JURISPRUDENCIA SOBRE LA DEMANDA

DE LA INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA

CAPÍTULO I.

De la demanda

Artículo 338

SCC 03-10-2003

SCC 27-08-2004

SCC 14-10-2005

SCC 11-3-2004

SCC 14-6-2000

SC 04-08-2000

Scon 27-05-2003

SCC 03-12-2001

SCC 21-08-2003

SCC 05-04-2000

SCC 27-03-2006

SCC  04-05-2006

SCC 27-04-2001

Artículo 339

SCS 26-7-2001

Tple 7-11-2001

SCC 27-7-2004

SCC 29-7-2004

Artículo 340

SCC 29-1-2002

SCC 20-12-2001

SCC 23-7-97

VOTO SALVADO

SCon 29-11-2002

Ordinal 1º

SPA 20-2-2003

Ordinal 2º

Pins CMTAB Ama 11-8-2010

Pins 3º CMTA Fal 13-1-2010

Ordinal 3º

Pins 2º CMTA Tru 25-1-2010

Ordinal 4º

SCC 12-11-2002

Ordinal 5º

Pins Cabimas CMT Zul 10-3-2010

Ordinal 6º

SCC 25-2-2004

SCC 25-2-2004

SCC 1-12-2003

Ordinal 7º

SCC 25-5-2000

SPA 10-8-00

Ordinal 8º

SCC 30-11-2000

Artículo 341

SCS 7-03-2002.

SCC 13-07-2000

SCC 11-10-2000

SCC 15-11-2001

SCC 11-12-2003

SCC 17-9-2003

SCC 11-10-2000

SCC 2-8-2001

SCC 14-6-2000

SCC 26-7-2002

SCC 19-12-2003

SCC 11-5-2000

SCC 20-5-2004

SCC 7-6-2005

SCC 1-12-2003

Artículo 342

SCS 22-03-2001

Artículo 343

SCC 12-4-2005

SC 09-04-2001

SC 04-07-2000

SE 14-11-2000

DE LA INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA

CAPÍTULO I.

De la demanda

Artículo 338

Las controversias que se susciten entre partes en reclamación de algún derecho, se ventilarán por el procedimiento ordinario, si no tienen pautado un procedimiento especial.

SCC 03-10-2003

RC-00631, exp 01-627, ponente Antonio Ramírez Jiménez

No para cobro de honorarios judiciales y extrajudiciales

En el caso examinado la recurrida declaró con lugar la cuestiones previas contempladas en los ordinales 6º y 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, opuestas por la parte demandada, y extinguido el proceso con el efecto previsto en el artículo 271 eiusdem, por considerar que la actora acumuló en su libelo, pretensiones con procedimientos incompatibles (cobro por vía del procedimiento ordinario, de honorarios profesionales judiciales y extrajudiciales pactados contractualmente), luego de lo cual, omitió la debida subsanación de tal falta.

En tal sentido cabe señalar en primer término que, respecto al cobro de honorarios, cuando media contrato entre las partes, el derogado artículo 23 del Reglamento de la Ley de abogados, textualmente señalaba:

“...Se resolverán por la vía del juicio ordinario todas las cuestiones que se susciten entre el Abogado y su cliente sobre honorarios judiciales o extrajudiciales, cuando éstos hayan sido previamente estipulados mediante contrato..”.

Como bien, fue señalado, tal disposición reglamentaria, relativa a los honorarios estipulados a través de un contrato, fue anulada por sentencia de fecha 27 de mayo de 1980, dictada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial Nº 32.021, de fecha 8 de julio de 1980.

Así, la doctrina posterior de esta Sala, de manera reiterada y consistente, ha referido la existencia de dos procedimientos distintos para hacer efectivo el cobro de honorarios profesionales judiciales y extrajudiciales, siendo una de éstas la contenida en sentencia dictada en fecha 22 de febrero de 1989, donde la Sala estableció, textualmente lo siguiente:

“...Ahora bien, anulado como fue el día 27 de mayo de 1980 por esta Corte Suprema de Justicia, por razones de inconstitucionalidad, el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Abogados..., quedan solamente dos vías para el cobro de honorarios de abogados como son las previstas en el artículo 22 de la Ley de abogados, cuyo texto reza: ‘El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las leyes’. ‘Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente, en cuanto al monto de honorarios por servicio profesionales extrajudiciales, la controversia se resuelve por la vía del juicio breve y ante el Tribunal civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda’. ‘La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias...

La primera de dichas vías se refiere al cobro de honorarios extrajudiciales – sin distinción de que hubieren o no sido estipulados mediante contrato – según los términos de dicha sentencia anulatoria, y en tal supuesto la Ley ordena que la controversia se resuelva por los trámites del juicio breve.

La segunda de dichas vías se refiere a la reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios, y en tal supuesto la Ley ordena que la reclamación del abogado se sustancie y decida de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil..”.

 Igual pronunciamiento fue realizado por la Sala, en sentencia de fecha 13 de mayo de 1997, donde textualmente se señaló:

“... Ahora bien, esta Sala, como ciertamente lo expresa el Sentenciador Superior, tiene establecido, de manera reiterada, que el procedimiento por intimación previsto en los artículos 640 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, no es aplicable para tramitar los reclamos de cobro de honorarios profesionales de abogado, puesto que las vías pertinentes son el procedimiento breve, si se trata del cobro de honorarios causados por gestiones extrajudiciales; o el procedimiento del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, cuando los honorarios reclamados han sido causados por actuaciones en juicios contenciosos..”.

De todo lo anteriormente expuesto queda claro, que el cobro de los honorarios profesionales judiciales y extrajudiciales, pactados o no a través un contrato, debe plantearse utilizando las vías previstas en la Ley de Abogados, pues como ha quedado evidenciado, la existencia de un negocio o contrato jurídico en dicho ámbito, no excluye la posibilidad de que los alcances y modalidades de las cláusulas integrantes del mismo puedan ser controvertidas.

Por lo tanto, la Sala considera acertado y ajustado a derecho el pronunciamiento de alzada en la presente incidencia, donde inicialmente la parte actora había demandado el cobro de honorarios profesionales judiciales y extrajudiciales, por vía del procedimiento ordinario; indebidamente subsanado posteriormente, pues, una vez que le fueron opuestas las cuestiones previas contenidas en los ordinales 6º y 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, la actora simplemente ajustó su proceder a la eliminación de la palabra judicial de uno de los párrafos del libelo de demanda, quedando latente, la incompatibilidad del procedimiento empleado con la naturaleza de la pretensión demandada, además, mantuvo la misma cuantía de su demanda y no indicó las actuaciones extrajudiciales cuyo cobro demandaba.

SCC 27-08-2004

Exp. 01-329, ponente Antonio Ramírez Jiménez

Juicio ordinario para establecer la cuantía

En lo que respecta a la necesidad de acudir al procedimiento ordinario para establecer la cuantía del juicio principal, cuando éste no hubiere sido estimado, para entonces, poder liquidar y repetir del condenado en costas una suma por honorarios profesionales que no exceda del treinta por ciento del valor de lo litigado, este pronunciamiento se encuentra respaldado por el criterio pacífico y consolidado de la Sala desde la sentencia de fecha 5 de noviembre de 1991, reiterado, entre otras, en las sentencias de fecha 15 de octubre de 1992, 6 de abril de 1994 y 27 de julio de 1994, estableciéndose en esta última lo siguiente:

“...Por otro lado y en relación con el punto en análisis, la Sala, extremando sus deberes, considera necesario ratificar la doctrina de la Sala, de fecha 15 de octubre de 1992, en cuanto a la vía procesal adecuada para estimar e intimar honorarios, cuando no se ha estimado el valor de la cosa demandada.

En efecto, reiteró la Sala en fallo de fecha 6 de abril de 1994, lo siguiente:

‘La materia de costas está íntimamente relacionada con los honorarios de abogados en caso de cobro de los mismos a la parte vencida, y, por ende también, con el valor de lo litigado.

Esto se evidencia claramente del artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que las costas que deba pagar la parte vencida por honorarios profesionales al abogado de la parte contraria, no excederán, ‘en ningún caso’, del treinta por ciento (30%) del valor de lo litigado.

Esta Sala de Casación Civil, en recientes decisiones, ha reiterado su criterio en el sentido de que la estimación del valor de la demanda, es imprescindible para determinar el límite en el cobro de honorarios que deber pagar la parte vencida a su parte contraria, al concluir el juicio.

Así, en sentencia de fecha 05 de noviembre de 1991, la Sala dijo:

La estimación del valor de la demanda en los juicios en los cuales no conste su valor, pero sea apreciable en dinero, es elemento importante en el juicio por cuanto producen determinadas consecuencias jurídicas, entre las cuales pueden citarse las siguientes:"

a) Limita el cobro de honorarios que deberá pagar la parte vencida a su parte contraria al concluir el juicio (artículo 286 del Código de Procedimiento Civil) "...".

El precepto legal que regula la estimación del valor de la demanda que no conste, pero sea apreciable en dinero, es el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, el cual dice:

‘Cuando el valor de la cosa demandada no conste, pero sea apreciable en dinero, el demandante la estimará’:

El demandado podrá rechazar dicha estimación cuando la considere insuficiente o exagerada, formulando al efecto su contradicción al contestar la demanda. El Juez debe decidir sobre la estimación en capítulo previo en la sentencia definitiva.

Cuando por virtud de la determinación que haga el Juez en la sentencia, la causa resulte por su cuantía de la competencia de un Tribunal distinto, ser éste quien resolver sobre el fondo de la demanda, y no ser motivo de reposición la incompetencia sobrevenida del Juez ante quien se propuso la demanda originalmente’.

Dicha disposición legal es complementada por el artículo 39 ejusdem, el cual establece:

‘A los efectos del artículo anterior, se consideran apreciables en dinero todas las demandas, salvo las que tienen por objeto el estado y la capacidad de las personas’.

Y es en razón de esa importancia que la normativa procesal le atribuye a la estimación de la demanda apreciable en dinero cuyo valor no conste, que el indicado artículo 38 ha consagrado la posibilidad legal de que el demandado rechace la estimación formulada por el actor, cuando la considere insuficiente o exagerada. Tal rechazo debe hacerse en el escrito de contestación de la demanda, y deberá el juzgador resolver el punto sobre la estimación, en capítulo previo en la sentencia definitiva’. En el mismo fallo, más adelante puntualizó la Sala:

‘Desde luego, aparece como lógica y jurídica la idea de ocurrir al juicio ordinario, ante la falta de estimación de la demanda y la necesidad de fijar los honorarios de abogado que debe pagar la parte condenada en costas, pues conforme al artículo 338 del Código de Procedimiento Civil ‘las controversias que se susciten entre partes en reclamación de algún derecho, se ventilarán por el procedimiento ordinario, si no tienen pautado un procedimiento especial’.

Tal juicio ordinario se dirige a superar el escollo de la falta de estimación. Y en el escrito mediante el cual se proponga la demanda que dará comienzo a dicho juicio, deberán los ahora abogados estimantes e intimantes fijarle un valor al proceso en el que se causaron los honorarios cuyo valor se pretende. Este valor, una vez que quede definido y fijado en la sentencia que se dicte en el nuevo proceso ordinario que se inicie, servirá, justamente de base, para la aplicación del límite máximo que, por concepto de honorarios de abogados de su contraria, debe pagar la parte condenada en costas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil. Igualmente dicho valor servirá de base a los eventuales retasadores, quienes en todo deberán ser constituidos para que realicen su actividad de cuantificación de los honorarios causados, por la vía de una experticia complementaria del fallo que ponga fin al proceso ordinario ya referido.

Con el criterio que se acoge, se concilian los intereses y derechos que el ejercicio de la profesión da al abogado, conforme al artículo 22 de la Ley de Abogados, a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, con el derecho del deudor de dichos honorarios a no pagar una cantidad que exceda el límite legal fijado en el citado artículo 286 del Código de Procedimiento Civil...".

Conforme al precedente jurisprudencial transcrito, cuando un juicio en el que se ventilare una controversia estimable en dinero, una de las partes resultare condenada en costas, si se hubiere omitido tal estimación, el acreedor a tales costas debe acudir al procedimiento ordinario para que en él se establezca la cuantía de dicho juicio, a través de una experticia complementaria del fallo, para que entonces pueda hacer valer ese crédito, conciliando de esta manera el derecho de dicho acreedor para hacer efectivo el derecho que le fue reconocido en la condenatoria en costas de su adversario y el derecho del condenado en costas a que la suma que deba pagar por tal concepto no exceda del treinta por ciento (30%) del valor de lo litigado.

SCC 14-10-2005

REG-00660, exp. 05-323, ponente ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO

Juicio autónomo de nulidad por fraude procesal

Dispone el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, que las controversias que se susciten entre las partes en la reclamación de algún derecho deberán tramitarse por la vía del procedimiento ordinario, siempre que para dilucidar la pretensión no se haya establecido en la ley un procedimiento especial a seguir, es decir, que las denuncias por fraude procesal deben ser tramitadas en forma autónoma a través del mencionado procedimiento; a tal efecto, dispone el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

Artículo 338. “Las controversias que se susciten entre partes en reclamación de algún derecho, se ventilarán por el procedimiento ordinario, si no tienen pautado un procedimiento especial”.

Ahora bien, conforme a lo anterior, la vía del juicio ordinario es la apropiada para ventilar la acción autónoma de fraude procesal cometido en una o varias causas, por cuanto efectivamente, el Legislador no previó un procedimiento especial a los fines de sustanciarlas y decidirlas, así, ante tales situaciones, la jurisprudencia de este Supremo Tribunal, en sintonía con los preceptos constitucionales y legales, en aras de garantizar a los usuarios del sistema judicial la efectiva tutela de sus derechos, ha sido reiterativa y pacífica en el sentido de establecer la tramitación de las denuncias por fraude procesal a través de un procedimiento autónomo, en el que se verifiquen todas las instancias o etapas procesales, y en especial, en el que se verifique un término probatorio amplio, en el que el denunciante demuestre fehacientemente el fraude presuntamente cometido.

Sobre el particular, la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, entre otras, en sentencia 1.806 de fecha 19 de julio de 2005, expediente 03-1535, caso: Libia Márquez de Ferrer, contra el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, puntualizó:

“…Ahora bien, juzga esta Sala pertinente comenzar por examinar brevemente lo que ha sido su doctrina reiterada respecto de la figura del fraude procesal, a fin de establecer en qué medida las alegaciones y denuncias planteadas por la representación de los accionantes pueden ser susceptibles de restablecimiento a través del amparo constitucional consagrado en el artículo 27 del Texto Fundamental. En tal sentido, en sentencia 910 del 4 de agosto de 2000 (caso: Hans Gotterried Eberdt Dreger), esta Sala Constitucional estableció que el fraude procesal puede ser definido como las maquinaciones y artificios realizados en el curso del proceso, o por medio éste, destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales, a impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de parte o de tercero, con la mención especial que las mencionadas maquinaciones y artificios pueden ser realizados unilateralmente por un litigante, lo que constituye el dolo procesal stricto sensu, o por el concierto de dos o más sujetos procesales, caso en que surge la colusión, y que en cualquiera de los supuestos señalados pueden perseguir la utilización del proceso como instrumento ajeno a sus fines de dirimir controversias o de crear determinadas situaciones jurídicas para, mediante la apariencia procedimental, lograr un efecto determinado o perjudicar concretamente a una de las partes dentro del proceso, con la indeseable consecuencia de que se impida la administración de justicia. En la misma decisión comentada, precisó que la vía del juicio ordinario es la apropiada para ventilar la acción autónoma de fraude procesal cometido en una o varias causas, ya que es necesario un término probatorio amplio, como el del juicio ordinario, para que dentro de él se demuestre el fraude, pues si bien existe en tales casos violaciones constitucionales consistentes en la eliminación o limitación indebida del derecho de defensa de la víctima, la misma -debido al cumplimiento de las formalidades establecidas en la ley- no se aprecia inmediatamente como una violación sino que requiere de alegatos y pruebas que no corresponden a un proceso breve como el del amparo constitucional; ello en la medida en que la apariencia de conformidad a derecho, impide apreciar la violación inmediata de lo que hace necesario, en la mayoría de los casos, desmontar el armazón procesal para que emerja la injuria constitucional; por tanto, consideró que el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida es en extremo difícil, porque el fraude se encuentra oculto tras las formas prefabricadas que tendrán que ser desmontadas, y ello –en principio, aunque no en forma absoluta- cierra la puerta a la acción de amparo constitucional, que, verbigracia, podría resultar la vía idónea para restablecer la violación del derecho al proceso debido en los casos de procesos fingidos, como el detectado en el caso decidido en sentencia N ° 77 del 9 de marzo de 2000 (caso: José Alberto Zamora Quevedo), o de litis inexistentes dentro de ellos, pues ante tales circunstancias, contra la apariencia total o parcial de proceso protegida ilegítimamente por sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, sólo es posible lograr enervar tales efectos a través de la vía preceptuada en el artículo 27 constitucional.

En definitiva de manera reiterada (vid. decisiones números 1.085 del 22 de junio de 2001 y 2.749 del 27 de diciembre de 2001), ha establecido que la pretensión de amparo constitucional, con su correspondiente procedimiento, no es la vía idónea para aspirar la declaración judicial acerca de la existencia de fraude procesal y subsiguiente inexistencia del juicio en que se fraguó, sino el juicio ordinario, conforme con los artículos 338 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, por lo que el amparo incoado con dicho propósito resulta manifiestamente inadmisible…”. (Negrillas y subrayado de la Sala).

Conforme a las anteriores consideraciones y en atención al criterio jurisprudencial ut supra transcrito, habiendo sido decretada la acción de amparo constitucional propuesta por el accionante ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, la presente demanda de nulidad por fraude procesal debe ser tramitada en forma autónoma, y por la vía del juicio ordinario, tal como acertadamente lo estableció el juez de la declinatoria, ante el órgano jurisdiccional declinado, es decir, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro. Así se decide.

RC-00534, exp. 01-789, ponente ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

No para impugnación de asientos registrales

De la anterior transcripción se evidencia que, tal como se hizo en esta oportunidad, las impugnaciones de asientos registrales se dirimen en la jurisdicción ordinaria, por disponerlo así el artículo 53 de la Ley de Registro Público, vigente para la fecha en que se admitió la presente demanda.

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, “...Las controversias que se susciten entre partes en reclamación de algún derecho, se ventilarán por el procedimiento ordinario, si no tienen pautado un procedimiento especial...”; y estando regulado el procedimiento para este tipo de juicios en los artículos 121 y siguientes de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, resulta obvio que aun cuando la jurisdicción competente sea la ordinaria, el procedimiento a seguir es el estipulado en la citada ley.

De lo antes expuesto se infiere, que el procedimiento especial previsto para los juicios de nulidad similares al de autos, no contempla el recurso extraordinario de casación, razón por la que en el dispositivo del presente fallo se declarará, de manera expresa, positiva y precisa, inadmisible el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte actora en la presente causa. Así se decide.

SCC 11-3-2004

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  01-944, dec. Nº 181:

En este sentido, esta Sala de Casación Civil ha establecido que ante la falta de estimación de la demanda, la necesidad de fijar el monto máximo de los honorarios que debe pagar la parte condenada en costas, por tal concepto debe ocurrirse a la vía del procedimiento ordinario para determinar la cuantía del proceso que dio origen a la condenatoria en costas.

Así, en sentencia de fecha 15 de octubre de 1992 se expresó lo siguiente:

“...La Sala considera que, por no haber estimado el querellante la acción de amparo propuesta contra la Línea.... dicho juicio quedó sin estimación, por lo que resulta inidónea e inapropiada, en el presente caso, la vía procesal utilizada por los abogados..., para estimar e intimar sus honorarios a la sociedad querellada, parte condenada en costas. Así lo reconoce la doctrina procesal venezolana, (Arístides Rengel Romberg, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano (según el Nuevo Código de 1987), V. I. Pág. 281) cuando textualmente expresa: ...

...no constando la prueba de la estimación rechazada, el monto de la estimación no puede ser apreciado por el Juez en relación a las costas por honorarios que debe pagar la parte condenada, y se está en el caso de falta de estimación y de la necesidad de ocurrir al juicio ordinario para el cobro de las costas...". (...).

Desde luego, aparece como lógica y jurídica la idea de ocurrir al juicio ordinario, ante la falta de estimación de la demanda y la necesidad de fijar los honorarios de abogado que debe pagar la parte condenada en costas, pues conforme al artículo 338 del Código de Procedimiento Civil (sic)"las controversias que se susciten entre partes en reclamación de algún derecho, se ventilarán por el procedimiento ordinario, si no tienen pautado un procedimiento especial".

Tal juicio ordinario se dirige a superar el escollo de la falta de estimación. Y en el escrito mediante el cual se proponga la demanda que da comienzo a dicho juicio, deberán los ahora abogados estimantes e intimantes fijarle un valor al proceso en el que se causaron los honorarios cuyo valor se pretende. Este valor, una vez que queda definido y fijado en la sentencia que se dicte en el nuevo proceso ordinario que se inicie, servirá, justamente de base, para la aplicación del límite máximo que, por concepto de honorarios de abogados de su contraria, debe pagar la parte condenada en costas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil.

Igualmente dicho valor servirá de base a los eventuales retasadores, quienes en todo deberán ser constituidos para que realicen su actividad de cuantificación de los honorarios causados, por la vía de una experticia complementaria del fallo que ponga fin al proceso ordinario ya referido.

Con el criterio que se acoge, se concilian los intereses y derechos que el ejercicio de la profesión da al abogado, conforme al artículo 22 de la Ley de Abogados, a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, con el derecho del deudor de dichos honorarios, a no pagar una cantidad que exceda el límite legal fijado en el citado artículo 286 del Código de Procedimiento Civil...”

SCC 14-6-2000

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 00-119, dec. Nº 196:

La Sala para decidir, observa que si bien es cierto que el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil no prohíbe que el juicio de rendición de cuentas se intente por vía ordinaria, no lo es menos que el procedimiento ordinario, en nuestro país, es absolutamente residual, toda vez que, según el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, las controversias que se susciten entre partes en reclamación de algún derecho, se ventilarán por el procedimiento ordinario, si no tienen pautado un procedimiento especial. Es decir, que en principio, para cada controversia debe existir un procedimiento especial y sólo se tramita por la vía del procedimiento ordinario el residuo de controversias que no tengan previsto ese procedimiento especial.

En el caso de autos, se pretende obtener una rendición de cuentas y tal reclamación tiene previsto un procedimiento especial, por lo cual queda excluido para la solución de dicha controversia, el procedimiento ordinario, desde luego que, para poder proceder como sostiene el formalizante, necesariamente debe contrariar la norma contenida en el citado artículo 338 del Código de Procedimiento Civil.

SC 04-08-2000

Ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera Romero. Exp. Nº 00-1722, dec. Nº 908:

La vía del juicio ordinario es la apropiada para ventilar la acción de fraude procesal adelantado mediante varias causas, ya que es necesario un término probatorio amplio, como el del juicio ordinario, para que dentro de él se demuestre el fraude; y aunque existe la violación constitucional consistente en la eliminación o minimización del derecho de defensa de la víctima (artículo 49 de la vigente Constitución), ella -debido a las formalidades cumplidas- nunca destaca como una violación inmediata de la Constitución, sino que requiere de alegatos y pruebas que no corresponden a un proceso breve como el del amparo constitucional. La apariencia que crea la colusión no pone de manifiesto la violación inmediata de la Constitución, por lo que será necesario, la mayoría de las veces, desmontar el armazón para que emerja la infracción constitucional. Además, en un proceso de amparo entre partes particulares, no podría traerse al juez (quien no es agraviante sino también víctima) y, mediante proceso ajeno al juez, anular sus actuaciones.

Scon 27-05-2003

Nº 1343 (aclaratoria), exp. 02-0377, ponente Iván Rincón Urdaneta

Los títulos garantizados por hipoteca no pueden ser cobrados judicialmente en proceso distinto

Sin embargo, la Sala quiere puntualizar que cuando la deuda garantizada con hipoteca consta en títulos de crédito, dichos títulos no pueden cobrarse judicialmente por un proceso distinto al de la ejecución de hipoteca, tal como lo pauta el artículo 660 del Código de Procedimiento Civil, el cual reza: “la obligación de pagar una cantidad de dinero garantizada con hipoteca, se hará efectiva mediante el procedimiento de ejecución de hipoteca establecido en el presente Capítulo”.

      Conforme al fallo de la Sala de Casación Civil Nº 395 del 3 de febrero de 2001, tal procedimiento para cobrar cualquier acreencia garantizada por hipoteca es exclusivo y excluyente.

El artículo 665 del Código de Procedimiento Civil, trae una excepción a lo señalado en el artículo 660 eiusdem, cual es, que cuando las obligaciones garantizadas con hipoteca no llenen los extremos requeridos en el artículo 661 del referido Código, su ejecución se llevara a cabo mediante la vía ejecutiva.

En consecuencia, el cobro de títulos de créditos garantizados con hipoteca, no puede judicialmente incoarse mediante el procedimiento de intimación, y ello, a juicio de la Sala, constituye una infracción que atenta contra el orden público, ya que resulta caótico para el deudor hipotecario, ser demandado, incluso por endosatarios de títulos, pagar sus montos y que la hipoteca no quede extinguida.

SCC 03-12-2001

RC-0398, exp. 00818, ponente ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ

El procedimiento de ejecución de hipoteca es exclusivo y excluyente

Sostiene el formalizante que la recurrida no se pronunció sobre lo alegado en la contestación de la demanda, en relación con los extremos requeridos que faltan en el titulo hipotecario para desplazar el procedimiento de ejecución de hipoteca hacia la vía ejecutiva, no señalado por el actor en su libelo de demanda tal como lo exige el artículo 661 del Código de Procedimiento Civil.

Antes de entrar en el análisis de la presente denuncia resulta necesario advertir al formalizante que invocó erróneamente el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, que a consideración de esta Sala solo es denunciable por quebrantamiento u omisión de formas sustanciales que deriven en indefensión.

La Sala observa del estudio de la recurrida, que en el actual sistema, tal forma de proceder no se corresponde con el mandato contenido en el artículo 660 del Código de Procedimiento Civil, el que en forma imperativa ordena que el demandante de un crédito garantizado con hipoteca, debe acudir al especial procedimiento de Ejecución de Hipoteca a los fines de su reclamación, sin que pueda escoger entre ese procedimiento y el de la vía ejecutiva, al que tan solo podrá acceder en forma excepcional, cuando no se llenen los requisitos exigidos en el artículo 661 eiusdem, tal como lo señala el artículo 665 ibidem, lo que debe ser justificado por el demandante. De acuerdo como quedo establecido en sentencia de fecha 5 de abril de 2000, (caso Banco Capital C.A. contra Distribuidora Barqui Burguer S.R.L.,).

Por tanto, el procedimiento especial de “Ejecución de Hipoteca” es exclusivo y excluyente, pues el demandante de un crédito garantizado con hipoteca debe acudir a éste procedimiento especial a los fines de su reclamación y, el procedimiento por la “Vía Ejecutiva” es residual porque tan sólo podrá acceder en forma excepcional cuando no llene los requisitos exigidos en el artículo 661 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, con ocasión de la denuncia del vicio de incongruencia negativa, se observa que conforme lo establece el artículo 243, ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas. Esta exigencia legal tiene relación con el deber del juez de pronunciarse sólo sobre lo alegado y sobre todo lo alegado en autos, prevista en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.

A los fines de verificar la veracidad de lo alegado por el formalizante se pasa a transcribir la parte pertinente de la recurrida:

“...La parte demandada en su contestación a la demanda se excepcionó (sic) alegando los siguientes hechos:

Que es improcedente la demanda porque como quiera que no se alegó que el documento hipotecario adolece de algún extremo legal, este juicio debió tramitarse por el procedimiento de ejecución de hipotecaria como cuestión de orden público.

Que hay ausencia de requisitos para la vía ejecutiva.

...Omissis...

Quien decide no comparte tampoco el sentenciador el criterio sustentado por la parte demandada, porque si bien es cierto que pudo haberse admitido la demanda por la vía ejecutiva en presencia de dicho procedimiento, no menos cierto es que, esta supuesta falta procesal no esta establecida en la ley como una prohibición de admitir la acción propuesta.

No comparte tampoco el sentenciador el criterio de la parte demandada cuando afirma que, cuando un crédito esta garantizado con hipoteca, el único medio procesal existente es la ejecución de la hipoteca.

Tal afirmación de la parte demandada constituye una autopía, porque además de reunir el documento hipotecario los requisitos que hacen procedentes la vía ejecutiva, el artículo 665 del Código de Procedimiento Civil (sic) establece que aquel documento que no reúne los extremos requeridos en el artículo 661 ejusdem, la ejecución de obligación en él contenida se llevará a cabo mediante el procedimiento de la vía ejecutiva.

...Omissis...

En síntesis: aunque un documento hipotecario y su correspondiente hipoteca reúnan los extremos legales exigidos para la constitución de la garantía, el acreedor hipotecario puede y está facultado para ejercer la acción tendiente al pago de su acreencia, en forma discrecional no solo a través de su ejecución hipotecaria, sino a través de la vía ejecutiva, o el proceso por intimación, o el proceso ordinario. Por estas razones no se hace improcedente el cobro de bolívares que pretende el BANCO SOFITASA C.A., en esta causa y así se decide”.

El sentenciador omitió pronunciamiento en torno a los requisitos que faltan en el titulo hipotecario para que hagan improcedente el procedimiento de ejecución de hipoteca y se siguiera la tramitación por la vía ejecutiva, por lo que se configura técnicamente un vicio de actividad propio de la sentencia del juez de instancia, en cuanto a que tal conducta omisiva se traduce en violación de la regla contenida en el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

En este sentido, en sentencia de fecha 19 de marzo de 1997, al tratar el deber que a los jueces les impone el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la propia Sala de Casación Civil expresó lo siguiente:

“...Cuando los jueces no se pronuncien sobre todos los puntos objeto de la litis, su conducta acarreará la nulidad del fallo pronunciado al producirse el vicio de incongruencia negativa, el cual el recurrente en su escrito de formalización alega se produjo, y que se traduce en una omisión de pronunciamiento sobre una defensa oportunamente formulada.

En decisión del 19 de junio de 1996 (Maghglebe Landaeta Bermúdez contra Compañía Anónima Nacional Seguros La Previsora), la Sala con ponencia del Magistrado Dr. Aníbal Rueda, en lo que respecta al vicio de incongruencia negativa, señaló:

'En este estado la Sala pasa a determinar en qué consiste el vicio de incongruencia negativa.

El jurista español, Jaime Guasp en su libro titulado Derecho Procesal Civil, tercera edición corregida, tomo primero, pp. 516 a la 518, determina la incongruencia, con la siguiente expresión:

'...Ahora bien, ¿qué se entiende, más ampliamente, por congruencia de la sentencia? Puede ser definida como la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan este objeto.

Es pues, una relación entre dos términos, uno de los cuales es la sentencia misma, y, más concretamente, su fallo o parte dispositiva, y otro el objeto procesal en sentido riguroso, no (sic) por lo tanto, la demanda, ni las cuestiones, ni el debate, ni las alegaciones y las pruebas, sino la pretensión procesal y la oposición a la misma en cuanto la delimita o acota, teniendo en cuenta todos los elementos individualizadores de tal objeto: los sujetos que en él figuran, la materia sobre que recae y el título que jurídicamente lo perfila...”.

En virtud de lo expuesto y aplicando la doctrina transcrita al caso de autos, esta Sala declara la infracción de los artículos 12, 243, ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, al no expresar la recurrida lo alegado por los demandados en su contestación al fondo de la demanda, en torno a cuales requisitos no llenaba el crédito hipotecario para que se tramitará el juicio por la vía ejecutiva; no así la infracción del artículo 15 del mismo Código, porque ello es propio de una denuncia por quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos con menoscabo del derecho de defensa, como ya se indicó.

SCC 21-08-2003

RC-00422, exp. 02-358, ponente Franklin Arrieche G.

Ratifica criterio de que el procedimiento de ejecución es exclusivo y excluyente

El crédito concedido por el Banco Principal a Venmetal C.A., fue garantizado con hipoteca mobiliaria e hipoteca convencional de primer grado, ésta última sobre un inmueble constituido por un terreno y las edificaciones y construcciones existentes en éste.

El artículo 660 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:

“La obligación de pagar una cantidad de dinero garantizada con hipoteca, se hará efectiva mediante el procedimiento de ejecución de hipoteca establecido en el presente capítulo”.

La norma citada consagra el principio de que la obligación garantizada con hipoteca se hará efectiva por medio del procedimiento de ejecución de hipoteca. Este principio tiene una excepción contemplada en el artículo 665 del Código de Procedimiento Civil, a saber:

“La ejecución de las obligaciones garantizadas con hipoteca que no llene los extremos requeridos en el artículo 661 de este capítulo, se llevará a cabo mediante el procedimiento de la vía ejecutiva”.

En sentencia No. 398 de fecha 3 de diciembre de 2001, en el juicio de Sofitasa C.A contra Israel Colmenares Sánchez y otros, esta Sala estableció lo siguiente:

“...Sostiene el formalizante que la recurrida no se pronunció sobre lo alegado en la contestación de la demanda, en relación con los extremos requeridos que faltan en el título hipotecario para desplazar el procedimiento de ejecución de hipoteca hacia la vía ejecutiva, no señalado por el actor en su libelo de demanda tal como lo exige el artículo 661 del Código de Procedimiento Civil

La Sala observa del estudio de la recurrida, que en el actual sistema, tal forma de proceder no se corresponde con el mandato contenido en el artículo 660 del Código de Procedimiento Civil, el que en forma imperativa ordena que el demandante de un crédito garantizado con hipoteca, debe acudir al especial procedimiento de Ejecución de Hipoteca a los fines de su reclamación, sin que pueda escoger entre ese procedimiento y el de la vía ejecutiva, al que tan solo podrá acceder en forma excepcional, cuando no se llenen los requisitos exigidos en el artículo 661 eiusdem, tal como lo señala el artículo 665 ibidem, lo que debe ser justificado por el demandante. De acuerdo como quedó establecido en sentencia de fecha 5 de abril de 2000, (caso Banco Capital C.A. contra Distribuidora Barqui Burguer S.R.L.,).

Por tanto, el procedimiento especial de “Ejecución de Hipoteca” es exclusivo y excluyente, pues el demandante de un crédito garantizado con hipoteca debe acudir a este procedimiento especial a los fines de su reclamación y, el procedimiento por la “Vía Ejecutiva” es residual porque tan sólo podrá acceder en forma excepcional cuando no llene los requisitos exigidos en el artículo 661 del Código de Procedimiento Civil”. (Negrillas y subrayado de la Sala).

En el presente caso, la pretensión planteada por la parte actora contraviene lo estatuido en el artículo 660 del Código de Procedimiento Civil, norma que expresamente señala que el procedimiento de ejecución de hipoteca es la vía para el cobro de un crédito garantizado con hipoteca.

Por tanto, lo demandado por la parte actora en el presente juicio no podía ser tramitado a través de la vía ejecutiva, pues el artículo 660 del mencionado Código, es exclusivo y excluyente para intentar tal reclamación.

La recurrida, al admitir por la vía ejecutiva el cobro de un crédito garantizado con hipoteca, infringió el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que: “...Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en este Código y en las leyes especiales...”

Todas estas razones conducen a la Sala a declarar infringidos los artículos 660 y 7 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, a casar de oficio y sin reenvío el fallo recurrido, pues siendo inadmisible la demanda planteada a través de la vía ejecutiva, es innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo.

Por este motivo, en el dispositivo de este fallo se declarará inadmisible la demanda incoada por el Banco Principal S.A.C.A., contra Venmetal C.A. y Juan Benito Jiménez, anulándose en consecuencia, el auto de admisión de fecha 11 de octubre de 1993 proferido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, así como todas las actuaciones posteriores al mismo. Así se resuelve.

SCC 05-04-2000

RC-00422, exp. 99-812, ponente Antonio Ramírez Jiménez

Inicialmente la Sala consideró inútil la reposición

De la revisión de las actas procesales se evidencia que la parte actora, en el propio libelo de demanda, alegó que el crédito reclamado se encontraba garantizado con hipoteca y, sin embargo, solicitó la tramitación del procedimiento de acuerdo a las reglas de la "Vía Ejecutiva", lo que así fue acordado por el a quo.

Tal forma de proceder no se corresponde con el mandato contenido en el artículo 660 del Código de Procedimiento Civil, el que en forma imperativa ordena que la obligación garantizada con hipoteca se haga efectiva mediante el procedimiento de "Ejecución de Hipoteca", pudiendo el acreedor, tan solo en forma subsidiaria, acudir a la "Vía Ejecutiva", cuando no se llenen los requisitos exigidos en el artículo 661 del mismo Código, tal como lo señala el artículo 665 eiusdem, lo que en tal caso, deberá justificarse por el demandante.

De esta manera, el vigente Código de Procedimiento Civil se apartó de la facultad que el artículo 537 del código derogado concedía al demandante, según el cual:

"El acreedor hipotecario podrá optar entre este procedimiento y el de la vía ejecutiva".

Por tanto, en el actual sistema, el demandante de un crédito garantizado con hipoteca, debe acudir al especial procedimiento de "Ejecución de Hipoteca" a los fines de su reclamación, sin que pueda escoger entre ese procedimiento y el de la "Vía Ejecutiva", como lo permitía el Código derogado, al que tan sólo podrá acceder en la forma excepcional antes indicada.

En el caso concreto, el a quo ha debido advertir que el crédito demandado, según se alegó en el propio libelo de demanda, se encontraba garantizado con hipoteca, por lo que, tratándose de un procedimiento especial contencioso ejecutivo, en el que el juez debe examinar cuidadosamente los requisitos de admisibilidad del mismo, lo conducente era

negar la solicitud de que el procedimiento se siguiera por una tramitación distinta al procedimiento de "Ejecución de Hipoteca".

La falta antes señalada tampoco fue advertida por el ad quem, por lo que la Sala, en ejercicio de su potestad disciplinaria, advierte a los jueces de instancia que han actuado en el presente juicio de la misma y los apercibe de no repetirla nuevamente, pues no le es dable a las partes, ni al órgano jurisdiccional, subvertir las formas procesales que el legislador ha establecido para la tramitación de los juicios.

No obstante lo antes expuesto, la Sala considera que, comoquiera que el juicio se tramitó de acuerdo a las reglas del procedimiento ordinario, por remisión expresa que a él hace el procedimiento de la "Vía Ejecutiva", el que confiere mayores lapsos y posibilidades de alegatos, no se causó indefensión a las partes, por lo que sería inútil una reposición al estado de corregirse el vicio detectado. Así se decide.-

SCC 27-03-2006

RC 216, exp. 05-355, ponente CARLOS OBERTO VÉLEZ

No existe norma jurídica que impida la constitución de dos hipotecas
–una inmobiliaria y otra mobiliaria- para garantizar una misma obligación

En la presente denuncia el recurrente plantea la supuesta infracción por parte de la recurrida de los artículos 7, 15, 61, 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil, al no establecer la existencia –según su dicho- de una litispendencia entre el presente procedimiento de ejecución de hipoteca mobiliaria y otro con las mismas partes y título, pero de ejecución de hipoteca mobiliaria.

En este orden de ideas, señala el ad quem que no existe la litispendencia alegada, debido a que aún cuando son los mismos sujetos y el mismo título, el objeto es diferente, motivo por el cual no se cumple con el requisito de la triple identidad necesario para que pueda declararse la litispendencia.

Ahora bien, señala el formalizante que la accionante pretende cobrar dos (2) veces la misma obligación, cuando lo que se observa de las actas que integran el expediente, es que la hoy accionada constituyó a favor de su acreedora dos hipotecas, una inmobiliaria sobre un inmueble y otra mobiliaria sobre las maquinarias instaladas dentro del referido inmueble, garantizando con las mismas dos partes de una obligación que sumadas cubrían la totalidad del crédito, lo cual desvirtúa el alegato del recurrente del doble cobro de una misma obligación.

En este sentido, fue acertada la decisión del Juez Superior al establecer que aún cuando existe identidad de sujetos y título, no hay la del objeto, requisitos necesarios –se repite- para declarar la procedencia de la litispendencia; mas, debido a la incompatibilidad existente entre los procedimientos legalmente establecidos para ejecutar las referidas hipotecas, no es posible su acumulación, tal como lo señaló el Sentenciador de Alzada.

Por todo lo antes expuesto, la Sala concluye que el Juez Superior no infringió los artículos 7, 15, 61, 206 y 208, todos del Código de Procedimiento Civil, debido a que no existe norma jurídica que impida la constitución de dos hipotecas –una inmobiliaria y otra mobiliaria- para garantizar una misma obligación; no sometió a la accionada a un doble juzgamiento, dado que –se insiste- se trata de dos (2) garantías complementarias constituidas para responder por un mismo crédito; no existió confusión alguna por parte del Sentenciador de Alzada, ya que ciertamente no hay la triple identidad de requisitos necesaria para la procedencia de la litispendencia y, no podía declarar la nulidad de lo actuado ni la extinción de la presente controversia, porque –se reitera- no existe la litispendencia alegada, razones suficientes para determinar la improcedencia de la presente denuncia. Así se decide.

SCC  04-05-2006

RC-304, exp. 05820, ponente YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

Ejemplo de exclusión de fiadores en procedimiento de ejecución de hipoteca

Posteriormente, en fecha 14 de mayo de 2004, el a quo dicta sentencia, la cual quedó establecida en los términos siguientes:

DECISIÓN

“…Por los fundamentos de hecho y de derecho que se dejan expuestos en los Capítulos (sic) precedentes, el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas (en transición), administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, dicta sentencia en los siguientes términos:

PRIMERO: Se DECLARA SUBSANADA por la parte actora, BANCO PLAZA, C.A., la cuestión previa contenida en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por defecto de forma de la demanda de ejecución de hipoteca, opuesta por la parte demandada, ciudadanos LUIS HENRIQUEZ BENITEZ CORDERO, IRMA NINOSKA PASTORA PEÑUELA DE BENITEZ, CARLOS FELIPE REINA CORDERO y YOLANDA ISAAC DE REINA y la sociedad mercantil “CENTRO COMERCIAL BARQUISIMETO, C.A. (CECOBARCA), todos identificados en autos.

SEGUNDO: Se DECLARA SUBSANADA por la parte actora, la cuestión previa contenida en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por la acumulación prohibida por el artículo 78 ejusdem; y en consecuencia, excluida del presente proceso, la ejecución de la fianza personal constituida por los ciudadanos, CARLOS FELIPE REINA CORDERO y YOLANDA ISAAC DE REINA, intentada como consecuencia de la ejecución de la garantía hipotecaria.

TERCERO: Se DECLARA SIN LUGAR la oposición formulada por la parte demandada a la presente traba hipotecaria, con fundamento en el ordinal 5° del artículo 663 del Código de Procedimiento Civil.

CUARTO: Se DECLARA LA NULIDAD del acta de fecha 3 de octubre de 2003, contentiva de la ejecución de la medida de embargo ejecutivo decretada por este Tribunal en fecha dos (2) de octubre de dos mil tres (2003) en la presente causa.

QUINTO: Se DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la presente traba hipotecaria seguida por el BANCO PLAZA, C.A. contra los ciudadanos, LUIS HENRIQUEZ BENITEZ CORDERO, IRMA NINOSKA PASTORA PEÑUELA DE BENITEZ, CARLOS FELIPE REINA CORDERO Y YOLANDA ISAAC DE REINA, y la sociedad mercantil “CENTRO COMERCIAL BARQUISIMETO, C.A.” (CECOBARCA), todos identificados al comienzo de este fallo…”

[…] La Sala observa

Respecto al procedimiento de ejecución de hipoteca, la Sala ha establecido en forma reiterada que es un juicio especial que tiene por objeto obtener el pago de lo adeudado y de los accesorios establecidos en el contrato hipotecario que tuvieren, mediante la intimación del deudor o del tercero poseedor, para que acrediten el pago de la obligación demandada. Por esa razón, el legislador autorizó a los jueces de instancia a excluir del decreto intimatorio aquellas cantidades de dinero que no estuvieren cubiertas con la hipoteca. (Sent. 3/8/94, caso: Banco de Comercio S.A.C.A. c/ Distribuidora Médica Paris S.A.).

Dicho procedimiento contempla dos fases establecidas en los artículos 660, 661, 662 y 663 del Código de Procedimiento Civil, y de los cuales se puede precisar lo siguiente: A partir de la fecha de intimación de pago comienzan a correr para los intimados dos lapsos diferentes, uno de cuatro días para acreditar que se ha cumplido la orden de pago y hacer cesar el procedimiento, y el otro lapso de ocho días para oponerse dentro de él a la ejecución de la hipoteca, por considerar el deudor que tiene uno de los motivos señalados en el artículo 663 del Código de Procedimiento Civil.

Así pues, si vencido el lapso de tres días para acreditar el pago y el mismo no se ha realizado, al cuarto día se procederá al embargo del inmueble hipotecado tal como lo establece el artículo 662 del Código de Procedimiento Civil, continuándose el procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el Título IV, Libro 2º del mismo código, hasta que se saque a remate el inmueble. Asimismo, dicha norma establece que si se hace oposición a la ejecución establecida en el artículo 663 ejusdem, se suspende el procedimiento, y si la misma llena los extremos exigidos en el mismo artículo, el juez declarará el procedimiento abierto a pruebas, continuándose la sustanciación por los trámites del procedimiento ordinario hasta que deba sacarse a remate el inmueble hipotecado, tal y como lo consagra el artículo 663 del Código de Procedimiento Civil.

En concordancia con lo señalado, esta Sala en fecha 6 de julio de 2004 en el caso PROMOTORA COLINA DE ORO, C.A., contra el ciudadano JOSÉ AMBROSIO PÉREZ PALACIO y la tercera poseedora INVERSIONES PREVALORES, C.A., indicó lo siguiente:

“El procedimiento de ejecución de hipoteca se encuentra previsto en el Capítulo IV del Título II del Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil. Dicho procedimiento contempla dos fases bien definidas, a) la ejecución propiamente dicha, la cual se inicia si al cuarto día de despacho siguiente a la intimación, el demandado no acredita el pago (art. 662 c.p.c.) y b) la de oposición, que se inicia con la presentación del correspondiente escrito dentro de los ocho días de despacho siguientes a dicha intimación, más el término de la distancia si a él hubiere lugar (art. 663 c.p.c.)

En la primera etapa, si no consta la acreditación del pago, se procederá al embargo del inmueble gravado hasta que deba sacarse a remate el inmueble y sólo se suspenderá esta siempre y cuando haya formulado la oposición a la cual se contrae el artículo 663 de la Ley Adjetiva Civil, pues, en caso contrario (el intimado no formula oposición tempestivamente), deberá procederse al remate del inmueble.

Para que se abra la segunda etapa, el intimado deberá hacer oposición dentro de los ocho días siguientes a su intimación y sólo bajo los motivos expresamente señalados en el citado artículo 663. Interpuesta la oposición, el juez deberá verificar que dicha actuación llene los extremos exigidos en dicha norma y, de estimar que se cumplen, declarará el procedimiento abierto a pruebas y la sustanciación continuará por el juicio ordinario.

En esta oportunidad le está vedado al juez emitir un pronunciamiento al fondo respecto a la procedencia de la oposición, pues ello sólo es posible luego de sustanciado el procedimiento conforme al juicio ordinario. Sólo podría, y bajo los límites previstos en el artículo 663 del Código de Procedimiento Civil, desechar el escrito de oposición en caso de no estar llenos los extremos de ese artículo…”(Subrayado y Negritas de la Sala)

En el sub iudice, la Sala constata que el a quo, en fecha 7 de mayo de 2002, admitió la demanda de ejecución de hipoteca y ordenó la intimación de los demandados. Lograda la intimación en fecha 9 de septiembre de 2003, no consta de autos que se haya acreditado el pago por parte de los intimados, quienes presentaron escrito de oposición a la ejecución de la hipoteca conjuntamente con la oposición de cuestiones previas el 24 de septiembre de 2003, las cuales fueron decididas -ambas oposiciones- en fecha 14 de mayo de 2004 por el a quo declarando sin lugar la oposición y subsanadas la cuestiones previas opuestas.

Así pues, respecto a la oposición de cuestiones previas conjuntamente con la oposición a la ejecución de la hipoteca, el procesalista HENRÍQUEZ LA ROCHE Ricardo, en su obra comentada Código de Procedimiento Civil, Tomo V, Centro de Estudios Jurídicos del Zulia, Caracas, 1995, pps 146 y 147, expresa:

“...Es necesario connotar, que existe una diferencia manifiesta entre la tramitación de las cuestiones previas del nuevo código, sucedáneas, en parte, de las excepciones dilatorias, según se trate del procedimiento en el cual se interponen: en el caso del procedimiento ordinario, la cuestión previa tiene la virtualidad de postergar o dilatar (de allí el nombre que anteriormente tenía la defensa) la contestación a la demanda; en tanto que, en el caso del procedimiento ejecutivo, como las cuestiones previas deben ser interpuestas conjuntamente con la oposición al decreto intimatorio –porque el Parágrafo Único del artículo 657 ejusdem (norma supletoria para la ejecución de hipoteca según el Parágrafo Único del artículo 664) dice: “si junto con los motivos en que se funde la oposición el demandado alegare cuestiones previas”-, de donde se ve que la “contestación de la demanda”, es decir, la oposición (así llamada en el artículo 656), ya ha tenido lugar, y por consiguiente, mal puede postergarse o dilatarse el acto principal de defensa que ya ha si actuado,

En el caso de los procedimientos ejecutivos, la cuestión previa se tramita y se resuelve coetánea o paralelamente al procedimiento principal de la oposición al fondo, de suerte que cuando el intimado hace oposición y conjuntamente opone cuestiones previas, se abren ope legis dos lapsos probatorios: uno, el de la oposición, y otro el del incidente de cuestión previa, sin perjuicio, en este último caso, del derecho a subsanar, antes de que se produzca el fallo interlocutorio del incidente. Nótese a estos efectos que el Parágrafo Único del artículo 657 mencionado dice: “se entenderá abierta también una articulación probatoria de ocho días para promover y evacuar pruebas”, para que se vea, en ese adverbio “también”, denotado, que la ley incoa ambos lapsos probatorios simultáneamente, y que no es menester paralizar la instrucción en lo principal a la espera de la resolución del incidente...”.

Ahora bien, la Sala pasa a verificar ciertas subversiones procesales cometidas por el a quo en el presente caso:

En primer lugar, el a quo, no cumplió con su deber de verificar si la oposición llenaba los extremos exigidos en el artículo 663 del Código de Procedimiento Civil, pues de las actas se constata que no existe pronunciamiento alguno sobre el presente punto.

            En segundo lugar, el a quo resolvió la oposición a la ejecución de hipoteca, sin haber sido abierta la etapa de pruebas y haber continuado la sustanciación del proceso por el juicio ordinario, con lo cual se subvirtió el procedimiento establecido en el artículo 663 del Código de Procedimiento Civil y se lesionó el derecho de defensa de la demandante, pues no se le permitió traer a los autos las pruebas de sus alegaciones, ni presentar oportunamente sus informes.

En tercer lugar, el juez de instancia resolvió conjuntamente ambas oposiciones -a la ejecución de hipoteca y a las cuestiones previas-, infringiendo los artículos 657 y 663 del Código de Procedimiento Civil, subvirtiendo el orden público procesal.

            Así pues, al respecto la Sala en sentencia de fecha 8 de julio de 1999, caso Antonio Yesares Pérez contra Agropecuaria El Venao C.A, señaló lo siguiente:

“…no es potestativo a los Tribunales Subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios; pues su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público…”

           

En tal sentido, por todo lo expuesto y en aplicación de los criterios doctrinales y jurisprudenciales anteriormente transcritos, la Sala establece que en el presente asunto hubo una subversión procedimental con infracción de los artículos 657 y 663 del Código de Procedimiento Civil, que menoscabó el derecho de defensa de las partes. El juzgado recurrido, no se percató de dichas infracciones, infringiendo, por vía de consecuencia, el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil y, adicionalmente el artículo 208 ejusdem, al no haber corregido los vicios delatados. Así se establece.

Por cuanto en la motivación de este fallo se determina el quebrantamiento de formas sustanciales de los actos que menoscabaron el derecho de defensa, la Sala se ve obligada a casar de oficio la recurrida y a ordenar reponer la causa al estado en que se continué con la segunda fase del procedimiento especial de ejecución de hipoteca, es decir, interpuesta la oposición, el juez deberá verificar que dicha actuación llene los extremos exigidos en el artículo 663 del Código de Procedimiento Civil y de estimar que se cumplen, declarará el procedimiento abierto a pruebas y la sustanciación continuará por el procedimiento ordinario, así como la sustanciación de las cuestiones previas opuestas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 657 ejusdem, tal como se establecerá de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de la presente decisión. Así se decide.

 

SCC 27-04-2001

RC-0099, exp.00-178, ponente Carlos Oberto Vélez

La acumulación prohibida afecta el orden público

La doctrina expresa, al respecto que:

“...Finalmente, no son acumulables las acciones o pretensiones que tengan procedimientos legales incompatibles entre sí. La unidad de procedimiento es una característica de la acumulación en general, y cuando a cada pretensión corresponde un procedimiento incompatible con el de la otra, aquella unidad no puede lograrse y la acumulación por tanto no es posible. Así, v. gr., una pretensión de reivindicación de un inmueble, no puede acumularse con otra de ejecución de hipoteca, porque la primera tiene un procedimiento ordinario y la segunda se sigue por uno especial. No pueden acumularse una pretensión de cobro de una letra de cambio y una de rendición de cuentas, porque aunque ambas corresponden a la competencia mercantil, la primera debe seguirse por el procedimiento ordinario y la segunda por uno especial.

Es indiferente que ambas pretensiones tengan procedimiento especial si éstos no son incompatibles.

Así pueden acumularse dos pretensiones de divorcio, porque ambas se siguen por el mismo procedimiento especial; pero no pueden acumularse una de privación de la patria potestad con una de divorcio, porque cada una tiene su procedimiento especial incompatible con el da la otra.

La exigencia de la unidad del procedimiento es de tal entidad en esta materia, que si bien se permite la acumulación subsidiaria de dos o más pretensiones incompatibles entre sí, esta acumulación tampoco es posible cuando no hay unidad de procedimientos (Art. 78 C.P.C.)....” (Arístides Rengel Romberg. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo II, pág. 110).-

La acumulación de acciones es de eminente orden público .

“...La doctrina pacífica y constante de la Sala ha sido tradicionalmente exigente en lo que respecta a la observancia de los trámites esenciales del procedimiento, entendido el proceso civil, como el conjunto de actos del órgano jurisdiccional, de las partes, y de los terceros que eventualmente en él intervienen, preordenados para la resolución de una controversia, el cual está gobernado por el principio de la legalidad de las formas procesales. Esto, como lo enseña Chiovenda, que no hay un proceso convencional sino, al contrario, un proceso cuya estructura y secuencia se encuentra preestablecidas con un neto signo impositivo, no disponible para el juez, ni para las partes. Así, la regulación legal sobre la forma, estructura y secuencia del proceso civil, es obligatoria en un sentido absoluto, tanto para las partes como para el juez, pues esa forma, esa estructura y esa secuencia que el legislador ha dispuesto en la ley procesal, son las que el Estado considera apropiadas y convenientes para la finalidad de satisfacer la necesidad de tutela jurisdiccional de los ciudadanos, que es uno de sus objetivos básicos.

Es por lo expresado que la Sala ha considerado tradicionalmente que la alteración de los trámites esenciales del procedimiento quebranta el concepto de orden público, cuya finalidad tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del Estado sobre los intereses particulares del individuo, por lo que su violación acarrea la nulidad del fallo y las actuaciones procesales viciadas, todo ello en pro del mantenimiento de la seguridad jurídica y de la igualdad entre las parte, que es el interés primario en todo juicio....” (Sentencia de la Sala de Casación Civil del 22 de octubre de 1997).

Es de antigua data la siguiente doctrina de la Sala:

“...Aun cuando las partes litigantes manifiesten su acuerdo, no es potestativo de los Tribunales subvertir las reglas con que el legislados ha revestido la tramitación de los juicios, pues su estricta observancia es materia intimante litigada al orden público....” (S. De 24-12-15)

En consecuencia, considera este Alto Tribunal que habiéndose acumulado acciones distintas que son incompatibles por tener procedimientos distintos, se está en presencia de lo que la doctrina ha llamado “inepta acumulación de acciones”, y siendo esta materia de orden público es imperativo casar de oficio el fallo recurrido y, anular todo el procedimiento hasta el estado de admisión de la demanda por el cobro de honorarios profesionales de abogado, la cual se debe tramitar por el procedimiento breve las actuaciones extrajudiciales en conformidad con lo que establece el Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 881 y siguientes y estimar los honorarios correspondientes a las actuaciones judiciales conforme a lo que establece la ley de abogados.- Asi se decide.-

Es de hacer notar que en la sentencia de Primera Instancia se declara la inepta acumulación de acciones, lo que hubiera determinado la reposición de la causa al estado de admisión de la demanda, pero se lo hizo y solamente se declaró con lugar la oposición, dejando la sentencia sin decisión expresa, positiva y precisa.- La sentencia recurrida incurre en el mismo error al no corregir el vicio.

Artículo 339

El procedimiento ordinario comenzará por demanda, que se propondrá por escrito en cualquier día y hora, ante el Secretario del Tribunal o ante el Juez.

SCS 26-7-2001

Ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo. Exp. Nº  01-243, dec. Nº 42:

La jurisprudencia le ha negado recurso extraordinario de casación al decreto que declara la inadmibilidad de la queja, porque: “La fase previa de la queja tiene carácter no contencioso”, y para que pueda ejercerse el recurso de casación “es imprescindible de la pre-existencia de un juicio.” (sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 30-11-88).

No puede dejar de mencionarse, que en el sistema venezolano rige el principio dispositivo, que se manifiesta en el proceso civil, de variada forma y en distintos artículos, entre otros, en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, se establece que el juez no puede iniciar el proceso, y en el caso concreto, relativo a la responsabilidad civil de los funcionarios, sino previa demanda de parte, quien hace valer su pretensión, entendida ésta como la afirmación de un sujeto de derecho de merecer la tutela jurídica, con la aspiración que ésta se haga efectiva.

El artículo 837 del Código de Procedimiento Civil, establece que la queja se inicia con el libelo, el cual, deberá cumplir con determinados requisitos formales. Dicho artículo dispone textualmente que: El libelo en que se proponga la queja deberá contener el nombre, apellido y domicilio del actor; el nombre, apellido, domicilio o residencia del Juez contra quien se dirija, y su calidad; la explicación del exceso o falta que le atribuya, con indicación de los instrumentos con los cuales deberá acompañarse el libelo para justificar la queja.”

Por otra parte, el artículo 22 del citado Código, prevé lo siguiente: “Las disposiciones y los procedimientos especiales del presente Código se observarán con preferencia a los generales del mismo, en todo cuando constituya la especialidad; sin que por eso dejen de observarse en lo demás las disposiciones generales aplicables al caso.” Por tanto, en aquello no previsto, las normas de los procedimientos especiales son suplidas por las del procedimiento ordinario.

En el Libro Segundo, Título I, Capítulo I, del Código de Procedimiento Civil, relativo al procedimiento ordinario, se establece en el artículo 339, que el juicio se inicia con la demanda, al disponer: “El procedimiento ordinario comenzará por demanda, que se propondrá por escrito en cualquier día y hora, ante el Secretario del Tribunal o ante el Juez.”

Para Luis Loreto, “el juicio comienza con el libelo, sigue por las exposiciones de las partes y termina por la sentencia, por lo cual el término juicio allí empleado debe tomarse en el sentido de proceso.” (Ensayos Jurídicos. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas. p.47). Es pues, la demanda, la única forma de iniciar el proceso y el instrumento que materializa la pretensión.

En relación con el proceso judicial, Eduardo J. Couture lo define como: “una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión.” (Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Ediciones Depalma. Tercera Edición. Buenos Aires. 1981. pp. 121,122). En este sentido, expresa el autor citado, que lo que caracteriza al proceso es su fin, la decisión del conflicto a través de una sentencia que adquiere autoridad de cosa juzgada. Así, proceso equivale a “causa, pleito, litigio, juicio.” (ob. cit).

La Sala comparte la doctrina aquí examinada y observa que la contención entre las partes viene dada por la naturaleza de la pretensión ejercida y no por el evento procesal de la admisión de la demanda.

En virtud de las consideraciones anteriores, se concluye que la demanda de queja contiene una pretensión que se deduce contra el juez, para que éste indemnice los daños sufridos. Por tanto, es claro que existe contención en ambas fases del procedimiento de queja.

La demanda para hacer efectiva la responsabilidad de los jueces, o juicio de queja, es un procedimiento de una sóla instancia y cuya decisión está en manos de un tribunal de superior jerarquía al juez demandado y es susceptible de ser impugnada en casación, en conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 849 del Código de Procedimiento Civil, siempre que en el trámite no hayan intervenido Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Se entiende que el recurso de casación es una petición extraordinaria de impugnación que da inicio a un proceso incidental, con procedimiento propio, dirigido a establecer la nulidad de una decisión judicial contraria a derecho. Se caracteriza por ser de interés público, de carácter extraordinario, limitado y rigurosamente formal. Dos de las finalidades de la interposición de tal recurso, son precisamente el control de legalidad del fallo recurrido y la unificación de la jurisprudencia como garantía de seguridad jurídica.

Con fundamento en los principios de rango constitucional y de carácter legal, la Sala se ve en la necesidad de revisar la jurisprudencia sobre la materia y considerar que la decisión en la cual se declara la inadmisibilidad de una demanda por responsabilidad civil de un juez, equivale a una negativa de admisión de la demanda, la cual, en el procedimiento ordinario, en conformidad con el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, es recurrible mediante el recurso ordinario de apelación, que debe ser oído de inmediato y en ambos efectos, y tiene casación, siempre que cumpla con los requisitos de ley.

Al respecto, la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 16 de marzo de 1988, se pronunció en los siguientes términos: “... si la demanda no es admitida, el gravamen será definitivo, y el recurso deberá oírse libremente, tal como lo prescribe el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, lo cual hace igualmente admisible de inmediato el Recurso extraordinario de Casación.

Ahora bien, como la queja se tramita en única instancia, la decisión que inadmite la demanda no tiene apelación, quedando abierta, como única vía de impugnación, la casación.

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, la decisión que declare inadmisible la queja, se equipara a la negativa de admisión de la demanda. Si bien es cierto que cuando se admita la acción de queja no tiene recurso de inmediato, la declaratoria de inadmisibilidad de dicha pretensión constituye una decisión interlocutoria que pone fin al procedimiento, con carácter de cosa juzgada, por tanto, la decisión puede ser impugnada de inmediato por el querellante, a quien le perjudica, a través del recurso extraordinario de casación, si hubiere lugar a ello, conforme a lo establecido en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil.

Con esta decisión, la Sala de Casación Social se aparta del criterio seguido por la Sala de Casación Civil, en relación con este asunto y queda así interpretado el único aparte del artículo 849 del Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios constitucionales que rigen el debido proceso.

Por todos los argumentos anteriormente expuestos y en aplicación del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el único aparte del artículo 849 eiusdem, contra el fallo recurrido es admisible el recurso de casación y, en consecuencia, el recurso de hecho interpuesto es procedente y así se declara.

Tple 7-11-2001

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 98-020, dec. Nº 42:

Cómputo de los lapsos de caducidad

Para ejercitar la queja el artículo 835 del Código de Procedimiento Civil, fija un término de (4) cuatro meses contados a partir de la fecha de publicación de la sentencia, el auto, la providencia firme, o luego de consumada la omisión irremediable, que ha causado el agravio.-

Al determinar el modo como debería computarse dicho lapso, el Tribunal Ad-Hoc de la extinta Corte Suprema de Justicia, en su decisión de fecha 17 de junio de 1991, estableció que la queja es una verdadera demanda, y por ello, debe aplicársele el lapso de caducidad para su proposición, en efecto:

"...aun cuando el artículo 190 de la Ley Orgánica de la Corte -y algunas disposiciones del vigente Código- califican de recurso a la queja, ésta es en realidad una demanda como la aclaran tanto la nueva denominación del Título correspondiente (De las demandas para hacer efectiva...) como la redacción del actual artículo 829: 'Podrá intentarse demanda...' de manera que no se trata de un plazo para ejercer un recurso en determinado juicio, sino de una demanda autónoma que constituye antes y ahora uno de los procedimientos especiales contenciosos, por lo que no se está en presencia de un lapso o término suspendido por vacaciones. Por tanto, entendido como lo que es en verdad, una demanda, lo que rige y se aplica es el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil: como tal demanda 'se puede proponer en cualquier día y hora ante el Secretario del Tribunal o ante el Juez', esto es para la mera presentación de una demanda y hacer que cese la caducidad...".

SCC 27-7-2004

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  03-1033, dec. Nº 689:

Cómputo del lapso de caducidad

Tal como se desprende del texto de la recurrida, supra transcrita, el ad quem declaró con lugar la cuestión previa de caducidad opuesta, con base en que las acciones estimatorias deben ser intentadas en el lapso de un año desde el día de la tradición, conforme con lo establecido en el artículo 1.525 del Código Civil, pues consideró que habiéndose verificado la tradición de los inmuebles en fecha 22 de noviembre de 2001 la demanda fue presentada sin recaudos ante el Tribunal Distribuidor Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira el 21 de noviembre de 2002, por lo que debe tenerse como no presentada. Igualmente, consideró el ad quem, que la simple presentación de la demanda ante el tribunal distribuidor no da cumplimiento a lo previsto en el artículo 339, supra transcrito.

El artículo 1.525 del Código Civil, prevé:

“...El comprador debe intentar la acción redhibitoria que proviene de vicios de la cosa, en el término de un año, a contar desde el día de la tradición, si se trata de inmuebles; si se trata de animales, debe intentarse dentro de cuarenta días, y si se trata de otras cosas muebles, dentro de tres meses, en uno u otro caso a contar desde la entrega...”. (Subrayado y negrillas de la Sala).

La norma supra transcrita es muy clara en señalar “...el comprador debe intentar la acción...”, y para ello, concede el término de un año, por tanto, es necesario partir de esa frase para determinar si la interposición de la demanda en tiempo oportuno ante el tribunal distribuidor es suficiente para que no opere el lapso de caducidad de la acción.

Al respecto en decisión de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 29 de septiembre de 1981, en el caso de Isabel Díaz de Navas contra Alfredo Rocca Silva, publicada en Gaceta Forense, 3era etapa, volumen I, 113, página 1167, se dijo:

“...Todo el problema planteado por el formalizante consiste en considerar que el lapso de caducidad contemplado en los artículos 783 y 784 del Código Civil es un simple lapso de prescripción. La prescripción se interrumpe pura y simplemente mediante ejercicio (sic) de la acción dentro del lapso de caducidad; para el caso de autos, dentro del año siguiente de ocurrir el despojo. Una acción se ejerce cuando se manifiesta formalmente la voluntad de ejercerla mediante el correspondiente libelo de la demanda. Y ello se cumplió en el caso de autos, cuando de la recurrida aparece que se ejerció a los seis meses del despojo. En cambio para los lapsos de prescripción, el ejercicio de la acción por si no produce interrupción, pues requiere otros actos que pongan al demandado en conocimiento, directo o presupuesto, de la acción, bien sea, la citación, el embargo, etc...”. (Subrayado y negrillas de la Sala).

Por su parte, el procesalista RENGEL ROMBERG, Arístides, en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo III, Novena Edición, Organización Graficas Capriles, C.A., Caracas, 2001, pp 24, señala lo siguiente:

“...Como acto introductorio de la causa, la demanda puede definirse como el acto procesal de la parte actora mediante el cual ésta ejercita la acción, dirigida al Juez para la tutela del interés colectivo en la composición de la litis y hacer valer la pretensión, dirigida a la contraparte pidiendo la satisfacción de la misma.

En esta definición se destaca:

a) La demanda es un acto procesal de la parte actora, no un derecho, ni una declaración de voluntad negocial. Tiene la función de iniciar el procedimiento, o como dice Couture, de ser el “acto introductivo de la instancia”. Sin demanda no hay proceso (Nemo iudex sine actore), ni procedimiento, porque ella es la que da comienzo al mismo. En su referencia al proceso, la demanda es una exigencia del principio dispositivo (supra: n.36), según el cual corresponde a la parte y no al Tribunal, el planteamiento de la litis y la determinación de su alcance; y en su relación con el procedimiento, responde al principio de la demanda, según el cual es ésta la que le da el comienzo...”. (Subrayado y negrillas de la Sala).

Los anteriores criterios, jurisprudencial y autoral permiten determinar sin lugar a dudas que la voluntad de ejercer la acción se ve reflejada mediante la presentación de la demanda, iniciando así el procedimiento, sin que ello esté necesariamente vinculado con la actividad procesal de un determinado tribunal.

En el caso bajo estudio, la recurrida señala que los accionantes manifestaron dicha voluntad en fecha 21 de noviembre de 2002, por tanto, de acuerdo con lo anterior, en esa fecha se inició el procedimiento. No obstante, el juzgador con competencia funcional jerárquica vertical, consideró debía tenerse como no presentada la demanda, ya que lo supeditó al hecho por parte del tribunal que en definitiva corresponda conocer la causa, reciba el libelo, identifique a las partes y el accionante consigne el instrumento en que apoye su demanda. En consecuencia, el ad quem incurrió en la errónea interpretación del artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, pues atribuyó a esa norma extremos que no contiene, haciendo derivar consecuencias que en modo alguno concuerdan con su contenido. En tal virtud, la Sala considera que la denuncia planteada es procedente en lo referente a la errónea interpretación planteada, pues la falta de aplicación invocada como consecuencia de la errónea interpretación, de acuerdo con los términos en que fue resuelta la precedente delación, hace innecesario cualquier pronunciamiento en ese sentido. Así se decide.

SCC 29-7-2004

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº  04-050, dec. Nº 744:

Diferencia entre acción, demanda y pretensión

Ahora bien, señala el formalizante que el vicio en que supuestamente incurrió el ad quem, se patentiza en que –según su dicho- debió reponer la causa al estado de que el Tribunal de Instancia ADMITIERA la acción subsidiaria de daños y perjuicios. Cabe destacar, que la acción subsidiaria fue admitida conjuntamente con la principal de resolución de contrato de arrendamiento, mas pareciera que el recurrente pretende la existencia de dos (2) autos de admisión, uno para la demanda principal por resolución de contrato de arrendamiento y otro, para la acción subsidiaria por daños y perjuicios.

De conformidad con el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil el proceso se inicia con la presentación de la demanda, constituyéndose ésta en la manifestación de voluntad de parte de iniciar el pleito judicial por los derechos que reclame.

La demanda es definida y diferenciada de la pretensión procesal, por el procesalista español Jaime Guasp(†), en los siguientes términos:

“...La demanda es por lo tanto, el acto típico y ordinario de iniciación procesal o, dicho con más extensión, aquella declaración de voluntad de una parte por la cual ésta solicita que se dé vida a un proceso y que comience su tramitación.

II. La demanda es pues, en primer lugar, una petición, una solicitud de alguien de que algo sea producido. Pero en un segundo término más restringido, es sólo aquella petición que tiene por objeto inicial el proceso, distinta de la que se propone desarrollarlo u obtener su terminación. Por lo tanto, el emplazamiento de la demanda dentro de los actos de iniciación responde a la verdadera esencia del concepto. Y aún más: como en los actos de iniciación no hay más posibilidades que la norma de iniciación de parte y la extraordinaria o anormal de iniciación de oficio, y la demanda se refiere a toda la primera categoría indistintamente, se comprende que no tanto debe decirse que la demanda es un acto de iniciación procesal como que es el acto de iniciación procesal, por antonomasia, acto que, dado el básico mecanismo del proceso, no puede consistir sino en una petición de parte, identificándose en última instancia la demanda con la petición de parte que inicia o constituye el proceso mismo.

(...OMISSIS...)

Pero más importante tiene en esta elaboración del concepto de demanda, obtener una delimitación satisfactoria entre la demanda y la pretensión procesal.

Como ya sabe, para todo aquel sector doctrinal que hace de la acción una de las nociones fundamentales o básicas del derecho del proceso, la pretensión se confunde con la demanda al configurar a ésta como el acto por el que se ejercita el derecho en que consiste la acción. Según tal criterio, la acción sería el poder jurídico de obtener una actuación jurisdiccional determinada o indeterminada; la demanda, el acto en que se solicita tal actuación, ejercitando, por tanto, el derecho correspondiente. Como esta petición de la actuación jurisdiccional de fondo es el núcleo esencial que integra el concepto de la pretensión ésta no es en definitiva sino la demanda judicial.

Sin embargo, esta tesis debe ser negada decididamente, porque no hay en ella sino una superficial y empírica observación del desarrollo del proceso, desatendiendo las otras verdaderamente características de las dos actividades cuya identificación, consciente o inconscientemente, se propone.

Es indiscutible que la petición de iniciación de un proceso es un acto conceptualmente distinto de la petición de una actuación de fondo del órgano jurisdiccional; una cosa es que el acreedor pida que comience un proceso entre su deudor y él y otra que pida, dentro de un proceso, la condena de su deudor al pago del crédito. Si la demanda es típicamente un acto de iniciación o comienzo procesal, podrá ser, pero no tendrá por qué ser, a la vez, una formulación de peticiones de fondo. Más lo característico de la demanda es, en primer término, esta tendencia a la iniciación de un proceso, por lo que el añadirle teóricamente las notas del acto que tiende a la decisión de fondo no hace sino perturbar las líneas del concepto que define a la demanda judicial.

Ciertamente la posición atacada tiene razón en cuento que, de hecho y ordinariamente, demanda y pretensión se funden en un solo acto, puesto que el actor solicita el comienzo de un proceso y a la vez formula la pretensión correspondiente que va a constituir el objeto del mismo. Pero fácilmente se comprende que la simultaneidad temporal de ambas actividades, aunque sea desde luego muy frecuente, no equivale en modo alguno a su absoluta identidad. La simultaneidad se explica perfectamente pensando que, siendo la pretensión procesal un supuesto lógico del proceso, conviene regularla como un supuesto cronológico para evitar el riesgo de que, al no formular luego la pretensión, el proceso se desarrolle en el vacío. Por ello es frecuente que la pretensión se produzca al iniciar el proceso, acompañado al acto típico de iniciación, es decir a la demanda; más dicha frecuencia no justifica una equiparación no ya cronológica, sino lógica de ambas actividades...”. (Jaime Guasp(†) Derecho Procesal Civil, Tomo I, editorial Civitas, S.A., 4ª Edición Madrid 1998, págs 281 a la 283).

Cabe diferenciar de los anteriores, un tercer concepto, como es el de la acción, el cual define el procesalista italiano, Guiseppe Chiovenda como:

“...Si es verdad que la coacción es inherente a la idea de derecho (no en el sentido de que para tener derecho se tenga que poder actuarlo, sino en el sentido que tiende a actuarse valiéndose de todas las fuerzas que están de hecho a su disposición); si es verdad que cuando el obligado no satisface con su prestación la voluntad concreta de ley, ésta tiende a su actuación por otra vía, y que existen en muchos casos voluntades concretas de la ley de las cuales no es concebible la actuación sino por obra de los órganos públicos en el proceso; sin embargo, estos órganos pueden proveer a la actuación de la ley solamente previa petición de una parte (nemo iudex sine actore), así que, normalmente, la actuación de la ley depende de una condición: la manifestación de voluntad de un particular; y se dice que este particular tiene acción, entendiéndose, cuando se dice esto que él tiene el poder jurídico de provocar con su demanda la actuación de la voluntad de la ley.

La acción es, por lo tanto, el poder jurídico de dar vida a la condición para la actuación de la voluntad de la ley, cuya definición coincide con aquella de las fuentes: nihil aliud est actio quam ius persequendi iudicio sibi debetur, en la cual es clara la contraposición entre el derecho a lo que nos es debido, y el derecho de conseguir el bien que nos es debido mediante el juicio (ius iudicio persequendi).

La acción es un poder que corresponde frente al adversario, respecto al cual se produce el efecto jurídico de la actuación de la ley. El adversario no está obligado a ninguna cosa frente a este poder; está simplemente sujeto a él. La acción se agota con su ejercicio, sin que el adversario pueda hacer nada ni para impedirla, ni para satisfacerla. Tiene naturaleza privada o pública, según la naturaleza de la voluntad de ley...” (Resaltados del texto. Guiseppe Chiovenda Curso de Derecho Procesal Civil, Biblioteca Clásicos del Derecho, Vol. 6, editorial Mexicana, México 1997, págs 12 a la 13).

Lo expuesto en las doctrinas trasladadas, plenamente compartidas por la Sala, deja claro la delimitación entre la acción, la demanda y la pretensión. Para la Sala la acción es la facultad de producir el efecto jurídico de la ley; la demanda es la actuación que da inicio al procedimiento y que contiene, entre otros, la pretensión que se le hace valer a quien se le reclama judicialmente.

En autos, el formalizante confunde la pretensión con la demanda, pues señala que el demandante pretendió la resolución de un contrato de arrendamiento y subsidiariamente la indemnización de daños y perjuicios, lo cual considera como dos demandas que debieron ser admitidas independientemente.

Se confunde el recurrente, pues el demandante presentó una única demanda con dos pretensiones y no dos demandas. Por ello, la admisión a que se refiere el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, es de la demanda no de las pretensiones, por lo que carece de utilidad y legalidad la reposición peticionada en esta denuncia.

Artículo 340

El libelo de la demanda deberá expresar:

1° La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda.

2° El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene.

3° Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro.

4° El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores, o distintivos si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales.

5° La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones.

6° Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo.

7° Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de éstos y sus causas.

8° El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder.

9° La sede o dirección del demandante a que se refiere el artículo 174.

SCC 29-1-2002

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp.   00-991, dec. Nº 65:

En este sentido, el procesalista Ricardo Henríquez La Roche, en su obra “Código de Procedimiento Civil”, Tomo III, pág. 151, señala que entre la demanda y la reconvención existe conexión, no respecto de la identidad entre las personas, pues se invierte la cualidad activa y pasiva con que actúa cada parte, pero sí respecto de “...las causas en orden a la cualidad; por lo que, siendo el juez competente para conocer de ambas por un mismo procedimiento, la economía procesal aconseja darle ingreso a la reconvención, aunque no haya identidad de sujetos (en el sentido del Art. 52), ni de título ni de objeto...”.

Otra característica que pone de manifiesto que la reconvención constituye una nueva pretensión deducida en un mismo proceso por razones de economía procesal, es que el desistimiento de la demanda no produce el fenecimiento de la reconvención, la cual subsiste por el carácter autónomo del interés que la sustenta. Por esa razón, la reconvención debe reunir los requisitos previstos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil.

Este criterio ha sido expresado por la Sala de forma reiterada, entre otras, en sentencia de fecha 30 de noviembre de 1988, en la cual dejó sentado que “...A la luz de la presente disposición es evidente que el Legislador estimó necesario que la reconvención precisara claramente el objeto y sus fundamentos, esto en virtud de que la reconvención es una acción autónoma que tiene hasta su propia cuantía. Asimismo, quiso el legislador que la acción de reconvención cumpliera con los requisitos del artículo 340, es decir, con los elementos esenciales de un libelo...”.

SCC 20-12-2001

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp.   01-038, dec. Nº 443:

Al resolver la recurrida las cuestiones previas señaladas en los ordinales 3° (la ilegitimidad de la persona que se presenta como apoderado o representante del actor por no estar otorgado el poder en forma suficiente para ser ejercido como lo ha sido); y 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, (el defecto de forma de la demanda por no haberse llenado en el libelo los requisitos señalados por los ordinales 4°, 5° y 7° del artículo 340...), no hizo pronunciamiento expreso sobre las costas de la incidencia, a pesar de haberlo solicitado la parte que las propuso.

Para resolver, la Sala observa:

No concede la Ley apelación sobre las cuestiones previas a que se refieren los ordinales 3° y 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo señala con meridiana claridad el artículo 357 ibidem. Al decidir la recurrida las citadas cuestiones previas, emitió un pronunciamiento sobre materia para la cual carecía de jurisdicción y competencia, por lo que dicha decisión sobre las cuestiones previas es jurídicamente inexistente, como ya lo ha sostenido la Sala en otras ocasiones en las que el Juez Superior ha emitido sentencia sobre materia que expresamente le está prohibida.

A juicio de la Sala, sería un verdadero contrasentido que no consagrando la novísima Ley de Arrendamientos Inmobiliarios recurso especial contra la decisión de las cuestiones previas, decidiera en consecuencia la alzada sobre un pretendido recurso que expresamente niega el procedimiento ordinario. No debe olvidarse que los procedimientos especiales se observarán con preferencia a los generales del mismo, en todo cuanto constituya la especialidad, sin que por eso dejen de observarse en lo demás, las disposiciones generales aplicables al caso. Por tanto, la alzada ha debido emitir un pronunciamiento en esta materia, para establecer previamente que dentro del contenido de la apelación quedaba excluida la parte de la decisión apelada sobre las cuestiones previas, las cuales habían sido opuestas conjuntamente con las de fondo en este procedimiento especial.

SCC 23-7-97

Ponente Dr, José Luis Bonnemaison W., en el juicio de Jozué Zambrano Colmenares contra Ganadera Comercial Yaracuy, C.A. Exp. 94-836.

Cuando el libelo de demanda es presentado al juzgado distribuidor por una persona que no es abogado, pero ostenta poder del demandante.

La Sala considera que ese acto de presentación de la demanda es un acto de mero trámite administrativo y, por lo tanto, puede ser realizado por cualquier persona autorizada o no por el actor.

Voto salvado.

Con apoyo en la disposición contenida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil que permite a este Alto Tribunal casar de oficio el fallo recurrido cuando encontrara infracciones de orden público y constitucionales, aun cuando no se les hubieren denunciado, en el presente procedimiento se observa lo siguiente: (...)

Ahora bien, consta en autos que el libelo de la demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales intentada por el ciudadano Jozué Zambrano Colmenares por intermedio de sus apoderados judiciales, abogados Miguel Jacir e Isaac Levy Altman, fue consignada con sus recaudos ante el Tribunal Distribuidor por el licenciado en Administración Comercial Pedro Báez Marco, quien también funge como representante legal del actor, según consta del poder consignado conjuntamente con el libelo, el cual es del tenor siguiente: (...)

Respecto al caso planteado es conveniente puntualizar lo siguiente:

Conforme al criterio sostenido por este Alto Tribunal desde el 1º de marzo de 1991 caso: Benny Villy Julius Mariager contra Industria Envasadora Nacional C.A., y de acuerdo con lo previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Civil derogado (artículo 187 del código vigente), las partes podrán hacer sus solicitudes por diligencia ante el secretario o por escrito que presentarán al juez o al secretario, lo que entraña la presentación personal de la parte que las formula o de su apoderado judicial, ello, en concepto de esta Corte, es cuando se trate de aquellos actos que estructuran el proceso y dan impulso al mismo, como son, entre otros, la presentación del libelo, la contestación de la demanda, la promoción de pruebas, los informes, las apelaciones. En principio, no puede concebirse un juicio sin esos actos y, por tanto, éstos deberán celebrarse por las partes ante el juez que conoce del asunto, pues lo contrario sería aceptar que se puede litigar a distancia. Mas no ocurre lo mismo con aquellas otras solicitudes o actuaciones de las partes que no contribuyen a la estructuración del juicio, esto es, que no guardan ninguna relación inmediata y directa con sus resultas. Si los documentos que la contienen han sido otorgados por la parte ante funcionario público competente, nada impide que sean traídas al juicio por otra persona que no sea la misma parte o su apoderado, siempre que lo haga con autorización dada al efecto.

En el caso de autos, el ciudadano Pedro Báez Marco, licenciado en Administración Comercial, actuando con el carácter ya expresado, consignó ante el Tribunal Distribuidor el libelo de la demanda a los efectos de que se asignara por medio de sorteo al juzgado que debía conocer del asunto. Sobre este aspecto es necesario dilucidar si tal actuación constituye o no, un acto de estructuración del proceso a los fines de determinar si debía ser realizada por la parte demandante, por su apoderado judicial o por persona diferente a ellos, autorizado o no por el actor.

La actividad de la distribución de causas que se le asigna a un juzgado en particular conforme a las resoluciones que dicte el Consejo de la Judicatura al efecto, tiene como finalidad la asignación equitativa de los procesos entre los tribunales de igual competencia y jerarquía. Como se aprecia, tal actuación constituye un trámite de índole administrativa sin injerencia en el procedimiento, en donde la actora, que es la parte interesada, se ve impedida de actuar debido a que desconoce el destino final de su petición y sólo tiene certeza de ello, cuando el libelo es admitido por el tribunal designado por efecto de la distribución. Entonces, calificando la presentación del libelo ante el Tribunal Distribuidor como un mero trámite administrativo, no regulado por ningún dispositivo procesal, se concluye que tal actividad puede ser realizada por cualquier persona autorizada o no por la accionante, debido a que ello no debe considerarse como una actividad procesal del presentante. En este sentido se evidencia en la recurrida la errada aplicación del artículo 166 del Código de Procedimiento Civil y del artículo 3' de la Ley de Abogados, debido a que consideró que la actuación ante el Tribunal Distribuidor debía ser realizada por abogados constituidos en apoderados de la actora y estas normas son aplicables a la gestión procesal que se desarrolla en las causas, y no al trámite previo de la distribución.

Aplicando lo expuesto al presente caso, encontramos que la presentación de la demanda ante el Tribunal Distribuidor por un ciudadano que no es profesional de derecho, diferente a la persona del actor, en ningún momento ha violado el derecho de defensa o al debido proceso de las partes, pues ellas han podido actuar en este juicio en ejercicio de sus facultades, haciendo uso de los medios previstos en la ley, de lo que se evidencia la indebida aplicación de los artículos 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil.

Otra circunstancia que pone de relieve la indebida aplicación de los artículos antes señalados, lo determina el hecho de que el juez ordena la reposición de oficio por la indebida consignación del libelo ante el Tribunal Distribuidor, por cuanto el presentante no era profesional del derecho, siendo que tal situación no constituye un vicio procesal y mucho menos afecta el orden público, y así se decide.

VOTO SALVADO

El Magistrado que suscribe, Dr. César Bustamante Pulido, disiente del criterio sustentado por la mayoría sentenciadora en el presente fallo y, por tanto, salva su voto, con base en las siguientes consideraciones:

Se afirma en la sentencia que:

"... calificando la presentación del libelo ante el Tribunal Distribuidor como un mero trámite administrativo, no regulado por ningún dispositivo procesal, se concluye que tal actividad puede ser realizada por cualquier persona autorizada o no por la accionante, debido a que ello no debe considerarse como una actividad procesal del presentante...... (Sic).

En contraposición a ello, me permito acotar lo siguiente:

Según Chiovenda, acto procesal es aquel que tiene "por circunstancia inmediata la constitución, la conservación, el desenvolvimiento, la modificación o la definición de una relación procesal". A su decir, los actos procesales pueden ser ejecutados bien sea por las partes o por el órgano jurisdiccional. En atención a la primera categoría expuesta, señala que el principal acto procesal de parte es el constitutivo de la relación procesal, que consiste en la demanda judicial.

En esta misma orientación, se ubica el procesalista Humberto Cuenca, para quien acto procesal es aquel que tiene por finalidad activar o impulsar la marcha del proceso, y distingue en él dos aspectos sustanciales: a) Uno de naturaleza subjetiva, que consiste en la manifestación de voluntad contenida en el acto de avanzar, de poner en marcha la relación jurídica; y, b) Otro de carácter objetivo, que radica en el avance, dada la anterior manifestación, de una etapa del proceso.

Al explicar qué debe entenderse por acto de impulso procesal, cita como ejemplo la carga del demandante de introducir el libelo de demanda, acto que califica como constitutivo de la relación procesal, por cuanto es el que le da vida o inicio a éste.

Adhiriéndome a esta posición doctrinaria, concluyo que el acto de presentación del libelo de demanda ante el Tribunal Distribuidor, constituye un acto procesal de parte, por cuanto lleva implícita la manifestación del accionante de dar inicio a una relación jurídica procesal (elemento subjetivo); dando lugar a la fase de admisión, en atención a lo cual deben remitirse 'inmediatamente los recaudos recibidos al tribunal competente para ello, poniéndose en marcha de manera indubitable el proceso (elemento objetivo).

Dada la anterior conclusión, y en aplicación de lo previsto en el artículo 4º de la Ley de Abogados, que prevé la necesaria asistencia o representación judicial de aquella persona que, sin ser abogado, debe estar en juicio como actor o demandado, la presentación del libelo de demanda ante el Tribunal Distribuidor, como acto procesal de parte, sólo puede ser ejecutado por ésta, asistida o representada por abogado, máxime cuando el funcionario que recibe el libelo de demanda, le otorga autenticidad al mismo, de lo que se deriva la certeza legal en cuanto a su autor, debiendo, en todo caso, comprobarse en su presencia dicha circunstancia. Fecha ut supra.

SCon 29-11-2002

Ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera Romero. Exp. Nº  02-388, dec. Nº 2989:

El artículo 81 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia –que rige las funciones del ahora Tribunal Supremo de Justicia, en lo que no contravenga la Constitución-, dispone que en las acciones o recursos propuestos ante esta máxima instancia judicial, se tramitarán con arreglo a los procedimientos previstos en los Códigos y Leyes, a menos que se señale en esta ley orgánica un procedimiento especial y asimismo, el artículo 88 eiusdem, señala como normas supletorias las contenidas en el Código de Procedimiento Civil.

Como quiera que, salvo casos excepcionales (entre los cuales no se encuentra la acción de interpretación), la comentada ley no contiene disposiciones relativas a la forma que deben guardarse para la interposición de acciones, recursos o solicitudes cuya competencia esté atribuida a este máximo juzgado, debe observarse lo dispuesto en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto resulte aplicable. Dicho artículo prevé:

El libelo de la demanda deberá expresar:

1° La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda.

2° El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene.

3° Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro.

4° El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores, o distintivos si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales.

5° La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones.

6° Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo.

7° Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de éstos y sus causas.

8° El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder.

 9° La sede o dirección del demandante a que se refiere el artículo 174.

Las anteriores exigencias en cuanto a la forma del escrito libelar, en modo alguno pueden ser consideradas formalismos inútiles proscritos por la Constitución (en sus artículos 26 y 257), sino más bien requisitos formales destinados –primordialmente- a ilustrar al órgano jurisdiccional sobre los hechos en los cuales se funda la demanda y los alcances de la pretensión (ver ordinales 4º al 7º del artículo trascrito). De allí que el cumplimiento de los mismos, en lo que sea aplicable con la naturaleza de la acción, resulte fundamental para la cabal comprensión por parte del juzgador de la petición formulada por un determinado accionante y, por lo tanto, la insatisfacción de los mismos traiga aparejada la inadmisión del escrito (no de la pretensión, por lo que podría ser nuevamente propuesto, llenando los requisitos antes comentados y siempre y cuando no haya caducado el ejercicio de la acción).

Ordinal 1º

SPA 20-2-2003

Ponencia del Magistrado Yolanda Jaimes Guerrero. Exp. Nº  99-16413, dec. Nº 246:

Con relación al alegato de incumplimiento en la determinación del tribunal ante el cual se propuso la demanda, esgrimido de conformidad con el ordinal 1º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, sobre la base de que el encabezado del escrito libelar de la demanda se encuentra dirigida a los Magistrados de esta Sala, y en el petitorio se solicitó que la causa fuera admitida y sustanciada ante la “...jurisdicción especial Bancaria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas...”, se observa una irregularidad en la indicación del tribunal al cual se dirigió la acción, toda vez que, efectivamente, del análisis del escrito libelar se desprende que la demandante designó a dos órganos jurisdiccionales como destinatarios de ésta.

Sin embargo, del examen del expediente se constata que el 5 de abril de 2000, los apoderados judiciales de la demandante corrigieron el defecto alegado, solicitando que la demanda interpuesta fuera admitida, sustanciada y decidida por este Máximo Tribunal; con ellos esta Sala considera satisfecho el requisito de indicación del órgano jurisdiccional ante el cual se propuso la acción y, en consecuencia, subsanado el referido defecto de forma. Así se declara.

Ordinal 2º

Pins CMTAB Ama 11-8-2010

Juez Ana Carolina Calderón. Exp. 6775, dec. Nº SN (Edmundo Alberto Jordan Azavache y otra vs Jianfeng Chen y otros):

Indica el abogado de la parte demandada, que el defecto de forma al que hace mención, es el del ordinal 2º del artículo 340 ejusdem, y dicho ordinal se refiere a: “El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tienen”

Al respecto, se tiene que en derecho, el defecto de forma de la demanda, como defensa previa contenida en el artículo 346 del C.P.C., ha sido clasificada por la doctrina como integrante del grupo de las cuestiones o defensas previas relativas a la formalidad de la demanda, que procede por dos motivos, como lo expresa el maestro Rangel Romberg en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano: i) por no haberse llenado en el libelo los requisitos que indica el Artículo 340, y ii) por haberse acumulado indebidamente la causa como indica el artículo 78; En cuanto a lo primero, se tiene que los requisitos indicados en el artículo 340 ejusdem, permiten la necesaria congruencia de la sentencia con la pretensión contenida en la demanda, ya que condicionan en cierto modo el cumplimiento de aquél deber del juez; En efecto, si en la demanda no se contienen las indicaciones que exige el artículo 340 C.P.C., no queda exactamente determinada la pretensión que es el objeto del proceso, ni los elementos de ésta, y mal podría el juez emitir un fallo congruente.

De esta manera, la válida instauración del proceso dependerá de la actuación del actor en su libelo, quien deberá cumplir las exigencias del artículo 340 del C.P.C. a saber, deberá:

1. Indicar el Tribunal ante el cual propone la demanda

2. Indicar nombre apellido y domicilio del demandante y demandado y carácter que tienen.

3. Indicar los datos de creación o datos de registro si las partes son personas jurídicas.

4. Señalar con claridad el objeto de la pretensión, indicando con precisión su situación y linderos, si fuere inmueble; Marcas, colores, distintivos, si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad si fuere mueble; los datos, títulos y explicaciones necesarios si son derechos u objetos incorporales.

5. Expresar la relación de los hechos y los fundamentos de derecho en los que basa su pretensión.

6. Acompañar con su libelo los documentos en los que fundamenta su pretensión, es decir, aquéllos de los que se derive inmediatamente el derecho deducido.

7. Indicar la suma pretendida por concepto de indemnización de daños y perjuicios y sus causas, si ello fuere el caso.

8. Indicar quien es el mandatario y consignar el respectivo poder.

Indicar al tribunal la sede procesal.

9. La sede o dirección del demandante a que se refiere el artículo 174.

De modo, que en el caso de autos, la defensa previa opuesta denuncia el incumplimiento de la exigencia contenida en el señalado numeral de la norma mencionada, pues a su decir, el demandante incurrió en un defecto de forma en su demanda, por cuanto omitió señalar el domicilio correcto de cada uno de los codemandados, aunado al hecho de haberse señalado en el libelo a la ciudadana ELSA MELANIA FUENTES persona de la cual afirma el demandado que “nada tiene que ver” y que por tanto, “debe se excluida del libelo”

Ahora bien, respecto al ordinal 2º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil denunciado como infringido esta Juzgadora realizó un detenido análisis del contenido del libelo de demanda en el que se puede apreciar que el demandante cuando hizo la relación de los hechos no identificó de conformidad con el señalado artículo 340, los datos respectivos. Posteriormente, cuando señaló en el petitorio de su libelo, repite el señalamiento de ciertas personas, advirtiéndose que tampoco los identifica de conformidad con el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil que indica la carga para el demandante de señalar “nombre, apellidos y domicilio del demandante y demandado y e el carácter que tienen”. En consecuencia, visto que de la lectura del libelo se advierte la incertidumbre en relación al demandado ocasionado por la omisión de su señalamiento, es menester declarar Con Lugar el defecto de forma denunciado en la cuestión previa opuesta, debiendo el actor proceder como se le indicará, de acuerdo a la ley, a su subsanación. Así se decide.

Pins 3º CMTA Fal 13-1-2010

Juez Eduardo Yuguri Primera. Exp. 10009, dec. Nº SN (Ramón Antonio Perozo Gómez vs MARIAMERCEDES LOPEZ LOYO):

En lo que respecta al defecto de forma denunciado, a tenor del cardinal 6 del Código Adjetivo Civil, entrelazado con el cardinal 2 del articulo 340 eiusdem, “El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene”. Ciertamente la confección de los requisitos de forma enmarcados en la disposición del articulo 340 del Código de Procedimiento Civil, tienen como misión fundamental la debida estructuración del escrito libelar de tal manera, que el Juez pueda admitir la demanda presentada ante la Administración de Justicia, sin que se ocasione un posterior menoscabo al derecho a la defensa de los sujetos en contra de quien esté dirigida la demanda. Bajo esta intención fue edificada por el legislador adjetivo de 1987, la disposición que se comenta, sin embargo, con la entrada en vigencia de la Constitución de 1.999, nuevos textos legales como la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes así como el proyecto de la nueva Ley de Arrendamientos., fijan la posibilidad en caso de así ser considerado por el Operador de Justicia, de aplicar un “despacho saneador”, que viene a permitir antes de la admisión de la demanda supuestos de ( la Ley de Tierras y de Ley Orgánica de Protección de Niños Niñas y Adolescentes) y/ o, con posterioridad al auto de admisión de la demanda y antes de la citación del accionado, caso que comprende (el proyecto de Ley Inquilinaria y una segundo oportunidad preestablecida en la Ley de Protección), con la finalidad de garantizar el “Acceso Formal a la Justicia”, previsto en el articulo 26 Constitucional el director del proceso, ordene ciertas correcciones de forma en el escrito de demanda al actor con el objeto de garantizar una eficaz, accesible, equitativa, expedita, y transparente., acceso a los órganos de administración de justicia, bajo la premisa de la utilización del derecho como un instrumento para la obtención del valor justicia. Sin que esto pueda llegar a entenderse como el otorgamiento de prerrogativa ha alguna de las partes en especifico al demandante durante el desarrollo del Proceso. Sin embargo, en el caso de las formalidades previstas en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, resulta un trabajo más complejo la desarticulación de algunas de estas formas, como por ejemplo. Se podría afirmar que no existe la menor posibilidad de que por medio de un despacho correctivo o saneador, el Juez supla la omisión del actor de señalar los daños y perjuicios a ser indemnizados por el demandado y su debida especificación, contemplados en el cardinal 7 del artículo 340 eiusdem. Indudablemente que se estaría incurriendo por parte del director del proceso, en una causal de incompetencia subjetiva de las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, como a saber, la del ordinal 15. Ahora bien, volvamos a la oposición formulada por el demandado, y resaltemos que resulta indispensable la necesidad de que todo escrito libelar contenga la identificación del demandado con la indicación del domicilio ambos requisitos lo son de carácter concurrente para garantizar la identidad del accionado al instaurarse la demanda, de manera que su omisión, o falta de señalamiento de tan esencial especificación traería consigo una grave lesión a los intereses del demandado que vera afectado el ejercicio del derecho a la defensa de rango constitucional, y cuya solución de conformidad con el Titulo I, Capitulo III del Código Adjetivo, debería ser sanado, a través, de incidencia de cuestiones previas. No obstante, en el presente caso una vez que el demandante suministro en el expediente tal como se puede apreciar en escrito de fecha 15/07/009, vale decir, antes de procederse a admitir la demanda cuya admisión se consumo el día 27/07/009, el nombre, apellidos, domicilio y carácter del representante legal del demandado, siendo tomados en cuenta tales datos por el Tribunal al momento de elaborar las compulsas de citación personal., podemos afirmar que fue garantizado en forma igualitaria el derecho a la defensa del accionado para que en igualdad de condiciones presente sus defensas, realice alegatos, promueva medios probatorios y pueda ser notificado o citado de cualquier eventualidad procesal implícita en el juicio que por nulidad se le sigue. En consecuencia, bajo la argumentación expuesta por la representación judicial de la parte demandada, forzosamente debe concluir este Sentenciador que resulta improcedente la oposición de la cuestión con base en el cardinal 2 del articulo 340 eiusdem, en concordancia con el cardinal 6 del articulo 346 del Código Adjetivo Civil, téngase como improcedente la cuestión previa. ASI SE DETERMINA.

Ordinal 3º

Pins 2º CMTA Tru 25-1-2010

Juez Paula Teresa Centeno. Exp. 27967, dec. Nº SN (Eugenio Mora Herrera vs Domicar Valera, C.A.):

La parte demandada afirma que la parte actora en el libelo de demanda, se limita a indicar la razón social como Domicar Valera C.A., y no indica los datos relativos a su creación o registro; y a su vez lo establecido en el Ordinal 7° del Artículo 340 ejusdem, el actor tampoco indica en el libelo de demanda la descripción de los daños y perjuicios demandados y de que manera deben ser indemnizados.

En este orden de ideas, las Cuestiones Previas en nuestro Derecho procesal están dirigidas a controlar el acto constitutivo de la relación jurídica procesal, esto es, la demanda, lo que pretende es una mejor formación del contradictorio, vale decir, sanean el proceso de impurezas en la búsqueda del mayor esclarecimiento de los derechos que conforman la litis, en tal razón este Tribunal advierte que se debe cumplir con lo establecido en el Artículo 350 de la Ley Adjetiva Civil que establece: Alegadas las cuestiones previas a que se refieren los ordinales 2°, 3°, 4°, 5° y 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, la parte podrá subsanar el defecto u omisión invocados dentro del plazo de cinco días siguientes al vencimiento del lapso de emplazamiento, en la forma siguiente: ... OMISSIS..., El del ordinal 6°, mediante la corrección de los defectos señalados al libelo, OMISSIS...

Analizadas todas las actuaciones de las partes en el asunto sometido al conocimiento de este tribunal, constata esta sentenciadora que una vez opuesta la cuestión previa citada, la parte actora no hizo manifestación alguna con respecto a ella, lo que quiere decir que no subsanó voluntariamente los defectos de forma del libelo de demanda opuestos por la parte citada, aunado a esto en la articulación probatoria establecida en el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, la parte actora no promovió prueba alguna para desvirtuar lo alegado por su contendiente. Siendo lo procedente en derecho suspender el presente proceso hasta tanto el demandante subsane dichos defectos u omisiones, en el término de cinco (05) días de despacho contados, a partir del día siguiente en que conste en autos la notificación de las partes, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 354 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.-

Ordinal 4º

SCC 12-11-2002

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  01-245, dec. Nº 417:

La formalizante alega la violación del artículo 340 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, sin una adecuada fundamentación. Sin embargo, la Sala, extremando sus deberes, observa que se acusa tal infracción del ordinal 4º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, porque la parte actora no identificó con precisión el objeto de la pretensión.

El artículo 346 ordinal 6º del Código de Procedimiento Civil, establece que el demandado en el lapso fijado para la contestación de la demanda, en vez de contestarla puede oponer la cuestión previa de defecto de forma del libelo, por no cumplir los requisitos que indica el artículo 340 eiusdem.

En este caso, si el demandado consideraba que faltaba algún requisito de los establecidos en el artículo 340 eiusdem, ha debido oponer la cuestión previa en el lapso procesal que concede la ley.Por otro lado, la pretensión es el fin concreto que el demandante persigue a través de las declaraciones de voluntad expresadas en la demanda, para que las mismas sean reconocidas en la sentencia. Por tanto, la pretensión es lo que se pide en la demanda, que en los procesos contenciosos se identifica con el objeto del litigio; en otras palabras, ésta comprende tanto la cosa o el bien jurídico protegido, como el derecho que se reclama o persigue.

En este caso en particular, el objeto de la pretensión es el cumplimiento del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, el cual tiene por objeto un inmueble. Al estar determinado el objeto de la pretensión que como se dijo, es el cumplimiento del contrato de arrendamiento, no es necesario identificar el inmueble objeto del contrato de arrendamiento.

Por estas razones, se desestima la denuncia de infracción del ordinal 4º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

Ordinal 5º

Pins Cabimas CMT Zul 10-3-2010

Juez Maria Cristina Morales. Exp. 35693, dec. Nº 106 (Arlene Khaterine León Romero vs Nancy Josefina Gómez Borjas):

5º La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones…”

Ahora bien, con respecto al ordinal 5º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, esta Juzgadora realizó un detenido análisis del contenido del libelo de demanda, y se evidencia que el demandante realiza una expresa relación de los hechos. Asimismo, las jurisprudencias emanadas de nuestro Máximo Tribunal han considerado, que no es necesario que indique en forma minuciosa cada uno de los fundamentos de derecho, ya que el Juez no está atado a las calificaciones jurídicas que hagan las partes, ni a las omisiones de las mismas, dado que él aplica o desaplica el derecho, por lo que, la obligación contenida en el referido ordinal 5º, no puede estar referida a una detallada y enjundiosa relación de los hechos y el derecho aplicable, sino a la narración de las situaciones fácticas que constituyen el fundamento de la pretensión y los elementos jurídicos de trascendencia que se requieren para explicar suficientemente la acción, de modo que el demandado conozca del actor la pretensión en todos sus aspectos, pero ello no significa que forzosamente se tenga que pormenorizar al detalle cada hecho y cada elemento de derecho, ya que es suficiente con que se haga una descripción más o menos concreta de éstos para una adecuada defensa; por lo tanto es precisa la pretensión de la parte actora. En observancia a los hechos expuestos, a esta Juzgadora le es procedente declarar Sin lugar la cuestión previa alegada, referente a la contenida en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil; y a tales efectos la parte demandada, deberá proceder conforme lo dispone el ordinal 2do del artículo 358 del Código Adjetivo Civil, salvo la conducta desplegada con ocasión a la declaratoria de las siguientes cuestiones previas. Así se decide.-

Ordinal 6º

SCC 25-2-2004

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 01429, dec.81:

Al respecto, el artículo 340 ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil, establece:

“El libelo de la demanda deberá expresar:

(...)

6° Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo”.

Para Jesús Eduardo Cabrera (El instrumento fundamental. Caracas, Revista de Derecho Probatorio 2, Editorial Jurídica ALVA, S.R.L., 1993, p. 19-29), los documentos fundamentales son aquellos en que se funda la pretensión y ésta debe contener la invocación del derecho deducido, junto con la relación de los hechos que conforman el supuesto de la norma aludida por el demandante.

Considera el mencionado autor que la frase del ordinal 6° “aquellos de los cuales se derive el derecho deducido” debe interpretarse, en el sentido de que se trata de los instrumentos que prueban inmediatamente la existencia de los hechos que se han afirmado como supuesto de la norma cuya aplicación se pide.

La Sala, al acoger el criterio doctrinario que antecede, considera que para determinar si un documento encaja dentro del supuesto del ordinal 6° artículo 340 citado, debe examinarse si está vinculado o conectado con la relación de los hechos narrados en el escrito de la demanda, y en consecuencia, debe producirse junto con el libelo.

En otras palabras, son documentos fundamentales de la pretensión aquellos de los cuales emana el derecho que se invoca y cuya presentación no ofrezca dificultad para que el demandado conozca los hechos en que el actor funda su pretensión y la prueba de la que intenta valerse. Así, el que pretenda reivindicar un inmueble deberá acompañar el título de propiedad donde conste el dominio; quien exija el cumplimiento de un contrato deberá presentar el instrumento del que resulte su celebración.

SCC 25-2-2004

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp.   01-464, dec. Nº 88:

Por otra parte, el ordinal 6º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, dispone que son instrumentos fundamentales de la pretensión aquellos de los que se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deben ser consignados con el libelo, lo que es reiterado en el artículo 434 eiusdem, el cual es aún más preciso, pues indica que no se admitirán después, salvo que en el libelo se haya indicado la oficina o lugar donde se encuentren, o sean de fecha posterior, o bien de fecha anterior, siempre que no hubiere tenido conocimiento de ellos.

Consta de la sentencia recurrida que el contrato de seguro fue celebrado bajo la vigencia del artículo 549 del Código de Comercio, el cual dispone:

“El seguro se perfecciona y prueba por un documento público o privado que se llama póliza...”.

La Sala estima que en estos casos la póliza es el instrumento fundamental de la pretensión de cumplimiento de un contrato de seguro, pues de dicho documento deriva inmediatamente la pretensión deducida, y por esa razón, debe ser consignada con la demanda en original, de conformidad con los artículos 429, 340 ordinal 6º y 434 del Código Civil, y de ser incorporado con posterioridad en el proceso, no podría tener eficacia probatoria.

No obstante, consta del escrito de contestación de la demanda que la aseguradora aceptó como cierto el hecho de que emitió la póliza Nº 1-632003895, lo que constituye la admisión de la existencia de este documento y sus anexos, en los que la parte actora sustentó su pretensión, cuyo contenido es claramente detallado en el libelo, hechos estos que además fueron establecidos de forma expresa en el fallo de alzada, lo cual permite concluir que las pruebas examinadas por el juez superior, cuya ineficacia jurídica es invocada por el formalizante, se refieren a hechos no controvertidos, los cuales no forman parte del debate probatorio y, por consiguiente, su apreciación en la sentencia recurrida para determinar hechos que fueron admitidos en el proceso, no podría en modo alguno influir de forma determinante en la suerte del mismo.

Las defensas de la demandada consistieron en su desacuerdo con los daños sufridos por causa del incendio y su estimación en dinero, y las excepciones alegadas estuvieron relacionadas con eximentes de responsabilidad por incumplimiento de las cláusulas del contrato de seguros, pero no existió controversia respecto de la existencia de la relación contractual.

La Sala se permite indicar que el desconocimiento y cotejo operan respecto del documento privado simple consignado en original, y no su copia fotostática, pues estos mecanismos procesales persiguen determinar la certeza legal de su autoría y la copia de éste es capaz de reproducir con exactitud los símbolos y signos que permitan establecer la autenticidad del documento original.

El mecanismo de control y contradicción de las fotocopias es diferente, pues la parte interesada puede impugnarlas y solicitar su confrontación con el original, siempre que se trate de documentos públicos o privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, como fue explicado con anterioridad.

Por ese motivo, la Sala declara improcedente la denuncia de infracción de los artículos 429, 340 ordinal 6º, 434 y 445 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

SCC 1-12-2003

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  01-864, dec. Nº 720:

Ahora bien, los artículos 340 y 341 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por disposición del citado artículo 223, respectivamente señalan:

“El libelo de la demanda deberá expresar:

(...)

6° Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquellos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo”.

“Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente, en ambos efectos.”

[…]

En este juicio el título ejecutivo es fundamental, pues de éste se desprende el crédito a favor del Fisco Nacional, el cual debe acompañarse con la demanda y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 198 del Código Orgánico Tributario. Mediante ese título, el Fisco Nacional puede conseguir el embargo de bienes del deudor, y el tribunal debe acordar la intimación de éste para que pague o compruebe haber pagado, apercibido de ejecución.

Por ello, la actividad del Juez en cuanto a la revisión y constatación de los presupuestos procesales para admitir la demanda es determinante, pues si encontrare, luego de un examen cuidadoso del documento que soporta la pretensión, que éste no cumple con los requisitos exigidos en la ley, entonces no le es posible admitirla ni dictar la orden de intimación de pago bajo apercibimiento de ejecución.

El título ejecutivo es un documento auténtico que demuestra la totalidad integral de la obligación y es una prueba que debe haber sido obtenida antes del proceso. (Duque Sánchez, José Román: Procedimiento Especiales Contenciosos. Caracas, Editorial Sucre, 1981, p. 145).

Del examen de los autos se observa que la Resolución N° SAT-GRIT-RC-DSA-CISLR-IAE-97-000089, únicamente identificó como deudora a la contribuyente Incocica Construcciones C.A., y no a los codemandados Jacobo Cohen y Fernando Cimini Verratti y, a pesar de ello, la recurrida estableció su responsabilidad solidaria respecto del pago de los tributos demandados, como se evidencia de la siguiente transcripción de su parte pertinente:

“Los documentos acompañados, concretamente la resolución SAT/GRTI/RC/DSA/CISRL-IAE/97/-I000089,432933,390336, llenan los requisitos exigidos por los citados artículos, y ello lo constituyen en un título ejecutivo, y así se declara

Se observa que procede la responsabilidad solidaria de los representantes de las personas jurídicas, cuando se hubiere actuado ‘con dolo o culpa grave’, parágrafo único del artículo 26 de la Ley Orgánica Tributaria

(...)

Del resuelto SAT-GRIT-RC-DSA-CISLR-IAE-97-000089 de fecha 15 de abril de 1997, acto administrativo de efectos particulares que quedó definitivamente firme, por no haber el contribuyente la firma “INCOCICA CONSTRUCCIONES C.A.”, ejercido los recursos pertinentes contra el que le da la Ley Orgánica Tributaria, determina en su texto que el contribuyente cometió infracciones tributarias, siendo reincidente, al dejar de retener porcentajes pertinentes al efectuar pagos por concepto de honorarios, subcontratistas y alquiler de maquinaria, y en las oportunidades en que se efectuó retenciones, no enteró las sumas retenidas en una oficina Receptora de Fondos Nacionales, e igualmente determinó la fiscalización que se efectuará a la demandada, que ésta no llevaba la contabilidad de acuerdo a lo fijado por los artículos 32 y 33 del Código de Comercio y 81 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta, vigente para la fecha del ejercicio investigado, esos hechos de acción u omisión, fueron perjudiciales para el Fisco Nacional producto de la inobservancia y aplicación de normas vigentes y de aplicación obligatoria por parte de los representantes de la empresa demandada, de aquí, que en opinión de quien suscribe este fallo, los representantes legales de la demandada, los ciudadanos JACOBO COHEN Presidente ..., y FERNANDO CIMINI VERRATTI Vicepresidente ..., quienes tienen a su cargo el manejo de los asuntos sociales, con las más amplias facultades de disposición y administración, que podrán ejercerlas conjunta o separadamente, según las cláusulas estatutarias de la empresa, números Décimo Tercera, Décima Cuarta y Vigésima, codemandadas, son responsables solidariamente por los tributos derivados de los bienes que administran y disponen como representantes de la persona jurídica demandada; “INCOCICA CONSTRUCCIONES C.A.”, y que como Crédito Fiscal ha sido demandado en este proceso, y así se declara”.

Considera la Sala, que ha debido el Juez de alzada examinar cuidadosamente el título ejecutivo que soportó la pretensión -la Resolución N° SAT-GRIT-RC-DSA-CISLR-IAE-97-000089- y determinar que de este sólo se deriva el derecho de exigir el pago de tales tributos a la empresa Incocica Construcciones C.A., y no solidariamente a los co-demandados Jacobo Cohen y Fernando Cimini Verratti, pues la solidaridad no puede presumirse conforme al artículo 1.223 del Código Civil, el cual expresa que debe haber pacto expreso o disposición de la ley.

En tal supuesto, la discusión y determinación de la responsabilidad solidaria de los sujetos a que se refiere el artículo 26 derogado (hoy 28 del vigente Código Orgánico Tributario, publicado en Gaceta Oficial 37.305, de fecha 17 de octubre de 2001), debe ventilarse mediante un procedimiento ordinario y no ejecutivo, que permita a las partes defenderse adecuadamente y al juez establecer si existe la responsabilidad solidaria mediante la instrucción probatoria, de conformidad con las reglas de derecho pertinentes.

En cambio, el juicio ejecutivo se caracteriza, como ya se expresó, por la existencia de un título ejecutivo líquido y exigible que haga posible la intimación bajo apercibimiento de ejecución del deudor y el embargo de sus bienes, luego de lo cual podrá el demandado hacer oposición a la intimación con el fin de discutir el derecho que en su contra se deduce por alguno de los motivos señalados en el artículo 204 del Código Orgánico Tributario, los cuales son: a) El pago del crédito fiscal que se le haya intimado, a cuyo efecto consignará con su escrito de oposición el documento que lo compruebe; b) La pendencia de un recurso administrativo o contencioso cuando aquél se relacione con la procedencia o monto del crédito fiscal cuya ejecución se solicita; y c) La extinción del crédito fiscal demandado, conforme a los modos de extinción previstos en dicho Código.

Por estas razones, estima la Sala que dada la naturaleza del procedimiento ejecutivo incoado, los ciudadanos Jacobo Cohen y Fernando Cimini Verratti no podían ser intimados al pago de tributos y multas adeudados en virtud de una pretendida responsabilidad solidaria, causando menoscabo del derecho de defensa, razones suficientes para que en atención a la pacífica jurisprudencia de la Sala, conforme a la cual son de orden público las normas con las cuales el legislador ha revestido la tramitación de los juicios (Véase entre otras, Sentencia del 23 de noviembre de 2001; caso: Victor Manuel Lozada Morales c/ C.N.A. de Seguros La Previsora), case de oficio la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, con base en la infracción de los artículos 15 y 7 del Código de Procedimiento Civil, y 26 del derogado Código Orgánico Tributario, que corresponde al 28 del vigente Código. Así se establece.

Ordinal 7º

SCC 25-5-2000

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº  98-750, dec. Nº 158:

En el presente caso, la recurrida sostiene que el recurrente no indicó "...en que modo se ha visto afectada su fuero interno, para que se pueda decir que ha sido perjudicada su moral;..."; es decir, que lejos de incurrir en inmotivación, dejó expreso su fundamento en el sentido de que por causa imputable al demandante no existía para el sentenciador deber alguno de análisis probatorio y con ello adecuó su conducta a la doctrina antes transcrita.

Sostiene también el formalizante que sus alegatos a favor del derecho a la indemnización al daño moral constan en el libelo y que allí se refirió a una sentencia de la casación de fecha 5 de mayo de 1988, donde se estableció que el abuso de derecho por una empresa aseguradora en la interpretación de un contrato, constituye un hecho ilícito que genera daño moral y con base en tal doctrina procedió a demandar el daño moral.

En este sentido, se reitera que la recurrida sostuvo que no se indicó cuál fue el daño y, en esas condiciones no podía ser objeto de prueba, lo cual comparte esta Sala. Desde luego que, según el artículo 340, ordinal 7º del Código de Procedimiento Civil, en el libelo de la demanda, si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, se deberá expresar la especificación de estos y sus causas y ello, al decir de la recurrida, no fue observado por la parte actora. Por tal motivo se considera que la alzada no incurrió en el vicio que se le imputa y, el hecho de que los motivos expuestos sean errados o no, es materia de otro tipo de recurso, lo cual escapa al ámbito de esta decisión.

Sigue diciendo la recurrente que en otras partes de la sentencia sí se refirió la recurrida a los elementos probatorios que señala, como en lo relativo al pago de la prima pero que la silenciaba en lo relativo al daño moral.

Considera la Sala que con esa conducta lo que hizo la recurrida fue guardar fidelidad a su criterio de que sólo se puede considerar el material probatorio relativo a las alegaciones y si el pago o no de la prima fue debatido, el análisis de las pruebas debía cumplirse sin que por ella esas pruebas debieran verificarse con respecto a puntos que quedaron fuera del debate. Así se decide.

SPA 10-8-00

Ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa. Exp. Nº  14637, dec. Nº 1842:

2) En cuanto a la oposición de la cuestión previa contenida en el ordinal 6° del artículo 346, referida al defecto de forma en la demanda por no haberse especificado los daños y perjuicios reclamados, estima la sala que efectivamente el ordinal 7° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, ordena que en el libelo de la demanda, cuando es reclamada la indemnización de daños y perjuicios, la parte actora debe indicar la especificación de éstos y sus causas; sin embargo, se advierte que la norma referida nada indica con relación a la existencia de alguna formalidad especial a tales fines.

 De tal manera que para la sala la obligación contenida en el ordinal 7° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, no está referida a una necesaria e indispensable cuantificación de los daños y perjuicios que puedan reclamarse, sino que debe entenderse, y así lo ha hecho esta misma Sala en sentencias anteriores (al efecto ver sentencia 1391 de fecha 15 de junio del 2000), como una narración de las situaciones fácticas que constituyen el fundamento para el resarcimiento. En tal sentido, la especificación de los daños y sus causas exige las explicaciones indispensables para que el demandado conozca la pretensión resarcitoria del actor en todos sus aspectos.

 Así, la especificación de los daños y sus causas no están referidos a la cuantificación de los daños, toda vez que conforme al artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, la estimación puede realizarse a través de una experticia complementaria del fallo, en caso que los daños no pudieran ser estimados por el juez.

Ordinal 8º

SCC 30-11-2000

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp.   00-185, dec. Nº 391:

La representación judicial de la parte demandada, señala en el escrito de formalización que en esta oportunidad impugna por primera vez el documento poder traído al proceso por la actora conjuntamente con el libelo de demanda. La Sala puede corroborar, que la demandada compareció en fecha 20 de febrero de 1997 y se dio por citada. Seguidamente, consignó una diligencia de esa misma fecha, señalando que las partes acordaron suspender el proceso, pero en ningún momento, la demandada impugnó el documento poder presentado por la actora. Posteriormente, según la recurrida y el propio formalizante, el lapso para contestar la demanda transcurrió sin que la accionada consignara escrito alguno ni interviniera en la fase probatoria, estableciéndose la confesión ficta en las sentencias de primera y segunda instancia.

Respecto al documento poder que se acompaña al libelo de demanda, debe ser impugnado por el adversario a través de la vía de la cuestión previa del ordinal 3º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, norma que señala lo siguiente:

Art. 346: “Dentro del lapso fijado para la contestación de la demanda, podrá el demandado en vez de contestarla promover las siguientes cuestiones previas: (Omissis)

3º) La ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del actor, por no tener capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio, o por no tener la representación que se atribuya, o porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente”.

Como puede observarse de la norma transcrita, es necesario que la parte demandada, interesada en impugnar el documento poder acompañado por la actora en la oportunidad de su libelo, lo haga por vía de la cuestión previa contenida en el ordinal 3º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. En el caso bajo estudio, no se planteó en la primera instancia, el cuestionamiento o impugnación del documento poder por vía de la cuestión previa mencionada, lo cual genera la extemporaneidad del referido alegato e implica una aceptación tácita del contenido del mismo. Incluso, el documento poder otorgado ante un Notario, podía presentarse en copia fotostática de acuerdo al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Por otra parte, la demandada le reconoció validez al poder desde el momento en que suscribió con la actora en primera instancia, el acuerdo de suspender el proceso, desde luego que no puede explicarse el hecho de que el poder impugnado pueda surtir efectos válidos para un acuerdo de esa naturaleza y no tenerlos para otros fines.

Artículo 341

Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente, en ambos efectos.

SCS 7-03-2002.

Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz. Exp. Nº 02022, dec.157:

Inadmisión de la demanda tiene casación de inmediato

Ahora bien, es necesario hacer mención al artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, en materia de la admisión de la demanda:

“Artículo 341: Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente, en ambos efectos”.

De la interpretación de la norma en cuestión, se desprende que si la demanda es admitida, cualquier recurso que se intentare deberá regirse por el principio de la concentración procesal, según el cual el gravamen jurídico que causare dicha decisión, sólo podrá ser reparado o no en la sentencia definitiva que sobre el mérito de la controversia deberá dictarse. Pero por el contrario, si la demanda no es admitida, como es el caso en cuestión, el gravamen será definitivo, y el recurso deberá oírse libremente, tal como lo prescribe el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, lo cual hace igualmente admisible de inmediato el recurso extraordinario de casación.

SCC 13-07-2000

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº 00-111, dec. Nº 134:

Auto que admite la demanda en juicio ordinario no es apelable

En el presente caso, esta Sala observa que la decisión recurrida declaró sin lugar la apelación ejercida contra el auto de admisión de la demanda dictado en fecha 14 de enero de 2000 por el juez a-quo, estableciendo que no debió ser oído el recurso de apelación, confirmando el referido auto de admisión.

El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil dispone:

“…Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley.

En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de su negativa.

Del auto del Tribunal que niega la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente en ambos efectos”. (Negritas de la Sala).

De la interpretación de la norma se desprende que el auto de admisión de la demanda no es revisable mediante apelación, ya que dicho recurso sólo se concede en caso de negativa de admisión de la demanda.

De otra parte, existe consenso tanto doctrinal como jurisprudencial, en que contra el auto que admite en cuanto ha lugar en derecho una determinada pretensión, por aplicación concordada de lo dispuesto en los artículos 289 y 341, ambos del Código de Procedimiento Civil, no es directamente ejercitable recurso procesal alguno.

En consecuencia, si contra dicho auto de admisión no se concede recurso de apelación, tampoco es revisable en casación la decisión dictada en alzada.

Al respecto, considera la Sala que la apelación interpuesta por la parte actora no debió ser oída por el tribunal de la causa, ni resuelta por el juez que conoció en alzada, por oponerse a ello el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil. En casos como el presente, la Sala ha considerado procesalmente inexistente la decisión proferida, dado que fue dictada por virtud de un recurso no consagrado en el ordenamiento jurídico para providencias de esa naturaleza.

SCC 11-10-2000

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 99-191, dec. Nº 333:

El juez sólo puede inadmitir la demanda por las causas del 341 CPC

Dentro de la normativa transcrita, priva, sin duda alguna, la regla general, de que los Tribunales cuya jurisdicción, en grado de su competencia material y cuantía, sea utilizada por los ciudadanos a objeto de hacer valer judicialmente sus derechos, deben admitir la demanda, siempre que no sea contraria a las buenas costumbres o a la ley, éllo puede interpretarse de la disposición legislativa cuando expresa “…el Tribunal la admitirá…”; bajo estas premisas legales no le está dado al juez determinar causal o motivación distinta al orden establecido para negar la admisión in limine de la demanda, quedando legalmente autorizado para éllo, siempre y cuando, dicha declaratoria se funde en que la pretensión sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley. Fuera de estos supuestos, en principio, el juez no puede negarse a admitir la demanda.

SCC 15-11-2001

Ponencia del Magistrado Héctor Peñaranda Valbuena. Exp. Nº 99-003, dec. Nº 4:

Síntesis de jurisprudencia y doctrina sobre admisión de la demanda

En relación a la materia de admisión de las demandas esta Sala, en sentencia 333 de fecha 11 de octubre de 2000, Exp. 99-191, en el juicio de Helímenas Segundo Prieto Prieto y otra contra Jorge Kowalchuk Piwowar y otra, bajo la ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, estableció:

“...de la normativa transcrita, priva, sin duda alguna, la regla general, de que los Tribunales cuya jurisdicción, en grado de su competencia material y cuantía, sea utilizada por los ciudadanos a objeto de hacer valer judicialmente sus derechos, deben admitir la demanda, siempre que no sea contraria a las buenas costumbres o a la ley, éllo puede interpretarse de la disposición legislativa cuando expresa “…el Tribunal la admitirá…”; bajo estas premisas legales no le está dado al juez determinar causal o motivación distinta al orden establecido para negar la admisión in limine de la demanda, quedando legalmente autorizado para éllo, siempre y cuando, dicha declaratoria se funde en que la pretensión sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley. Fuera de estos supuestos, en principio, el juez no puede negarse a admitir la demanda.

(....Omissis....)

Ante la diatriba surgida, entre la regla general de admisión de la demanda y los presupuestos legales del caso en particular, centrados en la determinación legislativa subrayada anteriormente por la Sala, se hace necesario entrar a determinar someramente, la materia acerca de la admisibilidad o no de una demanda y la procedencia o no de ésta.

En este sentido, la doctrina autoral patria ha considerado:

‘…Con respecto a esta facultad que el nuevo Código atribuye a los jueces, estimo conveniente observar, entre otros comentarios, que dicha facultad no es otra cosa que una aplicación, en materia de introducción de la causa, del principio del impulso procesal de oficio al que se refiere el artículo 11 del Código que comento, que inviste al juez del papel de director del proceso. Además, estimo que la apreciación que ahora deben hacer los jueces para determinar si una demanda es o no admisible, para ellos (sic) implica la carga de examinar los presupuestos fundamentales que debe llenar toda demanda como inicio del proceso. En efecto, a mi entender, los jueces pueden, in limine litis, negarse a admitir las demandas que se funden en la derogación de normas declaradas de orden público o porque la Ley prohibida la acción como el caso de las deudas de juego (artículo 1801 (sic) del Código Civil), porque su violación, la Ley la declara nula y sin ningún valor por atentar contra el orden público.

(…Omissis…)

En cuanto a los presupuestos procesales de la demanda, el procesalista Hernando Devis Echandia, en su obra “Compendio de Derecho Procesal”, Tomo I, Teoría General del Proceso, año 1995, ha considerado, que además de los presupuestos de la acción, los de la demanda se definen como requisitos necesarios para iniciar el proceso o relación jurídica procesal, los cuales debe examinar el juez antes de admitir la demanda, denuncia o querella. En este sentido, los recoge en número de cinco que ha saber son: 1) Que la demanda, denuncia o querella sea formulada ante el juez de la Jurisdicción a que corresponde el asunto; 2) La capacidad y la debida representación del demandado, o “legitimatio ad processum”; 3) La debida demanda que incluye los requisitos de forma y la presentación de los documentos que la ley exija; 4) En lo contencioso-administrativo, además el haber pagado el valor de la multa o impuesto y haber agotado la vía administrativa; 5) La caución para las medidas cautelares previa.

Señala, el citado autor:

‘…Los presupuestos procesales en general tienen características de ser revisables y exigibles de oficio por el juez, en razón de estar vinculados a la validez del proceso. Esto no se aplica a los casos de litis pendencia, cosa juzgada, transacción, prescripción y desistimiento de proceso anterior, que no son verdaderos presupuestos procesales, sino presupuestos materiales de la sentencia de fondo, y que el juez no puede declararlos ni examinarlos de oficio para la no admisión de la demanda, aun cuando aparezcan en el expediente, sino como excepciones previas si le son propuestas o en la sentencia como excepciones de mérito….’ (Devis Echandia, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, Teoría General del Proceso, décima edición, Editorial A.B.C., Bogotá, 1985, pág. 288.).

Igualmente el citado procesalista, en la obra señalada, específicamente en su página 430, comenta lo siguiente:

‘...para la admisión de la demanda no le corresponde entrar a estudiar la procedencia o exactitud de tales hechos y peticiones, ya que su examen de fondo debe reservarse para la sentencia, y aun cuando por la lectura del libelo se convenza el juez de la falta de derecho del demandante, no puede rechazar la demanda, porque son cuestiones para decidir en la sentencia...’“ (El resaltado es de la Sala).

Finalmente, las actas mencionadas están dentro del plexo general básico de nuestro sistema procesal, y es el de que no hay nulidades, sanciones ni prohibiciones sin ley específica que lo establezca.

Por manera que, como señalara uno de los más insignes procesalistas que ha dado Iberoamérica, según menciona Niceto Alcalá Zamora en su Antología Procesal, Eduardo J. Couture, en sus Fundamentos de Derecho Procesal Civil:

“La derivación de este principio es que la materia de nulidad debe manejarse cuidadosamente y aplicándose a los casos en que sea estrictamente indispensable. Corresponde a la jurisprudencia la misión de contener los frecuentes impulsos de los litigantes, siempre propensos a hallar motivos de nulidad, declarando éstos solamente en los casos en que se los haya señalado como una solución expresa del derecho positivo. Esa parece ser, por lo demás, su orientación tradicional.” (Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1.973, pág. 389).

Eso significa que las prohibiciones, sanciones o nulidades sólo deben declararse cuando lo preestablece texto legal expreso, o surge evidentemente de la propia naturaleza de la norma positiva; lo cual no ocurre en el presente caso, regulado por el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, que contempla las prohibiciones en su especificad para inadmitir la demanda, cuando es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley.

De las consideraciones que anteceden, es evidente que el juez de la causa al negar la admisión de la demanda de invalidación utilizando motivos no contemplados en nuestra legislación, contrariando el espíritu, propósito y alcance de la Ley, así como la doctrina de este Tribunal Supremo de Justicia, infringió el debido proceso y con ello cercenó el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, subvirtiendo el proceso al ignorar las reglas establecidas por el legislador en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, respecto a la inadmisibilidad de la demanda sólo cuando es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley. De ese modo, si bien el ejecutante demandado se opuso a la admisión de la invalidación, ello no era objeto ni fundamento para que el juez in limine litis, profiriera una decisión por vía de la cual la declara inadmisible y que a juicio de la Sala se corresponden a un pronunciamiento de mérito relacionado con las pretensiones contenidas en la demanda, que sin lugar a dudas pudieran formar parte del contradictorio o debate probatorio, con lo cual desequilibró el proceso entre las partes respecto a los derechos y facultades comunes a ellas, al impedirle al demandante ejercer la defensa de sus pretensiones, por lo que se hace impretermitible restablecer el orden público quebrantado.

En el caso de una demanda de invalidación

En lo que respecta al fundamento de hecho y de derecho utilizado en la recurrida, la Sala estima que se establecieron en las mismas condiciones o causales accesorias para la admisión de la demanda no contempladas en la norma al señalarse:

...al fundamentarse el recurrente en el ordinal primero del artículo 328 del código de Procedimiento Civil (Sic) que establece varios supuestos a saber: error o fraude absoluto de citación que no se haya citado al demando para ningún acto del proceso y que haya prueba auténtica de tal fraude falta de caución para proceder a admitir el recurso...” (El resaltado es de la Sala)

Como puede observarse de lo transcrito el Juez de la recurrida ciertamente se aparta del contenido y alcance del artículo 328 del Código de Procedimiento Civil, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 328. Son causas de invalidación:

1) La falta de citación, o el error, o fraude cometido en la citación para la contestación....”

En ese sentido, al invocar el demandante dicha causal, sólo tocaba al Juez, examinar las condiciones referidas a las de admisión de la demanda contempladas en el artículo 341 eiusdem, en cuanto a que no sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley, toda vez que el mencionado artículo 328, no está circunscrito a causas de inadmisibilidad sino a los supuestos de hecho que bien pudieran invalidar una sentencia, lo cual sin lugar a dudas es materia probatoria. En consecuencia, siendo que la acción de invalidación intentada, no es contraria al orden público, a las buenas costumbres ni a alguna disposición expresa de la Ley, su admisibilidad es procedente en derecho. Asi se resuelve.

SCC 11-12-2003

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 01-112, dec. Nº 769:

Acoge criterio de Sala Constitucional sobre inadmisión de la demanda

Con relación a la interpretación del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de 18 de mayo de 2001, en el recurso de invalidación propuesto por el abogado Rafael Montserrat Prato, sentencia 776, expediente 00-2055, estableció:

“...La acción está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos de existencia y validez, que al constatarse su incumplimiento, la hacen rechazable. Algunos de ellos los señala la ley, mientras que otros provienen de los principios generales del derecho.

En sentido general, la acción es inadmisible:

1) Cuando la ley expresamente la prohíbe, tal como lo prevé el artículo 346, ordinal 11° del Código de Procedimiento Civil.

2) Cuando la ley expresamente exige determinadas causales para su ejercicio, y éstas no se alegan (artículo 346 ordinal 11º ya señalado).

3) Cuando la acción no cumple con los requisitos de existencia o validez que la ley o los principios generales del derecho procesal le exigen. Ante estos incumplimientos, la acción debe ser rechazada. Ello sucede, por ejemplo, cuando en el demandante o en el demandado no existe interés procesal, y por tanto, no hay necesidad de acudir a la vía judicial, para que mediante la sentencia se reconozca un derecho; o para evitar un daño injusto, personal o colectivo; o cuando la decisión judicial no puede variar la situación jurídica que tenían las partes antes del proceso.

(...Omissis...)

4) Dentro de la clasificación anterior (la del número 3), puede aislarse otra categoría, más específica, de causales de inadmisibilidad de la acción, y es que ella se utilice para violar el orden público o infringir las buenas costumbres.

El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, señala a estas causas como de inadmisibilidad de la demanda (del escrito), pero en realidad sus supuestos se convierten en causas de inadmisibilidad de la acción, ya que no podrá administrarse justicia, y ello ocurre cuando:

a) Se incoa la acción para crear un proceso que viene a obrar como un instrumento para cometer un fraude, bien se trate de un fraude procesal para perjudicar a alguien específicamente dentro del proceso o con motivo de él, o bien se trate de un fraude a la ley. Se está en presencia de acciones incoadas para alterar el orden público constitucional, al desvirtuar los fines del proceso, tal como lo ha expresado esta Sala en fallos de 9 de marzo de 2000 y 4 de agosto de 2000 (Casos: Sonia Saje de Zavatti e Intana C.A., respectivamente).

b) Por otra parte, la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en el numeral 6 del artículo 84, contempla como causal para que no se admita ninguna demanda ni solicitud, el que ella contenga conceptos ofensivos e irrespetuosos. También se trata del rechazo del escrito, pero en el fondo, tal prohibición está ligada a la falta de interés procesal y a la protección de las buenas costumbres, ya que la acción no es un medio para injuriar, ofender o atacar a funcionarios o instituciones, su fin es que la jurisdicción actúe, se administre justicia y se resuelvan conflictos.

(...Omissis...)

5) Por otra parte, la acción incoada con fines ilícitos necesariamente debe ser inadmisible, si ello lo alega una parte o lo detecta el juez, ya que el fin de la acción, en estos casos, no es sólo que se declare el derecho a favor de una parte, o se le repare al accionante una situación jurídica, sino que con deslealtad procesal se trata de enervar el derecho de defensa de la contraparte (lo que es fraudulento), y a la vez causarle daños, como sería aumentarle los gastos que genera la defensa.

(...Omissis...)

6) Pero también existe ausencia de acción, y por aparente debe rechazarse, cuando el accionante no pretende que se le administre justicia, y a pesar que formalmente cumpla las exigencias, su petición es que un órgano no jurisdiccional, o de una instancia internacional ajena a la jurisdicción nacional, conozca y decida la causa. Se está accediendo a la justicia exactamente para lo contrario, para que no se administre. Se acude a la jurisdicción, para que ésta no actúe.

De nuevo estamos ante una manifestación de falta de interés, pero que por su connotación puede señalarse como una categoría propia de inadmisibilidad de la acción, ya que ésta, como otras de la (Sic) situaciones ya señaladas, producen efectos que van más allá de la simple declaratoria de la falta de acción o de su inadmisibilidad.

7) Por último, y al igual que las de los números anteriores se trata de situaciones que señala la Sala a título enunciativo y que no impiden que haya otras no tratadas en este fallo, debe la Sala apuntar que los escritos de demanda que atenten contra la majestad de la justicia y contra el Código de Ética Profesional del Abogado (en cuanto a lo que suscribe el profesional del derecho), influyen también sobre el derecho a la acción. Una acción cuyo fin, así sea indirecto, es atentar contra la majestad de la justicia, injuriando a quien va a administrarla, poniendo en duda al juzgador, descalificándolo ab initio, o planteando los más descabellados y extravagantes pedimentos, es inadmisible, ya que en el fondo no persigue una recta y eficaz administración de justicia. Se utiliza al proceso con un fin distinto al que le corresponde, y para ello no es el acceso a la justicia que garantiza la Constitución vigente...”. (Negritas de la Sala Constitucional).

SCC 17-9-2003

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 01-858, dec. Nº 522:

Inadmisión por violación de la cosa juzgada

Sostiene el formalizante que la recurrida interpretó erróneamente el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que la demanda de nulidad de transacción era contraria a la ley.

Indica el recurrente que el Juez de la recurrida confundió los presupuestos de inadmisibilidad con los presupuestos sustanciales para la procedencia de la sentencia de mérito. Al respecto debe señalarse, que el Sentenciador de alzada, consideró que en el caso bajo estudio, la demanda por nulidad de transacción entraba dentro de los supuestos de prohibición contemplados en el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, expresando los motivos de derecho en torno a la expresa prohibición de esta norma en permitir cualquier acción en contra de la cosa juzgada. En otras palabras, la recurrida determinó la existencia de expresas disposiciones de la ley que impedirían la admisión de la demanda, y por ello, la inadmitió.

SCC 11-10-2000

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 99-191, dec. Nº 333:

Diferencia entre inadmisibilidad e improcedencia de la demanda

El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil prevé:

“Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá, si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa….”(negritas de la Sala).

Dentro de la normativa transcrita, priva, sin duda alguna, la regla general, de que los Tribunales cuya jurisdicción, en grado de su competencia material y cuantía, sea utilizada por los ciudadanos a objeto de hacer valer judicialmente sus derechos, deben admitir la demanda, siempre que no sea contraria a las buenas costumbres o a la ley, éllo puede interpretarse de la disposición legislativa cuando expresa “…el Tribunal la admitirá…”; bajo estas premisas legales no le está dado al juez determinar causal o motivación distinta al orden establecido para negar la admisión in limine de la demanda, quedando legalmente autorizado para éllo, siempre y cuando, dicha declaratoria se funde en que la pretensión sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley. Fuera de estos supuestos, en principio, el juez no puede negarse a admitir la demanda.

Cuando la inadmisibilidad no sea evidente, considera el procesalista Ricardo Henríquez La Roche, en su Libro Código de Procedimiento Civil, Tomo III, Pág. 34, la prudencia aconseja al juez permitir que sea el demandado quien suscite la cuestión previa correspondiente.

En el sub iudice, la recurrida con fundamento a lo previsto en el artículo 785 del Código Civil y en razón a la naturaleza de la demanda propuesta, consideró que no estaban llenos los extremos contenidos en la citada norma, relacionados con la querella interdictal de obra nueva y por vía de consecuencia determinó la Inadmisibilidad de la denuncia.

Ahora bien, efectivamente la norma en la cual fundamentó su razonamiento de derecho la recurrida, establece:

“Quien tenga razón para temer que una obra nueva emprendida por otro, sea en su propio suelo, sea en suelo ajeno, cause perjuicio a un inmueble, a un derecho real o a otro objeto poseído por él, puede denunciar al Juez la obra nueva, con tal que no esté terminada y de que haya transcurrido un año desde su principio….”( negritas y subrayado de la Sala)

Ante la diatriba surgida, entre la regla general de admisión de la demanda y los presupuestos legales del caso en particular, centrados en la determinación legislativa subrayada anteriormente por la Sala, se hace necesario entrar a determinar someramente, la materia acerca de la admisibilidad o no de una demanda y la procedencia o no de ésta.

En este sentido, la doctrina autoral patria ha considerado:

“…Con respecto a esta facultad que el nuevo Código atribuye a los jueces, estimo conveniente observar, entre otros comentarios, que dicha facultad no es otra cosa que una aplicación, en materia de introducción de la causa, del principio del impulso procesal de oficio al que se refiere el artículo 11 del Código que comento, que inviste al juez del papel de director del proceso. Además, estimo que la apreciación que ahora deben hacer los jueces para determinar si una demanda es o no admisible, para ellos (sic) implica la carga de examinar los presupuestos fundamentales que debe llenar toda demanda como inicio del proceso. En efecto, a mi entender, los jueces pueden, in limine litis, negarse a admitir las demandas que se funden en la derogación de normas declaradas de orden público o porque la Ley prohibida la acción como el caso de las deudas de juego (artículo 1801 (sic) del Código Civil), porque su violación, la Ley la declara nula y sin ningún valor por atentar contra el orden público.

(…Omissis…)

En cuanto al otro motivo de inadmisibilidad, o sea, cuando la demanda sea contraria a alguna disposición expresa de la Ley, los jueces tienen que tener mucho cuidado al manejar esta facultad, porque lógicamente, no podrían en el acto de admisión, resolver cuestiones de fondo….”(Duque Corredor, Román J., Apuntaciones Sobre El Procedimiento Civil Ordinario, Editorial Jurídica Alva, S.R.L. Caracas, 1990, pág. 94 y 95)

En cuanto a los presupuestos procesales de la demanda, el procesalista Hernando Devis Echandia, en su obra “Compendio de Derecho Procesal”, Tomo I, Teoría General del Proceso, año 1995, ha considerado, que además de los presupuestos de la acción, los de la demanda se definen como requisitos necesarios para iniciar el proceso o relación jurídica procesal, los cuales debe examinar el juez antes de admitir la demanda, denuncia o querella. En este sentido, los recoge en número de cinco que ha saber son: 1) Que la demanda, denuncia o querella sea formulada ante el juez de la Jurisdicción a que corresponde el asunto; 2) La capacidad y la debida representación del demandado, o “legitimatio ad processum”; 3) La debida demanda que incluye los requisitos de forma y la presentación de los documentos que la ley exija; 4) En lo contencioso-administrativo, además el haber pagado el valor de la multa o impuesto y haber agotado la vía administrativa; 5) La caución para las medidas cautelares previa.

Señala, el citado autor:

“…Los presupuestos procesales en general tienen características de ser revisables y exigibles de oficio por el juez, en razón de estar vinculados a la validez del proceso. Esto no se aplica a los casos de litis pedentia, cosa juzgada, transacción, prescripción y desistimiento de proceso anterior, que no son verdaderos presupuestos procesales, sino presupuestos materiales de la sentencia de fondo, y que el juez no puede declararlos ni examinarlos de oficio para lo no admisión de la demanda, aun cuando aparezcan en el expediente, sino como excepciones previas si le son propuestas o en la sentencia como excepciones de mérito….” (Devis Echandia, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, Teoría General del Proceso, décima edición, Editorial A.B.C., Bogotá, 1985, pág. 288.).

Igualmente el citado procesalista, en obra señalada, específicamente en su página 430, comenta lo siguiente:

“...para la admisión de la demanda no le corresponde entrar a estudiar la procedencia o exactitud de tales hechos y peticiones, ya que su examen de fondo debe reservarse para la sentencia, y aun cuando por la lectura del libelo se convenza el juez de la falta de derecho del demandante, no puede rechazar la demanda, porque son cuestiones para decidir en la sentencia...”

En el caso en particular, los denunciantes aducen la errónea interpretación del citado artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, en ese sentido se observa, que la recurrida pese a que no hizo uso del referido articulado para declarar la inadmisibilidad de la demanda, no obstante, su determinación al respecto, tiene contenida obligatoria e implícitamente una aplicación del mismo, pues su decisión está vertida sobre el precepto de admisión de la demanda, ya considerado, éllo en razón a que a través de la misma necesariamente abordó la prevención del citado artículo 341, por interpretación sistemática integral de la norma, conciliándose en complemento con el artículo 785 del Código Civil, la cual contiene específicamente los presupuestos para el ejercicio de la ación por interdicto de obra nueva, entre los cuales se indica, que la obra no esté terminada.

Sobre este punto cabe destacar, que son los propios demandantes, los que señalan que la obra está terminada, estas afirmaciones se delatan de la transcripción parcial de lo dicho por la recurrida, esta confesión viene a subsumir la situación de hecho planteada en el caso, dentro de una de las excepciones contenidas en el precitado artículo 785, cuando prevé “...puede denunciar al Juez la obra nueva, con tal que no esté terminada...” siendo asi al declarar la inadmisibilidad de la demanda, el jurisdicente interpretó la norma conforme a los supuestos indicados y como efecto de lo establecido en la misma.

Por otra parte, aunado al análisis precedente, estima la Sala, que aun cuando pudiera haber existido una interpretación errónea de la norma, que hubiese conllevado a una reposición de la causa, sin duda alguna que estaríamos ante una casación inútil, en razón a que la demanda por interdicto de obra nueva, necesariamente sería improcedente por no estar llenos los extremos de los presupuestos contemplados en el precitado articulo 785 del Código Civil, puesto que la obra, como ya se indicó, estaba terminada.

SCC 2-8-2001

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 01-207, dec. Nº 218:

Considera inapelable admisión de la demanda de tercería

Por tanto, al no tener recurso de apelación el auto de admisión de la demanda de tercería y ser un auto decisorio cuya impugnación debe regirse por el principio de la concentración procesal, en caso de que el gravamen jurídico que cause no sea reparado en la sentencia definitiva, como lo establece la jurisprudencia de esta Sala, tampoco es revisable en casación.

En casos como el presente, la Sala ha considerado procesalmente inexistente la decisión proferida, por ser dictada en virtud de un recurso no consagrado en el ordenamiento jurídico para decisiones de esa naturaleza.

SCC 14-6-2000

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 99-458, dec. Nº 202:

El juez debe fundamentar la inadmisión de la demanda

Sobre este punto, observa la Sala, que la admisión de la demanda, como actuación procesal del Tribunal, no precisa fundamentación especial; basta para su aceptación, que la petición no sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley, quedando como carga procesal del demandado, en el sub iudice, rebelarse contra la decisión acerca de la admisibilidad de las pretensiones, que por vía subsidiaria fueron demandadas (“nulidad de contrato” y la “reivindicación”), bien ejerciendo dentro del lapso previsto en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, el recurso que prevé el 310 eiusdem, por ser la decisión cuestionada un acto de ordenamiento procesal o bien, en la primera oportunidad (art. 213 c.p.c.), peticionar la nulidad de la providencia en atención al contenido y alcance del artículo 206 de la Ley Adjetiva Civil o bien el juez de oficio, tomando en cuenta lo preceptuado en el artículo 11 del mismo texto legal, rechazando la demanda, por considerar que la misma, se encuentra dentro de los presupuestos supra señalados que la hagan inadmisible.

Ahora bien, en caso contrario, deberá expresar los motivos de la negativa, así lo establece expresamente el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto reza:

“Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente, en ambos efectos.”

Aprecia la Sala, interpretando la disposición transcrita, que de élla emerge palmariamente, el deber (y no la facultad) del juzgador de razonar la negativa de admisión de la demanda. En consecuencia, no puede interpretarse, que el Juez de la Primera Instancia a quien correspondió la admisión, produjera un auto incompleto cuando admitió la demanda, ya que nada dijo acerca de las otras pretensiones demandadas; y no puede afirmarse que hubo una negativa tácita de admisión, por cuanto, dicha decisión debe ser expresa y motivada, no sobreentendida.

SCC 26-7-2002

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 01-590, dec. Nº 323:

Inadmisión de acción mero declarativa

El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, dispone que el tribunal admitirá la demanda “si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley”. De lo contrario debe negar su admisión expresando los motivos de su negativa. Ahora bien, el artículo 16 del mismo código señala lo siguiente:

“Para proponer la demanda el actor debe tener interés actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente.” (Subrayado de la Sala)

De conformidad con la parte final de la citada norma, las acciones merodeclarativas que no satisfagan completamente el interés del accionante no son admisibles, ello en virtud del principio de economía procesal, pues nada hace un tribunal al conocer de una acción que no logra su objetivo, como es declarar certeza sobre un derecho o una relación jurídica que se tiene como incierta, o ventilar un proceso que sólo pretende preconstituir una prueba para un juicio posterior. Por tanto, la satisfacción completa del interés del actor deviene en condición necesaria para la admisibilidad de dicha demanda, que de no cumplirse estaría prohibida por la ley, es decir, por el mismo artículo 16 del Código de Procedimiento Civil.

En tal sentido, esta Sala, en sentencia No. 495 de fecha 15 de diciembre de 1988, caso Sergio Fernández Quirch contra Alejandro Eugenio Trujillo Pérez y otro, Expediente No. 88-374, expresó:

“...el ejercicio de las acciones de certeza está sujeto a determinados requisitos, que permitan a los jueces determinar su admisibilidad. En efecto, según el texto citado no basta que el objeto de dichas acciones esté limitado a la declaración de la existencia o inexistencia de un derecho, sino que además que el demandante no pueda obtener la satisfacción completa de su interés mediante otra acción diferente, para que puedan dar origen validamente a un proceso. En este sentido, la propia Exposición de Motivos del Código de Procedimiento Civil, presentado a las Cámaras Legislativas el 17 de noviembre de 1975, aclara el alcance y significado de los límites impuestos a las acciones mero declarativas. Así expresa en dichas Exposición de Motivos.

“...notable significación han atribuido los proyec-tistas a la consagración de una norma expresa sobre el interés que deben tener las partes para obrar en juicio y a la posibilidad de las demandas de mera declaración, que hoy es sólo un principio doctrinal y jurisprudencial deducido del artículo 14 vigente. Se establece así en el artículo 16 del Proyecto, que para proponer la demanda el actor debe interés jurídico actual, y que este interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica.

Sin embargo, a fin de no dejar a la interpretación jurisprudencial el alcance y límites de esta demanda de mera declaración, se acoge en el proyecto la limitación aconsejada por la mejor doctrina, según la cual no es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante pueda obtener la satisfacción completa de su interés mediante una demanda diferente...”

De acuerdo con todo lo expresado, el juez ante quien se intente una acción mero declarativa deberá, en aplicación del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, respecto a la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, observar si la mencionada demanda cumple con el requisito exigido por el artículo 16 eiusdem, es decir, que no exista una acción distinta que satisfaga completamente el interés del actor, pues de lo contrario, por razones de celeridad procesal, dicho tribunal deberá declarar la inadmisibilidad de la demanda.

SCC 19-12-2003

Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. Exp. Nº 03-1100, dec. Nº 190:

Viola el debido proceso al inadmitir por razones diferentes al 340 CPC

En aplicación de la doctrina precedente, se determina que el fallo dictado por el ad quem, infringió el debido proceso y con ello cercenó el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, el subvertir el proceso con la negativa de admitir la demanda sin subsumir la misma en las reglas establecidas por el legislador en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, respecto al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley, consideradas para el caso, con los supuestos del 643 eiusdem sobre materia intimatoria.

Por otra parte al confirmar la admisión de la demanda, el ad quem avala el argumento sobre la territoriedad en relación al domicilio a que se contrae el artículo 641 eiusdem, lo cual lejos de ser un problema jurisdiccional se traduce en uno de competencia territorial, que bien puede ser derogada por las partes, por lo que mal puede considerarse una causal de inadmisibilidad de la demanda in limine litis sin que esté expresamente controvertida por la partes dicha competencia.

Por lo que, los jueces sólo podrán, in limine litis, negarse a admitir las demandas que se funden en la derogación de normas declaradas de orden público o porque la ley prohíba la acción.

SCC 11-5-2000

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 99-869, dec. Nº 137:

A los supuestos genéricos del 341 CPC se añaden los supuestos específicos de los procedimientos especiales

Caducidad en la invalidación

A este respecto, la Sala observa que el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil dispone tres supuestos genéricos de inadmisibilidad, aplicables a todo tipo de demanda pero que, además de ellos y, según sea el proceso incoado, existen otros de tipo específico que también deben ser verificados por el juez, por ejemplo, en el caso de vía ejecutiva que también se ventila por los trámites del proceso ordinario, la existencia del documento que pruebe clara y ciertamente la obligación del demandado de pagar alguna cantidad líquida con plazo vencido.

Esta circunstancia cobra particular interés en los casos de invalidación, toda vez que, por cuanto las pretensiones de la actora son las de enervar la autoridad de la cosa juzgada, la ley persigue limitar al máximo las posibilidades de que ello suceda.

Por otra parte, sostener que la caducidad es solamente un supuesto de improcedencia, en caso de ser alegada y probada, significa desconocer su naturaleza de orden público que no puede ser ignorada ni evitada por las partes después de consumada, y conduce, además, a admitir la posibilidad de un juicio inútil, toda vez que si el juez observa prima facie que se ha producido una caducidad y, sin embargo, ello no lo autoriza para negar la admisibilidad de la demanda sino que debe esperar el decurso del juicio para declarar sin lugar la demanda, es tanto como admitir la posibilidad de la existencia de un juicio estéril, totalmente contrario a las buenas costumbres e incluso a la ley, desde luego que la caducidad es una cuestión previa que impide dar entrada al juicio a tenor de lo dispuesto en los artículos 346, ordinal 10° y 356 del Código de Procedimiento Civil.

SCC 20-5-2004

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp. Nº 02-677, dec. Nº 436:

Inadmisibilidad por inepta acumulación

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en los artículos 77 y 78 del Código de Procedimiento Civil, no pueden ser acumuladas en el mismo libelo pretensiones cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí.

Esto es lo ocurrido en el caso concreto, pues el actor acumuló la demanda de tacha por vía principal y la nulidad de un documento de venta, pretensiones éstas sujetas a trámites diferentes e incompatibles entre sí.

Cabe advertir que las pretensiones versaron sobre dos documentos diferentes, y la nulidad de uno no supone necesariamente la del otro, salvo que se alegue que hubo vicios en el consentimiento del vendedor, por cuanto éste se arrogó una representación sin que ello fuese cierto, lo que consta del documento tachado y declarado falso, hechos éstos que en todo caso deben ser objeto de un juicio ordinario autónomo, en el que el demandado puede argumentar y probar en su defensa que el consentimiento consta de otro medio distinto del documento tachado.

En consecuencia, esta Sala considera que la demanda debe ser declarada inadmisible, de conformidad con lo previsto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, por existir prohibición expresa en la ley de acumular en el libelo pretensiones cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí, lo que en el caso concreto causó grave indefensión, por cuanto no fue cumplido el trámite especial para la tacha, y a pesar de ello la sentencia recurrida declaró falso el documento impugnado por esa vía.

SCC 7-6-2005

Ponencia del Magistrado Luis Antonio Ortiz Hernández. Exp. Nº  05-158, dec. Nº 373:

Ahora bien, a diferencia de otros juicios ejecutivos en los que de manera expresa el legislador previó el ejercicio del recurso de apelación contra el auto que admita la solicitud, como lo es en el caso de la ejecución de hipoteca, que en su artículo 661 último aparte concede al ejecutante la apelación cuando fuere excluida alguna de las partidas incluidas en su solicitud, el procedimiento inyuntivo nada establece al respecto, por lo que son aplicables al mismo, respecto de su admisión, los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que en relación al auto de admisión de la demanda ha venido aplicando la Sala, es decir, el auto que admite la demanda no es apelable y por el contrario el que niegue su admisión lo será en ambos efectos.

Lo anterior tiene un sentido lógico ya que el procedimiento monitorio tiene previsto su propio medio de impugnación como lo es la oposición al decreto intimatorio, cuya consecuencia es desechar el decreto para dar paso a la contestación de la demanda y continuar el juicio por los trámites del procedimiento ordinario.

La Sala con relación al recurso de apelación ejercido contra el auto de admisión de la demanda ha sostenido en sentencia 218 de fecha 02 de agosto de 2001, en el juicio por cobro de bolívares incoado por Maritza Josefina Ortega De Lozada, contra el ciudadano José Ramón Lozada lo siguiente:

“ El auto de admisión de la demanda como auto decisorio no precisa de una fundamentación; basta que la petición no sea contraria al orden público, las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley para que se tramite como lo prescribe el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil.

En este sentido, en sentencia de fecha 16 de marzo de 1988 la Sala de Casación Civil estableció:

 “...El recurrente incurre en un lamentable error de apreciación jurídica. En efecto, de acuerdo con el sistema procesal vigente desde el año de 1987, el auto que admite una demanda no puede considerarse como una diligencia de mera sustanciación o de mero trámite, los cuales pueden ser revocados o reformados de oficio o a petición de parte por el tribunal que lo haya dictado.

 La admisión de una demanda, en el sistema procesal acogida por el legislador de 1987, es un típico auto decisorio sobre los presupuestos procesales y los requisitos constitutivos de la acción ejercida, conforme al cual el Tribunal puede no admitir la demanda si ella es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley. Si la demanda es admitida, cualquier recurso que se intentare deberá regirse por el principio de la concentración procesal, según el cual el gravamen jurídico que causare dicha decisión, sólo podrá ser reparado o no en la sentencia definitiva que sobre el mérito de la controversia deberá dictarse. Por el contrario, si la demanda no es admitida, el gravamen será definitivo, y el recurso deberá oírse libremente, tal como lo prescribe el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, lo cual hace igualmente admisible de inmediato el Recurso extraordinario de Casación...” (Destacado de la Sala)

Por tanto, al no tener recurso de apelación el auto de admisión de la demanda de tercería y ser un auto decisorio cuya impugnación debe regirse por el principio de la concentración procesal, en caso de que el gravamen jurídico que cause no sea reparado en la sentencia definitiva, como lo establece la jurisprudencia de esta Sala, tampoco es revisable en casación.

 En casos como el presente, la Sala ha considerado procesalmente inexistente la decisión proferida, por ser dictada en virtud de un recurso no consagrado en el ordenamiento jurídico para decisiones de esa naturaleza.

SCC 1-12-2003

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G. Exp.   01-864, dec. Nº 720:

Ahora bien, los artículos 340 y 341 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por disposición del citado artículo 223, respectivamente señalan:

“El libelo de la demanda deberá expresar:

(...)

6° Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquellos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo”.

“Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente, en ambos efectos.”

[…]

En este juicio el título ejecutivo es fundamental, pues de éste se desprende el crédito a favor del Fisco Nacional, el cual debe acompañarse con la demanda y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 198 del Código Orgánico Tributario. Mediante ese título, el Fisco Nacional puede conseguir el embargo de bienes del deudor, y el tribunal debe acordar la intimación de éste para que pague o compruebe haber pagado, apercibido de ejecución.

            Por ello, la actividad del Juez en cuanto a la revisión y constatación de los presupuestos procesales para admitir la demanda es determinante, pues si encontrare, luego de un examen cuidadoso del documento que soporta la pretensión, que éste no cumple con los requisitos exigidos en la ley, entonces no le es posible admitirla ni dictar la orden de intimación de pago bajo apercibimiento de ejecución.

            El título ejecutivo es un documento auténtico que demuestra la totalidad integral de la obligación y es una prueba que debe haber sido obtenida antes del proceso. (Duque Sánchez, José Román: Procedimiento Especiales Contenciosos. Caracas, Editorial Sucre, 1981, p. 145).

            Del examen de los autos se observa que la Resolución N° SAT-GRIT-RC-DSA-CISLR-IAE-97-000089, únicamente identificó como deudora a la contribuyente Incocica Construcciones C.A., y no a los codemandados Jacobo Cohen y Fernando Cimini Verratti y, a pesar de ello, la recurrida estableció su responsabilidad solidaria respecto del pago de los tributos demandados, como se evidencia de la siguiente transcripción de su parte pertinente:

“Los documentos acompañados, concretamente la resolución SAT/GRTI/RC/DSA/CISRL-IAE/97/-I000089,432933,390336, llenan los requisitos exigidos por los citados artículos, y ello lo constituyen en un título ejecutivo, y así se declara

Se observa que procede la responsabilidad solidaria de los representantes de las personas jurídicas, cuando se hubiere actuado ‘con dolo o culpa grave’, parágrafo único del artículo 26 de la Ley Orgánica Tributaria

(...)

Considera la Sala, que ha debido el Juez de alzada examinar cuidadosamente el título ejecutivo que soportó la pretensión -la Resolución N° SAT-GRIT-RC-DSA-CISLR-IAE-97-000089- y determinar que de este sólo se deriva el derecho de exigir el pago de tales tributos a la empresa Incocica Construcciones C.A., y no solidariamente a los co-demandados Jacobo Cohen y Fernando Cimini Verratti, pues la solidaridad no puede presumirse conforme al artículo 1.223 del Código Civil, el cual expresa que debe haber pacto expreso o disposición de la ley.

En tal supuesto, la discusión y determinación de la responsabilidad solidaria de los sujetos a que se refiere el artículo 26 derogado (hoy 28 del vigente Código Orgánico Tributario, publicado en Gaceta Oficial 37.305, de fecha 17 de octubre de 2001), debe ventilarse mediante un procedimiento ordinario y no ejecutivo, que permita a las partes defenderse adecuadamente y al juez establecer si existe la responsabilidad solidaria mediante la instrucción probatoria, de conformidad con las reglas de derecho pertinentes.

En cambio, el juicio ejecutivo se caracteriza, como ya se expresó, por la existencia de un título ejecutivo líquido y exigible que haga posible la intimación bajo apercibimiento de ejecución del deudor y el embargo de sus bienes, luego de lo cual podrá el demandado hacer oposición a la intimación con el fin de discutir el derecho que en su contra se deduce por alguno de los motivos señalados en el artículo 204 del Código Orgánico Tributario, los cuales son: a) El pago del crédito fiscal que se le haya intimado, a cuyo efecto consignará con su escrito de oposición el documento que lo compruebe; b) La pendencia de un recurso administrativo o contencioso cuando aquél se relacione con la procedencia o monto del crédito fiscal cuya ejecución se solicita; y c) La extinción del crédito fiscal demandado, conforme a los modos de extinción previstos en dicho Código.

Por estas razones, estima la Sala que dada la naturaleza del procedimiento ejecutivo incoado, los ciudadanos Jacobo Cohen y Fernando Cimini Verratti no podían ser intimados al pago de tributos y multas adeudados en virtud de una pretendida responsabilidad solidaria, causando menoscabo del derecho de defensa, razones suficientes para que en atención a la pacífica jurisprudencia de la Sala, conforme a la cual son de orden público las normas con las cuales el legislador ha revestido la tramitación de los juicios (Véase entre otras, Sentencia del 23 de noviembre de 2001; caso: Victor Manuel Lozada Morales c/ C.N.A. de Seguros La Previsora), case de oficio la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, con base en la infracción de los artículos 15 y 7 del Código de Procedimiento Civil, y 26 del derogado Código Orgánico Tributario, que corresponde al 28 del vigente Código. Así se establece.

Artículo 342

Admitida la demanda, el Tribunal ordenará compulsar por Secretaría tantas copias cuantas partes demandadas aparezcan en ella, con certificación de su exactitud; y en seguida se extenderá orden de comparecencia para la contestación de la demanda, orden que autorizará el Juez expresándose en ella el día señalado para la contestación.

Si para cualquier otro efecto establecido en el Código Civil, necesitare la parte demandante alguna otra copia de la demanda con la orden de comparecencia, se la mandará expedir en la misma forma.

SCS 22-03-2001

Ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo. Exp. Nº 00-414, dec. Nº 43:

Para decidir, la Sala observa:

De conformidad con lo previsto en los artículos 341 y 342 del Código de Procedimiento Civil, la admisión de la demanda y la orden de comparecencia (orden de citar al demandado) son actos procesales del Juez distintos y consecutivos, aunque por razones de economía y celeridad, es unánime y pacífica la práctica forense de producirlos en el mismo auto.

Con el primero de dichos actos el Juez inicia la sustanciación del procedimiento, después de verificar que la acción incoada no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley, pues en caso de presentarse alguno de los tres supuestos mencionados, debe negar la admisión de la demanda, mientras que el segundo de los actos procesales antes señalados, llama a la causa a la parte accionada, para que, enterada de los términos en que se ha planteado el juicio, pueda concurrir en el plazo de ley a exponer sus razones y formular sus defensas.

Artículo 343

El demandante podrá reformar la demanda, por una sola vez, antes que el demandado haya dado la contestación a la demanda, pero en este caso se concederán al demandado otros veinte días para la contestación, sin necesidad de nueva citación.

SCC 12-4-2005

Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez. Exp. Nº  04-243, dec. Nº 110:

El artículo 343 del Código de Procedimiento Civil, prevé “...El demandante podrá reformar la demanda, por una sola vez, antes que el demandado haya dado la contestación a la demanda, pero en este caso se concederán al demandado otros veinte días para la contestación, sin necesidad de nueva citación...”.

La Sala en interpretación de la norma anteriormente trascrita, ha establecido: “...confiere al demandante el derecho de reformar la demanda, pero limita tal derecho a una sola oportunidad, sin distinguir que sea antes o después de la citación de la parte demandada ni señalar en qué consiste o puede consistir el contenido de la reforma de la demanda, con tal que la parte demandada no haya contestado la demanda...”.(Sent. RC-0299, de fecha 11 de junio de 2002, Exp. 99-197).

De la transcripción anterior de la recurrida, se infiere que el juzgador ad quem respecto al artículo 343 del Código de Procedimiento Civil, expresó que el actor tiene derecho a reformar la demanda por una sola vez, antes de contestar la demanda, de lo que se colige que el juez de la recurrida no equivocó la interpretación de la referida norma en su alcance general y abstracto, al sostener que la reforma no es válida al ser presentada después de la intimación.

Por los razonamientos antes expuestos, se concluye que el ad quem interpretó acertadamente el artículo 343 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, no incurrió en el alegado error de interpretación lo que por vía de consecuencia, conlleva a la declaratoria de improcedencia de la denuncia bajo análisis. Así se decide.

SC 09-04-2001

Ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta. Exp. Nº 1840, dec. Nº 506:

En este sentido, la Sala observa:

El artículo 343 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:

El demandante podrá reformar la demanda, por una sola vez, antes que el demandado haya dado contestación a la demanda, pero en este caso se concederán al demandado otros veinte días para la contestación, sin necesidad de nueva citación”.

En efecto, conforme al citado artículo, el demandante podrá reformar su pretensión contenida en la demanda sólo por una sola vez, antes que el demandado haya dado contestación a la misma, en cuyo caso, si éste ya se encontraba citado, no será necesario la práctica de una nueva citación, por cuanto se entiende que las partes están a derecho, en acatamiento al principio de la celeridad procesal. Igualmente, establece la transcrita disposición legal que, en caso de reforma de la demanda, “se concederá, al demandado otros veinte días, para la contestación”.

SC 04-07-2000

Ponencia del Magistrado Carlos Escarrá Malavé. Exp. Nº 00-11317, dec. Nº 1541:

Ante esta situación la Sala pasa ha pronunciarse en relación a la potestad del recurrente al momento de acudir a la potestad de reforma del libelo de la demanda, así como, para posteriormente verificar si efectivamente había operado la caducidad de la acción.

A.- DE LA REFORMA DE LA DEMANDA

En efecto, el artículo 343 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:

“El demandante podrá reformar la demanda, por una sola vez, antes que el demandado haya dado contestación a la demanda, pero en este caso se concederán al demandado otros veinte días para la contestación, sin necesidad de nueva citación.”

Del artículo antes transcrito emergen distintas oportunidades en que el actor puede reformar o cambiar su demanda, a saber: a) Antes de la admisión; b) Entre la admisión de la demanda y la notificación o citación (efectivas) del demandado; y, c) Luego de la citación y antes de la contestación.

En efecto, tanto la doctrina nacional como la jurisprudencia han reconocido que el recurrente puede reformar la demanda antes de que se produzca la admisión de la demanda, y en este sentido, el doctrinario Arístides Rengel-Romberg, en su obra “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, expresamente señala lo siguiente:

“...Se permite la reforma por una sola vez, poniendo así término a las dudas que habían surgido en la práctica del foro, acerca de la admisibilidad de sucesivas reformas, antes de la contestación de la demanda. La limitación ha de entenderse, lógicamente, cuando se ha producido ya la citación, pues antes de ésta, las partes no están a derecho y no hay litispendencia...”

De igual forma, la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 8 de abril de 1987, recaída en el Caso: Nike International Ltd. Contra Sport Center, C.A., expresamente indicó lo siguiente:

“...Esta Sala de Casación comparte en principio el criterio de la Sala Político-Administrativa de no ser procedente la admisibilidad de una segunda reforma de la demanda, pero considera que tal criterio es sólo aplicable al caso de estar para ese momento citado el demandado, pues si no lo está, el actor a su conveniencia puede reformar la demanda cuantas veces lo desee antes de la contestación.

En efecto, la facultad de reformar la demanda antes de que haya sido contestada, es una consecuencia del derecho que se reconoce al actor en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, de poder retirar su libelo, sin el consentimiento del demandado, antes de acto de la contestación. Para Borjas, ‘quien puede retirar su demanda en igual forma y en otra, con los mismos o con diferentes pedimentos, puede desde luego sustituir una demanda con otra, o limitarse a reformar simplemente la primera, pues ello queda comprendido dentro de aquélla facultad del demandante. Para obviar a éste el trabajo de retirar primero una demanda, y promover luego la otra, se le permite de una sola vez hacer reformas sobre la primera, lo cual, por lo demás, no le quita aquel derecho, de que podrá usar libremente su las reformas que necesita hacer fueren tales que requieran hacer desaparecer en su totalidad el libelo primitivo’.

Ahora bien, la interpretación gramatical y filosófica que la Sala Político-Administrativa formuló del mencionado artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, antes indicada, revela que el derecho del actor de reformar su demanda debe limitarse a una sola vez, pero ello debe entenderse en el supuesto de que para la fecha de la segunda o ulterior reforma el demandado esté citado, pues en caso de no estarlo, cesan las razones economía y celeridad procesales y para evitarle sea mantenido indefinidamente que sea mantenido de reforma en reforma...” (Subrayado de la Sala).

Por lo que atañe a la oportunidad de que la reforma sea realizada entre la admisión y la notificación o citación (efectivas) de la parte demandada, se observa que la única limitación para reformar el libelo ocurrirá en el momento en que el demandado decida oponer cuestiones previas, en virtud de lo cual, habrá precluído para el actor la posibilidad de reformar o modificar su demanda.

En efecto, el doctrinario Ramón Escovar León, en su obra denominada La Demanda”, expresamente indica que:

“...La reforma de la demanda debe hacerse por ‘una sola vez’, tal como ya indicamos. Dicho lapso se cuenta, a mi parecer, desde la citación del demandado y hasta la oportunidad de la contestación. Lógicamente, si el demandando en lugar de contestar, decide oponer cuestiones previas, en dicho momento precluye para el actor su oportunidad de reformar la demanda...”

Por último, en relación a que la reforma de la demanda se produzca luego de la citación y antes de la contestación, la Sala observa que la misma sólo podrá realizarse siempre y cuando, se le concedan al demandado otros veinte (20) días para dar contestación a la demanda, sin que se proceda a citarlo nuevamente, por cuanto, se entiende que se encuentra a derecho y, en este sentido, el doctrinario Pedro Alid Zoppi, en su obra “Soluciones a Errores en el Código de Procedimiento Civil”, ha expresado lo siguiente:

“...el demandante puede reformar ‘antes que el demandado haya dado la contestación a la demanda’ y a éste se le conceden ‘otros veinte días para la contestación sin necesidad de una nueva citación’...”

En función de lo antes expuesto, es forzoso concluir que el recurrente podía y puede modificar o reformar el libelo de demanda tantas veces como lo desee, hasta el punto de hacerlo incluso sobre el petitorio como el objeto, siempre y cuando, se produzca antes de la contestación de la demanda y así se declara.

SE 14-11-2000

Ponencia del Magistrado Antonio García García. Exp. Nº 0098, dec. Nº 130:

En tal sentido, considera necesario precisar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 del Código de Procedimiento Civil, el demandante puede reformar la demanda, por una sola vez, antes que el demandado haya dado contestación a la demanda.

Como bien se sabe en el procedimiento contencioso administrativo y como tal en el contencioso electoral, no existe la contestación a la demanda. Sin embargo, tal y como se estableció con anterioridad en sentencia dictada por esta Sala en fecha 10 de marzo de 2000, del examen de la normativa de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, es posible establecer una especie de equivalencia con dicho acto. En efecto, el artículo 245 del referido texto legal que regula el emplazamiento de los interesados, fija en cinco (5) días de despacho siguientes a la consignación del cartel, el plazo para que los interesados comparezcan a presentar sus alegatos, plazo que se equipara al de veinte (20) días de despacho contemplado en el artículo 344 del Código de Procedimiento Civil, y que en el presente caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, quedó reducido a tres (3) días de despacho.

Así pues, en aplicación de la tesis precedentemente expuesta, que lleva a la aplicación supletoria del artículo 343 del Código de Procedimiento Civil, puede deducirse que para que se lleve a cabo la reforma del escrito recursivo, ésta debe verificarse antes de que comience a transcurrir el lapso de comparecencia de los interesados, el cual dependerá de la fecha de expedición, consignación y publicación del cartel ordenado. En el contexto de este marco interpretativo, debe concluirse que una vez fenecido el lapso de comparecencia de los interesados, el recurrente no puede pretender reformar el recurso interpuesto, pues se podría decir, ha quedado trabada la litis.