazo de comparecencia resulta disminuido por el tiempo que implica el traslado del demandado cuando la distancia a recorrer para comparecer ante la sede del Tribunal es considerable, en compensación de lo cual, se le concede un tiempo adicional, denominado término de distancia, el cual se encuentra previsto en el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, concluye la Sala que en los casos de citación mediante comisión, el término de distancia debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que el Juez de la causa de por recibida la referida comisión debidamente consumada, el cual debe dejarse transcurrir íntegramente para luego computar el plazo de comparecencia...”. (Negrillas de la Sala).

 

Ahora bien, en el presente caso, la comisión fue recibida en el juzgado de la causa en fecha 26 de mayo de 1999 (folio 64), lo que significa que es a partir del día siguiente que deben computarse los ocho (8) días consecutivos del término de la distancia, para que comiencen a contarse los diez (10) días de despacho contemplados en el artículo 647 del Código de Procedimiento Civil, lapso en el cual el demandado debe pagar o formular su oposición, y no desde el día siguiente a la fecha de la intimación (12 de mayo de 1999), como desacertadamente se indicó en la recurrida, al no haberse tenido en cuenta que la referida intimación fue practicada por un tribunal comisionado.

Evidentemente, de acuerdo con los cómputos efectuados en la instancia, precedentemente transcritos, los ocho (8) días calendario consecutivos, correspondientes al término de distancia, transcurrieron de la siguiente manera: 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo; 1, 2 y 3 de junio, ambos del año 1999; y, es a partir del día siguiente que comienzan a contarse los diez (10) días de despacho correspondientes al lapso procesal para que el demandado pague o formule su oposición, los cuales transcurrieron así: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 18 de junio del mismo año.

Concluido este último lapso procesal, comienzan a contarse los cinco (5) días de despacho previstos en el artículo 652 del Código de Procedimiento Civil, para que la parte intimada de contestación a la demanda, los cuales transcurrieron así: 21, 22, 25, 28 y 29 de junio de 1999.

Ahora bien, la parte intimada consignó su escrito de contestación a la demanda el 21 de junio de 1999, vale decir, el primero de los cinco días de despacho que le concede la ley para que realizara dicha actividad procesal, de lo que se deduce que la misma fue tempestivamente efectuada. (folios 77 y 78. 2ª pieza).

 

Artículo 228

Cuando sean varios quienes hayan de ser citados y el resultado de todas las citaciones no constare en el expediente, por lo menos dos días antes de aquel en que debe verificarse el acto, éste quedará diferido para la misma hora del día que fije el Tribunal. Esta fijación no podrá exceder del término ordinario concedido para el acto, ni ser menor de dos días.

En todo caso, si transcurrieren más de sesenta días entre la primera y la última citación, las practicadas quedarán sin efecto y el procedimiento quedará suspendido hasta que el demandante solicite nuevamente la citación de todos los demandados. Si hubiere citación por carteles, bastará que la primera publicación haya sido hecha dentro del lapso indicado.

 

Artículo 229

Cuando el demandado haya elegido domicilio para los efectos de la obligación demandada, con indicación de persona, la citación se entenderá con ésta, observándose, por lo demás, las disposiciones de los artículos 218 y 219.

Si la persona designada en la elección de domicilio fuere la misma a cuya instancia se haga la citación, o hubiere muerto o desaparecido, o héchose incapaz, la citación se verificará como si no se hubiere designado persona en la elección.

Artículo 230

En cualquier caso en que se necesite la citación de una parte, aunque no sea para la contestación de la demanda, se procederá con arreglo a lo dispuesto en este Capítulo, salvo cualquier disposición especial.

Artículo 231

Cuando se compruebe que son desconocidos los sucesores de una persona determinada que ha fallecido, y esté comprobado o reconocido un derecho de ésta referente a una herencia u otra cosa común, la citación que debe hacerse a tales sucesores desconocidos, en relación con las acciones que afecten dicho derecho, se verificará por un edicto en que se llame a quienes se crean asistidos de aquel derecho para que comparezcan a darse por citados en un término no menor de sesenta días continuos, ni mayor de ciento veinte, a juicio del Tribunal, según las circunstancias.

El edicto deberá contener el nombre y apellido del demandante y los del causante de los sucesores desconocidos, el último domicilio del causante, el objeto de la demanda y el día y la hora de la comparecencia.

El edicto se fijará en la puerta del Tribunal y se publicará en dos periódicos de los de mayor circulación en la localidad o en la más inmediata, que indicará el Juez por lo menos durante sesenta días, dos veces por semana.

SCC 3-5-04

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 02-752, dec. Nº 408:

En todo caso se debe publicar edicto

Sobre el particular, en sentencia 302, del 25 de junio de 2002, dictado en el juicio de Nieves Margarita Avenas Montes contra Herederos de José Martínez Roda, esta Sala dejó sentado el siguiente criterio jurisprudencial:

“...De lo anterior, se infiere que existiendo los herederos conocidos de la parte fallecida, y éstos se presentaron voluntariamente sin mediar citación, sin lugar a dudas, en aplicación de tales consideraciones, la finalidad procesal conciliada en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, estaría en apariencia cumplida; pero, el problema subsiste con los herederos desconocidos y aun con aquellos conocidos, que no son traídos a los autos por las partes. De esa forma, al fallecer una de las partes, el establecimiento de los herederos conocidos dependerá de las actuaciones privadas de los interesados, quedando la comprobación, por parte del juez, sobre la base de aquellas pruebas que demuestren la existencia de esos herederos, como son, en la mayoría de los casos, la partida de defunción y la planilla de liquidación sucesoral. Instrumentos probatorios cuya elaboración dependen de la voluntad privada de los interesados, siendo posible, incluso intencionalmente, la exclusión de algún heredero “conocido”.

Por otra parte, bien es cierto que no en todos los casos existen los herederos desconocidos, siendo prácticamente imposible para el sentenciador determinar a priori, la existencia o no de dichos herederos.

Por tanto, cuando se hable de citación de herederos, y mas en los casos como el presente, donde el fallecido es parte litigante, se deberá aplicar el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, para así evitar futuras reposiciones, al existir la posibilidad de que se dicte una providencia condenatoria o absolutoria sobre persona que no haya sido llamada al juicio, con evidente menoscabo del derecho de defensa de las mismas. (Negrillas de la Sala)

Este Supremo Tribunal en sentencia Nº 392, de fecha 16 de diciembre de 1997, expediente 95-694, caso Roger Danelo Castro Rodríguez contra Corporación Mitrivenca, C.A., al respecto, asentó lo siguiente:

“...Igualmente dispone el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, que cuando sean desconocidos los herederos de una persona determinada que ha fallecido, y tengan derechos en una herencia o cosa común, se les citará por edictos de conformidad con lo dispuesto en tal norma.

Si bien dicho precepto no hace presumir que en todos los casos existen herederos desconocidos, ha establecido la Sala en fallo del 8 de diciembre de 1993 (Pablo Jorge Sambrano Morales contra Oscar Ruperto Mata Mata), lo siguiente:

‘...cuando se trata del fallecimiento de una de las partes, respecto a los herederos conocidos, debe ordenarse su citación cumpliendo todas las formalidades que la ley establece, y en acatamiento al principio que la citación por carteles es sucedánea a la citación personal, es decir, que la de la imprenta procede, agotadas como hayan sido todas las diligencias tendientes a obtener la citación personal.

De otra parte, como hay casos en los cuales no es posible determinar si hay herederos desconocidos o no, por no saberse si los primeros existen, por ello lo conveniente para evitar futuras reposiciones y nulidades, o bien que pueda dejarse de citar a alguno de los herederos conocidos, como es el caso en estudio, o que los herederos desconocidos puedan verse perjudicados en sus derechos, la ley procesal ha previsto el supuesto del artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, el cual, a juicio de esta Corte, debe aplicarse a todo caso, en virtud de la imposibilidad del funcionario jurisdiccional de conocer a ciencia cierta, si la información suministrada por el litigante ha sido ajustada a derecho o no, en cuanto a tales herederos conocidos o no, máxime cuando la situación procesal entre ellos es la de litisconsorcio necesario...’”. (Negrillas y subrayado de la Sala)

En aplicación de la anterior doctrina, esta Sala entiende que la citación a que se refiere el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, debe practicarse: 1) de manera personal en los herederos que se reputen conocidos y, 2) por edicto a los sucesores desconocidos, conforme al ya mentado artículo 231. Entendiendo que ambas deben verificarse, salvo que no se tenga conocimiento de la existencia de herederos conocidos, caso en el cual, para cumplir con la forma sustancial que prevé, el tantas veces mencionado artículo 144, deberá realizarse únicamente la citación por edicto.

SCC 11-10-01

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 00-420, dec. Nº 312:

La disposición parcialmente transcrita, prevé la formalidad de citar para la contestación mediante edicto, a los herederos desconocidos de una persona fallecida, cuando en juicio se ventilen asuntos relacionados con actos que en vida hubiera realizado su causante y en los cuales puedan tener interés, por existir la probabilidad de que se vean afectados sus derechos, por la resolución que en el asunto se tome. Referente a este punto considera la Sala pertinente destacar, que por tratarse la citación para la contestación de la demanda, un asunto en el cual está interesado el orden público, en razón de que dicho acto de comunicación procesal garantiza la igualdad de los justiciables ante los órganos encargados de impartir justicia y con esto el derecho a la defensa de progenie constitucional, que lleva implícito el de un debido proceso, la ausencia del acto en cuestión lesiona la validez del juicio.

En este sentido la doctrina autoral patria, reflejada en la opinión del Dr. Carlos Moros Puentes, sobre el tema de la citación, ha señalado:

“...D) CARACTERÍSTICAS:

De la citación emanan dos aspectos diferentes, según el carácter que la informa, como son:

1)En cuanto a Institución Procesal:

Por ser la citación una institución de rango constitucional y necesaria para la validez de un juicio, su carácter interesa al orden público y su inexistencia vicia de nulidad lo actuado a espaldas del demandado. En consecuencia, el propio, Juez, aun de oficio, cuando constante que no se ha verificado, debe proceder a corregir el proceso, ordenando la citación y anulando lo que se hubiere hecho con desconocimiento de la persona demandada. Si falta la citación, dice el maestro Arminio Borjas, “se habrá levantado sobre arena toda la estructura procesal.

”2) En cuanto a Formalidad Procedimental:

La institución de la Citación es una de las pocas revestidas en nuestra Ley Procesal de formalismos precisos, por lo que el inflexible cumplimiento de tales formalidades es tan importante como la finalidad misma de la Ley, que no es otra que la de poner en conocimiento de una persona el hecho de que ha sido demandada. Pero dichas formas con que se revisten los trámites procedimentales para verificar la citación son de interés privado, consagradas en beneficio exclusivo del demandado, por lo que puede renunciar a las mismas sin afectar el proceso, ya sea en forma tácita o de manera expresa, cuando comparece al juicio aún antes siquiera de iniciarse tales trámites para citarlo o cuando convalida lo actuado con su presencia sin oponerse a lo practicado....” (Moros Puentes, Carlos. Citaciones y Notificaciones. Editorial Componentes, 1995. Págs. 19 y 20).

De lo expuesto, es imperativo concluir, que dado el supuesto de que se incoe un proceso contra actos realizados en vida por una persona fallecida, relacionado con bienes o derechos que le pertenecieron y por ende continúan en cabeza de sus sucesores, deberá, a todo evento y para dar cumplimiento a la orden impartida por el artículo 231 del Código Adjetivo Civil, emitirse el correspondiente edicto, dándole la debida publicidad, para de esta manera dejar cumplido el requisito de la citación de sus herederos desconocidos, ello en razón de que al tener estos la condición de potenciales causahabientes del de-cujus, pudiesen ver comprometidos los derechos que tal condición les otorga en la sucesión de la cual forman parte; blindando así, al proceso a seguir de motivos que pudieran dar lugar a futuras nulidades y reposiciones, las cuales atentarían contra la celeridad que debe orientar a la administración de justicia.

Sobre el asunto de la necesaria citación de los herederos conocidos o no de una persona fallecida, así como la forma en que la misma deba practicarse, cuando exista un proceso donde habrá de ventilarse la validez de actos realizados por él durante su vida, la doctrina de la Sala, en sentencia de fecha 2 de octubre de 1997, en el caso de Arístides Alberto Finol y otra contra Lucas Antonio Villalobos, la cual fue ratificada en decisión del 16 de diciembre de 1997, expediente 95-694, caso Roger Danelo Castro contra Corporación Mitrivenca C.A., donde se asentó lo siguiente:

“...Igualmente dispone el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, que cuando sean desconocidos los herederos de una persona determinada que ha fallecido, y tengan derechos en una herencia o cosa común, se les citará por edictos de conformidad con lo dispuesto en tal norma.

Si bien dicho precepto no hace presumir que en todos los casos existen herederos desconocidos, ha establecido la Sala en fallo del 8 de diciembre de 1993 (Pablo Jorge Sambrano Morales contra Oscar Ruperto Mata Mata), lo siguiente:

‘...cuando se trata del fallecimiento de una de las partes, respecto a los herederos conocidos, debe ordenarse su citación cumpliendo todas las formalidades que la ley establece, y en acatamiento al principio que la citación por carteles es sucedánea a la citación personal, es decir, que la de la imprenta procede, agotadas como hayan sido todas las diligencias tendientes a obtener la citación personal.

De otra parte, como hay casos en los cuales no es posible determinar si hay herederos desconocidos o no, por no saberse si los primeros existen, por ello lo conveniente para evitar futuras reposiciones y nulidades, o bien que pueda dejarse de citar a alguno de los herederos conocidos, como es el caso en estudio, o que los herederos desconocidos puedan verse perjudicados en sus derechos, la ley procesal ha previsto el supuesto del artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, el cual, a juicio de esta Corte, debe aplicarse a todo caso, en virtud de la imposibilidad del funcionario jurisdiccional de conocer a ciencia cierta, si la información suministrada por el litigante ha sido ajustada a derecho o no, en cuanto a tales herederos conocidos o no, máxime cuando la situación procesal entre ellos es la de litisconsorcio necesario....”

Para decidir, la Sala observa:

Tal y como ha quedado plasmado de manera indubitable, en las anteriores consideraciones, es de ineludible cumplimiento, el libramiento y publicación de los edictos, para los casos, en los que como el de autos, se impugnen actos realizados en vida por quien al momento del litigio, haya fallecido. Ello, con la finalidad de resguardar a quienes siendo causahabientes de un derecho o de una obligación, reclamada en juicio, pudiesen, sin haber estado a derecho en razón de la ausencia de citación, resultar condenados o absueltos por la providencia dictada en el juicio al cual no fueron llamados, todo esto con evidente menoscabo de su derecho a la defensa.

En el subjudice se advierte: el sentenciador superior en la motiva de su decisión, desmenuzando los autos en lo referente a la citación, expone lo que de seguidas se transcribe:

“...TERCERO: SUCESORES DE JUAN FRANCISCO ROA MORALES: No obstante la importancia de los señalamientos anteriores, mas grave aún es la situación en lo que respecta a los herederos de JUAN FRANCISCO ROA MORALES, quienes son los demandados, por efecto de la continuidad sucesoral y habida cuenta que el asunto demandado se inscribe dentro de la actuación jurídica del fallecido. En el libelo de la demanda, señalan los demandantes:

“Por cuanto el ciudadano JUAN FRANCISCO ROA MORALES ha fallecido para esta fecha, según acta....; la presente demanda la incoamos contra los ciudadanos... con el carácter de sucesores del ciudadano JUAN FRANCISCO ROA MORALES...; para que convengan en la nulidad demandada o de lo contrario, la misma sea declarada por el Tribunal.” (subrayado de este Tribunal).

Es evidente, tal como antes se señaló y es conveniente repetir, que se ha demandado a los sucesores de Juan Francisco Roa Morales, toda vez que fue él quien celebró el contrato cuya nulidad se ha solicitado, por lo tanto la indicación de las personas que se hace en el libelo como demandados, debe tenerse como el señalamiento de quienes consideran los demandantes que son los herederos conocidos del fallecido, mas no da plena certeza que ellos sean los únicos herederos, por lo cual era imperativo proceder conforme a lo establecido en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar por medio de edicto a los herederos dcesconocidos (Sic) y, muy especialmente era necesario acoger la doctrina jurisprudencial antes invocada, la cual recomienda que aun cuando sean conocidos los herederos, debe publicarse el edicto.

(...Omissis...)

No le es dado al demandante escoger a quienes de los herederos demanda y a quienes no, puesto que se trata de una sucesión universal, se trata de la continuación de la persona a quien verdaderamente va dirigida la demanda. Es decir, se trata de accionar todos los herederos del fallecido JUAN FRANCISCO ROA MORALES, porque todos, sin excepción, constituyen la continuidad de su persona, siendo que esta no puede ser fraccionada.

(...Omissis...)

Es entonces cierto, como lo señala el apelante, que en la presente causa no se citaron a todos los demandados, porque desde la fecha de admisión era necesario ordenar la citación personal de todos los herederos conocidos y desconocidos, entre los primeros los propios demandantes, y el edicto para la citación de los herederos desconocidos de JUAN FRANCISCO ROA MORALES, no fue acordado ni solicitado. El artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, no es aplicable solo cuando la parte fallece durante el proceso, sino siempre que se trate de demandar por las consecuencias de un acto realizado por persona fallecida, tal como ocurre en el presente caso. Es por lo tanto imperativo concluir, que en la presente causa se cometió un írrito cuando al admitirse la demanda contra los sucesores de JUAN FRANCISCO ROA MORALES, no se ordenó la citación de todos los herederos conocidos y desconocidos, ordenando la publicación del edicto correspondiente y todo ello sin menoscabo de la improcedencia de la ficción de confundir en una misma parte, demandados y demandantes, asuntos estos que no pueden ser convalidados y obligan imperativamente la reposición....” (Mayúscula, Negrillas y Subrayado del Formalizante)

Vista la reproducción precedente, y habiendo la Sala realizado un detenido análisis de las actas que integran el expediente, evidenciando que en el acta de defunción del ciudadano Juan Francisco Roa Morales, que corre al folio 36 de los que conforman este expediente, hay mención de un hijo, quien no fue llamado al proceso por ninguno de los medios procesales previstos para la citación, es necesario concluir que el juez a quien correspondió la competencia funcional jerárquica vertical, cumpliendo con su deber de limpiar el proceso de la invalidez que lo afectó ab-initio, ordenó la reposición que impugna el recurrente, con lo cual actuó apegado a la legalidad, salvaguardando de esta manera el derecho a la defensa de aquellas personas que pudieran tener interés en el juicio y que por la omisión en la publicación del edicto, no fueron convocados a comparecer al acto de la contestación de la demanda. Lo expuesto conlleva a la Sala, a considerar que no existe en la decisión impugnada hecho alguno que pueda interpretarse como reposición indebida, no encontrándose, en consecuencia, que el fallo recurrido haya infringido los artículos 15, 211 y 231 del Código de Procedimiento Civil delatados, antes por el contrario, el ad-quem dio cumplimiento a lo dispuesto en las normas señaladas; por lo que la denuncia analizada debe considerarse improcedente. Así se decide.

Artículo 232

Si transcurriere el lapso fijado en el edicto para la comparecencia, sin verificarse ésta, el Tribunal nombrará un defensor de los desconocidos, con quien se entenderá la citación; hasta que según la ley cese su encargo.

Artículo 233

Cuando por disposición de la ley sea necesaria la notificación de las partes para la continuación del juicio, o para la realización de algún acto del proceso, la notificación puede verificarse por medio de la imprenta, con la publicación de un Cartel en un diario de los de mayor circulación en la localidad, el cual indicará expresamente el Juez, dándose un término que no bajará de diez días.

También podrá verificarse por medio de boleta remitida por correo certificado con aviso de recibo, al domicilio constituido por la parte que haya de ser notificada, conforme al artículo 174 de este Código, o por medio de boleta librada por el Juez y dejada por el Alguacil en el citado domicilio. De las actuaciones practicadas conforme a lo dispuesto en este artículo dejará expresa constancia en el expediente el Secretario del Tribunal.

SCC 21-8-03

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 02-632, dec. Nº 424:

La Sala, con el propósito de determinar el contenido y alcance de esta norma, ha establecido que en garantía del derecho de defensa y en cumplimiento del “...propósito legislativo de poner en verdadero conocimiento de las partes la actividad que se les quiere practicar...”, las diversas modalidades de notificación deben ser organizadas y practicadas en el siguiente orden lógico de preferencia: 1°) Mediante Boleta remitida por correo certificado, con aviso de recibo, entregada en la sede del domicilio procesal, 2°) Mediante Boleta librada por el Juez y dejada por el Alguacil del Tribunal en el citado domicilio procesal, y 3°) Si no hay domicilio procesal se hará la notificación por medio de la imprenta, con la publicación de un Cartel en un diario de los de mayor circulación en la localidad, el cual indicará expresamente el juez. (Sentencia de fecha 02 de noviembre de 1998, caso: BUSCAR, pp. 129-131 de Pierre tapia tomo 11 acho 88).

Asimismo, la Sala ha indicado reiteradamente que “...sólo en el caso de que se ordene la notificación por la imprenta, en un diario que indique el Juez, procederá conceder a la parte un lapso de al menos diez (10) días de despacho, para que transcurrido el mismo o uno mayor, si el Juez lo decidiere, quedara consumada la notificación, sin que bajo ningún respecto se añadiera esta modalidad de fijación a los otros medios de notificación que el artículo 233 contempla, más adelante referidos, sino que en esos casos, tan pronto conste en autos la notificación de la última de las partes, a través de la actuación del Secretario del Tribunal, el proceso se reanudará sin dilaciones de ninguna especie...”. (Sentencia de fecha 18 de diciembre de 1990, caso: Lina Salazar Flores c/ Lucas Rodríguez Cid).

Finalmente, respecto de la constancia por parte del Secretario de las actuaciones practicadas para lograr la notificación, la Sala ha dejado sentado que “...el espíritu, propósito y razón del legislador fue que el Secretario personalmente dejara expresa constancia en el expediente, de las actuaciones practicadas por el Alguacil encargado de hacer las notificaciones, no refrendar simplemente esas actuaciones. Por tanto, considera la Sala que no se cumple con la exigencia de la ley en la disposición transcrita del artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, cuando el Secretario simplemente firma la exposición del Alguacil de haber realizado las notificaciones encomendadas, sino que su obligación es exponer por medio de una nota de Secretaría, en la cual deja constancia de haberse efectuado las notificaciones...” (Sentencia de fecha (30) de abril de dos mil dos, caso: Complejo Industrial Del Vidrio C. A. (Civca), c/ Jorge González Durán).

En aplicación de las consideraciones expuestas al caso concreto, se observa que de las actas del expediente se evidencia, concretamente del libelo de demanda consignado en copia certificada que el “...abogado asistente fija su domicilio, para todo lo referente con este juicio, la sede (sic) de este Tribunal...”, y en el escrito de contestación a la reconvención ratificó “...el domicilio procesal indicado en la demanda principal reconvenida...”.

De igual forma, está demostrado en autos que la sentencia definitiva de primera instancia fue dictada fuera de lapso, y por petición de la demandada, la parte actora fue notificada mediante boleta publicada en la cartelera del tribunal, de lo cual dejó constancia el Secretario.

La narración de los actos cumplidos en el proceso permite concluir que la notificación no fue practicada mediante cartel publicado en la imprenta y, por esa razón, no procedían los diez días previstos en la ley para la reanudación de la causa, de conformidad con la doctrina precedentemente citada en este fallo.

Por otra parte, en relación con la ausencia de declaración del Alguacil de la publicación de la boleta de notificación, la Sala observa que por haber fijado expresamente la parte actora su domicilio en la sede del Tribunal, su notificación fue practicada mediante boleta publicada en la cartelera, por lo que no fue necesario el traslado del Alguacil fuera de la sede del Juzgado, y por ende, este acto fue practicado en presencia del Secretario, quien dejó constancia de su cumplimiento.

Ahora bien, respecto del domicilio procesal, el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil dispone:

“Las partes y sus apoderados deberán indicar una sede o dirección en su domicilio o en el lugar del asiento del Tribunal, declarando formalmente en el libelo de la demandada y en el escrito o acta de la contestación, la dirección exacta. Dicho domicilio subsistirá para todos los efectos legales ulteriores mientras no se constituya otro en el juicio, y en él se practicarán todas las notificaciones, citaciones o intimaciones a que haya lugar...” (Negrillas de la Sala).

Por consiguiente, al haber fijado expresamente la parte actora su domicilio en la sede del Tribunal, por su propia voluntad las notificaciones deben ser practicadas en él, como ocurrió en el caso concreto.

No puede pretender el recurrente la nulidad de un acto que fue llevado cabo en el sitio elegido por él para tal fin.

Aunado a ello, cabe advertir que la notificación persigue enterar a las partes de la ocurrencia de un acto procesal, como es la publicación de la sentencia definitiva de primera instancia dictada fuera del lapso, en garantía de su derecho de recurrir en apelación contra ella, y las declaraciones del Alguacil y del Secretario tienen un propósito distinto, el cual consiste en dejar constancia de que este acto procesal fue cumplido.

El secretario está capacitado por la ley para dar fe pública del cumplimiento de este tipo de actos procesales, y la notificación fue practicada en la sede del tribunal y, por ende, en su presencia. Por esa razón, su sola manifestación basta para dar certeza jurídica y pública de la realización de este acto procesal.

Por las razones expuestas, esta Sala declara improcedente la denuncia de infracción los artículos 14, 15, 206 y 233 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

AUTO SCC 22-6-01. Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. MARYSABEL JESÚS CRESPO DE CREDEDIO contra PEDRO SALVADOR CREDEDIO RODRÍGUEZ. Exp. Nº 00-127, dec. Nº 61:

En consecuencia, de los ya consignados presupuestos de hecho y de derecho, los jueces en materia de notificaciones deberán seguir el siguiente procedimiento:

1) Ordenar la notificación por boleta remitida por correo con aviso de recibo al domicilio procesal constituido por la parte, o mediante boleta dejada por el Alguacil en ese domicilio.

2) Si la parte no constituyó domicilio procesal, entonces el Juez no tendrá otra alternativa que ordenar la notificación por la imprenta, con la publicación de un cartel en un diario de los de mayor circulación de la localidad, concediendo sólo en ese caso un término de diez (10) días de despacho, a contar desde el día siguiente a que conste en autos la consignación del cartel, para que se dé por consumada la notificación, luego de lo cual se reanudará la causa. No siendo válida la notificación a través de un cartel fijado en la sede del tribunal, pues ello definitivamente coarta el ejercicio del derecho de la defensa.

3) Nada obsta para que las partes igualmente se puedan dar por notificadas voluntariamente, para la reanudación del juicio.

En virtud de lo expresado, en materia de notificaciones, vuelve a su doctrina expuesta en sentencia 401 del 18 de diciembre de 1990, expediente 89-483 en el juicio de Lina Salazar Flores contra Lucas Guillermo del Cid y sentencia 173 de fecha 12 de mayo de 1993, expediente 92-335 en el juicio de Pantécnica S.A., contra Apartotel La Llovizna S.A.) y abandona expresamente la doctrina que sostuvo en fallo del 27 de junio de 1996, sentencia 192 expediente 95-207 en el juicio de Constructora Maestro Prieto C.A., contra Reina Margarita C.A., salvo en lo que respecta a que no será necesario que el Secretario del Tribunal deje constancia de una actuación que la Ley no le ha confiado a él, sino que será suficiente, a los efectos de lo dispuesto en la última parte del artículo 233, que el Secretario autorice la diligencia que el Alguacil estampe mediante la cual indica al juez y a las partes que dejó la boleta de notificación en el domicilio procesal constituido por la parte, para que ésta quede legalmente realizada. Por lo cual al día siguiente de esa actuación conjunta del Alguacil y el Secretario se reanudará la causa.

9-12-98.

Ponencia del Magistrado Alirio Abreu Burelli. JOSE VASCONCELOS CONTRA MANUEL MENDEZ DE SOUSA. EXP. Nº 96-543

"Establece el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

“Cuando por disposición de la ley sea necesaria la notificación de las partes para la continuación del juicio, o para la realización de algún acto del proceso, la notificación puede verificarse por medio de la imprenta, con la publicación de un Cartel en un diario de los de mayor circulación en la localidad, el cual indicará expresamente el Juez, dándose un término que no bajará de diez días.

También podrá verificarse por medio de boleta remitida por correo certificado con aviso de recibo, al domicilio constituido por la parte que haya de ser notificada, conforme al artículo 174 de este Código, o por medio de boleta librada por el Juez y dejada por el Alguacil en el citado domicilio. De las actuaciones practicadas conforme a lo dispuesto en este artículo dejará expresa constancia en el expediente el Secretario del Tribunal.”

La interpretación de la disposición en cuestión, por lo que respecta a la notificación de la parte que no ha establecido un domicilio procesal, se ha modificado, pues el criterio aducido por el recurrente fue modificado en decisión de esta Corte de fecha 27 de junio de 1996:

“Conviene al asunto en estudio determinar que la notificación de las partes deberá cumplirse con arreglo a lo preceptuado en los artículos 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil, de tal forma que el tribunal, en primer lugar, ordene la notificación mediante boleta remitida por correo con aviso de recibo a la dirección procesal, o mediante boleta dejada por el Alguacil también en la dirección procesal, con la salvedad de que si el litigante no suministra a los autos su dirección procesal, se tendrá como tal la sede del Tribunal y, en consecuencia, no podrá practicarse la notificación por medio de la imprenta, con la publicación de un cartel en un diario de los de mayor circulación en la localidad, porque significaría rebelarse contra lo dispuesto en la parte final del artículo 174 eiusdem, que pasaría a ser letra muerta, ya que dicha norma dispone clara e inequívocamente que “A falta de indicación de la sede o dirección exigida en la primera parte de este artículo, se tendrá como tal la sede del Tribunal”.

En efecto, si el litigante no cumple con la carga procesal de señalar oportunamente su dirección procesal, él debe asumir las consecuencias de su conducta y no trasladarlas a su contrincante, quien tendría que asumir la obligación económica de pagar la publicación de un cartel en un diario de los de mayor circulación en la respectiva localidad, para así lograr la notificación de la contraparte.”

La decisión antes citada, a su vez, modificada por sentencia de fecha 2 de julio de 1998, pero sólo en cuanto a la constancia que debe dejar el secretario, de las actuaciones de notificación cumplidas por el alguacil.

Ahora bien, lo sucedido es diferente a lo resuelto de diversa manera en los dos criterios de esta Sala, pues no se publicó un Cartel en la prensa, ni se notificó en la sede del Tribunal, sino que se dejó una boleta en la dirección en la cual se había practicado la notificación para la contestación de la demanda, lo cual no constituye la forma establecida en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual la discusión se centra en determinar si a pesar del defecto, el acto alcanzó el fin al cual estaba destinado, no siendo, en tal caso, aplicable la sanción de nulidad, por aplicación del artículo 206 ejusdem, el cual establece in fine que “En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado”.

La finalidad del acto de notificación del fallo consiste en llevar a conocimiento de la parte o de su representante, la publicación de una decisión extemporánea, lo cual puede constar directamente de la actuación o ser establecida por indicios, consistentes, por ejemplo, en la actuación en el expediente de la parte o su apoderado, dentro del lapso para recurrir.

No consta de las actuaciones revisadas por la Sala que el demandado cuya notificación se ordenó, hubiese tomado conocimiento de la publicación del fallo, pues el Alguacil expresó lo siguiente:

“El día diez y seis de Junio del presente año, siendo las dos de la tarde, en la empresa Autobuses San Bernardino, Garaje Oficina, ubicado en la Transversal Quinta Norte, Guaicaipuro, detrás del Ortopédico, Caracas, fue entregada la boleta de notificación dirigida al ciudadano MANUEL MENDES DE SOUSA, a la ciudadana VIULANTE DA SILVA OCHOA”.

La empresa Autobuses San Bernardino es administrada por el demandado; sin embargo, ni esta circunstancia, ni el hecho de que la citación para la contestación haya sido practicada en la misma dirección, es suficiente para que se considere cumplida la finalidad del acto, pues no consta que efectivamente hubiese tenido conocimiento el demandado de la publicación del fallo, con tiempo suficiente para recurrir. Por tanto, la notificación irregularmente practicada es ineficaz."

Exp. Nº 95-529. 02-07-98. Magistrado Dr. Héctor Grisanti Luciani. JOSE ANDRES TORREALBA c/ LUIS TOMAS y otros. Sent. 107.

Dispone el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil:

“Cuando por disposición de la ley sea necesaria la notificación de las partes para la continuación del juicio, o para la realización de algún acto del proceso, la notificación puede verificarse por medio de la imprenta, con la publicación de un Cartel en un diario de los de mayor circulación en la localidad, el cual indicará expresamente el Juez, dándose un término que no bajará de diez días.

También podrá verificarse por medio de boleta remitida por correo certificado con aviso de recibo, al domicilio constituido por la parte que haya de ser notificada, conforme al artículo 174 de este Código, o por medio de boleta librada por el Juez y dejada por el Alguacil en el citado domicilio. De las actuaciones practicadas conforme a lo dispuesto en este artículo dejará expresa constancia en el expediente el Secretario del Tribunal”.

Como el texto de la última parte del artículo transcrito ha sido objeto de controversia doctrinaria, la Sala, en esta oportunidad, procede a fijar su criterio al respecto, por cuanto la doctrina de este Alto Tribunal no es uniforme.

Dice el texto que se analiza, que “De las actuaciones practicadas conforme a lo dispuesto en este artículo dejará expresa constancia en el expediente el Secretario del Tribunal”.

De la lectura atenta de esta disposición legal, resalta que la ley le imparte una orden al Secretario, al expresar que: “dejará expresa constancia en el expediente, el Secretario del tribunal”, es decir, que la actuación del Secretario debe constar en forma expresa, y no puede ser sustituida por ninguna otra actuación aunque se encuentre refrendada por el Secretario del tribunal.

En sentencia de fecha 18 de diciembre de 1990, bajo la ponencia del Magistrado Dr. Adán Febres Cordero, la Sala expresó:... “Por último, en el derogado artículo 158, el término no corría mientras no constara en el expediente haberse practicado las diligencias de citación que ordenaba dicha norma. Según el citado artículo 233 “De las actuaciones practicadas conforme a lo dispuesto en este artículo dejará expresa constancia en el expediente el Secretario del tribunal...”. “Para la Sala, esta obligación del Secretario es un requisito esencial a la validez del acto, no sólo por la importancia de conocer las actuaciones practicadas en relación con la notificación de las partes, sino porque, como se expresa en el foro, toda actuación que conste en las actas del proceso se supone conocida por los litigantes: quod in actis, est in mundo”.

En otra sentencia de 14 de diciembre de 1991, y bajo la ponencia del Magistrado antes nombrado, la Sala ratifica su criterio cuando expone:...”Para el juez y para las partes, la actuación que conste en el expediente, es la verdadera, hasta prueba en contrario. Por consiguiente, la constancia del secretario de las actuaciones del Alguacil para dejar las boletas de notificación en la sede del domicilio procesal de las partes, es la que da fe de haber sido efectivamente practicada la notificación en el día, hora y lugar en que lo fue; y es precisamente al otro día de la fecha de tal constancia, la que han de tener presente las partes para comparecer en la oportunidad legal a ejercer los recursos”.

Ahora bien, por sentencia de fecha 27 de junio de 1996, y bajo la ponencia del Magistrado Dr. César Bustamante Pulido, la Sala abandonó la doctrina establecida antes transcrita y expresó:

“Ahora esta Corte considera propicia la ocasión para revisar su criterio sobre la recta interpretación de la última frase del artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, que preceptúa lo siguiente: “De las actuaciones practicadas conforme a lo dispuesto en este artículo dejará expresa constancia en el expediente el Secretario del Tribunal”, por considerar que no armoniza con el resto del texto del citado artículo 233 y su incorporación al nuevo Código, a juicio de esta Sala, se debe a la existencia del aparte in fine del artículo 158 del Código de Procedimiento Civil derogado, que disponía: “Estas diligencias se harán constar en el expediente y se agregará un ejemplar del periódico en el cual se haya publicado la citación.””

“Interesa a este asunto aclarar que bajo el imperio del código anterior, la notificación también podía “verificarse por medio de boleta dejada por la persona que autorice los actos del Tribunal, en la casa de la que haya de citarse”, con la advertencia que el Secretario era la persona que autorizaba los actos del tribunal y a él le correspondía trasladarse a la casa de la persona que habría que notificarse, en cuya hipótesis era de necesidad que el Secretario dejara constancia en el expediente de haber cumplido esa actuación que la propia Ley le encomendaba.”

“Al adoptar el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil vigente, un nuevo sistema mediante el cual el Alguacil es la persona que deja la boleta en la dirección procesal de la parte que haya que notificarse, resulta un contrasentido que el Secretario deje constancia de una actuación que la ley no le ha confiado a él, de manera que será suficiente que el Secretario autorice la diligencia que estampe el Alguacil, mediante la cual comunica al juez y a las partes que dejó la boleta en la dirección procesal de la parte cuya notificación se ordenó practicar, para que ésta quede legalmente realizada.”

Penetrada la Sala de serias dudas en cuanto a la legalidad de esta doctrina, ha resuelto abandonarla, por cuanto considera que el espíritu, propósito y razón del legislador fue que el Secretario personalmente dejara expresa constancia en el expediente, de las actuaciones practicadas por el Alguacil encargado de hacer las notificaciones, no refrendar simplemente esas actuaciones. Por tanto, considera la Sala que no se cumple con la exigencia de la ley en la disposición transcrita del artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, cuando el Secretario simplemente firma la exposición del Alguacil de haber realizado las notificaciones encomendadas, sino que su obligación es exponer por medio de una nota de Secretaría, en la cual deja constancia de haberse realizado las notificaciones.

Por tanto, a partir de la publicación de esta sentencia, se abandona la doctrina establecida en el fallo de 27 de junio de 1996, y se acoge la Sala a la doctrina que ya había fijado en sentencia de fecha 18 de diciembre de 1990, y todas aquéllas que en igual sentido han sido publicadas. Así se decide.

18-02-92.

Ponencia del Magistrado Luis Darío Velandia. PEDRO ESPESO MONTALVO. vs. CLUB ORICAO: Nº27.

" El Tribunal de la causa ordenó la notificación de las partes por haber dictado sentencia fuera del lapso de diferimiento. La parte actora se dio por notificada y pidió la notificación de la parte demandada por medio de boleta y que fuera fijada en la Cartelera del Tribunal, en virtud de no existir en el expediente el domicilio judicial, lo que acordó el Juez y fijó un término de 10 días de conformidad con lo establecido en los artículos 233 y 174 del Código de Procedimiento Civil.

La recurrida en cambio, haciendo aplicación de una doctrina de la Sala, que para ese momento se encontraba vigente, decidió, que la apelación es extemporánea, pues además de los diez días para darse por notificado que determinó el Juez a-quo de conformidad con el artículo 233, debía computarse los diez días previstos en el artículo 14, ambos del Código de Procedimiento Civil.

En criterio de la Sala, el auto de fecha 29 de junio de 1989, que ordenó la notificación de la parte demandada corriente al folio 163 del expediente, infringe la Ley en lo que se consideraba la correcta interpretación para la fecha en que se dictó, por tanto la extemporaneidad del recurso no es imputable a la parte, que no hizo más que seguir la orden del Juez, sino al Juez mismo; por lo que en principio procedería la nulidad del auto en cuestión, y la reposición de la causa al estado de que se libre de nuevo el auto fijando la oportunidad para el ejercicio del recurso. Sin embargo el cambio de doctrina haría tal casación inútil, por lo cual lo procedente es admitir el recurso de apelación.

Es de resaltar, que las oportunidades que señala la Ley para el ejercicio de los recursos, interesan al orden público, porque permiten el ejercicio constitucional del derecho de defensa, por lo que la falta de reclamo de la parte del vicio, no lo convalida. Por todo lo ante-riormente expuesto, la Sala considera que la denuncia que se ha dejado analizada es procedente. Asi se decide.

20-01-93.

Ponencia del Magistrado Rafael Alfonzo Guzmán.CARMEN FELICIA VELASQUEZ, contra ERASMO A. CLARET CARRASQUERO AUMAITRE:

"Requiere en este punto este Alto Tribunal precisar una importante cuestión, de esencial interés a su razonamiento lógico, no aclarada en la consabida sentencia del 18 de diciembre de 1990. En ésta quedó expresado el criterio de la Sala sobre las situaciones en que el Juez, motu proprio, en su condición de director del proceso o a instancia de parte, ordena la notificación mediante Cartel emplazando a cada una de las partes, o a una sola de ellas, si la otra está ya notificada, a comparecer al ya indicado fin ante el Tribunal en el término prudencialmente fijado por él, pero nunca menor de diez días, luce obvio que el término en referencia debe dejarse transcurrir íntegramente en beneficio de la parte emplazada a darse por notificada, dado que hasta el último día de dicho lapso tiene ella derecho a hacerlo a todos los fines legales. Mas, la cuestión que el fallo del 18 de diciembre de 1990, no responde es si una vez que la parte que falta por notificar lo hace dentro del término que le fue concedido en el Cartel, ambas partes deben esperar, sin razón lógica ni finalidad procesal útil, el transcurso del período faltante.

De tal parecer se aparta esta Sala, persuadida de que la razón que abona la tesis de la espera del agotamiento del lapso en otras situaciones procesales no es idéntica a la ahora examinada. Es cierto, en efecto, que, según el aparte final del artículo 344, el lapso del emplazamiento para la contestación de la demanda "se dejará correr íntegramente cuando el demandado o alguno de ellos, si fueren varios, diere su contestación antes del último día del lapso". Pero, en tal caso, la disposición transcrita se explica por la necesidad de que el juicio quede abierto a pruebas en la misma fecha para todos los litigantes, cualesquiera que fuere su número. Lo mismo puede afirmarse de los términos para el ejercicio de los recursos, en general, los cuales se dejan transcurrir hasta su agotamiento no sólo para respetar el derecho a recurrir de los litigantes y el de los terceros interesados, sino también para uniformar en la alzada las fases procesales de esa instancia, con objeto de hacer comunes e iguales a todas las partes las oportunidades y cargas de sus diferentes posiciones en el proceso.

El término para darse por notificado es, en ese aspecto doctrinal, distinto, ya que cumplido su propósito útil de participar a las partes desprevenidas el hecho de la sentencia extemporánea, se agota de inmediato con la notificación del interesado; o de ser varios, del último de ellos. ¿Qué sentido tiene, dentro de un sistema cimentado en firmes principios rectores de celeridad del proceso, seguridad e igualdad de los contendientes, y estricto fin útil de cada una de sus fases preclusivas, mantener inactivas a las partes ya prevenidas, dispuestas, aprestadas al ejercicio de sus defensas?."

11-1-93.

Ponencia del Magistrado Rafael Alfonzo Guzmán. GUILLERMO RIVAS LOPEZ vs. VICTOR ENRIQUE CAMERO MONCADA Y OTRO (P.T.)

La Apelación cuando la sentencia ha sido dictada fuera del lapso legal.

"Según la doctrina imperante, en virtud del equilibrio procesal y de la igualdad de las partes, el notificado debe anuciar el recurso de apelación cuando el lapso para su interposición comience a correr, lo cual ocurre una vez que, constando en autos la notificación por cartel, hayan transcurrido los diez días para consumarse la notificación. Del modo que un recurso para el anuncio del recurso de apelación, efectuado antes de terminar y verificarse dichos actos y lapsos procesales, se considera extemporáneo por anticipado."

ARTICULO 233. NOTIFICACION DOMICILIO PROCESAL

15-07-93.

Ponencia del Magistrado Carlos Trejo Padilla. SEGUROS VENEZUELA C.A. contra JORGE ALVAREZ JIMENEZ (P.T.)

El orden que debe seguirse para la realización de las notificaciones.

"Esta Sala en decisión del 02 de noviembre de 1988 (Boulton Co. S.A. c/ Abencoca Construcciones C.A. y otro), con referencia al orden que debe seguirse para la realización de las notificaciones, estableció:

"...A fin de organizar el orden sucesivo en que los jueces deben ordenar y ejecutar esta notificación, siempre teniendo la Sala presente el que se haga efectivo el derecho constitucional a la defensa en el proceso, esto es, procurando que la referida notificación cumpla con el propósito legislativo de poner en verdadero conocimiento de las partes la actividad que se les debe participar, especialmente para que puedan, si lo consideran necesario hacer uso de los recursos pertinentes y que tal notificación no se quede en un simple cumplimiento teórico en las ilegibles y perdidas letras mínimas aunque sea de un periódico de los de mayor circulación".

"El orden lógico de este tipo de notificaciones es":

"1) Mediante boleta remitida por correo certificado, con aviso de recibo, entregada en la sede del domicilio procesal".

"2) Mediante boleta librada por el Juez y dejada por el Alguacil del Tribunal en el citado domicilio procesal, y"

"3) Si no hay domicilio procesal se hará la notificación por medio de la imprenta, con la publicación de un cartel en un diario de los de mayor circulación en la localidad, el cual indicará expresamente el Juez".

"Quiere la Sala, mediante este orden de prelación, darle vigencia al domicilio procesal, instaurado en el novísimo sistema de nuestro Código actual, además, como se dijo, procurar que el notificado tenga conocimiento cierto y preciso de la actuación que el Tribunal ha ordenado comunicarla."

ARTICULO 233. NOTIFICACION DE LAS PARTES.

11-8-93.

Ponencia del Magistrado Carlos Trejo Padilla. RAFIO YOUSSEF BOU EZEDIN NJAR contra INVERSIONES DOUMET, C.A. (P.T.)

El sistema de la notificación de las partes en nuestro derecho

El origen lógico de las notificaciones a las partes por la prensa.

"Es en las sentencias dictadas por esta sala, en fecha 02 de noviembre de 1988 ( BOULTON Co. S.A. contra ABENCOCA CONSTRUCCION C.A. Y OTRO), y 18 de diciembre de 1990 (Lina Salazar Flores contra Lucas Rodríguez Cid), que se ha establecido el sistema de la notificación de las partes, interpretando lo dispuesto en el nuevo Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta:

1. Que el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, presupone la obligación del Juez de notificar a las partes de la sentencia dictada fuera del lapso de diferimiento, requisito indispensable para que tenga lugar la apertura del lapso para interponer los recursos.

2. Que la norma rectora del método de notificación de las partes para la continuación del juicio o para la realización de algún acto del proceso, es el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, con lo cual queda descartada la aplicación, al supuesto de este precepto del contenido del artículo 14 ejusdem, que se refiere a la concesión del lapso de diez días para la reanudación del procedimiento.

3. Que el Juez conserva todos sus poderes como director del proceso, carácter que se extiende a toda la actividad procesal.

4. Que de conformidad con el citado artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, son formas de notificación.

a) Por medio de la imprenta, con la publicación de un cartel en un diario de los de mayor circulación en la localidad...(omissis)".

b) Por medio de boleta remitida por correo certificado con aviso de recibo, al domicilio constituido por la parte que haya de ser notificada, conforme al artículo 174 del Código de Procedimiento Civil".

c) Por medio de boleta librada por el Juez y dejada por el Alguacil en el citado domicilio (procesal, acota esta Corte).

5. Que el citado artículo 233, a su vez, hay que relacionarlo expresamente con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, que establece a cargo de las partes y de sus apoderados, el deber de declarar una sede o dirección en el lugar de su domicilio o del asiento del tribunal, domicilio procesal que subsistirá para todos los efectos legales ulteriores mientras no se constituya otro en el juicio, y en el cual se ordenará practicar todas las notificaciones, citaciones o intimaciones a que haya lugar.

6. Que en el domicilio procesal se ordenará la notificación, bien por boleta remitida por correo certificado con aviso de recibo, o por medio de boleta librada por el Juez y dejada por el Alguacil en el citado domicilio; y de las actuaciones practicadas, dejará constancia en el expediente el Secretario del Tribunal.

7. Que, a fin de organizar el orden sucesivo en que los jueces deben ordenar y ejecutar esta notificación, siempre teniendo la Sala presente el que se haga efectivo el derecho constitucional a la defensa en el proceso, esto es, procurando que la referida notificación cumpla con el propósito legislativo de poner en verdadero conocimiento de las partes la actividad que se les debe participar, especialmente para que puedan, si lo considera necesario, hacer uso de los recursos pertinentes y que tal notificación no se quede en un simple cumplimiento teórico, el orden lógico de las notificaciones establecidas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, es el siguiente:

Primero: Mediante boleta remitida por correo certificado con aviso de recibo, entregada en la sede del domicilio procesal a que se refiere el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil; Segundo: Mediante boleta librada por el Juez y dejada por el Alguacil en el citado domicilio procesal; y Tercero: Si no hay domicilio procesal se hará la notificación por medio de la imprenta, con la publicación de un cartel en un diario de los de mayor circulación en la localidad, el cual indicará expresamente el Juez.

No autoriza, por tanto, el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil para que, ante la falta de señalamiento expreso de domicilio procesal, el Juez pueda ordenar la fijación de una boleta en la cartelera del Tribunal, pues si bien ello puede deducirse de la formulación alternativa de las vías de notificación contenidas en el citado artículo, no es menos cierto que los principios de seguridad jurídica y derecho a la defensa que informan nuestro sistema procesal deben imponerse."

ARTICULO 233

9-12-93.

Ponencia del Magistrado Héctor Grisanti Luciani. JESUS INOCENTE GARCIA vs. CARMEN ACACIA LIENDO Y OTRO.

"En el presente caso, la notificación se llevó a efecto por medio de boleta entregada al Alguacil del Tribunal comisionado, en virtud de tener su domicilio, los demandados, fuera de la jurisdicción del Juzgado de la causa.

Ahora, la misión del Alguacil era la de dejar las boletas en el domicilio de los demandados; no era necesario que la firmaran, pues eso no lo dice la ley. Al Secretario de ese Tribunal, para cumplir cabalmente con la comisión, le correspondía dejar constancia en la comisión, de la entrega de las boletas a los demandados. De esta manera, el lapso para que quedaran notificadas empezaría a correr al día siguiente de haber el Secretario estampado la constancia.

Pero aquí ocurrió otra cosa. El Alguacil no dejó las boletas, sino que las consignó en la Comisión y expresó que no se las quisieron firmar y el Secretario no dejó ninguna constancia de las actuaciones.

Es sólo el Secretario del Tribunal comitente quien estampa esta diligencia, sin facultad para ello.

En concepto de la Sala, se han dejado de cumplir las formalidades para la notificación por boleta, por el Tribunal comisionado, por lo que no estando las partes a derecho, no ha comenzado todavía a correr el lapso de diez días para que las partes se dieran por notificadas de la sentencia dictada por el Superior y, por lo tanto, tampoco ha empezado a correr el lapso para interponer el recurso de casación.

En consecuencia, en criterio de la Sala, las actuaciones posteriores a la solicitud de la parte actora, de que se notificara a la parte demandada, son nulas y se impone la reposición de la causa al estado de que se vuelva a verificar por el comisionado la notificación, conforme a lo previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil y, una vez, que estuviere vencido el término de diez días que dicha disposición legal prevé, comience a correr el término para ejercer el recurso de casación. Así se decide."

DOMICILIO PROCESAL

Artículo 174

Las partes y sus apoderados deberán indicar una sede o dirección en su domicilio o en el lugar del asiento del Tribunal, declarando formalmente en el libelo de la demandada y en el escrito o acta de la contestación, la dirección exacta. Dicho domicilio subsistirá para todos los efectos legales ulteriores mientras no se constituya otro en el juicio, y en él se practicarán todas las notificaciones, citaciones o intimaciones a que haya lugar. A falta de indicación de la sede o dirección exigida en la primera parte de este artículo, se tendrá como tal la sede del Tribunal.

SCC 22-6-01.

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. MARYSABEL JESÚS CRESPO DE CREDEDIO contra PEDRO SALVADOR CREDEDIO RODRÍGUEZ. Exp. Nº 00-127, dec. Nº 61. criterio ratificado C:\Decisiones tsj\scc\2003-2\Agosto\RC-00424-210803-02632.htm:

En consecuencia, de los ya consignados presupuestos de hecho y de derecho, los jueces en materia de notificaciones deberán seguir el siguiente procedimiento:

1) Ordenar la notificación por boleta remitida por correo con aviso de recibo al domicilio procesal constituido por la parte, o mediante boleta dejada por el Alguacil en ese domicilio.

2) Si la parte no constituyó domicilio procesal, entonces el Juez no tendrá otra alternativa que ordenar la notificación por la imprenta, con la publicación de un cartel en un diario de los de mayor circulación de la localidad, concediendo sólo en ese caso un término de diez (10) días de despacho, a contar desde el día siguiente a que conste en autos la consignación del cartel, para que se dé por consumada la notificación, luego de lo cual se reanudará la causa. No siendo válida la notificación a través de un cartel fijado en la sede del tribunal, pues ello definitivamente coarta el ejercicio del derecho de la defensa.

3) Nada obsta para que las partes igualmente se puedan dar por notificadas voluntariamente, para la reanudación del juicio.

En virtud de lo expresado, en materia de notificaciones, vuelve a su doctrina expuesta en sentencia 401 del 18 de diciembre de 1990, expediente 89-483 en el juicio de Lina Salazar Flores contra Lucas Guillermo del Cid y sentencia 173 de fecha 12 de mayo de 1993, expediente 92-335 en el juicio de Pantécnica S.A., contra Apartotel La Llovizna S.A.) y abandona expresamente la doctrina que sostuvo en fallo del 27 de junio de 1996, sentencia 192 expediente 95-207 en el juicio de Constructora Maestro Prieto C.A., contra Reina Margarita C.A., salvo en lo que respecta a que no será necesario que el Secretario del Tribunal deje constancia de una actuación que la Ley no le ha confiado a él, sino que será suficiente, a los efectos de lo dispuesto en la última parte del artículo 233, que el Secretario autorice la diligencia que el Alguacil estampe mediante la cual indica al juez y a las partes que dejó la boleta de notificación en el domicilio procesal constituido por la parte, para que ésta quede legalmente realizada. Por lo cual al día siguiente de esa actuación conjunta del Alguacil y el Secretario se reanudará la causa.

SCon 30-1-2009

Ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz. Exp. Nº ´08-0225, dec. Nº 5:

A falta de sede procesal se notificará en la dirección que conste del expediente

Ahora bien, el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, establece:

Las partes y sus apoderados deberán indicar una sede o dirección en su domicilio o en el lugar del asiento del Tribunal, declarando formalmente en el libelo de la demanda y en el escrito o acta de la contestación, la dirección exacta. Dicho domicilio subsistirá para todos los efectos legales ulteriores mientras no se constituya otro en el juicio, y en él se practicarán todas las notificaciones, citaciones o intimaciones a que haya lugar. A falta de indicación de la sede o dirección exigida en la primera parte de este artículo, se tendrá como tal la sede del Tribunal.

 La disposición que se transcribió persigue el aseguramiento de la celeridad del proceso y la certeza de las citaciones y notificaciones que haya necesidad de practicar en el juicio, pues la carga que impone está preordenada al desenvolvimiento del proceso en aras de su función pública y del interés común de las partes.

Por otra parte, es criterio de esta Sala que, aunque el demandado no haga mención expresa de su sede procesal, si de las actuaciones puede verificarse su existencia, se debe tener tal mención como válida para el propósito de que allí se practiquen las notificaciones personales.

En efecto, esta Sala, en sentencia n.° 2516 del 8 de septiembre de 2003 (Caso: Poliplastic de Venezuela C.A.) señaló lo siguiente:

Al respecto se debe señalar, que no resulta un hecho controvertido, en la presente acción de amparo constitucional, la notificación realizada al demandado, a los fines de su comparecencia al acto oral de conclusiones, y que dicha notificación se realizó en la dirección del demandado que consta en el expediente, a pesar de la no constitución de domicilio procesal.  Como quiera que constaba en el expediente el domicilio del demandado, se le citó y notificó de los señalados actos procesales, lo cual es acorde con la eficacia de la notificación y ofrece mayor seguridad jurídica que la notificación pública realizada en la sede del Tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, y tal criterio ha sido acogido por la jurisprudencia de esta Sala. (Subrayado añadido).

Observa esta Sala que en los folios 93 y siguientes del expediente consta el contrato de arrendamiento celebrado entre las ciudadanas Graciela Felicia Calcaño Lastra y Nelly Josefina Alfonso, el cual expresa en su cláusula décima sexta lo siguiente:

DECIMA SEXTA: A los fines de las comunicaciones, participaciones, notificaciones y avisos o pagos que deben hacerse las partes con motivo del presente contrato, cada una de ellas señala como su respectiva dirección la siguiente:

DIRECCION DE “EL ARRENDATARIO”: Apartamento Número Cinco D (No. 5D de la Torre A del Conjunto Residencial Le Club, ubicado en la Calle Este con Loma Redonda de la Urbanización Manzanares, Municipio Baruta, Distrito Sucre del Estado Miranda.

(…)

Se entenderá conocida por la parte de que se trate, cualquier notificación que se le haga en la respectiva  dirección antes señalada.   

 De lo anterior, se infiere, con claridad, la dirección de la parte demandada -ciudadana Nelly Josefina Alfonso- para la realización de las citaciones o notificaciones a que hubiere lugar como consecuencia de la demanda de resolución de contrato de arrendamiento que fue incoado en su contra. Así las cosas, considera la Sala, en aplicación del criterio que se reseñó supra, que el juzgado de alzada debió notificar su decisión a la demandada en el domicilio que aparecía en las actas procesales y no, como erradamente lo hizo, mediante cartel de notificación cuya publicación en la prensa ordenó.

Sin embargo, comprobó esta Sala en los autos que la accionada, con posterioridad al acto decisorio que expidió, e1 12 de enero de 2007, el Juzgado Décimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual declaró sin lugar la cuestión previa que recoge el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, se hizo presente en la causa y consignó diligencia en la cual solicitó copia certificada de la totalidad del expediente e interpuso apelación contra los autos que dictó, el 27 de marzo de 2007 y 2 de abril de ese mismo año, el referido órgano jurisdiccional, sin que impugnara, de conformidad con lo que disponen los artículos 349 del Código de Procedimiento Civil y 35 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, el fallo que decidió la cuestión previa que opuso la parte demandada, por lo que, a juicio de esta Sala la ciudadana Nelly Josefina Alfonso consintió los términos en que fue dictado el referido acto jurisdiccional, toda vez que, tuvo la oportunidad de enterarse del contenido de dicho acto desde el mismo momento en que fue solicitada la expedición de las mencionadas copias certificadas.

Por lo tanto, considera esta Sala que no era procedente la reposición de la causa para que la parte demandada pudiera ejercer, contra el veredicto que juzgó la cuestión previa, los recursos que otorga la ley, por cuanto tuvo la oportunidad para su incoacción desde el mismo momento cuando se hizo presente en la causa -10 de abril de 2007- y apeló contra los autos a que se hizo referencia con anterioridad. En virtud de todo lo que fue expuesto, esta Sala declara sin lugar la apelación que se ejerció contra la sentencia que dictó, el 15 de enero de 2008, el Juzgado Superior Cuarto Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual se confirma en los términos que fueron expuestos y se declara con lugar la pretensión de tutela constitucional que se ejerció contra el fallo del 3 de octubre de 2007, que emitió el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así se decide.